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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00176-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00176-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el FONCEP contra la sentencia del 27 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Declarar fundada parcialmente la acción de revisión presentada por el FONCEP contra la sentencia del 27 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó parcialmente la providencia del Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá del 7 de diciembre de 2017, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero: Infirmar la sentencia del 27 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En consecuencia, se dicta sentencia de reemplazo en los siguientes términos: Revocar la sentencia del Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá proferida el 7 de diciembre de 2017 que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Mary Elsy Bernal de Pulido en contra del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone: Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicado: 11001-03-25-000-2022-00176-00 (0306-2022) Cuarto: Denegar las demás pretensiones de la acción especial de revisión. Quinto: Sin condena en costas. Sexto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00176-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00176-00 (0306-2022)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Demandada: Mary Elsy Bernal de Pulido

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas
en los literales a) y b). Reliquidación pensión de jubilación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Fondo de Prestaciones
Económicas Cesantías y Pensiones (FONCEP) contra la sentencia del 27 de febrero
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A que confirmó parcialmente la providencia del Juzgado 24 Administrativo
del Circuito de Bogotá del 7 de diciembre de 2017 mediante la cual se accedió a las
pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido
por la señora Mary Elsy Bernal de Pulido.

ANTECEDENTES

El FONCEP interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003,
contra la sentencia del 27 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, para lo cual invocó las causales
contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite la
revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Mary Elsy Bernal de Pulido en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra del FONCEP con el fin de
obtener la nulidad de las Resoluciones 001573 del 31 de agosto de 2015 y 001806 del
31 de agosto de 2015, mediante las cual se negó la reliquidación de la pensión con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio,
conforme a la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978 y se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición contra el acto administrativo anteriormente
mencionado, respectivamente.

Que, como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la entidad demandada a: i)

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reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% «[…] de todos los
factores salariales del último año de servicio del periodo comprendido entre el 17 de
diciembre de 2000 y el 13 de diciembre de 2001 (sic)»; ii) reconocer y pagar las sumas
debidas en forma indexada y los correspondientes intereses moratorios; y iii) cancelar
las costas que resulten en el proceso.

Que el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá el 7 de diciembre de 2017 accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó la reliquidación de la pensión con el 75% del
promedio mensual de todos los factores que constituyen salario, que hayan sido
devengados en el último año de servicio, como lo prevé el Decreto 3135 de 1968 y
1045 de 1978.

La entidad demandada presentó recurso de apelación, argumentando que la demandante
como beneficiaria del régimen de transición tenía derecho a pensionarse conforme a los
requisitos de tiempo, edad y monto establecido en la Ley 33 de 1985, sin embargo, el
ingreso base de liquidación debía ceñirse a la norma vigente al momento en que adquirió
el estatus de pensionada, esto es la Ley 100 de 1993.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A al
desatar el recurso de apelación en sentencia del 27 de febrero de 2020 confirmó
parcialmente la decisión, en el sentido de indicar que la orden de reliquidación es del
75% promedio de los factores salariales sobre los cuales se aportó en el último año de
servicios. Dicha providencia quedó ejecutoriada el día 3 de julio de 2020.

En cumplimiento de la decisión judicial, el FONCEP expidió la SPE - GDP N° 000723
del 7 de septiembre de 2020, por medio de la cual reconoció la diferencia generada
entre el valor de la mesada pensional que se le venía cancelando y el valor causado
como consecuencia de la reliquidación ordenada en el fallo judicial. En este mismo
acto reliquidó la pensión de la señora Mary Elsy Bernal de Pulido en una cuantía de
$1.825.260.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 27 de febrero de 2020, confirmó parcialmente la providencia del 27 de
febrero de 2020 a través de la cual el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá accedió a
las pretensiones de la demanda, en el sentido de precisar que la reliquidación de la
pensión de la entonces actora debía efectuarse con base en el 75 % promedio de los
factores mensuales sobre los cuales aportó al Sistema General de Seguridad Social
en pensión durante el último año de servicio.

Para fundamentar esta decisión, el tribunal presentó los siguientes argumentos:

Primero, se destacó que la señora Mary Elsy Bernal nació el 3 de noviembre de 1944
y trabajó en el Hospital del Sur desde el 9 de noviembre de 1970 hasta el 14 de
diciembre de 2001. Además, se señaló que cumplió 20 años de servicio en 1990,
cuando estaba vigente la Ley 33 de 1985. Por lo tanto, su situación pensional estaba
consolidada antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social.

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Segundo, se invocó el principio de favorabilidad para establecer que la norma aplicable
a las personas beneficiarias del régimen de transición, que ya tenían consolidado su
tiempo de servicio antes de la Ley 100 de 1993, es la Ley 33 de 1985.

En cuanto a los factores incluidos en el cálculo de la pensión, se refirió a una sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018, que determinó que solo debían considerarse
aquellos sobre los que el servidor público beneficiario de la transición aporte al Sistema
de Seguridad Social en pensiones. Esto se fundamentó en el principio de solidaridad
contenido en los artículos 1 y 48 de la Constitución, así como en la necesidad de un
sistema bipartito de financiamiento que garantice la viabilidad financiera del sistema,
manteniendo los principios de eficiencia y universalidad.

Por último, no se impuso la condena en costas a la parte demandada, ya que no se
observó ninguna conducta dilatoria o de mala fe por su parte durante el proceso.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

El FONCEP, en aplicación del mecanismo contemplado en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, presentó la acción de revisión al considerar que la sentencia incurre en las
causales a) y b) establecidas en el mismo artículo.

Que el reconocimiento de la reliquidación pensional se alcanzó infringiendo el debido
proceso, ya que la orden contenida en el fallo no cumple con lo estipulado por la
legislación ni la jurisprudencia. En consecuencia, no se respetó uno de los elementos
fundamentales de dicho derecho, que es la observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio, lo que implicó un favorecimiento indebido del interés particular
sobre el interés público.

Se argumenta que la sentencia desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
que establece que para los beneficiarios del régimen de transición según el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable debe ser el contenido
en el inciso 3° o en el artículo 21 de dicha norma.

Que la liquidación ordenada excede lo debido conforme a la ley, ya que la señora Mary
Elsy Bernal de Pulido, al estar bajo el régimen de transición, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión según las condiciones de edad, tiempo de servicio y
monto (tasa de reemplazo) establecidas por la Ley 33 de 1985. No obstante, en lo
referente al ingreso base de liquidación, la norma aplicable es la Ley 100 de 1993.

Que una apreciación diferente a la expresada es incorrecta, ya que la pensionada no
adquirió el estatus pensional antes del 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia
del Sistema General de Pensiones), sino después. Que los operadores judiciales no
tuvieron en cuenta que las reglas del ingreso base de liquidación no forman parte del
régimen anterior, sino de las disposiciones establecidas explícitamente en el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según lo establecido por el legislador.

Que en las sentencias C-258 de 2013 y SU-395 de 2017 se creó una regla de
naturaleza general y en la propia sentencia de unificación proferida por la Sala Plena
del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, relativa a que las pensiones
liquidadas con el promedio de lo devengado en el último año de servicio incluyendo
ingresos sobre los cuales no se hizo la respectiva cotización al sistema en el ingreso
base de liquidación genera de forma automática un detrimento del principio de
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solidaridad que rige la seguridad social, principio que fue acogido en el Acto Legislativo
01 de 2005, cuyo inciso 6º expresamente dispone que “[p]ara la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”

En relación con los emolumentos utilizados para calcular la mesada pensional de la
demandada sostiene que se deben seguir los lineamientos del Decreto 1158 de 1994,
que proporciona una lista taxativa de los emolumentos considerados como factores
salariales.

Que la decisión judicial cuestionada parece tener un impacto negativo en la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que la mesada devengada se
incrementó en un 35,5% sin una justificación legal o jurisprudencial aparente. Al
comparar la mesada que devengaba la señora Bernal de Pulido antes de la decisión
recurrida con el valor reliquidado como consecuencia de la decisión emitida por el
Tribunal, se observa un aumento en una cuantía equivalente a $476.747, situación que
evidencia un claro abuso del derecho.

Contestación a la acción especial de revisión

Dentro del trámite, la parte demandada se opuso a la revocatoria de las decisiones
proferidas en el proceso ordinario, sustentando su oposición en la presunción de
legalidad que ampara dichas sentencias. Además, argumentó que el escrito de acción
de revisión no logró desvirtuar esta presunción, consolidando así la validez y firmeza
de las mismas.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por
la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación de la señora
Mary Elsy Bernal de Pulido, beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía del 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados durante su último año de servicio, se obtuvo con
violación al debido proceso y excedió lo debido conforme a lo previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión, ii) Causales de revisión; iii) Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre
la pensión de jubilación y iv) Se examinará el caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de

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la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones1
formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de
cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada,
y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial2 por al
menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en
quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial
para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales (…)»3. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son
aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797
de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden
ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves casos
de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad
que lo inspira4 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

El FONCEP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

1 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.
2
Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión”
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en
legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y
Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite,
pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad
financiera del sistema pensional […]”
3 Ibidem.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del

1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)

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Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar
que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadran en las
causales taxativamente previstas por el legislador. En ese orden, el análisis de
procedencia de las causales en la acción será taxativo y restringido a la finalidad para
la que se creó.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del
tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse que
la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones
que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito
de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado5 como la Corte Constitucional6 son
concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el derecho
fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos
tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas
procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las
garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que
se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía
de non bis in idem».

Igualmente, esta Subsección ha tenido como criterios para decidir las garantías
anotadas y los seis eventos que ha reconocido la jurisprudencia constitucional que de
configurarse dan lugar a las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Estos últimos, se han hecho extensivas al estudio
de la revisión con el fin de verificar la existencia de eventuales defectos en las
actuaciones judiciales consideradas en sí mismas7, a saber: (i) defecto sustantivo,
orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la
Constitución.

Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión
sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto que
direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad
[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles
en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 8. De igual manera, se
advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se
estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un
mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV)
6 Ver: Sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
7
Sobre el particular verificar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 22 de junio de 2023, Radicado: 11001-03-25-000-2019-00650-00, N.I. 4966-2019 y
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, Sentencia
del 18 de agosto de 2021, Radicado N° 11001-03-15-000-2020-03549-00.
8
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222

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establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba en reducir el déficit fiscal
y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la
revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo
debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, el análisis de procedencia
de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para
la cual fue creada.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en
materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres,
hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son
mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para
acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la
presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el
inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o
inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base
para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos
años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores
públicos.[…]».

Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso que
las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100
de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la Corte
Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen
especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley 100
de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y tasa
de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el régimen
general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00176-00 (0306-2022)

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de
un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los factores
salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada por la
Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación proferida el 28 de agosto de 20189, procedió a sentar jurisprudencia frente
a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas reglas y
subreglas.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».

Las reglas de unificación son precedente vinculante según los artículos 10 y 102 de la
Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271 de la ley citada, aplicables
tanto en procesos judiciales como administrativos en curso.

Según lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de marzo de 2018. Exp:.
52001-23-33-000-2012-00143-01. Consejero Ponente: César Palomino Cortés.

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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00176-00 (0306-2022)

Caso concreto

Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse en
cuenta, en primer lugar, que lo pretendido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho del que resultó la sentencia objeto de reparo fue la
reliquidación de la pensión de jubilación de la señora María Elsy Bernal de Pulido con
base en las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985.

Atendiendo a las causales planteadas por el recurrente, la Sala se ocupará de
determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del reconocimiento de la prestación
periódica reliquidada con violación al debido proceso, se encuentra debidamente
fundamentado, caso en el cual se procederá al análisis de fondo y en caso negativo,
se procederá a analizar si la segunda causal invocada frente al reconocimiento
excesivo de la pensión está llamada a prosperar y, por tanto, si resulta necesario
ordenar la reducción de su monto según la solicitud efectuada en el recurso.

Advierte la Sala que la entidad recurrente únicamente sustenta la vulneración al debido
proceso en la errónea interpretación que efectuó el juez de conocimiento en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho de la normativa 10 y la jurisprudencia
vigente11; situación que, a su juicio, genera un detrimento en los recursos destinados
a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que la Nación
debe administrar.

De lo planteado por la entidad puede inferirse que no se soporta con suficiencia ni se
traen en el recurso elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador incurrió en
una equivocación que conlleve la presunta afectación de las garantías al debido
proceso. Tampoco se alega circunstancia alguna que implique la trasgresión al
derecho fundamental de defensa —atado con los principios de celeridad, transparencia
e imparcialidad— en la decisión ni se pone en evidencia irregularidad en las etapas
procesales surtidas en el proceso objeto de discusión, por lo que no se dan los
presupuestos para estudiar la causal a) de la Ley 797 de 2003.

Por tal motivo, no se continuará estudiando el reproche establecido en el escrito del
recurso respecto de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se proseguirá
a efectuar las consideraciones pertinentes sobre el cargo restante.

Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde al juez determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la
entidad recurrente encuadran en dentro del contenido en ella dispuesto por el
legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto planteado.

Advierte la Sala que los planteamientos enunciados en el recurso se refieren a exponer
en qué consiste la afectación del patrimonio público, siempre que el FONCEP
establece la diferencia monetaria y porcentual existente entre el monto sobre el que se
reconoció la prestación periódica y aquel sobre el que debió liquidarse; y la proyección

10 Artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; la Ley 100

de 1993; el Decreto 1158 de 1994 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
11 Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de

2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, emitidas por la Corte Constitucional
y la sentencia de unificación de agosto 28 de 2018, emitida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado.

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de los pagos que se realizarían de más, según la orden judicial de conformidad con la
expectativa de vida de la pensionada.

Señala la entidad recurrente que actualmente desembolsa a favor de la señora Mary
Elsy Bernal de Pulido una mesada pensional equivalente a $1.825.261 mcte.
comparado tal valor con la liquidación de la mesada que en derecho le correspondería,
que asciende a $1.348.514 mcte., este desembolso representa un aumento del
35.35% en la pensión ($476.747 mcte. mensuales); situación que constituye un
menoscabo de los recursos públicos de la seguridad social y que, con la proyección
de pagos de acuerdo con la expectativa de vida de la pensionada, el valor presente
actuarial12 equivaldría a $84.095.768 mcte13.

Por tanto, al exponerse de manera sucinta la presunta afectación al patrimonio público,
la parte actora efectivamente se encuentra facultada para cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, pues indica de manera precisa y razonada
la causal invocada, lo que habilita a esta corporación a continuar con el estudio del
asunto. De ahí que se examinará, si en el caso concreto, se configura la consecuencia
procesal prevista en el precepto normativo mencionado, es decir, si el quantum de la
pensión desbordó el límite legalmente establecido y si el mismo se dio a causa de la
indebida aplicación del precedente jurisprudencial.

El reproche del FONCEP radica en el periodo de liquidación y los factores sobre los
cuales se ordenó efectuar el reconocimiento pensional, como quiera que, a su juicio,
el Tribunal debió ceñirse al periodo establecido en los artículos 21 y/o 36 de la Ley
100 de 1993 y al cómputo de los factores sobre los cuales se efectuaron aportes y que
estuviesen enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Examinado el expediente se observa que, para el momento en el que se emitió la
decisión de segunda instancia, estaba vigente la sentencia del 28 de agosto de 2018,
proferida por el Consejo de Estado14, a partir de la cual se estableció que el IBL se
debe determinar considerando solo los factores sobre los cuales se hubiesen
efectuado cotizaciones y el período para liquidar la prestación de aquellos servidores
públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, en virtud
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 o del artículo 21 de la misma Ley, según el tiempo que faltaba
para adquirir el derecho a la pensión a la fecha de entrada en vigencia de la nueva
normativa pensional.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó incluir todos los factores salariales
sobre los cuales aportó al Sistema de Seguridad Social en pensión en el último año de
servicio. En concreto, el fallo sustentó su decisión en una interpretación garantista de
la Ley 33 de 1985 y el Acto Legislativo 01 de 2015, según el cual, en aras de garantizar
el principio de favorabilidad consagrado en la normativa legal, se debía aplicar la ley
más beneficiosa en disputa. Veamos:

12 Rubro que debe contar la entidad para cubrir el pasivo futuro pensional que resulta de la diferencia entre el valor

de la mesada que se paga en virtud del fallo judicial y la mesada que se pagaba antes de este.
13 Según lo establecido en el certificado de proyección de pagos por condena judicial, expedido por el subdirector

de Prestaciones Económicas obrante en el folio 101 del recurso.
14 Según constancia secretarial expedido por la Secretaría General del Consejo de Estado, ya providencia judicial
del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
dentro del expediente N°52001-23-33-000-2012-00143-01, fue notificada mediante anotación en estado el 12 de
septiembre de 2018 y quedó ejecutoriada el día 17 de septiembre de 2018.

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«La Sala venía adoptando la posición del Honorable Consejo de Estado, en virtud del
principio de favorabilidad, concluyendo que la norma aplicable en el sub lite en virtud
del régimen de transición es la Ley 33 de 1985. Sin embargo, mantendrá tal directriz
jurisprudencial, solo respecto de los casos consolidados en cuanto al tiempo de
servicio, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir; al
30 de junio de 1995, caso como el que ocupa la atención de la Sala en el que la
demandante cumplió 20 años de servicio el 9 de noviembre de 1990.
[...]

Respecto de los factores que hacen parte del Ingreso Base de Liquidación, definió el
órgano de cierre de la jurisdicción, que solo debían incluirse aquellos sobre los cuales
el servidor público beneficiario del régimen de transición hubiere realizado aportes al
sistema, con fundamento en el principio de solidaridad contenido en los artículos 1° y
48 de la Constitución y desarrollado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993»

En ese sentido, el argumento principal del tribunal es que el tiempo se cumplió antes
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y que por ello debía aplicarse integralmente
Ley 33 de 198515; sin embargo, debe señalarse que Sección Segunda del Consejo de
Estado16 ha considerado que, en los casos en los que los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 consoliden su estatus pensional en vigencia de la Ley
100 de 1993, se les aplicaran las siguientes condiciones:

• Conservan el requisito de edad de 55 años previsto en el Decreto 3135 de
1968,
• Les son aplicables los requisitos de tiempo y monto previstos en la Ley 33 de
1985, esto es, 20 años de servicios al Estado y la tasa de remplazo del 75%,
• El ingreso base de liquidación que los rige es el establecido en el inciso tercero
del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio
de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el estatus
pensional o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior y;
• Los factores salariales a incluir en la base de liquidación son aquellos sobre los
cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes sobre los que cotizó y
que se encuentren en la norma.

En el marco de la acción especial de revisión tanto la Subsección A 17 de la Sección
Segunda18 como algunas de las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado
han mantenido la mencionada tesis.

Bajo ese panorama, estima la Sala que, aunque la demandada esta cobijada por el
régimen de transición de la Ley 33 de 1985, lo cierto es que consolidó el derecho
pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, al cumplir con el segundo de los

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 24
de marzo de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación 11001-03-25-000-2019- 00699-
00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30
de septiembre de 2021, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 17001-23- 31-000-2012-00247-
01.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 24 de

marzo de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación 11001-03-25-000-2019- 00699-00;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 17001-23- 31-000-2012-00247-01.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de marzo de 2022, proferida en el
marco de la acción especial de revisión con radicado 11001 03 25 000 2019 00699 00, con ponencia del
magistrado Gabriel Valbuena Hernández.
18 La Subsección B ha efectuado pronunciamientos en este sentido, pero en sede ordinaria, al respecto ver Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida en el expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001 23 31 000 2012 00247 01, con ponencia del
magistrado César Palomino Cortés.

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requisitos, a saber, la edad el 3 de noviembre de 1999. Por ende, la liquidación de la
prestación debía atender la normativa vigente para ese momento, en los términos del
artículo 36 ibídem.

De modo que al no haber tenido tal consideración dentro de su decisión, el Tribunal no
atendió a la primera subregla fijada en la aludida sentencia pues aunque a la actora le
faltaban, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, menos de diez (10) años para
adquirir el derecho a la pensión y por ello, su ingreso base de liquidación debía
determinarse por «el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior», decidió reconocer la
reliquidación con base en los factores que sirvieron de aportes durante el último año
de servicio, pese a que no le asistía tal derecho.

En torno a la segunda subregla fijada por la sentencia de unificación, es conveniente
analizar si dentro de los factores devengados durante la vida laboral de la señora Mary
Elsy Bernal existe alguno que hubiera servido de base para aportes y estuviese
consagrado en el Decreto 1158 de 1994 y comparar cuáles de ellos fueron reconocidos
por el Tribunal y cuáles por la entidad recurrente en el acto de reconocimiento
pensional. Al respecto se observan los siguientes:

Factores salariales Consolidado de Resolución 0001 Fallo del 27 de
consagrados en el factores devengados y del 7 de enero febrero de 2020
Decreto 1158 de 1985 cotizados durante la de 2003 (Acto
prestación del reconocimiento
servicio pensional)
(a). Asignación básica (a) Asignación básica, (a) Asignación Aquellos sobre los
mensual, (b) Prima de básica cuales se hubiera
antigüedad, (b) Otros factores efectuado
(b).Gastos de (c) Auxilio de transporte (prima de cotizaciones.
representación, (d) Auxilio de antigüedad)
alimentación
(c). Prima técnica, cuando (e) Prima secretarial
sea factor de salario, (f) Prima de navidad
(g) Prima de servicios
(h) Prima de
(d). Primas de antigüedad, vacaciones
ascensional de (i) Sueldo vacaciones
capacitación cuando sean
factor de salario,

(e). Remuneración por
trabajo dominical o festivo,

(f). Bonificación por
servicios prestados,
remuneración por trabajo
suplementario o de horas
extras, o realizado en
jornada nocturna.

En cuanto a la liquidación IBL se observa que la entidad recurrente incluyó como
factores salariales la asignación básica y la prima de antigüedad, conceptos que se
encuentran estipulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que no existe discusión
sobre la realización de aportes a pensión.

Es de aclarar que, aunque el acto demandado no menciona explícitamente que los
«otros factores» considerados para la liquidación corresponden a la prima de
antigüedad, esta conclusión puede derivarse al constatar que los montos recibidos por
este concepto durante el último año de servicio coinciden con los establecidos en la

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tabla de liquidación de la Resolución 0001 del 7 de enero de 2003, es decir, $52.525
mcte. en 2001 y $48.296 mcte. para el año 2000.

En virtud de la sentencia del 27 de febrero de 2020, se determinó que la liquidación
debía basarse en los factores salariales sobre los cuales se realizaron cotizaciones al
sistema de seguridad social. Como resultado, la subdirectora técnica de prestaciones
económicas del FONCEP, a través de la Resolución SPE - GDP N° 000723 del 7 de
septiembre de 2020, explicó que, en cumplimiento de la sentencia del 27 de febrero
de 2020, solicitó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente - Hospital
del Sur E.S.E. la certificación de los salarios devengados durante el último año de
servicios comprendido entre el 14 de diciembre de 2000 y el 13 de diciembre de 2001,
discriminando aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes para pensión para
garantizar que la reliquidación se llevara a cabo de manera precisa y justa, en
conformidad la decisión judicial.

En respuesta a esta solicitud, a través del oficio 344795 del 27 de julio de 2020, el
empleador de la hoy demandada allegó la Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados (CETIL), donde se evidencia que se cotizó sobre todos los factores
devengados en el último año de servicios, comprendido entre el 14 de diciembre de
2000 y el 13 de diciembre de 2001, por lo cual el cálculo se efectuó con base en tal
información y en la certificación de los factores salariales que reposaban en el
expediente, a saber, las primas de antigüedad, navidad, servicios y vacaciones.

En relación con la segunda subregla establecida por la sentencia de unificación, la
Sala considera importante señalar que, aunque inicialmente la sentencia de unificación
fue clara al establecer que los factores salariales incluidos en el IBL para la pensión
de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición deben ser
exclusivamente aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones, posteriormente se ha observado una nueva interpretación a
través de las sentencias proferidas en segunda instancia al introducir un criterio
adicional.

Según esta nueva interpretación, además de los factores salariales sobre los cuales
se hayan efectuado los aportes, también debe considerarse que dichos factores estén
establecidos en el Decreto 1158 de 1958. Por lo tanto, aunque la sentencia de
unificación fue clara en un principio, posteriormente se ha ampliado su interpretación
para incluir un requisito adicional para efectos de la reliquidación del IBL.

Es fundamental destacar que, en el contexto legal, la jurisprudencia juega un papel
crucial en la interpretación y aplicación de la ley. Cuando una interpretación se ha
consolidado y estabilizado a través de la jurisprudencia, como en este caso donde se
ha desarrollado un criterio adicional en sede de apelación, dicha interpretación
adquiere un peso significativo y vinculante para los jueces.

En este sentido, el juez está obligado a aplicar dicho criterio estabilizado por la
jurisprudencia, ya que forma parte del conjunto de normas y principios que guían la
toma de decisiones judiciales. De modo que, cuando se enfrenta a un caso relacionado
con la pensión de vejez de servidores públicos en el contexto de la transición, el juez
debe considerar y aplicar el criterio establecido por la jurisprudencia, incluso si difiere
de interpretaciones anteriores o de la sentencia de unificación inicial, pues esto

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garantiza una aplicación uniforme y predecible de la ley, fortaleciendo así la confianza
en el sistema judicial y en el Estado de Derecho.

Se advierte que al momento en que el Tribunal profirió la decisión el 27 de febrero de
2020, se encontraba vigente la pauta establecida por esta corporación según la cual
el IBL de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debe
calcularse sobre factores sobre los cuales se efectuó cotización y que se encuentran
incluidos en el Decreto 1158 de 1985. Por ello, estaba atado al precedente salvo que
expusiera los motivos normativos, valorativos o sociales que lo obligaran a replantear
la subregla jurisprudencial; situación que no ocurrió.

En el caso concreto, es importante señalar que al momento de emitir la decisión el 27
de febrero de 2020, el Tribunal estaba sujeto a la pauta establecida por esta
corporación, según la cual el IBL para los beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 debe calcularse sobre factores salariales sobre los cuales se
efectuaron cotizaciones y que están incluidos en el Decreto 1158 de 198519.

Sin embargo, el Tribunal no cumplió con esta pauta pues, aunque ordenó que la
liquidación de la pensión se hiciera considerando los factores sobre los que se
realizaron los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones, omitió precisar que
debían limitarse a los enlistados en el Decreto 1158 de 1994. Tal orden generó, en
últimas, un alto margen de interpretación errónea, como ocurrió en el caso concreto,
donde el FONCEP procedió a reconocer la reliquidación basándose en conceptos
como la prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, los cuales no
tienen cabida en la liquidación de la pensión de la demandada.

Es importante recalcar que, aunque la demandada haya realizado cotizaciones sobre
los mencionados factores, dichas partidas no son computables para la liquidación de
la pensión, ya que no están contempladas como factores salariales en el Decreto 1158
de 1994. Por tanto, en este caso particular, la demandada no tenía derecho a la
reliquidación de su pensión con la inclusión de la totalidad de los factores percibidos
durante el último año de servicios, ni era procedente la inclusión de algún factor
adicional a los ya tenidos en cuenta por el FONCEP para liquidar dicha prestación.

Nótese entonces que, la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandada, tal
como fue ordenada por el Tribunal, no se ajusta al ordenamiento jurídico, según la cual
entidad recurrente tuvo en cuenta un IBL que no correspondía a su régimen de
transición, como se explicó anteriormente, y consideró factores que no estaban
contemplados en la legislación aplicable a su caso. Dichos factores incluyen: i) la prima
de navidad; ii) la prima de servicios; iii) la prima de vacaciones, los cuales, si bien
fueron recibidos y cotizados por la señora Mary Elsy Bernal de Pulido no están
debidamente enumerados en la mencionada ley que rige su situación.

Así las cosas, con la expedición de la sentencia del 27 de febrero de 2020 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E incurrió en la

19 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, CP:

Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 7 de marzo de 2019, radicación núm. 25000-23-24-000-2013-01874-
01(4181-15); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP:
Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 27 de mayo de 2019, radicación núm. 66001-23-33-000-2015-
00060-01(3001-17) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección
A, CP: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 24 de marzo de 2022, radicado núm. 11001-03-25-000-2019-
00699-00 (5398-2019).

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causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que, se
apartó injustificadamente del precedente jurisprudencial aplicable al momento de
dictar sentencia, haciendo evidente que el derecho reconocido nunca debió
configurarse en esos términos y que la discrepancia entre la ley y la jurisprudencia fue
evidente y manifiesta.

Ahora bien, en vista que la sentencia objeto de revisión no goza de la inmutabilidad
absoluta de la cosa juzgada y por consiguiente, es susceptible de ser modificada
mediante el presente recurso extraordinario de revisión, conforme a los motivos
expuestos se declarará fundada parcialmente la acción de revisión interpuesta por el
FONCEP contra la sentencia del 27 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y se procederá
según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 255 del CPACA.

Sentencia de reemplazo

Resulta imperioso dejar sentado que el marco normativo y jurisprudencial delineado
en las consideraciones previas aplica al análisis del caso particular. De conformidad
con las directrices establecidas por la Sección, que constituyen precedente vinculante,
el IBL para aquellos sujetos al régimen de transición se rige por lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. En consecuencia, quienes se encuentren en dicha situación se
pensionarán cumpliendo los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

En consecuencia, el problema jurídico se contrae a establecer si la señora Mary Elsy
Bernal de Pulido, como beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 tiene derecho a que su pensión de jubilación se liquide con
base en las disposiciones contenidas en Leyes 33 y 62 de 1985 o si, por el contrario,
el periodo liquidable a tener en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación de
la demandada es el establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores
son aquellos sobre los que se cotizó y se efectuaron aportes al Sistema de Seguridad
Social en pensiones.

De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación

Del material probatorio obrante en el expediente puede inferirse que la señora Mary
Elsy Bernal de Pulido nació el 3 de noviembre de 194420 y laboró para la Empresa
Social del Estado Hospital del Sur del Distrito de Bogotá entre el 9 de noviembre de
1970 hasta el 13 de diciembre de 200121; desempeñando como último cargo el de
Secretaria, código 540, grado 16, conforme a ello, para el 30 de junio de 1995 (fecha
en la que entró a regir el Sistema General de Seguridad Social para las entidades
territoriales22) tenía la edad de 46 años y contaba con más de 15 años de servicio,

20 Tal y como se logra evidenciar en la cédula de ciudadanía obrante a folio 47 del archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES», índice 12 de SAMAI.
Hecho que fue aceptado por el mismo FONCEP en la contestación de la demanda ordinaria.
21 De acuerdo con la información que reposa en el certificado laboral emitido por la profesional universitaria de

talento humano de la alcaldía Mayor de Bogotá el 19 de agosto de 2014. Folio 63, ibid.
22 Según lo establecido en el párrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Pensiones
para los servidores públicos a nivel departamental, municipal y distrital debía entrar en vigencia a más tardar el 30
de junio de 1995. Esta disposición se fundamentó en el hecho de que los funcionarios que pertenecían a las
administraciones locales realizaban aportes a cajas de previsión que pertenecían a las mismas entidades
territoriales. Por lo tanto, el Congreso de la República consideró oportuno otorgar un plazo razonable para que se
adaptaran al nuevo sistema o procedieran a su liquidación. No obstante, al no encontrar registro en el expediente

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condición que la acredita beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior implica que adquirió el estatus de pensionada el
3 de noviembre de 1999, cuando cumplió 55 años.

Bajo tal entendimiento, de acuerdo con la Resolución 00001 del 7 de enero de 2003
se evidencia que el director (E) distrital de crédito público de la Secretaría de Hacienda
de Bogotá D.C. le reconoció la pensión de vejez a la señora Mary Elsy Bernal de Pulido
de acuerdo con la edad (55 años), tiempo (20 años) y monto (75%) previsto en la Ley
33 de 1985 y liquidó el IBL de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, sobre el promedio de lo devengado en el tiempo que hiciera falta para
tener el derecho, esto es, entre el 30 de junio de 1995 toda vez (fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993) y el 3 de noviembre de 1999 (fecha en la que adquirió
el estatus pensional) para un total de 1564 días (sic), toda vez que «en el expediente
no obraban los salarios de toda la vida laboral».

Conforme a lo expuesto, para el 30 de junio de 1995, fecha en la que comenzó a regir
la Ley 100 de 1993 para el orden territorial, tenía 50 años y contaba con 24 años, 7
meses y 27 días de servicio. Con fundamento en ello, la consolidación del derecho
pensional la adquirió al cumplir 55 años de edad, esto es, el 3 de noviembre de 1999.

En efecto, se tiene que para liquidar la mesada de la actora se debía acudir al tiempo
que transcurrió desde la entrada en vigencia del Sistema General del Seguridad Social
en Pensiones a nivel territorial –30 de junio de 1995- y la fecha de adquisición del
estatus pensional por edad- 3 de noviembre de 1999-, a saber, 4 años, 4 meses, y 2
días y, por tanto, una vez determinado este periodo se debe acudir a las últimas
cotizaciones que corresponden a dicho tiempo.

Con fundamento en lo anterior, la Sala precisa que el reconocimiento de la pensión de
la accionada, bajo el régimen de transición debe tener en cuenta el periodo previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; motivo por el cual no procedía la reliquidación
pensional tomando como periodo liquidable el último año de servicio sino con «[…] el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o […] el cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE»

Lo expuesto, conlleva a concluir sin hesitación que el recurso extraordinario de revisión
interpuesto tiene vocación de prosperidad, como en efecto se declarará en esta
providencia.

De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación

En el proceso está acreditado que la señora Mary Elsy Bernal de Pulido en el último
año de servicios laborado entre el 13 de diciembre del 2000 y el 12 de diciembre de
2001, devengó además de la asignación básica, prima de antigüedad, prima de
servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de alimentación y transporte,
prima de servicios y prima secretarial23.

sobre la fecha en la que la autoridad gubernamental determinó dicho plazo, se tomará el 30 de junio de 1995 como
referencia para su aplicación.
23 De acuerdo con la certificación emitida el 19 de agosto de 2014 por parte de la profesional especializada de
talento humano de la Alcaldía del Distrito de Bogotá. Folio 12, archivo
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_201500972», subarchivo «2015-00972 - (88).jpg».

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Para determinar los factores salariales aplicables al caso concreto, es preciso indicar
que pese a que de las certificaciones adosadas al expediente resulta evidente que la
pensionada devengó las primas de navidad, secretariales, servicios y vacaciones; así
como los subsidios de transporte y alimentación, ninguno de ellos está enlistado en el
Decreto 1158 de 1994, pues allí solo se consagran: asignación básica, gastos de
representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación,
dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio; razón
por la cual no procedía la reliquidación pensional tomando como ingreso base de
liquidación la totalidad de los factores devengados.

Las razones expuestas son suficientes para concluir que la señora Mary Elsy Bernal
de Pulido no tiene derecho a que se incluyan las primas de navidad, secretariales,
servicios y vacaciones; así como tampoco los subsidios de transporte y alimentación
en la liquidación de su pensión, motivo por el cual habrá de infirmarse también la
decisión para excluir los referidos emolumentos.

Lo anterior quiere decir que la sentencia del 27 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió en
la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que
está probado que a la señora Mary Elsy Bernal de Pulido no le asistía el derecho a la
reliquidación de su pensión sobre el 75% de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio conforme con lo dispuesto en la sentencia de unificación
de esta Corporación expedida el 28 de agosto de 2018, la cual se encontraba vigente
para el momento en que se profirió la decisión cuestionada y era precedente judicial
obligatorio para definir el caso, por consiguiente el monto del derecho reconocido por
el Tribunal excedió lo debido de acuerdo con la ley.

En ese sentido, la sentencia del 27 de febrero de 2020 será infirmada y en su lugar,
conforme lo demostrado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se
revocará el fallo del 7 de diciembre de 2017 expedido por el Juzgado 24 Administrativo
del Circuito de Bogotá que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por la señora Mary Elsy Bernal de Pulido, en
el sentido que era correcto negar el reconocimiento de la reliquidación con base en la
totalidad de los ingresos salariales percibidos en el último año de servicio, tal y como
lo efectuó la entidad mediante las Resoluciones 001573 del 31 de agosto de 2015 y
001806 del 31 de agosto de 2015.

De la devolución de dineros recibidos de buena fe

En aplicación del numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA, no hay lugar a
ordenar la devolución de las sumas pagadas a la señora Mary Elsy Bernal de Pulido,
en cumplimiento de la sentencia del 27 de febrero de 2020 emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que ordenó incluir
todo lo devengado en el último año de servicio dentro de la liquidación de la pensión
pues, cabe entender que los dineros fueron recibidos de buena fe y además ello no
fue objeto de pretensión por parte de la entidad recurrente.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio

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objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el
cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2081 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptó la postura en virtud de la cual, se deberá analizar
la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del artículo
188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, se observa que la acción especial de revisión no carece de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, en el escrito
que contiene la acción especial de revisión se expusieron argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá condena en costas
a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el FONCEP contra
la sentencia del 27 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por la causal prevista en el literal a)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Declarar fundada parcialmente la acción de revisión presentada por el
FONCEP contra la sentencia del 27 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó
parcialmente la providencia del Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá del
7 de diciembre de 2017, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Infirmar la sentencia del 27 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En consecuencia,
se dicta sentencia de reemplazo en los siguientes términos:

Revocar la sentencia del Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá
proferida el 7 de diciembre de 2017 que dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por la señora Mary Elsy Bernal de
Pulido en contra del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones (FONCEP) accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar,
se dispone:

Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.

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Cuarto: Denegar las demás pretensiones de la acción especial de revisión.

Quinto: Sin condena en costas.

Sexto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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