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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01228-02

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01228-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Inaplicar por inconstitucionalidad la Resolución Rectoral 12094 de 1999 expedida por la Universidad de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia. 46En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 30 Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024) Radicado: Demandante: Universidad de 05001-23-33-000-2021-01263-02 Antioquia (1183-2025) Demandante: Universidad de Antioquia Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 11 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la Universidad de Antioquia en contra de Luis Alberto Pareja Castro, por las razones expuestas en esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01228-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luis Alberto Pareja Castro

Temas: Pensión de vejez de los empleados de las universidades
oficiales. Pago de las prestaciones a cargo de los entes
universitarios. Presunción de buena fe

Sentencia segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
proferida el 11 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1. La Universidad de Antioquia presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 285 del 23 de junio de 2004,
por medio de la cual se ordenó pagar a Luis Alberto Pareja Castro el valor que

1 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», archivo «02Demanda.pdf».
2 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
Radicado: Demandante: Universidad de
05001-23-33-000-2021-01263-02 Antioquia
(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

resultaba de la diferencia entre lo reconocido por el Instituto de Seguros Sociales3,
hoy Administradora Colombiana de Pensiones4, por concepto de pensión de vejez
y lo que correspondía con la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y
«servicios», en aplicación de lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100
de 1993.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó (i) la restitución de las sumas de dinero pagadas como consecuencia de la
expedición del acto acusado, desde el 26 de mayo de 2003 hasta el 31 de mayo de
2021, y los valores que se generen con posterioridad hasta que la sentencia se
encuentre en firme; y (ii) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luis Alberto Pareja Castro estuvo vinculado con la Universidad de Antioquia
como empleado público desde el 27 de enero de 1973 hasta el 26 de mayo de
2003, fecha en la que le fue aceptada su renuncia.

3.2. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Universidad de
Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo
devengado, sin efectuar deducción alguna, con fundamento en las leyes 6ª de 1945
y 4ª de 1966 y en los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969.

3.3. Con la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, la institución
universitaria afilió a todos sus empleados al ISS y realizó los aportes
correspondientes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Asimismo, en virtud
de lo previsto en el Decreto 2337 de 1996, perdió competencia para continuar con
el reconocimiento y pago de las pensiones.

3.4. Para el ente universitario, de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la
ley 100 de 1993, las personas cobijadas con el régimen de transición a quienes les
faltaran menos de 10 años para adquirir el derecho pensional debían obtener el
reconocimiento de la prestación con base en el promedio de todo lo devengado
durante el tiempo faltante para consolidar el derecho, incluidas las primas de
navidad, «de servicios» y de vacaciones.

3.5. Cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, Luis Alberto Pareja
Castro tramitó su reconocimiento ante el ISS, entidad que mediante las

3 En lo que sigue ISS.
4 En lo sucesivo Colpensiones.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
Radicado: Demandante: Universidad de
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(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

resoluciones 16900 del 26 de diciembre de 2002 y 0039860 del 23 de marzo de
2004 le reconoció la prestación en cuantía mensual de $2.584.139, a partir del 26
de mayo de 2003, sin incluir en su liquidación las primas de navidad, «de servicios»
y de vacaciones.

3.6. Con el objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez de aquel, la
Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono pensional a su
nombre, mediante la Resolución Administrativa 014 del 3 de febrero de 2003, por
valor de $154.990.000, que consignó al ISS.

3.7. Comoquiera que el ISS no incluyó en la base de liquidación de la pensión de
vejez las primas de navidad, de «servicios» y de vacaciones, la Universidad de
Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual
dispuso en sus artículos 1 y 3 lo siguiente:

«Artículo primero: Subrogarse en la parte de la obligación que tenía y no reconoció
el Instituto con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para
adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado
en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36
de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por
orden judicial, asuma la misma.

(…)

«Artículo Tercero: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma
debidamente su obligación» (sic).

3.8. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, en la que se estableció como destinatarios a los
empleados públicos docentes y no docentes de la universidad que, al entrar en
vigencia el Sistema General de Pensiones, les faltaran menos de 10 años para
adquirir el derecho pensional y cuya prestación no hubiera sido reconocida con
fundamento en el promedio de lo devengado, conforme con el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

3.9. Con fundamento en las resoluciones 12094 de 1999 y 16628 de 1999, la
institución universitaria emitió la Resolución Administrativa 285 del 23 de junio de
2004, en la que ordenó pagar a Luis Alberto Pareja Castro el mayor valor que
resultaba de la aplicación del ingreso base de liquidación5 previsto en el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconocido por el ISS.

5 En adelante IBL.

4

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
Radicado: Demandante: Universidad de
05001-23-33-000-2021-01263-02 Antioquia
(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

3.10. Los pagos efectuados por la Universidad de Antioquia a favor de Luis Alberto
Pareja Castro entre el 26 de mayo de 2003 y el 31 de mayo de 2021 ascendieron
a la suma de $247.620.163, según certificación expedida por la institución el 8 de
junio de 2021.

3.11. La Universidad de Antioquia adelantó diversas actuaciones administrativas y
judiciales ante el ISS y, posteriormente, Colpensiones, con el propósito de que la
entidad administradora incluyera las primas de navidad, de servicios y de
vacaciones en la liquidación de las pensiones de los servidores cobijados por el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

3.12. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia del 10 de octubre de 20136, concluyó que el acto no creó una
discriminación, sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas
que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, interpretación que consideró justificable para la época
de expedición del acto. Esta decisión fue confirmada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, a través de sentencia del 16 de abril de 2015.

3.13. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 se derogó
la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999 y se dispuso que la Vicerrectoría
Administrativa resolviera las situaciones de carácter individual y concreto creadas
a partir de este último acto, de acuerdo con los principios, normas y jurisprudencia
vigentes en la materia.

3.14. Esta última resolución fue demandada igualmente por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por medio de sentencia del 17 de octubre de 20137, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la universidad actuó por mera liberalidad al asumir una
obligación que no le correspondía y, por tanto, no estaba obligada a mantener en
el tiempo las disposiciones del acto administrativo.

3.15. La Universidad de Antioquia ha promovido diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal previsto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999. En estas decisiones, el Consejo de Estado
sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Decreto 1068 de
1995, los servidores públicos y, en particular, el personal docente de las
universidades oficiales debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad
Social a más tardar el 30 de junio de 1995 y que, a partir de esa fecha, la entidad

6 Proferida dentro del proceso con radicado 5001-23-31-000-2009-01178-00.
7 Proceso con radicado 05001-23-33-000-2012-00945-00.

5

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Demandante: Universidad de Antioquia

competente para reconocer y pagar las pensiones y demás prestaciones
económicas dispuestas en la Ley 100 de 1993 era la administradora de pensiones
que recibiera las cotizaciones, razón por la cual la Universidad de Antioquia carecía
de competencia para reconocer el mayor valor derivado del IBL de la pensión de
Luis Alberto Pareja Castro.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política, adicionado
por el Acto Legislativo 01 de 2005; 10 de la Ley 4ª de 1992; 18, inciso 3, 131 y 151
de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de 1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y
4 del Decreto 2337 de 1996.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:

5.1. La Resolución Rectoral 12094 del 4 mayo de 1999 y su reglamentación
contenida en la Resolución Administrativa 16628 del 25 de junio de igual año
sirvieron como fundamento de la expedición del acto acusado, a través del cual la
Universidad de Antioquia ordenó el pago de los factores excluidos por el ISS de la
liquidación pensional de Luis Alberto Pareja Castro. Sin embargo, la interpretación
que sustentó dichos actos administrativos resultó incompatible con el artículo 48 de
la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, según el
cual, para la liquidación de las pensiones solo se tendrían en cuenta los factores
devengados respecto de los cuales se hayan efectuado cotizaciones.

5.2. Elartículo 10 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que todo régimen salarial o
prestacional establecido en contravía de las normas expedidas por el gobierno
nacional carecía de efectos y no generaba derechos adquiridos. Asimismo, el inciso
3 del artículo 18 de la ley 100 de 1993 previó que el salario base de cotización de
los servidores públicos sería el fijado por el gobierno nacional conforme con la Ley
4ª de 1992, mientras que el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 definió
taxativamente los factores salariales que integraban el IBL, dentro de los cuales no
se encontraban las primas de navidad, de «servicios» y de vacaciones.

5.3. Aunque inicialmente la Universidad de Antioquia interpretó que el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permitía liquidar las pensiones con base en todo
lo devengado, con posterioridad la jurisprudencia constitucional y contencioso-
administrativa precisó que el régimen de transición solo preservó la edad, el tiempo
de servicios y el monto de la prestación, mas no el IBL del régimen anterior.

5.4. La Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-427 de 2016 y
SU-210 de 207, concluyó que las pensiones reconocidas bajo el régimen de

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transición debían liquidarse exclusivamente con fundamento en los factores sobre
los cuales se realizaron cotizaciones al sistema, en atención a los principios de
solidaridad, sostenibilidad financiera y equidad que orientan el Sistema General de
Pensiones.

5.5. El Consejo de Estado mediante sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, precisó que el IBL previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
formaba parte del régimen de transición y que los factores salariales computables
para liquidar la pensión de los servidores públicos beneficiarios de dicho régimen
eran únicamente aquellos respecto de los cuales se hubiera efectuado aportes al
sistema general de pensiones.

5.6. Conforme con el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, dicho sistema entró a regir
para los servidores públicos del nivel territorial a más tardar el 30 de junio de 1995,
por lo que las entidades empleadoras perdieron competencia para asumir
directamente el reconocimiento y pago de las pensiones de sus trabajadores
afiliados al sistema.

5.7. El artículo 5 del Decreto 1068 de 1995 estableció que la entidad administradora
que recibiera las cotizaciones sería la responsable del reconocimiento y pago de
las prestaciones económicas a que hubiera lugar, razón por la cual el ISS, hoy
Colpensiones, era la entidad competente para asumir el reconocimiento integral de
la pensión de Luis Alberto pareja Castro.

5.8. El artículo 131 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996
únicamente autorizaron a las universidades oficiales a asumir el reconocimiento y
pago de las pensiones de quienes hubieran consolidado el derecho antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones o de quienes, al 31 de
diciembre de 1996, hubieran cumplido el tiempo de servicios y estuvieran
pendientes únicamente del requisito de edad, siempre que no estuvieran afiliados
al sistema.

5.9. Luis Alberto Pareja Castro no se encontraba en ninguno de los supuestos
previstos en el Decreto 2337 de 1996, porque al 31 de diciembre de 1996 no había
cumplido la edad para acceder a la pensión y, además, se encontraba afiliado al
ISS desde el 1 de julio de 1995, por lo que la Universidad de Antioquia carecía de
competencia para reconocer y pagar el mayor valor derivado de la inclusión de
factores salariales no tenidos en cuenta por la administradora pensional.

5.10. Tantola Corte Constitucional como el Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Antioquia han sostenido de manera reiterada que las
universidades públicas han carecido de competencia para crear, reconocer o

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asumir prestaciones pensionales por fuera del marco legal y, en el caso concreto,
la Universidad de Antioquia actuó por mera liberalidad al subrogarse
temporalmente en una obligación que correspondía al ISS, razón por la cual el acto
acusado debía ser declarado nulo.

1.2. Contestación de la demanda8

6. Luis Alberto Parra Castro se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos:

6.1. El acto administrativo demandado fue expedido por la autoridad competente,
con observancia de las normas aplicables y con fundamento en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, por cuanto era beneficiario del régimen de transición pensional y,
en consecuencia, tenía derecho a que la pensión se liquidara con el promedio de
lo devengado durante el tiempo que le faltaba para consolidar la prestación, con la
inclusión de las primas de «servicios» de vacaciones y de navidad.

6.2. La Universidad de Antioquia no demostró la configuración de alguna de las
causales de nulidad previstas en la ley, ni acreditó la vulneración de normas
constitucionales o legales, por lo que el acto acusado conservaba su presunción de
legalidad. Asimismo, la Resolución Rectoral 12094 de 1999 y la Resolución
Administrativa 16628 de 1999 fueron expedidas en ejercicio de las competencias
de la Universidad de Antioquia, con el fin de subrogar temporalmente la diferencia
no reconocida por el ISS respecto de las pensiones de los servidores beneficiarios
del régimen de transición.

6.3. La actuación irregular provenía del ISS, al no haber liquidado la pensión
conforme con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual la
institución universitaria estaba obligada a garantizar la protección de los derechos
pensionales de sus trabajadores. No se vulneraron los artículos 48 de la
Constitución Política, ni las demás disposiciones invocadas en la demanda, pues
los actos acusados no crearon un régimen prestacional nuevo, sino que aplicaron
el régimen de transición previsto en la ley ibidem y protegieron derechos adquiridos
del demandado.

6.4. Lajurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa reconocía la
protección de los derechos adquiridos en materia pensional y la aplicación del
régimen de transición, particularmente respecto del IBL de quienes les faltaban

8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», archivo «28MemoContestaciónDemanda.pdf».

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menos de 10 años para adquirir el derecho pensional al entrar en vigencia la Ley
100 de 1993.

6.5. Eraimprocedente el reintegro de las sumas pagadas, pues estas fueron
recibidas de buena fe y con respaldo en actos administrativos amparados por la
presunción de legalidad. En consecuencia, se debían negar las pretensiones de la
demanda y condenar en costas a la parte actora.

6.6. Propuso las excepciones de: (i) «CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO»; (ii)
«DERECHO ADQUIRIDO»; (iii) «LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO»; (iv) «FALTA
DE CAUSA PARA PEDIR»; (v) «FALTA DE TIPIFICACIÓN DE LAS CAUSALES DE
NULIDAD»; (vi) «INEXISTENCIA DE LA CAUSA INVOCADA»; (vii) «FALTA DE
INTERÉS»; (viii) «BUENA FE DEL DEMANDADO»; (ix) «MALA FE DEL DEMANDANTE»;
(x) «VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN MATERIA LABORAL»; (xi)
«VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL»; (xii) «FALTA
DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA»; y (xiii) «PRESCRIPCIÓN».

1.3. La sentencia apelada9

7. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, profirió
sentencia el 11 de marzo de 2024 mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución
Administrativa 285 del 23 de junio de 2004, negó las demás pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas.

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. Através de la Resolución Administrativa 285 del 23 de junio de 2004 la
Universidad de Antioquia dispuso pagar temporalmente a Luis Alberto Pareja
Castro la diferencia resultante entre la pensión reconocida por el ISS y el valor
correspondiente al IBL previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

8.2. La Universidad de Antioquia sí se encontraba legitimada en la causa por activa
para promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que
fue la entidad que expidió el acto administrativo demandado.

8.3. Conforme con la Ley 100 de 1993 y con los decretos 691 y 692 de 1994 y 1068
de 1995, desde el 30 de junio de 1995 los servidores públicos de las universidades

9 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», archivo «62Sentencia.pdf».

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05001-23-33-000-2021-01263-02 Antioquia
(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

oficiales debían encontrarse afiliados al Sistema General de Pensiones, razón por
la cual dichas instituciones perdieron la competencia para decidir asuntos
relacionados con el reconocimiento y pago de pensiones y demás prestaciones
económicas.

8.4. La competencia para resolver lo relativo al derecho pensional del demandado y
al IBL le correspondía al ISS, entidad a la cual aquel efectuó cotizaciones desde el
1 de julio de 1995 y que además le reconoció la pensión de vejez mediante la
Resolución 16900 del 26 de diciembre de 2002.

8.5. El caso concreto no se enmarcaba en ninguno de los supuestos previstos en el
artículo 4 del Decreto 2337 de 1996. que habilitaran a la Universidad de Antioquia
para pronunciarse sobre el reconocimiento pensional o el IBL del demandado.

8.6. Así las cosas, la Resolución Administrativa 285 del 23 de junio de 2004 fue
expedida con falta de competencia, vicio que configura una causal de nulidad del
acto administrativo y que imponía acceder a la nulidad pretendida.

8.7. No era procedente acceder a la pretensión de devolución de los dineros
pagados al demandado, toda vez que las sumas fueron percibidas al amparo de un
acto administrativo que gozaba de presunción de legalidad y bajo el principio de
buena fe, de conformidad con el análisis de los artículos 83 de la Constitución
Política, 88 y 164, numeral 1, literal c), del CPACA.

8.8. En el presente asunto, al tratarse del medio de control de nulidad y
restablecimiento del «derecho-lesividad» no procedía la condena en costas, en
consideración a que en este tipo de procesos lo discutido era un bien público, esto
es, el patrimonio estatal y, por ello, tampoco era dable afirmar que el titular de la
prestación fuera la parte vencida en el proceso.

1.4. Los recursos de apelación

9. Luis Alberto Pareja Castro interpuso recurso de apelación en el cual solicitó
revocar la sentencia y, en consecuencia, negar la totalidad de las pretensiones de
la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos10:

9.1. La Universidad de Antioquia no expidió la Resolución Administrativa 285 del 23
de junio de 2004 con el propósito de asumir competencias en materia pensional ni

10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», archivo «64ApelacionDdo.pdf».

10

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de crear un régimen especial de pensiones, sino de subrogarse temporalmente en
una obligación atribuida al ISS, ante la negativa de esta entidad de liquidar
correctamente la pensión de vejez del demandado conforme con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así entonces, la
institución universitaria actuó con fundamento en la figura jurídica del pago por
tercero y en aras de garantizar los derechos pensionales de sus extrabajadores
beneficiarios del régimen de transición.

9.2. La Universidad de Antioquia nunca desconoció que la obligación principal
correspondía al ISS, pues tanto en la Resolución Rectoral 12094 de 1999 como en
el acto acusado se dejó claro que la subrogación operaba únicamente respecto de
la parte de la obligación que dicha entidad no reconocía, hasta tanto el ISS
asumiera el pago de manera voluntaria o por orden judicial.

9.3. No existía controversia respecto de que el demandado debía pensionarse a
través del ISS y no directamente con la Universidad de Antioquia; no obstante, el
conflicto surgió porque dicha entidad administradora liquidó la prestación sin incluir
todos los factores salariales correspondientes al régimen de transición, razón por
la cual la universidad asumió temporalmente el pago de la diferencia pensional.

9.4. La providencia apelada desconoció la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2018, en la cual se precisó que el IBL previsto en el
inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hacía parte del régimen de transición
y que, para quienes les faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho
pensional, la liquidación debía efectuarse con el promedio de lo devengado en el
tiempo faltante para consolidar el derecho.

9.5. El tribunal realizó una interpretación errónea de la figura de la subrogación y
omitió aplicar las disposiciones civiles que autorizaban el pago por un tercero, pues
la universidad no actuó por mera liberalidad ni desconoció sus competencias
legales, sino que intervino temporalmente para garantizar la efectividad del derecho
fundamental a la Seguridad Social de sus antiguos servidores.

9.6. La controversia tuvo origen en la incorrecta interpretación que el ISS y la
Universidad de Antioquia realizaron de las normas que regulaban la cotización y la
liquidación pensional de los servidores públicos del orden departamental,
especialmente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los decretos 691 y 1158 de
1994, en relación con la inclusión de las primas como factores salariales para
efectos pensionales.

9.7. La Universidad de Antioquia efectuó aportes pensionales con fundamento en la
Resolución Superior 2035 de 1994; el contrato interadministrativo de concurrencia

11

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suscrito el 12 de julio de 2002 demostraba la existencia de recursos destinados a
financiar el pasivo pensional derivado de tales factores salariales, circunstancia que
evidenciaba la existencia de soporte jurídico y financiero para asumir
temporalmente la diferencia pensional reconocida mediante la resolución
demandada.

9.8. La decisión apelada desconoció el derecho fundamental a la seguridad social
del demandado, así como los principios de favorabilidad, confianza legítima y
derechos adquiridos, pues la subrogación reconocida por la universidad tenía como
finalidad evitar la afectación de una prestación pensional que debía ser liquidada
con todos los factores salariales aplicables al régimen de transición.

10. La Universidad de Antioquia presentó recurso de apelación adhesivo en el
que solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto negó
la pretensión de restablecimiento del derecho consistente en la devolución de las
sumas pagadas al demandado con fundamento en la resolución administrativa
anulada para que, en su lugar, se ordenara el reintegro de dichos valores. Lo
anterior con fundamento en las siguientes consideraciones11:

10.1. Si bien el tribunal concluyó acertadamente que la Universidad carecía de
competencia para reconocer y pagar prestaciones pensionales a partir de la entrada
en vigencia del sistema general de pensiones, erró al negar la devolución de las
sumas pagadas con ocasión del acto administrativo declarado nulo.

10.2. La resolución demandada establecía expresamente que el reconocimiento
efectuado por la universidad tenía carácter temporal y que el beneficiario deberá
adelantar las actuaciones administrativas o judiciales correspondientes ante el ISS
para obtener el reconocimiento definitivo de la suma reclamadas.

10.3. La universidad realizó múltiples gestiones ante la entidad administradora de
pensiones para obtener el reconocimiento y pago de los valores respecto de los
cuales se había subrogado temporalmente; no obstante, dicha entidad alegó falta
de legitimación de la institución universitaria para reclamarlos y precisó que
correspondía al pensionado promover directamente las acciones respectivas.

10.4. El demandado actuó de manera contraria a la buena fe, pues, pese a conocer
el carácter temporal de la subrogación y que la obligación principal correspondía al
fondo de pensiones, omitió promover las actuaciones necesarias para obtener el
reconocimiento de tales valores ante la administradora pensional competente.

11 Samai, índice 8, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«9_MemorialWeb_Recurso-APELACIONADHESIVAL(.pdf) NroActua 8», archivo
«9_050012333000202101228023MemorialWeb2024103120504».

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10.5. La conducta omisiva del demandado configuraba un abuso del derecho, al
permitir que durante más de 20 años la universidad asumiera una obligación que
no le correspondía legalmente, con lo que obtuvo un beneficio económico a cargo
de recursos públicos y afectó la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

10.6. En consecuencia, se debía modificar la sentencia apelada para ordenar, a título
de restablecimiento del derecho, la restitución de las sumas pagadas por la
Universidad de Antioquia en cumplimiento de la resolución administrativa anulada.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

12. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

1. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «(l)as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «(e)l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos (...)».

2.2. Los problemas jurídicos

13. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso13, la
competencia del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos
expuestos en los recursos de apelación, en esas condiciones, los problemas
jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a determinar ¿si la
Universidad de Antioquia se encontraba facultada para subrogarse en el pago por

12 Tal y como se indicó en el auto del 30 de agosto de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que

admite recurso de apelación», documento «6Autoqueadmite_38812024Admiterecurs(.pdf)
NroActua 4», archivo «6_Autoqueadmite_38812024Admiterecurs_0_20241009200203783».
13 En lo que sigue CGP.

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concepto de los factores salariales excluidos del IBL calculado en la resolución de
reconocimiento pensional expedida por el ISS a favor de Luis Alberto Pareja
Castro? y, en el evento de carecer de competencia para ello, ¿si habría lugar a la
devolución de las sumas reconocidas al demandado?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
de los servidores públicos en la Ley 100 de 1993

14. El Decreto 1848 de 1969 radicaba la obligación de reconocer y pagar la pensión
de jubilación a los servidores públicos en cabeza de la entidad de previsión a la que
se encontraba afiliado el servidor o, en su defecto, en la última entidad pública
empleadora.

15. Más adelante, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se creó el
Sistema General de Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de afiliar a
este a todas las personas vinculadas por contrato de trabajo o como servidores
públicos. Para estos últimos, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994 ordenó
incorporar al Sistema General de Pensiones a los siguientes servidores públicos:

«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;

b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la
Contraloría General de la República».

16. Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente para
el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del Sistema
General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de 1995 estableció
que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los dos regímenes
previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de cotización a pensión.

17. Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen general
para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial y ratificó lo
dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.

18. En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos debían
estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la

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administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual ocurre
el siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación correspondiente, y
proceder a su reconocimiento o reliquidación, según sea el caso.

2.3.2. Régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las
universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior
de naturaleza territorial

19. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las instituciones de
educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal,
tenían el deber de constituir un fondo para el pago del pasivo pensional contraído
a la fecha de entrada en vigor de esa norma.

20. Con el fin de reglamentar la mencionada disposición, el presidente de la
República expidió el Decreto 2337 de 1996 «(p)or el cual se reglamenta el artículo 131
y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994», en el cual estableció el
régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial. Las disposiciones allí contenidas tenían como destinatarios a estas
instituciones: (i) que con anterioridad al 23 de diciembre de 1993, tenían a su cargo
el reconocimiento y pago de las pensiones en calidad de empleadoras; y (ii)
aquellas que a través de una caja con personería jurídica, reconocían y pagaban
directamente las obligaciones pensionales, de los servidores públicos, trabajadores
oficiales y personal docente, con vinculación contractual, legal o reglamentaria con
las universidades o instituciones de educación superior14.

21. Estos fondos que asumieron el pasivo pensional de estas entidades de
educación superior se constituyeron como cuentas especiales, sin personería
jurídica, de la respectiva universidad o institución de educación superior, cuyos
recursos serían administrados en forma independiente mediante encargo fiduciario,
en el cual se mantendrán debidamente separados los recursos correspondientes a
cada subcuenta, con las características previstas en la Ley 100 de 199315.

22. Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 2337 de
1996, estos fondos deberán pagar de las pensiones que las instituciones de
educación superior tenían a su cargo. Asimismo, tendrán la competencia de
reconocer y pagar las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución a quienes: (i) acreditaron los requisitos antes del 23 de
diciembre de 1993; y (ii) entre el 23 de diciembre de 1993 y el 31 de diciembre de
1996 cumplieron con el requisito de tiempo de servicio, pero no habían llegado a la

14 Artículo 2 del Decreto 2337 de 1996.
15 Artículos 3 y 5 del Decreto 2337 de 1993.

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edad exigida para adquirir el derecho a la pensión.

23. De otra parte, ostentan la obligación de pagar: (i) los bonos pensionales de los
empleados públicos, personal docente y trabajadores oficiales que se afiliaron al
régimen de prima media con prestación definida o al régimen de ahorro individual
con solidaridad, de conformidad con los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993,
los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994 y sus decretos reglamentarios; (ii) la cuota
parte correspondiente de conformidad con lo establecido en los Decretos 1299 y
1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación superior a la cual
hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para contribuir a la
entidad emisora del bono; y (iii) las obligaciones pensionales extralegales,
válidamente definidas o pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al
23 de diciembre de 1993, así como el pago de las obligaciones correspondientes a
la pensión compartida con el ISS cuando a ella haya lugar.

24. Así las cosas, con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales y las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial, únicamente
conservaron la competencia de reconocer y pagar las pensiones de vejez o
jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o sustitución frente a quienes adquirieron
el estatus pensional antes del 23 de diciembre de 1993 y a quienes entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 31 de diciembre de 1996 acreditaron el tiempo de servicios
exigido por el régimen pensional del cual eran beneficiarios.

25. Finalmente, en relación con quienes no se encontraban dentro del grupo referido
en el párrafo anterior, la competencia para el reconocimiento y pago de la pensión
la ostenta la administradora del sistema general de pensiones a la cual se
encuentre afiliada el trabajador, bajo el entendido de que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 1068 de 1995, a más tardar el 30 de junio de 1995 los
servidores públicos del orden departamental, municipal y distrital debían
seleccionar a cuál de los dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 se
afiliarían para efectos de cotización a pensión.

2.3.3. Principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial

26. La Real Academia de la Lengua Española define la temeridad como un adjetivo,
dicho de una persona excesivamente imprudente que arrostra peligros, o de una
cosa dicha, hecha o pensada sin fundamento, razón o motivo. En igual sentido, de
acuerdo con lo que señala el Diccionario panhispánico del español jurídico, la
temeridad procesal es una «actitud propia del que, resistiéndose a aceptar una
pretensión legítima, abusa de la jurisdicción, ya ejercitando acciones totalmente
infundadas, ya obstaculizando el proceso en el que se promueve de contrario una acción

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fundada»16.

27. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la temeridad se da
en 2 dimensiones: (i) cuando se actúa de mala fe17; y (ii) cuando se acude a la
administración de justicia de manera desmedida, por iguales hechos, sin una
justificación razonable sobre dicho actuar18.

28. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el
crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides
hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre
cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y
entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la
palabra al estar ligado a su propia declaración19.

29. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos20, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las
partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio
de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española21, como honradez.

30. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199522, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».

31. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.

16 https://dpej.rae.es/lema/temeridad-procesal
17 Sentencia T-502 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
18 Ver entre otras, sentencias: SU-154 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-986 de 2004

M.P Humberto Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, SU-168 de 2017, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
19 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
20Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
21 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
22 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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En todos los otros, la mala fe deberá probarse»23.

32. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución

33. A su turno, el Código Contencioso Administrativo24 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

34. Actualmente, el desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual dispuso:

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

35. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional25 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

36. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada. En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular
y constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por
su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a
la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire
contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso
de requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales

23 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23

de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
24 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
25 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos
tipificados legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga
incorporar elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real
significado, suscitando en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la
actuación pública según las circunstancias jurídicas y fácticas del caso» (se resalta).

37. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200426, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:

«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a
la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de
los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte
esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que
componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la
buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio
de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser
entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y
honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. La buena fe
incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que
una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es
decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De
igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la
administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico» (se
resalta).

38. El artículo 79 del CGP señala que se presumirá que ha existido temeridad o mala
fe en los siguientes casos: (i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento
legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad; (ii) cuando se aduzcan calidades
inexistentes; (iii) cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines
claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; (iv) cuando se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; (v) cuando por cualquier otro
medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; y (vi) cuando se
hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.

39. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino
que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros27.

26 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
27 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.

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40. De lo expuesto se advierte que para calificar una conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que
se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada
parte.

41. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que la persona cuya
conducta se analiza actuó en forma deshonesta al momento de reclamar
determinado derecho, es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe
(i) ser previa al pronunciamiento en torno a un derecho; y (ii) derivarse de un hecho
concreto en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito
de acceder a ese derecho.

42. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho o beneficio a efectos de demostrar que actuó
con desconocimiento de los postulados de la buena fe, o dicho en otras palabras,
que se incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la
actuación que, a la postre, conllevó a otra situación en particular.

43. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con, por ejemplo, la devolución
de los dineros recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de una
prestación28.

28 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los
dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala
fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».

20

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
Radicado: Demandante: Universidad de
05001-23-33-000-2021-01263-02 Antioquia
(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

44. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de una actuación, y que ello desemboque en el reconocimiento de
un derecho, permitiría desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos
del peticionario.

2.4. Caso en concreto

2.4.1. Hechos probados

45. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

45.1. Por medio de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 29, la
Universidad de Antioquia se subrogó en una obligación del ISS en relación con la
parte que le correspondía asumir en favor de los servidores de la entidad
beneficiados con el régimen de transición pensional que al momento de entrada en
vigencia el Sistema General del Pensiones les faltaba menos de 10 años para
adquirir el derecho y que, por tanto, debía habérseles liquidado las pensiones de
vejez con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta conforme
lo indica el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, subrogación que se
asumió hasta que el instituto reconociera esa obligación por decisión propia o por
orden judicial. Como consecuencia de lo anterior, ordenó el ajuste de las pensiones
que ya habían sido reconocidas por el ISS a los servidores que se encontraban en
la situación descrita y a quienes les fuera otorgado el derecho a partir de la fecha
de expedición de la resolución rectoral, de ahí que se consideraran las primas de
navidad, vacaciones y semestral como factor computable en la base de liquidación.

45.2. A través de la Resolución Administrativa 16628 del 25 de junio de 1999 30, la
Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia reglamentó la
resolución rectoral antes citada y, en consecuencia, estableció, entre otros, los
siguientes aspectos:

(i) Los destinatarios de la decisión: los jubilados, entendidos como los empleados
docentes y no docentes de la universidad beneficiarios del régimen de transición, a
quienes, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, les faltaban menos

29 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», subcarpeta «08Pruebas» archivo «4. RESOLUCION
RECTORAL 12094 DE 1999».
30 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», subcarpeta «08Pruebas» archivo «5. RESOLUCION
RECTORAL 16628 DE 1999».

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(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

de 10 años para adquirir el derecho y cuya pensión hubiera sido reconocida,
liquidada y pagada por el ISS sin tener en cuenta el promedio de lo devengado
durante el tiempo que les hiciere falta para pensionarse.

(ii) El monto de la subrogación, que correspondería a la diferencia resultante de
aplicar el 75% al promedio de lo devengado durante el último año de servicios, con
la inclusión de las doceavas de las primas de navidad, de vacaciones, de servicios
y la bonificación, cuando hubiere lugar a ella, y el valor de la pensión liquidada por
el instituto.

(iii) Los requisitos para acceder al reconocimiento: que el instituto hubiere proferido
resolución de reconocimiento de la pensión y la concediera sin dar aplicación al
inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que diligenciaran petición de
reliquidación del monto de la pensión ante el instituto; y que entregaran la solicitud
en la universidad con constancia de recibido en este.

(iv) El término de duración del pago de la subrogación, previsto a partir de la fecha
en que el instituto reconociera la pensión y hasta cuando, por decisión propia o
judicial, asumiera la obligación de reliquidarla.

(v) La periodicidad mensual del pago.

(vi) La retroactividad del reconocimiento para los jubilados cuya pensión hubiere
sido reconocida con anterioridad al 4 de mayo de 1999.

45.3. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 31, el rector
de la Universidad de Antioquia derogó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo
de 1999, con fundamento en la expedición de varias decisiones judiciales en las
que se declaró la inexistencia de la obligación de parte del ISS para liquidar las
pensiones de vejez con inclusión de todo lo devengado por los servidores públicos
beneficiados del régimen de transición que les faltaren menos de 10 años para
pensionarse.

45.4. Luis Alberto Pareja Castro nació el 21 de marzo de 194732 y se afilió al ISS el

31 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», subcarpeta «08Pruebas» archivo «6. RESOLUCION
RECTORAL 35823 DE 2012».
32 Según la cédula de ciudadanía. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento

«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», archivo «04AnexoHvDemandado», folio 16.

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1 de julio de 199533.

45.5. Mediante la Resolución 16900 del 26 de diciembre de 200234, el ISS le
reconoció una pensión de vejez de acuerdo con la Ley 33 de 1985, en virtud de la
aplicación del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 del que es
beneficiario, «en cuantía de $309.000 valor para el 2.002 con los reajustes de ley del año
2.003, que se girará junto con la mesada del mes de febrero de 2.003, a partir de marzo
de 2.003» (sic).

45.6. Mediante la Resolución Administrativa014 del 3 de febrero de 200335, la
Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono pensional a su
nombre por valor de $271.866.000.

45.7. Por medio de la Resolución 003960 del 23 de marzo de 200436, el ISS modificó
la Resolución 16900 del 26 de diciembre de 2002, para establecer que la cuantía
de la pensión era de $2.584.139, a partir del 26 de mayo de 2003.

45.8. A través de la Resolución 285 del 23 de junio de 200437, el vicerrector
administrativo de la Universidad de Antioquia ordenó el pago temporal del valor que
resultaba de la aplicación del IBL que establece el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y que no fue reconocido por el ISS, a partir del 1 de enero de 2004. Al
respecto señaló que el instituto no había aplicado en debida forma el IBL, toda vez
que no incluyó las primas de navidad, de vacaciones y semestral; de manera que
procedía el pago en atención a lo dispuesto en la Resolución Rectoral 12094 de
1999, por la cual la Universidad resolvió subrogarse la parte de la obligación que
tenía, pero no reconocía el ISS.

33 Tal y como se señala en la Resolución 16900 del 26 de diciembre de 2002. Samai, índice 2,

actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», archivo «04AnexoHvDemandado», folio 6 a 8.
34 Según la cédula de ciudadanía. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento

«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», archivo «04AnexoHvDemandado», folios 6 a 8.
35 Según la cédula de ciudadanía. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento

«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», archivo «04AnexoHvDemandado», folios 3 a 5.
36 Según la cédula de ciudadanía. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento

«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», archivo «04AnexoHvDemandado», folios 11 a 13.
37 Según la cédula de ciudadanía. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento

«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210122(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_05001233300020210122_0_20240709141400376»,
subcarpeta «05001233300020210122800», archivo «04AnexoHvDemandado», folios 14 y 15.

23

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
Radicado: Demandante: Universidad de
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(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

2.4.2. Análisis sustancial

46. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, los
problemas jurídicos a resolver se circunscriben a establecer si la Universidad de
Antioquia se encontraba facultada para subrogarse en el pago de los factores
salariales excluidos del IBL fijado en la resolución de reconocimiento pensional
expedida por el ISS a favor de Luis Alberto Pareja Castro y, de confirmarse la falta
de competencia para ello, si procede ordenar la devolución de las sumas pagadas
al demandado.

47. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la Sala encuentra que
mediante la Resolución 16900 del 26 de diciembre de 2002, modificada por la
Resolución 003960 del 23 de marzo de 2004, el ISS le reconoció a Luis Alberto
Pareja Castro la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, la Universidad de Antioquia
al considerar que no se aplicó al IBL lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, se subrogó en parte la obligación que, a su juicio, desconoció la
entidad pensional y ordenó pagarle la diferencia al demandado, a través de la
Resolución 285 del 23 de junio de 2004, con fundamento en unos factores que
consideró, debieron ser incluidos en ella.

48. Empero, tal y como se ha señalado en esta decisión, el parágrafo 2 del artículo
2 del Decreto 1068 de 1995 estableció que los servidores públicos, entre ellos, el
personal docente de las universidades oficiales e instituciones oficiales de
educación superior, debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social
a más tardar el 30 de junio de 1995, de modo que, a partir de ese momento, la
entidad competente para el reconocimiento y pago de las pensiones y demás
prestaciones económicas dispuestas en la Ley 100 de 1993, era la administradora
de pensiones38.

49. En el caso concreto se acreditó que Luis Alberto Pareja Castro se afilió al ISS el
1 de julio de 1995, circunstancia a partir de la cual la competencia para definir lo
relativo al reconocimiento, reliquidación y pago de su pensión de vejez quedó
radicada en esa entidad administradora. Así las cosas, la Universidad de Antioquia
carecía de competencia para pronunciarse en cuanto al derecho pensional y a los
factores que hicieron parte del IBL, porque ello le correspondía al ISS, hoy
Colpensiones, como entidad previsional o administradora de las cotizaciones, esto

38 En este sentido se pronunció la Sección Segunda, en las sentencias del 21 de abril de 2017,

radicado 05001233300020140019401 (0804-2016); del 27 de abril de 2017, radicado
05001233300020140157301(0802-2016) y 050012333000201500110 01 (2366-2016); y del 31 de
enero de 2018, radicado 05001-23-33-000-2014-00058-02 (0341-17) y del 23 de octubre de 2020,
radicado 05001-23-33-000-2014-00061-01(1088-17).

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
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es, la que debía asumir el pago de la totalidad de la prestación.

50. Así, una vez el ISS reconoció la pensión de vejez del demandado a través de la
Resolución 16900 del 26 de diciembre de 2002, modificada por la Resolución
003960 del 23 de marzo de 2004, cualquier inconformidad en cuanto a los valores
reconocidos, o a las particularidades en que se ordenó el pago, debía ser puesta
en consideración de esa entidad, a efectos de que analizara la procedencia o no.

51. En ese sentido, no le asiste razón al demandado cuando afirma que la
Universidad de Antioquia sí se encontraba facultada para asumir temporalmente el
pago de la diferencia pensional con fundamento en la figura de la subrogación o en
la necesidad de garantizar derechos adquiridos. Lo anterior, porque la discusión
planteada no versa sobre la posibilidad de que un tercero efectúe pagos en favor
de otro, sino sobre la competencia legal para adoptar decisiones relacionadas con
el reconocimiento y liquidación de prestaciones pensionales dentro del Sistema
General de Pensiones, materia que, por expresa disposición legal, correspondía
exclusivamente a la entidad administradora.

52. En efecto, en la sentencia C-168 de 1995, en control abstracto de
constitucionalidad, la Corte Constitucional declaró exequibles los incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, salvo el aparte final del inciso 3 que fue declarado
inexequible39. La declaratoria de exequibilidad se fundamentó en que no violaban
el artículo 53 de la Constitución Política, porque el legislador al establecer las reglas
de transición fijadas en ellos fue más allá de la protección de los derechos
adquiridos y salvaguardó las expectativas de quienes estaban próximos por edad,
tiempo de servicio o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la
pensión de vejez, lo que mostraba «una plausible política social» que se adecuaba al
artículo 25 constitucional, que garantiza una especial protección al trabajo.

53. Al respecto, la Corte consideró que la situación de las personas que se acercan
por edad o tiempo de servicio a las condiciones señaladas en la ley para acceder a
la pensión de vejez no es igual a la de aquellas que apenas inician una vida laboral,
llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a
pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, sus condiciones, por
ser distintas, justifican un trato diferente.

54. En sentencia C-789 de 2002 la Corte advirtió que «el derecho a obtener una
pensión de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido sino ‘apenas

39 La norma señalaba: «Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a
dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión
será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector
privado y de un (1) año para los servidores públicos».

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
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una expectativa legítima», argumento que reiteró en la sentencia SU-395 de 2017, al
señalar que el régimen de transición protege una expectativa legítima:

«8.17. Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen
de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran
verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho
beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se
encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de
edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso
base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del
derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de
encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto
de la pensión.

(…)

8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de
transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional40 (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no
da lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa
especial protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las
reglas pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales,
y, por consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la
modificación se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de
razonabilidad y proporcionalidad41. Es por estos motivos que el propio constituyente
derivado reformó (Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que
el régimen de transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo42“» (se resalta).

55. En igual sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado al señalar que «aunque
(la actora) fuera beneficiaria del régimen de transición, no tenía una situación jurídica
consolidada sino una mera expectativa para pensionarse manteniendo algunas
condiciones del régimen anterior al cual se encontraba afiliada»43.

40 «Consultar, entre otras, las Sentencias C-789 de 2002, C-1011 de 2008 y C-258 de 2013».
41 «En la Sentencia C-754 de 2004, este Tribunal, reiteró la Sentencia C-789 de 2002, y señaló que

aunque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegía las expectativas legítimas de las personas
próximas a pensionarse, la consagración de tal tipo de régimen generó un derecho a continuar en
el régimen de transición para quienes ya ingresaron a él, por lo que los cambios normativos
posteriores que afecten ese derecho resultan inconstitucionales. Con todo, la Corte explicó que ello
no implica la imposibilidad del legislador de hacer modificaciones al sistema pensional, pero ellas
siempre deberían respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la toma de
decisiones del legislador. En igual sentido, consultar la sentencia C-789 de 2002».
42 «Mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que “el régimen de transición establecido en

la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá
del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año
2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán
los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho
régimen.”»
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de marzo de 2015,

expediente 868-2009.

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(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

56. De esta forma, es claro que los beneficiarios del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tienen un derecho adquirido respecto
de la forma de liquidación de la prestación, sino una expectativa legítima a
pensionarse bajo determinadas condiciones del régimen anterior.

57. Sin perjuicio de lo anterior, y solo frente a los argumentos expuestos por el
demandado en la apelación, la Sala precisa que en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 201844 se indicó que el periodo para liquidar la pensión «(s)i faltare
menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE» y que «(l)os factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de
vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones»
(se resalta).

58. En este punto debe precisarse que lo que se discute en el presente asunto es la
legalidad de la Resolución 285 del 23 de junio de 2004, expedida por la Universidad
de Antioquia, mediante la cual asumió el pago de unos valores que, a su juicio, no
habían sido reconocidos por el ISS. Ahora, el Decreto 1158 de 1994, por el cual se
modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, no incluyó las primas de navidad,
de vacaciones y semestral dentro de la base de cotización de los servidores
públicos, razón que explica que el ISS no recibiera las cotizaciones por esos
factores.

59. En consecuencia, resulta innecesario pronunciarse sobre la inconformidad
relativa al contrato interadministrativo de concurrencia del 12 de julio de 2002, el
fondo del pasivo pensional establecido en la Ley 100 de 1993 debía concurrir en el
pago de las diferencias reclamadas por el demandado por la no inclusión de las
referidas primas, pues, en cualquier caso, la Universidad de Antioquia carecía de
competencia para disponer el reconocimiento y pago de tales valores mediante el
acto acusado.

60. Asílas cosas, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en cuanto concluyó que el acto demandado
fue proferido sin competencia por parte de la entidad administrativa que lo expidió,
de suerte que procede declarar su nulidad.

44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28

de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), M.P. César Palomino Cortés.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
Radicado: Demandante: Universidad de
05001-23-33-000-2021-01263-02 Antioquia
(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

61. Adicionalmente, no se desconoce que el acto demandado se expidió con
sustento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la cual no fue objeto de
demanda en el presente asunto. Si bien dicho acto administrativo no ha sido
anulado por parte de esta jurisdicción, la Sala considera que, en virtud de la
excepción por inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Constitución
Política, resulta procedente su inaplicación al caso concreto, puesto que con este
se desconoció que, por mandato constitucional, la competencia para establecer el
régimen prestacional de los servidores públicos está reservada al Congreso de la
República y al gobierno nacional45.

62. Ahora bien, la Sala pasa a definir la procedencia de la solicitud del
restablecimiento del derecho en los términos propuestos en la apelación
presentada por la parte actora.

63. De conformidad con lo expuesto en el marco normativo, para ordenar el
reembolso de los montos percibidos por Luis Alberto Pareja Castro, a título de
restablecimiento del derecho como consecuencia de las órdenes contenidas en el
acto demandado, era necesario que la Universidad de Antioquia desvirtuara la
presunción de buena fe y acreditara que el demandado desplegó una conducta
dolosa, fraudulenta o deshonesta encaminada a obtener indebidamente el
reconocimiento económico cuestionado.

64. No obstante, en el presente asunto no obra prueba alguna que permita concluir
que el demandado incurrió en maniobras engañosas, aportó información falsa,
ocultó circunstancias relevantes o desplegó actuaciones orientadas a defraudar a
la administración para acceder al pago reconocido mediante la Resolución 285 del
23 de junio de 2004. Por el contrario, se advierte que dicho reconocimiento se
produjo por iniciativa propia de la Universidad de Antioquia, con fundamento en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999 y en la reglamentación contenida en la
Resolución Administrativa 16628 del 25 de junio de 1999, mediante las cuales la
institución decidió subrogar temporalmente la obligación que consideraba a cargo
del ISS.

65. En efecto, la Resolución Administrativa 16628 del 25 de junio de 1999 estableció,
entre otros requisitos para acceder al pago de la subrogación, que el beneficiario
debía formular solicitud de reliquidación de la pensión ante el ISS y aportar
constancia de ello a la universidad. De esta manera, correspondía a la propia
institución educativa verificar el cumplimiento de tales exigencias y efectuar

45En ese sentido se ha pronunciado esta sala en las sentencias adoptadas dentro de los
expedientes con radicados: 05001-23-33-000-2014-00063-02 (1074-2015), 05001-23-33-000-2021-
01262-02 (6797-2023); 05001-23-33-000-2021-01293-01 (0079-2023), 05001-23-33-000-2021-
01233-02 (7858-2023) y 05001-23-33-000-2021-02150-02 (0337-2025).

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
Radicado: Demandante: Universidad de
05001-23-33-000-2021-01263-02 Antioquia
(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

seguimiento a las actuaciones adelantadas ante la entidad administradora de
pensiones, sin que resulte admisible trasladar al pensionado las consecuencias
derivadas de la prolongación en el tiempo de una medida que la propia universidad
calificó como transitoria.

66. Así las cosas, el hecho de que el reconocimiento temporal dispuesto por la
Universidad de Antioquia se hubiera extendido por varios años no constituye, por
sí solo, prueba de mala fe del demandado ni permite inferir una conducta temeraria
o abusiva de su parte. La permanencia en el pago obedeció a una decisión
adoptada y mantenida por la propia entidad, en ejercicio de las determinaciones
administrativas que consideró procedentes para garantizar el reconocimiento de las
diferencias pensionales discutidas.

67. En consecuencia, comoquiera que en el plenario no se acreditó que Luis Alberto
Pareja Castro hubiera actuado con desconocimiento de los postulados de la buena
fe, ni que hubiese desplegado conductas fraudulentas dirigidas a obtener un
beneficio económico indebido, no hay lugar a ordenar la devolución de las sumas
pagadas en virtud del acto administrativo cuya nulidad se declara, razón por la cual
se confirmará la decisión del tribunal en este punto.

2.5. Costas

68. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

69. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

70. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
Radicado: Demandante: Universidad de
05001-23-33-000-2021-01263-02 Antioquia
(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

aplicación razonable de la norma46.

71. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

72. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

73. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el acto administrativo
mediante el cual se ordenó el pago de los factores salariales que no fueron
liquidados en el IBL de la pensión reconocida por el ISS a Luis Alberto Pareja Castro
es nulo por falta de competencia de la Universidad de Antioquia para efectuar dicho
reconocimiento.

74. En el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe del pensionado, por
tanto, es improcedente ordenar la devolución de las sumas pagadas a su favor por
virtud del acto demandado.

75. En ese orden, se confirmará la sentencia del 11 de marzo de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que declaró la
nulidad del acto acusado y negó la devolución de las sumas de dinero pagadas
como consecuencia de su expedición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Inaplicar por inconstitucionalidad la Resolución Rectoral 12094 de 1999
expedida por la Universidad de Antioquia, por las razones expuestas en esta
providencia.

46En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01228-02 (3881-2024)
Radicado: Demandante: Universidad de
05001-23-33-000-2021-01263-02 Antioquia
(1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 11 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda presentada por la Universidad de Antioquia en
contra de Luis Alberto Pareja Castro, por las razones expuestas en esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

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