Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01263-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01263-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01263-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01263-02 (1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandados: Gladys del Socorro Velásquez de Correa
Temas: Pensión de vejez de los empleados de las universidades
oficiales. Pago de las prestaciones a cargo de los entes
universitarios
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 26 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. La Universidad de Antioquia presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 026 del 23 de febrero de
2004, por medio de la cual ordenó el pago a Gladys del Socorro Velásquez de
Correa el valor que resultaba de la diferencia entre lo reconocido por el Instituto de
1 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Universidad de Antioquia
Seguros Sociales2 por concepto de pensión de vejez y lo que correspondía con la
inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y «servicios».
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la restitución de las sumas de dinero pagadas como consecuencia de la
expedición del acto acusado, desde el 22 de diciembre de 2003 hasta el 31 de mayo
de 2021, y los valores que se generen con posterioridad hasta que la sentencia se
encuentre en firme; y ii) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Gladys del Socorro Velásquez de Correa estuvo vinculada con la Universidad de
Antioquia como empleada pública en el cargo de profesora adscrita al Departamento
de Formación Académica de la Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 26 de
junio de 1978 hasta el 21 de diciembre de 2003, fecha en la que le fue aceptada su
renuncia.
3.2. Cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tramitó su
reconocimiento ante el ISS, entidad esta que, mediante la Resolución 001075 del
30 de enero de 2004, reconoció la prestación en cuantía mensual de
$3’158.681«para el 2004», sin tener en cuenta en su liquidación las primas de
navidad, «de servicios» y de vacaciones.
3.3. La Universidad de Antioquia estuvo facultada para reconocer las pensiones de
su personal docente y administrativo con base en todo lo devengado, en virtud de
las leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1996 y los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969. Lo
anterior sucedió hasta el 30 de junio de 1995, con la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, cuando tuvo que afiliar a todos sus empleados al extinto ISS 3 y
efectuar los aportes correspondientes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
3.4. Con
fundamento en el Decreto 2337 de 1996 la entidad educativa perdió
competencia para continuar realizando el pago de pensiones.
3.5. Con el objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez de la
demandada, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono
pensional a su nombre, mediante la Resolución Administrativa 495 del 23 de octubre
de 2003, por valor de $328.099.000, que consignó a la entidad competente.
2 En lo que sigue ISS.
3 En la actualidad la Administradora de Pensiones, en adelante Colpensiones.
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Demandante: Universidad de Antioquia
3.6. Comoquiera que el ISS no incluyó en la base de liquidación de la pensión de
vejez las primas de navidad, de vacaciones y semestral, la Universidad de Antioquia
expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual dispuso en sus
artículos 1 y 3 lo siguiente:
«Artículo primero: Subrogarse en la parte de la obligación que tenía y no reconoció el
Instituto con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento
de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que
el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.
[…]
«Artículo Tercero: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente
su obligación».
3.7. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, en la que se estableció como destinatarios a los
empleados públicos docentes y no docentes de la universidad, que al momento de
entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, y que esta no les fuera reconocida teniendo en cuenta el promedio de
lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
3.8. Con fundamento en lo anterior, la universidad emitió la Resolución Administrativa
026 del 23 de febrero de 2004, en la que ordenó pagar a Gladys del Socorro
Velásquez de Correa el valor que resultaba de la aplicación del ingreso base de
liquidación que establece el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y que no
reconoció el Seguro Social.
3.9. La Resolución Rectoral 12094 de 1999, fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia del 10 de octubre de 20134 señaló que el acto no estaba creando una
discriminación, sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas
que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para la época en que se profirió la
resolución la interpretación de la universidad, providencia que fue confirmada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de sentencia del 16 de abril de
2015.
4 Proferida dentro del proceso con radicado 5001-23-31-000-2009-01178-00.
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3.10. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 se derogó la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999 y se dispuso que la Vicerrectoría
Administrativa debía resolver las situaciones de carácter individual y concreto
creadas a partir de este último acto, de acuerdo con los principios, normas y
jurisprudencia vigentes en la materia.
3.11. Esta última resolución fue demandada por la Asociación de Profesores de la
Universidad de Antioquia y el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del
17 de octubre de 20135 negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que la universidad había actuado con mera liberalidad al subrogarse en un deber
que no le correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener en el tiempo las
disposiciones del acto administrativo.
3.12. La Universidad de Antioquia ha interpuesto diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal previsto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, en cuyas decisiones se ha señalado en forma
pacífica que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Decreto 1068 de
1995, los servidores públicos y en particular el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior, debían estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de junio de
1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
dispuestas en la Ley 100 de 1993, era la administradora de pensiones que recibiera
sus cotizaciones y por ello, en el caso de la demandada, no era la Universidad de
Antioquia la autoridad competente para pronunciarse acerca de la adjudicación de
su derecho pensional y específicamente, lo relacionado con el mayor valor en su
ingreso base de liquidación, sino que era obligación del ISS como entidad
previsional o administradora de las cotizaciones realizadas por Gladys del Socorro
Velásquez de Correa, la que debía asumir dicho reconocimiento.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley
4ª de 1992; 18, inciso 3, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de
1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente6:
5 Proceso con radicado 05001-23-33-000-2012-00945-00.
6 Samai, índice 2, 1ED_05001233300020210126(.zip) NroActua 2; 01Demanda.pdf.
4
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Demandante: Universidad de Antioquia
5.1. La Resolución Rectoral 12094 del 4 mayo de 1999, mediante la cual fue
reglamentada la 16628 del 25 de junio de ese año, sirvió como fundamento de la
expedición del acto acusado a través del cual la Universidad de Antioquia ordenó el
pago de los factores excluidos por la administradora de pensiones; sin embargo, la
ilegalidad de esa última decisión surgió con la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, por
cuanto estableció que para la liquidación de las pensiones solo se tendrían en
cuenta los valores devengados respecto de los cuales se hayan efectuado
cotizaciones, determinó que el ingreso base de liquidación sería fijado por el
gobierno nacional y que los factores salariales corresponderían a los taxativamente
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.
5.2. Encuanto al reconocimiento por parte de la universidad de los factores
desconocidos por Colpensiones, la Corte Constitucional de manera reiterada ha
manifestado que las liquidaciones de los pensionados que resulten beneficiarios del
régimen de transición incluirán exclusivamente los valores respecto de los cuales
se hayan efectuado cotizaciones y que ese régimen conservó la edad, el tiempo y
el monto, pero no el IBL del anterior.
5.3. Con la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones para los servidores
públicos a nivel departamental, municipal y distrital, todos los empleadores
perdieron la competencia para responder directamente por el pago de las pensiones
o prestaciones económicas de los trabajadores, entre ellos la Universidad de
Antioquia.
5.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las entidades
de carácter oficial y las instituciones de educación superior en igual condición y de
naturaleza territorial deben constituir un fondo para el pago del pasivo pensional a
favor de los empleados públicos, trabajadores públicos y docentes.
5.5. El Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 dispuso que la Universidad de
Antioquia estaba en la obligación de responder por el reconocimiento de la pensión
de los trabajadores que al 31 de diciembre de 1996 hubieran cumplido la edad y el
tiempo de servicio o que ya estuvieran retirados por haber cumplido el tiempo
necesario y solo esperaran contar con la edad. El personal activo de la institución
debió afiliarse desde el 1º de julio de 1995, como en efecto le sucedió a la
demandada, al no contar con los requisitos previstos por el mencionado decreto,
pues nació el 10 de abril de 1948.
5
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Demandante: Universidad de Antioquia
1.2. Contestación de la demanda
6. Gladys del Socorro Velásquez de Correa se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos7:
6.1. Nació el 10 de abril de 1948 y se vinculó laboralmente a la Universidad de
Antioquia desde el 26 de junio de 1978, como servidor público docente hasta el 21
de diciembre de 2003. Para el 1° de julio de 1995, cuando empezó la vigencia de la
Ley 100 de 1993 en la universidad, por ser una entidad del orden departamental,
tenía poco más de 47 años de edad, y acumulaba más de 19 años de trabajo. Por
tanto, fue beneficiaria del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
6.2. El acto acusado se expidió conforme con el principio de legalidad, de ahí que el
reconocimiento del derecho y los pagos que de él se derivaron están acordes con
lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política y con la ley vigente en la
materia, la cual es de orden público y de estricto cumplimiento, tanto para los
particulares como para las entidades y empleados. Con todo, la conducta omisiva y
arbitraria es del ISS por no liquidar las pensiones en los términos del inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
6.3. La Universidad de Antioquia expidió el acto en forma libre y espontánea, observó
el precedente unificado del Consejo de Estado que creó derechos adquiridos
pensionales que, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, debe respetar;
y se constituye en el precedente existente al momento en que la entidad decidió el
reconocimiento pensional.
6.4. Con la expedición del acto acusado no se vulneró el artículo 48 de la Constitución
Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues allí no se desconoció
la existencia del derecho fundamental a la seguridad social. Al contrario, es clara en
exigir al ISS que liquide y pague correctamente la pensión de sus empleados,
quienes son beneficiarios de un derecho adquirido, en los términos expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-168 de 1995. En todo caso, el Acto
Legislativo 01 de 2005 es posterior a la entrada en vigencia de la resolución
acusada.
6.5. Propuso las excepciones de: i) culpa de la demandante; ii) responsabilidad de
un tercero; iii) cosa juzgada; iv) falta de legitimación en la causa por pasiva; v) buena
fe; y vi) prescripción.
Ibidem, 12Contestacion.pdf.
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Demandante: Universidad de Antioquia
1.3. La sentencia apelada
7. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión profirió
sentencia el 26 de febrero de 2025 mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En tal sentido, declaró la nulidad de la Resolución 026
del 23 de febrero de 2004, condenó en costas y negó las demás pretensiones de la
demanda.
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos8:
8.1. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, el
personal docente de las universidades públicas debían encontrarse afiliados al
Sistema General de Seguridad Social el 30 de junio de 1995, por lo que a partir de
dicha fecha la competencia para resolver todas las reclamaciones relacionadas con
el reconocimiento y pago de pensiones radicaba en la administradora pensional
elegida por el empleado, ya fuera el ISS como administrador del régimen de prima
media o los fondos privados que hacían lo propio con el régimen de ahorro
individual, y que recibiera las cotizaciones de dichos servidores oficiales. De
acuerdo con lo anterior, la Universidad de Antioquia no tenía competencia para
pronunciarse sobre la liquidación del reconocimiento pensional en favor de Gladys
del Socorro Velásquez de Correa, respecto del presunto derecho que le asistía a
una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados y no computados por la administradora, pues esta facultad
recaía en el ISS por tratarse del ente de previsión al que se realizaban las
respectivas cotizaciones a pensión.
8.2. La Universidad actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no está obligada a mantener la legalidad del acto
administrativo demandado. Por lo tanto, se incurrió en la causal de nulidad por
haberse expedido sin competencia. En tal sentido, no se puede considerar que la
demandada tenga un derecho adquirido, puesto que ese reconocimiento no tiene
fundamento jurídico.
8.3. En el ordenamiento jurídico no existe norma que le atribuya a la Universidad de
Antioquia la facultad de realizar reconocimientos de carácter pensional, ni mucho
menos establecer el régimen de pensiones a través de actos administrativos, y
cualquier disposición que se tome en contravía de las prescripciones del Sistema
General de Pensiones no puede crear situaciones particulares amparables bajo la
figura de los derechos adquiridos.
8 Samai, 77SentenciaPrimeraInstancia.pdf.
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8.4. El reintegro de las sumas percibidas en virtud de la resolución demandada
resulta improcedente porque la entidad no demostró la mala fe de la conducta
desplegada por la demandada, pues no se acreditó que Gladys del Socorro
Velásquez de Correa realizara comportamientos que comprometieran la lealtad,
rectitud y honestidad, por el contrario fue la institución universitaria la que de manera
voluntaria reconoció las prestaciones sociales a pesar de la existencia de normas
constitucionales y legales contrarias que regulaban tal situación.
8.5. Según lo previsto por el artículo 365 del Código General del Proceso y en
atención al criterio objetivo previsto por el Consejo de Estado9, procede la condena
en costas en contra de la parte vencida en esta instancia.
1.4. El recurso de apelación
9. Gladys del Socorro Velásquez de Correa interpuso recurso de apelación en el cual
solicitó revocar la sentencia y «no conceder las pretensiones de la demanda y las que
legalmente se deriven de ellas» [sic], con fundamento en los siguientes argumentos10:
9.1. Si bien la Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 de 1999
con mera liberalidad, también lo hizo con base en argumentos legales que le
permitían asumir el pago de pensiones conforme con el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y la interpretación progresiva del Consejo de Estado vigente en ese momento
sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición
en aplicación de la Ley 33 de 1985. Sin embargo, la sentencia impugnada
desconoció que se le afectó un derecho prestacional recibido por más de 20 años.
9.2. La Universidad no creó un régimen pensional ni una regulación que se excediera
en sus competencias, sino que hizo uso de la figura de la subrogación, que tiene
como fin tutelar los derechos pensionales de quienes fueron sus servidores, cuando
quien tiene el deber legal de cumplir las leyes no lo hizo. Además, la competencia
para efectuar dicho pago devino «por la falta de pago de las cotizaciones completas a la
Administradora de pensiones – Colpensiones- que garantizan el reconocimiento y pago de
una pensión de vejez a la parte demandada» [sic].
9.3. Comoquiera que la universidad no ha cumplido con la condición señalada en la
Resolución Rectoral 12094 de 1994, esto es «que reconocería dicho beneficio hasta
tanto el Instituto de Seguros Sociales reconociera motu propio o por decisión judicial» la
diferencia pensional pagada por ella no podía estar viciada de nulidad, pues era un
9 Consejo de estado, Sección Segunda, providencia del 7 de abril de 2016, expediente radicado
13001-23-33-000-2013-0022-01.
10 Ibidem, 82RecursoApelacionDemandado.pdf.
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acto administrativo vigente y se insiste, la universidad no había agotado el proceso
judicial, con el fin de que Colpensiones se subrogara tal pago.
9.4. Con el acto acusado, la universidad no alegó que estaba pagando una obligación
propia, pues expresamente reconoció que era del ISS, entidad que desconoció que
era beneficiario de un derecho cierto, adquirido, irrenunciable e imprescriptible.
9.5. La demandante contaba con herramientas «jurídico procesales para hacer el pago
coactivo de los aportes por la parte demandante a Colpensiones y así propiciar al
pensionado el disfrute pleno de la pensión en los términos del mandato de la Ley 100 de
1993» [sic].
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. El Ministerio Público
11. En esta oportunidad no se pronunció12.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia13, se circunscriben a
11 Tal y como se indicó en el auto del 20 de mayo de 2025. Índice 4 de Samai
12 Así se desprende del informe secretarial del 23 de julio de 2025. Índice 9 de Samai.
13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Universidad de Antioquia
establecer lo siguiente: ¿la Universidad de Antioquia se encontraba facultada para
subrogarse en el pago por concepto de los factores salariales excluidos del IBL
calculado en la resolución de reconocimiento pensional expedida por el ISS a favor
de Gladys del Socorro Velásquez de Correa? y, en el evento de carecer de
competencia, ¿procedía la condena en costas al demandado por haber sido vencido
en el proceso?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
de los servidores públicos en la Ley 100 de 1993
13. El Decreto 1848 de 1969 radicaba la obligación de reconocer y pagar la pensión
de jubilación a los servidores públicos en cabeza de la entidad de previsión a la que
se encontraba afiliado el servidor o, en su defecto, en la última entidad pública
empleadora.
14. Más adelante, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se creó el
Sistema General de Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de afiliar a
este a todas las personas vinculadas por contrato de trabajo o como servidores
públicos. Para estos últimos, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994 ordenó
incorporar al Sistema General de Pensiones a los siguientes servidores públicos:
«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la
Contraloría General de la República».
15. Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente para
el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del Sistema
General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de 1995 estableció
que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los dos regímenes
previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de cotización a pensión.
16. Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen general
para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial y ratificó lo
dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.
17. En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos debían
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Demandante: Universidad de Antioquia
estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la
administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual ocurre el
siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación correspondiente, y proceder
a su reconocimiento o reliquidación, según sea el caso.
2.2.2. Régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las
universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior
de naturaleza territorial
18. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las instituciones de
educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal,
tenían el deber de constituir un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a
la fecha de entrada en vigor de esa norma.
19. Con el fin de reglamentar la mencionada disposición, el presidente de la
República expidió el Decreto 2337 de 1996 «[p]or el cual se reglamenta el artículo 131
y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994», en el cual estableció el
régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial. Las disposiciones allí contenidas tenían como destinatarios a estas
instituciones: i) que con anterioridad al 23 de diciembre de 1993, tenían a su cargo
el reconocimiento y pago de las pensiones en calidad de empleadoras y ii) aquellas
que a través de una caja con personería jurídica, reconocían y pagaban
directamente las obligaciones pensionales, de los servidores públicos, trabajadores
oficiales y personal docente, con vinculación contractual, legal o reglamentaria con
las universidades o instituciones de educación superior14.
20. Estos fondos que asumieron el pasivo pensional de estas entidades de
educación superior se constituyeron como cuentas especiales, sin personería
jurídica, de la respectiva universidad o institución de educación superior, cuyos
recursos serían administrados en forma independiente mediante encargo fiduciario,
en el cual se mantendrán debidamente separados los recursos correspondientes a
cada subcuenta, con las características previstas en la Ley 100 de 199315.
21. Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 2337 de
1996, estos fondos deberán pagar de las pensiones que las instituciones de
educación superior tenían a su cargo. Asimismo, tendrán la competencia de
reconocer y pagar las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
14 Artículo 2 del Decreto 2337 de 1996.
15 Artículos 3 y 5 del Decreto 2337 de 1993.
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sobrevivencia o sustitución a quienes: i) acreditaron los requisitos antes del 23 de
diciembre de 1993; y ii) entre el 23 de diciembre de 1993 y el 31 de diciembre de
1996 cumplieron con el requisito de tiempo de servicio, pero no habían llegado a la
edad exigida para adquirir el derecho a la pensión.
22. De otra parte, ostentan la obligación de pagar: i) los bonos pensionales de los
empleados públicos, personal docente y trabajadores oficiales que se afiliaron al
régimen de prima media con prestación definida o al régimen de ahorro individual
con solidaridad, de conformidad con los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993,
los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994 y sus decretos reglamentarios; ii) la cuota
parte correspondiente de conformidad con lo establecido en los Decretos 1299 y
1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación superior a la cual
hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para contribuir a la
entidad emisora del bono; y iii) las obligaciones pensionales extralegales,
válidamente definidas o pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al
23 de diciembre de 1993, así como el pago de las obligaciones correspondientes a
la pensión compartida con el ISS cuando a ella haya lugar.
23. Así las cosas, con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales y las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial, únicamente
conservaron la competencia de reconocer y pagar las pensiones de vejez o
jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o sustitución frente a quienes adquirieron
el estatus pensional antes del 23 de diciembre de 1993 y a quienes entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 31 de diciembre de 1996 acreditaron el tiempo de servicios
exigido por el régimen pensional del cual eran beneficiarios.
24. Finalmente, en relación con quienes no se encontraban dentro del grupo referido
en el párrafo anterior, la competencia para el reconocimiento y pago de la pensión
la ostenta la administradora del sistema general de pensiones a la cual se encuentre
afiliada el trabajador, bajo el entendido de que, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 1068 de 1995, a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos
del orden departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los dos
regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de cotización
a pensión.
2.2.3. La condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo
25. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
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«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
26. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
27. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma16.
28. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
2.2.4. Principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial
29. La Real Academia de la Lengua Española define la temeridad como un adjetivo,
dicho de una persona excesivamente imprudente que arrostra peligros, o de una
cosa dicha, hecha o pensada sin fundamento, razón o motivo. En igual sentido, de
acuerdo con lo que señala el Diccionario panhispánico del español jurídico, la
temeridad procesal es una «actitud propia del que, resistiéndose a aceptar una
pretensión legítima, abusa de la jurisdicción, ya ejercitando acciones totalmente infundadas,
ya obstaculizando el proceso en el que se promueve de contrario una acción fundada»17.
30. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la temeridad se da
en 2 dimensiones: i) cuando se actúa de mala fe18; y ii) cuando se acude a la
administración de justicia de manera desmedida, por iguales hechos, sin una
16 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
17 https://dpej.rae.es/lema/temeridad-procesal
18 Sentencia T-502 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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justificación razonable sobre dicho actuar19.
31. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al estar
ligado a su propia declaración20.
32. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos21, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio de
probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española22, como honradez.
33. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199523, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».
34. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:
«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»24.
35. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
19 Ver entre otras, sentencias: SU-154 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-986 de 2004
M.P Humberto Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, SU-168 de 2017, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
20 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
21Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
22 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
23 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
24 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
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Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución
36. A su turno, el Código Contencioso Administrativo25 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
37. Actualmente, el desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual dispuso:
«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».
38. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional26 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
39. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:
«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados
legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos
ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas
ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso». [se resalta].
25 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
26 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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40. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200427, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:
«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las
facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico». [Se resalta]
41. El artículo 79 del CGP señala que se presumirá que ha existido temeridad o mala
fe en los siguientes casos: i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; ii) cuando se aduzcan calidades inexistentes;
iii) cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; iv) cuando se obstruya, por acción u omisión,
la práctica de pruebas; v) cuando por cualquier otro medio se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; y vi) cuando se hagan transcripciones o
citas deliberadamente inexactas.
42. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que
tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional,
tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros28.
43. De lo expuesto se advierte que para calificar una conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se
espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
27 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
28 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
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empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.
44. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que la persona cuya
conducta se analiza actuó en forma deshonesta al momento de reclamar
determinado derecho, es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe
i) ser previa al pronunciamiento en torno a un derecho; y ii) derivarse de un hecho
concreto en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito
de acceder a ese derecho.
45. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho o beneficio a efectos de demostrar que actuó
con desconocimiento de los postulados de la buena fe, o dicho en otras palabras,
que se incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la
actuación que, a la postre, conllevó a otra situación en particular.
46. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con, por ejemplo, la devolución de
los dineros recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de una
prestación29.
47. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de una actuación, y que ello desemboque en el reconocimiento de
un derecho, permitiría desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos
del peticionario.
29 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada
Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original).».
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2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
48. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
48.1. Por medio de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la
Universidad de Antioquia se subrogó en una obligación del ISS en relación con la
parte que le correspondía asumir en favor de los servidores de la entidad
beneficiados con el régimen de transición pensional que al momento de entrada en
vigencia el Sistema General del Pensiones les faltaba menos de 10 años para
adquirir el derecho y que, por tanto, debía habérseles liquidado las pensiones de
vejez con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta conforme
lo indica el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, subrogación que se
asumió hasta que el instituto reconociera esa obligación por decisión propia o por
orden judicial. Como consecuencia de lo anterior, ordenó el ajuste de las pensiones
que ya habían sido reconocidas por el ISS a los servidores que se encontraban en
la situación descrita y a quienes les fuera otorgado el derecho a partir de la fecha
de expedición de la resolución rectoral, de ahí que se consideraran las primas de
navidad, vacaciones y semestral como factor computable en la base de
liquidación30.
48.2. A través de la Resolución Administrativa 16628 del 25 de junio de 1999, la
Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia reglamentó la resolución
rectoral antes citada y, en consecuencia, fijó aspectos como31: i) los destinatarios
de la decisión: los jubilados, entendidos como empleados docentes y no docentes
de la universidad que se encontraran en régimen de transición y que al momento de
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, les faltaban menos de 10 años para adquirir
el derecho y cuya pensión fuera reconocida, liquidada y pagada por el ISS sin tener
en cuenta el promedio de lo devengado por ellos; ii) el monto, que correspondería
a la diferencia que resultara de aplicar el 75% al promedio de lo devengado durante
el último año de servicio, liquidadas las doceavas de las primas de navidad, de
vacaciones, de servicios y la bonificación cuando a esta hubiere lugar y el valor de
la pensión que liquidaría el instituto; iii) los requisitos: que el instituto hubiere
proferido resolución de reconocimiento de la pensión y la concediera sin dar
aplicación al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que diligenciaran petición
de reliquidación del monto de la pensión ante el instituto; y que entregaran la
solicitud en la universidad con constancia de recibido en este; iv) el término de
30 Samai, índice 2, 1ED_05001233300020210126(.zip) NroActua 2; 02Anexos ; 4. RESOLUCION
RECTORAL 12094 DE 1999.pdf.
31 Ibidem; 5. RESOLUCION RECTORAL 16628 DE 1999.pdf.
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duración del pago de la subrogación que se previó a partir de la fecha en que le
instituto reconociera la pensión y hasta que por decisión propia o judicial, asumiera
la obligación de reliquidación; v) el pago que sería mensual; vi) la retroactividad para
los jubilados que les hubiere sido reconocida la pensión con anterioridad al 4 de
mayo de 1999.
48.3. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, el rector de
la Universidad de Antioquia derogó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de
1999, con fundamento en la expedición de varias decisiones judiciales en las que
se declaró la inexistencia de la obligación de parte del ISS para liquidar las
pensiones de vejez con inclusión de todo lo devengado por los servidores públicos
beneficiados del régimen de transición que les faltaren menos de 10 años para
pensionarse32.
48.4. Gladys del Socorro Velásquez de Correa nació el 10 de abril de 1948 según da
cuenta la copia de su registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía 33, y
se afilió al ISS el 1° de julio de 199534.
48.5. Mediante
la Resolución Administrativa 495 del 23 de octubre de 2003 la
Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono pensional a su
nombre por valor de $328’099.00035.
48.6. Mediante la Resolución 1075 del 30 de enero de 2004, el ISS le reconoció una
pensión de vejez a partir del 1° de marzo de 2004, de acuerdo con la Ley 71 de
1988, en virtud de la aplicación del régimen de transición establecido en la Ley 100
de 1993 del que es beneficiaria36.
48.7. A través de la Resolución 026 del 23 de febrero de 2004, el vicerrector
administrativo de la Universidad de Antioquia ordenó el pago temporal del valor que
resultaba de la aplicación del ingreso base de liquidación que establece el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no fue reconocido por el ISS, a partir del
22 de diciembre de 200337. Al respecto señaló que el Instituto no había aplicado en
debida forma el IBL, toda vez que no incluyó las primas de navidad, de vacaciones
y «semestral»; de manera que procedía el pago en atención a lo dispuesto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, por la cual la Universidad resolvió subrogarse
la parte de la obligación que tenía, pero no reconocía el ISS.
32 Ibidem; 6. RESOLUCION RECTORAL 35823 DE 2012.pdf.
33 Ibidem, 3. APARTES HOJA DE VIDA VELASQUEZ DE CORREA GLADYS.pdf; folios 1 y 2.
34 Tal y como se señala en la Resolución 1075 del 30 de enero de 2004.
35 Ibidem, 3. APARTES HOJA DE VIDA VELASQUEZ DE CORREA GLADYS.pdf; folios 6 al 8.
36 Ibidem, folios 12 al 15.
37 Ibidem; 1. RESOLUCION 026 DE 2003 - SUBROGACION.pdf.
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48.8. El gestor administrativo de gestión de la información laboral de la Universidad
de Antioquia certificó que Gladys Velásquez de Correa recibió por concepto de
subrogación entre el 22 de diciembre de 2003 y el 31 de mayo de 2021 la suma total
de $260’223.16838.
2.3.2. Análisis sustancial
49. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la Sala encuentra que
mediante la Resolución 1075 del 30 de enero de 2004 el ISS le concedió una
pensión de vejez a Gladys del Socorro Velásquez de Correa a partir del 1° de marzo
de 2004; sin embargo, la Universidad de Antioquia al considerar que no se aplicó al
ingreso base de liquidación lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, se subrogó en parte la obligación que, a su juicio, desconoció la entidad
pensional y ordenó pagarle la diferencia a la demandada, a través de la Resolución
026 del 23 de febrero de 2004, con fundamento en unos factores que consideró,
debieron ser incluidos en ella.
50. Empero, tal y como se ha señalado en esta decisión, el parágrafo 2 del artículo
2 del Decreto 1068 de 1995 estableció que los servidores públicos, entre ellos, el
personal docente de las universidades oficiales e instituciones oficiales de
educación superior, debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social
a más tardar el 30 de junio de 1995, de modo que, a partir de ese momento, la
entidad competente para el reconocimiento y pago de las pensiones y demás
prestaciones económicas dispuestas en la Ley 100 de 1993, era la administradora
de pensiones39.
51. En efecto, tal y como se advirtió en la Resolución Administrativa 495 del 23 de
octubre de 2003 Gladys del Socorro Velásquez de Correa se afilió al ISS el 1° de
julio de 1995. Así las cosas, la Universidad de Antioquia carecía de competencia
para pronunciarse en cuanto a su derecho pensional y a los factores que hicieron
parte de su ingreso base de liquidación, porque ello le correspondía ahora a
Colpensiones, como entidad previsional o administradora de las cotizaciones, esto
es, era la que debía asumir el pago de la totalidad de la prestación.
52. En efecto, y en atención a esa competencia en el presente asunto se acreditó
38 Ibidem; 2. CERTIFICADO DE PAGOS GLADYS VELASQUEZ DE CORREA.pdf.
39 En este sentido se pronunció la Sección Segunda, en las sentencias del 21 de abril de 2017,
radicado 05001233300020140019401 (0804-2016); del 27 de abril de 2017, radicado
05001233300020140157301(0802-2016) y 050012333000201500110 01 (2366-2016); y del 31 de
enero de 2018, radicado 05001-23-33-000-2014-00058-02 (0341-17) y del 23 de octubre de 2020,
radicado 05001-23-33-000-2014-00061-01(1088-17).
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que el ISS expidió la Resolución 1075 del 30 de enero de 2004 por la cual reconoció
la pensión de vejez de la demandada; de manera que cualquier diferencia en cuanto
a los valores reconocidos, o a las particularidades en que se ordenó el pago, debía
ser puesta en consideración de esa entidad a efectos de que analizara la
procedencia o no de la reliquidación.
53. Como consecuencia de lo expuesto no le asiste razón a la demandada al
argumentar que el pago a su favor resultaba «válido» por tratarse de derechos
adquiridos, pues lo cierto es que el beneficio de la transición protegía una
expectativa legítima de pensionarse, pero el derecho adquirido se predica respecto
de la posibilidad de acceder al beneficio pensional por exhibir los requisitos exigidos
en el ordenamiento legal para ello. Con todo, el beneficio pensional se encuentra
garantizado con el reconocimiento que hizo el ISS a través de la Resolución 1075
del 30 de enero de 2004, y las particularidades en las que se otorgó tal prestación
no eran del resorte de la institución educativa pues, se insiste, carecía de
competencia para ello, de modo que al haberlo dispuesto una autoridad que no
gozaba de la facultad o aptitud legal para ello, esa y cualquier otra orden contenida
allí no debió expedirse.
54. En efecto, en la sentencia C-168 de 1995, en control abstracto de
constitucionalidad, la Corte Constitucional declaró exequibles los incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, salvo el aparte final del inciso tercero que fue
declarado inexequible40. La declaratoria de exequibilidad se fundamentó en que no
violaban el artículo 53 de la Constitución Política, porque el legislador al establecer
las reglas de transición fijadas en ellos fue más allá de la protección de los derechos
adquiridos y salvaguardó las expectativas de quienes estaban próximos por edad,
tiempo de servicio o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la
pensión de vejez, lo que mostraba «una plausible política social» que se adecuaba al
artículo 25 constitucional, que garantiza una especial protección al trabajo.
55. Al respecto, la Corte consideró que la situación de las personas que se acercan
por edad o tiempo de servicio a las condiciones señaladas en la ley para acceder a
la pensión de vejez no es igual a la de aquellas que apenas inician una vida laboral,
llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a
pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, sus condiciones, por
ser distintas, justifican un trato diferente.
56. En sentencia C-789 de 2002 la Corte advirtió que «el derecho a obtener una pensión
40 La norma señalaba: «Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a
dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y
de un (1) año para los servidores públicos».
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de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido sino ‘apenas una
expectativa legítima», argumento que reiteró en la sentencia SU-395 de 2017, al
señalar que el régimen de transición protege una expectativa legítima:
«8.17. Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de
transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse
afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio
consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el
peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios
o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo
anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con
fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar
la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.
[…]
8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de
transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional41 (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da
lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial
protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas
pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por
consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación
se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y
proporcionalidad42. Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó
(Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de
transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo43“» [Se resalta].
57. En el mismo sentido se ha pronunciado al Consejo de Estado al señalar que
«aunque [la actora] fuera beneficiaria del régimen de transición, no tenía una situación
jurídica consolidada sino una mera expectativa para pensionarse manteniendo algunas
condiciones del régimen anterior al cual se encontraba afiliada»44.
41 «Consultar, entre otras, las Sentencias C-789 de 2002, C-1011 de 2008 y C-258 de 2013».
42 «En la Sentencia C-754 de 2004, este Tribunal, reiteró la Sentencia C-789 de 2002, y señaló que
aunque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegía las expectativas legítimas de las personas
próximas a pensionarse, la consagración de tal tipo de régimen generó un derecho a continuar en el
régimen de transición para quienes ya ingresaron a él, por lo que los cambios normativos posteriores
que afecten ese derecho resultan inconstitucionales. Con todo, la Corte explicó que ello no implica
la imposibilidad del legislador de hacer modificaciones al sistema pensional, pero ellas siempre
deberían respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la toma de decisiones del
legislador. En igual sentido, consultar la sentencia C-789 de 2002».
43 «Mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que “el régimen de transición establecido en
la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá
del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia
del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los
requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.”»
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de marzo de 2015,
expediente 868-2009.
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58. De esta forma, es claro que los beneficiarios del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tienen un derecho adquirido, sino una
expectativa a pensionarse en los términos de la normativa anterior a la entrada del
Sistema General Pensiones.
59. De acuerdo con esto, y contrario a lo señalado por la demandada, en la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 201845 se indicó que el periodo para liquidar la
pensión «[s]i faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE» y que «[l]os factores salariales que se deben incluir en
el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones» [Se resalta].
60. En este punto debe precisarse que lo que se discute en el presente asunto es la
legalidad de la Resolución 026 del 23 de febrero de 2004 expedida por la
Universidad de Antioquia mediante la cual esta asumió el pago de los valores que
a su juicio no había reconocido el ISS, y lo cierto es que el Decreto 1158 de 1994,
por el cual se modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, no incluyó en la base
de cotización de los servidores públicos, las primas de navidad, de vacaciones y
semestral, razón que explica que el ISS no recibiera las cotizaciones por esos
factores.
61. Asílas cosas, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia en cuanto a que el acto demandado fue proferido sin competencia por
parte de la entidad administrativa que los expidió, de suerte que debe declararse su
nulidad.
62. Adicionalmente, no se desconoce que el acto demandado se expidió con
sustento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la cual no ha sido objeto control
por parte de esta jurisdicción, por lo que, pese a que su nulidad no fue demandada
en el sub judice, la sala encuentra que en virtud de la excepción por
inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Constitución Política, resulta
procedente su inaplicación, puesto que, con esta se desconoció que por mandato
constitucional la competencia para establecer el régimen prestacional de los
servidores públicos está reservada al Congreso de la República y al gobierno
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), M.P. César Palomino Cortés.
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nacional46.
63. Ahora bien, comoquiera que al ser la condena en costas un punto íntimamente
ligado con la decisión, en este punto la Sala pasa a definir su procedencia en los
términos propuestos en la apelación presentada por la demandada.
64. Sobre el particular, la Sala advierte que, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 365 del CGP, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó en costas a
Gladys del Socorro Velásquez de Correa.
65. De la lectura de la norma se observa que varias de las situaciones por las que se
impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que
una de las partes resultare vencida en el juicio, sin que para tal efecto indique la
necesidad de verificar la temeridad o mala fe.
66. Sin embargo, tal conclusión se deriva de una lectura aislada del artículo 188 del
CPACA, pues el enunciado deóntico dispondrá que establece la norma puede
asimilarse a decidirá, lo que no necesariamente implica concluir que impone un
criterio eminentemente objetivo, superando el subjetivo valorativo, con base en el
cual es necesario analizar la conducta de las partes al interior del proceso.
67. Sobre el particular, esta Subsección ha señalado que el vocablo disponer, tiene
una segunda acepción en el diccionario de la Real Academia Española que significa:
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse», lo que implica que aludido
enunciado según el cual «la sentencia dispondrá sobre la condena en costas», el cual
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio, sino que exige
un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las
partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o
discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma47.
68. Asimismo, cuando la norma señala que la liquidación y ejecución se regirá por
las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy CGP) no implica que deba
atenderse a las reglas allí señaladas para los eventos en que procede la condena
en costas, sino que, en caso de acreditar su causación, la liquidación y ejecución
seguirá esas disposiciones. A efectos de una mayor comprensión del argumento
expuesto, a continuación se transcribirá la norma aludida:
46 En ese sentido se ha pronunciado esta sala en las sentencias adoptadas dentro de los expedientes
con radicados: 05001-23-33-000-2014-00063-02 (1074-2015), 05001-23-33-000-2021-01262-02
(6797-2023); 05001-23-33-000-2021-01293-01 (0079-2023), 05001-23-33-000-2021-01233-02
(7858-2023) y 05001-23-33-000-2021-02150-02 (0337-2025).
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de diciembre de 2016,
radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
69. De lo anterior se advierte que la remisión a las normas del procedimiento civil
está precedida de una coma, que permite entender que toda sentencia debe emitir
un pronunciamiento sobre la condena en costas, y que solo en caso de encontrar
acreditada su causación para efectos de su liquidación y ejecución debe acudirse al
CGP.
70. Ahora bien, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA refuerza
el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las partes, pues deja
en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó con manifiesta carencia
de fundamento legal, es decir, aun cuando el demandante haya sido vencido en el
proceso y no se haya advertido una conducta temeraria o de mala fe que implique
ser condenado en costas, esta procederá si se observa que no tenía fundamento
legal.
71. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fue vencida, sino la de
pronunciarse sobre esas costas, sobre la base de un juicio subjetivo valorativo.
72. Este juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento48. Al respecto esta corporación ha acudido a los
criterios señalados en el artículo 79 del CGP a efectos de establecer los eventos en
los que se puede concluir que se ha actuado con temeridad o mala fe, esto es
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos
contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones
o citas deliberadamente inexactas.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de diciembre de 2016,
radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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73. De acuerdo con lo expuesto, frente a la condena de las costas el juez debe
realizar un análisis subjetivo valorativo, en tanto para decidir si condena es
necesario que i) revise la conducta de las partes en el proceso; y ii) en el expediente,
identifique si las referidas costas se causaron. Distinto es que, luego de concluir que
hay lugar a condenar en costas, la cuantía de la condena se fije en atención a lo
dispuesto en el CGP y a la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, modificado por el Acuerdo PSAA13-9943 de
2013).
74. En el caso concreto, el a quo no realizó análisis alguno en torno a la conducta
procesal de las partes y lo cierto es que la condena impuesta resulta una medida
arbitraria y discrecional, pero sobre todo violatoria del derecho de acceso a la
administración de justicia al cuestionar a la demandada por oponerse a las
pretensiones de la demanda.
75. Así, la conducta temeraria o la mala fe debe estar plenamente acreditada y no
puede ser inferida de la simple improcedencia de la resistencia a la pretensión
procesal, pues el resultado adverso a los intereses de la demandada no exige
entender que ejerció de forma ilegítima su derecho de oposición, sino que hizo uso
de un derecho que legal y constitucionalmente le asistía.
76. En efecto, esta Sala no evidenció que en esa instancia la demandada hubiese
actuado de forma temeraria o con mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, que habilitara la condena en costas
por lo que, al no predicarse tal proceder, se revocará esa decisión.
2.4. Costas en segunda instancia
77. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
78. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que i) el acto administrativo
mediante el cual se ordenó el pago de los factores salariales que no fueron
liquidados en el IBL de la pensión reconocida por el ISS a Gladys del Socorro
Velásquez de Correa es nulo por falta de competencia de la Universidad de
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Antioquia para efectuar dicho reconocimiento; y ii) la demandada no actuó en forma
temeraria ni con desconocimiento de los postulados de la buena fe al oponerse a
las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el ente
universitario, razón por la cual no procedía la condena en costas impuesta por el a
quo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Inaplicar por inconstitucionalidad la Resolución Rectoral 12094 de 1999
expedida por la Universidad de Antioquia, por las razones expuesta en esta
providencia.
Segundo. Revocar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 26 de febrero de
2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar, se dispone.
«Tercero. No condenar en costas».
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 26 de febrero de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda presentada por la Universidad de Antioquia, por las razones
expuestas en esta decisión.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01263-02 (1183-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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