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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01230-02

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01230-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01230-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 05001-23-33-000-2021-01230-02 (3219-2024)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : José Iván Bedoya Madrid
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Subrogación de obligación
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 20 de marzo de 20241, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

La Universidad de Antioquia, mediante apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para solicitar la nulidad de la Resolución 016 del 26 de enero de 2006, por
medio de la cual ordenó pagar al ciudadano demandado el valor de la
diferencia no reconocida por el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS)
al determinar el ingreso base de liquidación de su pensión de vejez en

1
Sala conformada por los magistrados: Martha Nury Velásquez Bedoya, Carlos Cristopher Viveros Echeverri y
Gonzalo Zambrano Velandia
2
Samai 00063 otras corporaciones

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Numero interno: 3219-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Iván Bedoya Madrid

aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de
febrero de 2005.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al accionado
restituir las sumas pagadas con ocasión del reconocimiento efectuado a través
del acto administrativo demandado, por valor de $233.904.201 desde el 17 de
agosto de 2004 y el 31 de mayo de 2021.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

PRIMERO: El señor JOSÉ IVÁN BEDOYA MADRID, estuvo vinculado
con la Universidad de Antioquia desde el 5 de agosto de 1977 como
empleado público, hasta el 31 de mayo de 2005, fecha en que le fue
aceptada su renuncia.
SEGUNDO: Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la
Universidad de Antioquia, sin efectuar deducción alguna, reconocía las
pensiones de sus empleados con base en todo lo devengado, teniendo
como referentes normativos las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los
Decretos 1743 de 1966 (reglamentario de la Ley 4 de 1966) y 1848 de
1969.
TERCERO: Con la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones, artículo 151 de la Ley 100 de 1993, la Universidad de
Antioquia afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales,
por quienes realizó los aportes correspondientes a la mencionada
entidad en relación a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Así mismo,
en virtud del Decreto 2337 de 1996, mi poderdante perdió competencia
para continuar asumiendo el pago de las pensiones.
CUARTO: De conformidad con el inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, la Universidad de Antioquia tenía la firme convicción que
todo aquel que se encontrara en régimen de transición y que a la entrada
en vigencia del sistema general de pensiones le hiciera falta menos de
diez (10) años para adquirir la pensión de vejez, el Seguro Social le debía
reconocer la prestación económica con base en todo lo devengado,
incluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones, lo cual
entendía como una excepción a la regla general contenida en el artículo
33 de la misma Ley, según la cual las pensiones se liquidaban sobre los
mismos factores que sirvieron de base para calcular las cotizaciones.
QUINTO: El Instituto de Seguros Sociales como entidad competente para
dicho efecto, le reconoció la prestación económica de vejez al señor
JOSE IVAN BEDOYA MADRID, mediante Resolución 18607 del 7 de
octubre de 2005, en cuantía mensual de $3.260.550, a partir del 1 de
febrero de 2005, sin tener en cuenta en su liquidación las primas de
navidad, servicios y vacaciones.
SEXTO: Con el objeto de participar en la financiación de la pensión de
vejez del señor JOSE IVAN BEDOYA MADRID, a cargo del SEGURO
SOCIAL, ahora COLPENSIONES, la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Iván Bedoya Madrid

reconoció y autorizó el pago del bono pensional a su nombre, mediante
la Resolución Administrativa 491 del 29 de septiembre de 2005, por valor
de $487.369.000, de los cuales le correspondió a la Universidad de
Antioquia, la suma de $290.442.000, que consignó a la entidad
pensionadora, esto es, al Seguro Social.
SÉPTIMO: Ante el desconocimiento del Seguro Social, de la inclusión en
la liquidación de la pensión de vejez de las primas de navidad, servicios
y vacaciones, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral
12094 del 4 de mayo de 1999, la cual dispuso en sus artículos 1º y 3°:
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“ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene
y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la
Universidad, en régimen de transición, y que al momento de entrar en
vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su
derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al inciso
tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros
Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.
(…)
ARTÍCULO TERCERO: La Universidad continuará con las acciones
administrativas y judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de
Seguros Sociales asuma debidamente su obligación.”
OCTAVO: La Resolución Rectoral 12094 de 1999, fue reglamentada por
la Resolución Administrativa 16628 de 1999, la cual estableció como sus
destinatarios, los empleados públicos docente y no docentes de la
Universidad, que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión, y que ésta no
les fuera reconocida teniendo en cuenta el promedio de lo devengado por
el servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
NOVENO: Además, con sustento en la Resolución Rectoral 12094 y la
Resolución Administrativa 16628, ambos actos administrativos generales
expedidos en 1999, la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA emitió la
Resolución Administrativa 016 del 26 enero de 2006, en la que ordenó:
“ARTÍCULO PRIMERO: Pagar temporalmente el valor que resulta de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro Social, al
señor JOSE (VAN BEDOYA MADRID identificado con cédula de
ciudadanía 8.388.917, a partir del 01 de febrero de 2005, por valor de
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS ($771.562) y a partir del 01 de enero de 2006 por valor de
OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($808.983) mensuales, hasta que el Seguro Social lo reconozca
bien motu proprio o por orden judicial, suma que se incrementara
anualmente según lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100.’’
DÉCIMO: Los pagos efectuados por la Universidad de Antioquia al señor
JOSE IVAN BEDOYA MADRID desde el 1 de febrero de 2005 hasta el
31 de mayo de 2021, ascienden a la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SESENTA Y SIETE PESOS ($248.332.067), tal como consta en el

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Demandado: José Iván Bedoya Madrid

certificado expedido por la Universidad de Antioquia el 2 de junio de 2021.
UNDÉCIMO: La Universidad adelantó diversos trámites ante el Seguro
Social, y posteriormente ante Colpensiones, tendientes a que la
administradora de pensiones incluyera las primas de navidad, servicios y
vacaciones en la liquidación de la pensión de los servidores
universitarios, que cumplían lo preceptuado en el artículo 36, inciso
tercero, de la Ley 100 de 1993; cuyo registro documental se relaciona a
continuación:
1. Escrito del 21 de agosto de 2001, resuelto desfavorablemente por el
ISS mediante comunicación del 25 de febrero de 2002, señalando que la
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inclusión de los factores salariales en el IBL no dependía de él, de la
institución ni del empleador, sino de la Ley.
2. Demanda Universidad de Antioquia Vs Seguro social, radicada el 15
de abril de 20021, pretendiendo se condenara al Seguro Social a incluir
en el ingreso base de liquidación de cada uno de los ciento veinte (120)
pensionados relacionados en la demanda, las primas de vacaciones,
servicios y navidad, a fin de reconocer y pagar a cada uno de ellos, el
valor real de la pensión y reembolsar a la Universidad de Antioquia la
suma de $845.809.906,80; en la que prosperó la excepción previa
propuesta por la administradora de pensiones, al no encontrarse la
Universidad legitimada por activa, por no ser “titular de ningún derecho
en lo referente a la reliquidación de la pensión de cada uno de los
demandantes”. Decisión confirmada por el Tribunal Superior de Medellín,
Sala Laboral, en Auto del 18 de julio de 2003.
3. Demanda conjunta de la Universidad en compañía de algunos
pensionados, contra el Instituto de Seguros Sociales, pretendiendo se
condenara al ISS a liquidar y reconocer la pensión de vejez, teniendo en
cuenta todos los factores devengados, a las personas relacionadas en la
demanda, y como consecuencia de ello, se condenara al ISS a pagar a
la Universidad de Antioquia como subrogataria de los pensionados, la
suma de $138.447.794,80. Proceso que en primera instancia fue de
conocimiento del Juzgado Octavo Laboral del Circuito, quien en
sentencia del 14 de agosto de 2009 absolvió al Seguro Social; decisión
confirmada por la Sala Quinta Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior de Medellín, en sentencia del 31 de agosto de 2010, radicado
05001-3105-006-2006-00078.
4. Solicitud a Colpensiones del 19 de noviembre de 2012.
5. Respuesta de Colpensiones del 4 de febrero de 2013.
6. Acta del 12 de mayo de 2015, suscrita entre la Universidad y
Colpensiones, en la que se establecía el procedimiento de envío de
información, para que la administradora de pensiones diera inicio a las
reliquidaciones, acuerdo que nunca se llevó a cabo.
DÉCIMO SEGUNDO: La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue
demandada por la Asociación de Profesores de la Universidad de
Antioquia, cuya demanda correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Antioquia, con radicado 2009-01178, M.P. Juan
Guillermo Arbeláez Arbeláez, quien en sentencia del 10 de octubre de
2013 indicó que la Resolución atacada no estaba creando una
discriminación sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de

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personas que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en
el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para
la época en que se profirió la Resolución, la interpretación de la
Universidad.
…
DÉCIMO CUARTO: La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de
2012, fue demandada por la Asociación de Profesores de la Universidad
de Antioquia, proceso que fue de conocimiento del Tribunal
Administrativo de Antioquia, con radicado 2012-00945, M.P. Beatriz
Elena Jaramillo, quien en sentencia del 17 de octubre de 2013 negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que la Universidad
actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no está obligada a mantener en el tiempo el acto
administrativo.

[…]

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política, artículo 48; adicionado por el Acto Legislativo 01
de 2005; Ley 4 de 1992, artículo 10; Decreto 1158 de 1994, artículo 1; Ley 100
de 1993, artículos 18, inciso 3º; 131 en concordancia con el Decreto 2337 del
1996, artículo 4º y 151, concordante con los Decretos 1068 de 1995, artículo
5, y el Acto Legislativo 01 de 2005.

Frente al concepto de violación, señaló que, existe el derecho a obtener en la
liquidación de la pensión de vejez, la inclusión de las primas de navidad,
servicios y vacaciones. Así, si al momento de expedirse la Resolución rectoral
12094 del 4 de mayo de 1999, por la cual la Universidad se subroga en una
obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1.993,
estableciendo en su artículo segundo la orden a la Vicerrectoría Administrativa
de resolver las situaciones de carácter individual y concreta, creadas a partir
de la Resolución 12094 antes mencionada, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigentes en la materia.

De este modo, los pronunciamientos judiciales emitidos hasta la fecha han
dejado claro que la Universidad de Antioquia no está obligada a cubrir esa
parte de la pensión en la que inicialmente se subrogó temporalmente y, por
ende, está legitimada para demandar la nulidad de la Resolución

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Administrativa que ordenó pagar temporalmente el valor que resulta de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del
artículo 36 de la ley 100 de 1993.

1.3. Suspensión provisional3

La parte actora solicitó la suspensión provisional de la resolución acusada al
considerar que vulneraba el artículo 48 de la Constitución Política, modificado
por el artículo 1 numeral 6, el Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 4ª de 1992,
artículo 10, Ley 30 de 1992, artículo 77, Ley 100 de 1993, artículos 18 inciso 3
y 228, Decreto 1158 de 1994, artículo 1; al interpretar de manera errónea el
contenido del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Sostuvo que, no es la entidad competente para el reconocimiento realizado
por la Resolución 567 del 3 de septiembre de 2007, pues de conformidad con
los artículos 5, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el
Decreto 1068 de 1995, y el Decreto 2337 de 1996, que asignan la competencia
para el reconocimiento de las pensiones, la misma le corresponde a la
administradora de pensiones, a la que se encontrara afiliado el empleado, en
este caso el Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 14 de octubre de
2021, suspendió provisionalmente el acto administrativo censurado.

Esta providencia fue confirmada por esta Subsección mediante providencia del
30 de noviembre de 2023.

1.4 Contestación de la demanda4

La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda. Propuso como excepciones las que denominó como culpa de la
demandante, responsabilidad de un tercero, cosa juzgada falta de legitimación

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Samai 00063 otras corporaciones
4
Samai 00064 otras corporaciones

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Demandado: José Iván Bedoya Madrid

en la causa por pasiva, buena fe de la parte demandada y prescripción
extintiva.

1.5 La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 20 de marzo
de 2024, decidió:

[…]

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 016 del 26 de
enero de 2006,
respecto de señor JOSE IVAN BEDOYA MADRID identificado con cédula
de ciudadanía No.
8.388.917, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. […]

Los argumentos expresados por el tribunal fueron los siguientes:

Endilgó que: “Así pues la Universidad de Antioquia, entidad que emitió el acto
de reconocimiento de la subrogación pensional –Resolución demandada- no
tenía competencia para ello, dado que lo hizo con posterioridad a la vigencia
de la Ley 100 de 1993, en tanto a partir de dicha norma, las universidades
oficiales, y en general los empleadores, perdieron la competencia para los
reconocimientos prestacionales que venían efectuando, y no con la expedición
del Acto Legislativo 01 de 2005, asumiéndose a partir de la vigencia de la Ley
100 de 1993 la carga por parte de la Administradora de Pensiones, el Seguro
Social para el presente caso, del reconocimiento o no de las contingencias
solicitadas por el afiliado y la liquidación de las mismas.”

1.6. El recurso de apelación5

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Samai 00063 otras corporaciones

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El ciudadano demandado interpuso el recurso de apelación pues alega que
la Universidad de Antioquia no hizo los aportes suficientes para garantizar su
derecho pensional de acuerdo con el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100
de 1993.

Por consiguiente, debió asumir la responsabilidad jurídica por no realizar las
cotizaciones en un grado suficiente para la garantía de la pensión en su valor
legal.

Insiste que con la resolución 01294, la Universidad de Antioquia asumió esa
responsabilidad, y aunque haya sido derogada la resolución 01294 por la
resolución 35823 de 17 de octubre de 2012, aquélla sigue produciendo efectos
jurídicos.

Que la Universidad de Antioquia, en realidad, no está asumiendo el pago de
ninguna pensión.

Por lo anterior, solicita que se revoque el fallo impugnado.

La entidad demandante interpuso recurso de apelación y en el solicita que
se revoque la sentencia en cuanto no ordenó la devolución de las mesadas
pensionales pagadas con fundamento en el acto administrativo demandado.

1.7 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 17 de julio de 20246, el consejero sustanciador admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

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Índice 00004 SAMAI

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La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

La Sala se pronunciará sin limitaciones sobre el proceso de la referencia en
vista que el fallo fue apelado por las dos partes.

2.2. Problema jurídico

Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar (i) si la Universidad de
Antioquia carecía de competencia para reconocer en favor del ciudadano
demandada la diferencia resultante entre lo pagado por Colpensiones por
concepto de pensión de jubilación y lo calculado por aquella si esta
administradora de pensiones hubiese tenido en cuenta en el ingreso base de
liquidación pensional la totalidad de los factores salariales devengados por su
trabajadora.

Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos
2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.; Hechos probados; y 2.3. Solución
al caso concreto.

2.3. Marco normativo

2.3.1. Competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de los servidores públicos en la Ley 100 de 1993

El Decreto 1848 de 1969 radicaba la obligación de reconocer y pagar la
pensión de jubilación a los servidores públicos en cabeza de la entidad de
previsión a la que se encontraba afiliado el servidor o, en su defecto, la última
entidad pública empleadora.

Más adelante, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se creó el
Sistema General de Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de
afiliar a este a todas las personas vinculadas por contrato de trabajo o como
servidores públicos. Para estos últimos, el Decreto 691 del 29 de marzo de

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1994 dispuso incorporar al Sistema General de Pensiones a los siguientes
servidores públicos:

«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades
descentralizadas;
b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama
Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la
organización electoral y la Contraloría General de la República».

Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente
para el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del
Sistema General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de
1995 estableció que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos
del orden departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de
cotización a pensión.

Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen
general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial y ratificó lo dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.

En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos debían
estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la
administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación
correspondiente, y reconocerla o reliquidarla según sea el caso.

2.4. De lo probado en el proceso7

Obran en el expediente los siguientes documentos:

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1. Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999, expedida por la institución
universitaria que se subrogó en una obligación del ISS en relación con la parte
que le correspondía asumir en favor de los servidores de la entidad
beneficiarios del régimen de transición que al momento de entrada en vigor el
Sistema General del Pensiones les faltaba menos de diez (10) años para
adquirir el derecho; y que, por tanto, debía habérseles liquidado las pensiones
de vejez con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
conforme lo indica el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
«ordenó el ajuste de las pensiones que ya habían sido reconocidas por el
Instituto de Seguros Sociales a los servidores que se encontraban en la
situación descrita y a quienes les fuera otorgado el derecho a partir de la fecha
de emisión de la resolución rectoral, de ahí que se consideraran las primas de
navidad, vacaciones y semestral como factor computable en la base de
liquidación».

2. Resolución 16628 de 25 de junio de 1999, a través de la cual la institución
demandante reglamentó la resolución anterior.

3. Resolución 35823 de 17 de octubre de 2012, de la accionante que derogó
la 12094 de 04 de mayo de 1999, “por haber emergido varias decisiones
judiciales en las que se declaró la inexistencia de la obligación de parte del
Instituto de Seguros Sociales para liquidar las pensiones de vejez con inclusión
de todo lo devengado por los servidores públicos beneficiados con el régimen
de transición que les faltaren menos de diez (10) años para pensionarse”.

4. Certificado de pagos emanado de la Universidad de Antioquia del 2 de junio
de 2021, en donde certifica que el señor José Iván Bedoya Madrid, recibió por
concepto de subrogación entre el 1 de febrero de 2005 y el 31 de mayo de
2021, la suma de $ 248.332.067.00

5. Resolución 016 del 25 de enero de 2006 emitida por la Vicerrectoría
Administrativa de la Universidad de Antioquia, por medio de la cual dispuso el
pago temporal que resultaba de la aplicación del IBL que consagra el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no fue reconocido por el

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ISS al demandado a partir del 1 de enero de 2006, hasta que éste lo asumiera
muto propio o por orden judicial.

6. Solicitud del 21 de agosto de 2001 del Vicerrector administrativo de la
universidad al ISS, para que se reconociera y pagara a los empleados públicos
docentes y no docentes de la universidad la pensión en los términos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

7. Respuesta del ISS, por Oficio DNC 01148 del 25 de febrero de 2002.

8. Solicitud del rector de la Universidad a Colpensiones para que reliquidara a
los empleados públicos de la institución del 19 de noviembre de 2012.

9. Respuesta de Colpensiones sobre la solicitud de reliquidación de pensiones
a los funcionarios de la universidad, de fecha 4 de febrero de 2013.

10. Acta de reunión del 12 de mayo de 2015 entre la gerencia de Colpensiones
y la rectoría de la Universidad de Antioquia, con el fin de definir la reliquidación
de las pensiones del personal de la universidad, que se encontraba en régimen
de transición y le hacía falta menos de 10 años para pensionarse.

11. Hoja de vida de la ciudadana demandada con fotocopia de los siguientes
documentos: certificado de nacimiento; examen médico; Resolución 016 del
26 de enero de 2006; y Resolución 18637 del ISS.

2.5. Solución al caso concreto

La parte actora solicita la nulidad del acto administrativo por medio del cual
ordenó pagarle a José Iván Bedoya Madrid el valor de la diferencia no
reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, al determinar el ingreso base de
liquidación de su pensión de vejez en aplicación del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a partir del 1 de enero de 2005.

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del acto acusado al
considerar no tenía competencia para ello, dado que lo hizo con posterioridad

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Iván Bedoya Madrid

a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en tanto a partir de dicha norma, las
universidades oficiales, y en general los empleadores, perdieron la
competencia para los reconocimientos prestacionales que venían efectuando,
y no con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, asumiéndose a partir
de la vigencia de la Ley 100 de 1993 la carga por parte de la Administradora
de Pensiones, el Seguro Social para este caso, del reconocimiento o no de las
contingencias solicitadas por el afiliado y la liquidación de las mismas.

El ciudadano demandado interpone recurso de apelación al estimar que la
Universidad de Antioquia no hizo los aportes suficientes para garantizar su
derecho pensional de acuerdo con el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100
de 1993.

Por consiguiente, debió asumir la responsabilidad jurídica por no realizar las
cotizaciones en un grado suficiente para la garantía de la pensión en su valor
legal.

Insiste que con la resolución 01294, la Universidad de Antioquia asumió esa
responsabilidad, y aunque haya sido derogada la resolución 01294 por la
resolución 35823 de 17 de octubre de 2012, aquélla sigue produciendo efectos
jurídicos.

Que la Universidad de Antioquia, en realidad, no está asumiendo el pago de
ninguna pensión.

Por su parte la entidad demandante si bien comparte la decisión de anular la
Resolución No. 016 del 26 de enero de 2006, solicita el reintegro de los valores
percibidos por el ciudadano demandado.

Conforme se probó en el proceso, por medio de la Resolución 18607 del 7 de
octubre de 2005, en cuantía mensual de $3.260.055, el ISS le reconoció la
prestación económica a partir del 1 de febrero de 2005 a José Iván Bedoya
Madrid. Sin embargo, la Universidad de Antioquia al considerar que no se dio
aplicación al ingreso base de liquidación que establece el inciso tercero del

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artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se subrogó en parte de la obligación y
ordenó pagarle la diferencia a la demandada por la Resolución 016 del 26 de
enero de 2006, que no reconoció el ISS, hoy Colpensiones.

Ahora bien, la Sala destaca que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 2,
artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, los servidores públicos en el orden
departamental, municipal, distrital; y por supuesto, el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior, debían
estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de
junio de 1995; por lo que, a partir de esa fecha, la entidad competente del
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
establecidas en la Ley 100 de 1993, es la administradora de pensiones que
recibiera las cotizaciones de dichos servidores públicos .

Así las cosas, se considera que en el caso en comento la Universidad de
Antioquia carecía de competencia para pronunciarse acerca del derecho
pensional de José Iván Bedoya Madrid; y específicamente, en lo relacionado
al reconocimiento del mayor valor en su ingreso base de liquidación, (por
cuanto que correspondía legalmente al ISS, como entidad previsional o
administradora de las cotizaciones realizadas por ésta), asumir el pago de la
totalidad de la prestación, máxime cuando tal fondo de previsión fue el que le
reconoció la pensión de vejez por Resolución 18607 del 7 de octubre de 2005.

Por consiguiente, se considera que el ciudadano demandado debió acudir ante
el ISS, hoy Colpensiones, para efectos de discutir o reclamar la aplicación de
su ingreso base de liquidación en los términos señalados en el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que la Universidad de Antioquia se
subrogara para el cumplimiento de la mencionada obligación.

En ese sentido, las razones expuestas por el ciudadano demandado, en el
fondo no demeritan lo concluido ut supra, al no existir dentro del ordenamiento
jurídico colombiano la posibilidad que una entidad supla, así sea de manera
parcial, en el pago de una pensión, cuando con la entrada en vigencia de la

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Ley 100 de 1993, lo que se buscó fue que esta función estuviera
exclusivamente en cabeza de las entidades que recibían las cotizaciones.

Por lo tanto, mantener el valor sufragado a partir de la Resolución 16 del 26
de enero de 2006, se traduce en consentir que, pese al ostensible vicio de
competencia, se desconocería el Decreto8 23379 de 1996, en especial el
artículo 2 que se cita en su integridad:

“Reconocimiento del pasivo pensional. El presente Decreto, se
aplicará a aquellas universidades oficiales e instituciones oficiales
de educación superior, que con anterioridad al 23 de diciembre de
1993, tenían a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones
en calidad de empleadoras y así mismo a aquellas que a través
de una caja con personería jurídica, reconocían y pagaban
directamente las obligaciones pensionales, de los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente, con
vinculación contractual, legal o reglamentaria con las
universidades o instituciones de educación superior.
Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los
servidores públicos, trabajadores oficiales y personal docente de
aquellas instituciones que reconocían y pagaban directamente las
pensiones, la afiliación a uno de los dos regímenes del Sistema
General de Pensiones, debe haberse efectuado a más tardar el
30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para las
entidades territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto
1642 de 1995.
Con respecto al pago de las cotizaciones recibidas o causadas
entre la fecha de entrada en vigencia del sistema en la respectiva
universidad o institución y la de afiliación a una de las
administradoras de pensiones, la modalidad de transferencia de
los correspondientes recursos, podrá ser convenida entre la
universidad o institución y la administradora seleccionada por el
afiliado.
Parágrafo 2º. Las cajas con personería jurídica, declaradas
solventes y autorizadas por la autoridad competente para
administrar el régimen solidario de Prima Media con prestación
definida, lo harán mientras subsistan y con respecto a los afiliados
que tenían a 30 de junio de 1995 o en la fecha en la cual entró en
vigencia el Sistema General de Pensiones en la respectiva
universidad o institución oficial de naturaleza territorial y se regirán
por lo dispuesto en el Decreto 1888 de 1994 y disposiciones que
lo modifiquen, adicionen o reformen.”

8
Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994
9
Compilado por el Decreto 1068 de 2015

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En otras palabras, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el
reconocimiento y pago de una pensión de los servidores públicos de las
universidades está a cargo del sistema general de pensiones, y como en este
caso, la prestación periódica fue reconocida por el ISS hoy Colpensiones,
cualquier carga adicional de ese talante equivale a mantener una competencia
con la que ya no contaba la universidad de Antioquia de modo que las razones
expuestas por el ciudadano demandado deben ser desestimadas.

En consecuencia, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia en cuanto a que el acto administrativo demandado fue proferido sin
competencia por parte de la entidad administrativa que lo expidió y, por tanto,
estaba llamado a ser declarado nulo.

Dicho esto, la Sala pasa a definir si procede el restablecimiento del derecho
en los términos propuestos por la parte actora.

Respecto a la devolución de las sumas de dinero pagadas con ocasión del
acto administrativo censurado y declarado nulo
en la sentencia de primera instancia, se señala que el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el literal c)
del numeral 1 del artículo 164 prevé que «[…] no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Ello, en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, que dispone: «las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse
a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante éstas».

En este orden de ideas, se considera que la buena fe es uno de los principios
generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública
y los ciudadanos, tal y como así lo indicó la Corte Constitucional en la
sentencia C-131 de 2004, quien agregó:

«En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios,
como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad

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que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante
éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico;
de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento
jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte
que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora
el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una
declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es
decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos
análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades
discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico».

Entonces, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de
las autoridades, supuesto al que se ajusta el ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011.

Por lo anterior, con el fin de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero
perseguidas en esta demanda, la Universidad de Antioquia debió acreditar que
la obtención de tal derecho por parte del ciudadano demandado se hizo con
desconocimiento de los postulados de la buena fe; que, como se ha precisado,
se presume.

Por ello, como en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe del
demandado, resulta improcedente ordenar la devolución de las sumas
pagadas a su favor por virtud del acto censurado.

2.6. Sobre la condena en costas

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Es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como
se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
«[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación […]». Siendo así, teniendo en
cuenta que en el trámite del proceso no se observa su causación, esta Sala
no condenará en costas.

III. DECISIÓN

Vistas las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia proferida
el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de marzo de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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