Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01237-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01237-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01237-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01237-01 (1006-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luis Antonio Giraldo Henao
Tema: Subrogación pensional – Caducidad Ley 2381 de 2024
Decisión: Revoca sentencia- Accede parcialmente a las pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante
en contra de la sentencia de 1.° de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión1, mediante la cual declaró la
ocurrencia de la caducidad de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2.1.1. Las pretensiones
2. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de la Resolución 164 de 19 de abril de
2006 que ordenó pagarle al señor Luis Antonio Giraldo Henao «[…] el valor que
resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]».
1 Con ponencia del magistrado Carlos Enrique Pinzón Muñoz
2 Archivo «DEMANDA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA CONTRA LUIS ANTONIO GIRALDO HENAO.pdf»
contenido en el índice 2 de Samai. Segunda instancia.
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3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al señor
Luis Antonio Giraldo Henao a restituir las sumas pagadas con base en la
Resolución 164 de 19 de abril de 2006, «[…] desde el 28 de noviembre de 2005
hasta el 31 de mayo de 2021, que corresponden a la suma de $196.367.493, más
los valores que se generen con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre
en firme».
4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la parte demandada.
2.1.2. Hechos
5. Señaló que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la
Universidad de Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base en
todo lo devengado sin efectuar deducción alguna, lo anterior, de conformidad con
las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969.
6. Al entrar en vigor del sistema general de pensiones la Universidad de
Antioquia afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales, y realizó
los aportes correspondientes ante esa entidad. En virtud del Decreto 2337 de 1996,
la Universidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.
7. El Instituto de Seguros Sociales reconoció al señor Luis Antonio Giraldo
Henao su pensión de jubilación a través de la Resolución 26330 de 23 de enero de
2006, en cuantía mensual de $3´075.830, sin tener en cuenta en su liquidación las
primas de navidad, servicios y vacaciones.
8. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 de 1999
en la que se «subroga» la parte de la obligación no reconocida por el Seguro Social
con los servidores de la Universidad.
9. Atendiendo a lo anterior, la Universidad emitió la Resolución Administrativa
164 de 19 de abril de 2006, en la que ordenó pagar temporalmente al señor Giraldo
Henao el valor que resulta de la aplicación del ingreso base de liquidación que
consagra el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no reconocido por el
Seguro Social hasta que este último lo reconozca bien motu proprio o por orden
judicial, por valor de $ 728.765 y a partir del 1. ° de enero de 2006 por valor de
$764.110.
10. La Universidad de Antioquia ha adelantado trámites ante el Seguro Social,
y posteriormente a Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, servicios y vacaciones para liquidar la pensión de
los servidores universitarios, con resultado desfavorable.
11. Mediante Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue
derogada la Resolución 12094 de 1999, ordenando a la Vicerrectoría resolver las
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situaciones de carácter individual y concreto, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigente en la materia.
12. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 fue demandada
por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación judicial que en
sentencia del 17 de octubre de 2013 negó las pretensiones de la demanda,
argumentando que el ente universitario actuó con mera liberalidad al subrogarse en
un deber que no le correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener en el
tiempo el acto administrativo derogado.
13. La Universidad de Antioquia interpuso diversas demandas contra los actos
administrativos que reconocieron el pago temporal que consagró la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, las cuales han generado que el Consejo de Estado se
pronuncie en el sentido de reconocer que el ente educativo no era la autoridad
competente para pronunciarse acerca de la adjudicación del derecho pensional, por
cuanto era obligación del ISS como entidad previsional.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
14. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 10 de la
Ley 4ª de 1992, 1. ° del Decreto 1158 de 1994, 18 inciso 3. °, 131 y 151 de la Ley
100 de 1993, el artículo 5. ° del Decreto 1068 de 1995 y 4. ° del Decreto 2337 de
1996.
15. En el concepto de violación explicó, en síntesis, que, si bien al momento de
expedirse la Resolución Rectoral 12094 de 1999 y su reglamentaria 16628 de 1999,
no se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, éstas adolecen de
inconstitucionalidad sobreviniente por transgredir el contenido del artículo 1.° inciso
6.° de tal reforma constitucional que dispone que para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales se hubiesen
efectuado cotizaciones.
16. Debe tenerse en cuenta el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según el cual
todo régimen salarial y prestacional que se establezca en contravención de dicha
norma o los decretos que dicte el Gobierno Nacional carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos. Además, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo 1. °,
señala taxativamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta dentro
del IBL, sin que se incluyan primas de navidad, servicios y vacaciones.
17. Asimismo, en sentencia de 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
indicar que el IBL no es un asunto sometido a transición, razón por la que sostiene
que el acto administrativo enjuiciado partió de una premisa equivocada cual era el
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derecho a que los empleados de la Universidad adquirieran su derecho pensional
tomando como base todos los factores devengados en servicio.
18. Explicó que el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 no
incluye el ingreso base de liquidación, razón por la cual a efectos de liquidar la
pensión de la parte demandada, beneficiaria de la citada transición, debía
efectuarse conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993- o, excepcionalmente y
de cumplirse con los supuestos allí establecidos, el inciso tercero del artículo 36 de
la misma Ley 100 de 1993-, en virtud del cual tal liquidación se efectúa teniendo
como base el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiese cotizado
el afiliado en los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión;
teniéndose entonces que el acto cuya nulidad se demanda no se ajusta a la
interpretación que actualmente rige respecto las normas superiores en que debían
fundarse.
19. Finalmente insistió en que, en caso de considerarse que los beneficiarios del
régimen de transición sí tienen derecho a que su liquidación pensional incluya todos
los factores, la competencia para su reconocimiento recae en la administradora de
pensiones a que se haya afiliado el empleado.
2.2. Contestación de la demanda
20. El señor Luis Antonio Giraldo Henao, no contestó la demanda pese a que
fue notificado del auto admisorio3.
2.3. Medida cautelar
21. La entidad demandante solicitó como medida cautelar, la suspensión de la
Resolución 164 de 19 de abril de 2006, que fue concedida por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia a través de providencia de 12 de abril de 20234. Contra
la anterior decisión no se interpusieron recursos.
2.4. Sentencia de primera instancia5
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión en
sentencia proferida el 1.° de noviembre de 2024, declaró de oficio la ocurrencia de
la excepción de caducidad de conformidad con lo señalado por el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, ordenó el levantamiento de la medida cautelar y se abstuvo de
imponer condenar en costas.
3 Carpeta one drive visible en el índice 2 de Samai. Segunda instancia. Archivo:
«13.ConstanciaNotificacionAutoAdmisorioMedidaCautelar.pdf».
4 Ibidem. Archivo “14.AutoResuelveMedidaCautelar.pdf»
5 Ibidem. Archivo « 19SentenciaPrimeraInstancia.pdf»
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23. Para ello precisó que mediante Resolución 26330 del 23 de enero de 2006 el
Instituto de Seguro Social le reconoció pensión de vejez a Luis Antonio Giraldo
Henao y por su parte, la Universidad de Antioquia, mediante «Resolución 26330
del 23 de enero de 2006» (sic) pagó temporalmente el valor que resulta de la
aplicación del ingreso base de liquidación que consagra el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro Social, a partir del 28 de
noviembre de 2005, por valor $728.765 y a partir del 1.° de enero de 2006 por valor
de $764.110 mensuales, esto hasta el reconocimiento por parte del Seguro Social
bien motu proprio o por orden judicial.
24. Explicó que como el reconocimiento pensional del demandado se efectuó el 23
de enero de 2006 la parte actora tenía hasta el 24 de enero de 2011 para ejercer el
derecho de acción; sin embargo, la demanda fue radicada el 2 de julio de 2021; por
tanto, como el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 estableció un límite temporal de
5 años, a partir de la firmeza del acto administrativo que reconoce la prestación,
para ejercer el derecho de acción, estimó que entre el reconocimiento pensional y
el cuestionamiento que se plantea en la demanda transcurrieron más de los 5 años
de que trata el inciso 2.° del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por lo que consideró
procedente declarar de oficio la excepción de caducidad del medio de control
conforme la tesis planteada por la Sección Segunda del Consejo de Estado 6,
respecto de la vigencia de la norma en mención.
2.5. Recurso de apelación.
2.5.1. El apoderado de la Universidad de Antioquia7 , presentó recurso de
apelación en el que indicó que en este caso esa entidad no solicitó la nulidad del
acto de reconocimiento pensional sino de la Resolución «37 de 24 de febrero de
2004», que constituye un acto expedido por «mera liberalidad» a través del cual
dispuso unos pagos a favor del pensionado para completar el IBL que creía le
correspondía, acto que además fue proferido sin competencia, aspecto que
constituye el núcleo central del debate que propuso ante la jurisdicción; explicó
además que de declararse la nulidad del acto demandado quedaría incólume el
reconocimiento pensional por parte del Instituto de Seguros Sociales a favor del
pensionado. En esa medida en este caso no se presenta el supuesto de hecho que
consagra el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
25. Adicionalmente señaló que existían serios reparos frente de la
constitucionalidad de la norma dado que las leyes rigen hacia futuro y además con
posterioridad a la expedición de la Ley 2381 de 2024 el Consejo de Estado ha
confirmado sentencias del Tribunal Administrativo de Antioquia8 en casos similares.
6 Citó la sentencia de 2 de octubre de 2024, dictada por la Subsección A del Consejo de Estado, dentro del
proceso identificado con el radicado interno 3936-2018, con ponencia del consejero Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
7 Archivo “21RecursoApelacionSentencia(2).pdf” contenido en el índice 2 de Samai. Segunda instancia.
8 Citó los procesos 05001233300020210118502, 05001233300020210123002, 05001233300020210214402 y
05001233300020210119502.
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26. Bajo las anteriores consideraciones, solicitó a la Sala, revocar la sentencia de
primera instancia y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
2.6. Trámite en segunda instancia
27. A través de auto de 9 de diciembre de 20259, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y se ordenó correr traslado al agente del
Ministerio Público para emitir concepto en segunda instancia.
28. Las partes demandante y demandada no presentaron escrito de alegatos.
2.6. Concepto del Ministerio Público
29. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto 10
en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a
las pretensiones de la demanda.
30. Para ello explicó que haberse presentado la demanda el 2 de julio de 2021,
resulta aplicable la regulación de caducidad prevista en el literal c) del artículo 164
del CPACA, pues a esa fecha era la disposición vigente sobre oportunidad para
presentar la demanda, sin término de caducidad alguno. Además, como indica la
parte recurrente, el acto administrativo objeto de censura no corresponde a un acto
de reconocimiento pensional, sino a la Resolución Administrativa 164 de 19 de abril
de 2006, mediante la cual se ordenó el pago del valor derivado del ingreso base de
liquidación consagrado en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por
tanto, tampoco resulta pertinente aplicar el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
considerando la naturaleza del acto.
31. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia.
32. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación interpuesto
por la entidad demandante en contra de la sentencia 1.° de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión
9 Índice 20 de Samai- Expediente 05001233300020210217002.
10 Ibidem « 017Memorial_CHL_17Concepto.pdf».
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dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 15011 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3.2. Problema jurídico.
33. Corresponde a la Sala determinar si, como lo determinó el Tribunal, ¿en este
caso era procedente aplicar la figura de la caducidad establecida en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024?; en caso de que la respuesta al anterior interrogante sea
negativa deberá la Sala establecer si ¿en este caso, frente al reconocimiento de la
pensión otorgada por el ISS al señor Luis Antonio Giraldo Henao, servidor de la
Universidad de Antioquia, ésta última era competente para pagar la diferencia por
los factores no incorporados por el ente de previsión al determinar el IBL pensional
respectivo?
34. En caso de que la respuesta sea negativa, deberá analizarse si ¿es procedente
acceder al reembolso de las sumas pagadas al señor Giraldo Henao en virtud del
acto administrativo demandado?
3.2. Fondo del asunto
3.2.1. Primer interrogante. ¿En este caso era procedente aplicar la figura de
la caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 por la cual
se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez
y Muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones?
35. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho
en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de
control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término constituya un
presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los derechos
individuales y subjetivos de los administrados para su reclamación judicial, en
desarrollo del principio de seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y
suficiencia temporal.
36. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para pronunciarse
sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.
37. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
11«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
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actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
38. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y
se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispuso un término para interponer
las acciones administrativas y contencioso administrativas en lo que respecta a las
pensiones que han sido reconocidas; se destaca:
«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y Contencioso
Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» (Subrayas fuera del
texto)
39. De otro lado, en torno a la vigencia del referido artículo 86, se tiene que en la
Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:
«Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor el
1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento de
expedirse esta ley.»
40. Es de precisar que la Corte Constitucional admitió una demanda de
inconstitucionalidad en contra de la totalidad de la Ley 2381 de 2024, bajo el
expediente con radicado D-15.989, por la presunta vulneración del artículo 157 de
la Constitución Política de 1991 respecto del trámite legislativo para la aprobación
de la norma. En virtud de lo anterior, mediante auto 841 del 17 de junio de 2025
emitido por la Sala Plena de dicha corporación se resolvió, entre otras órdenes,
según el ordinal quinto de dicha providencia:
«[…] SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de
las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual
la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo
lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la
citada ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo
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correspondiente, podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de
la Ley 2381 de 2024. […]».
41. Si bien para el momento en que se dictó la sentencia objeto de apelación por
parte del Tribunal Administrativo de Antioquia - 1.° de septiembre de 2024- la Corte
Constitucional no había proferido el auto a través del cual se suspendió la entrada
en vigencia de la Ley 2381 de 2024, no obstante, esta Subsección en numerosas
ocasiones12 señaló que no era posible la aplicación de la caducidad establecida en
el artículo 86 de la norma en cita en casos como el que acá se analiza.
42. En efecto, en el sub lite la Universidad de Antioquia no cuestiona el acto de
reconocimiento pensional sino la resolución a través de la cual se reconoció un
pago con el cual pretendió nivelar las pensiones al IBL que consideraba debía
aplicarse, tal como ocurrió con la Resolución 164 de 19 de abril de 2006 en la que
ordenó pagarle al señor Luis Antonio Giraldo Henao «[…] el valor que resulta de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]».
43. De acuerdo con lo anterior dada la naturaleza del acto administrativo
demandado no procedía la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y,
además, en la actualidad la vigencia de citada norma se encuentra en suspenso,
hasta tanto la Corte Constitucional decida sobre la exequibilidad o no de dicha ley.
3.2.2 Segundo problema jurídico. ¿En este caso, frente al reconocimiento de
la pensión otorgada por el ISS al señor Luis Antonio Giraldo Henao, servidora
de la Universidad de Antioquia, ésta última era competente para pagar la
diferencia por los factores no incorporados por el ente de previsión al
determinar el IBL pensional respectivo?
3.2.2.1. Del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los
servidores públicos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.
44. De conformidad con lo señalado por el artículo 7513 del Decreto 1848 de 196914,
previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 quien tenía la obligación de reconocer y
de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos era la entidad de
previsión a la que estaba afiliado el servidor o en su defecto, la última entidad
pública empleadora.
45. A través de la expedición de la Ley 100 de 1993 15 se creó el Sistema General
de Seguridad Social, estableciéndose en la misma la obligatoriedad de afiliar al
12 Sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 en el proceso radicado 05001-23-33-000-2021-02204-02
(1238-2023).
13 «Artículo 75º.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará
al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida
para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos
de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión…».
14 Mediante el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
15 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
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sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos16.
46. Para la incorporación de los servidores públicos al sistema general de
pensiones, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 691 de marzo 29 de 1994 17,
mediante el cual se integró al referido sistema a los siguientes servidores: a) Los
servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y b) Los
servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría
General de la República18.
47. A su vez el Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 19 al reglamentar los temas
relacionados con afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones del
Sistema General de Pensiones, definió la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere lugar
al señalar lo siguiente:
«Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del
primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento del
respectivo formulario.
Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que
haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el monto
de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da lugar
al pago de la pensión o prestación correspondiente».
48. Luego, con la expedición del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995 20 se
estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliaran para
los efectos de cotizaciones en pensión, señalando el parágrafo 2.º de su artículo
2.º, que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100 de
1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995. Señaló la referida norma
lo que sigue:
«Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema
general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los
servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima media
con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, ISS, y
16 «Artículo 15.- Serán afiliados al sistema general de pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que por sus
características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del
fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales…».
17 Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras
disposiciones.
18 Ver artículo 1 del decreto citado.
19 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
20 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles
departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la
declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial.
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el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las sociedades
administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas por la
Superintendencia Bancaria.
Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros
Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.
Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con posterioridad
a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen solidario de
prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de Seguros
Sociales.
Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los dos
regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de 1995».
49. Ahora bien, es de recodar que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 estableció
la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional universidades oficiales y
de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Esto en
los siguientes términos:
«ARTICULO 131.Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales y
de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada una
de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental,
distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a la
fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un monto igual al valor de dicho
pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas de previsión, o fondos
autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras cotizaciones que las
instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar según lo previsto en
la presente Ley, en aquella parte que corresponda a funcionarios, empleados o
trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la vigencia de la presente Ley.
Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.
Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que se
redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales de
acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de
conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio de
Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que representen
los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los 2 primeros años
de la vigencia de la presente Ley.
[…]».
50. Posteriormente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 21 que tuvo por
objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
21 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1299 de 1994.
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de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior
de naturaleza territorial, fue específico en atender lo dispuesto en el Decreto 1068
de 1995, ya citado, respecto del marco temporal con que contaban los servidores
públicos en afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales contemplados en la
Ley 100 de 1993, al consagrar lo siguiente en el parágrafo 1.º del artículo 2.º del
referido decreto:
«Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995». (Negrillas fuera de texto).
51. El citado decreto estableció en su artículo 4. ° algunos eventos en que los
fondos de pasivo pensional, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter oficial y
naturaleza territorial, debían asumir el pago de las prestaciones allí descritas. Estos
son:
«1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.
2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución,
según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996.
3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo,
siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las Administradoras
del Sistema General de Pensiones.
4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con los
artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994 y sus
decretos reglamentarios.
La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación
para el efecto.
5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en los
Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.
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6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993, así
como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con el ISS
cuando a ella haya lugar.
[…]». (Negrilla de la Sala).
52. En este orden de ideas, después de la entrada en vigencia de los regímenes
pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de
carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de sus
servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos al
Sistema General de Pensiones y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 14
del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, quien debe efectuar el reconocimiento
respectivo es la administradora de pensiones que hubiere recibido o le
correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual ocurriere el siniestro
o hecho que diera lugar al pago de la prestación correspondiente, esto es, sin
perjuicio de los escenarios definidos en el artículo 4.° del Decreto 2337 de 24 de
diciembre de 1996, norma que sólo en los casos allí descritos impone la obligación
a cargo del fondo pensional.
3.4.2. Caso concreto
3.4.2.1. De las pruebas.
53. En el sub-lite se encuentra demostrado lo siguiente:
• A través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 22, la
Universidad de Antioquia decidió «[s]ubrogarse en la parte de la obligación
que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores
de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento de entrar en
vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu
proprio, o por orden judicial, asuma la misma». En su artículo segundo el
citado acto dispuso:
«En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha reconocido el Instituto de
Seguros Sociales a los servidores referidos y a los que a partir de la fecha les
reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha Entidad no cancela conforme al
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, sobre el derecho que
tienen, con base en las primas de navidad, de vacaciones y semestral, que
constituyen factor salarial.».
• Por medio de la Resolución Administrativa 16628 del 11 de julio de 1999,
se reglamentó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo del mismo año23.
22 Carpeta «RELACIÓN DE PRUEBAS», Archivo “4. RESOLUCIÓN RECTORAL 12094 DE 1999” contenido en
el índice 2 de Samai. Segunda instancia.
23 Ibidem Archivo “5. RESOLUCIÓN RECTORAL 16628 DE 1999” contenido en el índice 2 de Samai-
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• El señor Luis Antonio Giraldo Henao nació el 22 de abril de 1949 según da
cuenta la copia de la cédula de cédula de ciudadanía aportada al proceso 24.
• Se allegó copia del acta No. 3858 de 27 de marzo de1978 a través de la
cual se posesionó el señor Luis Antonio Giraldo Henao como instructor de
tiempo completo, adscrito al Departamento de Administración de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia25.
• Se adjuntó copia del oficio de 28 de octubre de 200526 suscrito por el señor
Luis Antonio Giraldo Henao y dirigido al rector de la Universidad de
Antioquia, en el cual le manifiesta su intención de renunciar al cargo de
profesor de tiempo completo que, según señaló, venía desempeñando
desde febrero de 1978. Lo anterior con efectos a partir del 28 de noviembre
de 2005.
• A través de Resolución 26330 de 23 de enero de 200627, dictada por el
Instituto de Seguros Sociales por la cual se le reconoció la pensión de
jubilación al demandado, se reportaron los siguientes tiempos de servicios:
• La anterior resolución también señala que el demandado se retiró del
servicio el 23 de noviembre de 2005.
• Lo anterior da cuenta que labró en la Universidad de Antioquia desde el 21 de
febrero de 1978 hasta el 23 de noviembre de 2005. Además, antes del 30 de
junio de 1995 laboró en total 17 años, 4 meses y 9 días
• Según la Resolución 26330 de 23 de enero de 200628, el demandado fue
afiliado al Instituto de Seguros Sociales en el mes de julio de 1995. Allí se le
reconoció la pensión de jubilación, con una tasa de reemplazo del 75%, en
cuantía mensual de $3´225.008 a partir del 28 de noviembre de 2005. Esto,
24 Ibidem, Carpeta: “Lo enunciado en el acápite de pruebas”, archivo « 3. Apartes de la hoja de vida- Luis
Antonio.pdf».
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem, folio 22 y s.s. del archivo pdf.
28 Ibidem, folio 22 y s.s. del archivo pdf.
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de conformidad con las leyes 100 de 1993 y 33 de 1985, sin indicar los
factores salariales que se tuvieron en cuanta para tales efectos.
• De igual manera se advierte que la Universidad de Antioquia mediante la
Resolución 164 de 19 de abril de 2006 ordenó pagarle al señor Luis Antonio
Giraldo Henao, el valor que «resulta de la aplicación del Ingreso Base de
Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]» y que dijo, no reconoció el ISS, por la no inclusión de las primas
de navidad, vacaciones y servicios; esto en cumplimiento de la Resolución
12094 del 4 de mayo de 1999, proferida por el ente educativo, a través de la
cual se subrogó en parte de dicha obligación.
• Finalmente, a través de la Resolución Rectoral 35823 de 17 de octubre de
201229, la Universidad de Antioquia decidió derogar la Resolución 12094 de
4 de mayo de 1999 y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver las
situaciones jurídicas de carácter individual y concreto creadas a partir de la
expedición de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999.
3.5. Análisis de la Sala
54. Las pruebas allegadas demuestran que el señor Luis Antonio Giraldo Henao
cumplió la edad pensional (55 años exigidos en la Ley 33 de 1985) el 22 de abril de
2004 y a 31 de diciembre de 1996 contaba con 47 años.
55. Ahora bien, el numeral 3.° del artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de diciembre
de 1996 señala que el fondo de pasivo pensional cuenta con la obligación de
reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo.
56. El señor Giraldo Henao para 30 de junio de 1995 contaba con de 17 años, 4
meses y 9 días, y además, la norma exige al docente no estar afiliado a alguna de
las Administradoras del Sistema General de Pensiones, evento que no se cumple
en el sub lite comoquiera que, fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde
julio de 1995, como señaló el ISS en la Resolución 26330 de 23 de enero de 2006 30
a través de la cual reconoció la pensión de la demandada.
57. Las pruebas allegadas demuestran que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para reconocer a favor del señor Luis Antonio Giraldo Henao un mayor
valor en su ingreso base de liquidación, como lo hizo a través de la Resolución 164
de 19 de abril de 2006, al ser obligación del ISS, asumir dicho reconocimiento, como
entidad administradora de las cotizaciones realizadas por el demandado y en
29 Ibidem. índice 2 de Samai.
30 Ibidem, folio 22 y s.s. del archivo pdf.
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atención a lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 2.º del Decreto 1068 de 1995,
norma que exigía que, en su condición de servidor público de la Universidad de
Antioquia, fuese afiliado al Sistema General de Seguridad Social en julio de 1995.
58. En este sentido a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que finalmente,
reconoció la citada prestación a través de la Resolución 26330 de 23 de enero de
2006, por lo que, era dicha entidad ante quien debió el pensionado reclamar
eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional aplicable, por lo
que no era plausible que la Universidad de Antioquia asumiera los pagos
señalados, ante el erróneo convencimiento de que ejercía una obligación del ISS.
Así entonces advierte la Sala que debe declararse la nulidad de la resolución
demandada.
3.2.3. Tercer problema jurídico. ¿Es procedente acceder al reembolso de las
sumas pagadas al señor Giraldo Henao en virtud del acto administrativo
demandado?
59. En el literal c, del numeral 1, del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se estableció lo siguiente:
«[…]
c) (…) Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe; […]».
60. En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes términos:
«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
61. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:
62. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo que
implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden abusar del
ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce, y además, sirve de
barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.
63. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la actuación
de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:
«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido
sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción
negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto
de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha
convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones
privadas, enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan
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por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están obligadas a
proteger».
64. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:
«[…] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones
de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en
el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en
contrario, la presunción de la buena fe que protege las actuaciones de los
particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que
se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que el margen de la
presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios
públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y el
principio de legalidad que nutre la producción de los actos administrativos. Por
consiguiente, podría decirse entonces que la presunción de buena fe que milita a
favor de los particulares, en la balanza Estado-administración hace las veces de
contrapeso institucional de cara a los principios de constitucionalidad y legalidad
que amparan en su orden a la ley y a los actos administrativos».
65. Esta Subsección considera que la pretensión de la entidad no goza de vocación
de prosperidad ya que, se entiende que, para los efectos de la devolución de
prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que el particular haya recibido
unas sumas que no encuentran fundamento en una norma jurídica, pues es
necesario que haya acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta con la cual
se haya inducido en error a la administración.
66. Significa lo anterior, conforme al desarrollo del principio de buena fe, no basta
con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que es necesario
que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto del Estado.
67. Dado que en este caso no se discute que el señor Giraldo Henao actuó en los
citados términos, sino la falta de competencia de la Universidad para asumir una
obligación que no le correspondía, se estima que el accionado no debe hacer
devolución de las sumas percibidas en virtud del acto demandado.
68. De acuerdo con lo anterior, se impone revocar la sentencia de 1.° de noviembre
de 2004 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión, a través de la cual se declaró la ocurrencia de la excepción de caducidad
del medio de control; en su lugar se declarará la nulidad del acto administrativo
demandado y se denegarán las demás pretensiones de la demanda.
3.3. Condena en costas de segunda instancia.
69. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
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70. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
71. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
72. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia
73. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de 1.° de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual
declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de conformidad
con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, dentro del proceso
promovido por la Universidad de Antioquia en contra del señor Luis Antonio Giraldo
Henao, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad de la Resolución 164 de 19 de abril de 2006
proferida por la Universidad de Antioquia, a través de la cual ordenó pagarle al
señor Luis Antonio Giraldo Henao «[…] el valor que resulta de la aplicación del
Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 […]». Lo anterior de conformidad con lo señalado en la parte motiva.
TERCERO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO.- Sin condena en costas de esta instancia, de conformidad con lo
señalado en la precedencia.
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Rad icad o: 05001-23-33-000- 2021-01237-01 ( 1006-2025)
D e ma nda nte : U ni ve rs id ad de A nti oq u ia
QUINTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI
del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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