Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02170-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02170-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-02170-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05-001-23-33-000-2021-02170-02 (3574-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Margarita María Vélez Peláez
Tema: Subrogación pensional
Decisión: Confirmar la sentencia que concedió parcialmente las
pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada
en contra de la sentencia de 5 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión 1, mediante la cual se accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2.1.1. Las pretensiones
2. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de la Resolución 058 de 24 de febrero
de 2003 que ordenó pagarle a la señora Margarita María Vélez Peláez«[…] el valor
que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]».
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la señora
Margarita María Vélez Peláez a restituir las sumas pagadas con base en la
Resolución 058 de 24 de febrero de 2003, desde «[…] el 1. ° de abril de 2002 hasta
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Con ponencia de la magistrada Susana Nelly Acosta Prada
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el 31 de octubre de 2021, que corresponde a $255.187.410, más los valores que
se generen con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre en firme».
4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la parte demandada.
2.1.2. Hechos
5. Señaló que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la
Universidad de Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base en
todo lo devengado sin efectuar deducción alguna, lo anterior, de conformidad con
las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969.
6. Al entrar en vigor del sistema general de pensiones la Universidad de
Antioquia afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales, y realizó
los aportes correspondientes ante esa entidad. En virtud del Decreto 2337 de 1996,
la Universidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.
7. El Instituto de Seguros Sociales reconoció a la señora Margarita María Vélez
Peláez su pensión de jubilación a través de la Resolución 16468 del 29 de
noviembre de 2002, en cuantía mensual de $2.388.458, a partir del 1. ° de abril de
2002 sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad, servicios y
vacaciones.
8. A efectos de participar en la financiación de la pensión de vejez de la señora
Vélez Peláez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, la
Universidad de Antioquia, mediante la Resolución 459 de 27 de agosto de 2002,
emitió el bono pensional y consignó la suma de $312.148.000 al Instituto de
Seguros Sociales.
9. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 de 1999
en la que se «subroga» la parte de la obligación no reconocida por el Seguro Social
con los servidores de la Universidad.
10. Atendiendo a lo anterior, la Universidad emitió la Resolución Administrativa
058 de 24 de febrero de 2003, en la que ordenó pagar temporalmente a la señora
María Margarita Vélez Peláez el valor que resulta de la aplicación del ingreso base
de liquidación que consagra el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no
reconocido por el Seguro Social hasta que este último lo reconozca bien motu
proprio o por orden judicial, por valor de $575.277 a partir del 1. ° de abril de 2002
y $615.489 a partir del 1. ° de febrero de 2003.
11. La Universidad de Antioquia ha adelantado trámites ante el Seguro Social,
y posteriormente a Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, servicios y vacaciones para liquidar la pensión de
los servidores universitarios, con resultado desfavorable.
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12. Mediante Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue
derogada la Resolución 12094 de 1999, ordenando a la Vicerrectoría resolver las
situaciones de carácter individual y concreto, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigente en la materia.
13. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 fue demandada
por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación judicial que en
sentencia del 17 de octubre de 2013 negó las pretensiones de la demanda,
argumentando que el ente universitario actuó con mera liberalidad al subrogarse en
un deber que no le correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener en el
tiempo el acto administrativo derogado.
14. La Universidad de Antioquia interpuso diversas demandas contra los actos
administrativos que reconocieron el pago temporal que consagró la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, las cuales han generado que el Consejo de Estado se
pronuncie en el sentido de reconocer que el ente educativo no era la autoridad
competente para pronunciarse acerca de la adjudicación del derecho pensional, por
cuanto era obligación del ISS como entidad previsional.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
15. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 10 de la
Ley 4ª de 1992, 1. ° del Decreto 1158 de 1994, 18 inciso 3. °, 131 y 151 de la Ley
100 de 1993, el artículo 5. ° del Decreto 1068 de 1995 y 4. ° del Decreto 2337 de
1996.
16. En el concepto de violación explicó, en síntesis, que, si bien al momento de
expedirse la Resolución Rectoral 12094 de 1999 y su reglamentaria 16628 de 1999,
no se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, éstas adolecen de
inconstitucionalidad sobreviniente por transgredir el contenido del artículo 1.° inciso
6.° de tal reforma constitucional que dispone que para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales se hubiesen
efectuado cotizaciones.
17. Debe tenerse en cuenta el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según el cual
todo régimen salarial y prestacional que se establezca en contravención de dicha
norma o los decretos que dicte el Gobierno Nacional carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos. Además, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo 1. °,
señala taxativamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta dentro
del IBL, sin que se incluyan primas de navidad, servicios y vacaciones.
18. Asimismo, en sentencia de 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
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indicar que el IBL no es un asunto sometido a transición, razón por la que sostiene
que el acto administrativo enjuiciado partió de una premisa equivocada cual era el
derecho a que los empleados de la Universidad adquirieran su derecho pensional
tomando como base todos los factores devengados en servicio.
19. Explicó que el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 no
incluye el ingreso base de liquidación, razón por la cual a efectos de liquidar la
pensión de la parte demandada, beneficiaria de la citada transición, debía
efectuarse conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993- o, excepcionalmente y
de cumplirse con los supuestos allí establecidos, el inciso tercero del artículo 36 de
la misma Ley 100 de 1993-, en virtud del cual tal liquidación se efectúa teniendo
como base el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiese cotizado
el afiliado en los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión;
teniéndose entonces que el acto cuya nulidad se demanda no se ajusta a la
interpretación que actualmente rige respecto las normas superiores en que debían
fundarse.
20. Finalmente insistió en que, en caso de considerarse que los beneficiarios del
régimen de transición sí tienen derecho a que su liquidación pensional incluya todos
los factores, la competencia para su reconocimiento recae en la administradora de
pensiones a que se haya afiliado el empleado.
2.2. Contestación de la demanda
21. La señora Margarita María Vélez Peláez 3, mediante apoderado judicial, se
opuso a las pretensiones de la demanda.
22. Según lo indicó, la Universidad de Antioquia comenzó a efectuar
cotizaciones con las respectivas deducciones antes de la entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones, pues a pesar que éste entró a regir el 30 de junio
de 1995, para las entidades territoriales, el Consejo Superior Universitario expidió
la Resolución Superior 2035 de enero 26 de 1994, obligando a todos sus
servidores, entre los cuales se encontraba la señora Margarita María Vélez Peláez
a realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.
23. Sostuvo que la Universidad no trasladó efectivamente estos aportes al ISS
como administradora de pensiones elegida el 30 de junio de 1995, aportes que
fueron realizados por la señora Vélez Peláez desde el 1. ° de enero de 1994, sobre
la base de todo lo devengado, incluyendo las prestaciones sociales, tal como lo
estableció el artículo 2. ° de la Resolución Superior 2035 de enero 26 de 1994. Al
contrario, la Universidad conservó este dinero en sus arcas, para sustentar el
encargo fiduciario, con base en el cual se ha venido pagando la subrogación a los
pensionados.
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24. Adicional a lo anterior explicó que la Universidad de Antioquia siempre tuvo
la convicción que las pensiones deberían liquidarse teniendo en cuenta todo lo
devengado con base en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con
base en la postura anterior del Consejo de Estado, por lo que profirió la Resolución
12094 del 4 de mayo de 1999, soporte del acto demandado Resolución 058 de 24
de febrero de 2023.
25. Estimó que debe mantenerse la legalidad del acto demandado comoquiera
que plasma derechos de carácter prestacional, se encuentra ajustado a la ley y la
Constitución Política, por lo que se presume su legalidad, está en firme y produce
efectos jurídicos referidos a un derecho de carácter prestacional para la
demandada, quien goza de protección especial constitucional toda vez que cuenta
con más de 70 años y lleva percibiendo esa mesada pensional, por más de 19 años,
con lo cual, de accederse a las pretensiones de la demanda se estaría afectando
el ingreso que le permite garantizar su mínimo vital móvil, que lleva percibiendo de
buena fe.
26. Propuso las excepciones de: «indebida integración del litisconsorcio»,
«temeridad», «justo título y buena fe por parte de la demandada», « actuación del
funcionario conforme a las exigencias de la Ley», «firmeza, ejecutoriedad y
obligatoriedad de la resolución administrativa demandada », «inexistencia de
fundamentos jurídicos que soporten la nulidad del acto demandado», «presunción
de legalidad», «incumplimiento del procedimiento señalado por la demandante en
el acto administrativo demandado», «prescripción», «imposibilidad de condena en
costas», y « excepción genérica ».
2.3. Medida cautelar
27. La entidad demandante solicitó como medida cautelar, la suspensión de la
Resolución 058 de 24 de febrero de 2023, que fue concedida por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia a través de providencia de 29 de septiembre de 20224.
28. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, que fue resuelto por esta Subsección a través de proveído de 16 de
noviembre de 2023, en la que se confirmó lo resuelto.5
2.4. Sentencia de primera instancia6
29. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión en
sentencia proferida el 5 de diciembre de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
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30. Como fundamento de su decisión analizó el marco normativo que consideró
aplicable y con ello, el sistema de seguridad social integral creado por la Ley 100
de 1993, los Decretos 691 de 1994 y 2337 de 1996, así como las pruebas allegadas.
31. Señaló que la señora Vélez Peláez no se encontraba amparada por los
supuestos establecidos en el artículo 4.° del Decreto 2337 de 24 de diciembre de
1996 para considerar que le asistía la obligación de pagar parte de una obligación
pensional, pues nació el 27 de enero de 1947 y fue vinculada al sistema general de
pensiones a partir del 1.° de julio de 1995.
32. En ese orden, estimó que la Resolución 058 del 24 de febrero de 2003, por
medio de la cual la Universidad de Antioquia ordenó el pago de la diferencia que
resulta entre la aplicación del ingreso base de liquidación, conforme al artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y el efectuado con la inclusión de las primas de vacaciones,
navidad y semestral que no reconoce el Instituto de Seguro Social, constituyó una
obligación pensional que la Universidad no estaba obligada a pagar.
33. Por tanto, ante la ausencia de competencia por parte de la Universidad de
Antioquia para subrogarse una obligación que correspondía al ISS, el acto acusado
resultaba ilegal, razón por la cual declaró su nulidad.
34. En cuanto a la pretensión de restablecimiento estimó que en el presente caso
la Universidad de Antioquia no demostró que la demandada hubiera actuado de
mala fe para obtener el pago de las sumas de dinero, por lo que no era procedente
ordenar la devolución de las sumas de dinero que recibió el demandado mientras
estuvo vigente la resolución acusada.
35. Finalmente condenó en costas a la demandada por resultar la parte vencida
en el proceso, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del
CPACA y 365 y 366 del CGP.
2.5. Recurso de apelación.
2.5.1. La parte demandada7 , a través de apoderado judicial, indicó que la
demandante la Universidad de Antioquia si tenía competencia para el
reconocimiento pensional del demandado, pues en carácter de Fondo de Previsión
Social, simplemente subrogó una obligación legal que debía ser cumplida por otra
entidad pública; radicando en su cabeza, la competencia para efectuar el pago de
la subrogación al conservar en su patrimonio los aportes sobre las primas de
servicios, de navidad y de vacaciones de sus trabajadores subrogados, pues si
dichos aportes se hubiesen efectivamente destinado al Instituto de los Seguros
Sociales hoy Colpensiones, la entidad demandante hubiese perdido toda
competencia en el pago aquí discutido.
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Archivo “23RecursoApelación” contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 05001233300020210217002
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36. Estimó que aunque puede considerarse que la obligación de liquidar la
pensión con el promedio de todo lo devengado de los servidores públicos
beneficiarios del régimen de transición, es exclusiva de la administradora de
pensiones, la Universidad de Antioquia entendió en la Resolución 12094 de 1999,
y la Resolución 2 de 1979 mediante la cual se creó como Fondo de Previsión Social,
que era una obligación compartida, lo que los llevó al pleno convencimiento de que
era deber la Universidad de Antioquia asumir este pago, mientras la entidad de
seguridad social lo hacía.
37. Sostuvo que la universidad de Antioquia no se equivocó al velar por el
bienestar de sus trabajadores, hoy pensionados del ISS ( Colpensiones) pues, así
como lo indicó en la Resolución Administrativa 058 del 24 de febrero de 2003, lo
interpretó el Consejo de Estado en sus reiterativos fallos por más de 25 años, al
señalar “que a los beneficiarios de Ley 33 de 1985, debe liquidarse la pensión con
el promedio de todo lo devengado en el último año de servicios”, imponiendo como
obligación correlativa a las entidades públicas pagar los aportes por los factores no
tenidos en cuenta, y a las entidades administradoras del régimen de prima media
recibir los mismos, procediendo a la liquidación de las mesadas.
38. Finalmente, señaló que la condena en costas a la parte demandada no
obedeció a un criterio de razonabilidad ni de humanidad, pues el tribunal se limitó
a recitar la normatividad sin argumentación alguna, sin tener en cuenta que la
duración del proceso no obedeció a razones imputables a la demandada o a la
complejidad del proceso pues todas las actuaciones se dieron dentro de los
términos y oportunidades procesales determinadas por el tribunal.
39. Bajo las anteriores consideraciones, solicitó a la Sala, revocar la sentencia
de primera instancia y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
2.6. Trámite en segunda instancia
40. A través de auto de 21 de febrero de 20258, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada y se ordenó correr traslado al agente
del Ministerio Público para emitir concepto en segunda instancia.
41. Las partes demandante y demandada no presentaron escrito de alegatos.
42. El apoderado del Ministerio Público no rindió concepto.
43. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes
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Índice 20 de Samai- Expediente 05001233300020210217002
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia.
44. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación
interpuesto por las partes en contra de la sentencia 5 de diciembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 150 9 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3.2. Cuestión previa. La caducidad en asuntos pensionales y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024.
45. En escrito radicado por la parte demandada ante esta corporación el 3 de
diciembre de 2024, 10 previo a la admisión de la demanda, se solicitó la declaratoria
de caducidad de la acción en los términos del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
46. Como fundamento de lo anterior, indicó que la norma establece que, en los
casos de reconocimientos pensionales, las entidades pagadoras tendrán un
término máximo de 5 años contados a partir del reconocimiento de las mismas para
presentar la demanda y que, en el presente asunto, la demanda fue instaurada 18
años después del reconocimiento pensional.
47. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho
en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de
control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término constituya un
presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los derechos
individuales y subjetivos de los administrados para su reclamación judicial, en
desarrollo del principio de seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y
suficiencia temporal.
48. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para pronunciarse
sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.
49. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
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«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no
se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
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Índice 17 de Samai - Expediente 05001233300020210217002
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50. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y
se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se
cuenta para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas
en lo que respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:
«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y Contencioso
Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» (Subrayas fuera del
texto)
51. De otro lado, en torno a la vigencia del referido artículo 86, se tiene que en la
Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:
«Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor el
1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento de
expedirse esta ley.»
52. Ahora bien, es de precisar que la Corte Constitucional admitió una demanda de
inconstitucionalidad en contra de la totalidad de la Ley 2381 de 2024, bajo el
expediente con radicado D-15.989, por la presunta vulneración del artículo 157 de
la Constitución Política de 1991 respecto del trámite legislativo para la aprobación
de la norma. En virtud de lo anterior, mediante auto 841 del 17 de junio de 2025
emitido por la Sala Plena de dicha corporación se resolvió, entre otras órdenes,
según el ordinal quinto de dicha providencia:
«[…] SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de
las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual
la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo
lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la
citada ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo
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correspondiente, podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de
la Ley 2381 de 2024. […]».
53. En consecuencia, no es procedente analizar si en este caso es aplicable el
supuesto normativo establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 16 de julio de
2024 como lo solicita la apoderada de la demandada, dado que en la actualidad la
vigencia de citada norma se encuentra en suspenso, con inclusión del artículo 86
sobre la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para asuntos de reconocimientos pensionales, ello hasta tanto la Corte
Constitucional decida sobre la exequibilidad o no de dicha ley.
3.3. Problemas Jurídicos.
54. Debe determinar esta Sala si ¿en este caso, frente al reconocimiento de la
pensión otorgada por el ISS a la señora Margarita María Vélez Peláez, servidora
de la Universidad de Antioquia, ésta última era competente para pagar la diferencia
por los factores no incorporados por el ente de previsión al determinar el IBL
pensional respectivo?
55. Si la respuesta al anterior interrogante es negativa, deberá analizarse si ¿es
procedente acceder al reembolso de las sumas pagadas a la señora Vélez Peláez
en virtud del acto administrativo demandado?
3.4. Marco jurídico
3.4.1. Del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los servidores
públicos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.
56. De conformidad con lo señalado por el artículo 7511 del Decreto 1848 de 196912,
previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 quien tenía la obligación de reconocer y
de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos era la entidad de
previsión a la que estaba afiliado el servidor o en su defecto, la última entidad
pública empleadora.
57. A través de la expedición de la Ley 100 de 1993 13 se creó el Sistema General
de Seguridad Social, estableciéndose en la misma la obligatoriedad de afiliar al
sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos14.
11
«Artículo 75º.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por
la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces
se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del
retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión…»
12
Mediante el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
13
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
14
«Artículo 15.- Serán afiliados al sistema general de pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las
excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean
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58. Para la incorporación de los servidores públicos al sistema general de
pensiones, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 691 de marzo 29 de 1994 15,
mediante el cual se integró al referido sistema a los siguientes servidores: a) Los
servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y b) Los
servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría
General de la República16.
59. A su vez el Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 17 al reglamentar los temas
relacionados con afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones del
Sistema General de Pensiones, definió la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere lugar
al señalar lo siguiente:
«Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del
primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento del
respectivo formulario.
Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que
haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el monto
de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da lugar
al pago de la pensión o prestación correspondiente».
60. Luego, con la expedición del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995 18 se
estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliaran para
los efectos de cotizaciones en pensión, señalando el parágrafo 2.º de su artículo
2.º, que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100 de
1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995. Señaló la referida norma
lo que sigue:
«Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema
general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los
servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima media
con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, ISS, y
el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las sociedades
administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas por la
Superintendencia Bancaria.
elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales…»
15
Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones.
16
Ver artículo 1 del decreto citado.
17
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
18
Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles departamental, municipal y distrital,
la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión
social del sector público del nivel territorial.
11
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Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros
Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.
Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con posterioridad
a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen solidario de
prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de Seguros
Sociales.
Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los dos
regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de 1995».
61. Ahora bien, es de recodar que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 estableció
la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional universidades oficiales y
de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Esto en
los siguientes términos:
«ARTICULO 131.Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales y
de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada una
de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental,
distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a la
fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un monto igual al valor de dicho
pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas de previsión, o fondos
autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras cotizaciones que las
instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar según lo previsto en
la presente Ley, en aquella parte que corresponda a funcionarios, empleados o
trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la vigencia de la presente Ley.
Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.
Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que se
redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales de
acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de
conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio de
Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que representen
los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los 2 primeros años
de la vigencia de la presente Ley.
[…]».
62. Posteriormente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 19 que tuvo por
objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior
de naturaleza territorial, fue específico en atender lo dispuesto en el Decreto 1068
de 1995, ya citado, respecto del marco temporal con que contaban los servidores
19
Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1299 de 1994.
12
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públicos en afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales contemplados en la
Ley 100 de 1993, al consagrar lo siguiente en el parágrafo 1.º del artículo 2.º del
referido decreto:
«Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995». (Negrillas fuera de texto).
63. El citado decreto estableció en su artículo 4. ° algunos eventos en que los
fondos de pasivo pensional, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter oficial y
naturaleza territorial, debían asumir el pago de las prestaciones allí descritas. Estos
son:
«1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.
2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución,
según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996.
3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo,
siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las Administradoras
del Sistema General de Pensiones.
4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con los
artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994 y sus
decretos reglamentarios.
La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación
para el efecto.
5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en los
Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.
6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993, así
13
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como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con el ISS
cuando a ella haya lugar.
[…]». (Negrilla de la Sala).
64. En este orden de ideas, después de la entrada en vigencia de los regímenes
pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de
carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de sus
servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos al
Sistema General de Pensiones y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 14
del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, quien debe efectuar el reconocimiento
respectivo es la administradora de pensiones que hubiere recibido o le
correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual ocurriere el siniestro
o hecho que diera lugar al pago de la prestación correspondiente, esto es, sin
perjuicio de los escenarios definidos en el artículo 4.° del Decreto 2337 de 24 de
diciembre de 1996, norma que sólo en los casos allí descritos impone la obligación
a cargo del fondo pensional.
3.4.2. Caso concreto
3.4.2.1. De las pruebas.
65. En el sub-lite se encuentra demostrado lo siguiente:
• A través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 20, la
Universidad de Antioquia decidió «[s]ubrogarse en la parte de la obligación
que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores
de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento de entrar en
vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu
proprio, o por orden judicial, asuma la misma». En su artículo segundo el
citado acto dispuso:
«En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha reconocido el Instituto de
Seguros Sociales a los servidores referidos y a los que a partir de la fecha les
reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha Entidad no cancela conforme al
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, sobre el derecho que
tienen, con base en las primas de navidad, de vacaciones y semestral, que
constituyen factor salarial.».
• Por medio de la Resolución Administrativa 16628 del 11 de julio de 1999,
se reglamentó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo del mismo año21.
20
Archivo “05ResoluciónRectoral” contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 05001233300020210217002
21
Archivo “06ResoluciónRectoral” contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 05001233300020210217002
14
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• La señora Margarita María Vélez Peláez nació el 27 de enero de 1947 según
da cuenta la copia de la cédula de cédula de ciudadanía aportada al
proceso22.
• En este caso no se allegaron constancias laborales, acta de posesión o
actos de nombramiento, que den cuenta de los tiempos de servicios, sin
embargo, se adjuntaron los siguientes documentos
• A través de Resolución 16486 de 29 de noviembre de 2002 23, dictada por
el Instituto de Seguros Sociales por la cual se le reconoció la pensión de
jubilación al demandado, se reportaron los siguientes tiempos de servicios:
Universidad de 1.° de octubre de 1973 1.° de octubre de 1974
Antioquia
Universidad de 2 de octubre de 1974 30 de junio de 1995
Antioquia
• La anterior resolución también señala que la demandada se retiró del
servicio el 1.° de abril de 2002.
• Así mismo, el cuadro de análisis de tiempos de servicio para la emisión del
bono pensional tipo b realizado por la Universidad de Antioquia se tiene que
estos fueron los periodos laborados por el demandado antes de su afiliación
al Instituto de Seguros Sociales en julio de 1995. 24
• Lo anterior da cuenta de los siguientes periodos laborados:
Universidad de 1.° de octubre de 1.° de octubre 1 año
Antioquia 1973 de 1974
Universidad de 2 de octubre de 30 de junio de 20 años, 8
Antioquia 1974 1995 meses y 28
días.
• Como se aprecia, la demandada antes del 30 de junio de 1995 laboró en total
21 años, 8 meses y 28 días.
• Según la Resolución 016468 de 29 de noviembre de 200225 la demandada
fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales en el mes de julio de 1995 y le
reconoció la pensión de jubilación, con una tasa de reemplazo del 75%, en
cuantía mensual de $2.388.458 a partir del 1. ° de abril de 2002. Esto, sin
22
Folio 2 del archivo “04ApartesHojadeVida” contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 05001233300020210217002
23
Folio 10 del archivo “04ApartesHojadeVida” contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 05001233300020210217002
24
Folio 7 del archivo “04ApartesHojadeVida” contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 05001233300020210217002
25
Folio 10 del archivo “04ApartesHojadeVida” contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 05001233300020210217002
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indicar los factores salariales que se tuvieron en cuanta para tales efectos
de conformidad con las leyes 100 de 1993 y 33 de 1985.
• De igual manera se advierte que la Universidad de Antioquia mediante la
Resolución 058 de 24 de febrero de 202326 ordenó pagarle temporalmente a
la señora Vélez Peláez el valor que resulta de la aplicación del ingreso base
de liquidación del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que dijo,
no reconoció el ISS, por la no inclusión de las primas de navidad, vacaciones
y servicios; esto en cumplimiento de la Resolución 12094 del 4 de mayo de
1999, proferida por el ente educativo, a través de la cual se subrogó en parte
de dicha obligación.
• Finalmente, a través de la Resolución Rectoral 35823 de 17 de octubre de
201227, la Universidad de Antioquia decidió derogar la Resolución 12094 de
4 de mayo de 1999 y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver las
situaciones jurídicas de carácter individual y concreto creadas a partir de la
expedición de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999.
3.5. Análisis de la Sala
66. Las pruebas allegadas demuestran que la señora Margarita María Vélez Peláez
cumplió la edad pensional (55 años exigidos en la Ley 33 de 1985) el 27 de enero
de 2022 y a 31 de diciembre de 1996 contaba con 49 años.
67. Ahora bien, el numeral 3.° del artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de diciembre
de 1996 señala que el fondo de pasivo pensional cuenta con la obligación de
reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo.
68. Si bien el señor Londoño Montoya para 30 de junio de 1995 contaba con de 21
años, 8 meses y 28 días, la norma exige al docente no estar afiliado a alguna de
las Administradoras del Sistema General de Pensiones, evento que no se cumple
en el sub lite comoquiera que, fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde
julio de 1995, como señaló el ISS en la Resolución 016468 de 29 de noviembre de
2002 a través de la cual reconoció la pensión de la demandada.
69. Las pruebas allegadas demuestran que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para reconocer a favor de la señora Margarita María Vélez Peláez un
mayor valor en su ingreso base de liquidación, como lo hizo a través de la
Resolución 058 de 24 de febrero de 2003, al ser obligación del ISS, asumir dicho
reconocimiento, como entidad administradora de las cotizaciones realizadas por la
demandada y en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 2.º del
26
Archivo “01Reolución058” contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 05001233300020210217002
27
Archivo “07ResoluciónRectoral” contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 05001233300020210217002
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Decreto 1068 de 1995, norma que exigía que, en su condición de servidora pública
de la Universidad de Antioquia, fuese afiliado al Sistema General de Seguridad
Social en julio de 1995.
70. En este sentido a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que finalmente,
reconoció la citada prestación a través de la Resolución 016468 de 29 de noviembre
de 2002, por lo que, era dicha entidad ante quien debió la pensionada reclamar
eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional aplicable, por lo
que no era plausible que la Universidad de Antioquia asumiera los pagos
señalados, ante el erróneo convencimiento de que ejercía una obligación del ISS.
Así entonces advierte la Sala que le asistió razón al Tribunal Administrativo de
Antioquia al declarar la nulidad de la resolución demandada.
71. En ese sentido, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
3.6 Condena en costas en primera y segunda instancia.
72 Al respecto, resulta necesario precisar que la modificación del artículo 188 del
CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se
colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o
alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
73. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondr5á sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
74. En tal virtud, la condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme a al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
75. En ese orden, había lugar a imponer costas al demandando como parte vencida
en el proceso, comoquiera que prosperaron las pretensiones de la demanda
formulada, razón suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia.
76. Aunado, se impondrán costas en esta instancia al demandado – parte vencida-
por cuanto se niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para tal efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
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el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
77. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de diciembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda promovida por la Universidad
de Antioquia en contra de la señora Margarita María Vélez Peláez, de conformidad
con las razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO: Condena en costas a la parte demandada en instancia, por tanto, se
niegan las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo señalado en
la precedencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI
del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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