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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02144-02

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02144-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 22 Numero interno: 0047-2023 Demandante: Universidad de Antioquia Demandado: José Benjamín Diaz Leal

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02144-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado :05001-23-33-000-2021-02144-02 (0047-2023)
Demandante :Universidad de Antioquia
Demandado :José Benjamín Diaz Leal
Medio de control :Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema :Subrogación de obligación
Decisión :Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano
demandado y como apelante adhesivo la entidad demandante contra la
sentencia del 12 de octubre de 20221, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

La Universidad de Antioquia, mediante apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para solicitar la nulidad de la Resolución 315 del 24 de octubre de 2008, por
medio de la cual ordenó pagar al ciudadano demandado el valor de la
diferencia no reconocida por el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS)
al determinar el ingreso base de liquidación de su pensión de vejez en

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Sala conformada por los magistrados: Beatriz Elena Jaramillo Muñoz y Adriana Bernal Vélez.
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Samai 00060 otras corporaciones

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Numero interno: 0047-2023
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Benjamín Diaz Leal

aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 15 de
junio de 2008.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al accionado
restituir las sumas pagadas con ocasión del reconocimiento efectuado a través
del acto administrativo demandado, por valor de $185989.254 desde el 15 de
junio de 2008 hasta el 31 octubre de 2001.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

PRIMERO: Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la
Universidad de Antioquia, sin efectuar deducción alguna, reconocía las
pensiones de sus empleados con base en todo lo devengado, teniendo
como referentes normativos las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los
Decretos 1743 de 1966 (reglamentario de la Ley 4 de 1966) y 1848 de
1969.
SEGUNDO: Con la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones, artículo 151 de la Ley 100 de 1993, la Universidad de
Antioquia afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales,
por quienes realizó los aportes correspondientes a la mencionada
entidad en relación a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Así mismo,
en virtud del Decreto 2337 de 1996, mi poderdante perdió competencia
para continuar asumiendo el pago de las pensiones.
TERCERO: De conformidad con el inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de
20101, la Universidad de Antioquia tenía la firme convicción que todo
aquel que se encontrara en régimen de transición y que a la entrada en
vigencia del sistema general de pensiones le hiciera falta menos de diez
(10) años para adquirir la pensión de vejez, el Seguro Social le debía
reconocer la prestación económica con base en todo lo devengado,
incluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones, lo cual
entendía como una excepción a la regla general contenida en el artículo
33 de la misma Ley, según la cual las pensiones se liquidaban sobre los
mismos factores que sirvieron de base para calcular las cotizaciones.
CUARTO: El señor JOSE BENJAMIN DIAZ LEAL, estuvo vinculado con
la Universidad de Antioquia, y cumplidos los requisitos para acceder a la
pensión de vejez, tramitó el reconocimiento con el Instituto de Seguros
Sociales, entidad competente para dicho efecto, quien le reconoció la
prestación económica de vejez, mediante Resolución 016561 del 15 de
septiembre de 2005, en cuantía mensual de $2.736.636, sin tener en
cuenta en su liquidación las primas de navidad, servicios y vacaciones.
QUINTO: Con el objeto de participar en la financiación de la pensión de
vejez del señor JOSE BENJAMIN DIAZ LEAL, a cargo del SEGURO
SOCIAL, ahora COLPENSIONES, la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
reconoció y autorizó el pago del bono pensional a su nombre, mediante
la Resolución Administrativa 453 del 16 de septiembre del 2005, y
consignó la suma de $379.092.000, a la entidad pensionadora esto es, al

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Benjamín Diaz Leal

Seguro Social.
SEXTO: Ante el desconocimiento del Seguro Social, de la inclusión en la
liquidación de la pensión de vejez de las primas de navidad, servicios y
vacaciones, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral
12094 del 4 de mayo de 1999, la cual dispuso en sus artículos 1º y 3°:
“ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene
y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la
Universidad, en régimen de transición, y que al momento de entrar en
vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su
derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al inciso
tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros
Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.
ARTÍCULO TERCERO: La Universidad continuará con las acciones
administrativas y judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de
Seguros Sociales asuma debidamente su obligación.”
SÉPTIMO: La Resolución Rectoral 12094 de 1999, fue reglamentada por
la Resolución Administrativa 16628 de 1999, la cual estableció como sus
destinatarios, los empleados públicos docente y no docentes de la
Universidad, que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión, y que ésta no
les fuera reconocida teniendo en cuenta el promedio de lo devengado por
el servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
OCTAVO: Además, con sustento en la Resolución Rectoral 12094 y la
Resolución Administrativa 16628, ambos actos administrativos generales
expedidos en 1999, la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA emitió la
Resolución Administrativa 315 del 24 de octubre de 2008, en la que
ordenó:
“ARTÍCULO PRIMERO: Pagar temporalmente el valor que resulta de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro Social, al
señor JOSE BENJAMIN DIAZ LEAL. identificado con cédula de
ciudadanía 8.297.432, a partir del 15 de junio de 2008, por valor de
SETECIENTOS SESENTA Y UN -MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS ($761.839) mensuales, hasta que el Seguro Social lo
reconozca bien motu proprio o por orden judicial, suma que se
incrementara anualmente según lo establecido en los artículos 21 y 36
de la Ley 100.”
NOVENO: De acuerdo con el certificado expedido por la Universidad de
Antioquia el 24 de noviembre de 2021, con fecha de corte al 31 de octubre
de la misma anualidad, los pagos efectuados por la Universidad de
Antioquia al señor JOSE BENJAMIN DIAZ LEAL desde el 15 de junio de
2008, ascienden a la suma de $185.989.254.
DÉCIMO: Tal como consta en el certificado Oficial del 23 de agosto de
2021, emitido por el Gestor Administrativo de Gestión de la Gestión de la
Información Laboral de la División de Talento Humano, el pago temporal
que efectúa la Universidad con fundamento en la Resolución Rectoral
12094 de 1999, beneficia a cuatrocientos noventa y seis (496) personas,
y su valor mensual asciende a la suma de cuatrocientos ochenta y siete
millones cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos

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Numero interno: 0047-2023
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Benjamín Diaz Leal

pesos ($487.468.542), que corresponde a SEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($6.824.559.588) anuales,
teniendo en cuenta que se gira a cada uno de ellos catorce (14) mesadas
al año, toda vez que dichos reconocimientos se generaron con
anterioridad a la vigencia del Acto legislativo 01 de 2005.
UNDÉCIMO: La Universidad adelantó diversos trámites ante el Seguro
Social, y posteriormente ante Colpensiones, tendientes a que la
administradora de pensiones incluyera las primas de navidad, servicios y
vacaciones en la liquidación de la pensión de los servidores
universitarios, que cumplían lo preceptuado en el artículo 36, inciso
tercero, de la Ley 100 de 1993; cuyo registro documental se relaciona a
continuación:
1. Escrito del 21 de agosto de 2001, resuelto desfavorablemente por el
ISS mediante comunicación del 25 de febrero de 2002, señalando que la
inclusión de los factores salariales en el IBL no dependía de él, de la
institución ni del empleador, sino de la Ley. 2. Demanda Universidad de
Antioquia Vs Seguro social, radicada el 15 de abril de 20022,
pretendiendo se condenara al Seguro Social a incluir en el ingreso base
de liquidación de cada uno de los ciento veinte (120) pensionados
relacionados en la demanda, las primas de vacaciones, servicios y
navidad, a fin de reconocer y pagar a cada uno de ellos, el valor real de
la pensión y reembolsar a la Universidad de Antioquia la suma de
$845.809.906,80; en la que prosperó la excepción previa propuesta por
la administradora de pensiones, al no encontrarse la Universidad
legitimada por activa, por no ser “titular de ningún derecho en lo referente
a la reliquidación de la pensión de cada uno de los demandantes”.
Decisión confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral,
en Auto del 18 de julio de 2003.
3. Demanda conjunta de la Universidad en compañía de algunos
pensionados, contra el Instituto de Seguros Sociales, pretendiendo se
condenara al ISS a liquidar y reconocer la pensión de vejez, teniendo en
cuenta todos los factores devengados, a las personas relacionadas en la
demanda, y como consecuencia de ello, se condenara al ISS a pagar a
la Universidad de Antioquia como subrogataria de los pensionados, la
suma de $138.447.794,80. Proceso que en primera instancia fue de
conocimiento del Juzgado Octavo Laboral del Circuito, quien en
sentencia del 14 de agosto de 2009 absolvió al Seguro Social; decisión
confirmada por la Sala Quinta Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior de Medellín, en sentencia del 31 de agosto de 2010, radicado
05001-3105-006-2006-00078.
4. Solicitud a Colpensiones del 19 de noviembre de 2012.
5. Respuesta de Colpensiones del 4 de febrero de 2013.
6. Acta del 12 de mayo de 2015, suscrita entre la Universidad y
Colpensiones, en la que se establecía el procedimiento de envío de
información, para que la administradora de pensiones diera inicio a las
reliquidaciones, acuerdo que nunca se llevó a cabo.
DÉCIMO SEGUNDO: La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue
demandada por la Asociación de Profesores de la Universidad de
Antioquia, cuya demanda correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Antioquia, con radicado 2009-01178, M.P. Juan

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Benjamín Diaz Leal

Guillermo Arbeláez Arbeláez, quien en sentencia del 10 de octubre de
2013 indicó, que la Resolución atacada no estaba creando una
discriminación sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de
personas que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en
el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para
la época en que se profirió la Resolución, la interpretación de la
Universidad.
La referida providencia fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda - Subsección B, mediante sentencia del dieciséis (16) de abril
de 2015, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
DÉCIMO TERCERO: Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de
octubre de 2012, se derogó su similar 12094 del 4 de mayo de 1.999,
“por la cual la Universidad se subroga en una obligación del Instituto de
Seguros Sociales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1.993”, y en el artículo segundo,
ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver las situaciones de
carácter individual y concreto, creadas a partir de la Resolución 12094
antes mencionada, conforme a los principios, normas jurídicas y
jurisprudencia vigentes en la materia.
DÉCIMO CUARTO: La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de
2012, fue demandada por la Asociación de Profesores de la Universidad
de Antioquia, proceso que fue de conocimiento del Tribunal
Administrativo de Antioquia, con radicado 2012-00945, M.P. Beatriz
Elena Jaramillo, quien en sentencia del 17 de octubre de 2013 negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que la Universidad
actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no está obligada a mantener en el tiempo el acto
administrativo.
[…]

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política, artículo 48; adicionado por el Acto Legislativo 01
de 2005; Ley 4 de 1992, artículo 10; Decreto 1158 de 1994, artículo 1; Ley 100
de 1993, artículos 18, inciso 3º; 131 en concordancia con el Decreto 2337 del
1996, artículo 4º y 151, concordante con los Decretos 1068 de 1995, artículo
5, y el Acto Legislativo 01 de 2005.

Frente al concepto de violación, señaló que, existe el derecho a obtener en la
liquidación de la pensión de vejez, la inclusión de las primas de navidad,
servicios y vacaciones. Así, si al momento de expedirse la Resolución rectoral
12094 del 4 de mayo de 1999, por la cual la Universidad se subroga en una
obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1.993,

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Benjamín Diaz Leal

estableciendo en su artículo segundo la orden a la Vicerrectoría Administrativa
de resolver las situaciones de carácter individual y concreta, creadas a partir
de la Resolución 12094 antes mencionada, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigentes en la materia.

De este modo, los pronunciamientos judiciales emitidos hasta la fecha han
dejado claro que la Universidad de Antioquia no está obligada a cubrir esa
parte de la pensión en la que inicialmente se subrogó temporalmente y, por
ende, está legitimada para demandar la nulidad de la Resolución
Administrativa que ordenó pagar temporalmente el valor que resulta de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del
artículo 36 de la ley 100 de 1993.

1.3. Suspensión provisional3

La parte actora solicitó la suspensión provisional de la resolución acusada al
considerar que vulneraba el artículo 48 de la Constitución Política, modificado
por el artículo 1 numeral 6, el Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 4ª de 1992,
artículo 10, Ley 30 de 1992, artículo 77, Ley 100 de 1993, artículos 18 inciso 3
y 228, Decreto 1158 de 1994, artículo 1; al interpretar de manera errónea el
contenido del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Sostuvo que, no es la entidad competente para el reconocimiento realizado
por la Resolución 589 del 23 de julio de 2001, pues de conformidad con los
artículos 5, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto
1068 de 1995, y el Decreto 2337 de 1996, que asignan la competencia para el
reconocimiento de las pensiones, la misma le corresponde a la administradora
de pensiones, a la que se encontrara afiliado el empleado, en este caso el
Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 23 de marzo de
20024, decretó la suspensión provisional del acto administrativo censurado,
argumentando que al parecer el acto administrativo fue expedido sin

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Expediente digital –- Demanda folio 18
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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Benjamín Diaz Leal

competencia, pues la Universidad de Antioquia no tenía facultad para realizar
reconocimientos de carácter pensional, ni para establecer el régimen de
pensiones por actos administrativos.

Esta providencia fue apelada y confirmada por esta Subsección mediante
providencia del 22 de junio de 2023.

1.4 Contestación de la demanda5

La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda. Enrostró que no le asiste razón jurídica – procesal para reclamar la
nulidad de su propio acto administrativo, el cual se expidió conforme al
PRINCIPIO DE LEGALIDAD en vía administrativa, estando el reconocimiento
del derecho y los pagos que se derivaron del mismo acordes y en consonancia
con lo estipulado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, en
la ley vigente en la materia, la cual además de ser especialísima, es de orden
público y de estricto cumplimiento, tanto para los particulares como para las
entidades y empleados públicos. Máxime cuando el acto administrativo
demandado fue proferido por la Universidad de Antioquia en forma libre y
espontanea, observando el precedente unificado del Consejo de Estado, y
creando DERECHOS ADQUIRIDOS INTEGRALES PENSIONALES, que de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 debe garantizar y respetar.

Propuso como excepciones: indebida integración del litisconsorcio, temeridad,
justo título y buena fe por parte del demandado, actuación de funcionario
conforme a las exigencias de ley, firmeza, ejecutoriedad y obligatoriedad de la
Resolución administrativa 315 del 24 de octubre de 2008, inexistencia de
fundamentos jurídicos que soporten la nulidad del acto administrativo,
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, incumplimiento
del procedimiento señalado por la demandante en el acto administrativo
demandado, prescripción, imposibilidad de condena en costas y genérica.

1.5 La sentencia de primera instancia

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Benjamín Diaz Leal

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 31 de julio de
2023, decidió:

[…]

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución número 315 del
24 de octubre de 2008, por medio de la cual la Universidad de Antioquia
dispuso el pago del valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base
de Liquidación, conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y con la inclusión de las primas de vacaciones, navidad y
semestral que no reconoce el Instituto de Seguro Social al señor JOSÉ
BENJAMÍN DÍAZ LEAL, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: SE NIEGA la devolución de dineros percibidos durante el
término de vigencia de los actos administrativos demandados y frente a
las cuales se declaró la nulidad en este proveído, por lo que por este
aspecto se declara probada la excepción de inexistencia de obligación
del reintegro del dinero recibido.
TERCERO: NO SE CONDENA en costas, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
CUARTO: Notifíquese esta sentencia, de conformidad con el
artículo 203 del Código de Procedimiento
[…]

Los argumentos expresados por el tribunal fueron los siguientes:

Endilgó que la Universidad de Antioquia, expidió el acto administrativo
demandado sin competencia para ello, no hay lugar a indicar esté radicada en
cabeza de la demandada un derecho adquirido, por cuanto el reconocimiento
no tiene fundamento jurídico, todo lo contrario, se reitera, no se encuentra
atribuida en una norma legal a la Universidad de Antioquia, la facultad de
realizar reconocimientos de carácter pensional, como para el caso que nos
ocupa, ni mucho menos establecer el régimen de pensiones a través de actos
administrativos, cualquier disposición que se tome en contravía de dichas
prescripciones del Sistema General de Pensiones no puede crear situaciones
particulares, amparables, bajo la figura de los derechos adquiridos.
Por estos aspectos se declarará la nulidad de la Resolución número 315 del
24 de octubre de 2008, por medio de la cual, la Universidad de Antioquia
dispuso el pago e inclusión en la pensión de vejez del señor JOSÉ BENJAMÍN
DÍAZ LEAL, de las primas de vacaciones, prima semestral, prima de navidad,

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Benjamín Diaz Leal

por cuanto quedó probado que la demandante, de acuerdo a la ley, no está
obligada a reconocerle la pensión de vejez al demandado.

No accedió a la devolución de los dineros pagados y tampoco condenó en
costas.

1.6. Los recursos de apelación6

El ciudadano demandado interpuso el recurso de apelación pues alega que
la Universidad de Antioquia si tenía competencia para emitir el acto
administrativo acusado.

Concluye de la siguiente forma: <<En este sentido la subrogación concedida
al señor JOSE BENJAMIN DIAZ LEAL por parte de la Universidad de
Antioquia, se constituye como un derecho individual y concreto, que ya se ha
radicado en su cabeza, que ha ingresado de manera legal y legítima a su
patrimonio por mas de 20 años, y que ahora no puede ser desconocido por la
entidad pública pagadora del mismo aduciendo no ser la competente para ello;
pues el demandado cumplió a cabalidad todos los supuestos previstos por la
norma abstracta, para acceder a su pensión de vejez en los términos del
Régimen de Transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
los establecidos en la Resolución 12094 de 1999.
No siendo además de ningún recibo el argumento del Despacho de
conocimiento en su sentencia para desvirtuar la competencia de la entidad
demandante, analizar si el demandado era beneficiario del decreto
reglamentario de la Ley 100 de 1993, esto es el 2337 de 1996, pues de suyo
es absolutamente claro en su ámbito de aplicación, que ni este demandado, ni
ninguno de los 630 subrogados que tiene la entidad demandante se
encuentran en ninguno de los presupuestos allí establecidos ya que todos, se
pensionaron bajo la figura de la subrogación después de su vigencia, esto es
del 31 de diciembre de 1996.
…

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Benjamín Diaz Leal

En esta medida, la Resolución Administrativa 315 del 24 de octubre de 2008,
NO contraviene normas de rango constitucional ni legal, pues dicho derecho
prestacional se liquidó y pagó como bien lo afirma la Universidad de Antioquia
con el promedio de todo lo DEVENGADO por el trabajador, y no de lo
efectivamente cotizado, ello de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 que señala que las pensiones de los beneficiarios del
Régimen de Transición, como es el caso del señor JOSE BENJAMIN DIAZ
LEAL, que les faltare a la fecha de entrada en vigencia el Sistema General de
Pensiones, 10 o menos años para adquirir el derecho a la pensión de vejez,
su Ingreso Base de Liquidación se calcularía con el promedio de todo
DEVENGADO, y no sobre lo cotizado.>>

Por lo anterior, solicita que se revoque el fallo impugnado.

La Universidad de Antioquia presentó apelación adhesiva pues, aunque
comparte la decisión de declarar la nulidad del acto enjuiciado, no es de recibo
lo decidido frente al restablecimiento del derecho, al considerar que no había
quedado desvirtuada la buena fe que se presume en la actuación desplegada
por el demandado ante el reconocimiento hecho por la Universidad.

Manifestó que: <<fue la Universidad y no el demandado, quien desplego
múltiples acciones administrativas y judiciales con el fin de que el Seguro
Social, hoy COLPENSIONES reliquidara las pensiones de vejez de sus ex -
servidores en régimen de transición, a quienes a la entrada en vigencia del
sistema le hacía falta menos de 10 años para adquirir el derecho, con la
inclusión de todo lo devengado, las cuales vale reiterar han sido infructuosas
dada la reiterada negativa de dicha administradora de acceder a tal solicitud,
tal como quedó evidenciado en las múltiples comunicaciones aportadas con el
escrito de demanda.
En los referidos documentos quedo evidenciado que la Universidad ha
realizado múltiples acciones encaminadas a apoyar a sus ex – servidores para
que les sea reliquidada su pensión de vejez con base en todo lo devengado,
lo cual no significa que sea esta la titular de los derechos, ni que esto afecte el
análisis sobre la legalidad o no del acto administrativo demandado y mucho

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menos que por ello esté en la obligación de mantener en el tiempo un pago
que no le corresponde, sino que pone en evidencia que ha sido de público
conocimiento que la Universidad no es la obligada a realizar dicho pago y que
es COLPENSIONES, quien debe asumir la obligación.
Dicha circunstancia fue puesta en conocimiento del demandado a través de la
Resolución que ordeno el pago y posteriormente, por medio de varios
comunicados, en los cuales se les instó a todos los pensionados en dicha
situación a presentar ante Colpensiones la solicitud de extensión de la
jurisprudencia, para que la entidad pensionadora continuara asumiendo la
obligación pensional, bajo el convencimiento de que no es la entidad que
represento la competente y en consecuencia la obligada a asumirlo; sin
embargo, tal como quedó evidenciado en la respuesta a la demanda, en la que
se insiste en que es la Universidad quien debe seguir pagando dicha
diferencia, este se abstuvo de iniciar acción alguna contra su administradora
de pensiones generando que fuera la Universidad quien continuara con el
referido pago, lo cual pone en evidencia que no ha obrado de buena fe al recibir
y disfrutar a lo largo del tiempo dicha suma de dinero y como consecuencia de
ello, este debe proceder a restituir los recursos públicos que percibió desde su
reconocimiento.
En ese sentido, resulta claro, de acuerdo con el contenido de la Resolución
demandada que el pago estaba condicionado a que el Seguro Social, ahora
Colpensiones, reconociera la inclusión de las primas en la liquidación de la
pensión o que un Juez de la república así lo ordenada, por lo que la inactividad
del demandado en el ejercicio de sus derechos frente a Colpensiones mantuvo
en el tiempo el pago de la Universidad sin que le asistiera ningún interés en
iniciar acción alguna contra el Seguro Social o Colpensiones, pese a que era
única y exclusivamente éste el titular del derecho..>>

Por lo tanto, solicitó revocar la decisión en cuanto a la negativa respecto de la
restitución de las sumas pagadas a favor del demandado.

1.7 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

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Numero interno: 0047-2023
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Benjamín Diaz Leal

Con auto de 21 de marzo de 20237, el consejero sustanciador admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de
conclusión.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

Al haberse propuesto el recurso de apelación tanto por la parte demandada
como por la entidad demandante la Sala no tiene límites para resolver el fondo
del asunto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar (i) si la Universidad de
Antioquia carecía de competencia para reconocer en favor del ciudadano
demandado la diferencia resultante entre lo pagado por Colpensiones por
concepto de pensión de jubilación y lo calculado por aquella si esta
administradora de pensiones hubiese tenido en cuenta en el ingreso base de
liquidación pensional la totalidad de los factores salariales devengados por su
trabajador; y de ser cierta dicha hipótesis, (ii) si hay lugar a ordenar el
reembolso de las sumas que ha sufragado aquella institución de educación
superior al accionado.

Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos
2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.; Hechos probados; y 2.3. Solución
al caso concreto.

2.3. Marco normativo

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Índice 00005 SAMAI

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2.3.1. Competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de los servidores públicos en la Ley 100 de 1993

El Decreto 1848 de 1969 radicaba la obligación de reconocer y pagar la
pensión de jubilación a los servidores públicos en cabeza de la entidad de
previsión a la que se encontraba afiliado el servidor o, en su defecto, la última
entidad pública empleadora.

Más adelante, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se creó el
Sistema General de Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de
afiliar a este a todas las personas vinculadas por contrato de trabajo o como
servidores públicos. Para estos últimos, el Decreto 691 del 29 de marzo de
1994 dispuso incorporar al Sistema General de Pensiones a los siguientes
servidores públicos:

«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades
descentralizadas;
b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama
Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la
organización electoral y la Contraloría General de la República».

Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente
para el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del
Sistema General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de
1995 estableció que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos
del orden departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de
cotización a pensión.

Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen
general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial y ratificó lo dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.

En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos debían
estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto y en virtud de lo

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dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la
administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación
correspondiente, y reconocerla o reliquidarla según sea el caso.

2.4. De lo probado en el proceso8

Obran en el expediente los siguientes documentos:

1. Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999, expedida por la institución
universitaria que se subrogó en una obligación del ISS en relación con la parte
que le correspondía asumir en favor de los servidores de la entidad
beneficiarios del régimen de transición que al momento de entrada en vigor el
Sistema General del Pensiones les faltaba menos de diez (10) años para
adquirir el derecho; y que, por tanto, debía habérseles liquidado las pensiones
de vejez con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
conforme lo indica el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
«ordenó el ajuste de las pensiones que ya habían sido reconocidas por el
Instituto de Seguros Sociales a los servidores que se encontraban en la
situación descrita y a quienes les fuera otorgado el derecho a partir de la fecha
de emisión de la resolución rectoral, de ahí que se consideraran las primas de
navidad, vacaciones y semestral como factor computable en la base de
liquidación».

2. Resolución 16628 de 25 de junio de 1999, a través de la cual la institución
demandante reglamentó la resolución anterior.

3. Resolución 35823 de 17 de octubre de 2012, de la accionante que derogó
la 12094 de 04 de mayo de 1999, “por haber emergido varias decisiones
judiciales en las que se declaró la inexistencia de la obligación de parte del
Instituto de Seguros Sociales para liquidar las pensiones de vejez con inclusión
de todo lo devengado por los servidores públicos beneficiados con el régimen
de transición que les faltaren menos de diez (10) años para pensionarse”.

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OneDrive – carpeta PRUEBAS

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4. Certificado de pagos emanado de la Universidad de Antioquia del 24 de
noviembre de 2021, en donde certifica que el señor José Benjamín Diaz Leal,
recibió por concepto de subrogación entre el 15 de junio de 2008 y el 31 de
octubre de 2021 la suma de $185.989.254.

5. Resolución 315 del 24 de octubre de 2008 emitida por la Vicerrectoría
Administrativa de la Universidad de Antioquia, por medio de la cual dispuso el
pago temporal que resultaba de la aplicación del IBL que consagra el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no fue reconocido por el
ISS a la demandada a partir del 15 de junio de 2008, hasta que éste lo
asumiera muto propio o por orden judicial.

6. Resolución 016561 del 15 de septiembre de 2005, por medio de la cual el
Instituto de Seguro Social reconoció la pensión a favor del señor José
Benjamín Diaz Leal.

7. Solicitud del 21 de agosto de 2001 del Vicerrector administrativo de la
universidad al ISS, para que se reconociera y pagara a los empleados públicos
docentes y no docentes de la universidad la pensión en los términos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

8. Respuesta del ISS, por Oficio DNC 01148 del 25 de febrero de 2002.

9. Solicitud del rector de la Universidad a Colpensiones para que reliquidara a
los empleados públicos de la institución del 19 de noviembre de 2012.

10. Respuesta de Colpensiones sobre la solicitud de reliquidación de
pensiones a los funcionarios de la universidad, de fecha 4 de febrero de 2013.

11. Acta de reunión del 12 de mayo de 2015 entre la gerencia de Colpensiones
y la rectoría de la Universidad de Antioquia, con el fin de definir la reliquidación
de las pensiones del personal de la universidad, que se encontraba en régimen
de transición y le hacía falta menos de 10 años para pensionarse.

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12. Hoja de vida del ciudadano demandado con fotocopia de los siguientes
documentos: Solicitud de vinculación al ISS; liquidación del bono pensional;
cédula de ciudadanía; Registro civil de nacimiento; Resolución administrativa
453 del 16 de septiembre de 2005, por la cual se reconoce un bono pensional;
Resolución de reconocimiento pensional 016561 de 2005; Resolución
administrativa No. 315 del 24 de octubre de 2008.

2.5. Solución al caso concreto

La parte actora solicita la nulidad del acto administrativo por medio del cual
ordenó pagarle a José Benjamín Díaz Leal el valor de la diferencia no
reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, al determinar el ingreso base de
liquidación de su pensión de vejez en aplicación del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a partir del 15 de junio de 2008.

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del acto acusado al
considerar que la Universidad actúo con mera liberalidad, en subrogarse en
un deber que no le correspondía, por lo que no está obligada a mantener los
actos administrativos demandados. Enrostra que el ente universitario no tiene
competencia para realizar reconocimientos pensionales de carácter pensional.
Negó la devolución de las sumas de dinero pagadas con ocasión de la
resolución enjuiciada, pues no se había desvirtuado la presunción de buena fe
de la demandada al recibirlas, y no condenó en costas a la parte vencida.

El ciudadano demandado interpone recurso de apelación al estimar que el acto
demandado tiene presunción de legalidad, bajo la sustentación de principios
de orden superior como el de favorabilidad y derechos adquiridos, refrendados
a través del procedente obligatorio unificado por el Consejo de Estado.

E insiste que la Universidad Antioquia no se ha equivocado al velar por
bienestar de sus trabajadores, hoy pensionados del ISS – Colpensiones, pues
el acto atacado responde al criterio que tenía el Consejo de Estado por más
de 25 años, en cuanto a que las prestaciones periódicas se debían liquidar con
el promedio de todo lo devengado en el último año de servicios.

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La entidad demandante interpuso recurso de apelación adhesivo contra la
anterior decisión, y pidió que se revoque de manera parcial la sentencia,
alegando que negó la pretensión de restablecimiento al considerar que no
había quedado desvirtuada dentro del proceso la buena fe que se presume en
la actuación desplegada por el demandado ante el reconocimiento hecho por
la Universidad.

Conforme se probó en el proceso, por medio de la Resolución 016561 del 15
de septiembre de 2005, el ISS, hoy Colpensiones, le reconoció a José
Benjamín Diaz Leal una pensión de vejez. Sin embargo, la Universidad de
Antioquia al considerar que no se dio aplicación al ingreso base de liquidación
que establece el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se
subrogó en parte de la obligación y ordenó pagarle la diferencia a la
demandada por Resolución 315 del 24 de octubre de 2008, que no reconoció
el ISS, hoy Colpensiones.

Ahora bien, la Sala destaca que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 2,
artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, los servidores públicos en el orden
departamental, municipal, distrital; y por supuesto, el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior, debían
estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de
junio de 1995; por lo que, a partir de esa fecha, la entidad competente del
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
establecidas en la Ley 100 de 1993, es la administradora de pensiones que
recibiera las cotizaciones de dichos servidores públicos .

Así las cosas, se considera que en el caso en comento la Universidad de
Antioquia carecía de competencia para pronunciarse acerca del derecho
pensional de José Benjamín Diaz Leal; y específicamente, en lo relacionado
al reconocimiento del mayor valor en su ingreso base de liquidación, (por
cuanto que correspondía legalmente al ISS, como entidad previsional o
administradora de las cotizaciones realizadas por ésta), asumir el pago de la
totalidad de la prestación, máxime cuando tal fondo de previsión fue el que le

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reconoció la pensión de vejez por Resolución 016561 del 15 de septiembre de
2005.

Por consiguiente, se considera que el ciudadano demandado debió acudir ante
el ISS, hoy Colpensiones, para efectos de discutir o reclamar la aplicación de
su ingreso base de liquidación en los términos señalados en el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que la Universidad de Antioquia se
subrogara para el cumplimiento de la mencionada obligación.

En ese sentido, las razones expuestas por el ciudadano demandado, en el
fondo no demeritan lo concluido ut supra, al no existir dentro del ordenamiento
jurídico colombiano la posibilidad que una entidad supla, así sea de manera
parcial, en el pago de una pensión, cuando con la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, lo que se buscó fue que esta función estuviera
exclusivamente en cabeza de las entidades que recibían las cotizaciones.

Por lo tanto, mantener el valor sufragado a partir de la Resolución 515 del 24
de octubre de 2008, se traduce en consentir que, pese al ostensible vicio de
competencia, se desconocería el Decreto9 233710 de 1996, en especial el
artículo 2 que se cita en su integridad:

“Reconocimiento del pasivo pensional. El presente Decreto, se
aplicará a aquellas universidades oficiales e instituciones oficiales
de educación superior, que con anterioridad al 23 de diciembre de
1993, tenían a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones
en calidad de empleadoras y así mismo a aquellas que a través
de una caja con personería jurídica, reconocían y pagaban
directamente las obligaciones pensionales, de los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente, con
vinculación contractual, legal o reglamentaria con las
universidades o instituciones de educación superior.
Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los
servidores públicos, trabajadores oficiales y personal docente de
aquellas instituciones que reconocían y pagaban directamente las
pensiones, la afiliación a uno de los dos regímenes del Sistema
General de Pensiones, debe haberse efectuado a más tardar el
30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para las

9
Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994
10
Compilado por el Decreto 1068 de 2015

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entidades territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto
1642 de 1995.
Con respecto al pago de las cotizaciones recibidas o causadas
entre la fecha de entrada en vigencia del sistema en la respectiva
universidad o institución y la de afiliación a una de las
administradoras de pensiones, la modalidad de transferencia de
los correspondientes recursos, podrá ser convenida entre la
universidad o institución y la administradora seleccionada por el
afiliado.
Parágrafo 2º. Las cajas con personería jurídica, declaradas
solventes y autorizadas por la autoridad competente para
administrar el régimen solidario de Prima Media con prestación
definida, lo harán mientras subsistan y con respecto a los afiliados
que tenían a 30 de junio de 1995 o en la fecha en la cual entró en
vigencia el Sistema General de Pensiones en la respectiva
universidad o institución oficial de naturaleza territorial y se regirán
por lo dispuesto en el Decreto 1888 de 1994 y disposiciones que
lo modifiquen, adicionen o reformen.”

En otras palabras, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el
reconocimiento y pago de una pensión de los servidores públicos de las
universidades está a cargo del sistema general de pensiones, y como en este
caso, la prestación periódica fue reconocida por el ISS hoy Colpensiones,
cualquier carga adicional de ese talante equivale a mantener una competencia
con la que ya no contaba la universidad de Antioquia de modo que las razones
expuestas por el ciudadano demandado deben ser desestimadas.

En consecuencia, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia en cuanto a que el acto administrativo demandado fue proferido sin
competencia por parte de la entidad administrativa que lo expidió y, por tanto,
estaba llamado a ser declarado nulo.

Dicho esto, la Sala pasa a definir si procede el restablecimiento del derecho
en los términos propuestos por la parte actora.

Respecto a la devolución de las sumas de dinero pagadas con ocasión del
acto administrativo censurado y declarado nulo en la sentencia de primera
instancia, se señala que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en el literal c) del numeral 1 del artículo 164 prevé
que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares

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de buena fe». Ello, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 83 de la
Constitución Política, que dispone: «las actuaciones de los particulares y de
las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la
cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

En este orden de ideas, se considera que la buena fe es uno de los principios
generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública
y los ciudadanos, tal y como así lo indicó la Corte Constitucional en la
sentencia C-131 de 2004, quien agregó:

«En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos
amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro
y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las
diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares
entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte
esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas
que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del
principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas
que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente
con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el
valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que
una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos
usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido
en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de
las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a
colmar las lagunas del sistema jurídico».

Entonces, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de
las autoridades, supuesto al que se ajusta el ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011.

Por lo anterior, con el fin de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero
perseguidas en esta demanda, la Universidad de Antioquia debió acreditar que
la obtención de tal derecho por parte del ciudadano demandado se hizo con
desconocimiento de los postulados de la buena fe; que, como se ha precisado,
se presume.

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Por ello, como en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe del
demandado, resulta improcedente ordenar la devolución de las sumas
pagadas a su favor por virtud del acto censurado.

2.6. Sobre la condena en costas

Es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como
se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
«[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación […]». Siendo así, teniendo en
cuenta que en el trámite del proceso no se observa su causación, esta Sala
no condenará en costas.

III. DECISIÓN

Vistas las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia proferida
el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de octubre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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