Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01245-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01245-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01245-03
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001-23-33-000-2021-01245-03 (2577-2023)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : Óscar de Jesús Rivera Estrada
Tema : Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la
entidad empleadora. Caducidad artículo 86 de la Ley 2381 de
: 2024.
Decisión Se confirma la sentencia apelada. La Universidad carecía de
competencia para reconocer o reliquidar pensiones tras la Ley
100 de 1993.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia
proferida el 18 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de Óscar de Jesús Rivera
Estrada el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido por
el Instituto de Seguros Sociales (ISS), desde el 26 de diciembre de 2000 hasta que dicha
entidad lo hiciera bien motu proprio o por orden judicial.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada restituir
a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con ocasión de
la expedición del acto acusado, esto es, desde el 26 de diciembre de 2000 hasta el 31 de
mayo de 2021, que corresponden a $ 279.626.480, más los valores que se generen hasta
que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.
3. Expuso los siguientes argumentos: Óscar de Jesús Rivera Estrada estuvo vinculado
como docente en la Universidad de Antioquia desde el 1.° de febrero de 1970 hasta el 25
de diciembre de 2000. Previo a la expedición de la Ley 100 de 1993, la Universidad
reconocía directamente las pensiones de vejez a su personal docente y administrativo,
sin realizar ningún descuento por aportes pensionales.
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01245-03 (2577-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
4. Que a partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, la Universidad afilió a sus empleados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
comenzó a realizar los aportes correspondientes.
5. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base
en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en
régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales.
6. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera y
pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.
7. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.
8. El 14 de noviembre de 2000 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor
de la parte demandada por $ 429.102.000, correspondiéndole consignar el valor de $
362.972.000 al ente previsional en mención.
9. Que el ISS reconoció al demandado, mediante Resolución 01143 del 15 de febrero de
2001, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.141.849, excluyendo del ingreso base
de liquidación (IBL) las primas de navidad, servicios y vacaciones. Frente a dicha
exclusión y con fundamento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad de
Antioquia expidió la Resolución 389 del 5 de julio de 2001, ordenando pagar a la parte
demandada la diferencia existente entre la pensión otorgada por el ISS y la que resultaría
de aplicar el IBL incluyendo todos los factores salariales omitidos por la entidad
previsional.
10. Señaló que aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado», con
la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones deben
liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en cuestión
la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.
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Demandante: Universidad de Antioquia
11. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores
público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.
En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas
las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1.°
de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas
personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad como el
tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad
con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida
para acceder a la pensión de vejez.
12. Finalmente, sostuvo que el demandado en este caso no se encontraba dentro de los
supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían considerar
alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de diciembre
de 1996 contaba únicamente con 49 años, es decir, no cumplía aún con el requisito de
edad exigido para acceder a la pensión de vejez.
Contestación de la demanda.
13. El demandado se opuso integralmente a las pretensiones, argumentando que la
Universidad se había autoimpuesto la carga de adelantar los trámites administrativos y
judiciales necesarios para que el extinto ISS —hoy Colpensiones— asumiera la
obligación pensional. No obstante, señaló que la institución nunca promovió una acción
judicial con ese fin.
14. Afirmó que, conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tenía
derecho a obtener la pensión de vejez con base en el promedio de lo devengado durante
el tiempo que le faltaba para adquirir el derecho, razón por la cual no le eran aplicables
los decretos 1158 de 1994, 1068 de 1995 y 2337 de 1996.
15. Agregó que en lo concerniente a la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, existía
cosa juzgada, pues esta había sido demandada por la Asociación de Profesores, según
lo manifestó la misma Universidad, en el proceso radicado 2009-01178 tramitado ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual culminó con sentencia del 16 de abril de
2015.
16. Por último, sostuvo que la Universidad debió dirigir sus pretensiones contra
Colpensiones, por lo que alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.
Subsidiariamente, solicitó que, de no prosperar dicha excepción, se reconociera su buena
fe en lo correspondiente a los pagos que recibió, pues no medio fraude o violencia, y que,
en todo caso, se declare la prescripción de la obligación.
Decisión de las excepciones previas
17. Mediante auto del 20 de mayo de 2022, el Tribunal declaró no probada la excepción
de indebida integración del litisconsorcio necesario, al considerar que no era
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Demandante: Universidad de Antioquia
indispensable vincular a Colpensiones al proceso, dado que fue la Universidad de
Antioquia, actuando por mera liberalidad, la que expidió el acto administrativo mediante
el cual reconoció temporalmente un pago.
Sentencia apelada
18. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones, al
declarar la nulidad de la Resolución 389 del 5 de julio de 2001 y negar la devolución de
los dineros solicitados, sin imponer condena en costas. Sustentó su decisión en que la
Universidad de Antioquia no tenía competencia para subrogarse una obligación
pensional, motivo por el cual no estaba obligada a mantener el acto administrativo
demandado.
19. Además, consideró que, conforme al literal c) del numeral 1.º del artículo 164 del
CPACA, no procedía ordenar la devolución de prestaciones periódicas pagadas a
particulares que actuaron de buena fe.
20. En cuanto a las costas, el Tribunal concluyó que no eran procedentes, dado que se
trataba de un proceso que comprometía recursos del erario.
Recurso de apelación
21. El demandado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, al considerar que no se resolvieron todas las excepciones de mérito planteadas
en la contestación de la demanda, específicamente: (i) culpa de la demandante, (ii)
responsabilidad de un tercero, y (iii) cosa juzgada. Por ello, solicitó que se emita un
pronunciamiento expreso sobre estas.
22. Señaló que la Universidad de Antioquia, al asumir el pago por concepto de
subrogación, no está reconociendo directamente una pensión, ya que esta función
corresponde a los fondos de pensiones creados para tal fin. No obstante, la entidad
estaría respondiendo por su omisión en el pago de cotizaciones al sistema, y en
consecuencia debe garantizar el reconocimiento de la pensión de vejez conforme al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Reiteró que la legitimada para ser demandada era
Colpensiones y no él, y que en el caso operaba la cosa juzgada, tal como lo expuso en
su escrito de contestación.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto proferido el 11 de diciembre de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.
24. Durante la oportunidad procesal, la demandante no hizo manifestación alguna
respecto al recurso interpuesto por el accionado y el Ministerio Público guardó silencio.
25. Encontrándose para fallo el presente asunto, el demandado solicitó la aplicación de
la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
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Demandante: Universidad de Antioquia
III. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala establecer si resulta aplicable la caducidad prevista por el
legislador en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. En caso negativo, debe determinarse
si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en yerros jurídicos al declarar la nulidad
de la Resolución 389 del 5 de julio de 2001, con fundamento en la supuesta
incompetencia de la Universidad de Antioquia para subrogarse temporalmente en el
cumplimiento de obligaciones pensionales a cargo del Instituto de Seguros Sociales
(ISS), a favor de empleados beneficiarios del régimen de transición.
Análisis del problema jurídico
➢ De la caducidad alegada
28. En el presente caso, no opera la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, por cuanto el acto administrativo demandado no corresponde al reconocimiento
de una pensión. En consecuencia, dicha regla especial no resulta aplicable, conforme a
las consideraciones que se desarrollan a continuación.
29. La caducidad es un presupuesto procesal de orden público que limita temporalmente
el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su finalidad es garantizar la
seguridad jurídica y la estabilidad de los actos administrativos, lo que justifica su carácter
irrenunciable y su eventual declaratoria de oficio por parte del juez, conforme al artículo
187 del CPACA.
30. El literal c del numeral 1.° del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 20241 prevé como regla especial de caducidad que «Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.»
1 «Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y
Muerte Común, y se dictan otras disposiciones».
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31. En consonancia con lo anterior, salta a la vista que la norma en mención no resulta
aplicable al caso particular, dado que el acto administrativo aquí censurado no se deriva
del reconocimiento de una pensión otorgada por una entidad facultada para ello. Por el
contrario, la controversia se centra en discutir la legalidad de un acto administrativo
mediante el cual la Universidad de Antioquia ordenó pagar, a favor de Óscar de Jesús
Rivera Estrada, el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto
en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no fue reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales (ISS).
32. Cabe precisar que el extinto ISS fue la entidad de previsión que le reconoció al
demandado una pensión de vejez mediante la Resolución 01143 del 15 de febrero de
2001, acto administrativo que no es objeto de demanda en el presente proceso.
➢ De la subrogación de la obligación objeto de análisis por parte de la
Universidad de Antioquia
33. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, dado que se encuentra
desvirtuada la legalidad del acto administrativo demandado, en tanto que su expedición
no obedeció a una obligación legalmente atribuible a la Universidad de Antioquia, ni se
fundamentó en una competencia que le fuera reconocida para asumir el pago de la
obligación cuestionada, de acuerdo con las razones jurídicas y probatorias que se
expondrán a continuación.
34. El demandado prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia. El
14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120942 mediante la
cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
En su artículo primero dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o
por orden judicial, asuma la misma.»
35. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren
en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.
2 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.
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Demandante: Universidad de Antioquia
36. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 18071 del 14 de noviembre de
2000 mediante la cual reconoció a favor del señor Óscar de Jesús Rivera Estrada un
bono pensional por la suma de $ 429.102.000.
37. El 15 de febrero de 2001, por medio de la Resolución 01143, el extinto ISS reconoció
una pensión de jubilación al señor Rivera Estrada, en cuantía de $ 2.141.849.
38. El 5 de julio de 2001 la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 389, a través
de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido por el ISS
y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en el IBL. Esta
actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
39. La Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución rectoral 35823 17 de octubre de 2012.
40. Ahora, el Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los
empleados oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no
existía afiliación a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996),
se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación
obligatoria de los servidores públicos, incluidos los empleados de universidades
estatales, al nuevo sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia
para reconocer y pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la
administradora que hubiera recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la
competencia directa de las universidades estatales.
41. En consecuencia, tras la entrada en vigor de los regímenes pensionales establecidos
en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad quedó
en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las cotizaciones3.
42. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre el
derecho pensional del accionado, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL, ya
que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por la parte demandada.
43. En línea con lo anterior, esta Subsección4 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:
«De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
3 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de
2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).
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Demandante: Universidad de Antioquia
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.
[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.»
44. En consideración a lo expuesto, no le asiste razón al demandado en sus reparos. El
hecho de que la Universidad de Antioquia se hubiera subrogado en una obligación
pensional que no le correspondía legalmente, no implica que esté llamada a asumir
indefinidamente un pago que compromete recursos públicos, máxime cuando se ha
desvirtuado la legalidad del acto administrativo que dio origen a dicha obligación. De otro
lado, frente a la alegada existencia de cosa juzgada respecto de la Resolución 12094 del
4 de mayo de 1999, cabe precisar que dicho acto no fue objeto de demanda en la
presente demanda, lo que torna improcedente la invocación de esta figura. Llama la
atención de la Sala que el recurrente insista en este argumento dentro de su recurso de
apelación, pese a su evidente falta de pertinencia. Por consiguiente, no hay lugar a emitir
pronunciamiento de fondo sobre dicho aspecto.
45. En consecuencia, se configura la nulidad del acto administrativo demandado, por
cuanto fue expedido por una autoridad manifiestamente incompetente para reconocer o
asumir obligaciones derivadas del sistema general de pensiones. La Universidad de
Antioquia carecía de atribuciones legales para pronunciarse sobre aspectos relativos al
ingreso base de liquidación del señor Rivera Estrada o para subrogarse en obligaciones
propias del extinto ISS, hoy Colpensiones, como administradora de las cotizaciones
efectuadas.
Condena en costas
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
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Demandante: Universidad de Antioquia
48. La eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia al demandado, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, de conformidad con lo
expuesto en esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia al demandado, de acuerdo con
lo señalado en la parte motiva.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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