Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07133-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07133-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07133-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
29 de enero de 2026
Demandantes: Andrea del Pilar Bedoya García y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07133-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07133-00
Demandantes: ANDREA DEL PILAR BEDOYA GARCÍA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Los señores Andrea del Pilar Bedoya García, Hugo Davey Mancera Gutiérrez,
Dora Emilia Huérfano Reina, Elizabeth Blandón Silva, Jesús Octavio Zuluaga
Mazuera, Rubiela Aldana Ahumada, Luz Marina Hernández Hoyos, Ruth Aydinez
Padilla Rincón, Luz Marina León Saavedra, Nubia Isabel Álvarez de Vargas,
Marleny Rodríguez Rayo, Christian Enrique Jaramillo Caviedes, Darío Alberto
Peñaloza Mora, Dora Mercedes Pineda Rozo, Fanny Reyes Lara, Josefina Marín
de Suarez, Luz Amparo Rincón Novoa, Darío Alfonso Rodríguez Riveros, Ruddy
Iraya Riaño Silva, Marco Antonio Peña Toro y María Estella González Parrado,
actuando a través de apoderado judicial1, instauraron acción de tutela2 contra el
Tribunal Administrativo del Meta3 en la que solicitaron el amparo de sus derechos
1 Índices 02, 03 y 05 Samai. Abogado Yobany Alberto López Quintero.
2 Radicada el 11 de noviembre de 2025 con secuencia: 11515
3Sala integrada por los Magistrados Teresa Herrera Andrade, Héctor Enrique Rey Moreno y
Claudia Patricia Alonso Pérez.
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Demandantes: Andrea del Pilar Bedoya García y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
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fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y
principio de «gratuidad».
Dichas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de la
sentencia de segunda instancia proferida el 7 de mayo de 2025 dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado
50001-33-33-003-2018-00114-00/01/02, promovido por los accionantes y otros en
contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG- y el municipio de Villavicencio.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
3. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial
referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen de procedencia de
la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad
vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las
garantías iusfundamentales de la accionante.4
1.3. Hechos
Los accionantes formularon demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del oficio No. 1500-23/30 del 5 de
diciembre de 2017, por el cual se les negó el reconocimiento y pago de la
bonificación por servicios prevista en el artículo 1° del Decreto 2418 de 2015 en
calidad de docentes oficiales incorporados a la planta de cargos de la Secretaría
de Educación del municipio de Villavicencio.
El aludido medio de control, radicado con número 50001-33-33-003-2018-00114-
00 correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Villavicencio, que en sentencia del 31 de enero de 2025 denegó las
pretensiones y condenó en costas a los demandantes.
Para el efecto, consideró el a quo que conforme al criterio adoptado por esta
Corporación en materia de costas procesales y de acuerdo con la normativa que
rige la materia, dicha condena debía imponerse a cargo de la parte vencida en
juicio por encontrarse acreditada su causación con la actividad procesal
adelantada en el asunto por el apoderado de la pasiva.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandantes: Andrea del Pilar Bedoya García y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
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Decisión que fue objeto de recurso de apelación por la parte demandante
únicamente en lo concerniente a la mencionada sanción y confirmada por el
Tribunal Administrativo del Meta en proveído del 7 de mayo de 2025.
Sostuvo el tribunal accionado en esa oportunidad que la modificación introducida
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al C.P.A.C.A., según el criterio del
Consejo de Estado, no implicó que se hubiera retomado el criterio subjetivo de la
sanción que establecía el artículo 171 del C.C.A., pues aquella norma tiene un
alcance distinto, que debe ser interpretada en concordancia con lo señalado en el
inciso 1º del artículo 188 del C.P.A.C.A., el cual no fue modificado por lo que, sigue
plenamente vigente el criterio objetivo-valorativo para la imposición de la condena
en cuestión, sin que deba evaluarse la conducta de la parte sobre la cual se recae
la misma.
Igualmente, advirtió el ad quem, que la adición del inciso 2.º, del artículo 188 del
C.P.A.C.A., efectuada por la norma en comento, aplica solamente para los
procesos en los que se ventile un interés público y no para los que discutan
asuntos de interés particular, los cuales continuarían rigiéndose por lo
contemplado en el inciso 1.º, del citado artículo 188.
En tal sentido, acogió el criterio del juez de primera instancia al considerar que la
parte vencida debía asumir tal erogación a favor de las entidades demandadas
quienes habrían incurrido en gastos del proceso al estar en todo momento
representadas por apoderados judiciales que radicaron contestación de la
demanda y alegatos de conclusión.
El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 12 de mayo
de 2025.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora, indicó que la accionada incurrió en defecto sustantivo por
indebida aplicación e interpretación del artículo 188 del C.P.A.C.A.
Refirió que la modificación introducida a dicho artículo tiene aplicación a todos los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción contenciosa administrativa y no fue
prevista por el legislador de forma restringida a determinada clase de asuntos
como lo considera la accionada.
Señaló que la prerrogativa de autonomía e independencia judicial no puede
convertirse en un escudo para amparar decisiones arbitrarias y carentes de
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sustento legal.
Así mismo, estimó que la accionada impuso la condena en costas sin tener en
cuenta que para la fecha de su decisión ya se encontraba vigente Ley 2080 de
2021, que modificó el artículo 188 del CPACA y estableció como criterio obligatorio
para la procedencia de la penalidad la verificación de que la demanda hubiera sido
presentada con manifiesta ausencia de fundamento legal.
En su criterio el tribunal debió realizar un análisis expreso y motivado sobre dicha
exigencia y su omisión no puede considerase como una interpretación legítima de
la autonomía judicial sino como una actuación contraria a derecho y en tal sentido
aludió a los principios de inescindibilidad y favorabilidad en la medida que no
resultaba admisible fraccionar las disposiciones legales para aplicar
selectivamente algunos elementos de un régimen jurídico, como en su criterio
sucedió.
Consideró que la inconformidad planteada en el presente trámite «no es la
imposición de una carga económica en sí misma, sino que dicha determinación se
adoptó a partir de una interpretación incompleta de la ley, en la medida que excluyó
de análisis la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, que exige verificar
si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal para
imponer las costas en los procesos contenciosos administrativos», lo que en su
sentir no tuvo lugar, pues el medio de control contaba con un respaldo fáctico y
jurídico suficiente.
Finalmente, hizo alusión a una serie de sentencias del Consejo de Estado5 con las
que respalda su criterio, referente a que, para la condena en costas, se debe
determinar dependiente de si la demanda se presentó con o sin manifiesto
fundamento legal, teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la
materia y la nueva postura de la Corporación. Igualmente, hizo mención o dos
sentencias de acciones constitucionales con las que se amparó el derecho
fundamental al debido proceso tras cuestionar la imposición de la condena en
costas sin que la autoridad judicial accionada analizara si se configuró la manifiesta
carencia de fundamento legal de la demanda incorporado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 8 de febrero de 2024, Rad. No.
520013333000201800041600(4256-2021), demandante Oscar Fernando Cerón Ortega contra la
Procuraduría General de la Nación; sentencia del 4 abril de 2024, Rad. No. 20001-23-33-000-2013-
00352-01 (2466-16), demandante Rosalba Cordero Villalobos contra la E.S.E. Hospital Francisco
Canossa de Pelaya, Cesar; sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. No. 25000-23-42-000-2015-
0335-01 (3526-2019), demandante Juan Ignacio Rojas Buitrago contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 18 de noviembre de 2025 se admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte accionante6 y, como parte accionada, al Tribunal Administrativo
del Meta.7
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio «primera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho» a los demás demandantes del proceso ordinario, al municipio de
Villavicencio, la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
del Magisterio - FOMAG. «parte demandada del ordinario».8
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Meta9
La Magistrada Ponente solicitó el rechazo de la tutela por ser improcedente al
considerar que no supera el requisito de relevancia constitucional al pretender los
accionantes emplear este mecanismo como una instancia adicional para
cuestionar la interpretación de las normas que regulan el asunto objeto de
discusión, el cual ya fue zanjado por el juez natural.
Trajo a colación los argumentos planteados en la sentencia cuestionada,
reiterando que la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 no aplica para
los procesos de carácter ordinario, como es el de nulidad y restablecimiento del
derecho, sino para los procesos que siendo de interés público, la demanda carezca
por completo de fundamento legal conforme lo señalara la Sección Tercera,
Subsección A, del Consejo de Estado en sentencia del 11 de mayo de 2022,
radicado17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700) y sentencia del 24 de octubre
de 2025, radicado 25000-23-36-000-2018-00313-02 (71.309)
En tal sentido, concluyó que la sentencia acusada se encuentra acorde con las
normas y jurisprudencia aplicable que rige la materia y que la mera inconformidad
6 Índice 009 y 0017 de Samai.
7Índice 009 de Samai. La notificación fue enviada al correo:
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 Índice 009 de Samai.
9 Índice 0011 de Samai.
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con la decisión no puede ser razón suficiente para que el juez constitucional
intervenga en la órbita del juez natural competente.
Finalmente, allegó el expediente objeto de tutela digitalizado.
1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio10
El secretario del Juzgado remitió copia digital del expediente en cuestión sin
realizar pronunciamiento adicional alguno.
1.6.3. Municipio de Villavicencio11
La entidad señaló que en el presente asunto no se configura el defecto alegado
por la parte actora como quiera que los argumentos expuestos en la providencia
proferida por el ad quem son congruentes y resuelven el objeto de la discusión
planteada en el recurso de apelación formulado en el proceso contencioso.
Igualmente, aludió a que una simple discrepancia sobre la interpretación que
pueda surgir en el debate jurídico y probatorio en un caso no constituye por sí
misma una irregularidad que amerite la intervención del juez constitucional, por lo
que solicitó la negativa a las pretensiones.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por los actores contra el Tribunal Administrativo del Meta, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
En el caso bajo examen, si bien se alude en la tutela a las providencias de primera
y segunda instancia mediante las cuales se clausuró el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 50001-33-33-003-2018-
00114-00/01/02, el análisis de esta acción se circunscribirá únicamente a la
decisión adoptada por el tribunal accionado, al ser la que puso fin a la discusión
planteada.
10Índice 0012 de Samai.
11 Índice 0014 de Samai.
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Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a esta Corporación resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo del Meta vulneró las garantías invocadas por el
extremo activo, con ocasión de la providencia del 7 de mayo de 2025, que
confirmó la condena en costas impuesta en sentencia proferida el 31 de
enero de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado 50001-33-33-003-2018-00114-00/01/02?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su
procedencia.14
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202215 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
15 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal16
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional18.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal19”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales20”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto21, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal22.
(Resaltado de la Sala)
16 Sentencia SU-573 de 2019.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-128 de 2021.
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Ibid.
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2.5. Caso Concreto
La parte actora cuestionó la providencia del 7 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta que confirmó la condena en costas a ella
impuesta en sentencia de primera instancia dictada dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 50001-33-33-003-
2018-00114-00/02.
Lo anterior, ya que, a su juicio, se incurrió en defecto sustantivo por indebida
aplicación e interpretación de la normativa que regula la aludida penalidad.
Todo ello bajo el entendido que el juez ordinario ignoró o desconoció los elementos
normativos esenciales del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 al excluir del análisis
si la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contaba con un respaldo fáctico y jurídico suficiente,
como en su sentir lo impone la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021.
Atribuyó al ad quem haber realizado una interpretación incorrecta del artículo 188
citado comoquiera que la modificación aludida implementada por la Ley 2080 de
2021 tiene incidencia en todos los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa y no de forma restringida a determinada clase de
asuntos como se concluyó en la sentencia acusada.
Respecto a lo alegado por los actores, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso, por
lo que este mecanismo se torna improcedente al no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
Se observa que la causa de la queja planteada en esta tutela guarda estrecha
relación con el reproche formulado por el extremo actor a través del recurso de
apelación formulado dentro expediente objeto de estudio.
En efecto, los accionantes aludieron en tal oportunidad a la interpretación que se
debe dar al artículo 188 del C.P.A.C.A. junto con su respectiva adición introducida
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con determinados
pronunciamientos de esta Corporación que trajo a colación, concluyendo que para
la imposición de condena en costas se debe valorar en todo tipo de proceso de la
jurisdicción contenciosa si la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
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No obstante, el tribunal accionado al abordar la resolución del caso, luego de
analizar las disposiciones tanto del C.G.P. como del C.P.A.C.A., incluyendo la
adición al artículo 188 mencionado y los pronunciamientos que también al respecto
ha emitido este órgano, concluyó que era procedente aplicar tal penalidad a la
parte vencida al encontrarse acreditado los gastos procesales en que se hizo
incurrir al extremo pasivo del asunto, quien asumió su defensa a través de la
representación de apoderados judiciales.
Si bien los accionantes no comparten los razonamientos efectuados por el Tribunal
Administrativo del Meta para la imposición de la condena en costas, lo cierto es
que los mismos ya fueron objeto de análisis normativo y jurisprudencial,
indistintamente a que el resultado no le sea favorable a sus intereses.
Es evidente que la controversia esbozada por el extremo actor no satisface el
requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos legales y económicos, y lo que busca es imponer su criterio, el cual
estima más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto
respecto al sentido de la decisión, toda vez que se observa una simetría con los
argumentos expuestos en la demanda constitucional con los esbozados en el
escrito de alzada formulado en el medio de control.
Cabe señalar que, si bien la actora no invocó defecto por desconocimiento del
precedente de manera puntual, tal cuestionamiento se puede deducir en razón a
la mención que hace de los pronunciamientos que esta misma Corporación emitió
en el curso de procesos ordinarios y de acciones de tutela donde se abordó el
criterio que en su sentir es el que debe primar en torno a la imposición de la sanción
en cuestión. Sentencias que fueron referenciadas en el acápite de fundamentos
de la vulneración.
No obstante, sin proceder a realizar un estudio de fondo que conlleve determinar
si se incurrió o no en el aludido defecto, pues ello no es procedente al no cumplirse
los presupuestos necesarios, como a continuación se expone, es preciso advertir
que el tema que centra nuestra atención cuenta con posturas disímiles en las
Subsecciones A y B del Consejo de Estado y ha sido objeto de múltiples
modificaciones que atienden a los criterios adoptados en cada caso concreto,
véase por ejemplo la sentencia del 23 de octubre de 2025 dictada en el radicado
05001-23-33-000-2021-01245-03 (2577-2023) de la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado.
Por otra parte, el extremo que invoca el defecto consistente en el desconocimiento
del precedente debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que
considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de
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Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
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esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia. Aspectos que no fueron
atendidos por los tutelantes, pues únicamente se aludió a las decisiones que
acogieron el criterio afín a sus intereses dejando desatendidos los demás
aspectos, de tal suerte que un estudio al respecto resulta improcedente.
En suma, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate legal y meramente económico planteado por la parte actora, se reitera,
busca mutar el amparo constitucional en una instancia adicional y reabrir la
discusión jurídica ya zanjada por el juez contencioso, conforme las etapas que
para tal efecto estableció el legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por los
señores Andrea del Pilar Bedoya García, Hugo Davey Mancera Gutiérrez, Dora
Emilia Huérfano Reina, Elizabeth Blandón Silva, Jesús Octavio Zuluaga Mazuera,
Rubiela Aldana Ahumada, Luz Marina Hernández Hoyos, Ruth Aydinez Padilla
Rincón, Luz Marina León Saavedra, Nubia Isabel Álvarez de Vargas, Marleny
Rodríguez Rayo, Christian Enrique Jaramillo Caviedes, Darío Alberto Peñaloza
Mora, Dora Mercedes Pineda Rozo, Fanny Reyes Lara, Josefina Marín de Suarez,
Luz Amparo Rincón Novoa, Darío Alfonso Rodríguez Riveros, Ruddy Iraya Riaño
Silva, Marco Antonio Peña Toro y María Estella González Parrado, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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