Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2013-00352-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2013-00352-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2013-00352-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cuatro (04) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Demandado: E.S.E. Hospital Francisco Canossa de Pelaya, Cesar
Temas: Pago de auxilio por incapacidad con cargo al empleador por
incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social en
salud. Primacía del derecho sustancial. Incapacidades médicas
por enfermedad común.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 16 de diciembre del 2015, por el Tribunal Administrativo del
Cesar, por medio de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Rosalba Cordero formuló demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad
de los Oficios del 9 y 16 de abril de 2013, expedidos por la E.S.E. Hospital Francisco
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Canossa, por medio de los cuales se negó el pago de salarios y prestaciones
sociales causados entre el mes de agosto de 2010 y septiembre del año 2013.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) que se ordene el pago de: (a) $ 45.325.624, por concepto de salarios [sic]
causados entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de septiembre de 2013; (b)
$ 21.943.918 con ocasión de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio,
prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación [sic], calzado y vestido de
labor, vacaciones y subsidio familiar correspondiente al mismo periodo; (ii) disponer
el pago de los aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales
generados entre el 6 de agosto de 2010 y el 12 de julio de 2012 [sic]; (iii) imponer el
pago de $ 1.518.095 en razón del daño emergente configurado a partir de los gastos
en que debió incurrir la demandante por el no pago de los salarios y prestaciones
sociales.
Además, pidió: (iv) declarar que no ha existido solución de continuidad «en la
prestación del servicio por parte de la demandante»; (v) conminar a la parte
demandada al pago de 100 S.M.L.M.V. a título de daños morales por el estrés
causado a partir del no pago de salarios; (vi) pagar los intereses previstos en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; (vii) cumplir el fallo dictado dentro del presente
asunto en los términos del C.P.A.C.A. [sic]; (viii) reajustar el valor de la condena de
conformidad con el índice de precios al consumidor; y (ix) condenar a las
demandadas al pago de costas y agencias en derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) El 9 de febrero de 1999, según la Resolución 062 y el acta de posesión número
21 de la misma fecha, la señora Rosalba Cordero Villalobos se vinculó a la E.S.E
Hospital Francisco Canossa del municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar,
en calidad de auxiliar de enfermería; para el momento de la interposición de la
presente demanda1 el salario promedio de ese cargo era de $ 1.275.552.
1 04 de octubre de 2013, según acta de reparto en folio 262.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
ii) Desde el 15 de febrero del año 2010, la accionante padece una serie de
enfermedades de origen común denominadas lumbalgia crónica, síndrome
miofascial, fibromialgia y arritmia no especificada, que le han generado sucesivas
incapacidades médicas; a raíz de los anteriores acontecimientos, el 12 de julio de
2012, la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar y la Guajira dictaminó, por
medio de Resolución 2830, una pérdida de la capacidad laboral del 51 %,
disminución estructurada, según el documento, desde el 6 de agosto del año 2010.
iii) Entre el 6 de agosto de 2010 y el 12 de julio de 2012, la demandada no ha
realizado los correspondientes pagos por concepto de salarios, prestaciones
sociales y demás derechos laborales [sic]; además, desde el mes de julio de 2011,
la demandante se encuentra desvinculada del sistema de seguridad social en salud,
razón por la que ha tenido que asumir los costos de los gastos clínicos y de
transporte para dirigirse a citas médicas. Para el momento de radicación del
presente medio de control no había sido notificada de acto administrativo alguno de
desvinculación laboral de la E.S.E Hospital Francisco Canossa ni de acto de
reconocimiento de la pensión de invalidez.
iv) A pesar de que la demandante no lo relató como hecho relevante, la Sala
considera oportuno indicar que en sede administrativa se elevaron una serie de
peticiones tendientes al reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales que
dieron origen a los oficios cuestionados, en los que se negó lo pretendido por la
señora Rosalba Cordero. Tales documentos serán relacionados detalladamente en
el acápite de hechos probados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 2, 13,
25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política de 1991; la Ley 100 de 1993; los artículos
25, 40 y 45, literales c y d, del Decreto 1045 de 1978; y 11 del Decreto 3135 [de
1968]. En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso los
siguientes argumentos:
i) La Constitución Política de 1991 protege de forma especial el derecho al trabajo
y el desempeño de actividades para la producción de bienes y servicios, razón por
la que la demandante tiene derecho a que se le paguen todas las prestaciones
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Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
sociales de ley, como cesantías, primas de navidad, vacaciones y servicios,
afiliación al régimen de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales.
ii) La entidad accionada violó el derecho fundamental a la igualdad, en tanto a los
demás funcionarios que laboraban en la E.S.E. Hospital Francisco Canossa y que
cumplen con las mismas funciones y horarios se les pagaron todas las prestaciones
sociales a que tenían derecho y no se les desafilió del régimen de seguridad social
en salud. La señora Rosalba Cordero se vio en la necesidad de sufragar todos los
gastos necesarios para afrontar su situación médica.
iii) Los patronos están en la obligación de consignar el auxilio de cesantías a más
tardar el día 15 de febrero de cada año, deber incumplido por el Hospital Francisco
Canossa que no ha desvinculado del empleo a la demandante, pero tampoco ha
realizado los respectivos pagos.
iv) La entidad demandada se ha sustraído del pago de las primas de vacaciones,
navidad y servicio y desconoció el Decreto 1703 del año 2002, relacionado con las
circunstancias para desvincular del sistema de seguridad social a un trabajador
dependiente, pues la retiró del sistema sin que mediara acto administrativo de
desvinculación de la entidad.
1.2. Contestación de la demanda
La entonces representante legal de la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de Pelaya,
Cesar, otorgó poder judicial debidamente conferido a la abogada Dubys Baldovino
Arrieta, de acuerdo con los documentos vistos en los folios 324 al 329 del
expediente, pero no se aportó contestación de la demanda.
1.3 El trámite en la primera instancia
La presente demanda fue interpuesta, inicialmente, en contra de la E.S.E Hospital
Francisco Canossa y de la E.P.S. Salud Vida con el propósito de que, además del
pago de salarios y prestaciones sociales, con cargo al empleador, se reconociera,
paralelamente y en cabeza de la promotora de salud, el pago del auxilio por las
incapacidades médicas que le fueron concedidas a la accionante.
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Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Sin embargo, en auto del 20 de marzo de 2014,2 el Tribunal Administrativo del Cesar
inadmitió el presente medio de control, pues consideró configurada una indebida
acumulación de pretensiones, al advertir que las controversias relacionadas con el
pago del auxilio por incapacidades médicas son ajenas a las competencias del juez
contencioso-administrativo y, de acuerdo con el artículo 622 de la Ley 1564 del
2012, que modificó el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la
Seguridad Social, hacen parte de la órbita jurisdiccional ordinaria laboral.
En virtud de lo anterior, se ordenó a la parte demandante adecuar el contenido de
la demanda, requerimiento que no fue cuestionado por la interesada y, por el
contrario, se acató por medio de memorial del 1 de abril de 2014,3 en donde se
excluyó a la E.P.S. Salud Vida como parte demandada y se retiraron las pretensiones
relacionadas con el pago del auxilio por incapacidades médicas para, de ese modo,
proponer, únicamente, las relativas a los emolumentos salariales y prestacionales
frente a la E.S.E Hospital Francisco Canossa, que fueron descritas previamente.
1.3.1. La fijación del litigio
En la audiencia inicial celebrada el 27 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo
del Cesar fijó el litigio de la demanda del siguiente modo:4
En primer lugar, establecer si son nulos o no los actos administrativos contenidos
en los oficios de la fecha 9 y 16 de abril del 2013, expedidos por la Gerencia de la
E.S.E. Hospital Francisco Canossa de Pelaya – Cesar, por medio de los cuales se
negó el pago de los sueldos y las prestaciones sociales adeudadas a la
demandante.
En caso de ser afirmativa la premisa anterior, se deberá establecer, si la
demandante tiene derecho a que se le cancelen los sueldos adeudados en los
periodos de agosto a diciembre de 2010, enero a diciembre de 2011, enero a
diciembre de 2012 y enero a septiembre de 2012, así como las prestaciones sociales
tales como: cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio, prima de
navidad, prima de vacaciones, bonificación, calzado y vestido de labor, vacaciones
y susidio familiar. De igual forma, se deberá determinar si le asiste el derecho a que
2 Folios 269 al 271.
3 Folios 273 al 277.
4 Transcripción en folios 330 al 334 y CD en folio 335.
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Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
la entidad accionada, le cancele el daño material, en la modalidad de daño
emergente, por las facturas que la actora tuvo que cancelar, en razón al no pago de
los salarios, prestaciones sociales y demás derechos laborales, debidamente
indexado, además si existió solución de continuidad en la prestación del servicio por
parte de la demandante.
Asimismo, si tiene derecho al pago del daño moral ocasionado, por el estrés
causado por el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales, durante el
tiempo que duró la incapacidad y hasta la fecha, al pago de los intereses de que
trata el artículo 192 de la Ley 1437 del 2011, a la actualización de los valores a que
sea condenada la entidad accionada y por último, al pago de costas y agencias en
derecho.
Posteriormente, el magistrado conductor de la diligencia cuestionó a las partes
sobre los términos de la fijación del litigio, frente a lo cual manifestaron estar de
acuerdo, es decir, que no se manifestó inconformismo alguno.
1.3.2. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 16 de diciembre de
2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues declaró la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados, aunque solo en relación
con el pago de los aportes a seguridad social en salud y pensión y ordenó el pago
de tales conceptos por los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2011,
pero negó lo relativo al pago de salarios; las razones de la anterior decisión fueron
las siguientes:5
i) El Tribunal Administrativo del Cesar señaló que el auxilio por incapacidades
médicas debe ser pagado, durante los primeros 3 días, por el empleador, mientras
que del día número 4 al 180 es la Empresa Promotora de Salud la encargada de
asumir dicho costo, al paso que, del día 181 en adelante, hasta 180 días más, el
pago debe ser realizado por el fondo de pensiones hasta tanto se efectúe el
dictamen de pérdida de capacidad laboral y que, además, con fundamento en el
artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, tendrá que asumir la carga de reconocer una
pensión de invalidez en caso de determinarse que tal disminución supere el 50 %.
5 Folios 359 al 376.
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Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
ii) De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, la señora Rosalba Cordero fue
vinculada al Hospital Francisco Canossa el 9 de febrero de 1999; entre el 7 de marzo
de 2010 y el 10 de enero de 2012 le fueron concedidas una serie de incapacidades
médicas que superan, con creces, los 180 días. Seguidamente, la Junta de
Calificación de Invalidez del Cesar determinó que la demandante tenía una
disminución de sus capacidades laborales de un 51 %, con ocasión de una serie de
padecimientos que fueron catalogados como de origen común.
iii) Debido a que las enfermedades padecidas por la accionante son de origen
común, el pago de los aportes de salud y pensión deben ser sufragados por el
empleador hasta tanto finalice la relación laboral, toda vez que la aseguradora de
riesgos laborales solo debe asumir tal responsabilidad en caso de que los
padecimientos que causen la incapacidad sean de origen profesional. De acuerdo
con lo anterior, el auxilio por «incapacidad por riesgo común la paga la E.P.S. y la
incapacidad por riesgo profesional la paga la A.R.P.» [sic].
iv) En los casos en los que un trabajador es titular de una incapacidad médica el
«“sueldo” [incapacidad]» debe ser pagado o bien por la A.R.P. o bien por la E.P.S.,
según sea el origen de la afectación de salud, mientras que las cotizaciones a salud
y pensión deben ser asumidas por el empleado [sic], indistintamente del origen de
los padecimientos; por su parte, el empleador solo está obligado al pago de tales
aportes «si se trata de riesgo común. Con respecto a los riesgos profesionales no
hay lugar a su pago, por cuanto el trabajador no está sometido a ningún riesgo
laboral debido a que no está trabajando por estar incapacitado».
v) Cuando una persona está incapacitada, el salario lo constituye el pago de la
incapacidad que debe efectuar la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado el trabajador,
razón por la que no puede la actora reclamarlos a su empleador, es decir al hospital
accionado. En ese sentido, las obligaciones de ambos extremos laborales en casos
de incapacidades de origen común solo se predican del pago de los aportes a
seguridad social; en relación con lo anterior, al proceso se aportó el Oficio del 4 de
marzo de 2013, expedido por la E.P.S. Salud Vida, en donde se informa que la
demandante fue suspendida del sistema de salud durante los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre de 2011, por falta de pago.
vi) Durante los meses citados, la señora Cordero Villalobos se encontraba
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Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
incapacitada por las enfermedades de origen común que padece, lo que quiere decir
que le asistía a su empleador el deber de pago de los aportes a seguridad social en
salud y pensión. Debido a que las pruebas solo dan cuenta de la falta de pago de
los meses de julio a octubre de 2011, es sobre ese lapso que se emitirán las
respectivas órdenes.
vii) Finalmente, no se accedió a las pretensiones del daño emergente y del daño
moral porque, frente a la primera si bien se aportaron facturas de consultas médicas
y medicamentos no se logró demostrar que ello tuviera relación con las
circunstancias que dieron origen a la presente demanda, mientras que en cuanto a
la segunda tampoco se anexaron pruebas que demuestren que la demandante
padeció sufrimiento o estrés por los hechos narrados.
1.4. El recurso de apelación
Por medio de memorial del 22 de enero de 2016, la señora Rosalba Cordero
Villalobos interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
de acuerdo con las razones que pasan a enumerarse6:
i) El Tribunal Administrativo del Cesar no realizó un estudio detallado de los hechos,
las pruebas y las pretensiones del medio de control, pues solo se pronunció sobre
los aportes al Sistema de Seguridad Social, pero nada dijo sobre la solicitud de
reconocimiento de los salarios dejados de pagar entre agosto de 2010 y septiembre
de 2013.
ii) El a quo desconoció el conflicto existente entre la administradora de riesgos
profesionales [sic], la empresa promotora de salud y la entidad demandada,
respecto de quién es la facultada para realizar los pagos correspondientes a salarios
o el auxilio de incapacidades médicas. Tampoco se tuvieron en cuenta los oficios
de los folios 28, 29, 52, 53, 54 y 100, en los que se observa que el gerente de la
E.S.E. Hospital Francisco Canossa le informa a la gerente de Positiva Compañía de
Seguros que «no asumirá el pago de los aportes a salud y pensión de la
incapacitada».
6 Folios 381 al 384.
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Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
iii) Dentro del expediente no existe prueba de la desvinculación de la actora del
cargo que desempeñaba en la E.S.E. Hospital Francisco Canossa, lo que quiere
decir que su relación laboral se encontraba vigente; aun así, tampoco existe prueba
de que la entidad demandada haya realizado el pago de salarios.
iv) En cuanto al pago de daños morales y materiales, no se tuvieron en cuenta los
oficios en los que la actora solicita la prestación de los servicios médicos, hasta el
punto de tener que recurrir a la acción de tutela para proteger sus derechos
fundamentales, circunstancia que le ocasionó un gran estrés y zozobra, al no contar
con el pago de salarios ni del auxilio por incapacidad, por lo que se vio obligada a
buscar los medios necesarios para salvaguardar su vida y salud.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Según constancia secretarial visible a folio 423, vencido el término legal
correspondiente, ninguna de las partes alegó de conclusión.
1.6. El Ministerio Público
El agente del ministerio público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con los argumentos propuestos por la apelante única en el recurso de
alzada, los problemas jurídicos en esta instancia se circunscriben a establecer 2
aspectos a saber: (i) si la señora Rosalba Cordero Villalobos tiene derecho, como
insiste, al pago de los salarios [sic] y demás prestaciones sociales o de auxilios por
incapacidad causados mientras estuvo incapacitada medicamente para laborar entre
el mes de agosto de 2010 y septiembre del año 2013, con cargo a la parte
demandada; y (ii) si le asiste el derecho a la accionante a ser indemnizada por los
supuestos daños materiales y morales ocasionados por su desafiliación del sistema
de salud.
2.2. Marco normativo
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Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
2.2.1. Sobre la Seguridad Social en Salud, las incapacidades médicas y la
protección internacional del trabajador enfermo.
El artículo 25 de la Carta Superior señala que el trabajo es un derecho y una
obligación de carácter social que amerita la especial protección del Estado en todas
sus modalidades, mientras que los artículos 48 y 53 consagran una serie de
garantías constitucionales relacionadas con la protección al trabajador entre las que
se puede encontrar la estabilidad laboral, remuneración mínima vital y móvil, la
protección especial a la mujer y la seguridad social.
La citada protección se extiende a aquellas situaciones en las que el trabajador, por
cualquier circunstancia, ve afectado su estado de salud hasta el punto de requerir
una incapacidad médica por enfermedad o accidente, tiempo en el cual no puede
ser desamparado ni por el empleador, ni por las entidades prestadoras de los
servicios de salud, ni por las administradoras de riesgos laborales.
Las anteriores prerrogativas constitucionales y legales comportan una celosa
materialización de las garantías propias de la seguridad social y un claro ejemplo
del desarrollo del Estado social de derecho. Así, la protección del trabajador
enfermo es también una ejecución de la agenda internacional en materia laboral
que se ha visto concretada en, por ejemplo, el Convenio 102 de 1952 de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el que se plasman sendas líneas de
protección al trabajador en materia se asistencia médica y prestaciones monetarias
de enfermedad.
De ese modo, el citado convenio ha previsto un entorno proteccionista alrededor del
trabajador afectado por calamidades de carácter médico, tales como las garantías
de prestación de los servicios de salud, para los cuales se han señalado, entre otros,
4 derroteros relevantes para el presente asunto a saber: (i) la asistencia médica
general; (ii) el servicio médico especializado; (iii) el suministro de productos
farmacéuticos; y (iv) la atención intrahospitalaria.
Además, el fortalecimiento de la garantía de los servicios médico-asistenciales fue
objeto de refuerzo en la misma previsión internacional, en la que se procuró el
compromiso de los Estados en materia económica, en atención a la especial
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condición de fragilidad del trabajador enfermo y su núcleo familiar. Es así que se
previó la concesión de prestaciones económicas periódicas para las personas
protegidas, durante el periodo de morbilidad en el que se estructure la incapacidad
para laborar.
Ahora, es cierto que el Convenio 102 de 1952 no ha sido ratificado por Colombia y,
en consecuencia, no hace parte del bloque de constitucionalidad; sin embargo, ha
sido la misma Corte Constitucional7 la que le ha dado una función interpretativa y
orientadora a los principios del derecho internacional, específicamente aquellos
intrínsecamente relacionados con los derechos humanos, razón por la que la no
ratificación de un convenido o pacto no necesariamente implica su completa
desatención.
En ese sentido, a partir del contenido del artículo 38 de los Estatutos de la Corte
Internacional de Justicia, no solo el derecho positivo o hard law constituye fuente
directa de las decisiones judiciales, sino que la costumbre y los principios generales
del derecho también son elementos orientadores, particularmente, en materia de
progresividad y protección de derechos laborales, más aún si se tiene en
consideración que la reglamentación interna es coherente con las previsiones que
sobre la materia efectuó el antecedente internacional citado.
En esa misma línea, el derecho hispano ha previsto sendas protecciones en esta
materia, las cuales pueden corroborarse con el contenido del Código
Iberoamericano de Seguridad Social suscrito en el mes de septiembre de 1955 en
Madrid, España, y aprobado en el derecho doméstico a través de la Ley 516 de
1999. En ese sentido, la sección cuarta, común en ambas compilaciones
normativas, se refiere al soporte económico para el trabajador en caso de
enfermedades que, según la terminología legal interna, podría entenderse como de
origen común.
Esta última deducción obedece al simple hecho de que lo relacionado con
accidentes laborales y enfermedades «profesionales» se encuentra previsto en la
sección sexta de la citada legislación común, además de la salvedad contenida en
el artículo 54, según el cual la contingencia de enfermedad «deberá comprender la
7 Corte Constitucional. Sentencia C-258 de 2008.
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incapacidad temporal para el trabajo, a causa de la enfermedad o el accidente,
distintos de la enfermedad profesional o del accidente de trabajo». (negrillas
propias)
Pues bien, hecha la anterior aclaración, vale la pena resaltar que el sustento
económico previsto en la legislación iberoamericana, ratificada por Colombia,
consiste en un pago periódico que tiene el propósito, tal como en el sistema general
de seguridad social interno, de cubrir las necesidades médicas del trabajador
enfermo y no desamparar al núcleo familiar, el cual debe desembolsarse durante
todo el transcurso de la contingencia o incapacidad, pues así se consagró en el
artículo 57 ibidem, y solo podrá suspenderse en caso de que «el beneficiario, sin
motivos o causas razonables, se negase a seguir el tratamiento médico que se
hubiese prescrito».
2.2.2. Sobre el sistema de seguridad social integral colombiano y las
incapacidades médicas del trabajador
De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Seguridad Social Integral
comprende la prestación de servicios relacionados con la salud, pensiones y riesgos
laborales y se basa en principios relativos a la eficiencia, universalidad, solidaridad
e integralidad. La afiliación al sistema de salud tiene 3 características esenciales: (i)
es obligatoria, excepto para quienes pertenezcan a regímenes exceptuados o
especiales;8 (ii) se realiza por una única vez;9 y (iii) la desafiliación solo se produce
por la muerte del afiliado.10
La citada protección cubre circunstancias imprevistas tales como aquellas en las
que el trabajador es titular de una incapacidad médica que le impide cumplir con las
funciones asignadas al cargo que desempeña. En ese sentido, dada la especial
situación de vulnerabilidad propia de una afección médica, el legislador ha
procurado no desamparar al trabajador indispuesto a través de la concesión de un
auxilio económico que le garantice la satisfacción de sus necesidades básicas y las
de su núcleo familiar, según lo consignado, de forma común, en los artículos 53 de
8 Así está consagrado en los artículos 17 del Decreto 2353 de 2015 y 2.1.3.2 del Decreto 780 de
2016.
9 Por disposición del artículo 2.1.3.1 del Decreto 780 de 2016.
10 Parágrafo 2 del artículo 2.1.3.1 ibidem.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
la Constitución Política de 1991, 227 del Código Sustantivo del Trabajo, 206 de la
Ley 100 de 1993, 3 de la Ley 776 de 2003, 7 del Decreto 1295 de 1999 y 40 del
Decreto 1406 de ese mismo año.
Ahora, las incapacidades médicas pueden tener origen en enfermedades o
accidentes de carácter laboral o común, es decir que pueden relacionarse o no con
la actividad laboral desempeñada por el trabajador. De ese modo, la determinación
de la causa de la enfermedad que da pie a la incapacidad médica tiene una relación
directa con los términos y características del pago del mencionado auxilio
económico y con el régimen normativo aplicable.
En ese sentido, los subsidios por incapacidad de origen laboral deben ser
asumidos de manera plena por la administradora de riesgos laborales en
cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1295 de 1994 y, a partir del parágrafo 1 del
artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, modificado por el artículo 1 del Decreto 2943
de 2013, dicho pago deberá ser asumido desde el día siguiente al acaecimiento del
accidente de trabajo.
Por su parte, en caso de que la incapacidad sea de origen común, el último
antecedente normativo citado señala que el mencionado auxilio será asumido,
durante los primeros 2 días por el empleador y del tercer día en adelante, hasta el
día 180, por la empresa promotora de salud. 11 En caso de que la incapacidad supere
los 180 días, el fondo de pensiones, bajo las atribuciones del artículo 41 de la Ley
100 de 1993,12 deberá asumir el pago de un subsidio por incapacidad equivalente
al valor de la incapacidad que venía siendo pagada por la E.P.S., siempre y cuando
11 ARTÍCULO 1. Modificar el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, el cual quedará
así: PARÁGRAFO 1°. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los
respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) primeros días
de incapacidad originada por enfermedad general y de las Entidades Promotoras de Salud a partir
del tercer (3) día y de conformidad con la normatividad vigente.
12 ARTÍCULO 41. Calificación del Estado de Invalidez. […] Para los casos de accidente o
enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora
de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación de
Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a
los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora
de Salud, evento en el cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la
entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos
de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
exista concepto favorable de rehabilitación de la promotora de salud, el cual deberá
ser emitido antes del cumplimiento del día 120 de incapacidad, so pena de que sea
la E.P.S. la que continúe sufragando dicho subsidio.
El mismo artículo 41 de la Ley 100 de 1993, ha fijado un plazo máximo de 540 días
de incapacidades de origen común, cifra que surge de la suma de los 360 días
calendario adicionales a los primeros 180 días de incapacidad temporal reconocida
por la Empresa Promotora de Salud, pues, en caso de que el empleado no se haya
recuperado en ese plazo y no haya concepto favorable de rehabilitación de la E.P.S.,
deberá iniciarse el trámite de la pensión de invalidez ante el respectivo fondo de
pensiones.
2.2.3. Sobre las cotizaciones a seguridad social durante el periodo de
incapacidad de origen común del trabajador
Durante las incapacidades médicas de origen común persiste el deber de continuar
realizando los aportes al sistema de seguridad social en materia de salud y pensión,
tal como lo ordena el artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016 que dice lo siguiente:
ARTÍCULO 3.2.1.10. Ingreso Base de Cotización durante las incapacidades o la
licencia de maternidad. Durante los períodos de incapacidad por riesgo común
o de licencia de maternidad, habrá lugar al pago de los aportes a los Sistemas
de Salud y de Pensiones. Para efectos de liquidar los aportes correspondientes al
período por el cual se reconozca al afiliado una incapacidad por riesgo común o una
licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de Cotización el valor de
la incapacidad o licencia de maternidad según sea el caso.
En el evento de incapacidad derivada de riesgo común o de licencia de
maternidad, los aportes al Sistema de Pensiones serán de cargo de los
empleadores y empleados, en la proporción que establece la ley. Cuando los
empleadores opten por pagar el valor de las incapacidades que en este evento se
causen, podrán repetir dicho valor contra la respectiva EPS, al igual que descontar
de aquellas el valor de los aportes al Sistema de Pensiones a cargo de sus
empleados.
Serán de cargo de la respectiva Administradora de Riesgos Laborales (ARL), el valor
de los aportes para los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones que se
causen durante los períodos de incapacidad originados por una enfermedad o
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
accidente de carácter laboral, en la parte que de ordinario correspondería al
aportante con trabajadores dependientes. En este evento, la ARL descontará del
valor de la incapacidad el monto correspondiente a la cotización del trabajador
dependiente.
[negrillas propias]
A su turno, de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 1772 de 1994, modificado por
el artículo 2.2.4.2.1.6. del Decreto 1072 de 2015, durante los periodos de
incapacidad no se causan cotizaciones por concepto de riesgos laborales,
indistintamente del origen de dicha novedad. La norma es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 2.2.4.2.1.6. Contenido del formulario de novedades.
Se consideran novedades:
1.1. Ingreso de un trabajador;
1.2. Incapacidad del trabajador;
1.3. Vacaciones de un trabajador;
1.4. Licencias y suspensiones del trabajo, no remuneradas;
1.5. Modificación del salario;
1.6. Egreso de un trabajador;
1.7. Cambio de nombre o razón social del empleador;
1.8. Cambio de actividad económica principal.
Durante el período de duración de la novedad no se causan cotizaciones a
cargo del empleador, al Sistema General de Riesgos Laborales, por las
contempladas en los numerales 1.2., 1.3., 1.4 y 1.6., de este artículo.
[negrillas propias]
De conformidad con las normas transcritas, las cotizaciones al sistema de seguridad
social por concepto de salud y pensión durante el periodo de incapacidades médicas
de origen común siguen siendo, en la misma proporción legal, una obligación
compartida del empleador y el trabajador;13 la única diferencia radica en la base de
cotización, pues en cumplimiento de lo consignado en el artículo 3.2.1.10 del
Decreto 780 de 2016, estará constituida ya no por el valor del salario sino por el
monto reconocido por concepto de subsidio de incapacidad, con la salvedad de que
el porcentaje del aporte que le corresponde al trabajador incapacitado será
descontado de forma directa del citado auxilio.
13 Según se lee de la parte final de la primera premisa del inciso segundo del artículo 3.2.1.10 del
Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y de la Protección Social número 780 de 2016.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Ahora, está claro que durante los periodos de incapacidad médica no se causan
salarios en favor del trabajador incapacitado, por la evidente razón de que, por
motivos de salud, no se encuentra desempeñando las funciones de su empleo. Así
la prestación económica que se genera es un subsidio o auxilio por incapacidad
que, en todo caso, no está a cargo del empleador, sino, como ya se explicó, de la
empresa promotora de salud o el fondo de pensiones al que se encuentre afiliado
el trabajador, según corresponda.
2.2.4. Sobre las consecuencias de la mora en el pago de los aportes a
seguridad social en salud del trabajador incapacitado
La obligación de pago del tan referido auxilio por incapacidad por parte de las E.P.S
se encuentra supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos legales; el más
relevante en esta oportunidad es que las cotizaciones al sistema de seguridad social
se encuentren al día, pues si no se han cumplido los deberes de pago, habrá lugar
a la suspensión14 del beneficiario del sistema contributivo y, en consecuencia, no
existirá el deber recíproco, por parte de la promotora de salud, de pagar las
incapacidades causadas durante el periodo de mora.
Lo anterior se encuentra detalladamente explicado en el artículo 2.1.9.1. del Decreto
780 del 2016, que es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 2.1.9.1. Efectos de la mora en las cotizaciones de trabajadores
dependientes. El no pago por dos períodos consecutivos de las cotizaciones a
cargo del empleador, siempre y cuando la EPS no se hubiera allanado a la mora,
producirá la suspensión de la afiliación y de la prestación de los servicios de salud
contenidos en el plan de beneficios por parte de la EPS. Durante el periodo de
suspensión, el empleador en mora deberá pagar el costo de los servicios de salud
que demande el trabajador y su núcleo familiar, sin perjuicio del pago de las
cotizaciones adeudadas y de los intereses de mora correspondientes.
[…]
Durante los periodos de suspensión por mora no habrá lugar al reconocimiento de
las prestaciones económicas por incapacidad, licencias de maternidad y paternidad
14 No es correcto citar el término «desafiliación», pues el artículo 2.1.3.1 del Decreto 780 de 2016
señala que la única causal de desafiliación es la muerte del beneficiario. Adicionalmente, el artículo
2.2.3.1.3 indica que se encuentran en estado activo todos aquellos afiliados que no estén «retirados,
suspendidos o desafiliados por fallecimiento», entendiendo el término «retirado» no como una
sustracción del sistema sino como un cambio entre regímenes, contributivo y subsidiado.
16
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
por parte del Sistema o de la EPS y su pago estará a cargo del empleador, salvo
que haya mediado un acuerdo de pago.
Visto lo anterior, en aquellos eventos en los cuales el empleador, quien es el
obligado a trasladar el pago de la seguridad social, incumpla con sus obligaciones
legales de pago de los aportes durante los periodos de incapacidad de origen común
del trabajador, la empresa promotora de salud se verá relevada del deber de pago
de la incapacidad médica, lo que conlleva a que sea el empleador el legalmente
llamado a pagar tanto el auxilio de las incapacidades como los gastos médicos en
los que incurra el trabajador e, incluso, su núcleo familiar.
Sobre lo mencionado, el artículo 2.2.3.7.3 expone lo siguiente:
Artículo 2.2.3.7.3. Causales de suspensión o no reconocimiento de pago de la
incapacidad de origen común.
1. Cuando la entidad promotora de salud, la entidad adaptada o la autoridad
competente, según el caso, determine que se configura alguna de las causales
de abuso del derecho establecidas en el artículo 2.2.3.7.1 del presente decreto.
2. Cuando el cotizante no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo
2.2.3.3.1 del presente decreto.
3. Cuando el cotizante incurra en mora conforme con lo establecido en los
artículos 2.1.9.1 y 2.1.9.3 del presente decreto.
4. Cuando la incapacidad de origen común tenga origen en tratamientos con fines
estéticos y sus complicaciones, o se derive de tratamientos que acrediten los
criterios de exclusión definidos el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015.
En virtud de los antecedentes normativos citados, está claro que el no pago por
parte del empleador de los aportes a la seguridad social genera la suspensión del
régimen contributivo del trabajador, con el consecuente no pago por parte de la E.P.S
de las incapacidades de origen común que se causen y, por contera, le impone el
deber de asumir el pago tanto del auxilio correspondiente como de los gastos
médicos en que incurra el empleado.
2.2.5. Jurisdicción rogada y acceso a la administración de justicia
En virtud de la naturaleza predominantemente rogada de esta jurisdicción, el
Consejo de Estado ha sostenido que la sentencia proferida por el juez de lo
contencioso administrativo no puede ser infra, extra o ultra petita, sino que debe
17
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
sujetarse a todos y cada uno de los aspectos sometidos a su consideración.15
Además, cuando se demande un acto administrativo, deben indicarse las normas
violadas y el concepto de su violación.16
Sin embargo, esta corporación ha aclarado que la aplicación del criterio de
jurisdicción rogada encuentra una fuerte limitación en los derechos fundamentales
de los asociados y en la garantía de acceso efectivo a la administración de justicia.
Así, el citado principio debe flexibilizarse cuando se encuentran en juego garantías
laborales y de la seguridad social. En tal sentido, en sentencia de unificación del 12
de abril de 2018, se explicó lo siguiente:17
[…] el principio de la jurisdicción rogada tiene fundamento en la presunción de
legalidad de los actos administrativos en los términos indicados por el artículo 88 de
la Ley 1437 de 2011, pero debe precisarse que aquel no puede entenderse como
absoluto en esta jurisdicción y menos aún en materia laboral, especialidad dentro de
la cual se conciben derechos mínimos e irrenunciables, que obligan al juez a dar
aplicación a normas superiores, tal y como sucede cuando se acude a las
excepciones de convencionalidad, inconstitucionalidad, de ilegalidad, como tampoco
si se está en presencia de eventos como el descrito en la sentencia C-197 de 1999,
la cual prevé la obligación del juez contencioso administrativo de atender la norma
constitucional cuando se encuentre frente a derechos fundamentales de aplicación
inmediata o cuando debe decidir de oficio sobre excepciones previas o de fondo, solo
para señalar algunas excepciones que se pueden presentar al carácter restrictivo del
marco impuesto por los argumentos de las partes.
En ese mismo sentido, la Sentencia C-197 de 1999, proferida por la Corte
Constitucional, al analizar la constitucionalidad del numeral 4 del artículo 137 del
CCA,18 concluyó que «cuando el juez administrativo advierta la violación de un
derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su
protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito
15 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicado: 68001-23-31-000-
2005-02784-01 (1327-11).
16 Artículo 162 del CPACA.
17 Radicado: 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15).
18 Código Contencioso Administrativo.
Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá
dirigirse al tribunal competente y contendrá:
[…]
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
18
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
de señalar las normas violadas y el concepto de la violación. Igualmente, cuando
dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene
la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución».
Al respecto, el alto tribunal advirtió que no podía extremarse la aplicación de la
norma analizada bajo un rigorismo procesal que atentara contra el principio de la
prevalencia del derecho sustancial; por el contrario, el operador judicial está llamado
a salvaguardar la vigencia y goce efectivo de las garantías fundamentales.
En consonancia con los anteriores lineamientos interpretativos, esta corporación se
ha referido al deber que tiene el juez de realizar una lectura integral y
contextualizada de la demanda, lo cual debe hacerse desde la etapa de admisión
hasta la sentencia, en aras de materializar la prevalencia del derecho sustancial y
el acceso a la administración de justicia.
En efecto, se ha precisado que el artículo 228 de la Constitución Política impuso al
juzgador el deber de «ver la materia real del litigio con prescindencia de la forma; le
dio una capacidad de acción, y con ella, lo convirtió en un verdadero rector del
proceso con poderes de interpretación auténtica, se recaba, al exigirle que los
juicios deben ser expresión del derecho sustancial»19. Igualmente, se ha explicado
que los rigorismos procesales no pueden traducirse en el sacrificio de valores y
bienes jurídicos establecidos en normas sustanciales. Así se ha concluido:20
[…] el juzgador a efecto de garantizar el debido acceso a la administración de justicia
debe evitar el exceso de ritual y por ende debe aplicar el principio de la prevalencia
del derecho sustancial, favorabilidad e interpretación integral y coherente de la
demanda, cuando la falta de técnica jurídica impida establecer de manera expresa lo
pretendido por el administrado y “los elementos formalmente omitidos estén implícitos
o pueden deducirse de su texto"21.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejera ponente:
Dra. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 8 de noviembre de 2001, radicado: 15001-23-31-000-
1994-0135-01 (12853), actor: Armando Gaitán Garzón.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez, auto de 3 de marzo de 2016, radicado: 05001-
23-33-000-2013-01457-01 (0569-2014), actora: Mariela Oliva Castaño de Cadavid.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
ponente: Alfonso Vargas Rincón, actor: José Said Arévalo Sánchez, demandado: Caja Nacional de
Previsión Social – CAJANAL, Número de Radicación 68001-23-31-000-2005-02297-01.
19
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
El anterior criterio es consonante con los artículos 11 del Código General del
Proceso y 103 de la Ley 1437 de 2011, los cuales preceptúan que las actuaciones
del juez de lo contencioso administrativo están inspiradas en la efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política y las leyes, así como la
preservación del ordenamiento jurídico.
2.2.6. Sobre las negaciones indefinidas y la carga dinámica de la prueba
De acuerdo con el artículo 167 del Código General de Proceso, las partes tienen el
deber de probar los presupuestos legales con los que procuran que les sean
concedidas las pretensiones dentro de un proceso judicial, principio también
conocido como onus probandi; sin embargo, el juez conductor del proceso, en virtud
de los principios de celeridad, eficiencia y justicia, tiene la potestad de redistribuir la
carga probatoria, de modo que la parte que se encuentre en una mejor posición
probatoria, asuma el deber de aportar los medios necesarios para obtener un mejor
convencimiento sobre los hechos y argumentos propuestos.
El tenor del citado antecedente normativo es el siguiente:
ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición
de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor
posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener
en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de
indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la
parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva
prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
20
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba.
Como puede observarse, del inciso final de la anterior transcripción se extrae que
los hechos notorios y las negaciones indefinidas relevan a la parte interesada del
deber probatorio que impone la norma, toda vez que estas últimas generan
dificultades probatorias al ser hechos que no pueden ser ubicados en el tiempo y el
espacio, es decir, que son circunstancias físicas o temporalmente indeterminables.
Ante circunstancias como la descrita, la carga probatoria se invierte, esto es, que
independientemente de quien haya alegado un hecho, la parte que se encuentre en
mejor posición probatoria deberá aportar las pruebas que tenga en su poder; lo
anterior representa una moderación en el alcance del principio del onus probandi y
se denominó como la carga dinámica de la prueba, en el cual se reemplaza el
mandato de que «quien alega debe probar» por el de «quien puede debe probar»22.
Tal beneficio procesal se da cuando el juez evidencia una ostensible desigualdad
entre las partes al momento de aportar pruebas al proceso, como cuando una
persona se encuentra en posición de debilidad o de subordinación frente a otra
persona o autoridad, como, por ejemplo, en el ámbito laboral23.
En relación con la carga dinámica de la prueba, la Corte Constitucional ha
sostenido:24
[…] no solo es plenamente compatible con la base axiológica de la Carta Política
de 1991 y la función constitucional atribuida a los jueces como garantes de la
tutela judicial efectiva, de la prevalencia del derecho sustancial y de su misión
activa en la búsqueda y realización de un orden justo. Es también compatible
con los principios de equidad, solidaridad y buena fe procesal, así como con los
22 Corte Constitucional, sentencias T-741 del 2004 y T-346 de 2011, entre otras.
23 Corte Constitucional, sentencias T-638 de 1996 y T-772 de 2003, entre otras. El desarrollo de la
«carga dinámica de la prueba» hasta antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso
(artículo 167), se dio a través de la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado en asuntos de
responsabilidad por falla presunta en el servicio médico, como de la Corte Suprema de Justicia en
el ámbito de la responsabilidad civil. Ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera del 24 de octubre de 1990, expediente: 5902 y del 24 de enero de
2002, expediente: 12706.
24 Corte Constitucional, sentencia C-086 de 2016.
21
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
deberes de las partes de colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia […].
Bajo estos supuestos, se convierte en una garantía de acceso efectivo a la
administración de justicia para la persona que alega la vulneración de un derecho,
pero a quien le es imposible, por razones técnicas, de conocimiento o fácticas,
aportar las pruebas para demostrar los supuestos de hecho que alega, las cuales sí
tiene en su poder la contraparte, lo que implica que la obligación de allegarlas al
proceso se traslada a esta última.
2.2.7. Sobre la reparación del daño a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho
La instrumentalización del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para la obtención de la reparación de daños materiales e inmateriales ha
sido decantada por esta corporación en el sentido de indicar que dicha posibilidad
fue prevista en el anterior Código de lo Contencioso Administrativo, en cuyo artículo
85 se dispuso que, por conducto de esa acción, además del estudio de legalidad de
los actos administrativos, cabía la posibilidad de solicitar la reparación de los daños
causados con la decisión objeto de estudio.
En ese sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del
24 de agosto del 2000, dictada dentro del proceso con radicado interno 659-00, en
donde se concluyó lo siguiente:
[S]i el acto administrativo de carácter particular ha sido expedido viciado de alguna de
las causales de anulación, la ley contempla la posibilidad de que, como consecuencia
de la declaratoria de nulidad, no sólo se restablezcan eventuales derechos
económicos, sino que, también otorgó a los afectados la facultad de pedir el
resarcimiento de perjuicios morales.
No significa lo anterior que todo acto particular que sea declarado nulo, conlleva
simultáneamente restablecimiento de derechos de carácter económico y moral, quiere
decir la Sala que, corresponde al juez en cada caso en particular, analizar los hechos
en que se funda la controversia, las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso, ordenar el restablecimiento de los derechos económicos a que haya lugar y
determinar el grado de lesión moral que resulte probado en el plenario, disponer la
condena en tal sentido.
22
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
La anterior disposición normativa fue reproducida en el actual Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través del
artículo 138, en donde se reitera que toda persona que considere lesionados sus
derechos o intereses tiene la potestad de acudir a la administración de justicia en
aras de que se «declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño».
En ese sentido, la procedencia de este medio de control supone la existencia de un
acto administrativo, generalmente de contenido particular, que lesiona un derecho
individual amparado en una norma jurídica, lo que implica que tanto la afectación
del derecho como de cualquier otro bien jurídico en virtud del cual el administrado
pueda haber sufrido un daño, debe tener relación causal con la manifestación de
voluntad estatal que se impugna. En otras palabras, en tales circunstancias, la
situación violatoria del derecho y generadora de daño no puede ser otra que el acto
administrativo demandado.
Ahora, las citadas pretensiones de reparación no escapan de la carga probatoria
propia de quien la alega, lo que quiere decir que recae sobre el peticionario el deber
de demostrar la existencia o configuración del daño, además del vínculo causal
entre el acto administrativo cuestionado y los perjuicios cuya reparación se procura;
lo anterior, presupone un deber argumentativo en cabeza de la parte demandante
quien deberá soportar probatoriamente que el acto demandado le ha causado un
daño que debe ser objeto de resarcimiento. Así lo ha considerado esta Sección:25
En ese orden de ideas, siendo el daño –para efectos de su reparación- un elemento
que debe ser argumentado y probado por el demandante, por cuanto en el medio
de control de nulidad y restablecimiento su reparación comprende una pretensión
eminentemente subjetiva, le corresponde al demandante indicar que en que consiste
éste, cuál es su extensión, así como probar su existencia y relación de causalidad
con el acto administrativo viciado de nulidad.
25 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 20 de septiembre del 2018.
Radicado 68001 23 33 000 2014 00988 01 (3301-17).
23
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
De acuerdo con lo anterior, resulta pertinente precisar que en el campo de estudio
del daño se han previsto una serie de presunciones, específicamente en lo
relacionado con el daño moral o inmaterial, como, por ejemplo, el menoscabo
emocional, mental y espiritual, la angustia, la aflicción, el temor, la preocupación, el
nerviosismo generado a partir de la privación injusta de la libertad, del fallecimiento
de un ser querido o de la falla en la prestación del servicio médico, conjetura que
solo puede deprecarse del afectado directo o de los familiares más cercanos.
Lo anterior implica que la presunción del daño moral es restrictiva y no puede
predicarse de cualquier circunstancia, razón por la que, generalmente, se mantiene
la carga argumentativa y probatoria sobre el interesado, en atención a que una
condena en ese sentido debe estar ampliamente respaldada.
2.3. Hechos probados
i) El 9 de febrero de 1999, la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de Pelaya, Cesar,
por medio de Resolución 062, vinculó a la señora Rosalba Cordero Villalobos en el
cargo de promotora de salud, código 541, de carrera administrativa, del cual tomó
posesión según acta de la misma fecha. En virtud del artículo 21 del Decreto 785
de 2005, el cargo pasó a denominarse auxiliar área salud, código 412.26
ii) A la demandante se le han concedido una serie de incapacidades médicas en las
que no se especifica el origen, laboral o común, del cuadro clínico; sin embargo, en
la junta médica que le fue practicada a la señora Cordero Villalobos, a la que se
hará referencia con posterioridad en atención al orden cronológico de los hechos,
se determinó que los padecimientos son de origen común. Los datos de las aludidas
incapacidades son los siguientes: 27
Número Fecha de expedición de Fecha de inicio de la Fecha de Días Folio
recetario la incapacidad incapacidad terminación de
la incapacidad
566502 05 de marzo de 2010 [sic] 7 de marzo de 2010 Sin especificar 30 190 y 191
[sic]
Sin consecutivo 14 de mayo de 2010 14 de mayo de 2010 Si especificar 30 185 y 187
Sin consecutivo 26 de julio de 2010 13 de junio de 2010 Sin especificar 30 179
575989 28 de julio de 2010 13 de julio de 2010 Sin especificar 30 176 y 177
579548 13 de septiembre de 2010 7 de septiembre de Sin especificar 30 171 y 172
26 Folios 205 y 206.
27 Folios 35, 42, 43, 90, 108, 110, 121, 143, 150, 153, 158, 164 y 169.
24
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
2010
579148 05 de noviembre de 2010 7 de octubre de 2010 Sin especificar 60 164 y 171
Sin consecutivo 10 de diciembre de 2010 6 de diciembre de Sin especificar 30 159
2010
584413 17 de enero de 2011 6 de enero de 2011 Sin especificar 30 132 y 155
588017 14 de febrero de 2011 7 de febrero de 2011 Sin especificar 30 142
317752 18 de marzo de 2011 7 de marzo de 2011 Sin especificar 30 130
Sin consecutivo 2 de junio de 2011 7 de abril de 2011 7 de mayo de 30 115
2011
Sin consecutivo 2 de junio de 2011 8 mayo de 2011 8 de junio del 2011 30 115
56885 6 de julio de 2011 9 de junio de 2011 8 de julio de 2011 30 111
56889 6 de julio de 2011 9 de julio de 2011 7 de agosto de 30 111
2011
Historia clínica 10 de agosto de 2011 10 de agosto de 2011 Sin especificar 30 66 y 67
49625009
62119 29 de septiembre de 2011 9 de septiembre de 9 de octubre del 30 63
2011 2011
65656 2 de noviembre de 2011 10 de octubre de 2011 Sin especificar 30 64
65656 2 de noviembre de 2011 10 de octubre de 2011 Sin especificar 30 61
68415 14 de diciembre de 2011 10 de noviembre de Sin especificar 30 56
2011
68414 14 diciembre de 2011 11 diciembre de 2011 Sin especificar 30 56
iii) El 11 de marzo,28 25 de marzo29 y 4 de abril de 2011,30 la demandante interpuso
derechos de petición ante la E.S.E. Hospital Francisco Canossa con el propósito de
que se le reconocieran y pagaran las «incapacidades médicas, salarios y
prestaciones sociales causados desde el mes de junio de 2010» [sic]. 31
iv) El 4 de octubre de 2011, la señora Rosalba Cordero interpuso derecho de
petición ante el Hospital Francisco Canossa, en donde solicitó información sobre un
requerimiento elevado por ese hospital ante Positiva Compañía de Seguros S.A. en
relación con los pagos de la seguridad social en salud y pensión, en atención a que,
para la fecha, se encontraba desafiliada del sistema [sic].32
v) El 11 de octubre de 2011, mediante oficio de la fecha, la E.S.E. Hospital Francisco
Canossa le informó a la señora Rosalba Cordero Villalobos lo siguiente:33
Una vez revisado el sistema de información del Hospital, no existe respuesta a la
comunicación referida dirigida a la doctora María Angélica González Oñate, gerente
28 Folios 138 y 139.
29 Folio 129.
30 Folio 123.
31 Folios 123, 129, 138 a 118
32 Folios 80 y 81.
33 Folio 76 y 75, en ese orden, pues los documentos se aportaron invertidos.
25
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
de Positiva Compañía de Seguros S.A. al no tener la respuesta dentro del término
de ley, operó respecto de esa A.R.P. el silencio administrativo positivo.
Se le reitera una vez más, que es la E.P.S. a la que está afiliada, la responsable
de los pagos de los aportes a seguridad social en salud, por el solo hecho de
sus incapacidades, por lo que le corresponde a la peticionaria hacer las exigencias
pertinentes a la E.P.S., vía derecho de petición y/o a través de tutela.
[negrilla fuera de texto]
vi) El 14 de octubre de 2011, la E.S.E. Hospital Francisco Canossa envió un oficio a
la gerente zonal de Aguachica de la E.P.S. Salud Vida, en el que indicó lo siguiente:34
[…] me dirijo a usted con el acostumbrado respeto, para manifestarle mi total
rechazo a lo manifestado por el nivel central de SALUDVIDA EPS, pretendiendo
que el Hospital Francisco Canossa de Pelaya Cesar, asuma el pago de los
aportes a salud y pensión de Rosalba Cordero Villalobos […].
Desconoce olímpicamente SALUDVIDA EPS, la legalización que opera respecto al
pago de las cotizaciones para el sistema general de pensiones y de seguridad social
en salud en los periodos de incapacidad temporal.
En efecto, la Ley 776 de 2002 parágrafo 2, artículo 3, informa que: “las entidades
administradoras de riesgos profesionales deberán asumir el pago de la cotización
para los sistemas generales de pensiones y de seguridad social en salud
correspondiente a los empleadores, durante los periodos de incapacidad temporal y
hasta por un ingreso base de liquidación”.
En ningún acápite de ley, decreto o resolución, se informa de manera contraria, esto
es, que sea el Hospital el obligado a efectuar el pago de las cotizaciones. Si
ROSALBA CORDERO VILLALOBOS presenta mora en los pagos de aportes en salud y
pensión correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2011, no es
culpa o responsabilidad de la E.S.E., sino de SALUDVIDA EPS y de POSITIVA COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A. tal y como así lo obliga la norma precitada.
Así las cosas, es urgente que el nivel central SALUDVIDA EPS, se acoja a la norma y
resuelva el tema conjuntamente con la ARP Positiva Compañía de Seguros y
procedan conforme a lo indicado en la ley 776 de 2002.
vii) El 24 de enero de 2012, la gerente zonal de Aguachica, Cesar, de la E.P.S. Salud
Vida le informa al gerente de la E.S.E. Hospital Francisco Canossa que los aportes
34 Folios 73 y 74.
26
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2011
deben ser cancelados por esa I.P.S para poder liquidar las incapacidades
concedidas a la señora Rosalba Cordero.35
viii) El 2 de febrero de 2012, se notificó a la demandante del oficio del 31 de enero
de ese año, en el que el gerente de la E.S.E. Hospital Francisco Canossa le informa
a la gerente zonal Aguachica de la E.P.S. Salud Vida que, de acuerdo con el artículo
3, parágrafo 2, de la Ley 776 de 2002, las entidades administradoras de riesgos
profesionales son las encargadas de efectuar las cotizaciones a los sistemas
generales de pensión y seguridad social [sic] durante los periodos de incapacidad
temporal, tal como ocurrió en el caso de la señora Cordero Villalobos, razón por la
que no es el empleador el obligado a asumir tales costos.36
ix) El 29 de marzo de 2012, el Juzgado Promiscuo de Aguachica, Cesar, dictó
sentencia dentro de la acción de tutela con radicado 2012 00009 01 iniciada por la
señora Rosalba Cordero en contra de la E.S.E. Hospital Francisco Canossa, la E.P.S.
Salud vida y Positiva Compañía de Seguros, en la que ordenó, provisionalmente, a
la primera de las demandadas, realizar los pagos de seguridad social causados con
posterioridad a los primeros 180 días de incapacidades médicas de la accionante.37
x) El 23 de julio de 2012, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar,
por medio del dictamen número 2830, diagnosticó a la demandante con una pérdida
de la capacidad laboral del 51 % como consecuencia del padecimiento de: arritmia
asintomática, fibromialgia + síndrome miofascial poliarticular, síndrome depresivo y
lumbalgia crónica con alteraciones clínicas y radiográficas, las cuales fueron
clasificadas como enfermedades de origen común.38
xi) El 27 de agosto de 2012, por medio de derecho de petición, la señora Rosalba
Cordero solicitó a la E.S.E. Hospital Francisco Canossa «otorgar las incapacidades
médicas laborales [sic] a partir del mes de enero de 2011, que fueron interrumpidas
por la decisión de [desvincularla] del sistema de seguridad social en salud desde el
35 Folio 48.
36 Folios 49 y 50.
37 Folios 102 al 104.
38 Folios 209 al 214 reverso.
27
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
mes de julio de 2011».39
xii) El 10 de septiembre de 2012, la entonces gerente de la E.S.E. Hospital Francisco
Canossa dio respuesta a la anterior petición, que fue notificada a la accionante el
17 del mismo mes y año, en el sentido de indicar que las incapacidades médicas
son otorgadas por el médico tratante y no por el empleador; además, sugirió a la
peticionaria aclarar lo pretendido, toda vez que su derecho de petición no era lo
suficientemente claro.40
xiii) El 22 de febrero de 2013, la accionante interpuso «reclamación administrativa
y/o agotamiento de la vía gubernativa» ante el Hospital Francisco Canossa en la
que pretendió lo siguiente: 41
Como está indicado en los hechos de la presente reclamación administrativa, solicito
muy respetuosamente el reconocimiento y pago de los salarios, cesantías e
intereses de las mismas, aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión,
ARP) primas de navidad, primas de servicio, prima de vacaciones, vacaciones,
compensación de vacaciones, aportes a la caja de compensación familiar, calzado
y vestido de labor, subsidio de transporte, intereses legales e indexación y demás
prestaciones legales que le corresponden por encontrarse laborando para esta
entidad. Tomando en cuenta que desde el 15 de febrero del año 2010 a la fecha a
mi poderdante no se le cancela ninguno de estos valores.
xiv) El 25 de febrero de 2013, la demandante solicitó a la E.P.S. Salud Vida lo
siguiente: 42
• Se sirva ordenar a quien corresponda el reconocimiento y pago de las
incapacidades medico laborales […] a partir del 15 de febrero del 2010 hasta la
actualidad, teniendo en cuenta que no he recibido pago alguno por dicho
concepto.
• Que en caso de que Salud Vida haya efectuado algún pago de las incapacidades
solicitadas, se me expida copia de dichas consignaciones y de los actos
administrativos de reconocimiento.
• Que además se explique el ¿por qué? Salud Vida no me ha cancelado dichas
incapacidades.
39 Folios 37 y 38.
40 Folio 39.
41 Folios 231 al 233.
42 Folios 229 y 230.
28
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
• Solicito copia autenticada de los actos administrativos de vinculación y de la
desvinculación de la E.P.S. que usted representa, por parte de mi empleador […].
xv) El 4 de marzo de 2013, la E.P.S. Salud Vida, en respuesta a la solicitud del 25
de febrero de ese año, le informó a la demandante lo siguiente: 43
[…]
Que se procedió a verificar derechos en nuestra base de datos evidenciándose que
se encuentra suspendida por pagos desde julio, agosto, septiembre y octubre de
2011, en nuestro sistema de información de régimen contributivo del municipio de
Pelaya, sur del Cesar, por lo que me permito comunicarle que su solicitud de pago
de las incapacidades es improcedente toda vez que para el reconocimiento
económico de las prestaciones económicas [sic] se debe estar al día con los aportes
a la E.P.S. en salud, es por ello que le invito que se acerque a su empleador para
que le realice el respectivo trámite de depuración de cartera.
[…]
xvi) El 9 de abril de 2013, la E.S.E. Hospital Francisco Canossa, en respuesta al
requerimiento del 22 de febrero de esa anualidad, le informó a la señora Rosalba
Cordero Villalobos lo siguiente: 44
Esta gerencia, acabándose de enterar de su caso, y en representación del Hospital
en calidad de empleador y dando cumplimiento a la normatividad legal solicitará a
la Junta Médica valoración medico laboral de la petente en aras de establecer si
estamos frente a una enfermedad general o profesional.
Que la señora Rosalba Cordero Villalobos […] se encuentra al día en el pago de
salud, en relación a los aportes a pensión y ARL, estamos en proceso de liquidación
para efectuar el respectivo pago por parte de la empresa social del estado.
En relación a la solicitud de pago de indexación e intereses y demás sanciones no
pueden ser reconocidos y cancelados por el Hospital Francisco Canossa.
xvii) El 16 de abril de 2013, la demandante interpuso recurso de reposición contra
el oficio del 9 de abril de 2013, expedido por la E.S.E. Hospital Francisco Canossa,
en el que manifestó lo que pasa a transcribirse: 45
1. […] me permito comunicarle que mi poderdante se encuentra debidamente
calificada por la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar y la Guajira
43 Folios 227 y 228.
44 Folios 222 y 223.
45 Folios 219 y 220.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
mediante dictamen 2830 del año 2012, donde se calificó con un porcentaje
superior al 50 % de pérdida de capacidad laboral y el cual se encuentra
debidamente ejecutoriado y notificado a la E.S.E. que usted representa […]
2. En cuanto al numeral segundo del acto administrativo emanado por su
despacho, me permito manifestarle que este no es totalmente claro, toda vez
que mi solicitud o reclamación administrativa fue la de solicitarle que se me
certificara si la E.S.E. que usted representa le ha cancelado a mi poderdante sus
salarios y demás acreencias laborales a las cuales tiene derecho. Y si en caso
negativo [sic] se le reconocieran y cancelaran como es su deber legal.
3. Le solicito se me explique el porqué de su negativa a reconocer el pago de la
indexación, intereses y demás sanciones [legales] a las cuales tiene derecho mi
poderdante, por el no pago oportuno de sus prestaciones sociales y demás
derechos, por lo cual requiero el fundamento legal y jurisprudencial de su
negativa al respecto.
4. Por todo lo anterior le solicito que reponga la decisión tomada y notificada al
[suscrito] mediante el acto administrativo de fecha 9 de abril del 2013, y En
consecuencia acceda a lo solicitado en la reclamación administrativa de fecha
27 de febrero del 2013 en el cual se le solicitó que se sirva ordenar a quien
corresponda el reconocimiento y pago de salarios dejados de percibir, cesantías
e intereses de las mismas, aportes al sistema de seguridad social (salud,
pensión, ARP), primas de navidad, primas de servicio, prima de vacaciones,
vacaciones, caja de compensación, calzado y vestido de labor, indemnización
de vacaciones, subsidio de transporte, intereses legales e indexación que le
corresponden a mi poderdante […] y que han dejado de cancelar desde el 15 de
febrero del 2010, fecha en la cual se iniciaron sus periodos de incapacidades
laborales producto de enfermedad laboral [sic].46
xviii) El 16 de abril de 2013, la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de Pelaya dio
respuesta al anterior recurso de reposición en el sentido de transcribir, fielmente, el
oficio del 9 de abril de 2013 citado en el hecho probado número xvi.47
ixx) Al expediente se aportaron las siguientes facturas de carácter médico:
Número de Fecha Expedida por Concepto Valor Folio
factura
0927 28 de agosto de Dra. Ixhel García Castillo Consulta médica $ 100.000 174
2010 [medicina interna]
1055 18 de abril de 2011 Dra. Ixhel García Castillo Consulta médica $ 130.000 121
[medicina interna]
3851 19 de octubre de Droguería y Perfumería Medicamentos [ordenados $ 95.340 71
46 Según junta médica del 23 de junio del 2012 el cuadro médico que generó las incapacidades
médicas de la demandante es de origen común y no laboral; sin embargo, así se consignó en el
recurso de reposición.
47 Folios 2016 y 217.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
2011 Torcoroma nit: por psiquiatra, nombre
88138746-1 ilegible, del Hospital
Regional de Aguachica José
David Padilla, en folio 72]
3147 27 de octubre de Freddy Pumarejo Valle Consulta especializada $ 60.000 62
2011 [sic] Res. Dian
240000023296
3872 27 de octubre de Droguería y Perfumería Medicamentos [ordenados $ 104.515 70
2011 Torcoroma NIT: en consulta con el Dr. Freddy
88138746-1 Pumarejo]
123 12 de diciembre de Instituto Radiológico y RX cadera $ 80.000 60
2011 Ecográfico Aguachica
NIT. 7.417.634
Sin 16 de diciembre de Dr. William Gutiérrez Consulta especializada de $ 120.000 55
consecutivo 2011 Ortiz [sin NIT] neurocirugía
315534 21 de diciembre de Hospital Regional de Consulta especialista Sin 54
2012 Aguachica José David especificar
Padilla Villafañe NIT
892.300.445-8
3900 21 de diciembre de Droguería y Perfumería Medicamentos $ 95.340 52
2012 Torcoroma NIT:
88138746-1
42836 24 de enero de Droguería y Perfumería Medicamentos $ 84.368 53
2012 Torcoroma NIT:
88138746-1
09618 25 de enero de Clínica Médica Consulta $ 80.000 47
2013 Aguachica LTDA
09662 28 de enero de Clínica Médica Infiltración $ 120.000 46
2012 Aguachica LTDA.
09666 28 de enero de Clínica Médica Infiltración $ 120.000 46
2012 Aguachica LTDA.
09856 14 de febrero de Clínica Médica Infiltración $ 120.000 45
2012 Aguachica LTDA.48
10140 15 de marzo de Clínica Médica Consulta $ 80.000 45
2012 Aguachica LTDA.
xx) Al proceso se aportaron las siguientes facturas de transporte público
correspondientes a pasajes en la ruta Pelaya – Valledupar y viceversa.
Número de Fecha Expedida por Ruta Valor Folio
factura
Sin consecutivo 25 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 195
enero de
2010
Sin consecutivo 25 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Valledupar - Pelaya $ 25.000 195
enero de
2010
1105 28 de Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 193
enero de
2010
00601 28 de Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Valledupar - Pelaya $ 25.000 193
enero de
48 Según la información consignada en la factura, en la Clínica Médica Aguachica LTDA, se prestan
servicios médicos relacionados con ultrasonido, cirugía y enfermedades gastrointestinales, hígado,
vías biliares, tiroides, mamas y endoscopia.
31
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
2010
Sin consecutivo 22 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 198
febrero de
2010
Sin consecutivo 22 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Valledupar - Pelaya $ 25.000 198
febrero de
2010
Sin consecutivo 05 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 189
marzo de
2010
Sin consecutivo 05 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Valledupar - Pelaya $ 25.000 189
marzo de
2010
5027 28 de julio Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 180
de 2010
3908 28 de julio Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Valledupar - Cesar $ 25.000 180
de 2010
Sin consecutivo 13 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 170
septiembr
e del 2010
Sin consecutivo 13 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Valledupar - Pelaya $ 25.000 170
septiembr
e de 2010
Sin consecutivo 10 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 154
diciembre
de 2010
Sin consecutivo 10 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Valledupar - Pelaya $ 25.000 154
diciembre
de 2010
00610 18 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya – Valledupar $ 25.000 133
marzo de [sic]
2011
5522 18 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya – Valledupar $ 25.000 133
marzo de [sic]
2011
Sin consecutivo 02 de junio Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 119
de 2011
Sin consecutivo 02 de junio Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 119
de 2011
Sin consecutivo 06 de julio Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 107
de 2011
3851 6 de julio Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Valledupar - Pelaya $ 25.000 107
de 2011
00693 10 de Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Valledupar - Pelaya $ 25.000 89
agosto de
2011
3909 10 de Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 89
agosto de
2011
Sin consecutivo 29 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Pelaya - Valledupar $ 25.000 78
septiembr
e del 2011
Sin consecutivo 29 de Cootrameque NIT. 824.001.945.9 Valledupar - Pelaya $ 25.000 78
septiembr
e de 2011
7100 27 de Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Pelaya - Cesar $ 30.000 68
octubre de
2011
12979 2 de Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Valledupar - Pelaya $ 28.000 61
noviembre
32
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
de 2011
12960 2 Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Pelaya - Valledupar $ 28.000 61
noviembre
de 2011
7945 14 de Emtrasur Ltda. Nit 824.005.620-9 Pelaya - Valledupar $ 50.000 193
diciembre
de 2011
14657 16 de Emtrasur S.A.S [sin NIT en la Pelaya - Valledupar $ 25.000 45
diciembre factura]
de 2011
14658 16 de Emtrasur S.A.S [sin NIT en la Valledupar - Pelaya $ 25.000 55
diciembre factura]
de 2011
xxi) El 29 de abril de 2021,49 esta Subsección profirió auto por medio del cual requirió
a la E.S.E. Hospital Francisco Canossa y a la E.P.S. Salud Vida S.A. para que
ofrecieran claridad sobre, entre otras: las fechas de las incapacidades médicas
concedidas a la señora Rosalba Cordero Villalobos; los pagos de los aportes a la
seguridad social durante dichos lapsos; y el pago de los auxilios por incapacidad; el
anterior requerimiento debió ser reiterado en 2 oportunidades50 por parte de la
Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación,51 para, finalmente, obtener
un pronunciamiento impreciso por parte de la entidad empleadora y completo
silencio de la empresa promotora de salud.
En ese sentido, en el memorial visible en los índices 33 y 34 del portal Samai, la
E.S.E. Hospital Francisco Canossa solo se refirió a 2 incapacidades médicas del 9
de diciembre de 2009 y del 20 de febrero de 2010, es decir, omitió las demás
incapacidades, y aceptó haber incumplido con el pago de los aportes a
seguridad social de la señora Rosalba Cordero, sin especificar las fechas de
dichos incumplimientos, al paso que se sustrajo del deber de suministrar
información o pruebas sobre los pagos a la seguridad social sobre los cuales se le
consultó.
A pesar de lo anterior, al final del documento, afirmó haber estado siempre al día
con los citados pagos, aseveración que resulta ser contraria a lo previamente
asegurado por esa misma entidad.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
49 Folio 424.
50 01 de octubre del 2021 y 17 de enero del 2022.
51 Folios 425, 427, 429, 430 y 431 del expediente.
33
Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Para efectos de ofrecer claridad sobre los puntos a resolver en esta oportunidad,
resulta conveniente recapitular aspectos relevantes dentro del presente asunto,
tales como que la señora Rosalba Cordero interpuso la demanda de la referencia,
inicialmente, en contra de su empleador, la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de
Pelaya, Cesar, y la E.P.S. Salud Vida S.A. con el propósito de que, previa nulidad de
los actos administrativos demandados, se ordenara el pago de salarios,
prestaciones sociales y auxilios de incapacidad causados entre el 1 de agosto de
2010 y el 30 de septiembre de 2013.
Además, pidió que a título de daño emergente se le reintegraran los gastos médicos
en los que debió incurrir para el tratamiento de las patologías padecidas, en atención
a que había sido suspendida del sistema de salud por la mora en las cotizaciones
por parte del empleador; por otro lado, solicitó el reconocimiento del daño moral
causado a partir de los graves momentos de estrés a los que se vio sometida al
estar desprovista, en medio de las aflicciones de salud, de su sustento económico
con ocasión del no pago de salarios ni auxilios de incapacidad.
En otras palabras, la señora Cordero Villalobos solicitaba que por el mismo periodo
[1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2013] se concedieran y pagaran
haberes de origen salarial con cargo a la E.S.E y el auxilio de incapacidad con cargo
a la E.P.S. A pesar de lo anterior, por medio de auto del 20 de marzo de 2014, el
Tribunal Administrativo del Cesar inadmitió la demanda al encontrar configurada
una indebida acumulación de pretensiones, en el entendido de que, según el artículo
622 de la Ley 1564 de 2012, los conflictos relacionados con la E.P.S. Salud Vida S.A.
son del resorte de la justicia ordinaria laboral y no del contencioso–administrativo.
Así, ante la inadmisión decretada por el Tribunal, la parte accionante, en memorial
del 1 de abril de 2014,52 adecuó la demanda en el sentido de retirar las pretensiones
propuestas en contra de la E.P.S. Salud Vida S.A. razón por la que el presente
proceso continuó solo en contra de la E.S.E. Hospital Francisco Canossa, en relación
con la supuesta causación de salarios y prestaciones de esa índole y del daño moral
y emergente causado; sentido en el que fue fijado el litigio en audiencia inicial del
27 de mayo de 2015.
52 Visible en folios 273 al 277
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
En virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia de
primera instancia el 16 de diciembre de 2015, en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, pues ordenó el pago, por parte de la E.S.E. Hospital
Francisco Canossa, en su calidad de empleador, de los aportes a seguridad social
en salud y pensión de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2011, al
hallar demostrado el incumplimiento de dicha obligación solo durante esas
mensualidades; pero negó lo relativo al pago de salarios y prestaciones sociales
entre agosto de 2010 y septiembre de 2013 al concluir, y en esto fue incisivo, que
durante los lapsos de incapacidades médica no se generan salarios ni las
prestaciones económicas reclamadas por la demandante, pues solo hay lugar al
pago del auxilio por incapacidad, el cual debe ser asumido por la promotora de salud
y no por el empleador.53
Además, negó las pretensiones de reparación por estimar que no se encontraba
debidamente probado que la accionante hubiere padecido sufrimiento o estrés por
los hechos narrados, como tampoco estimó acreditado que las facturas con las que
pretendía demostrar el daño emergente guardaran relación con el relato fáctico que
dio origen a la interposición del presente medio de control.
Como consecuencia de la anterior decisión, la señora Rosalba Cordero interpuso
recurso de apelación en el que discutió, fundamentalmente, 3 aspectos a saber: (i)
que, a su juicio, el a quo solo estudió lo relativo a los aportes a seguridad social en
salud y pensión, pero nada dijo sobre la pretensión de pago de los salarios de agosto
de 2010 a septiembre de 2013; (ii) que en la primera instancia no se valoró el
conflicto suscitado entre el empleador, la E.P.S. y la [ARL] sobre el pago de salarios
y auxilios de incapacidad, ni las manifestaciones del gerente del Hospital Francisco
Canossa en las que aseguraba que no pagaría los aportes de la seguridad social; y
(iii) que, en su consideración, sí está probado el daño moral y material sufrido, pues
tuvo que asumir los costos particulares de sus tratamientos médicos y recurrir a la
acción de tutela para proteger su vida e integridad.
53 Cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones,
bonificación [sic], calzado y vestido de labor, vacaciones y subsidio familiar.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
De acuerdo con el anterior recuento y con los argumentos del recurso de apelación,
los problemas jurídicos planteados se resolverán del siguiente modo:
2.4.1. Sobre la pretensión de pago de salarios, prestaciones o auxilios por
incapacidad
De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial, cuando un trabajador es
objeto de incapacidades médicas, y en consecuencia se encuentra impedido para
continuar con el desempeño normal de sus labores, el legislador ha establecido una
serie de mecanismos que tienen por objeto amparar al servidor, de modo que ni él
ni su núcleo familiar quede desprovisto del sustento económico, que adquiere gran
relevancia en medio de una contingencia médica.
Así, ante la existencia de una incapacidad lo que procede es el reconocimiento de
un auxilio, que debe ser pagado, durante los 2 primeros días por el empleador, del
día 3 al día 180 por la promotora de salud, o la administradora de riesgos laborales
a la que se encuentre afiliado el trabajador, dependiendo de si la incapacidad es de
origen común o laboral, respectivamente, mientras que, superados los primeros 180
días, será el fondo de pensiones quien asumirá dicha obligación, siempre y cuando
exista concepto favorable de rehabilitación, pues así se ha establecido en la Ley
100 de 1993, el Decreto 1406 de 1999, modificado por el artículo 1 del Decreto 2943
de 2013 y el Decreto 1072 de 2015.
De acuerdo con lo anterior, debido a que durante los lapsos de incapacidades
médicas el empleado no se encuentra en pleno ejercicio de las funciones para las
que fue nombrado, es jurídicamente erróneo afirmar que durante dichos periodos
tiene derecho a percibir salario, en atención a que tal emolumento se causa como
contraprestación de sus labores; en otras palabras, durante los aludidos ciclos se
genera el derecho a percibir el auxilio de incapacidad de que tratan los antecedentes
normativos citados, pero no pagos de origen salarial.
En virtud de lo expuesto está claro que, tal como concluyó el a quo, en casos como
el particular no es procedente el pago de salarios y prestaciones sociales
propiamente dichas a cargo del empleador, como lo ha solicitado la señora Cordero
Villalobos, toda vez que, dadas las incapacidades de origen común que le fueron
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
concedidas, lo que corresponde es el pago del auxilio por incapacidad con cargo a
su empresa promotora de salud, la cual resulta ser Salud Vida S.A.
Por los anteriores argumentos, no le asiste razón a la apelante cuando afirma tener
derecho al reconocimiento y pago de salarios por el lapso comprendido entre el mes
de agosto de 2010 y septiembre de 2013, en atención a que, según el material
probatorio, durante ese lapso se encontraba excusada medicamente lo que quiere
decir que no estaba en pleno ejercicio de sus funciones como auxiliar del área de la
salud en el Hospital Francisco Canossa, razón por la cual no se generaron en su
favor los salarios y demás prestaciones económicas que reclama.
Es por lo indicado que el Tribunal Administrativo del Cesar, en el estudio preliminar
de la admisión de la demanda y con apoyo en las normas procedimentales,
consideró que las pretensiones relacionadas con la E.P.S y el reconocimiento del
auxilio de incapacidad debían ventilarse en un proceso separado ante la jurisdicción
ordinaria laboral; decisión normativamente correcta, pero fáctica y probatoriamente
inadecuada, dada la evidente desprotección a la que se ha visto sometida la
demandante.
De ese modo, es cierto que las pretensiones dirigidas contra las E.P.S y relacionadas
con auxilios de incapacidades médicas es un asunto del resorte de la jurisdicción
ordinaria laboral, pero debido a que el estudio de admisibilidad de la demanda no
abordó un análisis profundo del material probatorio, propio de otra etapa del
proceso, dicha determinación del a quo no tomó en consideración la mora en la que
incurrió el empleador en el pago de los aportes a la seguridad social y las
consecuencias legales que ello acarrea, lo que sí impone una obligación de pago
en cabeza del Hospital Francisco Canossa.
Lo anterior se explica de mejor forma del siguiente modo: de acuerdo con el
resumen realizado en el hecho probado ii, dentro del proceso está acreditado que
la señora Rosalba Cordero ha sido objeto de un total de 630 días de incapacidades
médicas por padecimientos de salud de origen común, tal como lo determinó la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar en acta del 23 de julio de
2013, las cuales iniciaron el 5 de marzo del año 2010 y fueron prorrogadas
continuamente hasta, por lo menos y según lo probado, el 11 de enero del año 2012.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
De acuerdo con lo explicado párrafos atrás, en el presente caso, el Hospital
Francisco Canossa de Pelaya, en su calidad de empleador de la señora Rosalba
Cordero, tenía el deber legal de efectuar el pago del auxilio por incapacidad de
origen común durante los 2 primeros días, mientras que luego de esa fecha es la
E.P.S. quien debió asumir el pago el auxilio hasta el día número 180, momento en el
cual lo sufragaría el fondo pensional, en los términos explicados en el marco
normativo.
Ahora, si bien es cierto que durante los periodos de incapacidad medica de un
trabajador el empleador es relevado de la obligación de pago de los salarios, no
puede desentenderse por completo de la situación del servidor, toda vez que
persisten una serie de compromisos legales que debe seguir asumiendo, tal como
el deber de pago de los aportes a la seguridad social.
En ese sentido, en los eventos de incapacidades médicas de origen común, el
empleador debe seguir realizando los respectivos pagos a salud y pensión, pues
así lo ordena el artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016. Así las cosas, aunque en
los periodos de incapacidad de origen común el empleado no reciba el pago de una
contraprestación salarial con cargo a su empleador, por las razones detalladas
previamente, sí tiene derecho a que se sigan pagando en su favor los aportes de la
seguridad social en salud y pensión mientras persista la relación laboral.
En este punto vale la pena resaltar que los derechos y deberes aquí descritos
obedecen, exclusivamente, a situaciones de incapacidades médicas de origen
común, pues aquellas que tienen causas labores tienen otro tipo de características
que fueron detalladas en el acápite del marco normativo, pero que no son materia
de estudio en esta oportunidad dada la relación fáctica de esta demanda.
De tal forma, la obligación del empleador de continuar realizando los aportes a la
seguridad social tiene una razón fundamental: que el servidor continúe con el
acceso a los servicios de salud y que la incapacidad médica no entorpezca, además,
el acceso a una pensión de vejez o invalidez. Adicionalmente, también se busca
asegurar que el trabajador permanezca activo en el sistema de seguridad social, en
tanto son las E.P.S o las administradoras de pensiones quienes deberán,
eventualmente, asumir el pago de los auxilios por incapacidad.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Por lo tanto, cuando no se cumple con el deber de realizar los aportes a la seguridad
social en salud y pensión del empleado incapacitado durante dos periodos
consecutivos, la consecuencia inmediata de dicho incumplimiento es la suspensión
automática del sistema contributivo, lo cual, además, implica que la E.P.S. estará
relevada del pago de, por ejemplo, las prestaciones por incapacidad médica. Así
está consagrado en el artículo 2.1.9.1 del Decreto 780 de 2016.
Adicionalmente, el precitado antecedente normativo prevé una serie de correctivos
para el empleador que, cuando menos, incurre en mora en el pago de los aludidos
aportes; el mismo artículo mencionado establece que, en caso de mora en las
cotizaciones a salud, el empleador deberá costear los gastos médicos en los que
incurra el beneficiario y reconocer, entre otras, las prestaciones económicas por
incapacidad. A partir de lo explicado, la Sala considera que si bien la señora Rosalba
Cordero no tiene derecho a que el empleador le pague los emolumentos salariales
reclamados en esta demanda, sí hay lugar a que le pague los auxilios por
incapacidad dada la mora injustificada en la que incurrió.
La demandante asegura que desde el momento en el que le fueron concedidas las
incapacidades médicas no ha recibido ningún tipo de remuneración, aseveración
que resulta ser una afirmación indefinida que provoca que se invierta la carga de la
prueba; es decir, resulta imposible para la accionante probar que no ha recibido el
aludido pago, debido a que ello es un hecho negativo, pero sí puede la contraparte
probar que ha cumplido con el pago de las obligaciones que están a su cargo.
Entonces, debido a la figura de la carga dinámica de la prueba, en este caso es la
parte accionada quien tiene el deber de probar que ha acatado a satisfacción las
obligaciones que le impone la norma, toda vez que esa información se encuentra
en su poder; no obstante, dicha colaboración por parte de la accionada se echa de
menos, en tanto se ha mostrado evasiva dentro del presente proceso judicial.
La anterior afirmación obedece a que la accionada se sustrajo del ejercicio de su
derecho de defensa, pues no ha participado activamente dentro del proceso, en
tanto no contestó la demanda, no propuso ningún tipo de excepciones, no interpuso
recurso de apelación, a pesar de haberle sido parcialmente desfavorable la
sentencia de primer nivel, no alegó de conclusión en ninguna de las dos instancias
y no atendió, ni oportuna ni juiciosamente los requerimientos efectuados por esta
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Subsección, según las constancias secretariales visibles en los folios 425, 427, 429,
430 y 431.
Por lo anterior, considera la Sala que continuar prolongando el presente proceso,
por circunstancias atribuibles a la demandada, sería desconocer los principios de
celeridad y justicia material, más aún si se tiene en cuenta la situación de especial
protección en la que se encuentra la señora Rosalba Cordero quien cuenta con una
disminución de su capacidad laboral superior al 50 %, según definió la Junta Médica
del Cesar, panorama que exige una protección reforzada de sus derechos laborales
y prestacionales.
Aunque la clara renuencia de la demandada no puede entenderse de plano como
una aceptación de los hechos o un allanamiento a las pretensiones, la Sala no
admitirá conductas dilatorias o de deslealtad procesal que continúen prolongando
la adopción de una decisión de fondo dentro del presente asunto y con ello la
desprotección a la que se ha visto sometida la accionante, razón por la que se dará
plena validez a los documentos aportados por la demandante y se emitirá una
decisión de acuerdo con lo probado y dentro de los límites que la norma impone.
Pues bien, la demandante, bajo la gravedad del juramento, que se entiende
prestado con la presentación de la demanda en virtud del principio de buena fe
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, aseguró que desde el mes
de agosto de 2010 no ha recibido el pago del auxilio por incapacidad al que tiene
derecho.
Así, como ya se ha indicado, si bien, en principio, el citado auxilio no se encuentra
a cargo del empleador, en Oficio del 4 de marzo de 2013, la E.P.S. Salud Vida
manifestó que la demandante se encontraba suspendida del servicio de salud por
la mora en los aportes. En ese sentido, tal como lo certificó la empresa promotora
de salud, la E.S.E. Hospital Francisco Canossa incumplió con el pago de tales
cotizaciones, circunstancia que, además, fue reconocida por la demandada en
memorial visible en los índices 33 y 34 del portal Samai, en donde afirmó haber
incumplido, en algunas oportunidades, con los pagos a la seguridad social.
Tal información se respalda también en el oficio del 11 de octubre de 2011,
relacionado en el hecho probado número v, en donde el empleador, la E.S.E.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Francisco Canossa, le informa a la señora Rosalba Cordero que, supuestamente,
es la E.P.S. a la que se encuentra afiliada la «responsable de los pagos de los
aportes a seguridad social en salud», afirmación que, de acuerdo con lo que se ha
explicado, no es correcta.
La errada posición del empleador fue reiterada en otro tanto de documentos, tales
como los Oficios del 14 de octubre de 2011 y 2 de febrero de 2012, 54 enviados
respectivamente a la demandante y a la E.P.S. Salud Vida, en donde persiste en
que, «con base en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 776 de 2002, el encargado
de realizar las aludidas cotizaciones es la administradora de riesgos laborales»,
interpretación equivocada en tanto el citado antecedente normativo se refiere al
pago de aportes a seguridad social, pero en el caso de incapacidades médicas de
origen laboral, no de origen común como la padecida por la señora Rosalba
Cordero.
En ese entendido, resulta claro que el empleador, con base en un antecedente
normativo incorrecto, se sustrajo del deber legal de realizar el pago de los aportes
a salud de la señora Cordero Villalobos. Incumplimiento del que se da cuenta,
incluso, en el oficio del 4 de marzo de 2013,55 por medio del cual la E.P.S Salud Vida,
en respuesta a una petición radicada el 25 de febrero de esa anualidad, informa que
la interesada se encuentra suspendida del sistema por falta de pago de los meses
de julio, agosto, septiembre y octubre de 2011, hechos que no fueron rebatidos en
atención a la renuencia de la parte accionada que no atendió, ni siquiera, los
requerimientos judiciales realizados en ese sentido por esta Subsección.
En virtud de lo anterior, de la afirmación de la demandante, los oficios del 11 y 14
de octubre de 2011, 2 de febrero de 2012 y 4 de marzo de 2013 resulta lógico
concluir que la E.S.E. Hospital Francisco Canossa ha inobservado el deber que le
impone la norma de continuar con los aportes a seguridad social en salud de la
señora Rosalba Cordero Villalobos causados durante los periodos de incapacidad
de los que fue sujeto; es más, incluso se animó a responsabilizar de la aludida
omisión a la E.P.S. Salud Vida y a Positiva Compañía de Seguros según se observa
en el inciso 4 del Oficio del 11 de octubre de 2011.
54 Hechos probados vi y viii, respectivamente.
55 Hecho probado número xv.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Conforme a ello, es claro que, dada la mora en que incurrió el Hospital Francisco
Canossa y la consecuente suspensión de la afiliación de la demandante al régimen
contributivo de seguridad social en salud, la señora Rosalba Cordero ha estado
desprovista del auxilio por incapacidad que legalmente le corresponde, razón por la
que es el empleador el llamado a asumir dicha obligación. Ahora, para efectos de
definir los límites de la condena a imponer, es necesario determinar cuántos días
de auxilio deberá pagar el empleador.
Pues bien, la accionante ha sostenido que nunca recibió contraprestación alguna
durante el tiempo en que se encontró incapacitada, afirmación que tampoco fue
objeto de cuestionamiento por la demandada en atención a la renuencia que ha
demostrado en el transcurso del proceso. Adicionalmente, al plenario se aportaron
un total de 19 incapacidades médicas equivalentes a un total de 630 días,
cuidadosamente detalladas en el acápite de hechos probados.
Sin embargo, la norma ha establecido un límite de pago por incapacidades de origen
de común de hasta 540 días56 y solo se podrá continuar con dicho pago superado
ese plazo, entre otras, cuando exista concepto favorable de rehabilitación por parte
de la empresa promotora de salud, circunstancia que no ocurre en el particular toda
vez que dada la suspensión de la afiliación de la demandante, la promotora a la que
se encuentra afiliada no continuó con la prestación de los servicios médicos, de lo
que puede deducirse que no se realizó dicha valoración de rehabilitación.
56 Artículo 2.2.3.6.1. Reconocimiento y pago de incapacidades superiores a 540 días. Las
entidades promotoras de salud o las entidades adaptadas reconocerán y pagarán a los cotizantes
las incapacidades de origen común superiores a 540 días en los siguientes casos:
Cuando exista concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante, en virtud del
cual se requiera continuar en tratamiento médico.
Cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o lesión que
originó la incapacidad de origen común, habiéndose seguido con los protocolos y guías de atención
y las recomendaciones del médico tratante.
Cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas situaciones, que prolonguen
el tiempo de recuperación del paciente.
De presentar el afiliado cualquiera de las situaciones antes previstas, la entidad promotora de salud
o entidad adaptada deberá reiniciar el pago de la prestación económica a partir del día quinientos
cuarenta y uno (541).
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
La anterior conclusión se apoya, además, en el requerimiento que sobre el particular
se efectuó tanto al empleador como a la E.P.S. Salud Vida S.A., quienes guardaron
silencio, incluso, ante la reiteración de dicha solicitud judicial y en la valoración
realizada por la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar, que determinó la
pérdida de la capacidad laboral del 51 %, lo que da origen a la titularidad del derecho
pensional por invalidez, es decir, que, en todo caso, dicho concepto no habría sido
favorable.
En consecuencia, de acuerdo con el silencio absoluto guardado por el empleador y
la E.P.S., las incapacidades médicas aportadas al proceso, la no rehabilitación de la
demandante por el alto porcentaje de pérdida de su capacidad laboral y el límite
fijado por el Decreto 780 de 2016 en el artículo 2.2.3.6.1. solo habrá lugar al pago
de 540 días de auxilio de incapacidad de origen común, los cuales corresponderán
a los primeros 540 días causados, contados a partir del 5 de marzo de 2010.
Por lo indicado, hay lugar a adicionar la sentencia de primera instancia en el sentido
de ordenar, con cargo al empleador, el pago de los auxilios causados en favor de la
señora Rosalba Cordero durante los primeros 540 días de incapacidad; con la
salvedad de que antes de dar cumplimiento a la presente decisión, habrá de
cerciorarse de que la E.P.S, por alguna razón, no haya realizado dicho pago, en aras
de evitar que se incurra en un doble desembolso por el mismo concepto, aclaración
procedente dada la falta de claridad y pronunciamiento por parte de la promotora de
salud sobre el particular, frente al requerimiento realizado a través de Oficio del 29
de abril de 2021.
Ahora, en este punto, puede ser objeto de duda la razón de por qué, a la luz del
principio de congruencia, se estudió y se accederá al pago del auxilio de
incapacidad con cargo al empleador, cuando lo pedido en la demanda corresponde
al pago de salarios y prestaciones sociales; la razón de ello es la justicia material y
la flexibilización del principio de justicia rogada ante la inminente desprotección en
materia laboral. En ese sentido, entender demandas como la presente bajo una
comprensión literalmente rigurosa podría ser un impedimento para el ejercicio y
goce efectivo de las prerrogativas constitucionales y legales de la demandante.
De acuerdo con lo anterior, la accionante incoó la presente demanda con el
propósito inicial de que la E.P.S. Salud Vida le reconociera el pago del mentado
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
auxilio por incapacidad, pero al ser excluida dicha entidad del presente proceso, con
la consecuente supresión de las pretensiones dirigidas contra ella, solo permaneció
vinculada la Empresa Social del Estado Francisco Canossa de Pelaya, Cesar.
De ese modo, entender de manera exclusiva que solo hay lugar a estudiar la
procedencia de pago de salarios y prestaciones por parte de la E.S.E y conminar a
la señora Rosalba Cordero a acudir a la justicia ordinaria laboral en procura del
auxilio de incapacidad en contra de la E.P.S. Salud Vida, podría generar una eventual
negación de justicia, pues como se determinó en el presente estudio, es el
empleador que, debido al incumplimiento en el pago de los aportes a seguridad
social en salud, debe asumir dicho pago.
En otras palabras, es cierto que la accionante solo pidió de parte de su empleador
el pago de salarios y prestaciones y no el auxilio de incapacidad propiamente dicho;
sin embargo, entenderlo así de manera rigurosa y, en consecuencia, negar las
pretensiones de la demanda, contravendría el principio de justicia material, sobre
todo si se tiene en consideración que en el presente proceso, más allá de la
tecnicidad jurídica, se cuenta con la parte responsable del pago ordenado y las
pruebas suficientes que soportan la condena.
Por tal razón, al encontrar acreditado, legal, probatoria y fácticamente, que es la
parte demandada la que debe hacerse cargo, por vía de excepción, del desembolso
del auxilio de incapacidad de la demandante, no encuentra esta Sala justo, ante la
evidente carga que ya ha tenido que soportar la accionante por la mora de su
empleador, imponer en ella una nueva obligación jurídica para obtener el respeto
de los derechos laborales que reclama desde hace más de una década.
Lo anterior es así porque ha de valorarse la posibilidad de que en un eventual
proceso ordinario laboral contra su E.P.S. podrían también negársele las
pretensiones por las mismas razones por las cuales se emite la presente condena,
es decir, porque está probado aquí que el llamado a asumir dicha obligación es el
empleador como consecuencia de la mora injustificada en la que incurrió. De ese
modo, la presente decisión no es más que una forma de otorgar a la demandante lo
que en derecho le corresponde y de evitar que la falta de técnica jurídica perpetúe
la trasgresión de sus derechos fundamentales de seguridad social.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
2.4.1. Sobre los daños materiales y morales
Como se explicó en el acápite normativo y jurisprudencial pertinente, tanto el
legislador como la administración de justicia ha previsto la procedencia de las
pretensiones de reparación por conducto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuando el origen del daño alegado es predicable del
contenido de un acto administrativo. En ese sentido, el estudio sobre dichas
reclamaciones depende, inevitablemente, de la carga argumentativa asumida por la
parte interesada.
Así las cosas, la parte demandante, a modo de reparación del daño emergente,
material ha solicitado que se ordene a la accionada reintegrar los gastos médicos y
de transporte en que debió incurrir para la atención de sus padecimientos de salud,
con ocasión de su suspensión del sistema contributivo de salud, por omisiones
atribuibles al Hospital Francisco Canossa.
Sobre este particular, debe recordarse que, como ya se explicó en el acápite
anterior, en caso de incumplimiento en los aportes de seguridad social en salud de
un trabajador durante periodos de incapacidad médica de origen común, el tan
citado artículo 2.1.9.1 del Decreto 780 del 2016, dispone que el trabajador puede
ser suspendido de la prestación de los servicios médicos, evento en el cual «el
empleador en mora deberá pagar el costo de los servicios de salud que demande
el trabajador y su núcleo familiar, sin perjuicio del pago de las cotizaciones
adeudadas y de los intereses de mora correspondientes».
De acuerdo con lo señalado, está claro que el empleador debe asumir el pago de
los gastos en que haya incurrido el trabajador que ha sido desafiliado del servicio
de salud por razones imputables al retraso en el pago de los aportes a la seguridad
social en salud. Bajo ese entendido, según el material probatorio aportado al
proceso se pudo determinar que la E.S.E. Hospital Francisco Canossa desatendió el
pago que como empleador le correspondía.
Por tal razón, es atribuible a esa entidad la suspensión del sistema de salud y la
consecuente falta de prestación de los servicios médicos requeridos por la
demandante, toda vez que dicha situación, tal como lo ha manifestado la E.P.S.
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Radicado: 20001 23 33 000 2013 00352 01 (2466-16)
Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Salud Vida,57 tuvo origen en el no pago de las cotizaciones por salud; por tal razón,
no solo hay lugar a confirmar, en este aspecto, la sentencia apelada de primera
instancia, en relación con la orden de pago de los aportes a salud, sino que también
es procedente acceder, parcialmente, al pago del daño material deprecado.
Entonces, dada la mora en que incurrió el empleador, la demandante se vio obligada
a acudir a consultas médicas particulares y asumir el costo de los medicamentos
prescritos para el tratamiento de sus patologías, circunstancia que no se hubiese
configurado si la entidad demandada hubiera acatado los pagos a los que estaba
legalmente obligada. Para probar lo anterior, la accionante aportó las facturas
expedidas por distintas farmacias y consultorios médicos, la cuales fueron
particularmente descritas en el acápite de hechos probados y no fueron tachadas ni
controvertidas con prueba en contrario por parte de la demandada.
Por lo expuesto, se accederá al reembolso del valor de las facturas médicas citadas
en el hecho probado número ixx, al ser gastos médicos en los que incurrió la
accionante durante el periodo en el que se encontraba incapacitada y suspendida
del servicio médico por mora en el pago de las cotizaciones, por razones atribuibles
a su empleador. Solamente se negará el pago de la factura número 312238 del 21
de diciembre de 2012, visible en el folio 54 del expediente, por no contar con el valor
cobrado.
Ahora, sobre las facturas de transporte en la ruta Pelaya – Valledupar y viceversa,
debe decirse que dicha circunstancia resulta ser ajena a la prestación del servicio
médico, razón por la que no hay lugar a proferir orden de reintegro de esos dineros,
toda vez que, incluso si la demandante hubiera permanecido afiliada al sistema de
salud, habría tenido que asumir el costo del traslado a las citas médicas. En ese
sentido, no se probó la existencia de una relación entre la suspensión del servicio y
las facturas de transporte de las que pueda concluirse que tales emolumentos hacen
parte del daño emergente causado.
Respecto del daño moral alegado, debe decirse que la demandante tenía el deber
de probarlo, toda vez que, en esta clase de eventos, no opera la presunción de la
congoja que se alega. Así las cosas, se advierte que no se aportaron medios de
57 Hechos probados vii y xv.
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Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
prueba tendientes a demostrar la configuración del daño moral, el cual, como se
indicó, no le corresponde al juez probarlo de oficio.
En consecuencia, la recurrente se limitó a alegar el padecimiento de un daño moral
y solicitar su indemnización, pero no procuró exponer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de su configuración, ni suministrar, por ejemplo, testimonios, que
dieran fe de sus alegaciones, siendo ello parte fundamental de la carga probatoria
que no puede ser, en asuntos como el de la referencia, objeto de presunciones.
2.5 De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,1 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
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Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia y en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio, la Sala concluye
que la señora Rosalba Cordero no tiene derecho al reconocimiento de salarios
y prestaciones de esa índole a cargo de la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de
Pelaya, Cesar, por el tiempo que estuvo incapacitada desde el mes de agosto de
2010 hasta setiembre de 2013, toda vez que en este tipo de situaciones lo que
procede es el reconocimiento de un auxilio por incapacidad.
Sin embargo, sí hay lugar a ordenar el pago del auxilio por incapacidad por el
término máximo de 540 días contados a partir del 5 de marzo de 2010 y de las
facturas por servicios médicos y medicamentos expedidas desde ese momento, en
atención a que se probó que el empleador incumplió el deber de efectuar las
cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud, omisión que generó
la suspensión del sistema y, consecuentemente, impidió que la demandante
recibiera la atención que requería, circunstancia por la que se vio obligada a acudir
a servicios particulares que le generaron un daño patrimonial que no hubiese
ocurrido si la demandada hubiera cumplido con los aportes a que había lugar.
Los valores adeudados serán actualizados de acuerdo con la siguiente fórmula:
R= Rh X Índice final
_____________
Índice inicial
Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de
dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
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fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que
debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada
en el último inciso del artículo 192 del C.P.A.C.A.
Finalmente, no se reconocerán los daños morales requeridos, toda vez que no
resultaron probados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Adicionar los numerales primero y segundo de la sentencia apelada del
16 de diciembre de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la señora Rosalba
Cordero Villalobos en contra de la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de Pelaya, que
quedará del siguiente modo:
Primero: declarar la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en los
oficios de fecha 9 y 16 de abril de 2013, expedidos por la Gerencia de la E.S.E.
Hospital Francisco Canossa de Pelaya, Cesar, por medio de los cuales se negó el
pago de los aportes a la seguridad social en salud y pensión y del auxilio por las
incapacidades médicas que le fueron concedidas por parte de la I.P.S
Fundación Médico Preventiva a la señora Rosalba Cordero Villalobos, por el
término máximo 540 días de que trata el artículo 2.2.3.6.1 del Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social número 780 de 2016, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, ordénese a la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de Pelaya, Cesar,
proceda a efectuar el pago de los aportes correspondientes a la seguridad social en
salud y pensión y de 540 días de auxilio por incapacidad causados a favor de
la señora Rosalba Cordero Villalobos a partir del 5 de marzo de 2010, término
que deberá tenerse en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales una
vez finalice su vínculo laboral con el ente demandado.
El pago de los mencionados auxilios por incapacidad solo será procedente en
el evento en que, por cualquier razón, la E.P.S. a la que se encuentre afiliada la
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demandante no haya realizado dicho pago, en aras de evitar un doble
desembolso por el mismo concepto, circunstancia que deberá ser verificada
por la parte accionada.
Además, condenar a la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de Pelaya, Cesar, a
pagar a la señora Rosalba Cordero Villalobos las siguientes facturas:
Número de Fecha Expedida por Concepto Valor Folio
factura
0927 28 de agosto de Dra. Ixhel García Castillo Consulta médica $ 100.000 174
2010 [medicina interna]
1055 18 de abril de 2011 Dra. Ixhel García Castillo Consulta médica $ 130.000 121
[medicina interna]
3851 19 de octubre de Droguería y Perfumería Medicamentos [ordenados $ 95.340 71
2011 Torcoroma nit: por psiquiatra, nombre
88138746-1 ilegible, del Hospital
Regional de Aguachica José
David Padilla, en folio 72]
3147 27 de octubre de Freddy Pumarejo Valle Consulta especializada $ 60.000 62
2011 [sic] Res. Dian
240000023296
3872 27 de octubre de Droguería y Perfumería Medicamentos [ordenados $ 104.515 70
2011 Torcoroma NIT: en consulta con el Dr. Freddy
88138746-1 Pumarejo]
123 12 de diciembre de Instituto Radiológico y RX cadera $ 80.000 60
2011 Ecográfico Aguachica
NIT. 7.417.634
Sin 16 de diciembre de Dr. William Gutiérrez Consulta especializada de $ 120.000 55
consecutivo 2011 Ortiz [sin NIT] neurocirugía
3900 21 de diciembre de Droguería y Perfumería Medicamentos $ 95.340 52
2012 Torcoroma NIT:
88138746-1
42836 24 de enero de Droguería y Perfumería Medicamentos $ 84.368 53
2012 Torcoroma NIT:
88138746-1
09618 25 de enero de Clínica Médica Consulta $ 80.000 47
2013 Aguachica LTDA
09662 28 de enero de Clínica Médica Infiltración $ 120.000 46
2012 Aguachica LTDA.
09666 28 de enero de Clínica Médica Infiltración $ 120.000 46
2012 Aguachica LTDA.
09856 14 de febrero de Clínica Médica Infiltración $ 120.000 45
2012 Aguachica LTDA.58
10140 15 de marzo de Clínica Médica Consulta $ 80.000 45
2012 Aguachica LTDA.
Todas las sumas descritas se deberán actualizar conforme a la fórmula
señalada en la parte considerativa de esta decisión.
58 Según la información consignada en la factura, en la Clínica Médica Aguachica LTDA, se prestan
servicios médicos relacionados con ultrasonido, cirugía y enfermedades gastrointestinales, hígado,
vías biliares, tiroides, mamas y endoscopia.
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Demandante: Rosalba Cordero Villalobos
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Tercero. No condenar en costas de segunda instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente59
MLBC
59 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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