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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2016-00950-01

Administrativa: supuestos de procedencia de la reparación directa – Trámite

Fecha
11 de mayo de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2016-00950-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante Carlos Eugenio Montes Trujillo, para lo cual se fija 1 smmlv por concepto de agencias en derecho en favor de la Procuraduría General de la Nación. La liquidación de las costas de todo el proceso se hará en primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del C.G.P. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, a través de la Secretaría de la Sección Tercera, DEVOLVER el expediente al a quo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2016-00950-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

11 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)

Actor: CARLOS EUGENIO MONTES TRUJILLO

Demandada: NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: ACTOS ADMINISTRATIVOS PARTICULARES REVOCADOS EN LA VÍA
ADMINISTRATIVA – Supuestos de procedencia de la reparación directa – Trámite
de decisión del recurso de apelación interpuesto en la vía administrativa por el
afectado – Imposibilidad de ejercer la pretensión de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues el acto administrativo revocado fue expulsado del ordenamiento
jurídico antes de que adquiriera firmeza y, por ende, antes de que fuera susceptible
de ser demandado en sede de nulidad y restablecimiento del derecho – Ante la
improcedencia del juicio de legalidad, los perjuicios deben solicitarse en sede de
reparación directa – Indemnización de los perjuicios causados siempre que se
acredite que la decisión inicial era irregular y que tal situación era imputable a la
Administración – LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Imposibilidad del
padre para solicitar perjuicios causados a hijos mayores de edad – Falta de
legitimación del afectado para solicitar los perjuicios morales causados a terceros –
EFECTOS DE SANCIÓN DISCIPLINARIA –– Interposición del recurso de apelación
– Efecto suspensivo del recurso – Revocatoria en la segunda instancia del fallo
disciplinario sancionatorio – Falta de ejecutoria de la sanción – Sanción que no se
encontraba en firme – Daño incierto.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 17 de septiembre de 2021, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
emitir condena en costas.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En este caso se pretende la indemnización de los perjuicios causados con un fallo
disciplinario dictado en primera instancia, a través del cual se destituyó al señor
Carlos Eugenio Montes Trujillo y se le inhabilitó para ejercer cargos públicos por el

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

término de 12 años, sanción que fue revocada en segunda instancia, en virtud de la
apelación formulada en la vía administrativa por el afectado.

II. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 15 de diciembre de 20161, el señor Carlos Eugenio Montes Trujillo, por medio de
apoderado judicial2, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda contra la Nación – Procuraduría General de la Nación, para lo cual formuló
las siguientes pretensiones (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“PRIMERA: La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN es
administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales
causados sobre la persona del DR. CARLOS EUGENIO MONTES TRUJILLO,
con ocasión del proceso (…) iniciado desde agosto de 2007 y su fallo de 1a
instancia, en el cual se le declaró como disciplinariamente responsable y se le
sancionó desde el 18 de noviembre de 2011 con DESTITUCIÓN E
INHABILIDAD GENERAL (…) [y] el 6 de noviembre de 2014 fue absuelto de
toda responsabilidad (…). En resumen, se tuvo al sr MONTES TRUJILLO
indebidamente sancionado y destituido por espacio de 3 años menos 12 días.

SEGUNDA: El pago por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, como reparación del daño ocasionado a CARLOS EUGENIO
MONTES TRUJILLO, los perjuicios de orden material y moral, los cuales se
estiman en la suma de $481’404.800 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES, CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS). Los
cuales se demostrarán a lo largo del escrito y los datos que se adjuntan.

TERCERA: El pago será actualizado (…)”3.

El demandante solicitó que se le reconocieran $481’404.800, los cuales, según lo
señalado en el acápite de estimación de la cuantía, comprendían: i) $284’445.000
por ingresos dejados de percibir durante 3 años, desde la destitución hasta la
revocatoria de tal sanción; ii) $59’069.000 por el detrimento patrimonial sufrido en el
referido período y iii) $137’890.800, por los perjuicios morales causados a su esposa
y a sus hijos.

1
Folio 2 del archivo 1 del expediente digital.
El expediente fue allegado de manera digital y obra en el índice 2 de Samai. Los números de folios
citados en esta providencia corresponden a los del respectivo documento digital.
2
La parte actora confirió poder a través del memorial obrante a folios 1 y 2 del archivo 1 del
expediente digital.
3
Folio 1 del archivo 1 del expediente digital.

2

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

En cuanto a los ítems 1 y 2, la parte actora indicó que la sanción disciplinaria
impuesta en primera instancia le impidió “prestar sus servicios a una entidad estatal,
obligándolo a vivir del crédito durante ese tiempo”4.

En la demanda, en el capítulo de “CONSECUENCIAS DE ESTOS HECHOS”5, el
accionante invocó otras afectaciones; sin embargo, no solicitó suma alguna por tales
conceptos, que corresponden a los siguientes: i) daño a la salud; ii) buen nombre y
honra; iii) perjuicios morales para la víctima directa; y iv) lo relacionado con el pago
de honorarios de los abogados que ejercieron su defensa en sede administrativa.

11. Hechos

Como fundamento fáctico del escrito inicial, la parte actora narró:

El 24 de julio de 2007, el señor Flavio Restrepo Gómez presentó queja ante la
Procuraduría General de la Nación, para que se adelantara una investigación en
relación con un convenio interadministrativo celebrado entre el municipio de
Manizales e Infomanizales, para la recuperación de la cartera de la primera de las
entidades citadas.

Luego de algunas diligencias previas, el 16 de septiembre de 2009, la demandada
ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el señor Carlos Eugenio
Montes Trujillo, entre otros, en su calidad de gerente de Infomanizales. Para lo
pertinente se tuvo en cuenta tanto la queja enunciada como otro convenio que se
había celebrado para la ejecución de todos los trámites de la Secretaría de Tránsito
de Manizales.

El 28 de febrero de 2010, el señor Montes Trujillo, por el nuevo manejo empresarial
de Infomanizales, presentó renuncia a su cargo, la cual fue aceptada el 6 de marzo
siguiente, fecha para la cual ya era de conocimiento público que tenía en curso una
investigación disciplinaria.

En criterio del señor Montes Trujillo, el hecho de estar incurso en una investigación
disciplinaria le impidió conseguir una nueva vinculación laboral y, por ende, solo
podía desempeñarse como catedrático de la Universidad Nacional, por tal razón se

4
Folio 15 del archivo 1 del expediente digital.
5
Folio 15 del archivo 1 del expediente digital.

3

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

vio en obligación de pensionarse de “afán”6, derecho que se hizo efectivo a partir
del 1° de marzo de 2013.

El 19 de enero de 2011, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de
cargos contra el demandante, el cual, según él, carecía de sustento fáctico y era
ambiguo.

Agotada la etapa de alegatos de conclusión, el 18 de noviembre de 2011, se profirió
fallo sancionatorio contra el señor Montes Trujillo, en el cual se le destituyó e
inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por el término de 12 años, decisión
apelada por el afectado.

A partir de lo anterior, el señor Montes Trujillo comenzó a presentar problemas de
salud asociados a causas somáticas, los cuales le ocasionaron 4 cirugías entre
2015 y 2016.

La entidad publicó en su página web el fallo sancionatorio de primera instancia,
información que fue replicada por el periódico La Patria. La primera publicación aún
continúa activa, sin que se hubiese precisado lo relativo a la revocatoria

El 22 de mayo de 2012, el señor Montes Trujillo solicitó que se decretara la
prescripción de la acción disciplinaria y, ante el silencio de la entidad, renunció a su
calidad de docente de la Universidad Nacional, con el fin de “evitar el retiro por
destitución, ya que ello hubiese afectado en mayor medida su buen nombre y
reputación”7.

Finalmente, el 6 de noviembre de 2014 se resolvió la apelación del fallo disciplinario,
en el sentido de revocarlo.

En la demanda se insistió en que la afectación del buen nombre en el sub-lite fue
tan evidente, que (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“[A]ún hoy se usa ese fallo en instituciones públicas como el CONCEJO
DE MANIZALES. Basta escuchar la grabación de la sesión del (…) 28 de
octubre de 2016 (…), [un] concejal se refiere a la destitución (…), [que]
tuvo amplia divulgación, más no así el de 2a instancia, dejando su nombre
afectado ‘per secula seculorum’”8.

6
Folio 3 del archivo 1 del expediente digital.
7
Folio 7 del archivo 1 del expediente digital.
8
Folio 9 del archivo 1 del expediente digital.

4

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

2. Trámite de primera instancia

2.1. El 15 de agosto de 20179, el a quo admitió la demanda10, ordenó las
notificaciones de la entidad demandada, del agente del Ministerio Público y de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual se efectuó de manera
electrónica11.

2.2. La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda12 y se opuso a las
pretensiones. A su juicio, el caso debía analizarse como un daño especial, pues las
respectivas decisiones disciplinarias, finalmente, resultaron favorables a su
destinatario, asunto que, en todo caso, debía ser analizado al amparo del principio
iura novit curia.

El demandante era un sujeto susceptible de ser investigado, a quien no se le causó
daño alguno, porque la sanción disciplinaria no surtió efectos, dada su revocatoria
en la segunda instancia de la vía administrativa.

El señor Montes Trujillo renunció a Infomanizales antes de la sanción, también se
desvinculó de la Universidad Nacional por decisión propia; además, las afectaciones
en la salud por él invocadas fueron posteriores al fallo disciplinario de primera
instancia, sin que se allegara prueba de la relación de tales situaciones con los
hechos objeto de la litis.

No se generaron antecedentes disciplinarios que le impidieran al actor
desempeñarse laboralmente y que le implicaran algún tipo de iliquidez, tan es así
que en las declaraciones de renta que aportó se advierte que sí tuvo ingresos para
esa época; además, la eventual preocupación por tener una investigación en curso
es un asunto que los sujetos disciplinables deben soportar.

9
Folios 295 a 298 del del archivo 1 del expediente digital.
10
De manera previa, a través de autos del 15 de marzo y 10 de mayo de 2017, se requirió a la parte
actora para que aportada la constancia de notificación y ejecutoria del fallo disciplinario dictado en
segunda instancia, carga que fue cumplida el 26 de mayo siguiente (folios 265 y 270 a 271, 274 a
283 del archivo 1 del expediente digital); además, el 29 de junio de la misma anualidad, se le pidió
al demandante que allegara la demanda en medio magnético, frente a lo cual se procedió de
conformidad el 11 de julio siguiente (folio 296 del archivo 1 del expediente digital).
11
Folios 85 a 89 del del archivo 1 del expediente digital.
Además, se requirió a la Procuraduría General de la Nación para que aportara los antecedentes
administrativos del proceso disciplinario objeto de las pretensiones, los cuales, finalmente, fueron
incorporados al expediente el 10 de octubre de 2018 (folio 7 del archivo 3 del expediente digital).
12
Folios 344 a 365 del archivo 1 del expediente digital.

5

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

La entidad indicó que la divulgación del fallo disciplinario en prensa o las
afirmaciones al respecto por parte del Concejo de Manizales no le resultaban
imputables.

3. Audiencia inicial, decreto y práctica de pruebas

3.1. El 30 de julio de 201913, se llevó a cabo la audiencia inicial, oportunidad en la
que se concluyó que no había situaciones por sanear y que no se advertían
excepciones formuladas.

En la etapa de fijación del litigio se precisó que en el sub-lite, según lo señalado por
el demandante, debía determinarse la responsabilidad de la demandada “en razón
al fallo disciplinario de primera instancia proferido en su contra, por el cual fue
indebidamente sancionado”14, lo que imponía determinar si se encontraban
acreditados los supuestos para imputar responsabilidad a la demandada por el
proceso disciplinario señalado.

3.2. En tal diligencia se decretaron las pruebas, en concreto, las testimoniales
pedidas por el demandante15 y se incorporaron las documentales aportadas por las
partes.

3.3. Las declaraciones fueron practicadas el 13 de agosto siguiente, oportunidad en
la que la demandada tachó los testimonios, en cuanto los señores Alejandra Montes
Sáenz y Mauricio Montes Sáenz tenían vínculos de consanguinidad con el
demandante y la señora Hilda María Sáenz Montoya de afinidad.

3.4. En audiencia del 13 de agosto de 201916 se practicaron los testimonios
decretados, luego, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.

3.4.1. La parte actora17 reiteró que el pliego de cargos era impreciso, falencia que
llevó a la revocatoria del fallo sancionatorio en la segunda instancia.

Las pruebas testimoniales practicadas en el caso concreto daban cuenta de las
afectaciones causadas al demandante en su buen nombre y en su salud por la

13
Folios 13 a 23 del archivo 2 del expediente digital.
14
Archivo de video de la audiencia inicial visible en el índice 2 de Samai.
15
La parte actora solicitó la práctica de los testimonios de los señores Alejandra Montes Sáenz,
Mauricio Montes Sáenz y Hilda María Sáenz Montoya.
16
Folios 34 a 38 del archivo 2 del expediente digital.
17
Folios 40 a 51 del archivo 2 del expediente digital.

6

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

decisión disciplinaria de primera instancia, situación que fue conocida por los
declarantes, debido a su cercanía con la víctima directa.

3.4.2. La Procuraduría General de la Nación18 insistió en la ausencia de daño, ya
que el demandante era susceptible de ser investigado disciplinariamente y la
sanción impuesta no surtió efectos, por ende, no se le impidió desempeñarse
laboralmente, pues fue su decisión renunciar a Infomanizales y, luego de la sanción,
continuó vinculado a la Universidad Nacional.

Las afectaciones de salud invocadas en la demanda no tenían relación con el asunto
debatido.

3.4.3. A juicio del agente del Ministerio Público19, las pretensiones no tenían
vocación de prosperidad, en cuanto el Estado tiene la facultad de investigar
disciplinariamente a sus funcionarios y ellos tienen el deber jurídico de soportar el
trámite de tales actuaciones.

Las sanciones que no quedan ejecutoriadas no comprometen la responsabilidad
estatal, razón por la cual en el sub-lite no se causó daño alguno, pues el fallo
disciplinario de primera instancia no adquirió firmeza.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 17 de septiembre de
202120, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas
a la parte actora.

A juicio del a quo, el sub lite corresponde a un caso de daño especial, dado que “no
puede afirmarse que hubo falla en el servicio, pues se trata de un actuar legítimo de
la administración, (…) la facultad disciplinaria del Estado”21, sin que resultara
procedente debatir la legalidad del fallo sancionatorio de primera instancia, dado
que ese estudio solo es susceptible en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho.

El tribunal señaló que el daño invocado por el demandante consistía en la afectación
de su buen nombre, al ser identificado como un funcionario corrupto, situación que

18
Folios 52 a 56 del archivo 2 del expediente digital.
19
Folios 57 a del archivo 2 del expediente digital.
20
Folios 94 a 124 del archivo 2 del expediente digital.
21
Folio 109 del archivo 2 del expediente digital.

7

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

habría implicado: i) la imposibilidad de laborar; ii) la renuncia a los empleos que
desarrollaba; iii) los préstamos solicitados para solventar su situación económica;
iv) los problemas de salud que la víctima directa habría padecido y v) los honorarios
de los abogados que ejercieron su defensa.

Al respecto, se concluyó que el referido daño no fue probado y, en todo caso, no
sería antijurídico, dado que no se acreditó la supuesta divulgación del fallo
disciplinario, “más allá de los comentarios generales hechos por la esposa y los dos
hijos del accionante en los testimonios”22.

En todo caso, el hecho de que la decisión sancionatoria se hubiese conocido en el
ámbito local no daba cuenta de una lesión del buen nombre del accionante, pues
era carga de la entidad adelantar el proceso disciplinario cuestionado y deber del
actor asumir su trámite, marco en el cual se profirió el fallo de primera instancia, el
cual no alcanzó firmeza, y no se probó que la accionada hubiese efectuado reporte
de alguna inhabilidad en el certificado de antecedentes disciplinarios del señor
Montes Trujillo.

De otro lado, al demandante le correspondía solicitarle al Concejo de Armenia la
rectificación de la información que hubiese difundido sin haber tomado en
consideración que la sanción disciplinaria fue revocada en segunda instancia.

Además, las afirmaciones de los declarantes no ofrecían certeza sobre situaciones
específicas en las cuales la sanción disciplinaria de primera instancia hubiese
provocado alguna de las afectaciones citadas en la demanda, pues ellos se limitaron
a “manifestar ideas o suposiciones sobre lo que la gente en general pudiese pensar
de su esposo y padre”23, sin que se probara rechazo alguno en el entorno social y
laboral.

El demandante no demostró que: i) la renuncia a la Universidad Nacional fuera
consecuencia de lo decidido por la Procuraduría General de la Nación; ii) los
eventuales empleos a los que supuestamente no pudo acceder; iii) los créditos que
habría tramitado por dicha situación, iv) ni los honorarios que habría pagado por su
defensa en el proceso disciplinario.

22
Folio 120 del archivo 2 del expediente digital.
23
Folio 121 del archivo 2 del expediente digital.

8

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido el demandante se
presentaron en un período distinto de aquel en el que fue tramitado el proceso
disciplinario.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Caldas señaló que las
pretensiones carecían de vocación de prosperidad, dado que no se acreditó el
primer elemento de la responsabilidad extracontractual del Estado: el daño.

Finalmente, el a quo indicó que no resultaba procedente la condena en costas de
primera instancia, en cuanto no se advertía la manifiesta carencia de fundamento
de la demanda, según lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

5. Recurso de apelación

5.1. La parte actora apeló el fallo del a quo24 e indicó que se encontraba probada la
falla en el servicio de la entidad, dado que el pliego de cargos que dio lugar a la
sanción de primera instancia fue irregular, tan es así que el referido fallo disciplinario
fue revocado.

La determinación sancionatoria adoptada inicialmente por la Procuraduría General
de la Nación afectó al señor Montes Trujillo tanto de manera física como psicológica,
así como en lo relacionado con su buen nombre, pues la información fue de público
conocimiento, en concreto, llegó a los escenarios en los que la víctima directa
desarrollaba sus actividades personales y laborales.

5.2. El 7 de diciembre de 202125, esta Corporación admitió el recurso de apelación
de la parte actora, al amparo de lo previsto en el artículo 247 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, según el cual los sujetos
procesales podrán pronunciarse en relación con la apelación interpuesta por los
demás intervinientes hasta la ejecutoria del auto admisorio del recurso y el Ministerio
Público hasta el ingreso del expediente al despacho para sentencia.

5.3. La Procuraduría General de la Nación26 indicó que la sentencia de primera
instancia debía confirmarse, en cuanto no se presentó una falla en el servicio, sino

24
Folios 129 a 140 del archivo 2 del expediente digital.
25
Índice 4 de Samai.
26
Índice 9 de Samai.

9

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

una actuación legal de la Administración, pues las decisiones adoptadas en el
proceso disciplinario no han sido anuladas.

Además, el demandante era un sujeto disciplinable, la decisión adoptada en su
contra no adquirió firmeza y las pruebas allegadas no dan cuenta de perjuicio
alguno, pues no se le impuso ninguna restricción para trabajar.

5.4. A juicio del Ministerio Público27, el recurso de apelación carece de vocación de
prosperidad, dado que la vinculación a un proceso disciplinario es una carga
inherente al ejercicio público y fue en el marco de tal contexto que se dictó el fallo
disciplinario de primera instancia que carecía de reserva y contra el cual se
interpuso recurso de apelación que fue concedido en el efecto suspensivo, según lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002.

En suma, la sanción no fue ejecutada ni registrada como antecedente disciplinario,
no surtió efecto jurídico alguno y, por ende, el actor no padeció sus consecuencias,
tan es así que al valorar los testimonios practicados en conjunto con la historia
clínica de la víctima directa se deduce que tales situaciones fueron posteriores a la
terminación del proceso disciplinario.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Régimen aplicable

Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de presentación de la demanda –el 15 de diciembre de 201628–, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011 con las modificaciones de la
Ley 2080 de 202129, en concordancia con el C.G.P. y el Decreto 806 de 2020.

2. Competencia

En virtud del numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 30, los tribunales
administrativos conocen en primera instancia de los procesos de reparación directa

27
Índice 10 de Samai
28
Folio 3 del cuaderno 1.
29
La Ley 1437 de 2011 fue modificada por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, normativa que, en
virtud de su artículo 86 ejusdem, la nueva normativa es aplicable a este asunto, salvo en materia de
competencias y en lo relacionado con los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas -
incluido la de carácter pericial-, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo,
que se regirán por las leyes vigentes para ese momento.
30
Esta norma fue modificada por la Ley 2080 de 2021; sin embargo, la nueva regla entró en vigor el
25 de enero de 2022.

10

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

en los que la cuantía exceda de 500 smmlv, cuya apelación le corresponde
conocerla al Consejo de Estado, según el artículo 150 ejusdem31 .

La parte demandante solicitó por perjuicios materiales y morales $481’404.800,
suma que para la fecha de presentación de la demanda era superior a 500 smmlv32,
de ahí que el conocimiento en primera instancia le correspondiera al a quo.

3. Procedencia de la reparación directa

De manera previa, se analizará la procedencia de la reparación directa frente a
actos administrativos revocados en virtud de los recursos de la vía administrativa,
para, luego, analizar la caducidad y, finalmente, el fondo del asunto.

En aplicación de la facultad de interpretación de la demanda, al juez debe
determinar si el petitum es susceptible de ser tramitado por la vía judicial invocada
por la parte actora, tan es así que en los eventos en los que se ejerce formalmente
una acción o medio de control, pero se invoca como fuente del daño un supuesto
propio de otra vía procesal, el juez debe encauzar la demanda.

A su vez, según esta Corporación33, la procedencia de las acciones o medios de
control no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del
perjuicio alegado y del fin pretendido.

La nulidad y restablecimiento del derecho procede ante los actos administrativos
particulares que se consideran ilegales. La reparación directa es la idónea en los
casos en los que la causa de las pretensiones se deriva de un hecho, una omisión,
una operación administrativa, un acto administrativo legal34 o de uno que hubiese
sido revocado, bien de manera directa35 o en virtud de los recursos de la vía

31
“Artículo 150. El Consejo de Estado (…) conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”.
32
Al multiplicar el smmlv de 2016 -$689.455- por 500 da como resultado $344’727.500
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
abril de 2006, expediente 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
35
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1998, expediente 13.685, C.P.
Daniel Suárez Hernández; sentencia del 7 de julio de 2005, expediente 27.842, C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez; sentencias del 13 de mayo de 2009, expedientes 27.422 y 15.652, C.P. Ramiro
Saavedra Becerra y C.P. Myriam Guerrero de Escobar, respectivamente.
En las dos últimas providencias la Sección Tercera precisó que la reparación directa resultaba
procedente en los casos de revocatoria directa, siempre que esta se hubiese dado con anterioridad
a la configuración de la caducidad de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sobre el tema, en la tercera de las sentencias referenciadas se señaló:
“(…) La circunstancia de que los actos administrativos fuente del daño hayan sido revocados
posteriormente, no muta la acción originalmente prevista por la ley para obtener la reparación de

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

administrativa36, en estos dos últimos escenarios, como la decisión de la
Administración desaparece de la vida jurídica, no resulta posible exigirle al
demandante la impugnación del acto administrativo inicial en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En sentencia del 27 de septiembre de 201137, la Subsección C de la Sección
Tercera, al pronunciarse sobre la revocatoria en la vía gubernativa de un acto
administrativo que había sido desfavorable al demandante, precisó que la
procedencia de la reparación directa y la falta de idoneidad de nulidad y
restablecimiento del derecho estaba determinada por las siguientes razones:

“Al desaparecer de la vida jurídica los actos administrativos por los cuales se
negó la licencia ambiental a la Sociedad Mader Habit Ltda., en virtud de su
revocatoria le era imposible al demandante impugnar aquellos actos mediante
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues supondría primero la
existencia de los actos administrativos -vigencia- y lo segundo, la ilegalidad de
los mismos, presupuestos ambos indispensables para la procedencia de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.

La Sección Primera también ha considerado que no resulta exigible la carga de
demandar en sede de nulidad y restablecimiento del derecho un acto administrativo
que fue dejado previamente sin efecto por la Administración, al punto que consideró
que en tales eventos la carga exigida podía dar lugar a una orden de tutela contra
la autoridad que pidiera proceder de conformidad, así se sostuvo:

los perjuicios derivados del mismo. Máxime si la revocatoria directa se produce cuando la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho ha caducado. En el caso concreto es verdad que, ante
la revocatoria de los actos determinantes del daño, no cabe una acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, pero no sólo por su inexistencia sobrevenida sino, especialmente, porque ya se había
producido la caducidad de la acción que era pertinente.
“La acción de reparación directa no es la procedente por la sola inconducencia de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto por medio del cual se revocó directamente el
que causaba el perjuicio. Pues, de conformidad con lo expuesto, la misma no procede frente a daños
causados con un acto administrativo que bien pudo demandarse por la vía de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.
“(…) Es por todo lo anterior que la Sala (…) advierte que la acción de reparación directa no es
procedente para obtener la reparación de los perjuicios que causó un acto administrativo, que
fue posteriormente revocado por quien lo profirió, cuando la acción que le resultaba pertinente, esto
es la de nulidad y restablecimiento del derecho, ya había caducado.
“Se resalta así que, como a la fecha en que se produjo la revocatoria directa (…), la acción que
resultaba procedente para obtener la reparación de los daños que habían podido causarse ya estaba
caducada, resulta abiertamente irregular el ejercicio de la acción de reparación, con el
propósito de salvar los efectos de la señalada caducidad.
“(…) La Sección Primera así lo ha precisado al explicar que la petición de revocatoria directa no
revive los términos de caducidad de las acciones (…)” (se destaca).
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 19 de abril
de 2001, expediente 19517, C.P. María Elena Giraldo Gómez, así como Subsección A, sentencia del
3 de julio de 2020, expediente 54.990.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 27 de julio de 2011, expediente 18.798, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

“En este orden de ideas, resulta claro que los requerimientos especiales para
que proceda la acción de tutela contra providencia judicial se encuentran
cumplidos, habida cuenta de que la sentencia proferida por la Sala de
Descongestión del Tribunal Administrativo de Boyacá, incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que la Resolución núm. 5001 de 1995, desapareció del
ordenamiento jurídico, comoquiera que fue revocada en su totalidad por la
Resolución núm. 13481 del mismo año, luego no era procedente demandar un
acto sobre el cual no se podía ejercer control de legalidad y, en consecuencia,
el actor no tenía por qué soportar la carga de acusar dicho acto, como lo sostuvo
la sentencia transcrita”38.

Así las cosas, a juicio de la Sala39, la pretensión de reparación directa procede frente
a los perjuicios derivados de actos administrativos revocados en virtud de los
recursos de la vía administrativa, pues en esos casos la decisión inicial, por no hacer
parte del ordenamiento jurídico y no corresponder a la definitiva, no es susceptible
de ser demandada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que la
decisión que subsiste y que rige el respectivo caso es aquella a través de la cual,
en virtud de la reposición o apelación, se deja sin efecto el acto administrativo inicial.

Al respecto, el artículo 161 del CPACA estableció los “requisitos previos” que deben
cumplirse para comparecer ante esta jurisdicción; de manera específica, frente a la
nulidad y restablecimiento del derecho, preceptuó que “(…) cuando se pretenda la
nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los
recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios”, aspecto que se rige por el
artículo 76 ejusdem40, lo que supone la existencia de una decisión inicial que se
debe recurrir y la decisión del recurso pertinente es la que corresponde a la definitiva
y, por ende, susceptible de ser demandada en sede de nulidad y restablecimiento
del derecho.

El agotamiento de los recursos administrativos obligatorios, como la apelación o la
reconsideración, como presupuesto para acudir a la jurisdicción constituye un
privilegio de la Administración, derivado del principio de autotutela administrativa y
por virtud del cual debe brindarse a los entes públicos la oportunidad de

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 6 de
marzo de 2014, expediente 11001-03-15-000-2013-01978-00, C.P. María Elizabeth García
González.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 19 de abril
de 2001, expediente 19517, C.P. María Elena Giraldo Gómez, así como Subsección A, sentencia del
3 de julio de 2020, expediente 54.990.
40
“Artículo 76. (…) El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del
de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”.
Lo anterior, sin perjuicio de los eventos de procedencia del recurso de reconsideración.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

pronunciarse antes de que las controversias que hayan surgido en torno a ellos sean
planteadas ante los tribunales41.

En relación con la carga de interponer en la vía administrativa el recurso de
apelación, en sentencia de 2 de agosto de 201842, la Sección Quinta de esta
Corporación explicó:

“[…] En ese orden de ideas, la vía gubernativa se agota con la interposición de
los recursos contra los actos de definan una actuación administrativa, sin
embargo, el único recurso obligatorio es el de apelación.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se tiene que los fallos con
responsabilidad fiscal son actos administrativos susceptibles de control judicial
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En el presente evento, tal y como se dejó dicho, contra el fallo con
responsabilidad fiscal demandado procedían los recursos de reposición y
apelación, por lo que la parte actora, de manera previa a demandar debió
haber interpuesto, por lo menos el recurso de apelación contra la decisión
acusada, con el fin de que la administración pudiera revisar su propia
decisión. […]”.

De otro lado, al margen de que la decisión primigenia deje de ser parte del
ordenamiento jurídico, es posible que antes de su revocatoria se hubiesen causado
perjuicios, que, por lo explicado con anterioridad, no resulta posible pedir su
indemnización en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que para tal
fin la idónea es la pretensión de reparación directa, en el marco de la cual se debe
determinar si la decisión inicial fue irregular, si tal circunstancia es imputable a la
respectiva autoridad43 y si produjo efectos, sin que ello implique un juicio de

41
Corte Constitucional, Sentencia C-792/06, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio (E), radicado 2006-02892-02.
43
En la primera providencia citada en el numeral precedente, la Sala precisó:
“(…) Como quiera que el acto administrativo (…) desapareció de la vida jurídica por virtud de su
revocatoria es imposible (…) sugerir al demandante que ha debido impugnar aquel acto mediante la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otras razones, porque la propia
administración reconociendo la falta de fundamento de la resolución (…) procedió a revocarla (…).
“(…) Al margen de la existencia del acto administrativo, bien pudieron haberse ocasionado perjuicios,
cuyo resarcimiento no desaparece, por la circunstancia de la revocatoria del acto administrativo (…),
la revocatoria directa impide al afectado (…) solicitar el reconocimiento de eventuales perjuicios por
la cuerda propia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por ausencia de acto.
“(…) En conclusión: la acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de
perjuicios causados por un acto administrativo ilegal revocado en sede administrativa (…)”.
Posteriormente, en la segunda sentencia, la del 2005, la Sala reiteró la procedencia de la acción de
reparación directa frente a los perjuicios causados con la expedición de un acto administrativo que
fue revocado directamente, ocasión en la que se afirmó:
“En casos como el presente, se debe considerar la acción de reparación directa dado que el acto
administrativo que presuntamente generó los perjuicios desapareció del ordenamiento jurídico, en el
momento en que la administración reconoció su error.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
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Referencia: Reparación directa

legalidad, pues no es posible anular una decisión previamente revocada en ejercicio
de los recursos obligatorios. Frente al alcance del análisis en este tipo de casos esta
Corporación ha señalado:

“La jurisprudencia ha estimado que si hechos como esos se plantean en una
demanda en ejercicio de la acción de reparación directa deberá el juez examinar
al momento de decidir el litigio, sí verdaderamente lo calificado por ilegal por la
Administración, si lo fue y, en consecuencia, verificar si la falla afirmada por
la Administración - en el acto revocatorio - y los demás elementos de
responsabilidad extracontractual, daño antijurídico y nexo de causalidad, sí se
presentan realmente”44.

En las condiciones analizadas, al estudiar el caso concreto, la Sala considera que
la reparación directa resulta procedente, dado que la controversia versa sobre los
perjuicios derivados de un fallo disciplinario sancionatorio que fue revocado.

4. Oportunidad en el ejercicio del derecho de acción

De conformidad con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, la demanda debe interponerse dentro de los 2 años siguientes al día de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
lo conoció o debió tener conocimiento si fue en fecha posterior y siempre que pruebe
la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el presente asunto, el ejercicio de la pretensión de reparación directa se deriva
de que el fallo disciplinario de primera instancia fue revocado en virtud del recurso
de apelación interpuesto en la vía administrativa por el afectado, por lo que se
concluye que el término de caducidad empezó a correr con la decisión que resolvió
la apelación, la cual fue notificada al hoy actor mediante edicto desfijado el 13 de
febrero de 201545, por tal razón, la demanda debía presentarse desde el 14 de
febrero de 2015 hasta el 14 de febrero de 2017 y se procedió de conformidad el 15
de diciembre de 201646, en oportunidad legal.

“En estas circunstancias, es posible afirmar que el daño que se causa a los administrados
únicamente se torna antijurídico en el momento en que la administración, reconociendo la ilegalidad
del acto, decide retirarlo del ordenamiento jurídico (…).
“(…) En conclusión, es procedente la acción de reparación directa para obtener la indemnización de
perjuicios causados por un acto administrativo que ha sido revocado por la administración.
“Lo anterior no obsta para que, como se dijo en la providencia del 19 de abril de 2001, el juez deba
analizar si efectivamente el acto revocado era ilegal, si dicha ilegalidad se produjo como
consecuencia de la actuación de la administración y si los perjuicios causados son indemnizables”.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 19 de abril
de 2001, expediente 19517, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
45
De conformidad con la constancia obrante a folio 283 del archivo 1 del expediente digital.
46
Folio 2 del archivo 1 del expediente digital.
El expediente fue allegado de manera digital y obra en el índice 2 de Samai. Los números de folios
citados en esta providencia corresponden a los del respectivo documento digital.

15

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Además, durante tal período se agotó el requisito de procedibilidad consistente en
la conciliación extrajudicial, dado que la solicitud pertinente se radicó el 9 de
noviembre de 2016, trámite que se declaró fallido el 15 de diciembre siguiente, fecha
en la que se expidió la constancia de no acuerdo47.

5. Legitimación del señor Carlos Eugenio Montes Trujillo

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La
primera surge de la formulación de la demanda, por manera que quien presenta el
escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se
le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda,
obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se
define al momento de estudiar el fondo del asunto.

La primera dimensión de la legitimación en la causa se encuentra acreditada, dado
que el señor Carlos Eugenio Montes Trujillo fue quien, de manera individual,
obrando en nombre propio, promovió el proceso de la referencia48; sin embargo, tal
situación no resulta suficiente para concluir que le asiste legitimación material de
cara a todas las pretensiones formuladas.

Si bien el señor Montes Trujillo fue la persona contra la cual se adelantó el proceso
disciplinario objeto de controversia, no es menos cierto que en el sub lite él no solo
solicitó la indemnización de los perjuicios que se le habrían causado de manera
individual, sino también reclamó los que habrían sufrido sus dos hijos y esposa 49,
cuando los dos primeros eran mayores de edad para la época de la demanda y, en
todo caso, el accionante no invocó que actuaba en su nombre, lo que daría lugar al
estudio de una eventual indebida representación.

47
Folios 27 a 31 del archivo 1 del expediente digital.
48
Al respecto, se precisa que el poder solo fue otorgado en nombre propio, sin indicar que lo hacía
en nombre de otras personas. El trámite de conciliación extrajudicial solo fue promovido por el señor
Montes Trujillo, sin que en tal oportunidad su grupo familiar hubiese formulado la respectiva solicitud
(folios 3, 27 a 31 del archivo 1 del expediente digital).
49
Al presente asunto, se allegó la copia del registro civil de matrimonio del demandante con la señora
Hilda María Sáenz Montoya, del cual se deduce que se casaron el 12 de agosto de 1977.
En la audiencia de pruebas comparecieron como testigos los señores Alejandra Montes Sáenz y
Mauricio Montes Sáenz, quienes indicaron que eran los hijos del demandante; sin embargo, en el
expediente no obran las copias de sus registros civiles de nacimiento, pero la parte actora sí allegó
frente a cada uno el “comprobante de inscripción de nacimiento”, en el que se deja constancia del
nombre completo del menor registrado y de su fecha de nacimiento, sin más datos, documentos que,
en todo caso, permiten inferir que tales personas eran mayores de edad para la fecha de la demanda
(folios 260 a 262 del archivo 1 del expediente digital).

16

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

El actor, se insiste, no indicó que actuaba en representación de las personas
enunciadas, sino que pidió que los perjuicios causados a ellos le fueran reconocidos
a su favor, aspecto frente al cual la Sala concluye que al señor Montes Trujillo no le
asiste legitimación material en la causa por activa, pues los facultados para pedir la
indemnización pertinente, en atención al carácter personal del daño, era
directamente cada una de las personas citadas sin que ellas hubiesen comparecido
al proceso.

Así las cosas, a juicio de la Subsección, al demandante le asiste legitimación en la
causa por activa en el caso concreto, pero solo en lo relacionado con los perjuicios
individuales que él habría sufrido, sin que la aludida legitimación se extienda a las
afectaciones padecidas por terceras personas, quienes, se reitera, no ejercieron su
derecho de acción.

6. Objeto de la apelación

En la primera instancia fueron negadas las pretensiones, en cuanto no se acreditó
el daño invocado, pues la sanción disciplinaria no adquirió firmeza, tampoco se
probó la supuesta afectación del buen nombre del demandante, ni las
consecuencias negativas que se invocaron frente a tal situación y, en todo caso, el
trámite del proceso disciplinario era una carga que el demandante estaba en el
deber jurídico de soportar.

Además, se precisó que las imputaciones derivadas de la eventual publicación y
divulgación del fallo disciplinario de primera instancia no comprometían la
responsabilidad de la demandada, en cuanto no se acreditaron los términos de tales
publicaciones en prensa y, en todo caso, las consecuencias al respecto le
resultaban imputables a quienes hubiesen procedido en tales términos, bien fuera
los medios de comunicación o el Concejo de Manizales.

A su vez, la parte actora apeló el fallo del a quo, por considerar que desde el pliego
de cargos era evidente la carencia de fundamento de la actuación disciplinaria, tan
es así que, finalmente, el señor Montes Trujillo fue absuelto; además, las pruebas
obrantes en el plenario daban cuenta de los perjuicios causados con la sanción
impuesta en la primera instancia de la actuación pertinente.

17

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Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
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Referencia: Reparación directa

7. Caso concreto

De conformidad con lo anterior, la Sala verificará la existencia del daño, pues el a
quo concluyó que no se había generado lesión alguna, mientras que la parte actora
en su apelación insistió en que sí se le ocasionó, dado que la determinación de la
accionada tuvo efecto en su salud física y mental, así como en su desarrollo
profesional.

En las condiciones analizadas, de advertirse la existencia del daño, se verificará si
tiene el carácter de antijurídico y, por ende, si el demandante estaba o no el deber
jurídico de soportarlo, análisis que solo efectuará de encontrar acreditado el primer
elemento, pues su ausencia resulta suficiente para negar las pretensiones, sin
abordar puntos adicionales.

7.1. Petitum y daño invocado en este caso

En el escrito inicial, acápite de pretensiones, el demandante indicó que a la
Procuraduría General de la Nación le asistía responsabilidad en el sub lite, “con
ocasión del proceso de investigación (…) en el cual se le declaró como
disciplinariamente responsable y se le sancionó desde el 18 de noviembre de 2011
con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL (…) [y] el 6 de noviembre de 2014
fue absuelto de toda responsabilidad (…). En resumen, se tuvo al sr MONTES
TRUJILLO indebidamente sancionado y destituido por espacio de 3 años
menos 12 días” (se destaca).

En concordancia, la parte actora solicitó que se le indemnizara por los siguientes
conceptos: i) $284’445.000 por ingresos dejados de percibir durante 3 años, desde
la destitución hasta la revocatoria de tal sanción; ii) $59’069.000 por el detrimento
patrimonial sufrido en el referido período y iii) $137’890.800, por los perjuicios
morales causados a su esposa y a sus hijos, -asunto frente al cual como se explicó
el señor Montes Trujillo carece de legitimación en la causa por pasiva-.

Si bien en la demanda se hizo alusión a otras consecuencias derivadas de las
actuaciones disciplinarias invocadas (verbigracia, afectaciones a la salud, al buen
nombre), no es menos cierto que no se formularon pretensiones al respecto, sino
que estas se limitaron a los aspectos indicados en el párrafo precedente50, de ahí

50
Al respecto, en los acápites de pretensiones de la demanda y cuantía se indicó lo siguiente (se
transcribe literal, incluso con posibles errores):
PRETENSIONES

18

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

que, en virtud del principio de congruencia, no resulte necesario el estudio de tales
conceptos, pues el artículo 281 del CGP establece que “[l]a sentencia deberá estar
en consonancia con los hechos y las pretensiones (…). No podrá condenarse al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”51.

Así las cosas, a la correspondiente autoridad judicial le está vedado imponer
condena que supere las súplicas del demandante, sin perjuicio del ejercicio de sus
facultades oficiosas52. En relación con tal principio esta Corporación ha sostenido:

“[E]l principio de congruencia de la sentencia (…) [tiene] dos acepciones: como
armonía entre la parte motiva y la resolutiva del fallo (congruencia interna), y
como conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y
en la contestación (congruencia externa).

El principio así concebido, persigue la protección del derecho de las partes a
obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del
juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa
del demandado, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos
y hechos expuestos en la demanda.

PRIMERA: La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN es administrativamente responsable de
los perjuicios materiales y morales causados sobre la persona del DR. CARLOS EUGENIO MONTES
TRUJILLO, con ocasión del proceso de investigación (…) en el cual se le declaró como
disciplinariamente responsable y se le sancionó desde el 18 de noviembre de 2011 con
DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL (…) [y] el 6 de noviembre de 2014 fue absuelto de toda
responsabilidad (…). En resumen, se tuvo al sr MONTES TRUJILLO indebidamente sancionado y
destituido por espacio de 3 años menos 12 días.
SEGUNDA: El pago por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como reparación
del daño ocasionado a CARLOS EUGENIO MONTES TRUJILLO, los perjuicios de orden material y
moral, los cuales se estiman en la suma de $481’404.800 (CAUTROCIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES, CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS). Los cuales se
demostrarán a lo largo del escrito y los datos que se adjuntan.
TERCERA: El pago será actualizado (…).
COMPETENCIA Y CUANTÍA
Es competencia del señor JUEZ (…) por la cuantía, la cual se determina en la suma de $481’404.800
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS) (…), discriminados así:
TIPO DE PERJUICIO MONTO
MATERIALES
Ingresos dejados de percibir durante 3 años de sanción e inhabilidad $284’445.000
(…)
FINANCIEROS
Detrimento patrimonial ocurrido entre 2011 y 2014 $59’069.000
DAÑO MORAL
Esposa (100 SMMLV) $68.945.400
2 hijos (50 SMMLV c/u) $68’945.400
GRAN TOTAL
$481’404.800” (folios 6 y 25 del archivo 1 del expediente digital).
51
La doctrina ha definido el principio de congruencia, así: “[e]l principio normativo que exige la
identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el Juez en la sentencia y las pretensiones
y excepciones planteadas por las partes” DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General del Proceso,
editorial universidad, página 49.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 25 de
enero de 2018, C.P: María Elizabeth García González, exp: 2013-00911.

19

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

(…) [T]rae consigo los conceptos de fallo ultra y extrapetita, como decisiones
que van más allá de lo pedido, ya sea porque se otorgan cosas adicionales a
las solicitadas en la demanda (sentencia ultrapetita), o porque se reconoce algo
que no se solicitó (sentencia extrapetita)”53.

En similar dirección, esta Sección ha señalado:

“De acuerdo con el principio de congruencia de las sentencias, consagrado en
el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el artículo 1°
numeral 135 del Decreto 2282 de 1989), la decisión del juez debe resultar
armónica, consonante y concordante con los hechos y las pretensiones
formuladas en la demanda, por lo tanto el juez debe pronunciarse con
fundamento en las pretensiones expresamente planteadas en la demanda
y los hechos descritos en la misma, debiendo existir una adecuación o
perfecta simetría entre lo pedido y lo resuelto, que resulta afectada cuando el
juez concede más allá de lo pedido (ultra petita); o cuando concede puntos no
sometidos al litigio (extra petita), o cuando deja de pronunciarse sobre
cuestiones sujetas al proceso (infra o citra petita)”54 (Negrilla de la Sala).

Con fundamento en lo pedido expresamente y en el principio de congruencia, la
Sala concluye que el daño que sirve de fundamento a las pretensiones está
determinado por la imposibilidad del demandante de haberse podido desempeñar
laboralmente en el período comprendido entre la imposición de la sanción
disciplinaria en primera instancia y su posterior revocatoria, razón por la cual solicitó
que se le indemnizara expresamente por los salarios dejados de percibir en tal
período, así como por el detrimento patrimonial que habría sufrido en tal época, es
decir, lo pedido está relacionado expresamente con perjuicios de carácter material.

7. 2. Acreditación del daño en el sub lite

Para efectos de determinar si, en efecto, se encuentra acreditada la existencia del
daño, se determinará el contexto en el que se profirió la sanción objeto de la litis, lo
que se dio en los siguientes términos:

El 19 de septiembre de 2009 se ordenó la apertura de investigación disciplinaria,
entre otros, contra el señor Carlos Eugenio Montes Trujillo, en su condición de
gerente de Infomanizales para la época de los hechos55. Tal actuación tenía como

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 16 de
septiembre de 2010, Exp. 16605, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
54
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de diciembre de 2011, Exp.
20410, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
55
La investigación también se abrió contra otros funcionarios de Infomanizales, algunos de
Infimanizales, el alcalde y algunos secretarios de despacho del municipio de Manizales, así como el
representante legal del consorcio Servicios de Tránsito de Manizales.
Para efectos de aclarar el contexto en el que se adelantó el proceso disciplinario, se precisa que
Infomanizales e Infimanizales corresponden a personas jurídicas distintas. La primera, en la
actualidad se denomina Infotic y “fue autorizada en su creación por el Consejo Directivo de
INFIMANIZALES en el 2005. Se constituyó como sociedad anónima del orden municipal, vinculada

20

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

propósito determinar si se había presentado alguna irregularidad en la celebración
de un convenio interadministrativo de 2007 que tenía como objeto el cobro y
recuperación de la cartera del municipio de Manizales.

A través de auto del 19 de enero de 201156, la entidad ordenó el archivo de las
diligencias relacionadas con el referido cobro de cartera; sin embargo, con
fundamento en otro convenio interadministrativo del 17 de mayo de 2007, decidió
seguir adelante la investigación por la eventual vulneración de los principios de la
contratación estatal, por no adelantar una licitación pública frente a la concesión por
el término de 15 años de los servicios prestados por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Manizales a Infomanizales, el cual “constituyó una alianza estratégica
de colaboración empresarial”57 con un particular para que se ocupara de los citados
servicios.

Por los anteriores hechos, a título de culpa gravísima, se formuló pliego de cargos
contra el señor Carlos Eugenio Montes Trujillo58, en su condición de gerente de
Infomanizales para la época de los hechos, dado que habría “coadyuvado con su
firma, la suscripción y ejecución del convenio interadministrativo”59.

Lo anterior, en cuanto, pese a tratarse de un contrato de concesión, la modalidad
de selección del contratista que se debió utilizar era la de licitación pública; además,
el objeto contractual no fue desarrollado por la entidad que representaba, sino por
un tercero que tal entidad contrató, bajo la figura de “alianza estratégica”, con lo que
se habría desnaturalizado el objeto del convenio Interadministrativo citado y se
habría facilitado que la administración municipal de Manizales violara el principio de
selección objetiva del contratista.

a la alcaldía de Manizales. INFOTIC opera como una sociedad de economía mixta, constituida con
capital público mayoritario (51%) y capital privado (49%), con el régimen de sociedad de economía
mixta privada” (Tomado de https://infotic.co/wp-content/uploads/2020/10/manual-sgc.pdf, consulta
realizada el 22 de abril de 2022, a las 2:00 pm).
Por su parte, Infimanizales “es un instituto público del orden municipal (…), [con] un portafolio de
inversiones, proyectos, servicios financieros y administración de bienes raíces” (Tomado de
https://infimanizales.com/institucional/somos/, consulta realizada el 22 de abril de 2022, a las
2:01pm).
56
Folios 31 a 51 del archivo 1 del expediente digital.
57
Folio 35 del archivo 1 del expediente digital.
58
En aquella oportunidad por los mismos hechos también se formularon cargos contra Luis Roberto
Rivas Montoya, Ancizar Neira Estrada y Esperanza Salazar Grisales, en su condición de alcalde,
secretario de Tránsito y Transporte y secretaría jurídica de Manizales.
59
Folio 41 del archivo 1 del expediente digital.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

El 18 de noviembre de 201160, la Procuraduría General de la Nación dictó fallo
disciplinario de primera instancia, en el sentido de declarar disciplinariamente
responsable, entre otros61, al señor Carlos Eugenio Montes Trujillo, a quien le
impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años62.

En la parte resolutiva de tal fallo disciplinario, ordinal séptimo, se indicó de manera
expresa que “en firme esta decisión”, se surtirían los trámites y exigencias
establecidas en el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, el cual regulaba para la época
de los hechos la ejecución de las sanciones disciplinarias.

El señor Montes Trujillo apeló la anterior determinación63, recurso concedido el 20
de enero de 201264, luego de lo cual, mediante escrito del 22 de mayo de 2012, el
señor Montes Trujillo solicitó que se decretara la prescripción de la acción
disciplinaria65.

El 6 de noviembre de 201466 se resolvió la segunda instancia del proceso
disciplinario, en el marco de lo cual se absolvió al señor Montes Trujillo, por
considerar que la imputación formulada en su contra carecía de sustento jurídico,
dado que como servidor público debía responder por sus deberes funcionales y no
por los de otra persona.

Al respecto, se precisó que en el cargo formulado el verbo rector era “coadyuvar”
con su firma la suscripción y ejecución del convenio interadministrativo objeto de
discusión, lo que habría conducido a que el municipio de Manizales violara el
principio de selección objetiva.

Lo anterior, a juicio de la entidad, permitía inferir que se le sancionó porque
contribuyó o ayudó a que otros servidores eludieran la selección objetiva y no el
incumplimiento de su deber funcional propiamente dicho por haber suscrito el

60
Folios 86 a 141 del archivo 1 del expediente digital.
61
También fueron sancionados con destitución e inhabilidad general de 12 años los señores Luis
Roberto Rivas Montoya, Ancizar Neira Estrada y Esperanza Salazar Grisales, en su condición de
alcalde, secretario de Tránsito y Transporte y secretaría jurídica de Manizales.
62
Al respecto, se indicó que el demandante incurrió en la conducta cuestionada, a título de culpa
gravísima, porque suscribió el convenio en nombre de Infomanizales, a pesar de que a tal entidad
no se le seleccionó de manera objetiva y, en todo caso, no tenía la capacidad financiera, técnica y
de experiencia para ejecutar el convenio administrativo y, por ende, el investigado sabía que para tal
fin debía subcontratar un “aliado estratégico” que sí las tuviera, al punto que fue un tercero el que
desarrolló las actividades pertinentes, lo que daba cuenta de la vulneración de los principios que
rigen la función pública y la normativa en materia de contratación.
63
Folios 143 a 202 del archivo 1 del expediente digital.
64
Folio 214 del archivo 1 del expediente digital.
65
Folios 209 a 211 del archivo 1 del expediente digital.
66
Folios 213 a 256 del archivo 1 del expediente digital.

22

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

aludido convenio interadministrativo, de ahí que debiera absolvérsele “por error en
la técnica al formular cargo”, dado que lo ocurrido con el verbo habría imposibilitado
la tipificación fáctica y jurídica.

En suma, la sanción de destitución e inhabilidad fue revocada.

7.2.1. Conclusión

De conformidad con lo indicado en el acápite presente, para el período transcurrido
entre la sanción y su revocatoria y en el que, supuestamente, el demandante se vio
en imposibilidad de laborar, la Sala advierte que se encontraba pendiente de
decisión la apelación del fallo disciplinario de primera instancia y, por ende, la
Procuraduría General de la Nación no había proferido el fallo de segundo grado, por
tanto, la sanción disciplinaria no estaba en firme.

En cuanto a los efectos de la apelación, el artículo 115 de la Ley 734 de 2002 -
vigente para la época de los hechos- señalaba:

“Artículo 115. El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes
decisiones: la que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la
decisión de archivo y el fallo de primera instancia.

En el efecto suspensivo se concederá la apelación de la decisión (…) del fallo
de primera instancia (…)”.

En concordancia, el artículo 119 ejusdem, señalaba que “[las] decisiones
disciplinarias contra las que proceden recursos quedarán en firme tres días después
de la última notificación”.

Además, el artículo 174 de la aludida normativa señalaba que la comunicación para
el registro de las inhabilidades pertinentes debía remitirse “al Procurador General
de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la
providencia o acto administrativo correspondiente”.

En síntesis, cuando el proceso sancionatorio se encuentra en curso y no ha
finalizado, el daño tiene el carácter de incierto y la posibilidad de materializarse cesa
con la decisión de segunda instancia que resulta favorable al investigado.

Así la cosas, no es posible sostener que la determinación invocada por la parte
demandada surtió efecto alguno, pues, se insiste, estaba pendiente de decisión la
segunda instancia.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

A pesar de no haber existido impedimento legal alguno para ello, el demandante
indicó que estuvo expuesto a una situación que le impidió laborar, cuando lo que se
advierte es que fue él quien renunció a los cargos que desempeñaba y optó por
pensionarse.

De este modo, el recurso interpuesto contra el fallo del a quo carece de vocación de
prosperidad, pues el actor no tenía ningún impedimento para ejercer cargos
públicos, por el hecho de no haber alcanzado ejecutoria la sanción invocada, de ahí
que estuviera ante un daño incierto, que no se materializó, al punto de que su
desvinculación de Infomanizales y de la Universidad Nacional obedeció a la
renuncia que él presentó y no a la ejecución de sanción alguna67, tan es así que el
primer vínculo finalizó antes del fallo disciplinario de primera instancia y el segundo
hasta el año siguiente a dicha determinación68, cuando estaba en trámite el recurso
de apelación interpuesto por el afectado.

Lo anterior, al margen de que los testigos que rindieron su declaración en el
presente proceso, que correspondían a su esposa e hijos69, hubiesen indicado que

67
El señor Carlos Eugenio Montes Trujillo fue gerente de Infomanizales desde el 1º de agosto de
2006 hasta el 5 de marzo de 2010, en virtud de un contrato laboral a término indefinido (a folio 52
del archivo 1 del expediente digital).
En la demanda se indicó que la terminación del vínculo obedeció a la renuncia presentada por el
señor Carlos Eugenio Montes Trujillo y no por ejecución de sanción disciplinaria alguna.
La confesión se encuentra enlistada como un medio probatorio en el artículo 165 del C.G.P. y que
se hace por medio de apoderado judicial está prevista en el artículo 193 ejusdem prevé que esta
“valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende
otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia
inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por
no escrita” (se destaca).
En virtud de las disposiciones que regulan la confesión judicial, las manifestaciones contenidas en
la demanda se valorarán probatoriamente, en cuanto cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 191 del C.G.P., en especial, para el caso concreto siempre que sean expresas, conscientes
y libres, versen sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria, recaigan sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro
medio de prueba y sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
68
De igual modo, a folio 212 del archivo 1 del expediente digital, obra constancia de recibido de la
renuncia presentada por el demandante el 26 de junio de 2012, con efectos a partir del 1º de agosto
de 2012.
69
De conformidad con el contenido del artículo 211 del C.G.P., los sujetos procesales podrán tachar
el testigo que se encuentre en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad. La tacha
deberá formularse con expresión de las razones en que se funda y el juez analizará el testimonio en
el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
En el sub lite, en la audiencia de pruebas, los señores Alejandra Montes Sáenz, Mauricio Montes
Sáenz y Hilda María Sáenz Montoya, manifestaron ser hijos y esposa del demandante Carlos
Eugenio Montes Trujillo, situación con fundamento en la cual la parte demandada los tachó como
sospechosos.
En nuestro ordenamiento son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes
personales u otras causas, el Consejo de Estado ha establecido que no pueden descartarse de plano
sus versiones, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas
obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica

24

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

el demandante sufrió perjuicios por una supuesta restricción en su desarrollo
laboral, pues, como se indicó, tal limitación no se generó, en cuanto la sanción
impuesta no surtió efectos, dada su falta de firmeza.

La parte actora expresamente solicitó que se le indemnizara por los salarios que
se vio en la imposibilidad de percibir desde la sanción de primera instancia y su
revocatoria, así como la iliquidez a la que se habría visto expuesta durante ese
período, pretensiones sin vocación de prosperidad, ante la evidencia de que el fallo
disciplinario pertinente no generó daño alguno, precisamente, en virtud de la
interposición por parte del afectado del recurso administrativo dispuesto para tal fin:
el de apelación, que se resolvió de manera favorable, en cuanto la autoridad
disciplinaria de segundo grado presentó una falta de técnica en la formulación del
pliego de cargos.

A juicio de esta Sala, cuando se demanda por una decisión que no quedó
ejecutoriada y los recursos interpuestos tuvieron la virtualidad de suspender su
cumplimiento –efecto suspensivo o diferido, artículo 323 del CGP70–, las
pretensiones carecen de vocación de prosperidad, dado que el daño no es cierto
Esta Sala ha señalado que cuando se demanda por una decisión que no quedó
ejecutoriada las pretensiones carecen de vocación de prosperidad, dado que el
daño no es cierto, tema frente al cual se pronunció en sentencia del 16 de julio de
202171, oportunidad en la que se estudió el caso de una demanda por error judicial
derivada de una providencia que no alcanzó firmeza, argumentos que mutatis
mutandi resultan aplicables al caso concreto, dado que el escenario fáctico es
similar, pues se debate la responsabilidad patrimonial de la Procuraduría General
de la Nación por un fallo disciplinario que fue revocado en sede administrativa:

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de julio de 2016, C.P. Hernán Andrade Rincón, expediente 36932)
Así las cosas, las declaraciones de las personas citadas, en atención a su relación con las partes,
se valoraron en concordancia con las demás pruebas aportadas al proceso.
70
“Artículo 323. Efectos en que se concede la apelación. Podrá concederse la apelación:
1. En el efecto suspensivo. En este caso, si se trata de sentencia, la competencia del juez de
primera instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que se
notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Sin embargo, el inferior conservará
competencia para conocer de todo lo relacionado con medidas cautelares.
2. En el efecto devolutivo. En este caso no se suspenderá el cumplimiento de la providencia
apelada, ni el curso del proceso.
3. En el efecto diferido. En este caso se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada,
pero continuará el curso del proceso ante el juez de primera instancia en lo que no dependa
necesariamente de ella (…).
71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de julio de 2021, expediente 52095, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

25

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

“En efecto, respecto a la firmeza de las providencias, la jurisprudencia de la
Sección Tercera, ha sostenido de manera reiterada que ‘aun cuando una
decisión judicial resulte equivocada, si ésta aún puede ser revocada o
modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos
jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional’
72
. Por tanto, resulta acertado concluir que el daño es incierto cuando la
decisión reprochada no ha quedado en firme, pues si esta llegara a
contener un yerro, el superior tiene la posibilidad de subsanarlo y el
interesado puede procurar la salvaguarda de sus derechos mediante la
interposición de los recursos ordinarios (…)

Con el material probatorio ya relacionado, la Sala encuentra probado que si bien
la providencia contentiva del supuesto error jurisdiccional, esto es, la sentencia
de 18 de abril de 2002 proferida por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali,
fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Luis
Ignacio Cabezas Casanova, en el cual, entre otros argumentos, se reprochó la
valoración probatoria realizada por el juez penal a quo; lo cierto es que, la
sentencia de 17 de octubre de 2003, mediante la cual se resolvió el mencionado
recurso, revocó la providencia contentiva del supuesto error jurisdiccional y por
ende, el supuesto daño alegado por el demandante no tiene la virtualidad de
ser cierto, en tanto que, como se demostró, la decisión de segunda instancia
fue favorable para el actor, toda vez que lo absolvió de responsabilidad penal y,
de contera, corrigió cualquier yerro en el que, a juicio del demandante, pudo
incurrir el a quo (…).

Precisado lo anterior, así como los diferentes medios de prueba que reposan
en el expediente, la Sala considera que en este caso no está demostrado que
el demandante hubiera padecido un daño antijurídico, en tanto que no se
observa que sus derechos de acceso a la administración de justicia y de la tutela
judicial efectiva, hubieran sido transgredidos; por el contrario, precisamente en
ejercicio y observancia de aquellos, obtuvo sentencia favorable a sus
pretensiones, razón por la que el presunto yerro alegado, esto es, la valoración
probatoria realizada por el juez penal a quo que derivó en una sentencia adversa
al actor, no vulneró los mencionados derechos y tampoco se demostró que
dicha decisión hubiera afectado otro bien jurídico tutelado.

Sobre este punto, huelga precisar que el error jurisdiccional debe ser analizado
dentro de los parámetros de la autonomía funcional del juez, a quien, por
mandato constitucional se le otorga libertad para interpretar los hechos que se
someten a su consideración, y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o
legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico
(Art. 228 C.P.), de modo que, el hecho de que se varíe una decisión
condenatoria en segunda instancia, no resulta suficiente para declarar la
responsabilidad automática de la autoridad judicial de primera instancia, pues,
sobre un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o
soluciones de derecho, en tanto jurídicamente admisibles y justificadas (…).

Con todo, considerando que el supuesto error de hecho por indebida valoración
probatoria alegado por el demandante no incidió en la decisión jurisdiccional en
firme, ni hizo tránsito a cosa juzgada, en tanto que, como se demostró, la
providencia identificada por la parte actora como contentiva del error fue
revocada en segunda instancia, incluso a favor de los intereses del actor, es
claro para la Sala que no hay siquiera prueba de un daño, resultando infructuoso
el estudio sustancial de la providencia acusada, por cuanto la ausencia de un
daño, impide elaborar un juicio de imputación o de atribución a la Rama Judicial,

72
Cita del original: “Consejo de Estado, sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16271, C.P. Ruth
Stella Correa Palacio, reiterada en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 26 de julio de 2012, exp. 22581 y sentencia del 6 de julio de 2017, expediente 38028, M. P. Danilo
Rojas Betancourth”.

26

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

quien, a no dudarlo, no menoscabó el ejercicio de los derechos de acceso a la
administración de justicia y de tutela judicial efectiva del demandante, por lo
que, en consecuencia, se impone denegar las pretensiones de la demanda”.

Así las cosas, ante la evidencia de que el fallo disciplinario invocado no alcanzó
ejecutoria y, por ende, la sanción de inhabilidad nunca surtió efectos, se concluye
que el daño es incierto, de ahí que no resulten necesarios análisis adicionales para
efectos de concluir que el recurso no tiene vocación de prosperidad, por tal razón,
se confirmará la sentencia denegatoria de primera instancia.

8. Condena en costas

En la sentencia apelada se consideró improcedente la condena en costas por la
primera instancia, punto que no fue apelado, de ahí que no le corresponda estudiarlo
a la Sala, sin perjuicio de la decisión que se deba adoptar en relación con la condena
derivada de la apelación interpuesta contra el fallo del a quo.

8.1. Procedencia en esta instancia

De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, “[s]alvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas”, disposición que fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 73,
en el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal”.

La modificación señalada no implica que se hubiese retomado el criterio subjetivo
de la condena establecido en el artículo 171 del CCA, pues la norma tiene un
alcance distinto, en cuanto debe interpretarse en concordancia con el inciso primero
del citado artículo 188.

73
La Ley 2080 del 25 de enero de 2021 corresponde a una normativa de orden público, de aplicación
inmediata y, por ende, rige en todos los procesos en curso para la fecha de su entrada en vigor,
salvo frente algunos supuestos específicos:
i) Las nuevas normas de competencias de los juzgados y tribunales administrativos.
ii) Las actuaciones previstas en el artículo 86 ejusdem, que corresponden a los recursos interpuestos,
la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo,
aspectos que se rigen por la norma vigente para la fecha en la que se iniciaron tales actuaciones.
iii) Las modificaciones frente al dictamen pericial se aplican a los procesos en curso a la fecha de
entrada en vigor, siempre no se hubiese decretado pruebas.
Una de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 es la relacionada con la regulación de costas,
en cuanto adicionó el referido artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

27

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

La nueva disposición no es aplicable frente a las costas de los procesos ordinarios
de lo contencioso administrativo en los cuales prima el factor objetivo ser la parte
vencida en el proceso o a quien se le resuelva de manera desfavorable el recurso
interpuesto-, sino que rige para aquellos en los que se ventila un interés público,
pues, si bien en estos, en principio, es improcedente la condena por tal concepto,
no es menos cierto que es posible imponerla cuando “se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.

En suma, para las costas lo determinante es perder el proceso o que la actuación
promovida sea resuelta de manera desfavorable, sin que para ello tenga alguna
injerencia la conducta subjetiva de las partes durante el proceso, situación que tiene
otras consecuencias procesales.

En efecto, en virtud de los artículos 8074 y 8175 del CGP las partes o terceros que
actúen con temeridad o mala fe, sin perjuicio de las cosas, deben responder por los
perjuicios causados con su proceder.

Si quien actúa en dichos términos es el abogado se le aplicará tal regla de
responsabilidad, pero también se le impondrá multa de 10 a 50 smmlv. Si la condena
reprochable es imputable tanto al poderdante como el apoderado se les condenará
de manera solidaria.

En relación con el alcance de la modificación en materia de costas contenida en el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera ha
señalado76:

74
“Artículo 80. Responsabilidad patrimonial de las partes. Cada una de las partes responderá por
los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a
terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el
juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la
sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide
por incidente.
A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el
proceso o incidente.
Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su
interés en el proceso o incidente”.
75
“Artículo 81. Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes. Al apoderado que actúe
con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las
costas del proceso, incidente o recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos
mensuales. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.
Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la
investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional”.
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 11001-03-26-000-2019-00011-00(63217), CP:
Fredy Ibarra Martínez.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

“De la lectura de la disposición es posible establecer la finalidad y el propósito
del legislador con esta nueva modificación.

El objetivo del legislador es que el ejercicio del derecho de acción a través de
los medios de control se haga de manera responsable, leal y seria, tanto así
que consagró la posibilidad de que aun en los procesos en que se ventile un
interés público (contencioso objetivo) sea procedente y viable la condena en
costas siempre y cuando se acredite que la demanda se presentó con
‘manifiesta carencia de fundamento legal’.

El artículo 188 del CPACA fijó (i) la regla general de la procedencia de las costas
en los procesos contencioso-administrativos; además (ii) definió la excepción a
la regla, esto es, los procesos en que se ventile un interés público y, por último,
(iii) consagró una excepción a la excepción, puesto que será posible condenar
en costas incluso en los procesos contencioso-objetivos sobre la condición de
que se acredite que la demanda carece por completo de fundamento legal.

Esta hermenéutica garantiza el principio interpretativo del efecto útil de las
normas; se adecúa de manera sistemática con el propósito del legislador de
promover el ejercicio recto y responsable del derecho de acción y permite darle
un entendimiento apropiado a la expresión “en todo caso” con la cual el
legislador estableció, como excepción a la excepción, la posibilidad de condenar
en costas aun en los procesos en los que se ventile un interés público.

En efecto, si no se interpreta de manera armónica e integrada los dos incisos
del artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021- se generaría una consecuencia absurda consistente en que solo habría
condena en costas en una vía, esto es, solo para la parte actora y sobre la
condición de que la demanda carezca por completo de fundamento legal, pero,
no habría posibilidad en costas cuando la parte vencida fuera el extremo
demandado, lo que contravendría el principio del efecto útil de las normas y el
propósito del legislador de promover el ejercicio adecuado del derecho de
acción.

En suma, la mejor interpretación de la disposición es aquella que promueve la
efectividad y aplicabilidad de la norma a través sistematicidad entre los incisos
primero y segundo del artículo 188 ibidem, que garantiza la aplicación de la
regla general -condena en costas para la parte vencida, demandante o
demandada, en cualquier tipo de procesos- salvo en los que se ventile un interés
público (acciones públicas ) y, en todo caso, en este tipo de asuntos será
procedente la condena en costas al demandante cuando se advierta que la
demanda carece por completo de fundamento legal porque se castiga el
ejercicio infundado e irresponsable del derecho de acción, al promover un
desgaste innecesario del aparato jurisdiccional”.

En las condiciones analizadas, en el caso concreto, no resulta aplicable la
modificación frente a costas dispuesta por la Ley 2080 de 2021, sino que la regla
que rige el asunto es el inciso primero del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
virtud del cual, en concordancia con en el numeral 1 del artículo 365 y el artículo

29

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

366 del C.G.P., en la sentencia se condenará en costas a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación.

La liquidación pertinente se hará de manera concentrada en primera instancia, una
vez ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior.

7.2. Agencias en derecho

Las costas incluyen las agencias en derecho77, que se fijan a partir de las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales78.

Así las cosas, las agencias en derecho proceden incluso cuando la parte ha litigado
en nombre propio, sin incurrir en el pago de honorarios profesionales, razonamiento
que también es aplicable a las entidades que comparecen a través de sus abogados
de planta, pues, si bien en tal escenario no incurre en gastos adicionales a los de
nómina, no es menos cierto que sí tuvo que destinar alguno de sus funcionarios
para atender el asunto.

En cuanto a las tarifas, el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 10554
del 5 de agosto de 2016 –normativa vigente para la fecha de presentación de la
demanda79- señaló que en la segunda instancia de los procesos declarativos -como
el de la referencia- por agencias en derecho resulta procedente fijar entre 1 y 6
mmlv80.

En el sub lite el a quo negó las pretensiones, sentencia contra la cual la parte actora
interpuso apelación que no prosperó, de ahí que corresponda condenarla en costas
por el hecho de que su recurso hubiese sido resuelto de manera desfavorable y
para lo pertinente, por concepto de agencias en derecho, se fija 1 smmlv.

77
Artículo 361 del CGP.
78
Numeral 4 del artículo 366 del CGP, que señala: 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
79
La demanda se presentó el 15 de diciembre de 2016 y la referida normativa entró en vigor el 6 de
agosto de 2016.
80
“Artículo. 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
(…)
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”. (negrillas de la Sala).

30

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

El monto señalado se encuentra dentro del rango fijado por el Consejo Superior de
la Judicatura; además, resulta coherente con la naturaleza del asunto y la actuación
desplegada en esta instancia por la apoderada de la demandada, pues se pronunció
frente al recurso interpuesto.

En este orden de ideas, se condenará en costas al señor Carlos Eugenio Montes
Trujillo, quien deberá pagar a favor de la Procuraduría General de la Nación la suma
de 1 smmlv.

En todo caso, la liquidación final de las costas la efectuará la primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante Carlos
Eugenio Montes Trujillo, para lo cual se fija 1 smmlv por concepto de agencias en
derecho en favor de la Procuraduría General de la Nación. La liquidación de las
costas de todo el proceso se hará en primera instancia por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el artículo 366
del C.G.P.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, a través de la Secretaría de la
Sección Tercera, DEVOLVER el expediente al a quo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

31

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700)
Actor: Carlos Eugenio Montes Trujillo
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

32

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