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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07133-01

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07133-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 29 de enero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07133-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07133-01
Accionante: Andrea del Pilar Bedoya García y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
declaratoria de improcedencia por falta de relevancia constitucional

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 11 de noviembre de 2025, Andrea del Pilar Bedoya García, junto con otros1,

instauró acción de tutela en busca de que se dejara sin efectos la sentencia proferida
el 7 de mayo de ese mismo año2 por el Tribunal accionado, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovieron en contra del Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro.

2. El conocimiento de dicho asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado

Tercero Administrativo Oral Circuito de Villavicencio, el cual, por medio de fallo del
31 de enero de 2025, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la parte actora.

3. Contra la decisión anterior, los demandantes interpusieron recurso de apelación,

pero únicamente en lo relativo a la imposición de costas.

4. A través de la providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó

el fallo recurrido y, además, dispuso condenar en costas en segunda instancia a la
parte demandante. La autoridad judicial estimó que la adición del inciso segundo del

1
Hugo Davey Mancera Gutiérrez, Dora Emilia Huérfano Reina, Elizabeth Blandón Silva, Jesús Octavio Zuluaga Mazuera,
Rubiela Aldana Ahumada, Luz Marina Hernández Hoyos, Ruth Aydinez Padilla Rincón, Luz Marina León Saavedra, Nubia
Isabel Álvarez de Vargas, Marleny Rodríguez Rayo, Christian Enrique Jaramillo Caviedes, Darío Alberto Peñaloza Mora, Dora
Mercedes Pineda Rozo, Fanny Reyes Lara, Josefina Marín de Suarez, Luz Amparo Rincón Novoa, Darío Alfonso Rodríguez
Riveros, Ruddy Iraya Riaño Silva, Marco Antonio Peña Toro y María Estella González Parrado.
2
Decisión que fue comunicada a los sujetos procesales el 12 de mayo de 2025.
3
Con radicado número 50001-33-33-003-2018-00114-02.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07133-01
Accionante: Andrea del Pilar Bedoya García y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
únicamente es aplicable a los procesos en los que se ventile un interés público y no
a aquellos en los que discutan asuntos de interés particular, como el que era
analizado en esa oportunidad.

5. Bajo esa premisa, concluyó que la imposición de costas al extremo activo en
primera instancia resultaba procedente, a la luz de lo dispuesto en el inciso primero
del artículo 188 del CPACA, comoquiera que la parte resultó vencida en el proceso
y se acreditó la causación de los gastos procesales.

6. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante alegó que la autoridad

accionada incurrió en un defecto sustantivo, en tanto realizó una interpretación
errónea del artículo 188 del CPACA, al abstenerse de analizar si la demanda fue
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal para la imposición de las
costas.

7. A juicio del tutelante, del tenor literal de la modificación introducida por el artículo

47 de la Ley 2080 de 2021 se desprende que dicha disposición resulta aplicable a
todos los procesos tramitados ante la jurisdicción de lo contenciosa administrativo,
sin establecer distinción alguna respecto al tipo de asunto que se ventile.

8. Por tanto, considera que una interpretación adecuada de la norma habría llevado

al juzgador a concluir que la condena en costas no puede fundarse únicamente en
el hecho de que una de las partes resulte vencida en el proceso, sino que, además,
es necesario examinar si la demanda carece de fundamento fáctico y jurídico
suficiente, al margen del asunto debatido.

9. Afirmó que dicha posición encuentra respaldo en la exposición de motivos del
proyecto de ley, así como en el principio de inescindibilidad, que impone al operador
judicial la obligación de aplicar el precepto legal de manera íntegra, respetando su
unidad lógica y sistemática.

10. Para sustentar su postura, trajo a colación las sentencias de tutela del 18 de abril4,

245 y 256 de julio de 2024, así como los fallos del 8 de febrero7 y 23 de mayo de
20248, proferidos por la Sección Segunda de esta Corporación.

11. En ese sentido, sostuvo que si bien la función judicial se encuentra amparada por

los principios de autonomía e independencia judicial, tales prerrogativas no pueden
erigirse en un mecanismo que legitime decisiones arbitrarias y carentes de sustento
normativo.

B. Sentencia de primera instancia

4
Exp. 11001-03-15-000-2024-01360-00.
5
Exp. 11001-03-15-000-2024-03343-00.
6
Exp. 11001-03-15-000-2024-03346-00.
7
Exp. 52001-33-33-000-2018-00416-00.
8
Exp. 25000-23-42-000-2015-00335-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07133-01
Accionante: Andrea del Pilar Bedoya García y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

12. Mediante el fallo del 29 de enero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de

Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, tras estimar que la controversia planteada se circunscribía a un asunto
de naturaleza estrictamente legal y económica.

C. Impugnación

13. La parte accionante arguyó que la controversia propuesta reviste relevancia
constitucional, comoquiera que no se reduce a un asunto meramente económico, ni
a una simple discrepancia de criterios. Por el contrario, se cuestiona la aplicación
parcial de la norma al momento de imponer la condena en costas, a partir de una
interpretación que, en su sentir, no se acompasa a los parámetros de la razonabilidad
jurídica.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

14. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

15. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de

amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional, por cuanto su objeto
es emplear el mecanismo de amparo como una instancia adicional al proceso
ordinario, con el fin de reabrir una discusión de interpretación estrictamente legal,
bajo los mismos argumentos que ya fueron abordados de forma motivada y
razonable por el juez de la causa.

16. En el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado el 31 de enero de

2025 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral Circuito de Villavicencio, la parte
demandante también sostuvo que, con ocasión de la modificación introducida por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, para que proceda la condena en costas no basta
con que una parte resulte vencida en el proceso, sino que, además, debe acreditarse
que la demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.

17. Al respecto, el Tribunal Administrativo del Meta señaló que, de conformidad con

el artículo 188 del CPACA, salvo en aquellos procesos en los que se ventila un
interés público, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se rige por el Código General del Proceso.

18. A su vez, indicó que el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 adicionó un inciso a la

referida disposición, en los siguientes términos: “en todo caso, la sentencia

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07133-01
Accionante: Andrea del Pilar Bedoya García y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.

19. Sobre el particular, destacó que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo

de Estado9 ha precisado que dicha modificación no implicó el retorno al criterio
subjetivo para la imposición de costas previsto en el artículo 171 del CCA, en tanto
la disposición introducida tiene un alcance distinto, que debe ser interpretado en
armonía con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 188 del CPACA. Ello
conduce a considerar que la adición del inciso segundo resulta aplica únicamente
para los procesos en los que se ventile un interés público y no a aquellos en los que
se discutan asuntos de interés particular.

20. Acogiendo esa tesis, el Tribunal accionado consideró que la Ley 2080 de 2021

no modificó el contenido del inciso primero del artículo 188 del CPACA, por lo que
estimó que el criterio objetivo-valorativo para la imposición de costas en los procesos
ordinarios continúa plenamente vigente, sin que haya lugar a valorar la conducta
procesal de la parte a la cual se impone dicha condena.

21. En ese orden, el fallador concluyó que la condena en costas impuesta en primera

instancia a la parte demandante resultaba procedente, comoquiera que esta resultó
vencida en el proceso y se acreditó que las entidades accionadas incurrieron en
unos gastos procesales. Asimismo, estimó que también había lugar a imponer
costas en segunda instancia, por cuanto la apoderada del Ministerio de Educación
intervino en esa etapa.

22. Bajo ese panorama, la Sala encuentra que el debate planteado por la parte
accionante, en realidad, se reduce a una discrepancia de criterios respecto al
alcance del artículo 188 del CPACA, a la luz de la modificación introducida por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

23. En efecto, la inconformidad de la tutelante radica en no compartir la tesis acogida

por el Tribunal Administrativo del Meta que, por demás, se muestra razonable y
debidamente motivada, en tanto se fundamentó en la jurisprudencia de esta
Corporación sobre la materia.

24. Si bien la parte actora respalda su postura en unas providencias que también

fueron emitidas por el Consejo de Estado, aunque por una Sección distinta, lo cierto
es que en la actualidad no existe una postura unificada al interior de esta
Corporación sobre ese asunto.

25. De modo que ante la coexistencia de criterios interpretativos distintos al interior

del máximo órgano de lo contencioso administrativo, el Tribunal no se encontraba
obligado a adoptar uno u otro. Por el contrario, en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, le era posible acoger la interpretación que estimara más
adecuada para resolver el caso sometido a su consideración, siempre que se
9
En sentencia del 11 de mayo de 2022 (exp. 17001-23-33-000-2016-00950-01).

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07133-01
Accionante: Andrea del Pilar Bedoya García y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

ajustara a los parámetros de la razonabilidad jurídica, tal como ocurrió en el caso
bajo examen.

26. De ahí que la posición acogida por la autoridad judicial accionada no pueda
calificarse como arbitraria, parcializada o manifiestamente irrazonable, pues esta se
enmarca dentro del ejercicio de la función interpretativa, propia de la actividad
judicial.

27. Así las cosas, se hace evidente que la parte actora pretende hacer valer un criterio

interpretativo distinto al acogido por el Tribunal enjuiciado, bajo un simple
desacuerdo frente a la decisión adoptada, que no es susceptible de protección
constitucional, pues, se insiste, no existe una tesis de unificación que impusiera al
juez natural la adopción de un determinado entendimiento de la norma. Además de
que se trata de un asunto de naturaleza estrictamente legal y económica.

28. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 29 de enero de 2026 proferida

por la Sección Quinta de esta Corporación.

29. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 29 de enero de 2026 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

10
VF

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