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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06992-01

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06992-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Juan Manuel Fonseca Rozo contra el Tribunal Administrativo del Meta, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06992-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

16 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06992-01
Accionante: Juan Manuel Fonseca Rozo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-01
Accionante: Juan Manuel Fonseca Rozo
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela

Temas: Tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos generales y
especiales de procedencia. Relevancia constitucional – Improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 4 de diciembre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El señor Juan Manuel Fonseca Rozo, en nombre propio1, promovió acción de tutela con
el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital, a la dignidad
humana y a los principios “non reformatio in peius” y buena fe, garantías que consideró
vulneradas por el Tribunal Administrativo del Meta al proferir la sentencia del 2 de mayo
de 2025, dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado bajo el radicado número 50001-3333-005-2022-00443-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos2:

2.1. El señor Juan Manuel Fonseca Rozo interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de Defensa-
Fuerza Aérea Colombiana, con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad del acto

1 Índice 00002 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 953CC8C5074361A5
A01743E307D82A87 DE92761B09B12D3F F4E6D3D78E7EF630.
2 Ibidem / Actuaciones visibles en el enlace electrónico del expediente ordinario en el aplicativo SAMAI:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500013333005202200443015000123

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Accionante: Juan Manuel Fonseca Rozo

administrativo mediante el cual se liquidaron sus cesantías definitivas y, a título de
restablecimiento del derecho, que se ordenara su reliquidación conforme al régimen
retroactivo.

2.2. El asunto le correspondió por reparto en primera instancia al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Villavicencio, bajo el radicado número 50001-3333-005-
2022-00443-00; despacho judicial que, mediante sentencia de 26 de agosto de 2024,
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.

2.3 Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta mediante sentencia del 2
de mayo de 2025, providencia en la cual se confirmó en su integridad la decisión de
primera instancia y se impuso condena en costas a la parte demandante, al considerar
que el recurso fue decidido de manera adversa a sus intereses y que el apoderado de la
entidad demandada intervino en el trámite de la segunda instancia.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad,
al mínimo vital, a la dignidad humana y a los principios “non reformatio in peius” y buena
fe. En consecuencia, pidió dejar sin efectos la condena en costas impuesta en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia del 2 de mayo de 2025
y, en su lugar, adoptar una decisión sustitutiva frente a dicho aspecto, al considerar que
no se encontraba debidamente acreditado su causación.

3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, sostuvo que la autoridad judicial
accionada incurrió en violación directa de la Constitución, en la medida en que la
condena en costas constituyó, según afirma, una carga desproporcionada impuesta al
demandante por el hecho de haber acudido de buena fe a la jurisdicción contencioso-
administrativa en procura del reconocimiento de sus derechos laborales.

Añadió que la providencia cuestionada carece de una motivación suficiente en relación
con la aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, pues no se acreditó la
causación de las costas. A su juicio, esta circunstancia derivó en la vulneración de los
principios de non reformatio in peius y de buena fe.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. Mediante auto del 14 de noviembre de 20253, el Consejo de Estado, Sección Primera
admitió la acción de tutela, dispuso vincular como terceros con interés a la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana y al Juzgado Quinto

3 Índice 00005 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 8B8BEF3D578E0318
8024625382592372 28AA0775FB9E7AF5 18497008C97C6B95.
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Administrativo del Circuito de Villavicencio, y reconoció personería al abogado Ricardo
Castaño Poveda como apoderado judicial de la parte actora.

4.2. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana 4 al
oponerse a las pretensiones, sostuvo que el actor no acreditó la vulneración de sus
garantías fundamentales por acción u omisión atribuible a la entidad, en tanto que,
durante el trámite del proceso contencioso-administrativo, se garantizaron plenamente
las garantías del debido proceso y el derecho de contradicción.

De igual manera, indicó que el accionante pretende reabrir un debate jurídico que ya fue
resuelto en las instancias ordinarias, utilizando la acción de tutela como una instancia
adicional para controvertir decisiones judiciales. Con fundamento en lo anteri or, solicitó
declarar la improcedencia del amparo.

4.3. El Tribunal Administrativo del Meta 5 manifestó que la solicitud de amparo no
satisfizo el requisito de relevancia constitucional. Señaló que la providencia cuestionada
expuso de manera suficiente las razones que justificaron la imposición de la condena en
costas, de conformidad con las disposiciones aplicables y con la jurisprudencia
pertinente, particularmente lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con el artículo 365 del Código General del Proceso.

En consecuencia, concluyó que los cuestionamientos formulados por el actor no
evidencian la vulneración de derechos fundamentales y se apartan de la finalidad propia
de la acción de tutela.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia el 4 de diciembre de 20256,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumplía el requisito de
relevancia constitucional.

Como fundamento de su decisión, señaló que los cuestionamientos formulados por la
parte accionante se circunscriben a aspectos de legalidad relacionados con la condena
en costas impuesta en el proceso contencioso-administrativo, sin que se evidencie la
vulneración de derechos fundamentales.

Asimismo, indicó que las acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales que
imponen condena en costas, por regla general, carecen de relevancia constitucional, en
tanto se trata de controversias de contenido eminentemente económico. En tal sen tido,

4 Índices 00009, 00010 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. A083F14AC28A6F11

DC550CD3E77CCB3C 69BF5B179EC04E9A F3E1D1AEF0125DC3 / 3DE22EB1CD80134A 5EB292E6EB03088C
4911AA68C23B4E34 015D89DDA027186A.
5 Índice 00011 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 2144E73492D3AA09C

12E37CAAD6D8572C EFA0F6C399EF0392 A07B35488DEA9D7C.
6 Índice 00013 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. EC1FCBEC34CF78CB

5BEAC85F51A80894 B1A77FCBAA7A48CF ED7A5756589670B4.
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Accionante: Juan Manuel Fonseca Rozo

advirtió que un pronunciamiento del juez constitucional en estos eventos desnaturalizaría
el carácter excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

6. Impugnación

La parte actora impugnó7 el fallo de tutela primera instancia. Reiteró los argumentos
expuestos en la solicitud de tutela, en particular que el asunto sí reviste relevancia
constitucional, en la medida en que, según afirma, la actuación adelantada en el proceso
ordinario fue negligente y condujo a la imposición de una condena en costas que
considera desproporcionada.

Mediante auto del 19 de enero de 20268, el magistrado ponente de la Sección Primera
del Consejo de Estado, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Juan
Manuel Fonseca Rozo, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados,
dado que fungió como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho adelantado bajo el radicado núm. 50001-3333-005-2022-00443-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Meta, por cuanto actuó como juez dentro del proceso mencionado, y
fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías
constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente el amparo.

7 Índice 00017 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. D72A31F929510714
71F887812DC20C94 10CAE82574931D7D 9F1C34EA246D5EED.
8 Índice 00019 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 393C382C66026363

180B5324B1C9463C 40356CB5FA4DD6D2 7B015EA9584DF5BD.
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Accionante: Juan Manuel Fonseca Rozo

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se cumplen
ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que habilitan la
interposición de la tutela 10, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia
misma del amparo, una vez interpuesto 11.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte
de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proce so y; que el fallo censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que
se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisi ón que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 13.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que en las acciones de tutela interpuestas en contra de las decisiones
judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, cumplir el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional implica que el asunto afecte directa y significativamente los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia
y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La
afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el
impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de
las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la
claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionante: Juan Manuel Fonseca Rozo

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 14.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no satisface el requisito de
relevancia constitucional. En consecuencia, se confirmará la decisión adoptada en
primera instancia, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se advierte que la parte actora atribuye a la
providencia cuestionada una supuesta violación directa de la Constitución, al considerar
que la condena en costas impuesta en segunda instancia resulta desproporcionada,
pese a haber acudido, según afirma, de buena fe a la jurisdicción contencioso-
administrativa en defensa de sus derechos laborales.

Asimismo, afirmó que la providencia cuestionada careció de una motivación suficiente
respecto de la aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en tanto, a su juicio,
no se acreditó la causación de las costas, lo que habría derivado en la vulneración de
los principios de non reformatio in peius y de buena fe.

5.2. No obstante, del análisis de la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, que puso fin al proceso ordinario, así como de los
elementos probatorios obrantes en el expediente, se advierte que dicha autoridad judicial
expuso las razones que sustentaron la imposición de la condena en costas, conforme
las siguientes consideraciones:

“(…)

CONDENA EN COSTAS

La CONDENA EN COSTAS se encuentra regulada en el artículo 188 del
C.P.A.C.A., el cual preceptúa que en la sentencia se dispondrá sobre dicha
condena cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL, hoy CODIGO GENERAL DEL PROCESO, salvo en los
procesos en que se ventile un interés público.

El artículo 47, de la Ley 2080 de 2021, adicionó un inciso al anterior artículo, que
contempló que: “En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal”.

La Ley 2080 de 2021, introduce una modificación. La Sección TERCERA,
Subsección A, del CONSEJO DE ESTADO en sentencia del 11 de mayo de 2022,

14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Juan Manuel Fonseca Rozo

radicado nro.17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700), C.P. MARTHA NUBIA
VELÁSQUEZ RICO, explicó que tal modificación no implica que se haya retomado
el criterio subjetivo de la condena en COSTAS que establecía el artículo 171 del
C.C.A., ya que esa norma tiene un alcance distinto, que debe ser interpretada en
concordancia, con el inciso 1º, del artículo 188 del C.P.A.C.A. Es decir, la
modificación no aplica para los procesos de carácter ordinario, como el presente,
que es una NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, sino para los
procesos que siendo de interés público, si la demanda carece por completo de
fundamento legal. Ello con el fin de que el ejercicio del derecho de acción pública
se haga de manera responsable.

Teniendo en cuenta que se está despachando desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto por el demandante y que en esta instancia intervino el
apoderado de la Entidad demandada, se CONDENARÁ a aquél en COSTAS, las
cuales serán liquidadas por el Juzgado de 1ª instancia. deberes profesionales y
confirmando que las dificultades técnicas alegadas no son idóneas para eximirlo
de responsabilidad ni para modificar la dosificación de la sanción impuesta en
primera instancia.

(…)”

En conclusión, de los apartes citados de la providencia cuestionada se advierte que el
Tribunal accionado explicó que la condena en costas se encuentra regulada en el artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuya
liquidación y ejecución se rigen por las disposiciones del Código General del Proceso,
salvo en los procesos en los que se ventile un interés público.

Asimismo, indicó que la Ley 2080 de 2021 adicionó un supuesto específico de
procedencia de dicha condena cuando la demanda se presenta con manifiesta carencia
de fundamento legal. No obstante, precisó, con apoyo en la jurisprudencia del Consejo
de Estado, que esta modificación no implicó el retorno a un criterio subjetivo para la
imposición de costas, ni resulta aplicable a procesos ordinarios como el de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Con fundamento en tales consideraciones, y habida cuenta de que el recurso de
apelación interpuesto por el demandante fue resuelto de manera desfavorable, así como
de la intervención del apoderado de la entidad demandada en la segunda instancia, el
Tribunal dispuso la condena en costas a cargo de la parte demandante.

En ese contexto, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Subsección
inferir, con claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente
examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido
dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos
normativos, ni que se hayan transgredido los derechos fundamentales de la parte actora
durante el desarrollo del proceso primigenio.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,

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la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que no basta la simple mención
de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia, ii) su carácter
desproporcionado, y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar
elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal vu lneración 15.

5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer
su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar
con el debate surtido en el trámite del proceso ordinario, sin que haya demostrado la
violación de los derechos fundamentales para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la
parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera argumentos de
índole legal y probatorio expuestos en el marco del aludido proceso, sin esbozar las
razones concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron
vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

Conviene precisar que la pretensión principal del actor se orienta a obtener la revocatoria
de la condena en costas impuesta en segunda instancia, aspecto que comporta un
contenido eminentemente económico. En ese sentido, se trata de una controversia que,
por regla general, carece de relevancia constitucional y cuyo examen en sede de tutela
desborda el ámbito de competencia del juez constitucional, al desnaturalizar la finalidad
excepcional de este mecanismo de amparo.

5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto a una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 16, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 17.

15 Sentencia SU215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo.
16 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
17 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06992-01
Accionante: Juan Manuel Fonseca Rozo

En consecuencia, la Sala concluye que la presente acción de tutela resulta improcedente
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. En ese orden, se confirmará la
decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por
Juan Manuel Fonseca Rozo contra el Tribunal Administrativo del Meta, por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

LMMT

10

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