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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01264-02

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01264-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01264-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001 23 33 000 2021 01264 02 (0068-2023)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : Darío de Jesús Rojas Blandón
Tema : Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la
entidad empleadora. Caducidad artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la apelación
adhesiva presentada por la parte demandante contra la sentencia del 14 de septiembre
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, decisión que
será confirmada.

I. CUESTIÓN PREVIA.

1. Mediante auto del 15 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, conforme a lo previsto
en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA. En dicha providencia se dejó constancia de
que el Despacho se pronunciaría en etapa posterior sobre los documentos allegados con
el escrito de apelación, con el fin de verificar si podían ser tenidos como pruebas
válidamente incorporadas al expediente.

2. Revisado el expediente, se advierte que la parte demandada no formuló solicitud
probatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del CPACA. En ese contexto, no se
desplegó ninguna actuación procesal idónea que habilitara la apertura de la etapa
probatoria en esta instancia. Por lo tanto, los documentos anexos al recurso no serán
valorados como medios de prueba, en tanto no fueron incorporados válidamente al
proceso ni se solicitó su decreto en la forma exigida por el ordenamiento procesal.

3. Cabe recordar que la práctica de pruebas en segunda instancia solo procede a
solicitud de parte presentada dentro del término de ejecutoria del auto que admite el
recurso de apelación, siempre que se configuren los supuestos taxativos previstos en el
artículo 212 del CPACA: que las pruebas hubieren sido indebidamente denegadas o no

Radicación: 05001 23 33 000 2021 01264 02 (0068-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

practicadas sin culpa del solicitante, que se refieran a hechos posteriores al cierre del
periodo probatorio en primera instancia o que no hubieren podido solicitarse
oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito o maniobras de la contraparte.

4. En el presente caso, no se formuló solicitud probatoria expresa ni dentro del cuerpo
del recurso ni dentro del término legal previsto para ello, razón por la cual no resulta
necesario verificar si se satisfacen las condiciones previstas en la norma. En
consecuencia, y como ya se indicó, no se valorarán los documentos aportados con el
recurso. Esta conclusión no comporta la negación de pruebas en segunda instancia, pues
no se está resolviendo sobre una solicitud de decreto probatorio, sino constatando su
inexistencia.

5. Como resultado de lo anterior, se procede a resolver de fondo el asunto mediante
sentencia, sin que haya lugar a considerar los mencionados anexos dentro del acervo
probatorio del proceso.

II. ANTECEDENTES.

Demanda

6. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de Darío de Jesús Rojas
Blandón el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido por
el Instituto de Seguros Sociales (ISS), desde el 9 de diciembre de 2003 hasta que dicha
entidad lo hiciera bien motu proprio o por orden judicial.

7. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada restituir
a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con ocasión de
la expedición del acto acusado, esto es, desde el 9 de diciembre de 2003 hasta el 31 de
mayo de 2021, que corresponden a $ 241.464.922, más los valores que se generen hasta
que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.

8. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que el demandado estuvo vinculado
como docente en la Universidad de Antioquia desde el 1 de septiembre de 1970 hasta el
9 de mayo de 2003, fecha en la que le fue aceptada su renuncia. Previo a la expedición
de la Ley 100 de 1993, la Universidad reconocía directamente las pensiones de vejez a
su personal docente y administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes
pensionales.

9. Que partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, la Universidad afilió a sus empleados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
comenzó a realizar los aportes correspondientes.

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Demandante: Universidad de Antioquia

10. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base
en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en
régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales; sin embargo, estas fueron rechazadas.

11. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera
y pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.

12. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.

13. El 22 de octubre de 2003 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor
de la parte demandada por $ 374.360.000, que fueron consignados al ente previsional en
mención.

14. Que el ISS reconoció al demandado, mediante Resolución No. 16167 del 11 de
diciembre de 2003, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.758.008, efectiva desde el
9 de septiembre de 2003, excluyendo del ingreso base de liquidación (IBL) las primas de
navidad, servicios y vacaciones. Frente a dicha exclusión y con fundamento en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución
32 del 24 de febrero de 2004, ordenando pagar al demandado la diferencia existente
entre la pensión otorgada por el ISS y la que resultaría de aplicar el IBL incluyendo todos
los factores salariales omitidos por la entidad previsional.

15. Señaló que, aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado»,
con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones
deben liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en
cuestión la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.

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Demandante: Universidad de Antioquia

16. También adujo que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los
sectores público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de
Pensiones. En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de
1996, todas las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema
desde el 1 de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad
aquellas personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad
como el tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la
entidad con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad
requerida para acceder a la pensión de vejez.

17. Finalmente, sostuvo que el demandado en este caso no se encontraba dentro de los
supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían considerar
alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad.

Contestación de la demanda.

18. El demandado se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda y sostuvo que
el acto administrativo cuestionado se ajustó plenamente a lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 dado que la pensión de jubilación de los beneficiarios del régimen
de transición debe liquidarse tomando en cuenta el salario y todos los factores salariales
devengados.

19. Citó jurisprudencia que, a su juicio, obliga a los empleadores a asumir temporalmente
las obligaciones pensionales que las entidades administradoras (como el ISS) incumplan,
para evitar desproteger los derechos irrenunciables de los trabajadores (Sentencias T-
334/97, T-438/97 y T-357/98).

20. Alegó que la universidad no invocó causales de nulidad y que la decisión de asumir
la diferencia pensional fue expedida por la autoridad competente en ejercicio de sus
atribuciones legales, pues en calidad de empleadora es responsable del pago de los
aportes de sus empleados.

21. Propuso las excepciones de falta de conformación de litisconsorcio necesario
respecto a Colpensiones, derecho adquirido, legalidad del acto impugnado, falta de causa
para pedir, falta de tipificación de causales de nulidad, inexistencia de la causa invocada,
falta de interés, buena fe del demandado, mala fe de la entidad demandante, violación al
principio de progresividad, derecho a la seguridad social, falta de legitimidad en la causa
y prescripción.

III. SENTENCIA APELADA.

22. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 32 de 24 de febrero de
2004 y negar las demás pretensiones y sin condena en costas a cargo del demandado.
Fundamentó su decisión en la falta de competencia de la Universidad de Antioquia para

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Demandante: Universidad de Antioquia

expedir actos de reconocimiento pensional, pues, tras la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y conforme al Decreto 2337 de 1996, las universidades y empleadores
perdieron la facultad para reconocer prestaciones, competencia que fue asumida por la
Administradora de Pensiones. La universidad tampoco podía establecer factores
adicionales para el IBL, como las primas de servicios, vacaciones y navidad, ya que la
ley define los emolumentos que integran el IBL.

23. Por otra parte, el Tribunal consideró que no se desvirtuó la buena fe de la parte
demandada, ya que el acto administrativo fue expedido de manera libre y voluntaria por
la universidad, lo que excluye la obligación de devolver lo pagado.

24. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas con fundamento en el criterio
expuesto decisiones del Consejo de Estado, las cuales, señalan que cuando se discuten
intereses públicos, como lo es el patrimonio estatal, no es posible afirmar que el titular de
la prestación sea la parte vencida en el litigio, pues se busca la protección del erario
público1.

IV. RECURSO DE APELACIÓN.

25. Contra la sentencia de primera instancia la parte demandada interpuso recurso de
apelación en el que sostuvo, en esencia, que la Universidad de Antioquia no alegó tener
competencia para reconocer directamente pensiones con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 ni creó un régimen pensional propio. Explicó que su
intervención se limitó a asumir, de manera transitoria, el pago de la pensión reconocida
al actor, ante la negativa del Instituto de Seguros Sociales (ISS) de liquidar correctamente
dicha prestación conforme al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

26. Señaló que la Universidad actuó legítimamente al subrogarse provisionalmente en el
cumplimiento de esa obligación, con base en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, en
tanto el ISS —como entidad obligada— no cumplía voluntariamente ni por orden judicial.
En su criterio, la subrogación tiene sustento en el ordenamiento civil y se adoptó para
garantizar los derechos fundamentales del beneficiario, sin que ello supusiera un actuar
arbitrario o ilegal.

27. Adujo que le asiste un derecho adquirido a que la pensión se reconozca conforme al
régimen de transición, con aplicación de la Ley 33 de 1985 y considerando todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios, tal como lo ha señalado la
Corte Constitucional en la sentencia C-168 de 1995 y lo reiteró el Consejo de Estado en
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

1
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Subsección A, sentencia de 6 de septiembre de 2018. Radicación número: 76001-23-33-000-2012-
00543-01(1410-17) C.P. William Hernández Gómez; Consejo De Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de noviembre de 2019. C.P. William
Hernández Gómez.

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28. Afirmó que la Universidad tenía la obligación legal de efectuar cotizaciones sobre
todos los factores salariales, incluso las primas rechazadas por el ISS, en cumplimiento
de los Decretos 691 y 1158 de 1994. En esa medida, su actuación no solo fue legítima
sino también necesaria para evitar un perjuicio al trabajador y preservar la sostenibilidad
del derecho pensional.

29. Finalmente, alegó que la sentencia apelada desconoció el contenido esencial del
derecho fundamental a la seguridad social en materia pensional, protegido por la
Constitución incluso en contextos de excepción (artículos 93 y 214.2), y solicitó revocar
la condena en costas al considerar que no incurrió en conducta temeraria ni de mala fe,
dado que la subrogación fue asumida de forma unilateral, voluntaria y recibida de buena
fe por el demandante.

Parte demandante

30. En su recurso de apelación adhesivo, la demandante manifestó inconformidad con la
negativa del Tribunal a ordenar el reintegro de los dineros pagados al demandado,
señalando que la resolución anulada tenía un carácter claramente temporal y
condicionado a la actuación del ISS (hoy Colpensiones), situación conocida plenamente
por el beneficiario. Por ende, sostuvo que el demandado era consciente de que los pagos
recibidos eran provisionales y dependían del reconocimiento definitivo por parte del fondo
pensional correspondiente.

31. Añadió que era responsabilidad exclusiva del demandado gestionar la reclamación
definitiva de su derecho ante la Administradora del Fondo de Pensiones, obligación que
incumplió mediante una actitud omisiva y pasiva, incompatible con los principios de buena
fe y lealtad procesal. En consecuencia, solicitó revocar parcialmente la sentencia apelada
para que, como restablecimiento del derecho, se ordene al demandado restituir a la
Universidad todas las sumas recibidas en virtud del acto administrativo declarado nulo.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

32. Mediante auto proferido el 16 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.

33. Durante la oportunidad procesal correspondiente, la parte demandante guardó
silencio respecto al recurso de apelación. La parte demandada solicitó la aplicación de la
caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

34. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones. Para ello, sostuvo que la
Universidad de Antioquia reconoció una prestación que, por mandato legal, no le
correspondía, subrogándose en un deber que no era de su competencia. En cuanto a la
devolución de las sumas pagadas a la accionada, consideró que no se encuentra

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desvirtuada la buena fe, razón por la cual no resulta procedente acceder a dicha
pretensión.

VI. CONSIDERACIONES.

Competencia.

35. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico.

36. En el presente caso, corresponde establecer si resulta aplicable la caducidad prevista
por el legislador en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. En caso negativo, debe
determinarse si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en yerros jurídicos al
declarar la nulidad de la Resolución 32 del 24 de febrero de 2004, con fundamento en la
supuesta incompetencia de la Universidad de Antioquia para subrogarse temporalmente
en el cumplimiento de obligaciones pensionales a cargo del Instituto de Seguros Sociales,
a favor de empleados beneficiarios del régimen de transición.

37. Adicionalmente, corresponde determinar si se incurrió en error al negar la devolución
de las sumas percibidas por el beneficiario bajo la presunción de buena fe.

38. Para resolver este asunto, la Sala abordará tres ejes temáticos: (i) Aplicación de la
regla de caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, (ii) Marco
normativo y jurisprudencial sobre el régimen pensional de los empleados públicos de las
universidades estatales, (iii) Procedencia de la devolución de prestaciones periódicas en
el marco del principio constitucional de buena fe y (iv) caso concreto.

Aplicación de la regla de caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024

39. La caducidad es un presupuesto procesal de orden público que limita temporalmente
el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su finalidad es garantizar la
seguridad jurídica y la estabilidad de los actos administrativos, lo que justifica su carácter
irrenunciable y su eventual declaratoria de oficio por parte del juez, conforme al artículo
187 del CPACA.

40. El literal c del numeral 1.° del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier

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tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 20242 prevé como regla especial de caducidad que «Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.»

41. En consonancia con lo anterior, salta a la vista que la norma en mención no resulta
aplicable al caso particular, dado que el acto administrativo aquí censurado no se deriva
del reconocimiento de una pensión otorgada por una entidad facultada para ello. Por el
contrario, la controversia se centra en discutir la legalidad de un acto administrativo
mediante el cual la Universidad de Antioquia ordenó pagar, a favor de Fernando Montoya
Maya, el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no fue reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales (ISS).

42. Cabe precisar que el extinto ISS fue la entidad de previsión que le reconoció al
demandado una pensión de jubilación mediante la Resolución 16167 del 11 de diciembre
de 2003, acto administrativo que no es objeto de demanda en el presente proceso.

Marco normativo y jurisprudencial sobre el régimen pensional de los empleados
públicos de las universidades estatales

43. De acuerdo con el Decreto 1848 de 1969, la pensión de jubilación de los empleados
oficiales debía ser reconocida por la entidad de previsión social a la que estuvieran
afiliados al momento de cumplir el tiempo de servicio exigido por la ley. Sin embargo, si
el empleado no estaba afiliado a ninguna entidad de previsión, el pago debía asumirlo la
última entidad pública empleadora.

44. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social
Integral y ordenó la afiliación obligatoria de los servidores públicos, salvo las excepciones
previstas en la ley. Por su parte, el Decreto 691 de 1994 reglamentó esta incorporación,
disponiendo que el sistema general de pensiones comenzaría a regir para los servidores
públicos del orden nacional a partir del 1.º de abril de 1994 y, para los empleados del
nivel departamental, municipal y distrital, a más tardar el 30 de junio de 1995. El Decreto
692 de 1994 estableció que el reconocimiento y pago de las pensiones corresponde a la
administradora que haya recibido o le corresponda recibir las cotizaciones del período en
el cual ocurra el hecho generador de la pensión.

45. El Decreto 2337 de 1996 reiteró que la afiliación al sistema general de pensiones
para los servidores públicos, trabajadores oficiales y personal docente de instituciones
que reconocían y pagaban directamente las pensiones, debía efectuarse a más tardar el
30 de junio de 1995.

2 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte Común, y se dictan
otras disposiciones”.

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46. En consecuencia, tras la entrada en vigencia de los regímenes pensionales
establecidos en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia
para el reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad
quedó en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las
cotizaciones3.

Procedencia de la devolución de prestaciones periódicas en el marco del principio
constitucional de buena fe

47. Conforme al artículo 83 de la Constitución Política, la buena fe se presume en todas
las actuaciones administrativas. El numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA
dispone que no procederá la devolución de prestaciones periódicas pagadas a
particulares de buena fe.

48. La Sección Segunda del Consejo de Estado4 ha precisado que, para desvirtuar esta
presunción, la entidad estatal debe acreditar que el beneficiario incurrió en conductas
deshonestas, fraudulentas o dolosas.

49. En consecuencia, aun cuando una entidad pública carezca de competencia para el
pago de ciertas prestaciones, la devolución de los montos percibidos solo será exigible si
se prueba la mala fe del beneficiario.

Caso concreto.

50. En el presente caso, la Sala confirmará la decisión de primera instancia al verificar
que la Universidad de Antioquia carecía de competencia para asumir una obligación que
correspondía al ISS, lo que evidencia la ilegalidad del acto administrativo demandado, tal
como lo consideró el a quo, con fundamento en las siguientes razones:

51. El demandado prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia. El
14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120945 mediante
la cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
En su artículo primero dispuso lo siguiente:

3 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de

2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 27 de agosto de 2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14), M.P., César Palomino
Cortés.

5 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.

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Demandante: Universidad de Antioquia

«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, asuma la misma.»
(Resaltado original del texto)

52. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren
en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.

53. El 22 de octubre de 2003, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución 492
mediante la cual reconoció a favor del señor Darío de Jesús Rojas Blandón un bono
pensional por la suma de $ 374.360.000.

54. Por medio de la Resolución 16167 del 11 de diciembre de 2003, el extinto ISS
reconoció una pensión de jubilación al señor Darío de Jesús Rojas Blandón, a partir del
9 de diciembre de 2003, en cuantía de $ 2.758.008.

55. El 24 de febrero de 2004, la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 32 de 24
de febrero a través de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo
reconocido por el ISS y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y
semestral en el IBL. Esta actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

56. La Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución rectoral 35823 17 de octubre de 2012.

57. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del parágrafo 2° del Decreto 1068
de 1995, los docentes de las universidades oficiales e instituciones oficiales de educación
superior debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el
30 de junio de 1995. Desde esa fecha, la competencia para reconocer y pagar pensiones
recaía en la administradora de pensiones que hubiera recibido las cotizaciones de esos
servidores públicos, que en este caso era el ISS.

58. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre el
derecho pensional del accionado, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL, ya

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Radicación: 05001 23 33 000 2021 01264 02 (0068-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por el demandado.

59. En línea con lo anterior, esta Subsección6 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.

[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.

60. En consecuencia, se confirmará la declaratoria de nulidad del acto administrativo
demandado, en tanto fue expedido por una autoridad sin competencia legal para disponer
el pago de sumas relacionadas con el reconocimiento pensional del señor Darío de Jesús
Rojas Blandón.

61. En cuanto al problema jurídico relacionado con la devolución de los dineros recibidos
por el demandado, la Sala advierte que para que prosperara esa pretensión, la
Universidad de Antioquia debió probar no solo la ilegalidad del acto censurado, sino
también que aquellos se obtuvieron en contravía del principio de la buena fe, cuya
presunción rige en el ámbito administrativo7.Sin embargo, no se allegaron al expediente
elementos de juicio que acreditaran la existencia de actuaciones fraudulentas o
deshonestas por parte de la demandada.

62. Aunque la entidad sostiene que el accionado debió agotar previamente acciones ante
el ISS para obtener la reliquidación de su pensión, dicha omisión, por sí sola, no permite
tener por desvirtuada la presunción constitucional de buena fe consagrada en el artículo
83 de la Carta Política. Así las cosas, se confirmará la negativa de ordenar el reintegro
de las sumas pagadas al demandado.

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).
7 Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias de fechas 9 de mayo de 2022, radicado 66001 23 33 000 2018 00137
01 (3122-2020) y 6 de octubre de 2022, radicado 25000 23 42 000 2018 00884 01 (3057-2021).

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Demandante: Universidad de Antioquia

Condena en costas.

63. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.

64. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de condena
en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio objetivo –
valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para que la
condena resulte procedente:

“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.”8

65. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis
impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo
188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.

66. En el caso concreto, la Sala no impondrá condena en costas en esta instancia, al no
observarse mérito suficiente para ello conforme a lo previsto en el artículo 188 del
CPACA. Ello, por cuanto no se advierte que los recursos formulados por las partes
carecieran manifiestamente de fundamento legal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Demandante: Universidad de Antioquia

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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