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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03518-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03518-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo dictado el 18 de junio de 2026 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03518-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03518-01
Accionante: Hugo Auli Suárez Fonseca
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Declara
improcedencia por falta de relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo en
relación con la mora judicial alegada y se declaró su improcedencia respecto a los
reparos planteados contra el auto del 20 de agosto de 2025.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 6 de mayo de 2026, el señor Hugo Auli Suárez Fonseca, a través de apoderado

judicial, instauró acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, en busca de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y
seguridad social.

2. Como sustento fáctico, relató que, en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho1, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) promovió
demanda en su contra, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No.
44519 del 11 de diciembre de 1991, por medio de la cual se reconoció a su favor una
pensión de jubilación especial proporcional.

3. El conocimiento de ese asunto correspondió, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo del Atlántico, el cual, mediante sentencia del 15 de mayo de 2020,
negó las pretensiones de la demanda.

1 Identificado con radicado número 08001-23-33-000-2015-90147-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03518-01
Accionante: Hugo Auli Suárez Fonseca
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. Contra esa decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación, que fue asignado

por reparto, el 10 de marzo de 2021, a la Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación. Dicha autoridad judicial, por auto del 28 de enero de 2022, dispuso
su admisión y, mediante proveído del 24 de marzo siguiente, corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión.

5. El 2 de diciembre de 2024, el actor solicitó la declaratoria de caducidad del medio

de control, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 20242, bajo
el argumento de que la UGPP presentó la demanda más de cinco años después del
reconocimiento pensional.

6. Dicha solicitud fue negada a través de auto del 20 de agosto de 2025 3. La autoridad

judicial consideró que no había lugar a acceder a lo solicitado, debido a que para ese
entonces el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se encontraba suspendido, en virtud
de lo dispuesto por la Corte Constitucional a través del auto A-841 del 17 de junio de
2025.

7. Adicionalmente, precisó que esa Subsección, en casos anteriores en los que se

había solicitado la declaratoria de caducidad del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, sostuvo que aquella no debía declararse. Lo anterior, tras considerar que su
aplicación resultaba contraria al derecho de acceso a la administración de justicia, a
la expectativa legítima de las partes de obtener una decisión de fondo sobre la
controversia y al principio de confianza legítima, puesto que en esos asuntos la
demanda había sido presentada en vigencia del CPACA, que permitía promoverla
en cualquier tiempo.

8. Contra esa decisión, el tutelante interpuso recurso de apelación, el cual fue
rechazado por improcedente mediante auto del 18 de diciembre de 2025. El
despacho ponente estimó que la decisión recurrida no era susceptible de apelación,
conforme el artículo 243 del CPACA. Agregó que tampoco era posible adecuar el
recurso al de súplica, por cuanto dicho medio de impugnación no procedía contra la
providencia cuestionada. A su vez, descartó su adecuación al recurso de reposición,
al considerar evidente la intención del recurrente de que la providencia fuera
examinada por una autoridad distinta de aquella que la profirió.

9. En el escrito de tutela, el apoderado de la parte actora atribuyó la vulneración de

los derechos invocados a la determinación de negar la solicitud de caducidad del
medio de control.

10. Sostuvo que dicha petición fue presentada el 2 de diciembre de 2024, esto es,

siete meses antes de que la Corte Constitucional ordenara la suspensión de la norma
cuya aplicación invocaba. No obstante, la solicitud sólo fue resuelta hasta el 20 de

2 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA

VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE DE ORIGEN COMÚN, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
3 Comunicado a través de correo electrónico el 4 de septiembre del mismo año.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03518-01
Accionante: Hugo Auli Suárez Fonseca
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

agosto de 2025, cuando la citada disposición ya se encontraba suspendida. En ese
sentido, cuestionó el tiempo transcurrido en la resolución de ese asunto, pues dicha
tardanza incidió en su negativa, precisamente porque con posterioridad la Corte
suspendió los efectos de la norma en cuestión.

11. Agregó que la autoridad accionada no respetó el orden cronológico para resolver

los asuntos a su cargo que presentaban circunstancias fácticas y jurídicas idénticas
al suyo. Según afirmó, en procesos más recientes4 se resolvieron solicitudes de
caducidad y se aplicó el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, incluso de oficio,
mientras que su proceso, pese a ser más antiguo, permaneció sin decisión. Resaltó
que lleva más de siete años en el despacho del consejero ponente pendiente de
decisión sobre el recurso de apelación.

12. Indicó que en la providencia cuestionada se desconoció el precedente fijado por

la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en casos
similares, no solo reconoció la vigencia de la referida disposición en materia de
caducidad de acciones judiciales y administrativas, sino que también señaló que
debía aplicarse de manera inmediata, incluso respecto de procesos en curso al
momento de su entrada en vigencia.

13. A su vez, señaló que el fallador incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que

pasó por alto la aplicación de una norma que se encontraba vigente al momento en
que se formuló la solicitud de caducidad.

14. Por último, manifestó que su poderdante desde hace aproximadamente seis
meses le fue diagnosticada demencia en la enfermedad de alzhéimer de comienzo
tardío. Aunado a que tiene 80 años, situación que lo ubica en un estado de debilidad
manifiesta.

B. Sentencia de primera instancia

15. Mediante providencia del 18 de junio de 2026, la Sección Tercera, Subsección B

del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo en relación con la supuesta mora
endilgada por la omisión de proferir sentencia de segunda instancia.

16. Consideró que el tiempo transcurrido no obedeció a una inactividad injustificada o

abandono del proceso por parte de la autoridad judicial. Por el contrario, estimó que
la duración del trámite responde al desarrollo normal de las actuaciones promovidas
por la propia parte accionante y a la necesidad de garantizar su derecho fundamental
al debido proceso.

4 Como soporte de ello, trajo a colación los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado

número 76001-23-33-000-2019-00704-02, 25000-23-42-000-2021-00572-02, 25000-23-42-000-2021-00813-02,
25000-23-42-000-2019-00294-01, 08001-23-33-000-2015-00828-01, 08001-23-33-000-2017-01309-01, 08001-
23-33-000-2015-90147-01.

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Accionante: Hugo Auli Suárez Fonseca
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

17. En cuanto a los cuestionamientos dirigidos contra el auto del 20 de agosto de

2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela, por estimar que no satisfacía
el presupuesto general de inmediatez. Señaló que el proveído en cuestión fue
notificado el 9 de septiembre de ese mismo año, mientras que el mecanismo de
amparo se instauró el 7 de mayo de 2026, es decir cuando ya habían transcurrido
más de seis meses desde la notificación de la providencia objeto de reproche.

18. Agregó que el término que se ha estimado razonable para acudir al juez de tutela

no puede revivirse mediante el ejercicio de recursos manifiestamente improcedentes
o extemporáneos, lo que impedía iniciar el cómputo de dicho plazo a partir de la
providencia que declaró improcedente el recurso interpuesto contra el auto que negó
la solicitud de caducidad.

19. Sumado a lo anterior, indicó que no se demostró que el demandante se encontrara

en una situación de debilidad manifiesta o que le impidiera el ejercicio oportuno de
la acción constitucional.

C. Impugnación

20. En cuanto a la declaratoria de improcedencia de la tutela por falta de inmediatez,

el apoderado de la parte actora sostuvo que el a quo no tuvo en cuenta su avanzada
edad y la condición de salud alegada.

21. Respecto a la mora judicial, precisó que, si bien el proceso lleva varios años en

trámite ante el Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación interpuesto
por la UGPP contra el fallo de primera instancia, el reproche planteado en el escrito
de tutela no se dirigía contra la tardanza en dictar la sentencia de segunda instancia,
sino a cuestionar el tiempo en que tardó la autoridad judicial en resolver la solicitud
de declaratoria de caducidad.

22. Insistió en que dicha petición no fue atendida con la misma celeridad observada

por la Sección Segunda del Consejo de Estado en otros procesos de características
similares, a los que se hizo referencia en la demanda. Afirmó que esa diferencia de
trato permitió que en asuntos más recientes se aplicara oportunamente la figura de
la caducidad, mientras que en el caso de su representado la demora en resolver la
solicitud incidió en que esta fuera negada.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

23. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

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Accionante: Hugo Auli Suárez Fonseca
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

24. Previo a abordar el análisis de los referidos presupuestos, y en atención a los

argumentos expuestos en el escrito de impugnación, esta Subsección estima
pertinente delimitar el litigio planteado ante el juez constitucional. A partir de una
lectura integral de la demanda, se desprende que los reproches de la parte
accionante se dirigen principalmente contra el auto del 20 de agosto de 2025,
mediante el cual la autoridad accionada negó la solicitud de declaratoria de
caducidad del referido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

25. Para tal efecto, el accionante alegó que la autoridad judicial omitió considerar que

la disposición normativa cuya aplicación reclamaba se encontraba vigente al
momento en que formuló la solicitud de caducidad. Asimismo, afirmó que la demora
en resolver dicha petición incidió de manera determinante en el sentido de la
decisión finalmente adoptada, puesto que para la fecha en que fue resuelta la norma
ya había sido suspendida por la Corte Constitucional.

26. Bajoese escenario, la presunta afectación de los derechos fundamentales
invocados no se atribuye a una mora judicial por la tardanza en la resolución del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, sino a las
consecuencias derivadas del tiempo en que tardó en decidirse la solicitud de
caducidad, particularmente, de cara al auto del 20 de agosto de 2025.

27. En consecuencia, la Sala estima que la controversia planteada no comprende dos

debates diferentes, uno relativo a la supuesta mora en proferir la sentencia de
segunda instancia y otro relacionado con los reparos formulados contra el auto del
20 de agosto de 2025, como consideró el a quo. Por el contrario, ambos
planteamientos confluyen en un mismo cuestionamiento: la inconformidad del
accionante con la referida providencia y con las circunstancias que precedieron su
expedición. Es decir, el cuestionamiento por la alegada mora judicial se asocia a que
aquella tuvo incidencia en lo que se resolvió.

28. Así las cosas, el análisis de los requisitos generales de procedencia de la acción

de tutela debe centrarse exclusivamente en el auto del 20 de agosto de 2025, por
ser esta la actuación a la que la parte accionante atribuye de manera concreta la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

29. De la consulta en el aplicativo Samai, se constató que el proveído en cuestión fue

comunicado a los sujetos procesales por medio de correo electrónico el 4 de
septiembre de 2025, por lo que se entiende notificado el 9 del mismo mes y año 5.
En consecuencia, el plazo para acudir al juez de tutela empezó a transcurrir al día
hábil siguiente, debido a que desde ese momento el actor conoció la decisión y pudo
advertir la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

5 El inciso 3 del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 establece que la notificación personal se entenderá realizada

una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse
cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al
mensaje.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

30. Aunque esta Subsección ha admitido, de forma excepcional, que el cómputo de

la inmediatez se inicie desde la ejecutoria de la providencia censurada y no desde
su notificación, ello ha ocurrido únicamente en aquellos eventos en los que esta ha
sido objeto de recursos o solicitudes adicionales, siempre que no resulten
abiertamente improcedentes6.

31. Talsupuesto no se configura en el presente asunto. Si bien la parte actora
interpuso recurso de apelación contra el proveído del 20 de agosto de 2025, lo cierto
es que, en los términos en los que fue planteado, la autoridad enjuiciada consideró
que el mismo se tornaba improcedente, de conformidad con lo previsto en el artículo
243 del CPACA y respecto de esa decisión no se presentó objeción alguna.

32. Por consiguiente, el cómputo de la inmediatez debe empezar a contabilizarse a

partir del 10 de septiembre de 2025, al día hábil siguiente a la notificación de la
providencia objeto de reproche. No obstante, la demanda de tutela fue presentada
hasta el 6 de mayo de 20267, esto es, por fuera de los seis meses que esta
Corporación ha considerado como plazo razonable para cuestionar una providencia
judicial en sede de tutela.

33. Si bien la Corte Constitucional8 ha precisado que la razonabilidad del plazo debe

analizarse atendiendo a las particularidades del caso concreto, en especial cuando
concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la interposición tardía de la
acción9, en el caso bajo estudio no se acreditó alguna situación particular que
permita flexibilizar el presupuesto de la inmediatez.

34. La Sala no desconoce que el accionante es una persona de la tercera edad y, por

tanto, ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional. Sin
embargo, dicha circunstancia, por sí sola, no habilita automáticamente la
procedencia del mecanismo de amparo, pues, además, es necesario que se
demuestren circunstancias adicionales que efectivamente hubiesen imposibilitado el
ejercicio oportuno del mecanismo de amparo.

35. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la avanzada edad

puede constituir un factor a considerar para flexibilizar el presupuesto de la
inmediatez. No obstante, ha condicionado dicha flexibilización a la acreditación de
circunstancias concurrentes de vulnerabilidad o debilidad manifiesta que expliquen
razonablemente la imposibilidad o la dificultad real de acudir oportunamente al juez
de tutela10.

6 Al respecto, ver sentencias del 15 de julio de 2022 (exp. 11001-03-15-000-2022-0143801), 14 de julio de 2023
(exp. 15001-23-33-000-2023-00174-01) y 15 de septiembre de 2025 (exp. 86001-23-33-000-2025-00061-01).
7 Según se constató de la trazabilidad del aplicativo de tutela en línea.
8 Al respecto, ver, entre otras, sentencias SU-391 de 2016, T-716 de 2017, T-087 de 2018 y SU-213 de 2023.
9 Tales como: (i) la existencia de razones válidas y objetivas que expliquen la tardanza en acudir al mecanismo

de amparo; (ii) la permanencia actual de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que se
invocan, a pesar del paso del tiempo; y (iii) la configuración de una situación de debilidad manifiesta que torne
desproporcionada la exigencia de acudir oportunamente al juez de tutela.
10 Al respecto, ver, entre otras, sentencias T-071 de 2014, T-716 de 2017, T-087 de 2018, T-013 de 2020, SU-

213 de 2023 y T-283 de 2025.

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36. En esta oportunidad, el apoderado de la parte accionante no solo puso de
presente la edad de su representado, sino también que padece de alzhéimer de
inicio tardío, condición que, según afirmó, le fue diagnosticada hace algunos meses.
Sin embargo, el material probatorio obrante en el expediente resulta insuficiente para
establecer que dicha circunstancia hubiera constituido un impedimento real para
promover oportunamente el mecanismo constitucional.

37. Como soporte de sus afirmaciones, el profesional del derecho en mención se

limitó a allegar un documento médico que da cuenta del diagnóstico del señor Hugo
Auli Suárez Fonseca, sin explicar de qué manera esa condición afectó su capacidad
para ejercer la defensa de sus derechos de forma oportuna o impartir instrucciones
a su apoderado para tal fin. Tampoco aportó elementos que permitieran inferir que,
durante el periodo transcurrido entre la notificación de la providencia cuestionada y
la presentación de la tutela, el estado de salud de su poderdante hubiera generado
una situación de imposibilidad material, cognitiva o funcional para promover la
acción.

38. En el expediente no obra prueba de situaciones como hospitalizaciones
prolongadas, estados de incomunicación, incapacidades que comprometieran
significativamente la capacidad del accionante o cualquier otra circunstancia objetiva
que hubiera dificultado o imposibilitado el ejercicio oportuno de la acción de tutela.

39. A ello se suma que el mecanismo de amparo fue presentado por conducto del

mismo profesional del derecho que actúa como apoderado judicial del accionante
dentro del proceso ordinario en el que se profirió la providencia objeto de reproche,
trámite que en la actualidad sigue en curso. Esta circunstancia refuerza la ausencia
de elementos que permitan concluir que existió un obstáculo real e insuperable para
acudir en tiempo a la jurisdicción constitucional.

40. Por lo expuesto, la Sala concluye que la edad avanzada y el diagnóstico médico

allegado, aunque merecen especial consideración desde la perspectiva
constitucional, no constituyen una justificación suficiente para excusar el ejercicio
tardío del mecanismo de amparo.

41. Aúnsi en gracia de discusión se admitiera flexibilizar el presupuesto de la
inmediatez, la Sala encuentra que la solicitud de amparo también deviene
improcedente por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional,
comoquiera que no cumple con la carga argumentativa exigida para controvertir una
providencia judicial en sede de tutela.

42. Como fundamento de la vulneración alegada, la parte actora señaló que la
autoridad accionada pasó por alto que la norma cuya aplicación perseguía se
encontraba vigente al momento en que formuló la solicitud de caducidad. A su juicio,
la tardanza en resolver dicha petición determinó el sentido de la decisión, puesto

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que para la fecha en que fue resuelta la norma ya había sido suspendida por la Corte
Constitucional.

43. No obstante, del contenido del auto censurado, se observa la decisión de no

acceder a la solicitud de declaratoria de la caducidad del medio de control, no
obedeció únicamente a la suspensión del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, sino
también a la postura que había venido desarrollando esa Subsección respecto a la
aplicación de esa disposición normativa previo a que se suspendieran sus efectos.

44.La autoridad accionada precisó que, en pronunciamientos anteriores, había
sostenido que no había lugar a declarar la caducidad del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024. Lo anterior, tras considerar que la aplicación de dicha norma resultaba
contraria al derecho de acceso a la administración de justicia, a la expectativa y a la
confianza legítima generada a las partes en virtud de aquellos casos que se
promovieran en vigencia del CPACA, que permitía promover la demanda en
cualquier tiempo.

45. En tales condiciones, no se advierte de qué manera el hecho de haberse
adoptado la decisión luego de suspenderse los efectos de la norma en comento
incidió de manera determinante en la conclusión a la que arribó la autoridad
accionada.

46. Aun si la solicitud de caducidad hubiese sido resuelta antes de la suspensión

provisional del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, subsistía una razón que conducía
a la misma conclusión y es que, aun en vigencia de esa norma, la autoridad judicial
consideraba que no había lugar a su aplicación. De ahí que la presunta mora
alegada no guarda una relación evidente con el resultado finalmente adoptado en la
providencia cuestionada.

47. Tampoco es cierto, como lo afirma la parte actora, que previamente la autoridad

accionada había aplicado el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 para declarar la
caducidad en otros asuntos similares. Por el contrario, el propio auto cuestionado da
cuenta de que la Subsección B había sostenido una postura uniforme orientada a
descartar la aplicación de la referida disposición incluso durante su vigencia, lo cual
no fue desvirtuado en la acción de tutela.

48. Las decisiones cuyo desconocimiento se invocó no fueron proferidas por la
Subsección B, sino por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación,
autoridad que venía adoptando una interpretación distinta respecto a la aplicación
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2021.

49. Previo a que la Corte Constitucional ordenara la suspensión de dicha norma, al

interior de la Sección Segunda coexistían dos criterios interpretativos
diametralmente opuestos sobre la posibilidad de aplicar el nuevo término de
caducidad a procesos en curso.

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50. Por una parte, la Subsección A11 sostenía que la disposición era aplicable, al

considerar que la regla de entrada en vigencia prevista en el artículo 94 de la Ley
2381 de 2024 se refería exclusivamente a las normas sustanciales relacionadas con
el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte de
origen común. En consecuencia, estimaba que las demás disposiciones de la ley,
entre ellas el artículo 86, habían entrado a regir desde su promulgación y podían
aplicarse a los procesos en curso.

51. Por otra parte, la Subsección B12 había optado por su inaplicación, con
fundamento en la excepción de inconstitucionalidad. En criterio de esa Sala, en los
tránsitos legislativos debían prevalecer los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima, conforme lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Por
tanto, en criterio de dicha Sala, las reglas procesales que se encontraban vigentes
al momento de acudir a la jurisdicción debían preservarse, salvo que el legislador
hubiera previsto mecanismos transitorios que garantizaran su protección.

52. Por consiguiente, al no existir una posición unificada al interior de la Corporación

sobre ese asunto, la autoridad judicial accionada únicamente se encontraba
obligada a acoger su propio precedente, como ocurrió en el caso objeto de estudio.

53.En tales condiciones, los reparos propuestos por la actora no revelan por sí
mismos la existencia de un verdadero yerro en la decisión cuestionada susceptible
de comprometer sus derechos fundamentales, pues no logró acreditar de qué
manera una resolución más temprana de la solicitud de caducidad habría conducido
necesariamente a un resultado distinto, lo que, de entrada, descarta la existencia de
una discusión que transcienda la esfera de lo constitucional.

54. Esa insuficiencia argumentativa cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta

que el proveído objetado fue proferido por una Alta Corte, cuyas decisiones gozan
de un margen interpretativo amplio que obliga a aceptar sus interpretaciones, incluso
cuando el juez de tutela discrepe con ellas. Lo anterior, a su vez, impone al actor
una carga argumentativa aún más exigente, encaminada a demostrar la ocurrencia
de un vicio de tal magnitud que resulte manifiestamente contrario al mandato
superior, deber que fue desatendido en esta oportunidad.

55. Por lo expuesto, la Sala modificará la sentencia del 18 de junio de 2026 proferida

por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación. En su lugar,
declarará improcedente la acción de tutela, respecto de todos los reparos
formulados.

11 Ver sentencias del 20 de febrero de 2025 (exp. 25000-23-42-000-2018-00252-02), 20 de marzo de 2025, (exp.

25000-23-42-000-2016-00995-02), 26 de junio de 2025 (exp. 05001-23-33-000-2021-01264-02) y 17 de julio de
2025 (exp. 25000-23-42-000-2021-00029-02), entre otras.
12 Ver sentencias del 20 de febrero de 2025 (exp. 66001-23-33-000-2020-00427-01) y 10 de abril de 2025 (exp.

05001-23-33-000-2021-01247-02), así como el auto del 19 de mayo de 2025 (exp. 05001-23-33-000-2021-
02192-02), entre otras.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03518-01
Accionante: Hugo Auli Suárez Fonseca
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

56. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo dictado el 18 de junio de 2026 por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR
improcedente la solicitud de amparo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CÁSTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

13 VF

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