Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01438-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01438-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01438-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
15 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01438-01
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – INMEDIATEZ
No se cumple el requisito porque la demanda de tutela se presentó después de cumplido el
término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial por vía de
tutela / RECURSOS O PETICIONES IMPROCEDENTES – No prolongan el término para
presentar la demanda de tutela.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia de 28 de abril de 2022, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas -DIAN- instauró demanda de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. La parte tutelante elevó las siguientes pretensiones (trascripción literal con
posibles errores incluidos):
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01438-01
Accionante: DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
1. Se tutelen los derechos constitucionales fundamentales de la UAE -
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONTRADICCIÓN, DEFENSA Y
DEBIDO PROCESO, vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Santander, con la expedición de los autos del 1/03/2021 y 7/12/2021 que
rechazaron los recursos interpuestos, proferidos dentro del proceso
680013333014-2018-00377-01.
2. En consecuencia, solicito que se ordene al Tribunal Administrativo de
Santander que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión:
2.1. Proceda a admitir el recurso de apelación oportunamente presentado por
la DIAN contra el auto del 29 de noviembre de 2019 que resolvió las
excepciones propuestas, proferido dentro del expediente radicado bajo el
número 680013333014-2018-00377-01.
2.2. Corrija la decisión tomada en auto calendado el 1 de marzo de 2021,
relacionada con la caducidad de la acción para demandar per saltum, por la
existencia de un defecto fáctico en su dimensión negativa al realizar una errónea
valoración probatoria.
2. Hechos relevantes
La sociedad F.T.G. Citología y Patología Ltda., en junta de socios celebrada el 25
de marzo de 2015, resolvió disolver y liquidar la persona jurídica mediante acta que
se registró en la Cámara de Comercio.
El 18 de marzo de 2016, la sociedad liquidada presentó ante la División de Gestión
de Recaudo y Cobranzas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,
Seccional Bucaramanga, solicitud de devolución y/o compensación del saldo a favor
reflejado en la liquidación de corrección de impuestos sobre la renta del año
gravable 2014 por valor de $17.401’000.000.
El 20 de abril de 2016, la DIAN efectuó requerimiento ordinario al contribuyente
F.T.G. Citología y Patología Ltda., a efectos de obtener información particular de la
sociedad liquidada.
El 28 de julio de 2016, se informó a la DIAN que la sociedad estaba debidamente
liquidada y que no existía mora alguna en las obligaciones tributarias, de manera
que no era procedente un requerimiento o investigación en contra de una persona
jurídica actualmente inexistente.
El 26 de septiembre de 2016, se efectuó requerimiento especial de renta de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01438-01
Accionante: DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
sociedades por parte de la DIAN y, posteriormente, se modificó la liquidación oficial
de corrección del impuesto de renta por el año gravable de 2014, mediante una
liquidación oficial de revisión, en la que se determinó la aplicación de la sanción por
inexactitud, la sanción por no informar y la responsabilidad solidaria de los socios.
El 4 de julio de 2017, en nombre de la sociedad se presentó recurso de
reconsideración contra la anterior decisión, el cual fue resuelto por la DIAN el 29 de
mayo de 2018, en el sentido de desvincular tanto al solicitante como a la persona
jurídica F.T.G. Citología y Patología Ltda., dejando como tributariamente
responsables a los socios que la conformaban, a efectos de que respondieran por
las sanciones impuestas.
Por lo anterior, los señores Mario Trejos Galvis, Fernando Trejos Galvis, Ivonne
Constanza Angulo Moreno, Diana María Trejos Galvis, Mónica Andrea Trejos
Galvis, Martha Transito Galvis de Trejos y Carmen Cecilia Moreno Angulo, en
calidad de socios de F.T.G. Citología y Patología Ltda., en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandaron a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, pretendiendo la nulidad de las siguientes
decisiones: (i) el requerimiento especial de renta de sociedades, (ii) la liquidación
oficial efectuada por la entidad que determinó las sanciones por inexactitud y por no
informar del contribuyente y (iii) la decisión emitida en relación con el recurso de
reconsideración.
A título de restablecimiento del derecho, pidieron que se ordenara a la entidad
demandada: (i) expedir los paz y salvo respectivos por concepto de la liquidación
oficial por el año gravable 2014 y (ii) realizar la devolución y/o compensación del
saldo a favor reflejado en la liquidación de corrección de impuesto sobre la renta por
el 2014.
El asunto fue conocido en primera instancia por el Juzgado Catorce Administrativo
de Bucaramanga (radicación Nro. 68001-33-33-014-2018- 00377-00) que, por auto
del 24 de octubre de 2018, admitió la demanda.
Posteriormente, en audiencia inicial llevada a cabo el 29 de noviembre de 2019 se
agotaron las respectivas etapas y, en concreto, al pronunciarse sobre las
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
excepciones previas presentadas por la parte demandada, se resolvió: (i) declarar
probada la excepción de inepta demanda en relación con el requerimiento especial,
al considerar que se trataba de un acto de trámite y (ii) declarar no probadas las
excepciones previas de inepta demanda por falta de agotamiento de la actuación
administrativa, caducidad de la acción para demandar per saltum e inepta demanda
por falta de requisitos formales.
Contra la anterior decisión, los hoy tutelantes interpusieron recurso de apelación,
que se concedió en el efecto suspensivo.
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 1º de marzo de
2021 (notificada por estado el 2 de marzo de 2021), rechazó por improcedente el
recurso de apelación interpuesto por la DIAN en relación con la falta de agotamiento
de la actuación administrativa y confirmó el auto apelado en todo lo demás.
Sostuvo la providencia que la ineptitud de la demanda se daba bien por falta de
requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones, pero no por
ausencia del requisito de procedibilidad de falta de agotamiento de la actuación
administrativa que era un presupuesto procesal para accionar y que, de encontrarse
acreditado, conducía a la terminación del proceso y que hacía que fuera una
decisión susceptible del recurso de apelación, lo que no sucedía en el presente
caso, ya que el proceso no terminaba y por tanto, el recurso de apelación debía
rechazarse por improcedente.
Contra la anterior decisión, la DIAN presentó recurso de reposición y en subsidio
queja; solicitó adición del auto que resolvió el recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo de Santander, en providencia del 7 de diciembre de 2021
(notificada por estado el 9 de diciembre de 2021), rechazó el recurso de reposición
y en subsidio queja; negó la adición del auto que resolvió la reposición.
Consideró que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243A de la Ley 1437
de 2011 adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021, el recurso interpuesto
no era procedente contra el auto que resolvió el recurso de apelación.
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3. Fundamentos de la demanda
La entidad accionante manifestó que el Tribunal Administrativo de Santander, en la
providencia del 1º de marzo de 2021, por medio de la cual resolvió el recurso de
apelación, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 68001-33-33-014-2018-00377-00, incurrió en los defectos procedimental
y fáctico en su dimensión negativa, que sustentó de la siguiente manera:
El tribunal incurrió en un defecto procedimental porque no tuvo en cuenta unas normas
procesales que eran aplicables al caso, concretamente el artículo 86 de la Ley 2080
de 2021 que indica que los recursos interpuestos se regirán por las leyes vigentes al
momento de su interposición y el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011,
que dispone que el auto que decida sobre las excepciones es susceptible del recurso
de apelación o de súplica, según el caso.
Como consecuencia, señaló (trascripción literal):
Aplicando las citadas normas al caso concreto, tenemos que en consideración a
que el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de declarar no
probadas las excepciones propuestas se interpuso y sustentó en la audiencia
inicial celebrada el 29 de noviembre de 2019, debía tramitarse conforme al
numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, es decir, resolviendo de fondo
el recurso de apelación y no rechazándolo por improcedente como lo hizo el
Tribunal.
Además, indicó que incurrió en un defecto fáctico, por cuanto el sustento para negar
la excepción de caducidad se basó en una indebida valoración probatoria, dado que
consideró que el recurso de reconsideración había sido interpuesto por el liquidador
de la sociedad y en ese orden estimó agotado el requisito de procedibilidad, afirmación
que para la DIAN no corresponde a la realidad, pues explicó que quien interpuso el
mencionado recurso no era el liquidador de la empresa ni su representante legal -
como erradamente lo interpretó la autoridad judicial-, sino el señor Mario Antonio
Trejos Arenas, quien actuó en nombre propio y solicitó su desvinculación del proceso
que le fue concedida al resolver el recurso.
Afirmó que el representante legal y liquidador era el señor Fernando Trejos Galvis,
como consta en el acta de socios Nro. 2 del 13 de abril de 2015, quien no interpuso
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recurso alguno ni a nombre propio ni de la sociedad, de manera que, a juicio de la
entidad accionante, el juez partió de una premisa equivocada en la decisión y fue la
de indicar que el recurso de reconsideración había sido interpuesto por el liquidador
de la sociedad, lo que no era cierto.
Dijo que, además, el señor Mario Trejos no presentó recurso de reconsideración como
liquidador y menos aún en nombre de los hoy demandantes, sino que indicó que lo
hacía en nombre propio, razón por la que no se podía suponer que con su actuación
se hubiera agotado la actuación administrativa respecto de los demás vinculados al
proceso, más aún cuando su única intención era ser desvinculado del mismo como en
efecto ocurrió.
Agregó que, contrario a lo afirmado por el tribunal en su decisión, para la interposición
del recurso de reconsideración si se hace a nombre de terceros, el artículo 722 del
Estatuto Tributario es claro en determinar la exigencia del derecho de postulación,
razón por la que el señor Mario Trejos no podía actuar en nombre de los demandantes
porque no era abogado y no era el liquidador de la sociedad, es decir, no tenía la
calidad que lo habilitara para actuar en nombre de los demandantes.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante auto de 10 de marzo de 2002, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado dispuso requerir a la parte accionante, con el fin de que precisara quiénes
actuaban como demandantes, demandados y terceros con interés en el proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de realizar las
vinculaciones que fueran del caso en el presente trámite constitucional.
Una vez la parte actora cumplió con lo ordenado, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó a quienes actuaron
como demandantes en el proceso ordinario y al Juzgado Catorce Administrativo de
Bucaramanga, como terceros con interés.
4.2. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó que se declare la improcedencia
del amparo de tutela.
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Explicó que no se aplicó la Ley 2080 de 2021, como lo indicó la tutelante, dado que
ha sido criterio consolidado del Consejo de Estado, acogido en su integridad por el
tribunal, que la excepción previa de inepta demanda únicamente se configura por
falta de requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones.
Lo anterior, conforme lo establece el numeral 5 del artículo 100 del Código General
del Proceso y no por ausencia del requisito de procedibilidad, como fue alegado por
la DIAN, pues este era un presupuesto procesal para accionar que, en los términos
del artículo 180, inciso 5 de la Ley 1437 de 2011, de encontrarse acreditado conlleva
a la terminación del proceso, decisión que sí es susceptible del recurso de apelación
en los términos del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011.
Sin embargo, eso no fue lo que sucedió en este caso; además, la interposición del
recurso de reconsideración, como requisito de procedibilidad, incidía en la decisión
sobre la excepción de caducidad y que, por tanto, se procedió a su estudio.
Expuesto lo anterior, para el tribunal no se cumplen los requisitos de procedencia
de la acción de tutela, específicamente los de inmediatez y subsidiariedad, porque,
frente al primero, la providencia cuestionada fue proferida el 1 de marzo de 2021,
es decir, hace más de un año, sin que fuera admisible que la interposición de los
recursos de reposición y en subsidio queja, improcedentes en el trámite de segunda
instancia, extendieran el plazo prudencial dentro del cual debía acudirse a la
solicitud de amparo constitucional.
Finalmente, en relación con la subsidiariedad, indicó que actualmente hay un
proceso en trámite, razón por la cual le corresponderá al juez natural definir el
asunto, en especial porque la caducidad es una excepción que puede ser resuelta
con el fondo del asunto.
4.3. El Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga y los señores Mario Trejos
Galvis, Fernando Trejos Galvis, Ivonne Constanza Angulo Moreno, Diana María
Trejos Galvis, Mónica Andrea Trejos Galvis, Martha Transito Galvis de Trejos y
Carmen Cecilia Moreno Angulo no intervinieron, pese a que fueron notificados de la
admisión de la demanda de tutela.
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5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 28 de abril de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedentes las pretensiones de la demanda de tutela.
Como fundamento de esa decisión expuso (transcripción de forma literal):
Advierte la Sala que la DIAN en el escrito de tutela, si bien menciona que se
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia en relación con los autos proferidos el 1º de marzo de
2021 y el 7 de diciembre de 2021, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 68001-33-33-014-2018-00377-01, la solicitud que
hace es que se ordene al tribunal accionado se admita el recurso de apelación
presentado contra la decisión del 29 de noviembre de 2019 que resolvió las
excepciones propuestas y se “corrija” decisión tomada en el auto del 1º de
marzo de 2021 relacionada con la caducidad de la acción para demandar per
saltum.
Pues bien, teniendo en cuenta no solo la pretensión de la tutela sino los
fundamentos que expuso a lo largo de su escrito y los fundamentos de la acción
que presenta en esta oportunidad, encuentra la Sala que su inconformidad está
orientada únicamente en relación con la decisión del 1º de marzo de 2021 por
el que el Tribunal Administrativo de Santander resolvió rechazar por
improcedente el recurso de apelación presentado por la DIAN y confirmó en lo
demás la decisión recurrida.
De esta manera, la providencia que se cuestiona a través de la presente acción
no cumple con el requisito de inmediatez, pues la decisión se profirió el 1º de
marzo de 2021, y se notificó por estado del 2 de marzo de 202117. Sin embargo,
la acción de tutela se presentó el 28 de febrero de 2022.
Esto permite inferir que la parte actora dejó transcurrir un lapso de once (11)
meses y veintiséis (26) días para presentar la solicitud de amparo constitucional,
motivo suficiente para concluir que también estaba presentado por fuera de la
pauta jurisprudencial fijada como término prudente para cuestionar providencias
judiciales mediante la tutela. Ahora, en la demanda de tutela a efectos de
acreditar el cumplimiento del requisito de inmediatez, indicó la entidad actora lo
siguiente:
’La presente acción de tutela se interpone en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; toda vez que
el rechazo de los recursos de reposición y queja contra el auto que
rechazó la apelación presentada se notificó a la DIAN el 9 de diciembre
de 2021; es decir hace solamente 2 meses, dentro de los cuales ocurrió
la vacancia judicial, lo que evidencia la inmediatez en el caso concreto’.
Pues bien, como se indicó, pese a que señala que existió la segunda decisión
que rechazó los recursos de reposición y de queja presentados contra la
decisión del 1º de marzo de 2021, concretamente el auto del 7 de diciembre de
2021 y que a partir de la notificación de esa última providencia se contabilizaría
el término para la interposición de la presente acción, lo cierto es que la decisión
que se cuestiona es la proferida el mes de marzo y no aquella del mes de
diciembre, de manera que es a partir de la notificación de la providencia que
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
cuestiona, el momento a partir del que se inicia el conteo de la inmediatez y no
desde una providencia posterior que no discute y que además, se limitó a
mencionarle a la entidad que los recursos de reposición y en subsidio queja,
eran improcedentes.
Adicionalmente, advierte la Sala que en el presente asunto tampoco se cumple
con el requisito de subsidiariedad, pues el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación Nro. 68001-33-33-014-2018-
00377-00 se encuentra actualmente en curso, de manera que la entidad pública
tutelante cuenta con un mecanismo de defensa idóneo y eficaz para el propósito
que busca con la presente acción, en la que discute el inadecuado agotamiento
de la actuación administrativa en relación con la interposición del recurso de
reconsideración y de la caducidad del medio de control, a partir de la notificación
de la decisión adoptada por la administración en relación con este recurso, lo
que sea de paso decir, se mencionó por el juez administrativo en la audiencia
inicial llevada a cabo el 29 de noviembre de 2019 justamente al resolver la
excepción de “ineptitud de la demanda por falta de agotamiento de la vía
gubernativa” en la que luego de resuelta y de ser declarada no probada, indicó
el juez “conforme lo expuesto se declarará no probada como excepción previa
la inepta demanda por falta de requisitos, sin perjuicio del análisis que se
realice al momento de proferir sentencia” (destacado fuera del texto original).
6. La impugnación
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia porque, si bien es cierto que
con la demanda de tutela se pretende que se permita el acceso a la administración
de justicia por parte de la DIAN y la garantía de los derechos de contradicción,
defensa y debido proceso en el sentido de admitir el recurso de apelación
oportunamente presentado, que fue rechazado con el auto del 1 de marzo de 2021,
también es cierto que contra el citado auto se presentó recurso de reposición y
queja, que fue resuelto finalmente el 7 de diciembre de 2021.
En ese sentido, adujo, que la última decisión adoptada frente al caso concreto
sucedió el 7 de diciembre de 2021, con el auto que rechazó los recursos
interpuestos, razón por la cual solo hasta ese momento quedaron agotados todos
los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial para evitar el perjuicio
finalmente causado a la entidad.
Como consecuencia, sostuvo que no es cierto que la acción de tutela únicamente
se haya interpuesto contra el auto del 1 de marzo del 2021, pues precisamente
contra este auto se interpusieron los respectivos recursos que fueron resueltos
hasta el 7 de diciembre de 2021, por ende, esta es la fecha que se debe tener en
cuenta para el conteo del requisito de inmediatez, pues es la decisión final del juez
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01438-01
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natural frente al asunto que motivó la interposición de esta tutela.
Por todo lo expuesto, solicitó que se considere superado este requisito y se revise
de fondo la demanda de tutela interpuesta.
Al respecto, solicitó que se tenga en cuenta que el hecho que se discute es la
vulneración de los derechos fundamentales de la DIAN de contradicción, defensa,
debido proceso y de acceso a la administración de justicia; precisamente porque se
le negó la posibilidad de discutir, en sede ordinaria, las decisiones tomadas por la
autoridad judicial, rechazando recursos procedentes contra los autos recurridos.
Así las cosas, al rechazar los recursos interpuestos oportunamente y que son
procedentes, quedó en firme la decisión de declarar no probadas las excepciones
de falta de agotamiento de sede administrativa y caducidad de la acción para
demandar per saltum, por lo cual, estos argumentos no se revisarán en la decisión
de fondo, pues la discusión ya quedó zanjada en ese momento y las siguientes
providencias judiciales solo revisarán el fondo del asunto.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,
exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
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como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo
frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características 2.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, son los siguientes:
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01438-01
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, se ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento de los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado 4.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado, Sala
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01438-01
Accionante: DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
2. Análisis de la Sala
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.
En el caso bajo estudio, la DIAN pretende que se proteja sus derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por
Tribunal Administrativo de Santander con la expedición de los autos del 1/03/2021
y del 7/12/2021 que rechazaron los recursos interpuestos y, en su lugar, se admita
el recurso de apelación presentado contra el auto del 29 de noviembre de 2019, que
resolvió las excepciones propuestas, proferido dentro del expediente radicado bajo
el número 680013333014-2018-00377-01.
Asimismo, que se corrija la decisión tomada en auto calendado el 1 de marzo de
2021, relacionada con la caducidad de la acción para demandar per saltum, por la
existencia de un defecto fáctico -en su dimensión negativa- al realizar una errónea
valoración probatoria.
Al descender al caso concreto, se observa que el auto del 1 de marzo de 2021,
proferido por el Tribunal Administrativo de Santander rechazó por improcedente el
recurso de apelación en lo que atañe a la inepta demanda y confirmó en todo lo
demás el auto apelado.
Como consecuencia, la DIAN presentó, el 4 de marzo de 2021, recurso de
reposición y en subsidio queja y esperó hasta que el tribunal resolviera esos
recursos, mediante auto del 7 de diciembre de 2021, para interponer la demanda de
tutela.
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-
02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. Nº 2016-
02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Accionante: DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Al respecto, debe indicarse que, de conformidad con el razonamiento efectuado por
el Tribunal Administrativo de Santander al rechazar por improcedentes los recursos
de reposición y en subsidio de queja en contra del auto proferido el 1 de marzo de
2021, al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para
la fecha de interposición de los recursos.
Para el caso concreto, corresponden a las contenidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), así como las del Código General del Proceso (en adelante CGP), en virtud
de la integración normativa prevista por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados.
Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 -que reformó
al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)- se establece que, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de
1887, modificado por el artículo 624 del CGP, las reformas procesales introducidas
en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el
momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en
vigencia de la Ley 1437 de 2011; no obstante, en el inciso final de dicho artículo se
prevé que:
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (se destaca).
Por lo anterior, como en el presente asunto el recurso de reposición y en subsidio
queja se interpusieron el 4 de marzo de 2021, con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 2080 de 2021 -25 de enero de 2021-, le serán aplicables “las leyes
vigentes” cuando se interpuso el recurso, es decir, las disposiciones del CPACA,
con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021, según las cuales:
ARTÍCULO 242 ley 1437 de 2011 CPACA modificado por el artículo 61 de la ley
2080 de 2021. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo
norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo
dispuesto en el Código General del Proceso.
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Además, se señala que, a la luz del artículo 243A de la ley 1437 de 2011, adicionado
por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021, en su numeral 4 establece:
ARTÍCULO 243A. PROVIDENCIAS NO SUSCEPTIBLES DE RECURSOS
ORDINARIOS. <Artículo adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> No son susceptibles de recursos ordinarios las
siguientes providencias:
…
4. Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica (se destaca).
Como consecuencia de lo anterior, es absolutamente evidente que en contra del
auto proferido el 1 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander,
el cual es la fuente de inconformidad de la demandante, pues no se admitió su
recurso de apelación y se confirmaron las demás decisiones tomadas por el juzgado
en la audiencia inicial del 19 de noviembre de 2019, no resultaba procedente la
interposición de los recursos de reposición y queja.
Por tanto, no eran mecanismos idóneos para la defensa de la DIAN y, en ese
sentido, no era necesario esperar hasta que se resolviera por parte del tribunal -el
7 de diciembre de 2021- para acudir a la demanda de tutela si consideraba
vulnerados sus derechos fundamentales.
En efecto, la formulación de un recurso improcedente no prolonga el término
considerado como razonable para cuestionar una decisión judicial. Puntualmente,
esta Subsección ha sostenido:
Finalmente, el 14 de junio de 2018, el entonces demandado interpuso recurso
de reposición para tratar de cuestionar el auto proferido el 31 de mayo de 2018,
impugnación que fue rechazada, de plano, por la Sección Primera del Consejo
de Estado, por medio de proveído de 24 de agosto de 2018, en el que se
consideró que el recurso de reposición interpuesto era abiertamente
improcedente y, además, se dejó consignado lo siguiente: (…).
La Subsección estima que el referido recurso de reposición no tiene la
virtualidad de ampliar el plazo considerado como razonable para la interposición
de la demanda de tutela, por cuanto el ejercicio de aquel medio de impugnación,
como ya se indicó, resultó improcedente, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 285 y 318 del C.G.P.
En línea con lo expuesto, se ha sostenido:
2.4.1. De acuerdo con la revisión efectuada por la Sala en la página de consulta
de procesos de esta Corporación, el auto del 27 de julio de 2017, que resolvió el
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
recurso de reposición contra el auto del 11 de mayo de 2017, fue notificado por
estado el 4 de agosto de 2017. En consecuencia, el término de seis meses para
controvertir por vía de tutela la decisión judicial que, en concreto, se controvierte
en la acción de tutela —la de remitir por competencia el proceso al Tribunal
Administrativo de Antioquia—, venció el 4 de febrero de 2018, empero, la solicitud
de amparo se presentó el 6 de agosto de 2018, esto es, un año y un día después
de la notificación de la providencia que se controvierte.
2.4.2. La Sala debe precisar que, aunque el demandante también controvirtió la
providencia del 24 de mayo de 2018, lo cierto es que ésta no puede ser el
parámetro para el cómputo del término de la inmediatez, si se tiene en cuenta
que su objeto fue simplemente rechazar, por improcedente, el recurso de
reposición instaurado contra el auto del 27 de julio de 2017, pues, en los términos
del artículo 318, inciso 4º, del Código General del Proceso, «el auto que decide
la reposición no es susceptible de ningún recurso».
Para la Sala, la interposición de un recurso abiertamente improcedente no
puede prolongar el término que esta Corporación ha estimado como
razonable para reclamar la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por las decisiones de la administración de
justicia (…) (se destaca).
Como consecuencia de lo anterior, la Sala encuentra que el plazo de 6 meses
considerado como razonable para presentar la demanda de tutela, contabilizado
a partir de la notificación que se hizo el 15 de junio de 2018 de la decisión
adoptada el 31 de mayo de 2018, venció el 15 diciembre de ese año, por lo que
la petición de amparo, radicada el 22 de febrero de 2019, resulta
extemporánea5.
Con base en lo expuesto, la Subsección contabilizará el término de 6 meses para
presentar la demanda de tutela desde el 2 de marzo de 2021, pues en dicha fecha
se notificó por estado el referido auto6, lo que permite concluir que frente a este
asunto no se cumple con el requisito de la inmediatez, dado que la demanda se
presentó el 28 de febrero de 2022.
La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela7.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, radicado:
11001-03-15-000-2019-00805-00.
6
De conformidad con la información anotada en la página de la Rama Judicial y las pruebas
allegadas con la demanda de tutela obrantes en Samai, índice 2, anexos 16.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Por otra parte, en relación con la inmediatez para la interposición de demandas de
tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de esta Corporación ha considerado:
Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados.
(…) De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera
o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial
para la protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela,
es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta claramente
desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía
de tutela’8’9.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales
del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo10.
Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos’11.
(…) Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza
en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar
que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace
definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto12.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
8
Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
9
Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
10
Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005”.
11
Original de la cita: “Ibíd”.
12
Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente
al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses
y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término
razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un
año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición un
plazo de seis meses”.
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Accionante: DIAN
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente13 (negrillas y subrayado del original).
Así pues, esta Corporación ha establecido que para efectos de establecer si la
acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, que se cumple
con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia
cuestionada, según sea el caso.
Esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe
contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es
a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración
de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que
hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial –defecto orgánico,
defecto procedimental, defecto fáctico, defecto sustantivo, error inducido, decisión
sin motivación, desconocimiento del precedente y/o la violación directa de la
Constitución Política–.
En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses desde
la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite adicional
con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de
adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto los
pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener
incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento 14.
Si bien, en este caso la demandante presentó los recursos de reposición y en
subsidio queja, estos no resultaban procedentes, como se explicó previamente, de
conformidad con las normas aplicables al caso y, en ese sentido, su resolución no
tendría ninguna incidencia en la decisión final cuestionada.
En definitiva, dado que la demanda de tutela se presentó el 2 de marzo de 2021,
13
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
14
En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01438-01
Accionante: DIAN
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
pues en dicha fecha se notificó por estado el referido auto15, lo que permite concluir
que frente a este asunto no se cumple con el requisito de la inmediatez, dado que
la demanda se presentó el 28 de febrero de 2022, es decir, después de que se
cumplieron los 6 meses previstos por el Consejo de Estado como término razonable,
motivo por el cual la Sala confirmará la decisión proferida por la Sección Cuarta que
declaró la improcedencia del amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de abril de 2022 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas
en la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
15
De conformidad con la información anotada en la página de la Rama Judicial y las pruebas
allegadas con la demanda de tutela obrantes en Samai, índice 2, anexos 16.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01438-01
Accionante: DIAN
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
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VF
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