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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02004-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02004-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Valeria García Ríos en contra de la UGPP. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen. 22 23 La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02004-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 05001233300020210200401 (0348-2025)
Demandante: Valeria García Ríos
Demandada: UGPP
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión de sobrevivientes-
hijo de crianza
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la sentencia del 24 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

Valeria García Ríos, mayor de edad, actuando por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, para

1 Expediente digital, cuaderno principal, demanda pensión de sobrevivientes, folios 2-10.

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solicitar que se declare la nulidad de los siguientes actos: (i) la Resolución N.º
RDP 39764 del 2 de octubre de 2018 por medio de la cual, la UGPP le negó
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, causada por María Yolanda
Saldarriaga Saldarriaga, abuela de la demandante, y (ii) del Auto N° ADP
006774 del 22 de octubre de 2019, que omitió indicar la procedencia de
recursos, respecto a la negativa de reconocer la pensión de sobrevivientes.

A título de restablecimiento del derecho, la demandante pidió que se
condene a la accionada a: i) reconocer y pagar una sustitución pensional a
favor de Valeria García Ríos, a partir de la fecha del fallecimiento de la
causante, esto es, el 20 de junio de 2018, ii) que se ordene a la UGPP a
reconocer y pagar las mesadas retroactivas a partir del 20 de junio de 2018,
(iii) que sobre los valores adeudados se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 numerales 1, 2,3, y 4 del CPACA, y iv) se condene a la accionada
al pago de costas.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda se resumen de
la siguiente manera:

La señora María Yolanda Saldarriaga Saldarriaga, falleció el 20 de junio de
2018 y en vida, se desempeñó como docente al servicio del municipio de
Medellín.

La causante, disfrutaba de dos pensiones de jubilación; la ordinaria y la
especial de gracia. La primera, pagada por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconocida a través de la Resolución N° 2465 del 11
de octubre de 2002, expedida por la Alcaldía de Medellín y la segunda,
reconocida y pagada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, según
la Resolución N° 30467 del 29 de octubre de 2002.

La señora Saldarriaga, Saldarriaga, al momento de su fallecimiento no tenía
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consolidada ninguna sociedad conyugal, no contaba con hijos menores de
edad, ni discapacitados, tampoco otros familiares con derecho a la sustitución
pensional; solo dos nietos, Santiago Echeverry Ríos y Valeria García Ríos,
hijos de Adriana María Ríos Saldarriaga, única hija de la causante.

Santiago Echeverry Ríos, acaba de cumplir la mayoría de edad y no está
estudiando, por lo tanto, no tiene el derecho a reclamar la prestación. No
obstante, la joven Valeria García Ríos, para la fecha del fallecimiento de la
causante, era menor de edad y cursaba sus estudios de educación básica
secundaria. En la actualidad, cuenta con 18 años de edad y cursa primer
semestre de estudios superiores. Precisó que los dos nietos, ostentan la
calidad de hijos de crianza de la causante, al tenor de lo establecido por la
Honorable Corte Constitucional en la Sentencia N° T- 074 de 2016.

El apoderado de la parte demandante explicó que, obrando en representación
de Valeria García Ríos, previa autorización de su representante legal, la
señora Adriana María Ríos Saldarriaga, envió la solicitud de reconocimiento y
pago de la sustitución pensional a su favor, la cual se respondió negativamente
por la entidad demandada, a través de la Resolución N° RDP 039764 del 2 de
octubre de 2018, bajo el argumento que la pensión de sobrevivientes de
acuerdo a la Ley 797 de 2003 no tiene a los nietos como beneficiarios.

Explicó que, en contra de la citada resolución procedían los recursos de
reposición y apelación. Precisó que el recurso de apelación fue rechazado por
extemporáneo mediante el Auto N° ADP 005118 del 30 de julio de 2019. Luego
de ello, el 12 de septiembre de 2019, elevó una nueva petición, insistiendo en
que Valeria García Ríos tenía el derecho que le fuera sustituida la pensión
dada su calidad de hija de crianza de la causante, pero la entidad accionada,
esta vez a través de la Resolución N° 006774 del 22 de octubre de 2019
manifestó que los menores Santiago Echeverry Ríos y Valeria García Ríos, no
eran beneficiarios del derecho reclamado “dada la calidad de nietos de la
causante”.

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1.2. Concepto de violación.

La demandante, invocó como normas vulneradas el art. 53 de la Constitución
Política de 1991.

De otra parte, también argumentó que se transgredieron las sentencias T- 074
de 2016 proferida por la Corte Constitucional.

Sobre el concepto de violación explicó que, la postura de la Corte
Constitucional está orientada a proteger a la familia en sus distintas formas de
conformación. De manera que, el concepto tradicional de familia ha variado,
para incluir a los nietos en aquellos eventos que se constituyen en hijos de
crianza de los abuelos. Con esta nueva visión de la familia, se amplían los
beneficiarios de los derechos prestacionales, como en el caso concreto del
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Adicionalmente a lo anterior explicó que, según lo indicado por la Corte
Constitucional, si bien, los padres de un menor mantienen su vínculo biológico
con él, no se puede ser ajeno a las realidades sociales que se presentan al
interior de las familias y como consecuencia se debe reconocer y proteger el
lazo que surgió con el padre de crianza por asunción solidaria de la paternidad.
Insistió en que, en criterio de la Corte los hijos naturales, adoptivos, y de
crianza tienen los mismos derechos y prerrogativas y, por ello, una ley que
excluya a estos últimos del orden de beneficiaros de la pensión de
sobrevivientes debe interpretarse conforme a la Constitución para incluirlos
dentro del ámbito de su aplicación”.

Explicó que, en el caso bajo análisis, Valeria García Ríos actuó con afecto,
respeto, solidaridad, protección y comprensión lo que a la luz de la nueva
visión que tiene la Honorable Corte Constitucional del concepto de Familia,
ella adquiere el derecho a la sustitución de la pensión de su abuela. Señaló
que era necesario tener en cuenta que, sus padres biológicos nunca contaron
con recursos para el sostenimiento integral de su hija, dada la falta de
regularidad laboral, por lo que la causante los remplazo en vida en toda su
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responsabilidad.

Finalmente sobre este punto adujo que, la Corte también ha validado la
condición de hijos de crianza, en aquellos eventos en que no existe una
sustitución completa de la figura paterna o de los vínculos con los
ascendientes, sino un acompañamiento compartido entre el padre biológico y
un miembro de la familia, quien asume las responsabilidades económicas que
en principio corresponden a los ascendientes próximos de un menor actuando
no solo según el lazo y amor que surge en la crianza, sino en virtud del principio
de solidaridad.

Ya para finalizar, y ahora refiriéndose al caso concreto explicó que la causante
en su calidad de docente, tuvo derecho a disfrutar de dos pensiones de
jubilación, la especial de gracia y la otra la pensión ordinaria reconocida y
pagada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esta
última pensión, fue sustituida como pensión de sobrevivientes a Valeria García
Ríos, a través de la Resolución N° 201950067781 del 26 de julio de 2019,
expedida por la alcaldía de Medellín.

2. Contestación de la demanda2

La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, para el efecto,
argumentó que los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, son claros en
señalar que no son beneficiarios de la pensión los nietos, ni los hijos de
crianza, razón por la cual los actos enjuiciados se encuentran expedidos en
pleno derecho.

De otra parte, puso de presente que, también es necesario negar la condena
en costas a la entidad demandante porque no se logró probar que la entidad
demandada haya actuado de male fe en el curso del proceso.

3. La sentencia de primera instancia

2 Expediente digital, contestación pensión de sobrevivientes pdf.
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6

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia del 24 de octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda,
sin condena en costas para la parte vencida, con fundamento en lo siguiente:

El tribunal de primer grado analizó las normas que regulan la pensión gracia,
y determinó que dicha prestación es sustituible tal como lo ha determinado la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Luego de ello
precisó que para analizar la sustitución de pensión gracia se aplica la Ley 100
de 1993, si esta norma está vigente a la fecha del deceso, porque dicha
pensión estaba a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y del Fondo
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y el artículo 279 ibidem solamente
exceptúa las prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

Expuesto lo anterior, la primera instancia se refirió a la pensión de
sobrevivientes o sustitución de la pensión en las familias de crianza. Para
explicar su alcance, hizo énfasis en el precedente de la Corte Constitucional
en el cual se ha aceptado que debido a los cambios en la conformación actual
de la familia es dable reconocer a los hijos de crianza como beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes.

En el caso concreto, el a quo consideró apropiado acoger el planteamiento
realizado por la Corte Constitucional respecto a la sustitución de la pensión en
los hijos de crianza, expresando que “ello no constituye una modificación o
interpretación errónea de lo establecido en la norma ordinaria que rige la
materia, sino que permite darle un mayor alcance a la misma, que se encuentra
acorde con la evolución del concepto de familia, bajo el cual se equiparan los
denominados hijos de crianza con los hijos naturales”.

Acorde con lo anterior, consideró que, al desvirtuarse la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, debía declararse la nulidad de la
Resolución No. RDP 39764 del 2 de octubre de 2018, así como del Auto N°
ADP 006774 del 22 de octubre de 2019, emitidos por la Unidad Administrativa
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Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP.

El Tribunal consideró que la entidad se equivocó al manifestar en el acto
enjuiciado que los hijos de crianza no tienen derecho a la sustitución a la
pensión de sobrevivientes de los padres de crianza, bajo el entendido que la
jurisprudencia constitucional lo ha aceptado, luego no era dable a su juicio,
negar la petición bajo este solo argumento.

Sin embargo, no accedió al restablecimiento del derecho porque concluyó
luego del análisis de las pruebas aportadas al proceso que, no se acreditaron
los elementos necesarios para establecer la calidad de hija de crianza de la
causante, carga propia de quien reclama el derecho, conforme lo dispone el
artículo 167 del C.G.P.

4. Recurso de apelación

La UGPP presentó recurso de apelación3, en el cual solicitó revocar la
sentencia proferida por la primera instancia. Argumentó que, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797
de 2003, no es posible efectuar el reconocimiento de la prestación en favor de
la menor, considerando que la misma no prevé como beneficiarios a los nietos
del causante.

Afirmó que, si bien, la Corte Constitucional, en algunos pronunciamientos
jurisprudenciales ha previsto la posibilidad que los nietos menores de edad
puedan tener derecho a la pensión de sobrevivientes de sus abuelos, siempre
y cuando estos hayan ejercido las veces de padres de crianza, es pertinente
señalar en el caso objeto de estudio que, se trata de una nieta de la causante
y en segundo lugar, que tales pronunciamientos constituyen sentencias
aisladas con efectos Inter partes y no sentencias de unificación o
pronunciamientos que generen la configuración de un precedente vinculante,

3 Cuaderno principal, 025, memorial recurso de apelación.
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motivo por el cual, los actos administrativos en virtud de los cuales la Unidad
negó el reconocimiento de la prestación, se encuentran ajustados derecho, en
concordancia con lo establecido por la entidad en Lineamiento No. 152,
adoptado por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad,
adoptado mediante Acta No. 1507 del 08 de junio de 2017.

Razón por la cual el fallo emitido por su despacho debió negar la totalidad de
las pretensiones incoadas por la accionante, ya que los actos administrativos
emitidos por la Ugpp al negar dicha prestación a la señorita Valeria García
Rios se fundamentaron en las normas aplicables al caso en estudio, y se
verifico la normatividad para la fecha en que falleció la causante señora MARÍA
YOLANDA SALDARRIAGA (q.e.p.d.), y siendo la solicitante nieta y en
consideración a que la ley 797 de 2003 en su artículo 13 no establece como
beneficiario al hijo de crianza, por esta razón la demandante no es beneficiaria
de la pensión de sobrevivientes.

De acuerdo con lo anterior concluyó que, lo perseguido con este medio de
control, va en contra de las normas que regulan la prestación, en
consecuencia, no hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobreviviente
a la señorita Valeria García Ríos, puesto que las resoluciones No. RDP 39764
del 2 de octubre de 2018 y el Auto N° ADP 006774 del 22 de octubre de 2019,
mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de dicha prestación, se
expidieron conforme a las normas que regulan el tema, y no se encuentran
afectadas por vicio alguno que afecte la legalidad de estas, en consecuencia,
solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.

La parte demandante presentó recurso de apelación4, en el que solicitó
que se revoque la sentencia de primera instancia con fundamento en lo
siguiente:

La parte actora expresó que no está de acuerdo con la decisión del tribunal de
no tener como pruebas las declaraciones extra juicio aportadas al proceso, y
que según su criterio ofrecen plena validez respecto a la condición de hija de

4 Cuaderno principal, 026, memorial recurso de apelación.
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crianza de la demandante. Además, indicó que el derecho a la sustitución
pensional no está sometido a la tarifa legal, y por el contrario, reina la libertad
probatoria para acreditar esta condición. Sostuvo que era un hecho notorio que
Valeria García Ríos era la nieta de la señora María Yolanda Saldarriaga,
siendo prueba de ello las declaraciones extrajuicio que fueron aportadas desde
la presentación de la demanda y que no fueron tachadas o repudiadas por la
parte demandada.

De acuerdo con lo anterior, consideró que, si logró probarse que la
demandante, era hija de crianza de la causante y que, en razón de ello, si le
asiste el derecho para que se conceda a su favor la sustitución de la pensión
que en vida sufragó la señora María Yolanda Saldarriaga.

II. CONSIDERACIONES

2.2. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 5, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2.3 Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes le
corresponde a la Sala establecer si ¿Valeria García Ríos tiene derecho a

5 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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recibir la sustitución de la pensión gracia de la señora María Yolanda
Saldarriaga, en calidad de hija de crianza?

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se hará referencia al marco
jurídico relacionado con la sustitución de la pensión de sobrevivientes
respecto a los hijos de crianza.

2.4 Hijos de crianza como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes

La Sala comienza por señalar que, en materia de seguridad social, la ley no
reconoce a los hijos de crianza como beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, así puede observarse de la lectura de los artículos 46 y 47 de
la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de
2003, según los cuales tienen derecho a esta prestación los siguientes grupos
de beneficiarios de forma excluyente entre sí, toda vez que, a falta de uno lo
sucederá el otro, así: i) cónyuge o compañera permanente, hijos con derecho
y/o inválidos; ii) padres con derecho; y iii) hermanos con derecho.

Lo anterior, no ha sido impedimento para que la jurisprudencia se haya
ocupado de la protección de la familia que surge por vínculos diferentes a los
naturales y jurídicos.

Bajo esta óptica la Corte Constitucional, en la sentencia T-495 de 1997,
reconoció el derecho al pago de la indemnización que se generó con ocasión
de la muerte de un soldado, a sus padres de crianza, teniendo como
fundamento la relación familiar que existía, debido a que los accionantes
acogieron al causante en su hogar, a la edad de ocho años y siempre se
encargaron de su crianza y educación.

En esta decisión la Corte puso de relieve que, la protección constitucional de
la familia se proyecta tanto a las conformadas por lazos biológicos y legales,
como a las que surgen por las relaciones de afecto, respeto, solidaridad,
comprensión y protección, de manera que se derivan las mismas
consecuencias jurídicas para las familias de crianza, como para las biológicas

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y las legales, en lo que se refiere al acceso a beneficios prestacionales, esto
de conformidad con el principio de igualdad.

De esta manera, refirió que el reconocimiento y protección de esa relación
material que surge dentro de la familia, se extiende a todos los ámbitos del
derecho, por lo que, es claro que los hijos de crianza por asunción solidaria de
la paternidad, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, al igual que
los naturales y adoptados. La Ley 100 establece como beneficiarios a los hijos
del causante, reconocimiento que está fundado en el principio de solidaridad,
y en la igualdad, ya que todos los hijos son iguales ante la ley, y gozan de los
mismos derechos y merecen una protección similar.

La Corte Constitucional, en la sentencia T-074 de 2016 desarrolló el concepto
de familia de crianza y estudió la procedencia del reconocimiento de
prestaciones y/o indemnizaciones derivadas de la protección del vínculo que
se genera entre las personas que componen la familia de crianza.

Sobre la familia de crianza la Corte ha dicho que es aquella “donde conceptos
como la convivencia, el afecto, la protección, el auxilio y respeto consolidan el
núcleo familiar por lo que, el ordenamiento jurídico debe reconocer y proteger
a los integrantes de tales familias”.

Por su parte, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia6, ha explicado
que el “derecho a la seguridad social tiene como objetivo principal proteger a
las personas que dependían del pensionado o afiliado fallecido, y que ese
objetivo no puede dejar por fuera los derechos de los niños que se han criado
por razones de solidaridad y afecto con alguien que, si bien no tiene lazos de
consanguinidad o vínculo civil, ha actuado como tal, criterio de protección que
debe primar sobre cualquier concepto, en especial, frente a un conjunto de
sujetos que resultan ser los más débiles de la sociedad, como son los menores
de edad”

6 Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 6 de junio de 2023, proceso N° SL1314-2023,
radicado núm. 91489.
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Para la Corte Suprema, “la noción de familia no se reduce actualmente a la
tradicional concepción fundada en caracteres biológicos o naturalistas, sino
que ha experimentado una evolución constante, dando paso a comprensiones
que la entienden como un constructor social que se caracteriza,
fundamentalmente, por el ánimo de cuidado, solidaridad y afecto entre sus
miembros, más allá de su condición biológica”7.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, también se ha pronunciado sobre
la necesidad de acceder al reconocimiento de los hijos de crianza como
beneficiarios de la sustitución pensional de los padres de crianza. De manera
reciente, esta Subsección8 explicó que la definición de familia no está limitada
a los vínculos naturales o jurídicos, sino que esta se extiende a aquellas
personas vinculadas en virtud de los lazos de afecto, respeto, cuidado,
solidaridad, comprensión y protección que los une. Lo cual conlleva a recibir
igual tratamiento social y legal a los de la familia biológica, pues entenderlo de
manera distinta implicaría un desconocimiento de los derechos fundamentares
que los reviste como grupo familiar, pero, particularmente, del artículo 5
Constitucional”.

Ahora bien, respecto de la sustitución pensional a favor de los hijos de crianza,
la Corte Constitucional en sentencia T-525 del 27 de septiembre de 2016
señaló, que además de las condiciones establecidas por la ley para tal fin, el
solicitante debía acreditar los siguientes presupuestos necesarios para
evidenciar la existencia de una familia de crianza y tener derecho a las
prestaciones que de dicha relación se derivan.

i) La solidaridad, que se evalúa en la causa que motivó al padre o madre
de crianza a generar una cercanía con el hijo que deciden hacer parte del
hogar y al cual brindan un apoyo emocional y material constante, y
determinante para su adecuado desarrollo. Esta se encuentra justificada
en los artículos 1 y 95 de la Constitución, la jurisprudencia de esta
Corporación analizada en el punto 7.2. de esta sentencia y en el artículo
67 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

7 Ibidem.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado núm. 4084-
2022. MP. Juan Enrique Bedoya.
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ii) Reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas), por los
denominados padres y madres de crianza, es decir, se sustituyen los
vínculos consanguíneos o civiles por relaciones de facto. Podrá
observarse si el padre de crianza tiene parentesco con el hijo, pero no
será determinante en la evaluación de la existencia de la familia de
crianza, ya que en la búsqueda de la prevalencia del derecho sustancial
se privilegiará la crianza misma así provenga de un familiar. Lo anterior,
en virtud de la realización de los derechos del niño como finalidad de las
familias y los padres, tal y como se estipula en la Convención de los
Derechos del Niño, la Constitución y otros instrumentos integrados al
Bloque de Constitucionalidad, conforme lo ha estudiado la jurisprudencia
de la Corte, resaltada en los acápites 7.3. y 7.4. de este fallo.

iii) La dependencia económica, que se genera entre padres e hijos de
crianza que hace que estos últimos no puedan tener un adecuado
desarrollo y condiciones de vida digna sin la intervención de quienes
asumen el rol de padres. Es el resultado de la asunción del deber de
solidaridad, las normas legales y constitucionales que regulan la
institución de la familia y las disposiciones que buscan garantizar
ambientes adecuados para los menores, como el Código de la Infancia y
la Adolescencia, que generan el surgimiento de los demás deberes que
acarrea la paternidad responsable.

iv) Vínculos de afecto, respeto, comprensión y protección, que se
pueden verificar con la afectación moral y emocional que llegan a sufrir
los miembros de la familia de crianza en caso de ser separados, así como
en la buena interacción familiar durante el día a día. Lo anterior porque,
como lo han reconocido Tribunales Internacionales[108] y esta Corporación
la “familia esta donde están los afectos”[109].

v) Reconocimiento de la relación padre y/o madre, e hijo, que exista, al
menos implícitamente, por parte de los integrantes de la familia y la cual
debe ser observada con facilidad por los agentes externos al hogar, ya
que como lo ha reconocido la Corte desde 1999[110], la familia es un
concepto amplío que puede ir más allá de sus miembros consanguíneos
y cuya intensidad, acogimiento y compresión pueden observarse en otro
tipo de relaciones.

vi) Existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres
e hijos, que permita determinar la conformación de relaciones
familiares. No se determina a partir de un término preciso, sino que debe
evaluarse en cada caso concreto con plena observancia de los hechos
que rodean el surgimiento de la familia de crianza y el mantenimiento de
una relación estable por un tiempo adecuado para que se entiendan como
una comunidad de vida. Esto, porque como lo ha establecido esta
Corporación, es necesario que transcurra un lapso que forje los vínculos
afectivos, tal y como se describe en el punto 7.5. de esta sentencia.
vii)
Afectación del principio de igualdad, que configura idénticas
consecuencias legales para las familias de crianza, como para las
biológicas y jurídicas, en cuanto a obligaciones y derechos y, por tanto, el
correlativo surgimiento de la protección constitucional. En la medida en
que los padres de crianza muestren a través de sus actos un
comportamiento tendiente a cumplir con sus obligaciones y deberes en
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procura de la protección y buen desarrollo de los hijos, se tendrá claro que
actúan en condiciones similares a las demás familias, por lo que serán
beneficiarias de iguales derechos y prestaciones, en virtud de la
Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y diversos pronunciamientos en sede de constitucionalidad,
como la sentencia C-577 de 2011.

Para la Corte, los presupuestos anteriormente expuestos, deben verse en
cada caso, y pueden ser más amplios o restringidos conforme cada situación
o familia.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones procede la Sala a estudiar
el caso concreto.

2.5. Hechos probados.

Al proceso se allegaron las siguientes pruebas documentales:

1. Resolución N° 30467 del 29 de octubre de 2002 emitida por la Caja
Nacional de Previsión, por la cual reconoció a favor de la señora María
Yolanda Saldarriaga Saldarriaga, una pensión vitalicia de jubilación por
laborar como docente del Departamento de Antioquia; la cual fue
reliquidada mediante la Resolución No. 22571 del 17 de mayo de 2007.

2. Resolución N° RDP 039764 del 2 de octubre de 2018, expedida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, mediante la cual negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del
fallecimiento de María Yolanda Saldarriaga Saldarriaga, solicitado por
Nelson de Jesús Urquijo Montoya, Santiago Echeverri Ríos, y Valeria
García Ríos, estos dos últimos representados por Adriana María Ríos
Saldarriaga.

3. Auto N° ADP 005118 del 30 de julio de 201937, proferido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en la que rechazó por

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extemporáneo el recurso de apelación presentado contra la Resolución
N° RDP 039764 del 2 de octubre de 2018.

4. Formulario Único de solicitudes prestacionales de la UGPP con sello de
la empresa postal 4/72 de fecha 12 de septiembre de 2019.

5. Auto N° ADP 006774 del 22 de octubre de 2019, emitido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en el que hace referencia a lo
resuelto en la Resolución RDP 039764 del 02 de octubre de 2018 y el
auto N° ADP 5118 del 30 de julio de 2019, para señalar que con la nueva
petición no se presentan nuevos elementos de juicio, por lo que
simplemente se integrará al expediente administrativo.

6. Registro Civil de Defunción de la señora María Yolanda Saldarriaga
Saldarriaga, en el que consta que falleció el 20 de junio de 2018.

7. Registro Civil de Nacimiento de Valeria García Ríos, donde consta que
nació el 14 de junio de 2003, y es hija de Adriana María Ríos Saldarriaga
y Ramiro Albeiro García Martínez.

8. Registro Civil de Nacimiento de Adriana María Ríos Saldarriaga, en el
que se indica que nació el 01 de junio de 1981, y es hija de María
Yolanda Saldarriaga Saldarriga y William Arturo Ríos Restrepo.

9. Declaraciones extra-juicio rendida por los señores William Arturo Ríos
Restrepo, y Luis Gonzalo del Valle Garcés ante el Notario 28 del Círculo
de Medellín.

10. Constancias emitidas por la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe,
que dan cuenta del desempeño académico de Valeria García Ríos.

11. Expediente Administrativo de María Yolanda Saldarriaga Saldarriaga.

12. Resolución No. RDP 011730 del 15 de mayo de 2020 de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

15

16

Parafiscales de la Protección Social, “Por la cual se resuelve una
solicitud de revocatoria directa interpuesta contra la resolución 39764
del 2 de octubre de 2018”.

13. Declaración Extra-Juicio rendida por el señor William Arturo Ríos
Restrepo, ante el Notario 16 del Círculo de Medellín, el 03 de agosto de
2018.

14. Declaración Extra-Juicio rendida por la señora Deida María Botero
Montoya, ante el Notario 16 del Círculo de Medellín, el 03 de agosto de
2018.

15. Formato único de prestaciones sociales de la UGPP presentado ante
esa entidad el 16 de septiembre de 2019, bajo el radicado No.
2019700102866522, con la que se anexó entre otros, la argumentación
jurídica en la que se soporta la petición de pensión de sobreviviente a
favor de los nietos de la causante, declaraciones extra juicio de los
señores William Arturo Ríos Restrepo, y Luis Gonzalo del Valle Garcés
rendidas el 09 de septiembre de 2019 ante el Notario 28 del Círculo de
Medellín.

16. Solicitud de revocatoria directa contra la Resolución N°. RDP 039764 del
2 de octubre de 2018 presentada el 25 de abril de 2020.

2.6. Análisis sustancial

En el plenario se encuentra debidamente demostrado que la Caja Nacional de
Previsión, CAJANAL (E.I.C.E), reconoció a la causante María Yolanda
Saldarriaga Saldarriaga, la pensión gracia, mediante la Resolución 30467 del
29 de octubre de 2002. Así también, está debidamente acreditado que la
señora Saldarriaga falleció el 20 de junio de 2008, y que era abuela materna
de la demandante Valería García Ríos y Santiago Echeverri Ríos, quien no
presentó demanda en el presente proceso. Lo anterior, porque se probó que
Adriana María Ríos Saldarriaga, era progenitora de la demandante e hija de la
causante.

16

17

Igualmente, está acreditado que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por medio de
la Resolución N° RDP 039764 del 2 de octubre de 2018, negó el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes solicitada por Nelson de Jesús Urquijo
Montoya, Santiago Echeverri Ríos, y Valeria García Ríos, estos dos últimos
representados por Adriana María Ríos Saldarriaga. Dicha negativa tuvo
sustento en lo siguiente: “la ley 797 de 2003 es muy clara al establecer que la
pensión de sobreviviente se reconoce única y exclusivamente a las personas
consagradas en el artículo 13 de la ley 797 de 2003 dentro de los cuales no se
encuentran los nietos, máxime que los mismos tienen vivos a sus dos padres
quienes tienen la obligación legal de velar por su cuidado y manutención, por
ese motivo se procederá a negar la pensión de sobrevivientes a favor de los
menores”.

Ahora bien, como quedó expuesto en párrafos precedentes, es claro que, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo
de Estado, han reconocido que, los hijos de crianza pueden ser beneficiarios
de la sustitución de la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando se
demuestre en cada caso particular, que se cumplen las condiciones
establecidas en la ley para acceder al beneficio pensional y adicionalmente,
las indicadas por la jurisprudencia constitucional para evidenciar la existencia
de una familia de crianza.

En el caso sub examine, la Sala procederá a verificar si Valeria García Ríos
acreditó los requisitos para tener el derecho a recibir la sustitución de la
pensión gracia, que en vida devengó su abuela, la señora María Yolanda
Saldarriaga Saldarriaga.

Para demostrar su calidad de hija de crianza, la demandante aportó las
declaraciones extra-juicio, rendidas por los señores William Arturo Ríos
Restrepo abuelo de la demandante, y Luis Gonzalo del Valle Garcés, ante
el Notario 28 del Círculo de Medellín, el 09 de septiembre de 2019. En su
orden, en dichas declaraciones se expresó lo siguiente:
17

18

[…] WILLIAM ARTURO RIOS RESTREPO (…) CONTESTO: Bajo
la gravedad del juramento declaro que conozco a la señora
ADRIANA MARIA RIOS SALDARRIAGA. desde hace muchos años
porque es mi hija con la señora MARIA YOLANDA SALDARRIAGA
SALDARRIAGA. quien era jubilada del magisterio. La señora
MARIA YOLANDA SALDARRIAGA SALDARRIAGA, es la abuela
materna y a la vez madre de crianza de la menor VALERIA GARCIA
RIOS, de 16 años de edad, hija de la señora ADRIANA RIOS
SALDARRIAGA. Mi hija ADRIANA MARIA RIOS es muy
inestable emocional y sicológicamente ella no ha podido con su
hija, siempre ha sido ayudada por su madre, la señora YOLANDA
SALDARRIAGA SALDARRIAGA quien le ha criado la hija, ella
prácticamente recogió a su nieta VALERIA quien siempre estuvo a
cargo de ella, era doña YOLANDA quien le suministraba lo
necesario para sobrevivir tales como vivienda, alimentación,
vestido, tratamientos odontológicos, etc. ya que los padres de esta
menor no respondieron por ella. YOLANDA y yo nos separamos de
común acuerdo para que ella comprara lo suyo y lo que dejara le
tocara a la nieta. Ella cuando quiso hacer vueltas para adoptarla ya
estaba muy enferma y no alcanzó, ella supo cómo en marzo o Abril
que ya no se iba a mejorar y buscó unos abogados que le aconsejó
un amigo de ella, con el cual paseaba y bebía ella. Ella quería era
hacer las vueltas con esos abogados para dejarte la pensión a la
niña, pero, esos abogados le dijeron que como no la había
adoptado no tenían derecho, que yo tampoco por ser divorciado y
ellos le dijeron que colocara ese amigo de ella como compañero
permanente y que para que le dieran la pensión que era como en
nueve millones de pesos, me parece y que ese NELSON, el que
cobraba le pasaba la plata a la niña hasta que terminara la carrera y
estuviera trabajando, que dejaba para él un millón de pesos. ($1
000.000) mensual y que cuando la niña estuviera trabajando la
pensión la partiría con ADRIANA RIOS, eso me lo contó a mi
YOLANDA y la niña que sabía todo. Ella me dijo que iba a hacer
una declaración para que NELSON se lo"; administrara bien a los
niños cuando ella muriera. También sé que iban dos personas a
declarar que ellos era compañeros permanentes y si no estoy mal
uno de los testigos era una hermana de ella que se llama MARTHA
SALDARRIAGA y esa mujer tiene problemas mentales. ADRIANA
estuvo esta semana averiguando en ADIDAS y le dijeron que eso
no se podía que eso era un delito y que la menor si tiene derecho
y que ella firmara y pidiera la pensión para la niña. Mí hija está sin
empleo y nunca ha podido defenderse económicamente, siempre
fue YOLANDA la abuela quien vio por ellos y yo no tengo manera
de ayudarlos, YOLANDA falleció el 21 de junio del año 2018 y
estuvo hospitalizada 28 días.”

18

19

“[…] LUIS GONZALO DEL VALLE GARCES (…) CONTESTO: Bajo
la gravedad del juramento declaro que conozco a la señora ADRIANA
MARIA RIOS SALDARRIAGA, desde hace muchos años porque es la
hija de la señora MARIA YOLANDA SALDARRIAGA SALDARRIAGA,
quien era-jubilada del magisterio. La señora MARIA YOLANDA
SALDARRIAGA SALDARRIAGA, es la abuela materna de y a la vez
madre de crianza de la menor VALERIA GARCIA RIOS, de 16 años
de edad, hija de la señora ADRIANA RIOS SALDARRIAGA. Además
declaro que se que la señora ADRIANA MARIA RIOS padece de
inestabilidad emocional sicológica que le ha impedido laborar
debidamente, siempre ha sido ayudada por su madre, viéndose
obligada la señora YOLANDA SALDARRIAGA SALDARRIAGA a
recoger a su nieta quien siempre estuvo a cargo de ella, era doña
YOLANDA quien le suministraba lo necesario para vivir tales como
vivienda alimentación, vestido, tratamientos odontológicos, etc. Ya
que el padre de esta menor no responde por ella hasta el punto de que
debió ser demandado para que la reconociera como su hija. El padre
de esta menor, estoy enterado que apenas le proporciona la afiliación
a salud, pero, no saben nada de él y por lo tanto nada le da de dinero
para su mantenimiento. La señora YOLANDA estaba haciendo vueltas
para colocarlos como beneficiaria de ella, pero un abogado le aconsejó
que ellos no tenían derecho y le recibieron a ella una declaración para
que la pensión la recibiera después de su muerte un amigo de ella y
que si a él le pagaban la pensión como compañero permanente, ese
amigo que se llama NELSON, le pasarla la pensión a la menor Valeria
García Ríos, pero la señora ADRIANA estuvo una semana
averiguando eso en ADIDAS y le dijeron que eso no se podía que eso
era un delito y que la menor si tiene derecho, por eso ella nos pidió el
favor de declarar, porque YOLANDA falleció el mes de Junio de 2018”

Precisado lo anterior, esta Colegiatura considera que si bien, en dichas
declaraciones se afirma, por parte del abuelo materno el señor William Arturo
Ríos Restrepo que la señora Yolanda Saldarriaga Saldarriaga, se ocupaba de
suministrar todo lo necesario a Valería García Ríos, como alimentación, techo,
vestido, tratamientos odontológicos, y que se encargaba de ello, debido a que
su madre Adriana Ríos Saldarriaga es inestable psicológica y
emocionablemente, por lo que, su abuela se encargaba del apoyo económico
de la menor, también es cierto que, ello no es suficiente para demostrar que
la demandante es una hija de crianza. Ciertamente, las mencionadas
declaraciones, no logran evidenciar que se acreditan los requisitos señalados
por la jurisprudencia constitucional para tal efecto, como pasa a explicarse.

19

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(i) La solidaridad, conforme a la cual se evalúa cuál fue la causa que motivo,
a la madre de crianza a generar una cercanía con el hijo, conforme a la cual
deciden que debe unirse en un solo hogar, no está acreditada, puesto que la
inestabilidad psicológica y emocional que se afirmó padecía la madre de la
menor, no se respaldó por prueba alguna que así lo indicara.

(ii) En igual sentido, tampoco se demostró el remplazo de la figura materna
o paterna o ambas, puesto que el solo hecho que la señora Yolanda
Saldarriaga Saldarriga, tuviese el parentesco con la demandante, no hace que
se le reconozca como una madre de crianza, es necesario que logre probarse
que esta asumió un apoyo emocional y material constante y determinante para
el desarrollo de la menor. La Sala también advierte que, se presentó ausencia
de prueba respecto de los vínculos de afecto respeto, comprensión y
protección que como se ha indicado por la jurisprudencia, están relacionados
con la afectación moral y emocional que llegan a padecer los miembros de la
familia de crianza en caso de ser separados, y la interacción familiar día a día.
En tal sentido, no se ofreció detalle sobre el acompañamiento que realizaba la
señora Yolanda Saldarriaga a Valería García Ríos, en los que se demostrara
un acompañamiento social, familiar y apoyo permanente a la demandante.

(iii) La Sala destaca que, la existencia de un término razonable que permita
evidenciar la relación afectiva entre padres e hijos no fue demostrada en el
plenario, esto es, que no se probaron los hechos que rodearon el presunto
surgimiento de la familia entre la señora Yolanda Saldarriaga Saldarriaga y
Valeria García Ríos, y el mantenimiento estable por un tiempo adecuado para
que se infiera que existió una comunidad de vida. Ello porque como lo ha
señalado la jurisprudencia constitucional es necesario que trascurra un lapso
que permita forjar vínculos afectivos.

(iv) Por último, se hace referencia, a la afectación al principio a la igualdad,
según el cual las familias de crianza sufren idénticas consecuencias legales,
que las familias biológicas, en cuanto a obligaciones y derechos. De manera

20

21

que, en la medida en que el padre de crianza con su comportamiento asume
las mismas obligaciones que los padres biológicos, puede concluirse que
asume idénticas obligaciones.

Vistas así las cosas, y teniendo en cuenta que, el reconocimiento de la
sustitución pensional de los hijos de crianza, de acuerdo con los precedentes
de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado
surge como consecuencia de la protección constitucional de la familia
constituida por vínculos materiales, la Sala no encontró demostrados los
presupuestos requeridos por la jurisprudencia constitucional para tal efecto,
por ello, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo, de Antioquia que negó las pretensiones de la
demanda.

Finalmente, la Sala precisa, que confirmará la sentencia del 24 de noviembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, que negó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por Valeria García Ríos en contra de la UGPP, sin realizar
modificación alguna.

Lo anterior, por considerar que, si bien, la primera instancia declaró la nulidad
del acto administrativo demandado porque el fundamento de la negativa
contraría la jurisprudencia constitucional según la cual los hijos de crianza si
tienen derecho a la sustitución a la pensión de sobrevivientes de los padres de
crianza, pero se abstuvo de ordenar el restablecimiento del derecho, porque
en el caso concreto la demandante no acreditó dicha calidad, esta Sala no
encuentra que dicha orden sea impertinente e imprecisa porque la nulidad del
acto tiene lugar en que las razones allí expuestas son inconstitucionales, y
otro asunto diferente es que, no hay lugar al restablecimiento del derecho
porque el acto como tal no causó una afectación jurídica a la demandante, ya
que se confirma en esta instancia que la señora Valeria García Ríos, no

21

22

demostró su calidad de hija de crianza. En tal sentido, procede confirma la
sentencia de primera instancia.

2.7. Condena en costas.

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que
dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las
costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida,
verificar con certeza su causación y constatar que la conducta desplegada
revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del
proceso.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
abstendrá de imponerlas en esta sede.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Valeria
García Ríos en contra de la UGPP.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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23

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

23

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