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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-02072-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-02072-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 31 de enero de 2022 del Tribunal Administrativo de Antioquia, en relación con la denegación de las pretensiones de la demanda contra la Superintendencia de Transporte, por las razones expuestas en este fallo y, adicionalmente: (I) RECHAZAR la solicitud de cumplimiento respecto del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, al no encontrarse acreditado el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia. (II) DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción en relación con los artículos 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia, 159 de la Ley 769 de 2002 y 818 del Decreto 624 de 1989, por las razones expuestas en este fallo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2021-02072-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de noviembre de 2022

Demandante: Luis Emilio García Ramírez
Demandados: Municipio de Sopetrán y otro
Radicación No.: 05001-23-33-000-2021-02072-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02072-01
Demandante: LUIS EMILIO GARCÍA RAMÍREZ
MUNICIPIO DE SOPETRÁN Y SUPERINTENDENCIA DE
Demandados:
TRANSPORTE.
Tema: Confirma parcialmente - subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Conoce la Sala de la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 31 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. El señor Luis Emilio García Ramírez, actuando en nombre propio, ejerció
acción de cumplimiento para que se ordene al municipio de Sopetrán-Antioquia,
acatar lo dispuesto por los artículos 6 y 289 de la Constitución Política, 136 y 159 de
la Ley 769 de 20021 y 818 del Decreto 624 de 19892 y, en consecuencia, se decrete
de forma oficiosa la prescripción de la acción de cobro coactivo que dicha entidad ha
iniciado en contra de los ciudadanos sancionados por procesos contravencionales de
tránsito.

2. También que se inste a la Superintendencia de Transporte ejercer sus
funciones de control, vigilancia y emprender la investigación administrativa que
corresponda sobre la Alcaldía de Sopetrán, para que esta proceda a cumplir con las
normas señaladas.

3. De igual forma, solicitó que, en virtud de la falta de acción de la
Supertransporte, del municipio de Sopetrán y de la Personería Municipal en el

1 “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.”.
2 “por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General

de Impuesto Nacionales”.

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cumplimiento de deberes funcionales, se disponga remitir el asunto a la Procuraduría
General de la Nación para lo de su competencia.

1.1. Hechos

4. La parte actora indicó que la Inspección de Policía y Tránsito de Sopetrán
cobra multas de tránsito que han sufrido el fenómeno de la prescripción trienal con lo
que incurre en enriquecimiento sin causa a favor de la administración y vulnera los
principios de legalidad y la moralidad administrativa establecidos en el artículo 209
de la Constitución Política.

5. Señaló que el 14 de noviembre de 2021 solicitó a las accionadas dar
cumplimiento a las normas referidas en procura de que se decretarán las aludidas
prescripciones de los comparendos que imponen las sanciones de multas de tránsito,
sin obtener respuesta alguna.

6. Precisó que el municipio de Sopetrán no ha realizado el saneamiento contable
de las acreencias que tiene por concepto de multas afectadas por la prescripción que
la norma impone decretar de manera oficiosa y que la Supertransporte no ha iniciado
la vigilancia, ni el control administrativo requerido en contra de la Alcaldía de
Sopetrán, en los términos del artículo 4 del Decreto 2409 de 2019.

7. Para fundar su solicitud, entre otros elementos de prueba que acompaña a su
demanda, aportó los siguientes documentos: «(…) Estados de cuenta de infracciones de
tránsito, objeto de la declaratoria de prescripción oficiosa: 6.1 Luis Emilio GARCÍA
RAMÍREZ 6.2 Edwin Alexander LOTERO VANEGAS 6.3 Fausto VELASQUEZ MONSALVE
6.4 Felipe Andrés SAUCEDA BAENA 6.5 Juan Felipe ARENAS BETANCUR 6.6 Jorge
William MARULANDA CEBALLOS 6.7 Fredy Yovanny SUCERQUIA ARANGO (…)». (énfasis
fuera de texto)

2. Actuaciones procesales

8. Mediante providencia del 9 de diciembre de 2021 el Tribunal admitió la
demanda y ordenó notificar a las entidades accionadas, al Ministerio Público y a la
Agencia para la Defensa Jurídica del Estado3.

9. En el trámite de segunda instancia el despacho sustanciador advirtió que en el
curso de la primera se decretaron pruebas que no reposaban en el expediente, y que
resultan relevantes para resolver la impugnación presentada por la parte actora, por
tanto, ordenó oficiar al municipio de Sopetrán para que allegara «(…) copia del proceso
administrativo adelantado ante la solicitud y constitución de renuencia que soporta la
presente acción; e igualmente aporte un informe indicando las acciones, planes y programas
que ha adelantado en cumplimiento de las normas invocadas por el actor popular (sic) con el

3 Contra el auto admisorio se interpuso recurso de reposición que fue rechazado por improcedente

mediante providencia del 21 de enero de 2022.

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fin de identificar cuáles de los conductores sancionados se encuentran en proceso de cobro
coactivo, precisando los actos administrativos que los declaró contraventores, la fecha y
forma en que se hayan notificado los mismos, si ya se emitió mandamiento de pago, su
fecha, y el estado del proceso (…)».

10. Mediante comunicación del municipio de Sopetrán, Antioquia, se allegaron al
proceso los siguientes documentos: «(…) a. Expediente de la inspección Municipal de
Policía y tránsito de Sopetran – Correspondiente al señor LOTERO VANEGAS EDWIN
ALEXANDER, apoderado del señor GARCÍA RAMÍREZ LUIS EMILIO. b. Expediente
proceso de la personería municipal de Sopetran. c. Cuadro de Excel relacionando procesos
en cobro coactivo (…)»4. (sic)

3. Contestación

3.1 De la Superintendencia de Transporte.

11. A través de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda en
tanto las consideró carentes de sustento fáctico y jurídico y señaló que se
contraponen específicamente a que:

«(…) (i) se ordene a la Superintendencia de transportes a realizar el control e inicie la
vigilancia e investigación administrativa correspondiente a la ALCALDÍA DE
SOPETRÁN, para que esta proceda a darle cumplimiento a las normas en referencia
por el desacato de la legislación en cita en los términos del Decreto 2409 de 2019 y,
(ii) se traslade las omisiones alegadas por el demandante a la Procuraduría General
de la Nación para lo de su competencia en su poder preferente, pues en lo que
respecta a la Superintendencia de Transporte, esta no es la llamada a dar
cumplimiento a las normas invocadas por el actor, esto es, los artículos 136 y 159 de
la Ley 769 de 2002 y del artículo 818 del Decreto 624 de 1989 (…)».

12. Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por
pasiva de la superintendencia; (ii) cumplimiento de las funciones de la entidad dentro
del marco de su competencia; (iii) existencia de otro instrumento judicial para lograr
el acatamiento efectivo de la norma; (iv) ausencia de constitución en renuencia como
requisito de procedibilidad de la acción y; (v) la que denominó como genérica.

13. Señaló que no está llamada a cumplir con las normas que se dicen
desatendidas, que ha actuado dentro del marco de sus competencias y que, en todo
caso, no se le constituyó en renuencia. Adicionalmente precisó que:

«(…) en el caso concreto existen otros medios de defensa judicial procedentes para
la materialización del cumplimiento de los artículos 136 y 159 de la ley 769 de 2002 y
818 del Decreto 624 de 1989. Así pues, el accionante puede i) presentar los recursos
ordinarios dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, alegando que se
configuró el fenómeno de la prescripción de la acción de cobro coactivo; ii) solicitar la

4 Según consta en el índice 7 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.

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revocatoria directa de los actos administrativos expedidos con ocasión de los
procedimientos administrativos sancionatorios; iii) acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el fin de solicitar la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos que hubiesen decretado la sanción contra el ciudadano, aún cuando
operaba el fenómeno de la prescripción; y iv) solicitar la activación del procedimiento
disciplinario a través de una queja ciudadana, pues la normativa lo prevé e incluso el
mismo demandante lo solicita en la pretensión número 7° de la demanda, a saber: “le
solicito traslade de estas omisiones a la Procuraduría General de la Nación para lo de
su competencia en su poder preferente”(…)».

3.2 Del municipio de Sopetrán

14. La entidad territorial accionada no allegó contestación de la demanda.

4. Sentencia impugnada.

15. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 31 de enero de
2022, resolvió:

«(…) PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de “Existencia de otro
instrumento judicial para lograr el cumplimiento efectivo de la norma”, formulada por
la Superintendencia de Transporte, y en consecuencia, NEGAR las pretensiones
incoadas mediante el MEDIO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE NORMA CON
FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, impetrada por el
señor Luis Emilio García Ramírez contra el Municipio de Sopetrán y la
Superintendencia de Puertos y Transporte (…)».

16. El A quo señaló que como el fenómeno jurídico de la prescripción debe ser
analizado en cada caso particular, las personas que consideren que las sanciones de
tránsito están prescritas, cuentan con otros medios de defensa judicial; aunado a
ello, las normas invocadas como incumplidas, no poseen en su contenido un
mandato claro, expreso y exigible respecto de las entidades demandadas.

17. Precisó que en relación con el artículo 4 del “Decreto 2409 de 2019” (sic) que
establece el deber de la Superintendencia de Transporte para ejercer las labores de
inspección, vigilancia y control de las normas en materia de tránsito, se avizora que
esta tampoco cuenta con una orden imperativa que obligue a dicha autoridad a
intervenir para la prescripción de comparendos en las secretarías de tránsito
municipales.

18. Sostuvo que aunque las normas con fuerza material de ley que el accionante
identificó como incumplidas están vigentes y son aplicables al caso, no radican en las
entidades demandadas un mandato inobjetable de declarar la prescripción de los
comparendos pues, tal como se desprende de su propia formulación, este deber está

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condicionado a que esta no se haya interrumpido, circunstancia que no puede ser
verificada por el juez de cumplimiento sin desbordar su competencia. Igualmente,
resaltó que la pretensión invocada es genérica y no corresponde a un caso
específico.

19. Indicó que, se incumple con el requisito relacionado con la existencia de otros
mecanismos de defensa porque cada presunto contraventor que considere que la
acción coactiva en su contra se encuentra prescrita, tiene a su disposición la
posibilidad de realizar la correspondiente reclamación ante la entidad y
posteriormente, instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionar la decisión que la administración emita en cada situación
particular y concreta; asimismo, y en caso de ser notificado el mandamiento de pago,
la persona acorde a las condiciones específicas, podrá formular la prescripción como
medio exceptivo, y en el evento de no prosperar, enjuiciar a través de la herramienta
jurídica ya mencionada, la legalidad de la decisión que ordene seguir adelante la
ejecución, tal y como lo contempla el inciso 1° del artículo 101 del CPACA.

5. Impugnación

20. La parte actora se opuso al fallo de primera instancia y solicitó que sea
revocado. Señaló que en el presente trámite no se acredita que el actor obre como
apoderado de los posibles beneficiarios de la medida, ni se argumenta la calidad en
la que actúa, quien por el contrario promovió la presente acción en ejercicio de un
interés público, por lo cual, no habrá lugar a pedir o acudir a otros medios de control
ante falta de legitimidad para invocarlos frente a la judicatura.

21. Precisó que mediante esta acción constitucional se busca que se ordene al
municipio de Sopetrán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley
769 de 2002, modificado por el artículo 206 del Decreto 019 de 2012 y, en
consecuencia, se aplique la prescripción y se retiren de la base de datos del SIMIT y
RUNT, todas las multas impuestas a los ciudadanos a quienes no se les haya
notificado de forma personal, el mandamiento de pago, dentro del término de tres (3)
años establecido en la norma en cita, o que una vez notificado haya transcurrido
igual término sin que se hayan iniciado los procesos de cobro coactivo. También
señaló que se busca que se ordene a la superintendencia ejercer el control efectivo
sobre el municipio para efectos de que se aplique la mencionada prescripción.

22. Expuso que la referida norma establece en cabeza de la accionada una
obligación clara de declarar de oficio el fenómeno prescriptivo cuando se configuran
los supuestos para ello e impone, incluso, la prohibición de adelantar procesos de
cobro coactivo bajo dichas circunstancias.

23. Por lo tanto, reiteró lo solicitado en la demanda, a saber:

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«(…) solicito al honorable Consejo de Estado que ordene al Municipio de Sopetrán,
que declare de manera OFICIOSA la prescripción de todas las sanciones de tránsito
cometidas hasta tres (3) años atrás a la fecha de la presente sentencia, sobre las
cuales no se haya notificado el mandamiento de pago, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 159 de la Ley 769 de 2002.
Es decir, de todas aquellas sanciones de tránsito impuestas por hechos cometidos
con anterioridad al 12 de DICIEMBRE de 2018 que, a la actualidad, no se les haya
notificado el respectivo mandamiento de pago.
De igual manera, que se conmine al Municipio de Sopetrán, para que en lo sucesivo,
continúe dando aplicación y cumplimiento al artículo 159 de la Ley 769 de 2002,
modificado por el artículo 206 del Decreto Ley 019 de 2012, en el sentido de declarar
de oficio la prescripción de las sanciones de tránsito, frente a las cuales se haya
superado el término de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos
(…) el hecho de no haber iniciado oportunamente los cobros coactivos por las
sanciones impuestas por las autoridades de tránsito de ese Municipio, puede ser
constitutivo de faltas de naturaleza disciplinaria y fiscal, razón por la cual solicito que
se compulsen copias a la Personería del Municipio de Sopetrán y a la Contraloría
General de Antioquia para que se investigue a los presuntos responsables de estas
omisiones. (…)» (sic)

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

24. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada contra
la sentencia del 31 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 5 , 150 6 y 243 7 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA- Ley 1437 de 20118, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección
Quinta de esta Corporación para conocer de “…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera
instancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

25. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es
hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto

5 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
6 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
7 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
8 “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como
de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o
de unificación de jurisprudencia. (…)”.

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es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

26. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 29 de julio de
19979, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la
renuencia” (artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de
ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se
considera desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se
niegue a atender su cumplimiento.

27. Para que la demanda proceda, se requiere:

a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e
inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en
ejercicio de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y que, en efecto,
se establezca que existe la desatención de la norma o acto;

b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al que consideró
como obligado, el cumplimiento de su deber legal;

c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en el acto administrativo, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción; que no se trate de una norma que establezca gastos, ni
tampoco del reclamo de un derecho que pueda garantizarse por la vía de la acción
de tutela.

3. Del agotamiento de la renuencia como requisito de procedibilidad

28. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en
renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe
elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto
administrativo con citación precisa de éste 10 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de

9 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.
10 3. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por
carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la Superintendencia de
Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de 2000; 14 del Decreto 1016 de 2000
y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales,
sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el deber legal que pedía cumplir, en criterio de la
Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió
con el requisito de procedibilidad de la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”.
(Negrita fuera de texto)

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la solicitud.

29. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado
que «(…) el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de
la acción de cumplimiento (…)»11.

30. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:
«(…) Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición
de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo;
el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación
del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del
destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del
incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar
el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular la
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará
el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos (…)»13 (Negrillas fuera de texto).

31. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
«(…) Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud (…)».

32. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de

octubre de 2011, exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,

expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. M.P: Susana Buitrago Valencia.
13 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-

2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.

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constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo
prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.

33. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando la petición «(…) tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia (…)».14.

34. En este caso concreto, el actor presentó ante la Alcaldía de Sopetrán, el
Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte solicitud con fecha del
16 noviembre de 202115 en la que requirió acatar lo dispuesto en los artículos 4 y 6
de la Constitución Política, 206 del Decreto 019 de 2012 que modificó el artículo 159
de la Ley 769 de 2002, 161 de la Ley 769 y 818 del Estatuto Tributario y
adicionalmente exigió que la Supertransporte ejerza el control efectivo e inicie la
vigilancia e investigación administrativa correspondiente al municipio, para que esta
proceda a darle cumplimiento a las normas en referencia por el desacato de la
legislación en cita en los términos del artículo 4 del Decreto 2409 de 2019.

35. En el expediente, no se encuentra la respuesta a la petición referida por parte
de la cartera ministerial, ni del municipio y, en la emitida por la superintendencia, se
señala expresamente que esa entidad «(…) (i) no es el superior jerárquico o funcional de
los organismos de tránsito, (ii) no ostenta funciones jurisdiccionales para desvirtuar la
presunción de legalidad o efectuar control de legalidad de los actos administrativos
expedidos por entidades territoriales y sus correspondientes dependencias (…)», y por
tanto, precisó que no es competente para realizar pronunciamiento o juicio respecto
al trámite surtido por el organismo de tránsito en ejercicio de su potestad
sancionatoria frente a las infracciones de tránsito.

36. Así las cosas, no hay duda de que previo a ejercer la presente acción de
cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia
respecto de los artículos 159 de la Ley 769 de 2002 -modificado por el artículo 206
del Decreto 019 de 2012- y 818 del Estatuto Tributario.

37. Por otro lado, observa la Sala que el actor demanda el cumplimiento del
artículo 136 de la Ley 769 de 2002, frente al que no se constituyó en renuencia a las
accionadas, en tanto dicha norma no se relacionó en el escrito del 16 de noviembre
de forma autónoma y con el objetivo de requerir su cumplimiento, sino como
disposición de referencia para el trámite de los actos administrativos que señaló en el
apartado de “Peticiones adicionales”. Lo anterior no se acompasa con la finalidad

14 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, exp.

ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
15 Según consta en las páginas 36 a 38 del documento “ED_03DEMANDA(.pdf)” dentro del índice 2

del expediente digital en el aplicativo SAMAI, la solicitud quedó radicada bajo el No. 20215341931772
del 16 de noviembre de 2021.

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Demandante: Luis Emilio García Ramírez
Demandados: Municipio de Sopetrán y otro
Radicación No.: 05001-23-33-000-2021-02072-01

del requisito de procedencia de esta acción.

38. Ahora bien, en relación con la previsión contenida en el inciso 2º del artículo
16
8 de la Ley 393 de 1997, en el que se establece la posibilidad de que la acción
proceda cuando se advierta el inminente peligro para el accionante de sufrir un
perjuicio irremediable, una vez revisado el expediente, la Sala encuentra que la parte
actora no alegó, sustentó o acreditó la existencia de alguna situación de esta
naturaleza en la demanda, por lo que no es viable obviar este requisito de
procedibilidad. En consecuencia, se impone rechazar la demanda frente a la referida
disposición que es lo que corresponde cuando no se cumple con el requisito de
constituir la renuencia17.

4. De la procedencia de la acción de cumplimiento.

39. Se advierte que, en el apartado “A. Señalamiento de las normas cuyo
cumplimiento se solicita” de la demanda, el actor reseña los artículos 6 y 209 de la
Constitución Política y que, esta última disposición tampoco fue mencionada en el
escrito del 16 de noviembre de 2021, sin embargo, al considerar que este medio de
control no es el procedente para buscar el acatamiento de normas de rango
constitucional, la Sala anticipa que no dispondrá su rechazo, sino que declarará la
improcedencia de la solicitud de cumplimiento respecto de estas dos normas
constitucionales.

40. En relación con los artículos 159 de la Ley 769 de 2002 y 818 del Decreto 624
de 1989, encuentra la Sala que son preceptos actualmente exigibles porque no están
derogados, ni suspendidos y su acatamiento no implica gasto, ni la protección de
derechos fundamentales, lo que torna procedente la acción de cumplimiento.

41. Pese a lo anterior y conforme lo dispuesto por el artículo 918. de la Ley 393 de
1997, la acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya

16 “Artículo 8: (…) Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá

que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la
autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este
requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable para el accionante, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda
(…)”. (Énfasis fuera de texto)
17
Sobre el tema consultar, entre otras, sentencia de 7 de febrero de 2019, radicado, 68001-23-33-
000-2018-00949-01. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y sentencia de 12 de mayo de 2022,
radicado: 23001-23-33-000-2022-00017-01. MP Luis Alberto Álvarez Parra.
18 “ARTICULO 9o. IMPROCEDIBILIDAD. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección

de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le
dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela. Tampoco procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de
la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e

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Demandante: Luis Emilio García Ramírez
Demandados: Municipio de Sopetrán y otro
Radicación No.: 05001-23-33-000-2021-02072-01

tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr la efectiva materialización de
la norma o acto administrativo salvo que, de no proceder el juez, se cause un
perjuicio grave e inminente para el accionante.

42. En este sentido, se allegó copia del expediente administrativo que adelantó el
municipio de Sopetrán ante la solicitud y constitución de renuencia que soporta la
presente acción, en el que se encuentran poderes, solicitudes, recursos
administrativos y gestiones promovidas por el actor, en calidad de apoderado del
ciudadano Edwin Alexander Lotero Vanegas19, con el objeto de controvertir y discutir
los actos y actuaciones adelantadas por la Inspección de Policía y Tránsito del
municipio de Sopetrán, relacionadas con la imposición de multas por infracciones de
tránsito y los procesos contravencionales y de cobro coactivo derivados de estas, las
cuales coinciden con las pretensiones planteadas a través de esta acción
constitucional.

43. Considerando lo anterior, la Sala observa que las pretensiones de la parte
actora van más allá del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 159 de la Ley
769 de 2002 y 818 del Decreto 624 de 1989, toda vez que, sin duda, lo que propone
con el ejercicio de este mecanismo constitucional es una controversia que debe
resolverse en el marco de los procesos de cobro coactivo en los que se advierta la
configuración del fenómeno prescriptivo, en la que este juez constitucional no puede
interferir, toda vez que, como lo menciona el tribunal A quo, le corresponde a cada
uno de los afectados proponer dicha excepción en el trámite de estos según
corresponda y en el evento de no prosperar, realizar la reclamación ante la entidad y
posteriormente cuestionar la legalidad de la decisión que la administración emita en
cada caso particular y concreto, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el juez de lo contencioso administrativo.

inminente para el accionante. PARAGRAFO. La Acción regulada en la presente Ley no podrá
perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).
19
Dentro del material probatorio aportado y enlistado por el municipio de Sopetrán se destacan los
siguientes, que obran en el índice 7 del expediente digital de SAMAI:
“20- Presentación del poder otorgado de Edwin Alexander a Luis Emilio García Ramírez – Fecha: 27 de marzo del 2020-
21. Solicitud de prescripción – Fecha: 27 de marzo del 2020-
22. Respuesta de negando la prescripción -Fecha: 27 de abril de 2020-
23. Presentación de recurso de apelación y reposición frente al derecho de petición generado el 27 de marzo del 2020 – Fecha:
7 mayo del 2020 –
24. No se accede a la solicitud del numeral vigésimo tercero - Fecha: 13 de mayo de 2020-
25. Resolución 235 del 2020 negación de recurso de apelación por improcedencia – Fecha: 8 de junio de 2020-
26. Se traslada la decisión del superior al recurrente – Fecha: 9 de junio de 2020-
27. Se presenta derecho de petición de interés particular -Fecha: 23 de diciembre del 2022-Nota aclaratoria: se adjunta folios
presentados mediante proceso de la personería municipal de Sopetran
28. Se da respuesta al derecho de petición de interés particular. -6 de enero del 2022-
Nota aclaratoria: se adjunta folios presentados mediante proceso de la personería municipal de Sopetran
29. Se presenta acción de tutela Radicado 053064089001202100002 -Fecha: 27 de enero del 2021-
30. Se presenta contestación de tutela - informe presentado y adjunto -Fecha: 28 de enero del 2021-
31. Se emite decisión respecto a la cual se niega la tutela toda vez que es improcedente -Fecha: 9 de febrero del 2021-
32. Recepción de solicitud de autorización de trámite de licencia solicitada por el RUN – Fecha: 3 de marzo del 2021 –
33. Respuesta al RUN mediante oficio número 165 se procede a remitir la información solicitada. – Fecha: 12 de marzo del
2021”.

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44. De igual forma y como se desprende del análisis del referido expediente
administrativo, se advierte que la parte actora, contrario a lo manifestado en su
impugnación, no actúa en ejercicio de un interés público, sino en procura de un
intereses particular y subjetivo, correspondiéndole por tanto, acudir ante el juez de lo
contencioso administrativo, a través de los medios de control ordinarios, que para el
caso particular fue el de nulidad y restablecimiento del derecho que tuvo a
disposición para discutir la legalidad de los actos que le negaron la prescripción y
que ahora pretende cuestionar por este cauce procesal que, por subsidiariedad,
escapa a la órbita de conocimiento de este juez constitucional.

45. Así las cosas, la Sala precisa que, frente a la existencia de otros mecanismos
de defensa judicial, la acción de cumplimiento deviene en su improcedencia por lo
que corresponde declararla. Se reitera que, ante la previsión contenida en el artículo
9 de la Ley 393 de 1997 que establece la posibilidad de que la acción proceda
cuando se observe el inminente peligro para el accionante de sufrir un perjuicio
grave, como se indicó en precedencia, se constató que la parte actora no lo alegó,
sustentó o acreditó, por lo que tampoco es viable obviar este requisito de
procedibilidad.

46. En relación con el planteamiento del impugnante que se orienta a que se
declare que la Superintendencia de Transporte es renuente a ejercer el efectivo
control y vigilancia sobre el municipio de Sopetrán para que proceda a darle
cumplimiento a las normas que se acusan de incumplidas, esta Sala observa que del
artículo 4° del Decreto 2409 de 201820 que establece la obligación del organismo

20 “Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan

otras disposiciones. (…) ARTÍCULO 4. Objeto. La Superintendencia de Transporte ejercerá las
funciones de vigilancia, inspección, y control que le corresponden al Presidente de la República como
suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de
conformidad con la ley y la delegación establecida en este decreto. El objeto de la delegación en la
Superintendencia de Transporte es:
1. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema
de tránsito y transporte.
2. Vigilar, inspeccionar, y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de
transporte, con excepción del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo
metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, del servicio público de transporte, terrestre automotor
individual de pasajeros en vehículos taxis en todo el territorio nacional y de la prestación del servicio
escolar en vehículos particulares cuya vigilancia continuará a cargo de las autoridades territoriales
correspondientes.
3. Inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación,
operación y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte.
4. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de las normas para el desarrollo de la gestión de
infraestructura propia del sector transporte.
5. Inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación,
operación, administración, explotación y/o mantenimiento de la infraestructura marítima, fluvial y
portuaria.
De conformidad con las funciones delegadas y otorgadas en la normativa vigente, la Superintendencia
de Transporte velará por el libre acceso, seguridad y legalidad, en aras de contribuir a una logística
eficiente del sector. (…)”

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para ejercer las labores de inspección, vigilancia y control de las normas en materia
de tránsito, no emana una obligación clara, expresa y actualmente exigible en
cabeza de la accionada en los términos requeridos por la parte actora.

47. En efecto, la Supertransporte, al contestar la demanda señaló que su proceder
se ajusta al marco competencial definido por la norma e indicó que «(…) ejerce control
y vigilancia a los organismo de tránsito según lo estipulado en el parágrafo 3 del artículo 3 de
la Ley 769 de 2002, dicho control se efectúa con total respeto del principio de
descentralización territorial, en dicha medida, no efectúa control o supervisión de los
procedimientos administrativos adelantados por infracción a las normas de tránsito y su
cobro coactivo, sumado que la ST no es el superior de los entes territoriales y de sus
organismos de tránsito, en virtud del principio de descentralización administrativa (…)», por
tanto, esta Sala no encuentra justificación para que prosperen las pretensiones de la
parte actora frente a esta entidad, por lo que corresponde confirmar parcialmente la
sentencia de primera instancia respecto de la denegación de la demanda interpuesta
contra este órgano de vigilancia y control.

48. Por otro lado, la parte actora agregó a su escrito de impugnación la siguiente
solicitud: «(…) el hecho de no haber iniciado oportunamente los cobros coactivos por
las sanciones impuestas por las autoridades de transito de ese Municipio, puede ser
constitutivo de faltas de naturaleza disciplinaria y fiscal, razón por la cual solicito que
se compulsen copias a la Personería del Municipio de Sopetrán y a la
Contraloría General de Antioquia para que se investigue a los presuntos
responsables de estas omisiones (…)». (Énfasis fuera de texto)

49. Al respecto, la Sala considera que lo anterior se constituye en una nueva
solicitud expuesta con la impugnación, frente a la que las entidades accionadas no
tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues no se
propusieron en ese sentido y con esa finalidad en el escrito de renuencia y la
demanda de cumplimiento y, por tanto, no se puede tener en cuenta para emitir un
pronunciamiento sobre el particular en esta instancia toda vez que se vulneraría el
derecho al debido proceso de las entidades demandadas.

50. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente la sentencia del 31 de
enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en relación con la
denegación de las pretensiones contra la Superintendencia de Transporte y,
adicionalmente dispondrá: (i) rechazar la demanda en lo que concierne al artículo
136 de la Ley 769 de 2002 y; (ii) declarar la improcedencia de la acción respecto de
los artículos 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia, 159 de la Ley 769 de
2002 y 818 del Decreto 624 de 1989, por las razones expuestas en este fallo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 31 de enero de 2022 del
Tribunal Administrativo de Antioquia, en relación con la denegación de las
pretensiones de la demanda contra la Superintendencia de Transporte, por las
razones expuestas en este fallo y, adicionalmente:

(I) RECHAZAR la solicitud de cumplimiento respecto del artículo 136 de la
Ley 769 de 2002, al no encontrarse acreditado el requisito de
procedibilidad de constitución en renuencia.
(II) DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción en relación con los
artículos 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia, 159 de la Ley
769 de 2002 y 818 del Decreto 624 de 1989, por las razones expuestas
en este fallo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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