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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2022-00017-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2022-00017-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 4 de marzo de 2022 proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba para, en su lugar, RECHAZAR la demanda por no encontrarse acreditado el requisito de procedibilidad de la renuencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2022-00017-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de mayo de 2022

Demandante: Alcides Hernán Pereira Ortega
Demandado: CASUR
Radicación: 23001-23-33-000-2022-00017-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 23001-23-33-000-2022-00017-01
Demandante: ALCIDES HERNÁN PEREIRA ORTEGA
Demandados: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL – CASUR

Tema: Acción de cumplimiento – Revoca sentencia de primera
instancia para rechazar por renuencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Quinta procede a resolver la impugnación interpuesta por el
accionante contra la sentencia de 4 de marzo de 2022, proferida por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba que declaró
improcedente la acción de cumplimiento de la referencia, por subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

El señor Alcides Hernán Pereira Ortega, en ejercicio de la acción prevista en la
Ley 393 de 1997, demandó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
en adelante CASUR, con la finalidad de obtener el acatamiento del inciso 2° del
numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley 923 de 20041.

1.2. Hechos

1.2.1. El accionante manifestó que ingresó a la Policía Nacional como agente
alumno, el 12 de diciembre de 1983, “mediante O.A.P. 0006 de 1984”.

1.2.2. El 7 de octubre de 1998, a través de la Resolución No. 02909, fue
destituido cuando tenía el grado de subintendente.

Indicó que laboró 16 años, 9 meses y 17 días, durante los cuales prestó sus
servicios en los departamentos de Huila y Córdoba.

1
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política.”.
1
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Demandante: Alcides Hernán Pereira Ortega
Demandado: CASUR
Radicación: 23001-23-33-000-2022-00017-01

Sostuvo que el inciso 2° del numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley 923 de 2004
preceptúa que los miembros de la fuerza pública en servicio activo, no es
exigible como requisito para el reconocimiento del derecho a la asignación de
retiro, un tiempo superior al regido por las disposiciones vigentes al momento
de la expedición de dicha ley, cuando el retiro se produzca por solicitud
propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra
causa.

1.2.3. Con fundamento en la norma invocada en la demanda, la sentencia de
3 de septiembre de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
radicado No. 11001-03-25-000-2013-00543-00 que declaró la nulidad del
artículo 2° del Decreto 1858 de 2012 por medio del cual se fijó el régimen de
asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y
teniendo en cuenta que las pensiones no prescriben, solicitó a CASUR el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

1.2.4. A través del Oficio 627166 de 28 de enero de 2021, CASUR le indicó
que no tenía derecho a la señalada prestación, debido a que fue
desvinculado de la Policía Nacional, por destitución desde el 7 de octubre de
1998, como ya le había indicado en los radicados 490479 de 17 de
septiembre de 2019, 518455 y 602794, de 21 de octubre y 2 de diciembre de
2020.

1.2.5. A pesar de lo anterior, el actor reiteró su solicitud de asignación de
retiro y por medio de Oficio 690612 de 22 de septiembre de 2021, CASUR le
indicó que ya había dado solución a su caso en el Oficio 490479, contra el
referido oficio el actor presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación.

Finalmente, aludió que tiene 67 años, es desempleado, padece diabetes
mellitus tipo II, para lo cual aportó su epicrisis.

1.3. Trámite de la solicitud en primera instancia

El presente asunto 2 fue conocido, en primera instancia, por la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba que, por medio de auto de
11 de febrero de 2022, admitió la demanda y ordenó notificar a CASUR y al
Ministerio Público.

2
El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Montería, en auto de 4 de febrero de 2022, remitió
por competencia el asunto al Tribunal Administrativo de Córdoba, en atención a que la autoridad
demandada es del orden nacional.
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1.5. Informe

1.5.1 CASUR se opuso a la solicitud de cumplimiento, propuso las
excepciones que denominó “improcedencia de la acción de cumplimiento” e
“indebida escogencia de la acción”.

Manifestó que, bajo la excusa del cumplimiento de una norma de rango legal,
la parte actora busca la modificación de una situación jurídica de carácter
particular y concreto, que fue resuelta de forma desfavorable en sede
administrativa.

Aludió que lo perseguido por el actor, es discutir la legalidad de actos
definitivos para eludir el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997 .

Señaló que, por medio de esta acción no podría llegar a disponerse la
revocatoria o nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se
negó la prestación, por estar cobijados con la presunción de legalidad.

Sostuvo que el actor se homologó al nivel ejecutivo, por considerar que
llenaba sus expectativas. Por tanto, señaló que es contrario a derecho
pretender la aplicación del numeral 3.1 del artículo 23, debido a que se
encuentra destinada a los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía
Nacional, y no al nivel ejecutivo.

Igualmente, aportó copia de los antecedentes administrativos que reposan en
la entidad en cuanto al accionante y en donde, entre otras, obra:

-Resolución No. 6475 de 23 de noviembre de 1999, por medio de la cual
CASUR negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, y
Resolución No. 00556 de 11 de febrero de 2000 que rechazó el recurso de
reposición propuesto contra la decisión anterior 3.

-La sentencia de 16 de diciembre de 2003, expediente 23001-23-00000-2000-
2739-00 del Tribunal Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor Pereira
Ortega contra la Resolución No. 6475 de 23 de noviembre de 1999 de CASUR4.

• Auto admisorio de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2006-
00877-005 contra la sentencia de 16 de diciembre de 2003 del Tribunal

3
Páginas 51 a 55 y 64 a 66 del archivo. pdf “ED_08CONTESTACIONCASUR(.pdf) N roActua 2”,
obrante en el índice 2 del presente trámite en SAMAI.
4
Páginas 80 a 91 del archivo. pdf anteriormente citado.
5
Página 94 del archivo .pdf anteriormente citado.
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Administrativo de Córdoba, por la presunta vulneración de los derechos al debido
proceso, igualdad, trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y derechos
adquiridos.

• Oficio del 4 de abril de 2011, por medio del cual la Secretaría del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería Sala Civil – Familia – Laboral le
comunica al director de CASUR que por medio de sentencia de 1° de abril de 2011
en la acción de tutela “2011-00056” presentada por el señor Alcides Hernán
Pereira Ortega contra esa entidad, por la presunta vulneración de los derechos a
la vida, pensión, debido proceso, igualdad, trabajo, a la seguridad social, derechos
adquiridos y al mínimo vital, ante la negativa de reconocimiento de la asignación
de retiro, resolvió “CONFIRMAR el fallo impugnado de fecha febrero 22 de 2011
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería”6 que había negado el
amparo solicitado7.

1.5.2. El Ministerio Público guardó silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, en
sentencia de 4 de marzo de 2022, resolvió:

“[…] DECLÁRASE LA IMPROCEDENCIA de la presente acción de cumplimiento,
incoada por el señor Alcides Hernán Pereira Ortega contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional - CASUR, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. […]”.

El Tribunal indicó que la acción de cumplimiento era improcedente, de
conformidad con el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, por cuanto el
accionante pudo demandar los oficios 490479 de 17 de septiembre de 2019,
518455, 602794, de 21 de octubre y 2 de diciembre de 2020 y 627166 de 28 de
enero de 2021, por medio de los cuales se negó el reconocimiento de
asignación de retiro.

Indicó que el medio idóneo y eficaz para resolver la situación particular y
concreta del actor es la nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA.

Explicó que, si bien el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 dispuso que
excepcionalmente podía superarse dicho requisito de procedencia ante la
existencia de un perjuicio irremediable, lo cierto es que los artículo s 229 y
siguientes del CPACA prevén la interposición de medidas cautelares a las

6
Página 210 del archivo .pdf anteriormente citado
7
Página 209 del archivo .pdf anteriormente citado
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cuales también podía acudir el accionante en caso de considerarlo
necesario 8.

1.7. impugnación

El señor Pereira Ortega impugnó la decisión de primera instancia indicó que el
Tribunal en primera instancia erró “[…] ya que el derecho a la pensión es
irrenunciable, es un derecho a la seguridad social caminando en contravía con lo
normado en el artículo 53 superior”, por lo que puede solicitar su asignación de
retiro en cualquier momento.

Indicó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho “es un proceso
largo dispendioso que genera desgastes al aparato judicial habiendo estadios
constitucionales de términos más cortos y que benefician a una persona como yo
de 67 años de edad y enfermo de diabetes, enfermedad que no es curable y más
mortalidad ha tenido después del COVID19, por lo que no se puede hacer
apología a la renuencia que tiene casur (sic) el cual niega un derecho adquirido”.

Precisó que el medio de control lo “[…] interpuse buscando que se diera
cumplimiento a una ley marco como lo es la ley 923 de 2004, por renuencia de la
accionada para cumplirla en la parte considerativa”.

Señaló que es viable este mecanismo porque “casur (sic) atenta contra el mínimo
vital, el derecho que se me causa a mí y a mi familia un perjuicio irremediable
porque se me está dejando sin unos dineros por asignación de retiro que yo aporte
a dicha entidad en los 16 años 9 meses y 17 laborados al servicio de la Policía
Nacional y que por ende me sirve para el sustento mío y de mi familia, además
necesito el servicio médico para mi enfermedad, por lo que considero que la
acción de cumplimiento sí es procedente por lo que se trata de derechos
adquiridos”.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley 393 de 19979, 125, 150 y

8
El Tribunal se apoyó en las consideraciones de la sentencia de esta Sección de 10 de mayo de
2018, radicación 47001-23-33-000-2017-00425-01. MP. Rocío Araujo Oñate.
9
“Artículo 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será
competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el
Juzgado Administrativo.
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243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo “CPACA”, Ley 1437 de 201110, así como en el artículo 13, numeral
7º, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación
para conocer de “[…] las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en
las acciones de cumplimiento. […]”.

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 4
de marzo de 2022 de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba que declaró improcedente por subsidiariedad, la acción de cumplimiento,
para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia frente
CASUR respecto del inciso 2° del numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley 923 de
2004, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta. ¿la acción de cumplimiento es procedente
para ordenar el reconocimiento de la asignación de retiro con ocasión de la
norma invocada en la demanda o por el contrario el actor debió acudir a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los actos que negaron dicha prestación?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de cumplimiento; (ii) requisitos de
procedibilidad y; (iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Generalidades de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto

Parágrafo. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados
que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
Parágrafo Transitorio. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones
dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
10
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución
Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas,
la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos
administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento
del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o
el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina
a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo
cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que
tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”11.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere12, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:

i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)13.

11
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
12
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta
Sección: sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26
de mayo de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, MP. Alberto Yepes Barreiro;
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación 20001-23-
33-000-2016-00371-01 MP. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 2 de febrero de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E).
13
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento (Arts.
5º y 6º).

iii) Que se pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del
deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o
por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “[…]
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (Art. 8º).

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, circunstancia
que hace improcedente la acción, salvo el caso excepcional en el que se produzca
un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. También son causales
de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que
establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

2.3.1.1. Normas contra las que procede la acción de cumplimiento y
requisitos

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae la acción de
cumplimiento comprenden tanto la ley en sentido formal como material, esto último
desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa
dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades
conferidas por los artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución
Política14.

Sin dejar a un lado, la procedencia de la acción de cumplimiento contra los actos
administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que éstos
reflejan la voluntad unilateral de la administración de producir efectos jurídicos, se
precisa que no es dable este mecanismo constitucional para pretender la
observancia de normas constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la
diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta
misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al
concluir que no procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento
de normas supremas […]”15.

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21
de enero de 1999, radicado ACU-546.
15
Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).
8
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Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad de la acción y, para ello,
es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una
solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al
particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto
de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero
enfocado al fin reseñado16.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia de la acción, si se cuenta
con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de
la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación
gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como
salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela,
pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.

Así mismo, por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se
puede incoar frente a normas que generen gastos,17 a menos que estén
apropiados;18 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en
este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo
previsto por el artículo 86 Superior19.

2.3.2. De la renuencia e improcedencia de la acción de cumplimiento

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este20 y
que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

16
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012,
76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU).
17
Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicado 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU).
18
Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente, radicado 25000-23-41-000-
2015-00493-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
19
Sentencia ibidem.
20
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que
sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de
la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
9
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Demandado: CASUR
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Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que
“[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento […]”21.

Sobre el tema, esta Sección22 ha dicho que:

“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que
consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos […]23” (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.

Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, MP. Mauricio Torres Cuervo.
22
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01, MP. Susana Buitrago.
23
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla.
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solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Córdoba no se pronunció
frente al requisito de procedencia de la renuencia.

Para el caso particular, la Sala evidencia en el expediente digital24 que la parte
actora con el fin de acreditar la renuencia de la demandada aportó:

-Oficio No. 490479 de 17 de septiembre de 2019, en el que la CASUR le indicó:

“En atención a los escritos del asunto, relacionados con el reconocimiento de
asignación mensual de retiro a que cree tener derecho, le informo que según la hoja
de servicios, se certifica que ingresó a la Policía Nacional en la categoría de Agente
y se homologó al Nivel Ejecutivo, prestando servicios por espacio de 16 años, 09
meses, 17 días, incluidos tiempos de Agente Alumno, Agente Nacional, Nivel
Ejecutivo, siendo desvinculado de la Institución por "...Destitución...", a partir del
07/10/1998.

De conformidad con el Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el Decreto 1858
del 06/09/2012, se establece en el artículo 1: " Fijase (sic) el pensional y de
asignación de retiro para el personal que ingresó voluntariamente al Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional antes del 01 de Enero de 2005, siendo Suboficiales o
Agentes, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la Institución
después de quince (15) años de servicio por llamamiento a calificar servicios, por
voluntad de la Dirección General o por disminución de la capacidad psicofísica y los
que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o
destituidos después de los veinte (20) años de servicio, a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional se les pague una asignación mensual de retiro (…)” condición que no
cumple para efectos del reconocimiento de asignación mensual de retiro.”.

• Oficio No. 518455 de 2 de diciembre de 2019:

“En atención a los escritos del asunto, me permito informar que revisado su
expediente prestacional, se constató que con oficio No. 201921000259521 Id
490479 del 17/09/2019, esta Entidad le resolvió la solicitud del posible
reconocimiento de la asignación mensual de retiro, con base en la hoja de servicios
exponiendo las razones de hecho y de derecho por las cuales no es procedente

24
Documento .pdf “ED_01DEMANDA(.pdf)NroActua2”, obrante en el índice 2 de SAMAI
“EXPEDIENTE DIGITAL”.
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reconocer la prestación antes citada.

Es importante señalar que la misión de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, es reconocer y pagar las asignaciones de retiro por tiempo de servicio
prestado, condición que como ya se indicó, no cumplía para efectos de
reconocimiento de la citada prestación. Se debe hacer claridad que la
Jurisprudencia que menciona en sus escritos, corresponde a procesos de carácter
particular y concreto, es decir, son Inter partes; produciendo efectos únicamente
entre el retirado que demanda y la Entidad demandada, no siendo extensiva a todo
el grupo de retirados, debiendo precisar que el efecto de la sentencia citada no es
Erga Omnes.

Se remite copia del oficio por el cual se dio respuesta a la solicitud de asignación
mensual de retiro, destacando que dicho documento de conformidad al artículo 25
del Decreto 19 de 2012, en concordancia con los artículos 244 y 246 de la Ley 1564
de 2012, no requiere autenticación en sede administrativa o notarial.”.

• Oficio No. 602794 de 21 de octubre de 2020:

“En atención al escrito del asunto, me permito informar que revisado su expediente
prestacional, se constató que con oficio No. 201921000259521 Id 490479 del
17/09/2019, esta Entidad le resolvió la solicitud del posible reconocimiento de la
asignación mensual de retiro, con base en la hoja de servicios, exponiendo las
razones de hecho y de derecho por las cuales no es procedente reconocer la
prestación antes citada.

Teniendo en cuenta que la petición presentada en la Entidad versa sobre el mismo
asunto, cabe resaltar que la información contenida en el citado oficio se reitera de
conformidad con el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la ley 1755 de
2015, que reza: Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá
remitirse a las respuestas anteriores”.

Igualmente, obran dos peticiones que, según la constancia electrónica aportada, el
demandante radicó el 3 de diciembre de 2020 ante la entidad demandada, en la
primera de estas, solicitó:

“1-Que mediante acto Administrativo Resolución, se me reconozca y pague la
asignación de retiro solicitada.

2-Que una vez reconocida la asignación de retiro se me incluya en nómina.

3-Que las mesadas me sean pagadas a la cuenta número […] del Banco Av. Villas,
oficina Montería Córdoba.”.

En el segundo escrito aportado pidió:

“[…] Ordene a quien corresponda se me reconozca y pague la asignación de retiro a
que tengo derecho, por haber laborado en la Policía Nacional, un total de 16 años 9
meses y 17 días, de acuerdo a lo preceptuado en el Titulo II, Articulo 3 Numeral
"3.1, Inciso 2 de la Ley 923 de 2004.

Que una vez reconocida la pretensión anterior se me incluya en nómina y se me
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consignen las mesadas en la cuenta de ahorro […] del Banco AV VILLAS, oficina de
la Ciudad de Montería.”.

Así mismo, adjuntó Oficios No. 627166 de 28 de enero de 2021 y No. 690612 de
fecha 22 de septiembre de 2021, en el que la entidad accionada reiteró que, luego
de revisar el expediente prestacional del actor no era posible reconocimiento de la
asignación mensual de retiro.

Finalmente, también aportó escrito en el cual formuló recurso de reposición y
en subsidio el de apelación contra el Oficio 690612 de 22 de septiembre de 2021
en el que solicitó:

“[…] PRIMERO: Revocar el oficio Número 202121000137441 id:690612 DE FECHA
2021-09-22, recibido el día 29-09-2021, emitida por la Subdirección de Prestaciones
Sociales-CASUR, por medio de la cual niega el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro a la cual tengo derecho

SEGUNDO: Disponer que en su lugar CASUR, debe reconocerme y pagarme la
asignación de retiro por haber laborado 16 años 9 meses y 17 días al servicio de la
Policía Nacional.”.

Así las cosas, del análisis de los anteriores documentos se advierte que la parte
actora solicitó el reconocimiento de la asignación de retiro, en diversas peticiones,
pero su finalidad no era agotar la renuencia de la demandada previo a acudir a la
acción de cumplimiento, sino obtener de la administración una decisión en firme25
y susceptible de ser demandada a través de los medios de control ordinarios que
prevé el CPACA, toda vez que ante la negativa a sus pedimentos formuló recurso
de reposición y, en subsidio el de apelación, contra el Oficio 690612 de 22 de
septiembre de 2021, en el cual se le reiteró la negativa al reconocimiento de la
referida prestación.

Según se advierte, los escritos presentados por la parte actora dan cuenta de que
pretendió reclamar en sede administrativa la referida prestación social, sin
embargo, de los mismos no es posible tener por agotado el requisito de
procedibilidad que exige el ejercicio de la acción de cumplimiento.
Quiere decir lo anterior, que con sus peticiones el demandante nunca procuró por
agotar el requisito exigido por el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo a la

25
“Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en
firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio
administrativo positivo”.
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presentación de la demanda de cumplimiento, pues, se reitera, no buscó
constituir en renuencia a la autoridad demandada respecto de un deber legal
o normativo presuntamente desatendido, sino lograr el reconocimiento y
pago de la asignación de retiro y recurrir la decisión adversa a sus intereses,
escritos que si bien contienen el mismo fundamento jurídico de la demanda, tienen
consecuencias jurídicas disímiles, pues en principio lo que pretendió el
demandante fue obtener un pronunciamiento de la accionada en sede
administrativa susceptible de acusar su legalidad a través del medio judicial
ordinario pertinente y lo que requiere el ejercicio del presente mecanismo judicial,
es la demostración de que con su actuar o con su silencio la autoridad accionada
se niega a dar cabal cumplimiento al ordenamiento jurídico, requisito que no se
atendió en este preciso caso.

Para mayor claridad debe precisarse que las peticiones dirigidas a la entidad no se
presentaron de forma autónoma y con el objetivo de requerir el cumplimiento
de una norma con fuerza material de ley o para poner en conocimiento de la
entidad que se encontraba desatendiendo un deber legal, finalidad de la
constitución en renuencia, sino que buscaban dar inicio a la actuación
administrativa para obtener el reconocimiento del derecho prestacional al que
insiste tener derecho y obtener la firmeza de la decisión de la administración ante
la formulación de los recursos ante la decisión negativa de la administración.

Ahora bien, es cierto que tanto la falta de agotamiento de la renuencia y la
improcedencia por subsidiariedad, serían pasibles de superarse ante la existencia
de un perjuicio irremediable. Sin embargo, la Sala no encuentra probada su
configuración y tampoco lo satisface la argumentación expuesta por el señor
Pereira Ortega.

En primer lugar, porque la negativa sobre el reconocimiento de la asignación de
retiro no es algo actual para el actor, toda vez que es una prestación que, desde
hace más de 20 años, se le ha indicado que no tiene derecho26 y, en segundo
lugar, porque ante la negativa de la autoridad demandada, acaecida en los actos
administrativos que provocó y que se citaron con antelación, si consideraba que su
argumentación desatiende el ordenamiento jurídico, que es lo que propone con el
ejercicio de esta acción, correspondía acusarlos ante el juez de la legalidad a
través de los medios de control ordinarios, lo cual en realidad es lo que procuró al
interponer los recursos en sede administrativa para acudir al mecanismo idóneo y
eficaz para satisfacer su pretensión, lo cual corrobora que lo pretendido no es
viable de ser resuelto a través de este trámite.

26
El actor de acuerdo con el expediente de los antecedentes administrativos ha acudido a la acción
de tutela ante las jurisdicciones ordinaria laboral y contencioso administrativo -Consejo de Estado-
en procura del reconocimiento de la asignación de retiro, lo cual ha sido negado como se informó y
anotó en el acápite de contestación.
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Así las cosas, la Sala advierte al accionante que en el evento de acreditar en
debida forma el agotamiento del requisito de procedibilidad de este medio de
control, la acción de cumplimiento devendría en improcedente como concluyó el a
quo.

De conformidad con todo lo anterior, en el presente caso se impone revocar la
decisión de primera instancia que declaró la improcedencia por subsidiariedad
para, en su lugar, rechazar la demanda que es lo que corresponde cuando no se
acredita en debida forma el requisito de procedibilidad de la renuencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta,

III. FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 4 de marzo de 2022 proferida por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba para, en su lugar,
RECHAZAR la demanda por no encontrarse acreditado el requisito de
procedibilidad de la renuencia.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE a las partes del presente asunto en la forma prevista
en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Login

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