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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00169-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00169-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar la decisión de primera instancia. En su lugar, se dispone rechazar la demanda por cuanto no se acreditó el requisito de renuencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2023-00169-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de agosto de 2023

Demandante: Procuraduría 9.ª Judicial II Ambiental y Agraria de Barranquilla
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA–
Radicación: 08001-23-33-000-2023-00169-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2023-00169-01
Demandante: PROCURADURÍA NOVENA JUDICIAL II AMBIENTAL Y
AGRARIA DE BARRANQUILLA
Demandada: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO –
CRA–

Tema: Revoca improcedencia. En su lugar, se rechaza la demanda
por falta del debido agotamiento del requisito de constitución
en renuencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el procurador accionante contra la
sentencia de 26 de junio de 2023. En la providencia mencionada, la Sala de Decisión
Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico declaró improcedente la acción de
cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud

El procurador 9.º Judicial II Ambiental y de lo Agrario de Barranquilla, en ejercicio
de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, demandó a la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico –CRA–, con el fin de exigir el cumplimiento del
numeral 4.º del artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 20151. La pretensión
formulada fue la siguiente:

7.1.- Declarar que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, ha incumplido con
el deber imperativo contemplado en el numeral cuarto del artículo 2.2.3.3.4.3 del
Decreto 1076 de 2015.

7.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico, en el término perentorio y razonable que ustedes
honorables magistrados consideren, determinar la extensión en un sector aguas
arriba de la bocatoma para agua potable del distrito de Barranquilla y varios

1
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible».
1
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Demandante: Procuraduría 9.ª Judicial II Ambiental y Agraria de Barranquilla
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA–
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municipios del área metropolitana [2], en donde no se admiten vertimientos, dando
cumplimiento a la estipulado el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015 [3].

2. Hechos

Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI4. La Sala resume los
supuestos fácticos de la demanda a continuación:

El procurador actor indicó que, a través del Decreto 3930 de 2010, el Gobierno
nacional estableció diversas medidas en materia ambiental, en cuanto a los usos
del agua, su ordenamiento y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los
alcantarillados. Dicho acto administrativo, posteriormente, fue compilado en el
Decreto 1076 de 2015 y en su artículo 2.2.3.3.4.3, numeral 4.º, dispuso que en un
sector hídrico de las bocatomas para agua potable están prohibidos los vertimientos,
en la extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental.

A su vez, se explicó que la bocatoma para agua potable del distrito de Barranquilla
y varios municipios del área metropolitana, se encuentra ubicada en el Río
Magdalena, «margen izquierda» en el sentido Calamar –Bocas de Cenizas–, en la
jurisdicción de Barranquilla. Asimismo, indicó que en Resolución 0000953 de 2015,
la CRA otorgó concesión de aguas superficiales a la Sociedad Triple A S.A. ESP para
abastecer los acueductos de Barranquilla, Soledad, Galapa, Juan de Acosta,
Tubará, Piojó y Puerto Colombia, y que, posteriormente, incluyó al municipio de
Malambo. Sin embargo, el procurador sostuvo que ha recibido diversas quejas de
la población con ocasión de la suspensión del servicio de agua y en virtud de la
contaminación del recurso hídrico.

De acuerdo con lo anterior, en Oficio 173 de 8 de agosto de 2022, el actor pidió a la
CRA que le informara si había determinado la franja de aguas arriba de la bocatoma
del sistema de acueducto para el Distrito de Barraquilla, dentro de la cual no se
admiten vertimientos y que, en caso de que no lo hubiera realizado, se le exhortaba
para tal finalidad.

Asimismo, el demandante señaló que, a través del Oficio 003895 de 19 de agosto
2022, la corporación le manifestó que se estaba llevando a cabo el proceso, por
medio del respectivo plan de ordenamiento hídrico territorial, dando a entender que
en dicho marco se daría la determinación de la franja aguas arriba de la bocatoma
de agua potable para consumo humano del Distrito de Barranquilla, en donde no se
admitan vertimientos, lo cual, a su juicio, acredita el requisito de constitución en
renuencia y, en consecuencia, acudió a la acción de cumplimiento.

2
«Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia y barrio Lluvia de oro en el municipio de Malambo,
así como también para los municipios de Piojo, Usiacuri, Juan de Acosta, Tubará».
3
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores del accionante.
4
Cfr. índices del trámite con el radicado de primera instancia del aplicativo SAMAI.
2
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3. Admisión de la demanda

En providencia de 9 de junio de 2023, la magistrada ponente de la Sala de Decisión
Oral A del Tribunal Administrativo admitió la solicitud de cumplimiento5. En
consecuencia, ordenó notificar a la CRA para que se hiciera parte en el proceso y
allegara pruebas o solicitara su práctica, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de ese auto.

En este punto se debe precisar que, revisado el aplicativo SAMAI, el envío del
mensaje electrónico para la notificación de la admisión se realizó por parte de la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico, al buzón del correo de la
entidad dispuesto para tal finalidad, el día 14 de junio de 2023 (índice 4 de SAMAI).
En ese sentido y en armonía con las previsiones del artículo 8.º de la Ley 2213 de
20226, se entiende que la providencia quedó notificada a los dos días siguientes,
esto es, el viernes 16 siguiente. Por tanto, la oportunidad para contestar la demanda
transcurrió durante los días 20, 21 y 22 de junio de 2023.

Así las cosas, como la CRA presentó el escrito de contestación el 23 de junio de
2023, según consta en la anotación e índice 5 de SAMAI del trámite con el radicado
adelantado en primera instancia, resulta extemporáneo y, en consecuencia, no se
tendrá en cuenta la argumentación de la entidad en esta instancia.

4. Sentencia de primera instancia

Por medio de fallo de 26 de junio de 2023, la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo del Atlántico declaró improcedente la acción de cumplimiento. En ese
sentido, explicó que el numeral 4.º del artículo que se pidió acatar establece en
general prohibiciones en cuanto al vertimiento en las cabeceras de las fuentes de
agua. Sin embargo, como sustento de lo decidido advirtió que el texto normativo no
emitió una orden imperativa e inobjetable, exigible expresamente a la demandada.
Asimismo, que, a partir de la respuesta al Oficio 173 de 8 de agosto de 2022, «la
entidad accionada no ha dado muestras de ser renuente al requerimiento de la
entidad accionante. Sin embargo, se evidencia que lo requerido por el ente de
control es un proceso complejo que, al parecer se encuentra en trámite».

6. Impugnación

El procurador actor impugnó la decisión de primera instancia, solicitó que fuera
revocada y discrepó de lo concluido. Al respecto, alegó que el numeral 4.º del

5
Previo a la admisión, según se indicó en el auto, se declaró infundado un impedimento manifestado
por la ponente del Tribunal. Sin embargo, la Sala precisa que en el aplicativo SAMAI no hay
constancia de dichas actuaciones en el trámite de primera instancia.
6
«Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y
se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del
servicio de justicia y se dictan otras disposiciones».
3
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artículo que se pidió acatar señaló un mandato claro indicado en el verbo rector
«determinar», la extensión del sector aguas arriba de las bocatomas para agua
potable donde no se admiten vertimientos, por la autoridad ambiental competente.
Por tanto, en concordancia con la Ley 99 de 1993, mediante la cual se reorganizó
el sistema nacional ambiental –SINA–, sí existe una orden ineludible a cargo de la
CRA.

A su vez, el impugnante manifestó que, si bien la norma invocada contiene una
prohibición, dicha circunstancia no es impedimento para que se deriven deberes o
mandatos imperativos para una determinada autoridad, atendiendo que se den los
presupuestos y fundamentos fácticos para ello y que, en todo caso, el precepto
objeto de cumplimiento no señaló una función o una facultad discrecional, que lleve
a afirmar lo contrario.

En cuanto al argumento de que no se advirtió que la corporación demandada fuera
renuente, el procurador transcribió la solicitud que presentó con el fin de constituir
en renuencia, la respuesta emitida por la entidad y manifestó que revisada esta
última «al referirse al punto en litigio, se evidencia que se hace alusión a
instrumentos de planificación del recurso hídrico; sin embargo, no indica el grado de
avances o de concreción para cumplir con el deber imperativo objeto de
cumplimiento. Al referirse específicamente al Río Magdalena […] no señala
específicamente acciones a realizar». Igualmente, enfatizó que el deber imperativo
data desde el año 2010, por lo que han transcurrido trece (13) años, tiempo
suficiente para que la entidad demandada lo cumpliera, pues es evidente su
inactividad.

Finalmente, afirmó que el Tribunal entró en contradicción al analizar si la
demandada estaba en renuencia o no, toda vez que, por un lado, señaló que no ha
dado muestras de ser renuente, y, por otro, manifestó que lo pedido demanda un
proceso complejo que al parecer se encuentra en trámite. En ese sentido, el
impugnante alegó lo siguiente:

[E]n sede del medio de control de cumplimiento, el juez debe verificar si cumplió o no
con el deber jurídico, presupuesto que en el presente caso no se cumplió. Tal
contradicción, desnaturaliza el objeto de la acción constitucional, toda vez que no se
puede admitir que cualquier acción desplegada por la administración pueda
considerarse como cumplidora del deber, sino la que efectivamente señale la norma,
para ello el operador jurídico debe determinar en cada caso si se cumple o no con el
deber.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 26
de junio de 2023 de la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del

4
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Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997,
125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm.
080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer
de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 26
de junio de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea el siguiente:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del numeral 4.º del artículo 2.2.3.3.4.3. del
Decreto 1076 de 2015, invocado en la demanda, de conformidad con lo previsto en
el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción y (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo7 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de
1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia

7
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-
01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01
(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-
048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio
de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
5
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material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo8.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]9.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

8
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
9
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
6
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Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política10.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción
constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»11.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado12.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

10
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
11
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-
31-000-2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-
31-000-2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7
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Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,13 a menos que estén apropiados;14 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior15.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este16 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»17. Igualmente, esta Sección18 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

13
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-
000-2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-
41-000-2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
15
Sentencia antes citada.
16
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir
en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo,
para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por
ende, exigible».
17
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-
01063 (ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
18
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-
31-000-2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
8
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Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[19] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»20.

Para este caso, el procurador accionante acompañó copia del siguiente Oficio 173
de 8 de agosto de 2022, con el cual, a su juicio, agotó el requisito de que trata el
artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, se transcribe a continuación:

19
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004,
exp. ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
20
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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Demandante: Procuraduría 9.ª Judicial II Ambiental y Agraria de Barranquilla
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA–
Radicación: 08001-23-33-000-2023-00169-01

Por su parte, el 19 de agosto de 2022, el director general de la CRA respondió lo
siguiente:21

21
En el pp. [1] del escrito de renuencia se transcribió el contenido del el numeral 4.º del artículo
2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015.
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De la lectura detenida del escrito de 8 de agosto de 2023, la Sala observa que al
citarse el numeral 4.º del artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015, en punto a
la zona delimitada que se pretende, simplemente, se pidió información. Quiere decir
lo anterior, que el demandante, con su petición, nunca procuró por agotar el requisito
previsto por el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, pues, no buscó constituir en
renuencia a la autoridad demandada respecto del deber legal o normativo
presuntamente desatendido, esto es, no le exigió que delimitara la extensión de la
zona del sector hídrico de las bocatomas para agua potable en donde estén
prohibidos los vertimientos, pues para ese momento, el procurador accionante
desconocía si existía o no establecida la franja a que refiere la norma, lo cual dista
de la finalidad del requisito de procedencia de esta acción.

En efecto, no bastaba que se exhortara a la CRA, sino que se requiriera el mandato
frente a la zona que se pretende sea delimitada en virtud del numeral 4.º del artículo
2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015, pero de aquel no se exigió su cumplimiento
sino información a la administración a efectos de esclarecer las denuncias que en
ejercicio de las competencias y de manera preventiva el actor informó que ocurrían
en el Distrito de Barranquilla a través del Oficio de 8 de agosto de 2022,
circunstancia de la que también da cuenta la respuesta de la entidad.

En otras palabras, la petición dirigida a la autoridad accionada no se presentó de
forma autónoma y con el objetivo de requerir el cumplimiento de una norma
con fuerza material de ley o para poner en conocimiento de la CRA que se
encontraba desatendiendo un deber legal, finalidad de la constitución en
renuencia, sino que apenas buscaba obtener información por parte de ella en

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cuanto a la zona delimitada en donde no se puede hacer vertimientos, lo cual, fueron
los datos que le suministró en su oportunidad la administración.

Ahora bien, es cierto que la falta de agotamiento de la renuencia sería pasible de
superarse ante la existencia de un perjuicio irremediable. Sin embargo, la Sala no
encuentra probada su configuración.

En consecuencia, se impone revocar la decisión de primera instancia para, en su
lugar, rechazar la demanda que es lo que corresponde cuando no se cumple con el
requisito de la renuencia22.

Finalmente, no sobra advertir que el asunto tiene relación directa con el
ordenamiento territorial municipal, objeto para el cual el legislador previó la acción
contenida en el artículo 116 de la Ley 388 de 199723.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO. Revocar la decisión de primera instancia. En su lugar, se dispone
rechazar la demanda por cuanto no se acreditó el requisito de renuencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

22
En este sentido pueden consultarse, entre otras, sentencia de 7 de febrero de 2019, radicado,
68001-23-33-000-2018-00949-01. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y sentencia de 12 de
mayo de 2022, radicado: 23001-23-33-000-2022-00017-01. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
23
En cuanto a la acción de cumplimiento de la Ley 388 de 1997 puede consultarse, entre otras,
sentencia de 22 de junio de 2023, radicado 25000-23-41-000-2023-00279-01, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
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CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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