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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00279-01

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00279-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de abril de 2023, dictada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: En su lugar, RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 por cuanto no se encontró acreditado el requisito de constitución en renuencia; y DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento en relación con el acatamiento de lo dispuesto en el numeral 31 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2023-00279-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de junio de 2023

Demandante: Procuraduría 31 Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá
Demandado: Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquia – Corporinoquia
Rad: 25000-23-41-000-2023-00279-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00279-01
Demandante: PROCURADURÍA 31 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE
BOGOTÁ
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
– CORPORINOQUIA

Tema: Revoca decisión de primera instancia – rechaza y declara
improcedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala conoce de la impugnación presentada por la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquia – Corporinoquia contra la sentencia del 26 de abril de 2023
dictada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la que accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento
formulada por el Ministerio Público.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. La Procuraduría 31 Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá interpuso acción
de cumplimiento contra la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (en
adelante Corporinoquia). Lo anterior, con el fin de que se ordene cumplir lo
dispuesto en el numeral 31 del artículo 31 de la Ley 99 de 19931 y el artículo

1
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Artículo 31.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes
funciones:
(…)
31) Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la zonificación y el
uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 numeral séptimo de la
Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán las normas generales
y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Procuraduría 31 Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá
Demandado: Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquia – Corporinoquia
Rad: 25000-23-41-000-2023-00279-01

2.2.2.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 20152 que disponen en su
orden, que a las CAR les corresponde establecer las normas generales y las
densidades máximas a las que se encuentran sujetos los propietarios de vivienda
suburbana, así como definir la extensión máxima de los corredores viales
suburbanos3.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia:

2. La autoridad demandante expone que el numeral 31 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993 dispone que, las Corporaciones Autónomas Regionales (en adelante
CAR) deben establecer las normas generales y las densidades máximas a las que
se sujetan los propietarios de vivienda en áreas suburbanas, así como en cerros y
montañas. Esto, con el fin de garantizar la protección al medio ambiente y los
recursos naturales, especificando que no menos del 70% del área a desarrollar en
dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente.

3. Afirmó que el artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, estableció que
le corresponde a las CAR definir la extensión máxima de corredores viales
suburbanos respecto del perímetro urbano.

4. Indicó que, durante el trámite de seguimiento en relación con la protección
del suelo rural en el departamento de Arauca, Corporinoquia mediante oficio No.
700.11.22.1581 del 6 de octubre de 2022 le informó que no tenía reglamentado las
densidades máximas a las que se deben sujetar los propietarios de viviendas en
áreas suburbanas.

5. Asimismo, en dicha comunicación Corporinoquia le indicó que mediante
Resolución No. 500.41-11-130 del 6 de noviembre de 2013, definió los criterios
regionales para el desarrollo de los proyectos forestales, agrícolas y
agroindustriales en su jurisdicción.

6. Señaló que posterior a ello, en oficio No. 701 de 2022 (S-2022-10358) del 3
de noviembre de 2022, requirió a la Dirección Territorial de Corporinoquia para que:

y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No
menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la
vegetación nativa existente.
2
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Artículo 2.2.2.2.2.2. (…) Corresponderá a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo
Sostenible definir la extensión máxima de los corredores viales suburbanos respecto del perímetro
urbano. Bajo ninguna circunstancia podrán los municipios ampliar la extensión de los corredores
viales que determine la autoridad ambiental competente.
PARÁGRAFO. No se podrán clasificar cómo suburbanos los corredores viales correspondientes a
las vías veredales o de tercer orden.
3
Según lo expuesto en el acápite de las pretensiones de la demanda. Folio 6 del escrito inicial.

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i) establezca las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán
los propietarios de vivienda urbana en áreas suburbanas y en cerros y montañas
conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley 99 de 1993; y ii) adelante las labores
de evaluación, prevención y control de los factores de deterioro ambiental del suelo
rural en Arauca y promueva las medidas preventivas en relación con la degradación
del suelo agropecuario.

7. En virtud de lo anterior, la Dirección Territorial de Corporinoquia en oficio No.
700.11.22.2174 del 28 de diciembre de 2022, informó que mediante memorando
700.11.0403 del 9 de noviembre del mismo año, dio traslado de lo solicitado a la
Subdirección de Planeación, que es la dependencia encargada de adelantar los
procesos de planeación y manejo de recursos naturales y desde donde se imparten
las directrices en el tema.

8. Finalmente, indicó que, a la fecha de presentación de la acción de
cumplimiento, Corporinoquia no le había dado cumplimiento a la disposición
normativa en cita.

1.3. Trámite de primera instancia de la acción de cumplimiento

9. Mediante auto del 28 de febrero de 2023, el magistrado ponente de primer
grado, admitió la demanda de cumplimiento. En consecuencia, ordenó notificar
como accionada a Corporinoquia.

1.4. Contestación de Corporinoquia

10. En el término de traslado, Corporinoquia presentó contestación a la acción
de cumplimiento, indicando que se opone a las pretensiones de la demanda.
Argumentó, que, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de
1993 y el artículo 2.2.2.2.2.2. del Decreto Único Reglamentario No. 1077 de 2015,
mediante Resolución No. 300.36.21.0297 del 5 de abril de 2021, realizó la
actualización de las determinantes ambientales. Esto, con el fin de asegurar que los
modelos de ocupación del Plan de Ordenamiento Territorial (en adelante POT)
incorporen criterios de sostenibilidad ambiental y resiliencia territorial.

11. Así, indicó que en la Resolución en comento estableció «las pautas para que
los municipios encaminen estrategias para la reducción de presiones urbanísticas
en los procesos de suburbanización que puedan propiciar cambios en el modelo de
ocupación territorial en la jurisdicción, principalmente en el suelo rural destinado a
usos agrícolas y forestales, a través de orientaciones para la definición del umbral
máximo de suburbanización, corredores viales suburbanos, densidades máximas
de vivienda en suelo suburbano y áreas de actividad industrial en suelo suburbano,
dando así cabal cumplimiento a lo dispuesto tanto en el artículo 31 de la Ley 99 de
1993 como en el artículo 2.2.2.2.2.2 DUR1077».

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1.5. Fallo impugnado

12. En sentencia de 17 de abril de 2023, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

13. La autoridad judicial de primer grado, explicó que Corporinoquia expidió la
Resolución No. 300.36.21.0297 del 5 de abril de 2021 en la que realizó la
actualización de las determinantes ambientales, considerando las funciones
atribuidas por la Ley 99 de 1993, como máxima autoridad ambiental y
administradora de los recursos naturales renovables y encargada de velar por el
sistema ambiental en las decisiones de planificación y ordenamiento territorial.

14. Sin embargo, encontró que, en el citado acto administrativo, Corporinoquia
se limitó a plantear unas definiciones y lineamientos generales acudiendo a
directrices básicas planteadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Así, en aquella Resolución no se definió la extensión máxima de los corredores
viales suburbanos respecto del perímetro urbano y las densidades máximas a las
que se sujetarán los propietarios de viviendas suburbanas y en cerros y montañas
de que tratan las normas antes citadas.

15. De otro lado, la autoridad judicial de primer grado destacó que la CAR
demandada en el marco del acompañamiento técnico para los procesos de revisión
o formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT – PBOT – EOT), ha
buscado garantizar que los municipios proyecten con el modelo de ocupación del
territorio, las categorías de desarrollo restringido en suelo rural y suelo suburbano,
dicha gestión no lo exime del cumplimiento de las normas cuyo acatamiento se
busca en esta acción constitucional.

16. Por lo anterior, le ordenó a Corporinoquia que en el término de 6 meses
adelantara las gestiones necesarias para el acatamiento de los deberes que le
fueron impuestos en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y lo dispuesto en el artículo
2.2.2.2.2.2. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.

1.6. Impugnación

17. Corporinoquia impugnó el fallo del a quo. Arguyó que en la Resolución No.
300.36.21.0297 del 5 de abril de 2021, la CAR como máxima autoridad ambiental y
administradora de recursos naturales renovables y encargada de velar por el
sistema ambiental en las decisiones de planificación y de ordenamiento territorial,
así como buscando asegurar que los modelos de ocupación de los POT incorporen
criterios de sostenibilidad ambiental y resiliencia territorial, realizó la actualización
de las determinantes ambientales, las cuales se encuentran establecidas en el
anexo 4 de dicho acto administrativo denominado «Fichas técnicas de
determinantes ambientales derivadas de las densidades de ocupación en suelo
rural».

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18. Por lo anterior, consideró que dio acatamiento al deber impuesto en el artículo
31 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2.2.2.2.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario
1077 de 2015.

19. De otro lado, señaló que el fallo de primer grado fijó un término perentorio de
6 meses para que la CAR expidiera una reglamentación concerniente a lo
mencionado anteriormente. Sin embargo, consideró que dicho tiempo es
insuficiente para llegar a cumplir la correspondiente orden judicial. Esto, en razón al
ámbito geográfico de la jurisdicción de Corporinoquia y que implica un análisis
individualizado del territorio, así como interdisciplinario que determine las variables
funcionales –espaciales, sociales y ambientales, entre otros–.

20. Por ello, mencionó que el proceso de reglamentación de lo dispuesto en el
artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, conlleva una
serie de procedimientos previos, que requieren una inversión tanto de recursos
económicos como humanos, que no se pueden llegar a gestionar en un tiempo tan
corto como el que fue fijado en primera instancia.

21. Por lo anterior, solicitó que se conceda la apelación propuesta y se revoque
la sentencia de primer grado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

22. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por la
Corporinoquia contra la sentencia de 17 de abril de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1254, 1505 y 2436 de la
Ley 1437 de 20117. Así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de
esta Corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

4
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
5
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
6
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
7
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por
el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[..].

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2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

23. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es
hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente8.

24. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar la
demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

25. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo 1.º)9.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad
pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello
(artículos 5.º y 6.º).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito
«(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda
(artículo 8.º).

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

8
En este sentido, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se estableció que la acción de
cumplimiento es un mecanismo que tiene el particular para hacer efectiva la aplicación de un derecho
o la aplicación el cumplimiento de una ley o un acto administrativo; y que en caso de prosperar, la
sentencia debe ordenar a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Al efecto, ver:
Gaceta 77 de la Asamblea Nacional Constituyente.
9
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices. Sobre el particular esta Sección ha dicho: «La Sala también ha explicado que
con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar
en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber
legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia» (Negrita fuera de texto)

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(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).

(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo
9.º).

2.3. El cumplimiento del requisito de procedibilidad de renuencia

26. La procedibilidad de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste10 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

27. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado
que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11.

28. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
12
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.

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exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos13.
(Negrillas fuera de texto).

29. En efecto, el inciso 2.° del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que
el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

30. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

31. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»14.

32. En el caso concreto, como se mencionó en los antecedentes de esta
providencia, se encuentra acreditado que el 3 de noviembre de 2022, la
Procuraduría 31 Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá, le remitió una petición a
Corporinoquia. En dicho documento requirió a la accionada para el cumplimiento
del numeral 31 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 así:

De forma particular el artículo 31, numeral 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que:
31) (…) las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán las normas
generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de
vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan
el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a
desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación
nativa existente.
(…)
La autoridad ambiental tiene un rol esencial en la protección del suelo rural: suelo
de protección, suelos agrícolas y suelos restringidos como el suelo suburbano. El
desarrollo de sus obligaciones legales deriva en la protección de un importante
recurso relacionado con la producción de alimentos y materia primas, actividad
protegida constitucionalmente y asegura un crecimiento ordenado del territorio
impidiendo la urbanización no controlada con los efectos que ello tiene sobre todos
los recursos naturales.

13
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
14
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
rad. ACU-25000-23-25-000-2002-2256-01 y del 17 de marzo de 2011, rad. 25000-23-24-000-2011-
00019-00/01.

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Conforme a lo expuesto, esta agencia del Ministerio Público le requiere a
Corporinoquia para que cumpla los deberes legales asociados a la planificación
y el manejo de recursos naturales, proteja el derecho colectivo al ambiente sano y
procure la conservación y restauración del suelo en el departamento de Arauca,
en particular que:
1.- Establezca las normas generales y las densidades máximas a las que se
sujetarán los propietarios de viviendas en áreas suburbanas y en cerros y
montañas conforme lo dispone el artículo 31 de la ley 99 de 1993.
(…)

33. Además, se encuentra acreditado que Corporinoquia emitió una respuesta a
la petición del Ministerio Público, en oficio No. 700.11.22.2174 del 28 de diciembre
de 2022, en el que informó que mediante memorando 700.11.0403 del 9 de
noviembre del mismo año, dio traslado de lo solicitado a la Subdirección de
Planeación, que es la dependencia encargada de adelantar los procesos de
planeación y manejo de recursos naturales y desde donde se imparten las
directrices en el tema.

34. Así las cosas, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de la
renuencia sobre el numeral 31 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. Esto, porque le
brindó una oportunidad a Corporinoquia para que cumpliera sus deberes legales
que se desprenden de las disposiciones antes mencionadas. Sin embargo, la
entidad demandada se relegó de dar cumplimiento a aquellas y se limitó a remitir lo
peticionado a la dependencia de Planeación de esa CAR.

35. En este punto, es importante reiterar que la renuencia se entiende como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dio respuesta oportunamente o porque aunque sea emitida en
tiempo, resulta contraria al querer del peticionario15, tal como ocurre en el caso
concreto como quedó evidenciado en líneas anteriores.

36. De otro lado, la Sala evidencia que la accionante en el escrito inicial solicita
el acatamiento del artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de
2015 que dispone que les corresponde a las CAR definir la extensión máxima de
los corredores viales suburbanos respecto del perímetro urbano.

37. Sin embargo, en la petición elevada por el Ministerio Público a Corporinoquia
el 3 de noviembre de 2022 en punto al cumplimiento de esta norma, señaló:

La Corporación como autoridad esta encargada por la ley de administrar, dentro
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables
y propender por su desarrollo sostenible. Como autoridad ambiental ejerce además

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 8 de
octubre de 2014. Rad. 76001-23-33-000-2014-00304-01.

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Demandante: Procuraduría 31 Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá
Demandado: Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquia – Corporinoquia
Rad: 25000-23-41-000-2023-00279-01

las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos de los
recursos naturales renovables.
De forma particular el artículo 31, numeral 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que:
31) (…) las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán las normas
generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de
vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan
el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a
desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación
nativa existente.
Esta obligación de la autoridad ambiental es esencial para el ordenamiento del
suelo suburbano como categoría restringida del suelo rural, lo que tiene plena
coherencia con la obligación impuesta a la Corporación en el artículo 2.2.2.2.2.2
del DUR 1077 para definir la extensión máxima de los corredores viales
suburbanos respecto del perímetro urbano.

38. De esta manera, se evidencia que la Procuraduría 31 Judicial II Ambiental y
Agraria de Bogotá en la petición del 3 de noviembre de 2022, no le solicitó a
Corporinoquia el cumplimiento del artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015, pues es notorio que lo requerido con la cita de dicha
disposición no era otra cosa que complementar la argumentación de su petición
pero con ello no pretendía su acatamiento por parte de la entidad demandada,
contrario a lo que sí ocurre con la Ley 99 de 1993.

39. En consecuencia, se rechazará la demanda frente a este presunto precepto.
Esto, por cuanto no se constituyó en renuencia a la entidad demandada sobre el
cumplimiento del artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de
2015, pues no reclamó su acatamiento ante Corporinoquia.

40. Así las cosas, la Sala procede a revisar si en el caso concreto, se cumplieron
los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento pero solo respecto del
numeral 31 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 invocada por la entidad accionante.

2.4. La procedencia de la acción de cumplimiento

41. La Procuraduría 31 Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá solicita que se
le ordene a Corporinoquia atender lo dispuesto en el numeral 31 artículo 31 de la
Ley 99 de 1993. En consecuencia, pide que esta Corporación establezca las normas
generales y las densidades máximas a las que se encuentran sujetos los
propietarios de vivienda suburbana y en cerros y montañas.

42. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que el precepto que se pide acatar,
esto es, el numeral 31 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es una disposición
vigente y que prevé una obligación clara. Adicionalmente, no conlleva al
establecimiento de gasto en la medida en que lo perseguido a través de esta acción
consiste en que Corporinoquia fije las normas generales y las densidades máximas
a las que se encuentran sujetos los propietarios de vivienda suburbana y en cerros
y montañas.

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43. No obstante lo anterior, la Sala revocará la decisión proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, declarará improcedente
la acción de cumplimiento de la referencia por no acreditar el requisito de
procedencia relativo a la subsidiariedad, como se pasa a explicar.

2.4.1. Análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad

44. Según el artículo 9.º de la ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo
que de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante.

45. En virtud de lo anterior, esta Sección en reiterada jurisprudencia ha
establecido que cuando existe otro mecanismo judicial, es improcedente la acción
de cumplimiento16. Al respecto, ha señalado:

La razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución de
las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el
ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de
las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede
entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un
instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello, la causal señalada,
le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y
subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al juez de
la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial,
se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio.

46. De conformidad con lo expuesto, la Sala estudiará el requisito de procedencia
de subsidiariedad en el caso concreto.

47. La Sala evidencia que, el fin de la entidad accionante es que Corporinoquia
de cumplimiento al numeral 31 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que
expresamente señala:

Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las
siguientes funciones:
(…)

31) Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313
numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas
Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a las
que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 24 de
mayo de 2012. Rad. 05001-23-31-000-2010-02067-01; del 23 de agosto de 2012. Rad. 25000-23-
31-000-2012-00425-01; y del 21 de junio de 2012. Rad. 05001-23-31-000-2006-01095-01.

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montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales.
No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la
conservación de la vegetación nativa existente.

48. La disposición en cita dispone que les corresponde a las CAR establecer las
normas generales y las densidades máximas a las que se encuentran sujetos los
propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas. Esto, con el
fin de que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales.

49. Al respecto, la Sala encuentra que dicha disposición está relacionada con la
ordenación del territorio y el uso del suelo en áreas suburbanas y en cerros y
montañas, lo cual está íntimamente relacionado con la aplicación de la Ley 388 de
199717.

50. Por esto, se pasa a determinar si en el caso concreto procede la acción de
cumplimiento especial prevista en el artículo 116 de la Ley 388 de 1997, la cual se
estudia a continuación.

2.4.1.1. La acción de cumplimiento en materia urbana prevista en el
artículo 116 de la Ley 388 de 1997

51. Previo a estudiar la acción de cumplimiento prevista en materia urbana, la
Sala considera pertinente hacer alusión al objeto de la Ley 388 de 1997.

52. Al respecto, la Ley 388 de 1997 tiene por objeto entre otras armonizar y
actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas
previstas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley
Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional
Ambiental; y establecer diferentes mecanismos que permitan a los municipios en
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación del patrimonio ecológico y cultural
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de
alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes18.

53. Así, con el fin de que se acaten los instrumentos de la Ley 388 de 1997, en
el artículo 116 de dicha norma, se previó la acción de cumplimiento así:

ARTICULO 116. PROCEDIMIENTO DE LA ACCION DE CUMPLIMIENTO. Toda
persona, directamente o a través de un apoderado, podrá acudir ante la autoridad
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo
relacionado con la aplicación de los instrumentos previstos en la Ley 9ª de 1989 y
la presente ley.

17
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
18
Artículo 1º de la Ley 388 de 1997.

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La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa que
presuntamente no esté aplicando la ley o el acto administrativo. Si su no aplicación
se debe a órdenes o instrucciones impartidas por un superior, la acción se
entenderá dirigida contra ambos aunque podrá incoarse directamente contra el jefe
o Director de la entidad pública a la que pertenezca el funcionario renuente. Esta
acción se podrá ejercitar sin perjuicio de las demás acciones que la ley permita y
se deberá surtir el siguiente trámite:

1. El interesado o su apoderado presentará la demanda ante el juez civil del circuito
la cual contendrá, además de los requisitos generales previstos en el Código de
Procedimiento Civil, la especificación de la ley o acto administrativo que considera
no se ha cumplido o se ha cumplido parcialmente, la identificación de la autoridad
que, según el demandante, debe hacer efectivo el cumplimiento de la ley o acto
administrativo y la prueba de que el demandante requirió a la autoridad para que
diera cumplimiento a la ley o acto administrativo.

54. En consecuencia, esta norma previó una acción especial para hacer efectivo
el cumplimiento de aquellas leyes o actos administrativos que tengan una relación
particular con la aplicación de la Ley 388 de 1997, es decir con asuntos relacionados
con el ordenamiento del territorio, el uso del suelo y la preservación del patrimonio
ecológico.

55. Ahora bien, ante este escenario en el que una Ley prevé un mecanismo
especial para hacer efectivo el acatamiento de disposiciones normativas
relacionadas con el ordenamiento del territorio, la Corte Constitucional en diferentes
oportunidades ha señalado que debe darse prelación a ésta y no a la acción de
cumplimiento prevista en la Ley 393 de 199719.

56. Así, el Alto Tribunal ha señalado que en virtud del principio de especialidad y
según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 387 de 1997, la jurisdicción ordinaria
– civil debe conocer de las acciones de cumplimiento cuando se pretende el
acatamiento de leyes o actos administrativos relacionados con planes de
ordenamiento territorial y usos del suelo por parte de las entidades públicas o
particulares en ejercicio de su función administrativa.

57. Entonces, de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional, si bien la
acción de cumplimiento está regulada en términos generales en la Ley 393 de 1997
que es posterior a la Ley 388 de 1997, en los eventos en los que se pretenda el
acatamiento de una disposición relacionada con asuntos urbanísticos, de
ordenamiento territorial, uso del suelo y preservación del patrimonio ecológico, la
disposición aplicable es el artículo 116 de la Ley 388 de 1997.

19
Corte Constitucional. Autos 019 de 2022, 988 de 2021 y 951 de 2021.
En particular, en el auto 951 de 2021, la Corte Constitucional señaló que la Ley que regula el trámite
de la acción de cumplimiento le atribuye la competencia para conocer de estos recursos judiciales a
los jueces administrativos sin especificar la materia. En contraste, cuando se pretende el
cumplimiento de un deber emanado de una ley o acto administrativo relacionado con los usos del
suelo de los planes de ordenamiento territorial, la ley especial establece que son los jueces civiles
del circuito quienes deben conocer de estas acciones.

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58. A su vez, esta Sección en una anterior oportunidad, resolvió declarar
improcedente la acción de cumplimiento propuesta porque consideró que el medio
de control previsto en la Ley 388 de 1997 es una norma especial que desarrolla un
procedimiento para hacer efectivo el acatamiento de una ley o acto administrativo
relacionado con asuntos urbanísticos y de ordenamiento territorial20.

59. En definitiva, la acción de cumplimiento en materia urbana es procedente en
los eventos en los que se pretenda el acatamiento de una disposición en materia de
ordenamiento territorial y uso del suelo; la cual en todo caso no es incompatible con
aquella prevista en la Ley 393 de 1997, como se evidencia en el siguiente gráfico:

Norma Objeto
Ley 393 de 1997 Regula de forma general el procedimiento de la acción de
cumplimiento
Ley 388 de 1997 Regula de forma especial y precisa la acción de cumplimiento sobre
un asunto especifico (materia urbana, ordenamiento territorial y
preservación del patrimonio ecológico).

60. Con fundamento en lo anterior, la Sala estudiará si en el caso concreto,
procede la acción de cumplimiento reglada en la Ley 388 de 1997.

2.4.1.2. Estudio de la procedencia de la acción de cumplimiento reglada
en la Ley 388 de 1997 en el caso concreto

61. Frente al particular, como viene de decirse, la parte actora invoca como
desatendido por parte de Corporinoquia el numeral 31 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993 que prevé que es función de las CAR establecer las normas generales y
las densidades máximas21 a las que se deben sujetar los propietarios de vivienda
en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio
ambiente y los recursos naturales.

20
En esa oportunidad, esta Sección conoció de una demanda de cumplimiento dirigida contra el
departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, entre otros. Esto, con el fin de que obtener cumplimiento del Acuerdo 0373 de 2014 por
medio del cual se adoptó la revisión ordinaria del contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Santiago de Cali. En esa ocasión se resolvió que era improcedente la
acción de cumplimiento propuesta. Esto, porque lo pretendido en aquella oportunidad era lograr el
obedecimiento del instrumento sobre el plan de ordenamiento territorial invocado, para lo cual el
accionante contaba con la acción de cumplimiento especial prevista en el artículo 116 de la Ley 388
de 1997. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del
28 de julio de 2022. Rad. 76001-23-33-000-2021-01149-01. Sobre el particular, también puede
consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia
del 10 de agosto de 2012. Rad. 25000-23-24-000-2011-00804-01.
21
Se entiende por densidades máximas de vivienda, el número máximo de viviendas por unidad de
área medida en hectáreas que se puede desarrollar en un suelo para este tipo de uso. Al efecto, ver
la ficha técnica de determinantes ambientales para el ordenamiento territorial de la jurisdicción de
Orinoquia anexa a la contestación de Corporinoquia. Folio 61.

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62. Al respecto, previo a determinar la procedencia de la acción en comento, la
Sala realiza las siguientes precisiones.

63. En efecto, es preciso señalar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 34
de la Ley 388 de 1997 el suelo suburbano lo constituyen las áreas ubicadas dentro
del suelo rural en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del
campo y la ciudad; y que estas deben ser objeto de desarrollo con ciertas
restricciones de uso, de intensidad y de densidad, de conformidad con lo señalado
en la Ley 99 de 1993.

64. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que al interior de la Ley que
desarrolla el ordenamiento del territorio y los usos del suelo, se contempla que el
tratamiento de las áreas suburbanas se encuentra limitado a las restricciones, entre
otras, de densidad de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993, que como
viene de decirse prevé que esta restricción le corresponde definirla a las CAR dentro
de su jurisdicción.

65. A su vez, el Decreto 3600 de 200722 establece en su artículo 9.º que «en el
proceso de formulación, revisión y/o modificación de los planes de ordenamiento
territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de
acuerdo con las características ambientales del territorio, podrán establecer las
condiciones para que los municipios adopten un umbral más restrictivo y definirán
las densidades máximas a las que se sujetará el desarrollo de los suburbanos».

66. Lo anterior, deja entrever que la función de determinar las densidades
máximas de vivienda en cabeza de las CAR va mucho más allá de definir las áreas
de conservación ambiental, pues intervienen en los procesos de ordenamiento
territorial. Así, sirven de base para construir el modelo de ocupación, pues pueden
generar diferentes grados de restricción al uso del suelo en un territorio.

67. En otras palabras, reviste una particular importancia el rol de las CAR como
autoridades para definir determinantes ambientales para el suelo suburbano, como
la densidad máxima de vivienda dentro del territorio, la cual le corresponde definir
de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 – norma objeto de esta
acción de cumplimiento.

68. Planteadas, así las cosas, esta Sección evidencia que la Procuraduría 31
Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá pretende hacer efectivo el cumplimiento
de una norma –artículo 31 de la Ley 99 de 1993– que, guarda estrecha relación con
la aplicación de la Ley 388 de 1997. Esto, porque establece entre otras, restricciones
del suelo suburbano, la relacionada con las densidades máximas de vivienda, las
cuales le corresponde definir a las CAR, en este caso a Corporinoquia.

22
Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997.

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69. Lo anterior quiere decir, que existe una intima relación entre el artículo 31 de
la Ley 99 de 1993 que se considera desatendido por parte de la autoridad
demandante y el ordenamiento al territorio, lo cual es principalmente relevante en
los procesos de suburbanización existentes en el suelo rural –especialmente para
la determinación de las densidades máximas de vivienda–.

70. Así las cosas, como la disposición que se pretende su acatamiento a través
de este mecanismo constitucional guarda relación con el ordenamiento al territorio,
el uso equitativo y racional del suelo, pues le corresponde precisamente a las CAR
definir las densidades máximas de las áreas suburbanas; esta Sala considera que
la acción de cumplimiento procedente es la establecida en el artículo 116 de la Ley
388 de 1997.

71. En ese sentido, la Procuraduría 31 Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá
cuenta con la acción de cumplimiento especial prevista en el artículo 116 de la Ley
388 de 1997 para controvertir el acatamiento del numeral 31 del artículo 31 de la
Ley 99 de 1993.

72. Como fue expuesto por a lo largo de las presentes consideraciones, en este
caso es procedente la acción de cumplimiento prevista en el artículo 116 de la Ley
388 de 1997, bajo el entendido que regula un tema en específico, esto es, el
acatamiento de disposiciones relacionadas con asuntos urbanísticos, de
ordenamiento territorial y el uso del suelo como ocurre en el sub judice, pues se
insiste, se pretende el acatamiento de una disposición que prevé como función de
las CAR el establecimiento de las normas generales y las densidades máximas del
suelo suburbano.

73. En consecuencia, como lo establece esta norma, es competencia de los
jueces civiles del circuito conocer de los procesos judiciales que pretendan el
cumplimiento de una ley o acto administrativo relacionado con la aplicación de los
instrumentos previstos en la Ley 388 de 1997 como ocurre en el caso concreto.

2.5. Conclusión

74. De conformidad con lo expuesto, esta Sala revocará la sentencia del 17 de
abril de 2023 de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar: i)
rechazará la acción de cumplimiento respecto del artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto
Único Reglamentario 1077 de 2015, por cuanto no se encontró acreditado el
requisito de constitución en renuencia; y ii) respecto del numeral 31 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993 se declarará improcedente este mecanismo, teniendo en
cuenta que la Procuraduría 31 Judicial II Ambiental y Agraria cuenta con otro
mecanismo de defensa para proponer el debate planteado.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de abril de 2023, dictada por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: En su lugar, RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del
artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 por cuanto no
se encontró acreditado el requisito de constitución en renuencia; y DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento en relación con el acatamiento de lo
dispuesto en el numeral 31 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, de conformidad
con las consideraciones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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