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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-01119-01

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-01119-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de octubre de 2022 del Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la improcedencia de la acción, para en su lugar, RECHAZAR la demanda por cuanto no se acreditó el requisito de renuencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. 12 En este sentido pueden consultarse, entre otras, sentencia de 7 de febrero de 2019, radicado, 68001-23-33-000- 2018-00949-01. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y sentencia de 12 de mayo de 2022, radicado: 23001-23-33- 000-2022-00017-01. MP Luis Alberto Álvarez Parra. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Rusbyn Isacio Palma Mena Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y otro Radicado: 05001-23-33-000-2022-01119-01 TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-01119-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

17 de noviembre de 2022

Demandante: Rusbyn Isacio Palma Mena
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2022-01119-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2022-01119-01
Accionante: RUSBYN ISACIO PALMA MENA
Accionados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC Y
OTRO

Temas: Revoca improcedencia para, en su lugar, rechazar por falta
de acreditación del requisito de procedibilidad de la
renuencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 14 de octubre de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Antioquia declaró improcedente el medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

1. Mediante correo electrónico del 20 de septiembre de 2022, el señor Rusbyn
Isacio Palma Mena, en nombre propio, ejerció acción de cumplimiento contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil y la Escuela Superior de Administración
Pública, con el fin de obtener el acatamiento de lo preceptuado en los artículos
23 del Decreto 785 de 20051; 2.2.2.4.9 y 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 20152;
2.2.36.1.1, 2.2.36.1.2, 2.2.36.2.1 y 2.2.36.2.2, del Decreto 1038 de 20183; y 19
del Acuerdo 7656 de 2008 proferido por la CNSC.

2. Pretensiones de la demanda:
“…2. Se garantice mediante los artículos 1°, 2°, 4° y 87 de la Constitución Política en
tanto se ordene el cumplimiento efectivo del art. 23 de DECRETO 785 DE 2005, art.
2.2.2.4.9 y 2.2.3.5 Dto. 1083 de 2015, art. 2.2.36.1.1, 2.2.36.1.2, 2.2.36.2.1 y

1
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.”
2
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
3
“Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz”.

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Demandante: Rusbyn Isacio Palma Mena
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y otro
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2.2.36.2.2 Dto. 1038 de 2018, art. 19 del Acuerdo 7656 de 2008 (Comisión Nacional
del Servicio Civil) Por lo que, una vez definidas las reglas del concurso, las mismas
deben aplicarse de manera rigurosa, para evitar arbitrariedades o subjetivismos que
alteren la igualdad o que vayan en contravía de los procedimientos que de manera
general se han fijado en orden a satisfacer los objetivos del concurso. De este modo,
el concurso se desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que impone
precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y ciertas cargas a
los participantes.

3 Solicitar el cumplimiento de la normas arribas (sic) descritas con fuerza material de
ley o acto administrativo incumplido para que sea admisible la solicitud invocada para
que sea incluido como requisito en el Área del Conocimiento de ADMINSTRACION
(sic) el Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) en Administración, solo para lograr la
admisión y el acceso a continuar en el proceso de selección denominado 843/2018
“Municipios Priorizados para el Postconflicto PDET” cuya Verificación de Requisitos
Mínimos, constituyen mandato legal y constitucional,

4 Cumplimiento como lo dispone el art. 23 del DECRETO 785 DE 2005, tengo
derecho a lo anterior, con el fin de que sea válido el título de Tecnología en Gestión
Industrial y pueda reingresar y ser admitido al concurso de selección denominado
843/2018 “Municipios Priorizados para el Postconflicto PDET”, como aspirante a la
vacante de nivel Técnico, denominación: Técnico Administrativo, código 367, grado 9,
identificada con la OPEC 124935 y en consecuencia se pueda emplear el Núcleo
Básico de Conocimientos de Administración de Empresas.”.

3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes hechos:

2. El actor se inscribió en la convocatoria No. 843 de 2018 para la vacante
denominada técnico administrativo, con nomenclatura código 367, OPEC
124935, nivel técnico, grado 9, que requería como requisito de estudio
“Tecnología en Administración de Empresas” y la equivalencia establecida en el
Decreto 785 de 2005.

3. Las entidades accionadas inadmitieron al actor para la convocatoria 843 de
2018, en razón a que no cumplía con el requisito de estudio, pues acreditó el
título en “Tecnología en Gestión Industrial de la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia – UNAD, sin que se tuviera en cuenta las equivalencias de estudio
previstas en el Decreto 785 de 2005.

4. El 30 de junio de 2022, el actor solicitó a las demandadas que se constataran
nuevamente los requisitos mínimos de verificación con la documentación
aportada; petición que fue rechazada.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

5. Por auto del 21 de septiembre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo
Oral de Turbo, Antioquia, declaró la falta de competencia para conocer en
primera instancia del proceso de la referencia, en cuanto la demanda está

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dirigida contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Escuela Superior de
Administración Púbica, entidades del orden nacional, razón por la que dispuso
la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia.

6. En proveído del 26 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, admitió la demanda y ordenó la notificación a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y al
Ministerio Público.

7. A través de providencia del 6 de octubre de 2022, se les dio valor legal a los
documentos aportados con la demanda y con la contestación de la CNSC.

4.2. Contestación de la demanda

4.2.1. Comisión Nacional del Servicio Civil

8. El apoderado judicial, mediante correo electrónico del 29 de septiembre de
2022, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, conforme con las
previsiones del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, que dispone que este
mecanismo no procede cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo.

9. Precisó que no existe solicitud expresa por parte del señor Palma Mena para
la entidad que representa, en la que se pida hacer cumplir la supuesta norma
violada; solo reposa una petición para una autoridad diferente.

10. Afirmó que en el caso del accionante, se inscribió como aspirante a una
vacante ofertada del empleo denominado Técnico, Código 367, Grado 9,
identificado con el código OPEC 124935, perteneciente a la planta de personal
de la alcaldía municipal de Turbo, Antioquia, categoría 1ª a 4ª, quien fue citado
a presentar la prueba de competencias comportamentales, obteniendo como
puntaje 63.33, sin que presentara reclamación.

11. Manifestó que dado que el actor aprobó la prueba escrita, el 28 de junio de
2022 fueron publicados los resultados de la Verificación de Requisitos Mínimos
a través del aplicativo SIMO, encontrando que su estado es “No Admitido”,
frente a lo cual presentó reclamación, así como de los resultados definitivos de
esa fase del concurso.

12. Resaltó que el accionante aportó título en Tecnología de Gestión Industrial
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia; sin embargo, “…el requisito
mínimo de estudio de la OPEC no contempla que el título deba encontrarse dentro de un NBC
específico, sino que requiere de manera específica y taxativa acreditar el título en Tecnología
en administración de empresas; siendo el motivo por el cual fue tenido como No admitido en la

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fase de Verificación de Requisitos Mínimos. Igualmente, se indica que el aspirante no aportó
documentación adicional con la cual acreditar el requisito mínimo de educación. Por otro lado,
debe precisarse que el señor Palma Mena presentó reclamación en término y acción de tutela, y
en ambos casos los argumentos planteados estaban dirigidos a que se validara el título
aportado de Tecnología de Gestión Industrial puesto que pertenece al Núcleo Básico del
Conocimiento en Administración, a pesar de no estar contemplado en la OPEC”.

13. Explicó que en la respuesta a la reclamación, se le indicó al señor Palma
Mena, que “…se observa que la OPEC en la cual se encuentra concursando es del nivel
TÉCNICO, y se requería acreditar el Título en Tecnología en administración de empresas. Así
las cosas, y revisada la documentación aportada oportunamente a través del aplicativo SIMO,
se encuentra que el título obtenido en TECNOLOGO EN GESTIÓN INDUSTRIAL no se
encuentra dentro de los títulos específicos señalados en la OPEC, toda vez que esta indica que
debe poseer título en Tecnología en administración de empresas”

14. Resaltó que se ha dado cumplimiento a los artículos 2.2.36.1.1, 2.2.36.1.2 y
2.2.36.2.2, y al acuerdo de convocatoria en cuanto se dio aplicación al requisito
mínimo de estudio establecido en la OPEC y el Manual de Funciones, que para
el caso concreto solo contempló como la presentación de título en tecnología en
administración de empresas, sin que sea posible validar títulos diferentes.

15. La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, no contestó la
demanda, a pesar de que fue notificada en debida forma.

4.3. Fallo impugnado

16. En sentencia del 14 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró improcedente la acción de cumplimiento, al considerar que:

“…revisados los documentos allegados como prueba en el expediente, es posible
concluir que la presente acción es improcedente, toda vez que el accionante no agotó
el requisito frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-, pues no allegó
prueba de haber presentado solicitud antes de acudir a la acción de cumplimiento, a
pesar de haber sido requerido en el auto admisorio para tal fin.

En el sentido anotado se tiene que, el accionante allegó una serie de documentos
relacionados con su inscripción en la convocatoria núm. 843 de 2018, pero ninguno
de estos documentos correspondía a la constitución en renuencia exigida en el
artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

Por su parte, en relación con la constitución en renuencia frente a la Escuela Superior
de Administración Pública –ESAP–, entre folios 62 y 63 del documento denominado
“003DemandaYAnexos.pdf”, obra copia de la petición formulada por el actor a dicha
entidad, en la cual manifestó que presentaba reclamación contra la decisión de no
haberlo admitido en la convocatoria núm. 843 de 2018 e igualmente señaló que la
solicitud lo hacía en ejercicio del derecho fundamental de petición y en prevención de
una posterior acción de cumplimiento.
(…)

En este sentido, es claro que no se cumplió con el requisito de procedibilidad exigido
por el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 para acudir a la acción de cumplimiento”.

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4.4. Impugnación

17. El accionante, mediante correo electrónico del 20 de octubre de 2022,
allegó escrito en el que impugnó4 la decisión del Tribunal, para que se revocara
y en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

18. Manifestó que “…no estoy de acuerdo con el fallo (…) se deviene el perjuicio
irremediable, de los cuales me pronunció al respecto en el escrito de impugnación.
Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere
el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual
deberá ser sustentado en la demanda (…) Señor Magistrado en cualquier momento se
expedirá, la lista de elegibles que es lo único que falta por expedirse en el concurso y por lo
tanto es urgente la resolución de mi amparo constitucional, a fin de continuar en el concurso y
estar en la lista de elegible (…) La inadmisión al concurso público de méritos, me afectan
gravemente por cuanto me impide seguir participando del concurso público y finalmente. (…)
Resulta impostergable la decisión de protección constitucional en cuanto después de expedida
la lista de elegibles, no habrá posibilidad de modificar la lista máxime que esta de manera
rápida cobra firmeza”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

19. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393
de 19975, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20116, y el Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
“apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

20. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia del 14 de octubre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de

4
La sentencia del 14 de octubre de 2022, fue notificada por correo electrónico de ese mismo día y el escrito de
impugnación fue presentado por medio electrónico el 20 de octubre de 2022. Así pues, se evidencia que la parte actora
impugnó la sentencia dentro del término legalmente previsto. Ver expediente digital.
5
“ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con
fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con
competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso
Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la sección o
subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda en
reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la
Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los Jueces
Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos Administrativos y la
segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
6
Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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Antioquia que declaró improcedente el medio de control de la referencia, para lo
cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

21. ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la Comisión
Nacional del Servicio Civil y la Escuela Superior de Administración Pública -
ESAP de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?

22. De ser afirmativa la respuesta ¿Hay lugar a ordenar a las autoridades
accionadas el cumplimiento de los artículos 23 del Decreto 785 de 2005;
2.2.2.4.9 y 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015; 2.2.36.1.1, 2.2.36.1.2, 2.2.36.2.1 y
2.2.36.2.2, del Decreto 1038 de 2018; y 19 del Acuerdo 7656 de 2008 proferido
por la CNSC y en consecuencia, que se le tenga en cuenta como requisito de
estudio el título aportado para lograr la admisión y continuar en el proceso de la
convocatoria 843 de 2018?.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

23. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad;
y, (iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

24. La presente acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En
caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del
deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que
"Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

25. Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar
el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo
2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de
este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de
sus funciones públicas.

26. De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de
ley y de los actos administrativos.

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27. Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de
acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge
de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando
asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de
principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un
orden jurídico, social y económico justo” 7(Subraya fuera del texto).

28. Sin embargo, para que la acción prospere, del contenido de la Ley 393 de
1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

28.1. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(Art. 1º)8.

28.2. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de
cumplimiento.

28.3. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
acatamiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento (Art. 8º).

28.4. El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

28.5. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo obedecimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente
la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de
derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se
pretenda el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(Art. 9º).

2.3.2. De la renuencia

29. El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de
7
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
8
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y
directrices.

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procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante
aporte la prueba de haber pedido a la entidad demandada en forma directa y
con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la
solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva
autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción constitucional.

30. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia a la Comisión Nacional del Servicio Civil
y a la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP antes de instaurar la
demanda.

31. En atención al requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta,
como lo ha señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”9.

32. Sobre este tema, esta Sección10 ha dicho que:

“(…) Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento
judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos (…)11” (Negrillas fuera de texto).

33. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece

9
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo.
10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente 47001-23-31-
000-2011-00024-01. M.P. Susana Buitrago.
11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724,
M.P.: Darío Quiñones Pinilla.

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lo siguiente:

“(…) Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
(…)”.

34. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

35. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.

36. Como quedó establecido en el numeral 5º del artículo 10º de la Ley 393 de
1997, la constitución de la renuencia de la entidad accionada deberá
acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano la solicitud.

3.3. Caso concreto

37. En el escrito introductorio no se hace relación a documento alguno que
permita establecer que en efecto, el demandante dio cumplimiento al requisito
de procedibilidad de la acción, frente a las entidades accionadas.

38. Así mismo, revisados los anexos allegados con la demanda, solo se
aportaron los siguientes documentos:

39. Comunicación del 29 de junio de 2022 suscrita por el accionante y dirigida a
la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, con referencia, “…Ref:
PETICIÓN. (reclamación) Asunto: RECLAMACIÓN ETAPA DE VRM (ESTUDIOS) En ejercicio
del derecho fundamental de petición y en prevención de una acción de cumplimiento posterior
según el Art. 23 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los art. 5 y SS.
Del Código Contencioso Administrativo, me permito hacer la siguiente petición”, en la que le
solicitó que:

“…4. Por tal razón de conformidad con el decreto 785 de 2005, en su art.6 donde
describe este factor: ESTUDIO: son los conocimientos académicos adquiridos en
instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el gobierno Nacional
en este caso el (ICFES).

5 En este caso en concreto cumplo con los requisitos mínimos de estudio al haber
cursado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), los estudios a
nivel tecnológico de Administración de Empresas, graduado mediante acta Nro.843
facultad de Ciencias Administrativas- donde se me confirió el título de Tecnología en
Gestión Industrial con ese énfasis del ciclo tecnológico ofrecido con registro ICFES

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26224, para que tengan en cuenta al momento de decidir esta reclamación de
manera respetuosa. Mediante el Numero (sic) de Reclamación 512915738 del 29 de
junio de 2022.

6 En consecuencia esta petición la formulo amparada en el art. 23 de la
Constitución Política Nacional en concordancia con la Ley 1437 de 2011.

Invoco como fundamento, el art. 23 de la Constitución Nacional, los art. 5 y SS. Del
Código Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011 y la dto 785 de 2005 y demás
normas”.

40. Oficio del 11 de julio de 2022, dirigido al actor y suscrito por la Subdirección
Nacional de Proyección Institucional de la Escuela Superior de Administración
Pública – ESAP, en la que le responde que:

“…En este sentido, haciendo el análisis de su caso particular, se observa que la
OPEC en la cual se encuentra concursando es del nivel TÉCNICO, y se requería
acreditar el Título en Tecnología en administración de empresas. Así las cosas, y
revisada la documentación aportada oportunamente a través del aplicativo SIMO, se
encuentra que el título obtenido en TECNOLOGO EN GESTION (sic) INDUSTRIAL
no se encuentra dentro de los títulos específicos señalados en la OPEC, toda vez que
esta indica que debe poseer título en Tecnología en administración de empresas.

Con fundamento en lo anteriormente señalado, se confirma el resultado obtenido en
la Verificación de Requisitos Mínimos (VRM) en la cual tiene el estado de No
Admitido. Adicionalmente se informa que, siguiendo lo fijado en el procedimiento de la
convocatoria y el mecanismo de publicidad fijado el Artículo 33 de la Ley 909 de
2004, esta decisión se notifica con su publicación en el sitio web oficial de la CNSC
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno. (inciso 2 art. 12 del decreto
760 de 2005)”.

41. En este orden, se evidencia que, el escrito dirigido a la ESAP, corresponde
a una reclamación, en relación con los resultados de la verificación de requisitos
mínimos en el marco del proceso de selección, pero no se advierte que con esa
solicitud se haya agotado el requisito de procedibilidad que exige el ejercicio de
la acción de cumplimiento como lo pretende el actor.

42. Así las cosas, la petición del demandante no pretende agotar el requisito
exigido por el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, previo a la presentación de la
demanda de cumplimiento, pues, se reitera, no buscó constituir en renuencia a
las autoridades demandadas respecto de un deber legal o normativo
presuntamente desatendido sino lograr a través de una reclamación que el
estado de “no admitido” fuera revocado y se aceptara el cumplimiento de los
requisitos, situación que fue valorada encontrando que se mantenía la decisión
en la medida que no se acreditaron los documentos que exige el concurso.

43. Adicionalmente, debe precisarse que la solicitud dirigida a la entidad no se
presentó de forma autónoma y con el objetivo de requerir el cumplimiento de
una norma con fuerza material de ley o para poner en conocimiento de la
entidad que se encontraba desatendiendo un deber legal, finalidad de la

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constitución en renuencia, sino que buscaba dar inicio a la actuación
administrativa que procuraba por revocar directamente un acto administrativo.

44. Por tanto, en este caso no fue acreditado el agotamiento debido del
requisito de procedibilidad que exige la Ley 393 de 1997, pues es claro que el
señor Palma Mena no pidió el cumplimiento de las disposiciones invocadas en
la demanda, previamente a la interposición de la acción.

45. La constitución de la renuencia no puede entenderse satisfecha con la
presentación de cualquier petición dirigida a la autoridad demandada, por
cuanto es necesario que sea reclamado el cumplimiento de la norma legal o el
acto cuya eficacia aspira la actora, y en los escritos referidos, no se indicaron
las normas que se precisan en la demanda.

46. La excepción a la que alude la norma se refiere a cuando el acatamiento del
requisito de procedibilidad genera el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable, el que deberá en todo caso sustentarse en la demanda,
circunstancia que en el presente caso no se alegó ni se acreditó, solo se alegó
en la impugnación.

2.4. Conclusión

47. En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia para, en
su lugar, rechazar la demanda que es lo que corresponde cuando no se cumple
con el requisito de la renuencia12 y, por ende, no es posible continuar con el
estudio de la procedencia y el fondo del asunto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de octubre de 2022 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró la improcedencia de la acción, para en
su lugar, RECHAZAR la demanda por cuanto no se acreditó el requisito de
renuencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de
la Ley 393 de 1997.

12
En este sentido pueden consultarse, entre otras, sentencia de 7 de febrero de 2019, radicado, 68001-23-33-000-
2018-00949-01. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y sentencia de 12 de mayo de 2022, radicado: 23001-23-33-
000-2022-00017-01. MP Luis Alberto Álvarez Parra.

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TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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