Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2022-00110-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-40-000-2022-00110-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 44001-23-40-000-2022-00110-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de noviembre de 2022
Demandante: Wilfred Alonso Mendoza Tobón
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00110-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: CUMPLIMIENTO
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00110-01
Demandante: WILFRED ALONSO MENDOZA TOBÓN
Demandado: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
Tema: Revoca improcedencia para, en su lugar, rechazar por falta de
requisito de procedibilidad de la renuencia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 3 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira que declaró improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Wilfred
Alonso Mendoza Tobón1 presentó demanda contra el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi [en adelante IGAC], para que se ordenara el cumplimiento de los
artículos 3.º de la Ley 14 de 19832 y 31, 32, 35 y 41 de la Resolución 070 de
20113, proferida por el IGAC. Formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Se acoja a la tesis a qui expuesta
SEGUNDA: Se ORDENE y garantice el cumplimiento del artículo 1 de la
Constitución Política en tanto se ordene el cumplimiento efectivo de la Ley 14 de
Julio 6 de 1983 y de la Resolución número 070 del 4 de Febrero de 2011.
TERCERA. Que se ORDENE a la entidad accionada […] a ser efectivo la
VERIFICACIÓN y CORRECCIÓN del número predial nacional o la ASIGNACION
del Código o el numero predial del bien inmueble de propiedad de mi poderdante
descrito en el hecho número 10.
1
El accionante actúa a través de apoderado judicial.
2
“Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.
3
“Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación
catastral y la conservación catastral”.
1
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Demandante: Wilfred Alonso Mendoza Tobón
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
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CUARTA: Que se IDENTIFIQUE PREDIALMENTE el bien inmueble de propiedad
del demandante descrito en el hecho número 10 en su ubicación real y material, en
sus linderos, y su extensión, en las construcciones, y precisar las demás
características necesarias que permita localizarlo inequívocamente en los
respectivos registros catastrales.
QUINTA: Que se IDENTIFIQUE PREDIALMENTE al bien inmueble de propiedad de
la señora […] en su ubicación real y material dirección y linderos y se le VERIFIQUE
y CORRIJA o se le asigne el numero predial que le corresponde en vista que
aparece con el mismo número del bien inmueble de propiedad del accionante en el
recibo oficial del impuesto predial unificado del Distrito de Riohacha, pero en las
escrituras no”. [(sic) a toda la cita].
2. Hechos
El 11 de diciembre de 2019, el actor pidió al IGAC – Territorial de La Guajira, que
verificara, corrigiera o asignara el número predial nacional del bien inmueble
urbano de su propiedad4. Lo anterior, porque el mismo código único de
identificación catastral [0104113520015000] figura en otra escritura pública y el
impuesto unificado registra los datos de otro bien inmueble, por ende, aludió que
no puede cumplir sus obligaciones tributarias.
El 16 de diciembre de 2019, la entidad respondió que la solicitud se encontraba en
estudio y que comunicaría la respectiva decisión. El 15 de marzo de 2021, el
accionante señaló que remitió a la accionada sentencia de tutela “radicación
44001310300100001501” en el trámite que promovió el propietario de un predio
colindante al bien inmueble del actor5.
Ante la falta de pronunciamiento de la entidad, el 9 de junio de 2020 y 25 de
agosto de 2021, el demandante reiteró la solicitud de 11 de diciembre de 2019
para que se tomara la decisión de fondo y se le notificara. Según indicó, en esta
última oportunidad se aportó respuesta que el IGAC emitió a la antigua propietaria
del bien inmueble en el año 2018, en donde la entidad señaló que el número
predial era 010410270016000, pero tampoco se obtuvo solución al asunto.
El 23 de febrero de 2022, el actor acudió a la acción de tutela contra la accionada,
para la protección del derecho de petición. En sentencia de 18 de marzo de 2022,
radicado 44001-00131-10-001-2022-00063-00, el Juzgado Oral del Circuito de
Riohacha negó el amparo del derecho fundamental, por carencia actual de objeto
al configurarse hecho superado. La autoridad judicial concluyó que el IGAC
respondió de fondo, a través del oficio n.º 2612DTG-2022-000-EE-001 de 9 de
marzo de 2022.
En criterio del accionante, la entidad atendió su solicitud por cuanto no ajustó el
4
Según la escritura pública n.º 182 de 20 de febrero de 2009, otorgada por la Notaría Segunda de
Riohacha.
5
El actor no explicó el objeto del proceso de amparo, ni el sentido de la decisión judicial que
remitió a la accionada.
2
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código de identificación catastral e incumple los artículos 3.º de la Ley 14 de 1983
y 31, 32, 35 y 41 de la Resolución 070 de 2011, proferida por el IGAC, razón por la
cual acudió a la acción de cumplimiento.
3. Admisión de la demanda
En auto de 5 de septiembre de 20226, la ponente del Tribunal Administrativo de La
Guajira admitió la demanda y ordenó su notificación al IGAC y al Ministerio
Público.
4. Informe
Por medio de apoderado judicial, el IGAC se opuso a la acción de cumplimiento.
En primer lugar, indicó que los escritos que presentó el actor no tenían por
finalidad constituir en renuencia a la entidad sino la inscripción y/o adecuación del
número catastral del bien inmueble que es de su propiedad, según la escritura
pública n.º 182 de 20 de febrero de 2009 de la Notaría Segunda de Riohacha. Al
respecto, explicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado7 ha precisado que,
para agotar el requisito de procedibilidad, no basta un “derecho de petición”, se
requiere de solicitud expresa hecha con el propósito de cumplir el presupuesto
para los fines de la acción.
En segundo lugar, dijo que con ocasión de la tutela que el actor promovió se
expidió el oficio n.º 2612DTG-2022-0001507-EE-001 del 9 de marzo de 2022. En
ese momento se le manifestó al accionante que, para poder resolver la petición de
11 de diciembre de 2019, se necesitaban unas escrituras públicas para completar
el estudio y se especificaron los documentos soporte de la inscripción que
registraba en la base de datos de la entidad a nombre del otro propietario con el
que coincide el código de identificación predial.
Por otra parte, informó que al culminar el estudio del asunto en oficio n.º
2612DTG-2022-0013065-EE-001 de 7 de septiembre de 2022, se le comunicó al
actor que:
“[…] No es posible realizar la identificación y asignación solicitada, debido a que
hemos realizado el estudio de toda la documentación que reposa en el expediente
administrativo y se concluye que de acuerdo a los linderos descritos en la escritura
pública No 182 de febrero 20 de 2009, se presenta un conflicto con el predio que
figura inscrito en nuestra base de datos a nombre del señor […] soportada con la
matrícula inmobiliaria No 210-53177 y la Escritura número 323 de fecha 31-03-2010
6
Por medio de auto de 26 de agosto de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito
de Riohacha remitió por falta de competencia funcional el asunto al Tribunal Administrativo de La
Guajira, en atención a que la autoridad demandada es del orden nacional, con fundamento en el
numeral 14 del artículo 152 y el numeral 10 del artículo 155 de la ley 1437 de 2011.
7
Al respecto citó: “(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Radicado No. 25000-23- 41-000-2015-02309-01(ACU), C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez)”.
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de la Notaria segunda de Riohacha, por compra efectuada al municipio de
Riohacha, los predios con los cuales se está presentando el conflicto se identifican
catastralmente con los números 44-001-01- 04-00-00-1027-0016-0-00-00-0000 y 44-
001-01-04-00-00-1027-0017-0-00-00-0000.
Vale la pena aclarar que el predio que aparece inscrito en nuestra base de datos a
nombre de la señora […], identificado con el número 44-001-01-04-00-00-1027-
0016-0-00-00-0000 no está presentado conflicto con ningún predio.
La resolución 070 de 2011, vigente para la fecha de presentación de su solicitud, en
su artículo 64, referente al conflicto entre propietarios sobre un mismo predio
establece:
ARTÍCULO 64.- Conflictos entre propietarios o poseedores sobre un mismo predio. -
Si se diere el caso de dos o más títulos traslaticios de dominio provenientes de un
mismo causante, se inscribirá en el catastro a quien tenga el título con el registro
más antiguo.
Si se diere el caso de dos o más títulos traslaticios de dominio, registrados y
provenientes de diferente causante, sobre el mismo predio, se mantendrá en
el catastro la inscripción existente hasta que la autoridad judicial decida la
controversia.
Si no se pudiere establecer la antigüedad del registro se inscribirá en el catastro a
quien tenga título y demuestre la posesión material del predio. A falta de título
registrado, se inscribirá a quien tenga o demuestre la posesión material mediante
pruebas, tales como: documentos privados de venta de la posesión o venta de
mejora, declaraciones, pagos de servicios públicos.
Si no se presentaren títulos ni se pudieren establecer actos constitutivos de
posesión material, se inscribirá a la persona que aparezca pagando el impuesto
predial unificado. (Negrilla y subrayado nuestro).
Para el caso que nos ocupa los títulos de los predios que están presentando el
conflicto provienen de diferente causante debido a que el título del señor Amílcar
Antonio Mendoza Ramírez proviene del Municipio de Riohacha y el título del señor
Wilfred Tobón proviene de una adjudicación del Incora.
En este orden de ideas, en cumplimiento de la normatividad citada anteriormente, le
comunicamos que el IGAC Territorial Guajira mantendrá en el catastro la inscripción
existente hasta que la autoridad judicial decida la controversia que se está
presentando, dejando constancia que lo anteriormente expresado ha sido de su
conocimiento teniendo en cuenta la notificación del oficio radicado número
1442018EE1562 de fecha 01-03-2018.
De lo resuelto judicialmente el IGAC efectuará todos los tramites catastrales
pertinentes” [(sic) a toda la cita].
Finalmente, el IGAC alegó que no está llamado a dirimir conflictos entre
propietarios o poseedores tal como lo establece el artículo 64 de la Resolución
070 de 2011, y que la justicia ordinaria es la que debe determinar el titular del
derecho de dominio del bien inmueble que refiere el actor. Por tanto, señaló que la
discusión que propone el actor escapa al objeto de la acción de cumplimiento y
resulta improcedente por subsidiariedad.
4
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5. Ministerio Público
El agente del Ministerio Público indicó que en el presente asunto no se cumple
con el requisito de procedibilidad, precisó que el presupuesto no se puede tener
por acreditado con la documental aportada por el demandante porque no se trata
de un “simple derecho de petición” como ocurre con el escrito de 11 de diciembre
de 2019, sino que se hace necesario una solicitud que individualice la norma en
que se consagró el deber y, por ende, exigible. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente la acción de cumplimiento.
6. Sentencia de primera instancia
En decisión de 3 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de La Guajira
declaró improcedente la acción de cumplimiento. Concluyó que los escritos
enviados al IGAC, no se se encaminaron a exigir el obedecimiento de una norma
con fuerza material de ley o acto administrativo, sino a la resolución del caso
particular y concreto, relacionado con la identificación predial del bien inmueble
urbano del actor. Por tanto, como el objeto de las peticiones corresponde al marco
de una actuación administrativa, hacían parte de la controversia propia del trámite
adelantado, pero no buscaban constituir en renuencia a la entidad demandada
respecto de un deber legal o normativo desatendido8.
De otra parte, el tribunal adviritó que el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997,
establece que la acción no procede cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial. En ese sentido, expuso que el objeto de este medio de control
era la protección del interés general. En el caso concreto, señaló que el ciudadano
buscaba prohijar sus intereses particulares, por tanto, precisó que no podía
confindirse este medio judicial con los ordinarios creados para esos fines, como el
proceso ejecutivo.
7. La impugnación del accionante
En el escrito presentado por el apoderado del demandante se realizó un sucinto
recuento de lo decidido. A su juicio, todos los requisitos en el caso concreto se
encuentran cumplidos. Explicó que:
“[…] [se radicó la] reclamación formal en derecho de petición ante la entidad
accionada el día 11 de Diciembre de 2019, el cual no fue un simple derecho de
petición se le hizo la solicitud al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
TERRITORIAL GAUAJIRA IGAC expresamente de la ley y el acto administrativo
que debe darle cumplimiento y después en dos oportunidades se le indicó de la
renuencia en que se encuentra en el cumplimiento del derecho de petición donde se
le indica lay (sic) y el acto administrativo en este caso 14 de 1983 y la Resolución
8
[ Sobre el particular, el quo citó un caso similar “CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN QUINTA.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ. Providencia de fecha veintiséis
(26) de marzo de dos mil veinte (2020). Radicación número: 25001-23-41-000-2019-01151-01”].
5
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070 de 2011, en este caso no hubo respuesta sino hasta cuando mi mandante
presento (sic) acción de tutela precisamente porque no había respondido el derecho
de petición y se encontraba renuente, fue cuando dio respuesta argumentando que
para cumplir con lo dispuesto en las normas citadas le hacían falta las escrituras
públicas de los predios de dos colindantes el del señor RAFAEL TORRES MURGA
y del señor JOAQUÍN URIANA, documentos que fueron entregados a la entidad
demandada por parte del accionante y a pesar de ello mantuvo la renuencia”.
De acuerdo con lo anterior, señaló que la entidad no accedió a lo solicitado, por
tanto, evidentemente está demostrado que es renuente. Asimismo, refutó que el
fundamento jurisprudencial en el que se apoyó el tribunal corresponde a una
“situación fáctica y jurídica totalmente diferente a la del presente caso, porque aquí
el accionante presentó en forma autónoma expresa y concreta la solicitud a la
entidad accionada el cumplimiento de la ley 14 de 1983 y de la Resolución número
070 de 2011 y no fue radiada (sic) en ningún otro procedimiento o trámite
administrativo”.
En cuanto a los argumentos sobre el interés público por el particular, se alegó que
el artículo 87 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997 indican que no se
trata “[…] de delimitar los derechos particulares con el interés público o de carácter
particular o general es motivo de censura en el sentido que la finalidad de la
acción de cumplimiento es la de hacer efectivo el cumplimiento de una norma con
fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada
actuación u omisión a la autoridad , su objeto es la observancia del ordenamiento
jurídico existente, sin tener en cuenta que clase de asunto o de derecho […]”9.
En la impugnación se objetó que no se podía predicar la subsidiariedad por la
acción ejecutiva “[…] porque esta acción constitucional es la más idónea para
lograr la efectividad del cumplimiento de la ley y la Resolución invocada y además
no se indica cual (sic) es el instrumento judicial diferente a este y más idóneo que
debe utilizar el accionante para lograr el efectivo cumplimiento de la ley y del acto
administrativo motivo de la presente acción judicial”.
Finalmente, se solicitó revocar la sentencia impugnada, para no hacer nugatoria la
oportunidad “[…] de superar el perjuicio grave e inminente padecido sobre el
predio de su propiedad que legítimamente lo adquirió y el cual fue entregado
legalmente por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencias
múltiples y de la ciudad de Riohacha (sic) y materialmente por el Distrito de
Riohacha por medio de despacho comisorio ejecutado por el señor INSPECTOR
SEGUNDO DE POLICÍA del Distrito de Riohacha. A pesar de ello se le priva de
pagar el impuesto predial unificado y además se vulneran los derechos y garantías
de la propiedad privada, se encuentran limitados los derechos y deberes que se
desprenden del ejercicio pleno del derecho de propiedad, el cual debe ser
garantizado por mandato constitucional”.
9
[El impugnante citó “[…] Corte Constitucional C- 193 DE 1998 […]”].
6
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 3
de octubre de 2022 del Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del
CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de “las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento”.
2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 3
de octubre de 2022 del Tribunal Administrativo de La Guajira, que declaró
improcedente la solicitud de cumplimiento, para lo cual deberá resolver el
siguiente problema jurídico:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia al IGAC respecto de los artículos 3.º de la Ley 14 de 1983 y 31, 32, 35 y
41 de la Resolución 070 de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º
de la Ley 393 de 1997?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad y; (iii) el caso concreto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo10 para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
10
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-
00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º
11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia
de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
7
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autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
La Corte Constitucional señaló “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”11.
Sin embargo, para su prosperidad, del contenido de la Ley 393 de 1997, se
desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]12.
(ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido [artículos 5.º y 6.º].
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
11
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
12
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. También son causales de
improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política13.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas […]”14.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado15.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-
23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
9
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urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:
“[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el
juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y
evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por
ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la
norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia
de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero
siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio […]”16.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,17 a menos que estén apropiados;18 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior19.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este20 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que “[…] el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º
76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
17
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-
23-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
18
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º
25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
19
Sentencia antes citada.
20
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia
que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de
procedibilidad de la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo” (Negrita
fuera de texto).
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hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento […]”21.
Igualmente, esta Sección22 ha dicho que:
“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [23] […]” (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
21
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º
2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
22
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-
23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
23
[En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].
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pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano24.
La parte actora acompañó con la demanda25 copia del escrito remitido el 11 de
diciembre de 2019, reiterado el 9 de junio de 2020 y 25 de agosto de 2021, en el
que solicitó al IGAC lo siguiente:
En el acápite de fundamentos jurídicos la solicitud se sustentó en las siguientes
normas:
24
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
25
Índice 2 de SAMAI. archivo. pdf “ED_01ACCIONDECUMPLIMI(.pdf NroActua 2”.
12
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La entidad no accedió a lo solicitado en las respuestas de 16 de diciembre de
2019, 9 de marzo y 7 de septiembre de 2022.
De la lectura del escrito de 11 de diciembre de 2019, la Sala observa que el
accionante fundamentó sus pedimentos en la aplicación de la Ley 14 de 198326 y
la Resolución 070 de 201127, sin especificar los preceptos que consideraba
desatendidos.
Ahora bien, como ya se explicó, este requisito impone que antes de presentar la
demanda, el interesado debe acudir ante la entidad que considera está
incumpliendo y, para surtir el requisito de procedibilidad, al peticionario le
corresponde señalar la obligación desatendida e individualizar el [los] artículo[s]
que pide[n] que se acate[n], pues es allí donde se encuentra el deber que se
reclama. Lo anterior, para que la administración tenga la oportunidad de estudiar
la petición y la conteste, antes de iniciar un proceso judicial contra aquella.
De acuerdo con lo anterior, puede ser que la entidad atienda lo requerido,
mantenga su omisión de obedecer o incluso guarde silencio pasados diez días.
superados esos escenarios el interesado puede acudir ante el juez constitucional,
en ejercicio de la acción de cumplimiento, para solicitar que se le ordene a la
entidad que obedezca la obligación, claro está, si precisó el [los] artículo
desatendido que previamente requirió. Será entonces en aquellos casos, cuando
se agoten las anteriores exigencias, que el operador jurídico tiene por superado el
requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento.
En el caso concreto, como se anotó, en la petición de 11 de diciembre de 2019 y
en las que posteriormente fue reiterada, el señor Mendoza Tobón no precisó los
artículos que contienen los deberes presuntamente desatendidos, como sí lo
planteó en la demanda al dirigirse al juez de cumplimiento donde señaló e
individualizó los preceptos invocados.
Por esta razón, la Sala puede concluir que las referidas solicitudes que el actor
dirigió a la autoridad accionada, no se presentaron de forma autónoma, con el
objetivo de requerir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley, esto es,
de los artículos 3.º de la Ley 14 de 1983 y 31, 32, 35 y 41 de la Resolución 070 de
2011 y de poner en su conocimiento que se encontraba desatendiendo un deber
legal, finalidad de la constitución en renuencia, prevista por el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997 [también indicado en el numeral 3.º del artículo 166 del CPACA].
26
Conformada por 90 artículos.
27
Conformada por 162 artículos.
13
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En efecto, la referencia genérica de la Ley 14 de 1983 y la Resolución 070 de
2011 no permite tener por superado el presupuesto para entender que exigió a la
demandada la desatención de manera precisa de algún deber inobservado y que
solo hasta la demanda se individualizó al señalar los artículos invocados.
Ahora bien, es cierto que la falta de agotamiento de la renuencia sería pasible de
superarse ante la existencia de un perjuicio irremediable. Sin embargo, la Sala no
encuentra probada su configuración y, en todo caso, lo anterior, no implica que el
demandante pueda acudir nuevamente a este medio de control, previo escrito en
el que exija el cumplimiento de las normas y artículos, en debida forma, que
considera tienen un deber imperativo e inobjetable que pretenda y su
obedecimiento no conlleve discusión.
En consecuencia, se impone revocar la decisión de primera instancia para, en su
lugar, rechazar la demanda, que es lo que corresponde cuando no se cumple con
el requisito de la renuencia28 y, por ende, no es posible continuar con el estudio de
la procedencia y el fondo del asunto.
III. FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 3 de octubre de 2022 del Tribunal
Administrativo de La Guajira para, en su lugar, RECHAZAR la demanda por
cuanto no se acreditó el requisito de renuencia, conforme lo explicado en esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Login
28
En este sentido pueden consultarse, entre otras, sentencia de 7 de febrero de 2019, radicado,
68001-23-33-000-2018-00949-01. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y sentencia de 12 de
mayo de 2022, radicado: 23001-23-33-000-2022-00017-01. MP Luis Alberto Álvarez Parra.
14
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