Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00464-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2022-00464-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00464-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2022-00464-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
18 de agosto de 2022
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00464-01
Demandante: JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Tema: Revoca sentencia que accedió a las pretensiones para, en su
lugar, rechazar por falta del requisito de procedencia de la
renuencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República contra la sentencia dictada el 21
de junio de 2022, por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
El señor Julián David Rodríguez Sastoque, en ejercicio de la acción prevista en la
Ley 393 de 1997, demandó al señor presidente de la República y al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para obtener el cumplimiento de los artículos 16
y 31 de la Ley 1930 de 20181, con la finalidad de que se les ordenara acatar el
deber de reglamentación en cuanto a la figura de gestores de páramos.
1
“Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia
[…]
ARTÍCULO 16. GESTORES DE PÁRAMOS. Los habitantes tradicionales de los páramos podrán
convertirse en gestores de páramos.
Los gestores de páramos desarrollarán actividades de gestión integral de estos ecosistemas, así
como tareas de monitoreo, control y seguimiento con el apoyo y financiación de los organismos
competentes, de conformidad con los lineamientos y estrategias que se definan para tal fin en el
respectivo Plan de Manejo del páramo.
PARÁGRAFO 1. Solo podrán ser gestores de páramo quienes hayan habitado tradicionalmente el
mismo.
PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien se desempeñe como
autoridad ambiental del orden nacional será el encargado de reglamentar la figura de organización
y funcionamiento de los gestores de páramos.
[…]
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
1.2. Hechos
Los supuestos fácticos se resumen de la siguiente manera:
1.2.1. En el artículo 16 de la Ley 1930 de 2018 se creó la figura de gestores de
páramos y se ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
reglamentar su organización y funcionamiento. Por su parte, el artículo 31 de la
referida normativa otorgó al Gobierno Nacional el plazo de doce (12) meses para
expedir la reglamentación de la referida ley.
1.2.2. El 16 de marzo de 2022, el señor Rodríguez Sastoque solicitó “al Gobierno
Nacional, en cabeza del presidente de la República Sr. Iván Duque Márquez, que
reglamente en su totalidad la Ley 1930 de 2018 con la finalidad de gestionar,
proteger y preservar los páramos como ecosistemas estratégicos del país,
teniendo en cuenta el artículo 31 de la ley en mención”2.
1.2.3. El 22 de marzo de 2022, la jefe del Gabinete Presidencial remitió la petición
a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía y
Agricultura y Desarrollo Rural, al considerar que son las competentes para atender
la solicitud.
1.2.4. El 30 de marzo de 2022, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
informó que ha reglamentado varias disposiciones de la Ley 1930 de 2018,
excepto la figura de organización y funcionamiento de los gestores de páramos
(artículo 16). Asimismo, señaló un enlace digital en el que se remite a la página
web de la entidad en donde se publicó el proyecto de resolución sobre la materia3,
desde el 10 de julio de 2019 hasta el 24 de julio de 2019.
Sin embargo, el solicitante considera que han transcurrido aproximadamente tres
(3) años y ocho (8) meses desde la vigencia de la Ley 1930 de 2018, sin que se
materialice reglamentación alguna en punto a la figura de los gestores de
páramos, por lo cual acudió a la acción de cumplimiento.
ARTÍCULO 31. FACULTAD REGLAMENTARIA. El Gobierno nacional reglamentará la presente
ley en el plazo máximo de 12 meses a partir de la vigencia de la misma y dará cumplimiento a las
adecuaciones y medidas necesarias para darle cumplimiento”.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-369 de 14 de agosto de 2019, expediente D-13.047, MP.
Dra. Cristina Pardo Schlesinger, declaró condicionalmente exequible la citada ley “[…] en el
entendido de que cuando para su desarrollo se adopten medidas administrativas, acciones, planes,
programas, proyectos u otras tareas que puedan afectar directamente a una o más comunidades
étnicas que habitan en los ecosistemas de páramo, se deberá agotar el procedimiento de consulta
previa”.
2
En la referida petición también solicitó información a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de Minas y Energía y de Agricultura y Desarrollo Rural, en cuanto a la reglamentación y
desarrollo de los artículos 4º, 5º, 8º, 11 y 16 de la Ley 1930 de 2018, el escrito también fue dirigido
a la Procuraduría General de la Nación a efectos de que verificara el obedecimiento del
cumplimiento de la referida ley.
3
“Por medio de la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Gestores de
Páramos según el artículo 16 de la Ley 1930 de 2018 y se dictan otras disposiciones”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
1.3. Pretensiones
En la demanda se formularon las siguientes:
“Primera: Que se declare el incumplimiento por parte del Presidente de la República
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la obligación de reglamentar
la figura de gestores de páramos prevista en el artículo 16 de la Ley 1930 de 2018.
Segunda: Que se ordene al Presidente de la República y al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible reglamentar en un plazo razonable la figura de gestores de
páramos, dando cumplimiento a los artículos 16 y 31 de la Ley 1930 de 2018”.
1.4. Trámite de la solicitud en primera instancia
El presente asunto fue conocido, en primera instancia, por la Subsección “A” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por medio de
auto de 27 de abril de 2022, inadmitió la demanda para que el actor: i) identificara
en concreto cuáles de los artículos de la Ley 1930 de 2018 solicitaba el
cumplimiento, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 10º de la Ley 393 de 1997
y ii) acreditara el traslado a las autoridades accionadas, en atención al numeral 8º
del artículo 162 del CPACA.
El demandante remitió memorial4 en el que precisó que las normas cuyo
obedecimiento solicitaba eran los artículos 16 y 31 de la Ley 1930 de 2018 y
acreditó la remisión de la demanda, por medio electrónico, al señor presidente de
la República y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En auto de 23 de mayo de 2022, el Tribunal admitió la demanda, decisión que se
notificó al señor presidente de la República 5 y al ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en calidad de autoridades accionadas y a los ministros de Agricultura y
Desarrollo Rural y de Minas y Energía, como autoridades vinculadas.
1.5. Informes
1.5.1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que la figura
de gestores de páramos se encuentra en proceso de reglamentación, explicó que
se elaboró el proyecto de resolución “Por medio de la cual se reglamenta la
organización y funcionamiento de los Gestores de Páramos según el artículo 16
de la Ley 1930 de 2018 y se dictan otras disposiciones”, el cual fue publicado para
consulta de la ciudadanía en general, entre los días 10 y 24 de julio de 2019.
4
Archivo .pdf “ED_06SUBSANACION(.pdf)NroActua2”, índice 2 de SAMAI.
5
El señor presidente de la República fue notificado del auto de admisión de la demanda de
cumplimiento, por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al correo
electrónico “notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co“, como consta en el documento .pdf
“ED_10NOT2022464(.pdf) NroActua 2” que obra en el índice 2 de SAMAI “EXPEDIENTE DIGITAL”
del presente trámite judicial.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
Sostuvo que a partir de entonces se inició el “proceso de análisis y respuesta de
comentarios, el cual se vio nutrido por el escenario de participación ciudadana que
se surtió en la fase de consulta e iniciativa en el marco del proceso de delimitación
del páramo jurisdicciones Santurbán - Berlín, fase mediante la cual según lo
señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia T 361 de 2017 ´(…) los
participantes emiten su opinión, juicio o análisis sobre el asunto de debate, y
formulan opciones así como alternativas de la delimitación del nicho ecológico
paramuno. Ese procedimiento debe regirse por los principios de publicidad y
libertad, de modo que los participantes escuchen las posiciones de los demás.
(…)´”.
Asimismo, explicó que el mencionado proceso se encuentra en su etapa final de
revisión a la espera de comentarios para que se elabore el informe global con lo
cual será radicado ante la Oficina Asesora Jurídica de la entidad para el trámite de
viabilidad jurídica y, de forma posterior, sea publicado, en virtud de lo dispuesto en
el artículo tercero del Decreto 270 de 2017.
Solicitó que se declare que ha cumplido con su obligación reglamentaria, el
proyecto de resolución está en trámite y que, en aras de demostrar su gestión, se
permita radicar un informe de avance en el término de 15 días.
1.5.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
manifestó que no es la autoridad llamada a responder por la reclamación del
accionante. Indicó que la solicitud de 16 de marzo de 2022 fue dirigida al señor
presidente de la República. Sin embargo, aludió que el asunto no es de
competencia del director del departamento administrativo, a quien no se constituyó
en renuencia. Por tanto, sostuvo que el asunto deviene en improcedente porque la
autoridad ante quien se elevó la petición no es la misma contra la que se admitió
el presente trámite.
La entidad expresó que el auto de 23 de mayo de 2022 es incongruente porque
admitió la demanda contra la Presidencia de la República, pero al momento de
ordenar la notificación personal dispuso que se hiciera al señor presidente de la
República. Señaló que, en todo caso, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República comparecía al asunto y se encontraba notificado por
conducta concluyente.
Sostuvo que no le compete al Gobierno Nacional el obedecimiento del artículo 16
de la Ley 1930 de 2018, sino que es facultad del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Ley 3570 de 2011 y
el parágrafo 2º del artículo 16 de la Ley 1930 de 2018. Bajo ese entendimiento,
explicó que no es responsabilidad del director del departamento administrativo
presentar los proyectos para expedir decretos que corresponden a autoridades de
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
otros sectores de la administración pública, como el que se pretende en este
proceso. En consecuencia, propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva6.
Finalmente, afirmó que, en cuanto a los actos que expida el Gobierno Nacional, su
representación judicial está en cabeza del ministro o del director de departamento
administrativo correspondiente y no del presidente de la República porque, este
último, no es sujeto procesal, salvo en las excepciones dispuestas en los artículos
115 de la Constitución Política y 159 del CPACA.
1.5.3. Los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Minas y Energía,
vinculados como terceros en el presente trámite, propusieron la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, indicaron que no tienen dentro de sus
competencias la de reglamentación de la organización y funcionamiento de la
figura de los gestores de páramos, dispuesta en el artículo 16 de la Ley 1930 de
2018.
Manifestaron que el artículo 16 de la citada ley, no menciona dentro de los
supuestos fácticos y jurídicos a esas carteras ministeriales ni establece obligación
alguna de reglamentación a su cargo. Señalaron que si bien algunas disposiciones
de la Ley 1930 de 2018, las refiere, lo cierto es que el asunto se encuentra a cargo
y bajo las directrices que imparta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
1.6. Sentencia de primera instancia
La Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 21 de junio de 2022, resolvió:
“[…] PRIMERO.- DECLÁRASE NO PROBADA la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, propuesta por el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (la Presidencia de la República) y los ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural y Minas y Energía.
SEGUNDO.- SE ACCEDE a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, se
ordena al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (la
Presidencia de la República) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el
cumplimiento de los artículos 16 y 31 de la Ley 1930 de 2018, en un término
máximo de seis (6) meses, contado a partir de la notificación de la presente
providencia.
TERCERO.- SE DESESTIMA el anuncio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, relacionado con la presentación del informe de avance sobre la
6
Al respecto citó sentencia del 14 de marzo de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
MP. Luis Manuel Lasso Lozano, radicado 25000-23-41-000-2019-00040-00, en la que indicó que
se declaró probada la excepción de falta de legitimación de ese departamento administrativo.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
reglamentación de la figura de Gestores de Páramos, por los motivos expuestos.
[…]”.
En primer lugar, el Tribunal negó la excepción de falta de legitimación de la causa
por pasiva propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, sostuvo que se le denomina en forma abreviada “Presidencia de la
República” y su objeto es asistir al presidente de la República en su calidad de jefe
de gobierno y suprema autoridad administrativa, de acuerdo con el Decreto 1784
de 2019. Por tanto, en concordancia con el artículo 115 de la Constitución Política,
conformaba Gobierno Nacional y, por ende, estaba a su cargo el deber de
reglamentación que se pretende en el presente caso de acuerdo con el artículo 31
de la Ley 1930 de 2018.
Indicó que si bien, el mencionado departamento señaló un precedente horizontal
en cuanto a la falta de legitimación de la referida entidad 7, lo cierto es que en esa
ocasión la norma cuyo cumplimiento se pidió, indicaba la presentación de un
proyecto de ley y, en el caso concreto, se trata de una reglamentación.
En segundo lugar, el a quo determinó que se desestimaba la mencionada
excepción, en relación con los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y
Minas y Energía, porque si bien en las normas invocadas en la demanda no se
advertía obligación a su cargo, “su vinculación se produjo porque el desarrollo
rural y la minería son factores que inciden en la situación de los páramos y, por
ello, era pertinente escuchar su criterio en la presente causa judicial”, aunado a
que varias de las disposiciones de la Ley 1930 de 2018 prevén obligaciones
respecto de dichas carteras.
En tercer lugar, y frente al fondo del asunto, explicó que el parágrafo 2º del artículo
16 de la mencionada norma contiene el deber de reglamentar la organización y
funcionamiento de los gestores de páramos a cargo del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y que el artículo 31 ejusdem dispuso el mandato en cabeza
del Gobierno Nacional, en el plazo máximo de 12 meses a partir de su vigencia.
Indicó que a pesar de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
manifestó que la figura de gestores de páramos se encuentra en proceso de
reglamentación, el artículo 31 estableció el término máximo de 12 meses para
expedir la reglamentación, contado a partir de su vigencia.
Por tanto, atendiendo la fecha de publicación de la ley, 27 de julio de 2018, “el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (la Presidencia de
la República) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (el Gobierno
Nacional) tuvieron hasta el 27 de julio de 2019, para expedir la reglamentación; sin
7
Al referirse a la sentencia del 14 de marzo de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
MP. Luis Manuel Lasso Lozano, radicado 25000-23-41-000-2019-00040-00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
embargo, aún se encuentra en trámite”. En consecuencia, dispuso el
obedecimiento de los citados artículos en el término de seis (6) meses, desde la
notificación de la decisión de primera instancia, toda vez que han transcurrido más
de tres años desde la exigibilidad de la obligación y no se acreditó su acatamiento.
Finalmente, determinó que no era posible acceder a la solicitud del citado
ministerio en cuanto a presentar un informe de avance en el proceso de
reglamentación porque “debió allegarse al momento de contestar la demanda y,
en segundo lugar, por la celeridad con la que debe tramitarse la acción de
cumplimiento (artículo 13, Ley 393 de 1997)”.
1.7. Impugnación
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República impugnó la
sentencia de primera instancia y solicitó revocarla respecto de negar la falta de
legitimación en la causa por pasiva en cuanto a esa autoridad y la orden que se le
impartió en la decisión judicial.
Reiteró los argumentos de su contestación y señaló que la interpretación del
Tribunal sobre “las normas que rigen las competencias del DAPRE es errada,
pues la asistencia que debe prestar esta entidad al señor presidente de la
República NO permite suplirlo en sus competencias propias”.
Sostuvo que, para este caso, no constituye Gobierno Nacional porque, para
efectos del cumplimiento de las normas reclamadas por el actor y que se
ordenaron acatar en la sentencia de primera instancia, es “competencia (…)
exclusiva del primer mandatario” y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver el asunto en segunda instancia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley 393 de 19978, 125, 150
8 “Artículo 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será
competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el
Juzgado Administrativo.
Parágrafo. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados
que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo “CPACA”, Ley 1437 de 2011 9, así como en el artículo 13, numeral
7º, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación
para conocer de “[…] las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en
las acciones de cumplimiento. […]”.
2.2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
21 de junio de 2022 de la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda de
cumplimiento, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia frente al
señor presidente de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible respecto de los artículos 16 y 31 de la 1930 de 2018, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?
¿Hay lugar a ordenar al Gobierno Nacional, que expida la reglamentación en
cuanto a la figura de gestores de páramos?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito de procedibilidad y; (iii) análisis
del caso concreto.
2.3.1. Generalidades10
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
Parágrafo Transitorio. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones
dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
9
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
10
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta
Sección: sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26
de mayo de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, con ponencia de Alberto Yepes
Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación
20001-23-33-000-2016-00371-01 MP Alberto Yepes Barreiro ; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 2 de febrero de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez (E).
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”11.
Sin embargo, para su prosperidad, del contenido de la Ley 393 de 1997, se
desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:
i) Que el deber que se pide hacer acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º) 12.
ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido (Arts. 5º y 6º).
11
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
12
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (Art. 8º).
iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. También son causales de
improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración (Art. 9º).
2.3.1.1. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política13.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas […]”14.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", MP: Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21
de enero de 1999, radicado ACU-546.
14
Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado15.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Lo cual se explica en “[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas
sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha
establecido para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido
radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el
Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento
paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime
a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el
evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de
cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se
pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio […]”16.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos, 17 a menos que estén apropiados; 18 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
Superior19.
2.3.2. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este20 y
15
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Dra. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012,
76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU).
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP, Alberto Yepes Barreiro, 1 de noviembre de 2012,
radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).
17
Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicado 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU).
18
Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente, radicado 25000-23-41-000-
2015-00493-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
19
Sentencia ibídem.
20
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de
diez días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que “[…] el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento […]”21.
Igualmente, esta Sección 22 ha dicho que:
“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que
consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos […]23” (Negrillas fuera de texto).
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que
sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de
la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
22
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01, MP: Susana Buitrago.
23
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano 24.
La parte actora acompañó con la demanda 25 copia del escrito remitido, al señor
presidente de la República, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
de Minas y Energía, de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Procuraduría General
de la Nación, el 16 de marzo de 2022, en el que pidió:
“(…) 1. Solicito al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República Sr.
Iván Duque Márquez, que reglamente en su totalidad la Ley 1930 de 2018 con la
finalidad de gestionar, proteger y preservar los páramos como ecosistemas
estratégicos del país, teniendo en cuenta el artículo 31 de la ley en mención.
2. Solicito a cada uno de ustedes que se sirvan informar el estado de cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la Ley 1930 de 2018 en lo que respecta a las
funciones atribuidas a las entidades que ustedes dirigen.
3. Solicito se informe el estado actual de la delimitación de los páramos del país, en
los términos del artículo 4 de la Ley 1930 de 2018.
24
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-
2016-00690-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.
25
Índice 2 de SAMAI. archivo. pdf “ED_01ACCIONDECUMPLIMI(pdf NroActua 2)”.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
4. Solicito se informe el estado actual del proceso de saneamiento predial de los
páramos del país, en los términos del artículo 8 de la Ley 1930 de 2018.
5. Solicito se informen y proporcionen los lineamientos expedidos por el Ministerio
de Minas y Energía para el programa de sustitución que involucra el cierre, el
desmantelamiento, la restauración y la reconformación de las áreas intervenidas por
las actividades mineras en los páramos del país, de conformidad con el numeral 1
del artículo 5 de la Ley 1930 de 2018.
6. Solicito se informen y proporcionen los lineamientos expedidos por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la elaboración de los planes de manejo
ambiental de los páramos del país, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 6
de la Ley 1930 de 2018.
7. Solicito se informen los mecanismos específicos de asistencia técnica
reglamentados por el Gobierno Nacional en el marco del artículo 11 de la Ley 1930
de 2018.
8. Solicito se informe la reglamentación expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible frente a la figura de gestores de páramos contemplada en el
artículo 16 de la Ley 1930 de 2018.
9. Solicito a la Procuraduría General de la Nación verificar el cumplimiento de la
obligación de reglamentar la Ley 1930 de 2018 e iniciar las investigaciones
disciplinarias que correspondan en caso de encontrar incumplida dicha obligación.
(…)” (subrayas de la Sala).
Por su parte, el 22 de marzo de 2022, la jefe del Gabinete Presidencial remitió la
petición a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía,
de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Procuraduría General de la Nación al
considerarlos competentes para atender la solicitud de información.
De la lectura detenida del escrito de 16 de marzo de 2022, la Sala observa que: i)
si bien, en el numeral 1º, se solicitó al presidente de la República reglamentar “en
su totalidad la Ley 1930 de 2018”, esta es una solicitud genérica, en la cual no se
exigió el cumplimiento del deber de regulación sobre la figura de los gestores de
páramos en particular, que es lo que se planteó en las pretensiones de la
demanda y ii) al citarse el artículo 16 ejusdem, numeral 8º del memorial, en punto
a la materia que se pretende su regulación, simplemente, se pidió información.
Quiere decir lo anterior, que el demandante, con su petición, nunca procuró por
agotar el requisito previsto por el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, respecto de lo
pretendido, pues, no buscó constituir en renuencia a las autoridades
demandadas respecto del deber legal o normativo presuntamente
desatendido, esto es, en cuanto a la regulación de la figura de gestores de
páramos, sino que pidió la información sobre el desarrollo de dicha labor por
parte de la administración, lo cual dista de la finalidad del requisito de
procedencia de esta acción.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
En efecto, el mandato y la materia que se pretende sea reglamentada se
encuentra previsto en el artículo 16 ejusdem, pero de aquel no se exigió su
cumplimiento sino información a la administración, pese a que se invocara el
artículo 31, el cual solo tiene relevancia a efectos de esclarecer el término de
exigibilidad de la obligación.
En otras palabras, la petición dirigida a las autoridades accionadas no se presentó
de forma autónoma y con el objetivo de requerir el cumplimiento de una
norma con fuerza material de ley o para poner en conocimiento de las
accionadas que se encontraban desatendiendo un deber legal, finalidad de la
constitución en renuencia, sino que apenas buscaba obtener información por
parte de ellas en cuanto a la figura de gestores de páramos.
Ahora bien, es cierto que la falta de agotamiento de la renuencia, sería pasible de
superarse ante la existencia de un perjuicio irremediable. Sin embargo, la Sala no
encuentra probada su configuración y, en todo caso, lo anterior, no impide que el
demandante pueda acudir nuevamente a este medio de control, previa solicitud en
la que en debida forma exija el cumplimiento de las normas que considera
desatendidas a las autoridades referidas y satisfaga el presupuesto de
procedibilidad objeto de estudio.
En consecuencia, se impone revocar la decisión de primera instancia para, en su
lugar, rechazar la demanda que es lo que corresponde cuando no se cumple con
el requisito de la renuencia26 y, por ende, no es posible continuar con el estudio de
los requisitos de procedencia y el fondo del asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 21 de junio de 2022 de la Subsección “A”
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para, en su
lugar, rechazar la demanda por cuanto no se acreditó el requisito de renuencia,
conforme lo explicado en esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
26
En este sentido pueden consultarse, entre otras, sentencia de 7 de febrero de 2019, radicado,
68001-23-33-000-2018-00949-01. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y sentencia de 12 de
mayo de 2022, radicado: 23001-23-33-000-2022-00017-01. MP Luis Alberto Álvarez Parra.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Julián David Rodríguez Sastoque
Demandado: Presidente de la República y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00464-01
TERCERO. En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.