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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02100-03

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02100-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia del 14 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante la cual se declaró probada de oficio la excepción de caducidad conforme con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuesta en esta providencia. SEGUNDO: Devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que resuelva de fondo y dicte sentencia sobre el presente asunto. 19 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02100-03

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02100-03 (0304-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ana Lucía Herrera Gómez

Tema: expresión «y que estén en curso», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024. Subtema: garantía de la doble instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, el 14 de noviembre de 2024,
que declaró probada de oficio la excepción de caducidad según el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La Universidad de Antioquia solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo
por medio del cual asumió el pago de la diferencia en la mesada pensional reconocida
por el Instituto de Seguros Sociales1 —en adelante ISS— a la demandada, generada
por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y semestral en el cálculo del
IBL, mientras la beneficiaria adelanta las actuaciones administrativas y judiciales
pertinentes para que la administración reliquide la pensión teniendo en cuenta dichas
prestaciones. Según indicó, la institución educativa no tiene competencia para asumir
una obligación pensional que, en este caso, fue subrogada al ISS por la entrada en
vigor del Sistema General de Pensiones en el nivel territorial.

2. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. La Universidad de Antioquia (en adelante la Universidad), mediante apoderada
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la parte accionada, con las siguientes
pretensiones2:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución 445 del 25 de agosto de 2003,
mediante la cual la Universidad ordenó pagarle a la demandada el mayor valor

1 Hoy COLPENSIONES.
2 Samai,
expediente digital, gestión en otros despachos, 05001-23-33-000-2021-02100-01, índice 02, archivo
ED_ONEDRIVE_1_1810202(.zip), documento 01Demanda.

1

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02100-03 (0304-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ana Lucía Herrera Gómez

de la mesada pensional generada por la inclusión de las primas de navidad,
vacaciones y semestral en el cálculo del IBL pensional liquidado por el ISS al
reconocer la pensión de jubilación.

(ii) Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la parte demandada a restituir el pago de la diferencia de las
mesadas pensionales que la Universidad asumió desde el 29 de diciembre de
2004 hasta el 31 de octubre de 2021 y condenarla al pago de las costas
procesales.

2.1.1. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la Universidad expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) La señora Ana Lucía Herrera Gómez estuvo vinculada como empleada pública en
la Universidad de Antioquia hasta cuando le fue aceptada la renuncia.

(ii) La Universidad, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, reconocía las
pensiones de sus empleados conforme a los regímenes dispuestos en las leyes 6 de
1945 y 4 de 1966, y los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969, con un ingreso base
de liquidación que incluía todo lo devengado por el servidor.

(iii) Con motivo de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones en el nivel
territorial previsto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 —30 de junio de 1995—, la
Universidad afilió a todos los servidores al ISS (hoy COLPENSIONES), entidad que desde
ese momento asumió la carga pensional subrogada de la demandada.

(iv) La Universidad, mediante la Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999,
asumió el pago de una diferencia en la mesada pensional de sus servidores, causada
por la inclusión de factores adicionales a los tenidos en cuenta por el ISS en el cálculo
del IBL pensional, bajo la consideración de que la jurisprudencia permitía la inclusión
de todo lo devengado por el servidor. La institución educativa asumió el pago de esta
diferencia e indicó que continuaría «con las acciones administrativas y judiciales
necesarias para que el ISS reliquidara las pensiones con la inclusión de todo lo
devengado por el trabajador. Este acto general fue reglamentado por la Resolución
16628 del mismo año, que estableció como destinatarios de la subrogación a los
empleados públicos docentes y no docentes de la Universidad.

(v) La Universidad de Antioquia reconoció y ordenó el pago de un bono pensional a
favor de la accionada, a través de la Resolución 009 del 3 de febrero de 2003, y
consignó al ISS la suma de $227.204.000.

(vi) El ISS reconoció la pensión de vejez a la señora Ana Lucía Herrera Gómez,
mediante la Resolución 7271 del 29 de julio de 2005, en cuantía de $2.249.523
mensuales, a partir del 29 de julio de 2003, sin incluir en el IBL las primas de navidad,
de vacaciones y semestral.

(vii) A través de la Resolución 445 del 25 de agosto de 2003, la Universidad ordenó
pagar a la accionada la diferencia de la mesada pensional reconocida y pagada por el
ISS, generada por la inclusión de las primas de navidad, vacaciones y semestral en el

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ana Lucía Herrera Gómez

cálculo del IBL, mientras el citado Instituto asumía la obligación en sede administrativa
o judicial.

(viii) Mediante la Resolución 35823 del 17 de octubre del 2012, la Universidad
derogó la resolución rectoral por medio de la cual asumió el pago de la diferencia en
la mesada pensional de los empleados públicos del ente universitario, causada por la
inclusión de factores que, a su juicio, formaban parte del IBL pensional calculado por el
ISS.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. La parte accionante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución
Política, artículo 48, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005; el artículo 10 de la
Ley 4 de 1992; los artículos 18 (inciso 3), 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; el artículo
5 del Decreto 1068 de 1995; y el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996.

4. En el concepto de violación, afirmó que la resolución acusada, a través de la cual
la Universidad asumió el pago de la diferencia causada por la reliquidación de la
pensión de jubilación reconocida por el ISS, con la inclusión de todos los factores
devengados por la servidora, desconoció las normas constitucionales y legales que
imponen la obligación de liquidar las pensiones con los factores sobre los cuales se
realizaron cotizaciones. Además, puso de presente que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado precisa que el régimen de transición no incluye
entre sus beneficios la determinación del IBL, razón por la cual, la liquidación de la
pensión debe atender lo dispuesto en los artículos 21 —factores de cotización— y 36
de la Ley 100 de 1993 —régimen de transición—.

5. También adujo que el ISS es el único competente para reconocer, liquidar y pagar
las pensiones de los empleados de la Universidad, tal y como lo ha reiterado el Consejo
de Estado en las sentencias proferidas en asuntos con supuestos de hecho y de
derecho semejantes al presente.

2.2. Contestación de la demanda

6. La parte demandada propuso las excepciones de «la Universidad de Antioquia sí
era competente para reconocer pensiones de manera legal o extralegal»;
«convalidación de la subrogación de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 100 de
1993»; «la Universidad de Antioquia debe incluir a la demandante en el fondo para el
pago del pasivo pensional»; «inexistencia de causales de nulidad»; «inexistencia de
situaciones de abuso del derecho»; «irretroactividad del precedente judicial en cuanto
a la liquidación del IBL; prohibición de aplicar el precedente de manera retroactiva»;
«buena fe»; «vulneración de los derechos de las personas de la tercera edad, el
mínimo vital y los derechos adquiridos con una posible nulidad»; «inexistencia de
perjuicios»; «modular efectos de la decisión»; prescripción extintiva»; «improcedencia
de condena en costas» y «compensación»3.

7. Manifestó que la resolución controvertida no se encuentra viciada de nulidad
porque fue expedida por una autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993. Ello, teniendo en cuenta que la accionada

3Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 05001-23-33-000-2021-02100-01, índice 02, archivo
ED_ONEDRIVE_1_1810202(.zip), documento 06.1.ContestacionDemanda.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ana Lucía Herrera Gómez

gozaba del beneficio de la transición establecido en dicha norma; derecho que es
irrenunciable e imprescriptible.

8. Afirmó que el acto acusado tuvo como sustento la Resolución Rectoral 12094 del
4 de mayo de 1999, por medio de la cual la Universidad asumió la obligación de
reconocimiento de las pensiones de los servidores que cumplieron con los requisitos
para el efecto antes del 1 de enero de 1997, y de los empleados públicos que
cumplieron con el tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996, a quienes se les
liquida la prestación con fundamento en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, es decir, con la inclusión de todos los factores devengados por la servidora
en el cálculo del IBL pensional.

9. Sostuvo que como el ISS omitió el deber legal de reconocer la pensión a favor de
la demandada en calidad de beneficiaria de la transición de la Ley 100 de 1993,
correspondía a la Universidad brindar protección a sus empleados subrogándose en
parte de la obligación que no fue reconocida por el liquidado Instituto.

10.Alegó, en cuanto al restablecimiento del derecho solicitado por la entidad
demandante, que la accionada recibió el pago de las mesadas pensionales
subrogadas, estando amparado por la buena fe, de modo que la Universidad no tiene
derecho a recuperar las sumas de dinero correspondientes, de conformidad con el
numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA.

2.3. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante sentencia dictada
el 14 de noviembre de 2024, declaró probada de oficio la excepción de caducidad
según el artículo 86 de la Ley 2381 de 20244. Al respecto, consideró que la norma es
clara al establecer que las acciones administrativas y contencioso-administrativas que
buscan controvertir pensiones reconocidas «deberán ser ejercidas dentro de los 5
años de haberse efectuado su reconocimiento»5.

12. Concluyó que la Universidad tenía oportunidad para presentar la demanda hasta
el 30 de julio de 2008, comoquiera que el reconocimiento pensional en favor de la
señora Ana Lucía Herrera Gómez se efectúo el 29 de julio de 2003. En ese orden de
ideas declaró de oficio la excepción de caducidad, ya que la acción contencioso-
administrativa se ejerció el 30 de noviembre de 2021, después de transcurridos los 5
años establecidos en la ley.

2.4. Recurso de apelación

13. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, porque consideró
que no se configuró la caducidad del medio de control. Señaló que la Corte
Constitucional ha tenido un criterio uniforme respecto a la regla de la irretroactividad
de la ley, y solo el legislador puede regular un efecto distinto a este.

14.Adujo que, la demanda de la referencia se presentó el 1 de marzo de 2024; la Ley
2381 de 2024 se sancionó el 16 de julio de 2024 y según el artículo 95 «rige a partir
4 Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de

origen común, y se dictan otras disposiciones.
5 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 05001-23-33-000-2021-02100-00, índice 48.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ana Lucía Herrera Gómez

de su sanción»; mientras que, por su parte el artículo 86 ibidem prevé una caducidad
de 5 años para asuntos como el objeto de estudio. Por ende, la demanda se radicó en
un momento en el cual no se conocía el referido término de caducidad; y de aplicarse
se reconocería que la norma rige de manera retroactiva.

15. Señaló que la Universidad de Antioquia con la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993, perdió toda competencia para reconocer y pagar pensiones o para subrogarse
en este tipo de obligaciones que son exclusivas del ISS. De modo que las acciones que
emprenda la entidad para que se declaren nulos los actos, mediante los cuales ordenó
subrogarse las pensiones de sus empleados, no están previstas en el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, bajo la lectura simple y exegética de la norma.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

16. Mediante auto del 8 de abril de 2025 el despacho ponente admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, conforme a lo previsto en el artículo
247 de la Ley 1437 de 2011, y ordenó notificar personalmente al Ministerio Público. De
igual forma, prescindió del traslado para alegar de conclusión, en aplicación de la Ley
2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda instancia6.

2.6. Ministerio Público

17.La «Procuraduría Delegada de Intervención 7: Segunda ante el Consejo de
Estado» solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por las siguientes
razones7:

18. Indicó que como la demanda se radicó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia
el 30 de noviembre de 2021, mientras estaba vigente el numeral 1 del literal c) del
artículo 164 del CPACA, la entidad accionante se encontraba facultada para demandar
en cualquier tiempo los actos administrativos acusados.

19. Precisó que la Universidad de Antioquia en el acto administrativo acusado resolvió
subrogarse en una obligación que desconoció y es propia del ISS. En tal sentido, en
caso de que no se declare la caducidad en el asunto, solicitó que prospere la causal
de nulidad invocada, concerniente a la falta de competencia de la demandante, para
el reconocimiento del pago de la pensión de la accionada.

20. Pidió que se aplace el estudio y resolución del caso bajo examen para evitar que
el pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional acerca de la constitucionalidad
de la Ley 2381 de 2024, vaya en contravía de la decisión que pueda adoptar esta
corporación. En el evento en que no se acceda a lo anterior, pidió que se unifique la
postura sobre la aplicación o no de la caducidad en el marco de la mencionada ley. Y,
por último, en caso de no despachar favorablemente la solicitud antes señalada, se
revoque la decisión de primera instancia, para en su lugar, declarar la nulidad de los
actos acusados.

6 Samai, índice 05, expediente digital,
7 Samai, índice 10, expediente digital.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02100-03 (0304-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ana Lucía Herrera Gómez

2.7. Trámite posterior

21.A través de auto del 5 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador adujo que
en providencia proferida el 23 de octubre de 2025 por la Sala Plena de esta Sección 8,
donde se estudió una solicitud de unificación de jurisprudencia similar a la del asunto
de la referencia, se concluyó que como los efectos de la Ley 2381 de 2024 se
encuentran suspendidos, dado el auto 841 del 17 de junio de 2025 dictado por la Corte
Constitucional, resultaba inadecuado proferir una sentencia de unificación.

22.Por ende, decidió abstenerse de dar trámite a la solicitud allegada por el Ministerio
Público y estarse a lo resuelto en el auto dictado el 23 de octubre de 2025 por esta
Sección.

3. CONSIDERACIONES

3.1 . Competencia

23. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

24. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala procede a resolver los
siguientes problemas jurídicos:

25. ¿Al momento de dictarse el fallo impugnado y para la resolución del caso en
concreto, resultaba aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un
término de caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas
contra los actos que reconocen pensiones?

26. En caso de que la respuesta sea negativa, y por consiguiente no opere la
caducidad en el proceso de la referencia, ¿qué medidas debe adoptar la Sala para
garantizar los principios de acceso material a la administración de justicia y doble
instancia, debido a que en primera instancia no se analizó el fondo del asunto?

3.3. Análisis del caso concreto

3.3.1. Sobre el término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024

27. En primer lugar, resulta necesario aclarar que la Ley 2381 de 2024 entró en vigor
el 16 de julio de 2024, por lo que, para la fecha en que se profirió el fallo de primera

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 23 de octubre de 2025, exp. 76001-23-33-000-2020-01414-01

(1306-2025).

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02100-03 (0304-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ana Lucía Herrera Gómez

instancia por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, esto es, el 14 de
noviembre de 2024, dicha normativa se encontraba produciendo efectos jurídicos.

28. No obstante, con posterioridad, la Corte Constitucional, mediante Auto 841 de
20259, suspendió los efectos de la Ley 2381 de 2024, al disponer expresamente lo
siguiente:

QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de
las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la
Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que
se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El
Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá
definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024.

29. De lo anterior se desprende que la referida suspensión tuvo lugar con
posterioridad al fallo impugnado. Dicho de otro modo, al momento en que dicha
providencia fue emitida, la Ley 2381 de 2024 se encontraba vigente, de allí que el
Tribunal razonablemente la considerara para adoptar la decisión correspondiente.

30. Así las cosas, aunque actualmente la norma está suspendida hasta tanto la Sala
Plena de la Corte Constitucional decida de manera definitiva sobre su
constitucionalidad, resulta procedente y necesario estudiar el fallo de primera instancia
bajo el marco jurídico existente al momento de su expedición, lo que implica considerar
si resultaba o no aplicable al caso de autos el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, en
especial, teniendo en cuenta que el recurso de apelación interpuesto reprochó el
análisis que hizo el juez de primera instancia frente al anterior precepto cuando no
había duda de su vigencia, por lo que corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
para ese instante adoptó o no una decisión conforme a derecho.

31. Asimismo, se aclara que el análisis de fondo es procedente y no puede aplazarse,
pues aun cuando la Corte Constitucional está pendiente de decidir la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra la Ley 2381 de 2024, lo cierto es que no existe
mandato alguno ni orden judicial que restrinja la posibilidad de analizar asuntos como
el presente.

32. Hechas las anteriores precisiones, se recuerda que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta, mediante sentencia dictada el 14 de noviembre de 2024,
declaró probada de oficio la excepción de caducidad conforme con el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, al concluir que la Universidad no cumplió con el término de 5 años
que establece la norma para ejercer la acción contencioso-administrativa de la
referencia.

33.Por su parte, la Universidad de Antioquia, mediante el recurso de apelación expuso
que, a su juicio, no se configuró la excepción de caducidad, porque la demanda se

9 Según constancia expedida por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 21 de agosto de 2025, el auto

841 de 2025 fue notificado y publicado el 14 de agosto de 2025 en la página web de la institución. Asimismo, el
término de ejecutoria transcurrió los días 15, 19 y 20 de agosto de 2025. La constancia puede consultarse en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=1&expediente=D0015989, consultar la
pestaña de archivos.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02100-03 (0304-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ana Lucía Herrera Gómez

radicó antes de que se sancionara la Ley 2381 de 2024, la cual no rige de manera
retroactiva.

34. En vista del planteamiento sobre la supuesta caducidad de medio de control de la
referencia, resulta necesario establecer si aquella se configuró o no, en especial
cuando como excepción perentoria que es, puede analizarse en dos momentos a
saber: (i) en cualquier estado del proceso, por medio de sentencia anticipada, siempre
que el juzgador la encuentre probada (artículos 175, parágrafo 2, inciso 4, y 182A,
numeral 3 del CPACA10); y (ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA11),
oportunidad en la que el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada12.

35. La aclaración anterior resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la
Ley 2381 de 2024 se introdujo una significativa modificación, por la cual se establece
un término de caducidad frente a las demandas que la administración presenta contra
sus propios actos de reconocimiento pensional.

36. En tal sentido, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció
un término de caducidad de 5 años «para ejercer acciones administrativas y
contencioso-administrativas respecto de las pensiones reconocidas», contado a partir
del reconocimiento de la referida prestación. Así se observa en el texto del citado
artículo 86 ibidem:

Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas
respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso
administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del
reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello
a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito a las pensiones
reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso
administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en
curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con
respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y
respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso

10 CPACA, artículo182A. «Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: […] // 3. En cualquier estado

del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación,
la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
11 CPACA, artículo 187. «Contenido de la sentencia. […] // En la sentencia se decidirá sobre las excepciones

propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
[…]».
12 Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-33-000-

2019-02462-01 (2648-2021). M.P. William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que
las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa
y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el
numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del
proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada. // En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones
perentorias nominadas, no pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia
judicial, sino que solo se declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos
precisados en el numeral tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se
encuentren probadas o demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina
de fondo las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA». [destacado fuera del texto].

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ana Lucía Herrera Gómez

Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá́ un término de cinco (5) años a partir
de la vigencia de esta ley. [destacado por fuera del texto].

37. Ahora bien, en el presente asunto, la Universidad de Antioquia solicitó la
declaratoria de nulidad de la Resolución 445 del 25 de agosto de 2003, razón por la
que es necesario definir si para el instante en que se dictó el fallo impugnado había
lugar a aplicar el nuevo término de caducidad, sin perder de vista las reglas previstas
en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que
regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los juicios.

38.En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto dispone un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso-
administrativas respecto de las pensiones reconocidas», se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación, en el tránsito legislativo
anunciado, es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188713.

39. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

40. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a
cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.

41. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos
1, 2, 4, 5, 6 y 8314. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887
en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas
previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye a la
interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento
13 Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá́ por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad. (Destacado fuera del texto)
14 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado

que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.

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jurídico vigente.

42. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del numeral 1, literal c), del artículo
164 del CPACA, dado que, a la fecha en que se presentó la demanda, 30 de noviembre
de 202115, era la disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda
se encontraba vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término
de caducidad alguno.

43. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

44.En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que el titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

45. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia
C-1049 de 200416, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por sí sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

46. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigor de
la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
ejercidas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

47. En estos términos, la expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la Constitución Política y los principios constitucionales de confianza legítima y
seguridad jurídica17, motivo por el cual se estima que el juez de primera instancia no

15 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 05001-23-33-000-2021-02100-01, índice 02, archivo
ED_ONEDRIVE_1_1810202(.zip), documento 02. ConstanciaRadicacion.
16 En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista

en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso-Administrativo.
17 En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso

debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política». (Destacado fuera
del texto)

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debió aplicar la referida disposición.

48. Esto quiere decir que la Sala se aparta de la conclusión a la que llegó el juez de
primera instancia al declarar la caducidad del medio de control a partir de la aplicación
del artículo 86 ibidem, pues tal decisión se soportó en una disposición que por las
razones expuestas no está en consonancia con el ordenamiento jurídico superior.
Dicho de otro modo, no había lugar a aplicar el referido de término de caducidad frente
a una decisión que surgió con anterioridad.

49. En ese orden de ideas, al no operar la excepción que estimó probada el Tribunal
Administrativo de Antioquia, se procederá al estudio del segundo problema jurídico,
que gira en torno a las medidas que debe adoptar la Sala para garantizar los principios
de acceso material a la administración de justicia y doble instancia, teniendo en cuenta
que la declaratoria de la caducidad en primera, significó que no se analizaran de fondo
los argumentos propuestos por las partes sobre la competencia de la Universidad de
Antioquia para proferir el acto acusado.

3.3.2. Resolución al segundo problema jurídico

50. Sobre el particular, la Sala observa que en el transcurso del proceso las partes
expusieron oportunamente sus argumentos para que a través de sentencia de primera
instancia el a quo determinara la competencia de la Universidad de Antioquia para
asumir el pago de la diferencia en la mesada pensional reconocida por el ISS a la
señora Ana Lucía Herrera Gómez y resolviera la solicitud de devolución de las sumas
presuntamente pagadas de más a la demandada en virtud del acto cuya nulidad se
solicita. No obstante, el anterior análisis no se surtió dentro de la actuación de la
referencia, dado que, el Tribunal se limitó a realizar el estudio de la excepción de
caducidad según el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, la cual consideró probada.

51. Por consiguiente, desvirtuada la circunstancia por la que el Tribunal
Administrativo de Antioquia no estudió el fondo de la controversia, en aplicación de los
principio de acceso material a la administración de justicia, doble instancia y debido
proceso, estima la Sala necesario que el expediente retorne a la referida autoridad, a
fin de que se analicen de fondo los argumentos de hecho y derecho expuestos por las
partes, así como sus pretensiones y excepciones perentorias, so pena que estos solo
se estudien ante el Consejo de Estado, aunque el ordenamiento jurídico prevé que la
discusión puede adelantarse en dos instancias, lo que implica que en ambas, no solo
en una de ellas, se efectúe el análisis integral de las principales razones de los sujetos
procesales.

52. Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia ha sido
aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencia del 25 de
mayo de 202318, en la que dispuso revocar el fallo inhibitorio proferido en primera
instancia y, en su lugar, que el a quo se pronunciara de fondo; en dicha oportunidad
se indicó:

Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo,
correspondería examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante, se
encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre los reproches de nulidad

18Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 18001-23-33-000-2014-00002-01, M.P. César
Palomino Cortés.

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presentados por la parte actora, habida cuenta que aquellos no fueron analizados por
el Tribunal de primera instancia, autoridad a la que le correspondía adelantar dicho
examen.

Efectivamente en el caso sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que
estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia
en segunda instancia, equivaldría a convertirla en única instancia, privando de esta
manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su
defensa y contradicción, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

53. Así las cosas, en garantía de los principios invocados se revocará la sentencia
proferida el 14 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta, a quien se devolverá el expediente para que dicte un nuevo fallo sobre la
controversia.

3.4. Costas

54. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 19 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia del 14 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante la cual se declaró probada
de oficio la excepción de caducidad conforme con el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, por las razones expuesta en esta providencia.

SEGUNDO: Devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que
resuelva de fondo y dicte sentencia sobre el presente asunto.
19 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02100-03 (0304-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ana Lucía Herrera Gómez

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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