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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02149-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02149-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró probada la excepción de caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024, y en su lugar, 14 Número interno: 0308-2025 Demandante: Universidad de Antioquia Demandado: Rita Judith Vives Cabarcas ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo en el presente asunto. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02149-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Catorce (14) de Mayo de Dos mil Veintiséis (2026)

Radicado : 05001-23-33-000-2021-02149-01 (0308-2025)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : Rita Judith Vives Cabarcas
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Caducidad (artículo 86, Ley 2381 de 2024)
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
Sentencia de Siete (7) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la excepción de caducidad,
conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1. Pretensiones1

1. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de la Resolución No. 221 del
Veinte (20) de Mayo de Dos mil Cuatro (2004), mediante la cual, se ordenó pagarle a la
señora Rita Judith Vives Cabarcas, el valor que resulta de la aplicación del ingreso base
de liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió condenar a la señora Rita Judith
Vives Cabarcas, a restituir a la Universidad de Antioquia, las sumas pagadas con base
en la Resolución Administrativa 221 del Veinte (20) de mayo de Dos Mil Cuatro (2004),
desde el Veintidós (22) de diciembre Dos mil Tres (2003) hasta el Treinta y uno (31) de
octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), que corresponde a $226.692.197, más los valores
que se generen con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre en firme.
Además, se le imponga condena en costas.

1 026ED_ExpedienteDigitaldoc12 kb, archivo 01-folio 17.

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Número interno: 0308-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Rita Judith Vives Cabarcas

3. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes2.

4. Afirma que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la Universidad de
Antioquia, sin efectuar deducción alguna, reconocía las pensiones de sus empleados
con base en todo lo devengado, teniendo como referentes normativos las Leyes 6ª de
1945 y 4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966 (reglamentario de la Ley 4 de 1966) y
1848 de 1969.

5. Señala que, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Universidad de
Antioquia afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales, por quienes realizó
los aportes correspondientes en relación con los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
Además, en virtud del Decreto 2337 de 1996, perdió competencia para continuar
asumiendo el pago de las pensiones.

6. Aduce que, de cara al contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia
del Consejo de Estado3 tenía la firme convicción que le correspondía a todo beneficiario
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, reconocerle la prestación económica con
base en todo lo devengado.

7. Indica que, la demandada estuvo vinculada con la Universidad de Antioquia, y
cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tramitó el reconocimiento
con el Instituto de Seguros Sociales, quien la reconoció mediante la Resolución 005578
del Primero (1) de abril de Dos Mil Cuatro (2004), en cuantía mensual de Dos Millones
Quinientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Veinticuatro pesos ($2.543.824), a partir
del Veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Tres (2003), sin tener en cuenta las primas
de navidad, servicios y vacaciones.

8. Señala que la Universidad de Antioquia con el objeto de participar en la
financiación de la pensión de vejez reconoció y autorizó el pago del bono pensional a
nombre de la demandada, mediante la Resolución Administrativa 478 del 9 de octubre
del 2003, y consignó la suma de $339.623.000, al Seguro Social.

9. Ante el desconocimiento de la inclusión en la liquidación pensional de las primas de
navidad, servicios y vacaciones, expidió la Resolución rectoral 12094 del Cuatro (4) de
Mayo de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), reglamentada por la Resolución
administrativa 16628 de 1999, a través de la cual, estableció como sus destinatarios, los
empleados públicos docente y no docentes de la Universidad, que al momento de entrar

2 Sistema Samai – índice 026ED_ExpedienteDigitaldoc12 kb, archivo 1-folio 2-5
3 C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4/08/2010. Inclusión de todos los factores devengados en el último

año de servicios. (Rdo. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09)

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Rita Judith Vives Cabarcas

en vigencia el sistema les faltaba menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión,
y que ésta no les fuera reconocida teniendo en cuenta el promedio de lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

10. Con fundamento en los actos administrativos antes mencionados, expidió la
Resolución No. 221 de mayo Veinte (20) de Dos Mil Cuatro (2004), por medio de la cual,
ordenó pagar el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que
consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, no reconoce el Seguro
Social a la señora Rita Judith Vives Cabarcas, lo cual, según certificado de fecha
Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021), con fecha de corte Treinta y
uno (31) de la misma anualidad, ascendió a la suma de Doscientos Veintiséis Millones
Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Noventa y Siete Pesos ($226.692.197).

11. La Universidad adelantó diversos trámites ante el Seguro Social, y posteriormente
ante Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones incluyera las primas
de navidad, servicios y vacaciones en la liquidación de la pensión de los servidores
universitarios, que cumplían lo preceptuado en el artículo 36, inciso tercero, de la Ley 100
de 1993; sin embargo, no accedió bajo el argumento que la inclusión de los factores
salariales en el IBL no dependía de él, de la institución ni del empleador, sino de la Ley.
Ante ello demandó al ISS, pero prosperó la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa, seguidamente al demandar nuevamente en compañía de algunos pensionados,
el ISS fue absuelto.

12. La Resolución Rectoral 12094 de 1999, fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia, sin embargo, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, indicó, que el acto acusado no estaba creando una discriminación sino que
ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas que se encontraban en los
supuestos fácticos establecidos en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo
justificable para la época en que se profirió la Resolución, la interpretación de la
universalidad, decisión que fue confirmada por el H. Consejo de Estado.

13. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, se derogó la
Resolución No. 12094 del Cuatro (4) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999)
y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver las situaciones de carácter individual y
concreto, creadas a partir de la Resolución 12094.

14. La anterior resolución fue demandada por la Asociación de Profesores de la
Universidad de Antioquia, ante la cual, el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio
de sentencia del Diecisiete (17) de octubre de Dos Mil Trece (2013) negó las pretensiones.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Rita Judith Vives Cabarcas

15. La Universidad de Antioquia ha interpuesto diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal que consagró la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, sin embargo, no han tenido vocación de prosperidad.

1.2. Normas violadas y concepto de violación4

16. La Universidad de Antioquia expresó que, el acto administrativo objeto de
censura, vulneró los artículos 48 de la Constitución Política (adicionado por el Acto
Legislativo 01 de 2005), 10 de la Ley 4ª de 1992, 18 (inciso 3), 131 y 151 de la Ley 100
de 1993 y 1° del Decreto 1158 de 1994.

17. Respecto a la ilegalidad del acto administrativo demandado, adujo que, no está
obligada a cubrir la parte de la pensión en la que inicialmente se subrogó temporalmente,
en la medida en que, «el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 no
incluye el Ingreso Base de Liquidación, sino el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales hubiese cotizado el afiliado en los último diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión».

1.3. Contestación de la demanda5

18. Actuando por medio de apoderado judicial presentó contestación, por medio de la
cual, se opuso a las pretensiones de la demanda. Expuso que, la resolución administrativa
cuestionada goza de la presunción de legalidad y fue expedida por la autoridad
competente, lo cual sustenta bajo los siguientes argumentos de defensa:

19. La universidad de Antioquia comenzó a efectuar cotizaciones con las respectivas
deducciones antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, esto
es, 30 de junio de 1995 para las entidades territoriales, razón por la cual, el Consejo
Superior Universitario expidió la Resolución Superior 2035 del 26 de enero de 1994, que
obligó a todos sus servidores, entre los cuales se encontraba la demandada a realizar
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.

20. Sostiene que la Universidad no dio cumplimiento al inciso segundo del parágrafo
1°, del artículo 2° del Decreto 2337 de 19969, pues, no trasladó al Sistema General de
Pensiones, los aportes efectuados por la demandada, desde el 1 de enero de 1994, que
se realizaron sobre todo lo devengado, incluyendo las prestaciones sociales.

4 026ED_ExpedienteDigitaldoc12 kb, archivo 01-folio 6
5 026ED_ExpedienteDigitaldoc12 kb, archivo 13.1

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Rita Judith Vives Cabarcas

21. Aduce que, aun cuando la resolución acusada tenía la vocación de
temporalidad, al estar condicionada hasta tanto el ISS a motu proprio o por orden
judicial, incluyera las primas de servicios, navidad, y vacaciones en las liquidaciones de
las pensiones de vejez del personal universitario, lo cierto es que, la Universidad falta a
la verdad, pues, no había realizado las gestiones ni las acciones judiciales para lograr
que la administradora del régimen de prima media recibiera las doceavas partes de
primas como aportes.

22. Afirma que, el acto administrativo acusado fue expedido conforme al principio de
legalidad y en concordancia con el artículo 53 de la Constitución, a tono con la normativa
vigente en materia pensional. Máxime cuando fue proferido por la Universidad de
Antioquia en forma libre y espontánea, observando el precedente unificado del Consejo
de Estado, y creando derechos adquiridos integrales pensionales, que de conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2005 debe garantizar y respetar.

23. En ese orden, sostiene que, cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del
régimen de transición y en tal virtud se le reconoció una mesada pensional que no podría
dejársele de pagar o reducirse por ser un derecho constitucional fundamental.

24. Resalta que, ha obrado de buena fe, justo título y la confianza legítima, razón por
la cual, considera que no le asiste derecho a la Universidad de Antioquia, de reclamar
el pago de las sumas reconocidas a la profesora Rita Judith Vives Cabarcas, en virtud
de la Resolución Administrativa 221 del 20 de mayo de 2004 por concepto de mesadas
pensionales denominada subrogación, por cuanto el artículo 164 literal c) Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. De igual
forma, el inciso segundo del artículo 1 del Acto legislativo 01 de 2005, establece que por
ningún motivo podrá reducirse el valor de las mesadas pensionales reconocidas
conforme a derecho.

25. En sintonía con lo antes expuesto, formuló excepciones previas – indebida
integración del litisconsorcio- y de fondo: Temeridad, justo título y buena fe, actuación
de funcionario conforme a las exigencias de la ley. firmeza, ejecutoriedad y
obligatoriedad de la resolución administrativa 221 del Veinte (20) de mayo de Dos Mil
Cuatro (2004), inexistencia de fundamentos jurídicos que soporten la nulidad del acto
demandado; presunción de legalidad del acto demandado; incumplimiento del
procedimiento señalado por la demandante en el acto administrativo
demandado; prescripción; imposibilidad de condena en costas; y genérica.

1.4. De la resolución de excepción previa.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Rita Judith Vives Cabarcas

26. El A-quo, por medio del auto de fecha Primero (1) de diciembre de Dos Mil Veintidós
(2022), resolvió la excepción previa indebida integración del litisconsorcio, en el sentido
de declararla no probada, pues concluyó que, si bien en los antecedentes administrativos
y en el acto demandado se hace alusión al antiguo Instituto de Seguros Sociales-ISS, hoy
Colpensiones, lo cierto es que el acto demandado fue expedido por la Universidad de
Antioquia y se refiere específicamente a la subrogación que asumió la Universidad en
relación a la demandada, es decir, en el evento en que se declare, o no, la nulidad del acto
acusado, los efectos se irradiarían solo respecto a la Universidad de Antioquia y a la
demandada, lo cual no afectaría el reconocimiento pensional asumido por Colpensiones a
favor de la demandada; por ende, se tornaba innecesaria la vinculación de este última.6

1.5. Sentencia de primera instancia7

27. Mediante Sentencia del Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), el
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró de oficio la excepción de caducidad, sin
condena en costas. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente:

28. La Ley 2381 de 2024 en su artículo 86 «estableció que las acciones administrativas
y contencioso administrativas encaminadas a controvertir las pensiones reconocidas
deberán ser ejercidas dentro de los 5 años de haberse efectuado su reconocimiento, so
pena que, les aplique la caducidad a partir de la vigencia de la citada ley, incluso para
aquellas demandas que se encuentren en curso»; normatividad que indica fue aplicada en
un caso similar por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante
sentencia de 2 de octubre de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2015-05734-01
(39362018); criterio que fue acogido por el tribunal.

29. Resalta que en el sub-lite, mediante la Resolución 5578, de primero (1) de abril de
Dos Mil Cuatro (2004), el entonces Seguro Social le concedió la pensión de vejez a Rita
Judith Vives Cabarcas y la Universidad de Antioquia, a través de la Resolución 221, de
Veinte (20) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2004), resolvió pagar a la señora Rita Judith
Vives Cabarcas el valor que resulta de la aplicación del IBL que consagra el inciso tercero
del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y no reconocido por el Seguro Social, hasta que dicha
entidad lo reconozca, en una especie de subrogación.

6
Expediente digital – sistema Samai archivo 026ED_ExpedienteDigitaldoc12 kb, anexo 14

7 026ED_ExpedienteDigitaldoc12 kb, archivo 20

.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Rita Judith Vives Cabarcas

30. En ese orden, precisa que el reconocimiento pensional se efectuó el Primero (1) de
abril de Dos Mil Cuatro (2004), por tanto, la parte actora tenía hasta el Dos (2) de abril de
Dos Mil Nueve (2009), para presentar la demanda; sin embargo, como esta se radicó el
Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021), concluyó que la acción
contencioso-administrativa se inició con posterioridad a los 5 años de que trata el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.

31. En tal razón, concluyó que, entre el reconocimiento pensional y el cuestionamiento
que plantea en la demanda transcurrieron más de los 5 años establecidos en el artículo 86
(inciso segundo) de la Ley 2381 de 2024, por lo que, encontró procedente declarar de oficio
la excepción de caducidad del medio de control de la referencia.

1.6. Recurso de apelación8

32. El apoderado judicial de la parte demandante, inconforme con la anterior decisión,
interpuso recurso de apelación y pide se revoque, por cuanto estimó que, de la lectura
simple y exegética de la norma, logra entender que las acciones que adelanta la
Universidad de Antioquia para que se declare la nulidad del acto administrativo mediante
el cual, ordenó subrogarse en una obligación de competencia exclusiva del Instituto de
Seguros Sociales, no están enmarcadas bajo el supuesto del artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.

33. Resalta que la Universidad de Antioquia no reconoció pensión a la señora Rita
Judith Vives Cabarcas ni tampoco está o estuvo facultada para ello.

34. Por tanto, considera que el A-quo parte de una premisa errada, debido a que el
acto acusado no reconoció derecho pensional a la accionada. Por tanto, indica que no
se está dentro del supuesto de hecho del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, dado que
el acto que se discute no es el reconocimiento pensional, sino, un acto de mera
liberalidad de la Universidad, que se profirió sin competencia alguna.

35. Por tal razón, colige que no hay lugar a estudiar de manera anticipada, como lo
pretende el A-quo, la ocurrencia del fenómeno jurídico de la caducidad de la acción,
amén que de conformidad con lo dispuesto en el numeral C del numeral 1º del artículo
164 del C.P.A.C.A se puede demandar en cualquier tiempo, cuando la demanda se dirija
“contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas”,
como sucede en este caso en particular, debido a que es una prestación periódica la
reconocida por la Universidad, sin competencia para ello y no es de carácter pensional.

8 026ED_ExpedienteDigitaldoc12 kb, archivo 21.1

.

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Demandante: Universidad de Antioquia
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1.7. Trámite de segunda instancia

36. Por auto de Diez (10) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)9, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante de
acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

37. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.

1.7.1. Concepto Ministerio Público10.

38. El señor agente del Ministerio Público, emitió concepto de fondo en el sentido de
solicitar se revoque la sentencia de primera instancia y se devuelva a primera instancia
para que se estudie y resuelva todas las pretensiones de la demanda, en garantía del
principio de la doble instancia, pues considera que, el A-quo fundamentó su decisión en
la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pese a que dicha disposición no se
encuentra vigente.

39. En consecuencia, sostiene que no resulta jurídicamente viable efectuar
valoraciones o interpretaciones sobre su aplicabilidad, toda vez que la ley no ha
producido efectos jurídicos. Efectivamente, como es de público conocimiento, la Corte
Constitucional, mediante Auto 841 del Diecisiete (17) de junio de Dos Mil Veinticinco
(2025), devolvió la citada ley al Congreso de la República y suspendió su entrada en
vigencia.

40. Concluye que (i) no es procedente aplicar la caducidad prevista en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024, dado que dicha norma no ha entrado en vigencia; (ii) la
demanda fue radicada el Catorce (14) de diciembre de Dos mil Veintiuno (2021), no es
posible aplicar de manera retroactiva el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y (iii) debe
garantizarse el principio de la doble instancia, conforme a lo señalado por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 26 de noviembre de
2025 (radicado 05001-23-33-000-2021-02100-03 (03042025).

9 Expediente digital – Samai – índice - 004
10 Expediente digital – Samai – índice - 007

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Demandante: Universidad de Antioquia
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

41. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo11, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso12, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

42. Corresponde a la Sala resolver: ¿Es aplicable o no al presente asunto el término
de caducidad de 5 años establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, para
ejercer las acciones contencioso-administrativas contra el acto mediante el cual la
Universidad de Antioquia se subrogó al pago de obligaciones de carácter pensional?

43. En el evento que la respuesta sea negativa, deberán analizarse las medidas que
debe adoptar la Sala, en aras de garantizar los principios de acceso material a la
administración de justicia, doble instancia y debido proceso, dado que, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, no emitió pronunciamiento de fondo.

44. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la caducidad según lo dispuesto en la ley
2381 de 2024 y 2.4. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto13.

45. Con el fin de resolver el primer problema jurídico planteado es necesario recordar

11 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
12 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación
de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la
apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B,

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera, providencia del veintiséis (26) de junio de dos
mil veinticinco (2025) Radicado 05001233300020210211702 (6688-2024), Demandante Universidad de
Antioquia, Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho – lesividad.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda - Subsección B Consejero
Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026) Radicado: 25000-23-42-000-2020-01228-01 (1872-2025)

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Número interno: 0308-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Rita Judith Vives Cabarcas

que, los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción,
están previstos en el artículo 164 del CPACA; no obstante, con posterioridad se expidió
la Ley 2381 de 2024 -suspendida su aplicación, según lo dispuesto por la Corte
Constitucional en el Auto 841 de 202514-, norma que establecía una restricción temporal
para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas relacionadas con
pensiones, de la siguiente manera:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

46. La citada disposición comportó una modificación del régimen de oportunidad
contemplado por el artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata,
incluso para los procesos en los que se debatía la legalidad de actos administrativos
que reconocieron una pensión y se encontraban en trámite al 16 de julio de 2024, fecha
de promulgación de la comentada ley.

47. No obstante, esta Subsección, durante el tiempo en que dicha ley estuvo vigente,
de manera categórica dilucidó que, el artículo referenciado, no podía ser aplicado de
manera contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios consagradas en el artículo 40
de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto las normas de derecho procesal son de
orden público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir», también lo es que, «[…] los recursos interpuestos, la práctica de
pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las

14 En el referido auto 841 de 2025 la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigencia de la

Ley 2381 de 2024 y devolverla a la Cámara de Representantes para que subsane un vicio de
procedimiento en el que se incurrió en el proceso de discusión y votación, por ende, una vez la Cámara
cumpla con lo ordenado por la Corte, esta se pronunciará definitivamente de fondo sobre la
constitucionalidad de dicha ley.

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Número interno: 0308-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Rita Judith Vives Cabarcas

notificaciones»15.

48. Por lo tanto, en casos análogos al presente16, la Subsección concluyó que, el
término de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024, solo resulta oponible
respecto de las demandas formuladas después de su promulgación, conforme al artículo
40 de la Ley 153 de 1887, sin que sea posible, imponer a los procesos judiciales en
trámite, un término que no existía en el momento en que fueron iniciados.

49. A tal conclusión arribó esta Sala, con el objetivo de garantizar el principio de
confianza legítima, así como, el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política.

2.4. Caso concreto.

50. En el presente asunto, la Universidad de Antioquia, solicitó la nulidad de la
Resolución Administrativa 221 del Veinte (20) de mayo de Dos Mil Cuatro (2004),
mediante la cual, se ordenó pagarle a la señora Rita Judith Vives Cabarcas, el valor que
resulta de la aplicación del ingreso base de liquidación, al dar cumplimiento al inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

51. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del Siete (7) de
noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), declaró, de manera oficiosa, configurado el
fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control a la luz de lo establecido en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

52. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación al considerar que dicho término no resultaba aplicable al presente asunto,
comoquiera que lo debatido es un acto administrativo que reconoció una prestación
periódica y al momento de presentar la demanda debía atender lo dispuesto en el
numeral 1º, literal C del artículo 164 del C.P.A.C.A.

53. Establecido lo anterior, se precisa que la Ley 2381 de 2024, la cual debió regir a
partir de la fecha de su sanción [16 de julio de 2024]17 y que, de acuerdo con el
mencionado artículo 86, en los procesos judiciales en los que se discuta el
reconocimiento pensional que se encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 14 de noviembre de 2024;
expediente 76001-23-33-003-201701639-01 (3212-2024); consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
16 Entre otras, se puede consultar la sentencia del 19 de junio de 2025, radicado 25000-23-42-000-2017-

06078-01 (0187-2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
17 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y Muerte

de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1° de julio de
2025

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partir de la vigencia [de esa ley]», se considera que dicha figura procesal cuando se está
ante un tránsito legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues, no es dable superponer a los procesos en curso
un término que no existía en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión,
además, se acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

54. Así las cosas, es claro que las normas que establecen el término de caducidad se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», razón por la cual, a la luz de lo establecido en el inciso segundo
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe atender aquellas disposiciones que se
encontraban vigentes cuando empezaron a correr los términos.

55. De cara a lo antes expuesto, comoquiera que la demanda fue presentada el
Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Veintuno (2021)18 y, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al sub examine le resulta aplicable el
numeral 1, literal c), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que, al
momento de presentación de la demanda, esa era la norma que regía la oportunidad
para el ejercicio del medio de control.

56. En este orden de ideas, la declaratoria de caducidad dispuesta por el Tribunal
Administrativo de Antioquia deberá ser revocada, a efectos que se estudie el fondo de
la presente litis.

57. Ahora bien, al resolver el segundo problema jurídico planteado, y en aras de
garantizar los derechos al debido proceso, doble instancia y el acceso real y efectivo a
la administración de justicia, dado que las oportunidades para que las partes plantearan
sus argumentos de censura y defensa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia ya
fueron agotadas, la Sala considera necesario que, el expediente retorne a la referida
autoridad, a fin que se analicen de fondo los argumentos de expuestos por las partes,
así como sus pretensiones y excepciones propuestas, si las hubiere.

58. Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia ha sido
aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencia del 25 de
mayo de 202319 y en más reciente pronunciamiento del 10 de abril de 202520, en la que
dispuso revocar el fallo inhibitorio proferido en primera instancia y, en su lugar, que el a
quo se pronunciara de fondo; en la primera providencia en cita se indicó:

18 Expediente digital – sistema Samai archivo 026ED_ExpedienteDigitaldoc12 kb, anexo 02.1
19 Expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00002-01. M.P. Cesár Palomino Cortés.
20Expediente núm. 05001-23-33-000-2021-01187-02 (6687-2024) M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera

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«Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo,
correspondería examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante, se
encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre los reproches de
nulidad presentados por la parte actora, habida cuenta que aquellos no fueron
analizados por el Tribunal de primera instancia, autoridad a la que le correspondía
adelantar dicho examen.

Efectivamente en el caso sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para
que estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la
controversia en segunda instancia, equivaldría a convertirla en única instancia,
privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de
ejercer legítimamente su defensa y contradicción, íntimamente ligado al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia».

59. Finalmente, la Sala insiste en que, a través de Auto-841 de 17 de junio de 2025,
la Corte Constitucional dispuso suspender la entrada en vigor de las normas de la Ley
2381 de 2024 «[...] hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena [de esa
Corporación] decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo
que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada
ley», razón por la cual, es claro que la norma que sustentó la providencia impugnada
tampoco resulta aplicable en este momento.

60. En conclusión, como garantías de los principios de acceso material a la
administración de justicia, doble instancia y debido proceso, aun cuando se revoca la
sentencia recurrida, en los términos antes indicados, se dispondrá la devolución del
expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que dicte una nueva sentencia
donde se analicen los argumentos expuestos por las partes y se profiera la decisión que
en derecho corresponda.

2.5. Condena en costas

61. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró probada la
excepción de caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024, y en su lugar,

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ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo en el presente asunto.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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