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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02117-02

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02117-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: INAPLICAR el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 13 Numero interno: 6688-2024 Demandante: Universidad de Antioquia Demandado: José Jairo Vélez Ramírez SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 1° de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró probada la excepción de caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024, y en su lugar, ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo en el presente asunto. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02117-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 05001233300020210211702 (6688-2024)1
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho - lesividad
Tema : Se declara de oficio la excepción de caducidad
Decisión : Apelación de sentencia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la Sentencia de 1° de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró probada la excepción de caducidad,
conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024.

I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

La Universidad de Antioquia interpuso demanda en contra del señor José Jairo
Vélez Ramírez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, bajo la modalidad de
lesividad, en el que invocó las siguientes pretensiones:

Que se declare la nulidad de la Resolución No 048 de 21 de febrero de 2003,
mediante la cual se ordenó pagarle al demandado, el valor que resulta de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

A título de restablecimiento del derecho, que se condene al demandado a
restituir a la Universidad de Antioquia las sumas de dinero pagadas mediante la

1
Expediente digital
2
Expediente físico, fl. 1-13

2

Numero interno: 6688-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

Resolución No 048 de 21 de febrero de 2003, en los períodos y montos
indicados en la demanda, más los valores que se generen con posterioridad y
hasta que la sentencia se encuentre en firme.

Finalmente, que, se condene al demandado al pago de las costas del proceso.

1.1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El señor José Jairo Vélez estuvo vinculado a la Universidad de Antioquia y lo
cobijó el régimen de transición del inciso 3°, del artículo 36, de la Ley 100 de
1993.

Relató que, antes de entrar en vigor la Ley 100 de 1993, la Universidad reconocía
las pensiones de sus empleados, pero, luego de dicha fecha, esa competencia
pasó al Instituto de Seguros Sociales -hoy Colpensiones- que, aunque reconoció
la pensión de vejez al demandado con inclusión en nómina desde el 17 de
septiembre de 2002, la universidad se subrogó en parte de las obligaciones a
cargo de aquella y, a partir de la resolución demandada, efectuó pagos
temporales al demandado.

1.2.3 Normas violadas y concepto de violación

La Universidad de Antioquia expresó que, el acto administrativo objeto de
censura, vulneró los artículos 48 de la Constitución Política (adicionado por el
Acto Legislativo 01 de 2005), 10 de la Ley 4ª de 1992, 18 (inciso 3), 131 y 151 de
la Ley 100 de 1993 y 1° del Decreto 1158 de 1994.

Respecto a la ilegalidad del acto administrativo demandado, adujo que, no está
obligada a cubrir la parte de la pensión en la que inicialmente se subrogó
temporalmente, en la medida en que, «el régimen de transición contemplado en la
Ley 100 de 1993 no incluye el Ingreso Base de Liquidación, sino el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales hubiese cotizado el afiliado en los último diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión».

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Numero interno: 6688-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

1.2 Contestación de la demanda.

La parte demandada, se opuso a las pretensiones de la demanda. Expuso que,
la resolución administrativa cuestionada goza de la presunción de legalidad y fue
expedida por la autoridad competente.

1.3 La sentencia de primera instancia3.

Mediante Sentencia del 1° de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró de oficio la excepción de caducidad, sin condena en costas. Lo
anterior, con fundamento en lo siguiente:

La Ley 2381 de 2024 en su artículo 86 «estableció que las acciones
administrativas y contencioso administrativas encaminadas a controvertir las
pensiones reconocidas deberán ser ejercidas dentro de los 5 años de haberse
efectuado su reconocimiento, so pena que, les aplique la caducidad a partir de la
vigencia de la citada ley, incluso para aquellas demandas que se encuentren en
curso»; normatividad que fue aplicada en un caso similar al que hoy nos ocupa
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia
de 2 de octubre de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2015-05734-01 (3936-
2018); criterio que fue acogido por el tribunal.

En el sub-lite, el acto administrativo demandado contenido en la Resolución No
048, de 21 de febrero de 2003, se refiere al pago por parte de la Universidad de
Antioquia del valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación
que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, mas no al
reconocimiento de una prestación de carácter periódica cuya demanda, en los
términos del artículo 164 (numeral 1), podrá interponerse en cualquier tiempo.

3
Expediente electrónico – Gestión de otros despachos – Samai – índice 83

4

Numero interno: 6688-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

La anterior distinción tiene relevancia, en la medida en que la Ley 2381 de 2024,
«Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para
la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»
estableció que las acciones administrativas y contencioso administrativas
encaminadas a controvertir las pensiones reconocidas deberán ser ejercidas
dentro de los 5 años de haberse efectuado su reconocimiento, so pena que se
les aplique la caducidad a partir de la vigencia de la citada ley, incluso para
aquellas demandas que se encuentren en curso.

El tribunal explicó que, el reconocimiento pensional del demandado se efectuó el
23 de octubre de 2002, luego la parte actora tenía hasta el 24 de octubre de 2007
para presentar la demanda; sin embargo, como esta se radicó el 30 de noviembre
de 2021, se concluye que la acción contencioso administrativa se inició con
posterioridad a los 5 años de que trata el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

4. Los recursos de apelación4.

La entidad demandante se opuso a la decisión tomada por el tribunal y pidió
que fuera revocada. Explicó que, de la lectura simple y exegética de la norma, se
puede entender que las acciones que adelanta la UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA para que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante
los cuales ordenó subrogarse en una obligación de competencia exclusiva del
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, no están enmarcadas bajo el supuesto
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA no
reconoció pensión al señor JOSÉ JAIRO VÉLEZ RAMÍREZ ni tampoco está o
estuvo facultada para ello.

5. Trámite de la apelación5.

4
Expediente electrónico – Gestión de otros despachos – Samai - índice 85
5
Expediente electrónico – Samai – índice 4

5

Numero interno: 6688-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

Mediante auto del 1° de abril de 20256 el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación conforme lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021; al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se
prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 7, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación. Sin embargo, en el caso que ambas
partes apelen, el juez decidirá sin limitaciones.

2.2 Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora, en
esta oportunidad la Sala deberá establecer si en el presente caso es posible
dar aplicación al término de caducidad previsto en la Ley 2381 de 2024
conforme lo realizó el tribunal.

En el evento de que no sea posible dar alcance a lo dispuesto en la citada
norma deberá analizarse si: i) resulta procedente emitir pronunciamiento de
fondo por parte de esta instancia respecto de las pretensiones incoadas o, ii)
en aras de garantizar los principios de acceso material a la administración de

6
Expediente digital – Samai - índice 5
7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

6

Numero interno: 6688-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

justicia, doble instancia y debido proceso, lo pertinente es devolver el
expediente al tribunal de origen para que se pronuncie de fondo sobre
aquellas.

2.2.1 El término de caducidad según lo dispuesto en la Ley 2381 de 2024

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta
Jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en relación
con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
prevé:

i. Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento
del derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de
cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según corresponda, so pena del suceso de la caducidad
de la acción.

ii. A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas, o contra actos producto del silencio administrativo9, puede
presentarse en cualquier tiempo.

Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del
fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y
restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las
demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos por la
administración que no versen sobre el reconocimiento y pago de prestaciones
periódicas.

No obstante, el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024,
normatividad que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la
siguiente manera:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las

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Numero interno: 6688-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

Entonces, la citada disposición consagra una modificación en cuanto a los
términos de caducidad para incoar demandas en contra de actos
administrativos que reconozcan pensiones, incluso de aquellos que se
encontraban en curso al 16 de julio de 2024 -día en que dicha ley fue publicada en el
Diario Oficial n.° 52.819 de 16 de julio de 2024 y empezó a regir, de manera general, según lo
dispuesto en su artículo 958-, y las demandas que ya habían sido decididas de

fondo, a quienes se les faculta para incoar el recurso extraordinario de revisión;
disponiendo que el plazo sería de cinco años, so pena de configurarse el
fenómeno en mención.

2.2.2 Hechos probados

De los documentos allegados por los sujetos procesales y que resultan
relevante para decidir, tenemos acreditado lo siguiente:

Mediante la Resolución No 14248, de 23 de octubre de 2002, el entonces
Seguro Social le concedió la pensión de vejez a José Jairo Vélez Ramírez.

Por su parte, la Universidad de Antioquia, a través de la Resolución N° 048,
de 21 de febrero de 2003, resolvió pagar temporalmente a José Jairo Vélez
Ramírez el valor que resulta de la aplicación del IBL que consagra el inciso
tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y no reconocido por el Seguro
Social, hasta que dicha entidad lo reconozca, en una especie de subrogación.

8
Ley 2381 de 2024. ARTÍCULO 95. DEROGATORIAS. la presente ley rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarios. (…)

8

Numero interno: 6688-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

La demanda de la referencia se radicó ante esta Corporación el 30 de
noviembre de 2021.

2.2.3. Caso concreto.

En el presente asunto, la Universidad de Antioquia, solicitó la nulidad de la
Resolución N° 048 de 21 de febrero de 2003, mediante la cual se ordenó
pagarle al demandado, el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base
de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de 1° de noviembre
de 2024 declaró, de manera oficiosa, configurado el fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control. Contra dicha decisión la parte actora interpuso
recurso de apelación al considerar que dicho término no resultaba aplicable al
presente asunto, comoquiera que lo debatido es un acto administrativo que
reconoció una prestación periódica.

Con miras a resolver el primer problema jurídico planteado es necesario
recordar que:

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta
Jurisdicción fueron consagrados inicialmente en el artículo 164 del CPACA; no
obstante, con posterioridad se expidió la Ley 2381 de 2024, norma que
estableció una restricción temporal para el ejercicio de las acciones
contencioso administrativas relacionadas con pensiones.

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después

La citada disposición comporta una modificación del régimen de oportunidad
contemplado por el artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación
inmediata, incluso para los procesos en los que se debate la legalidad de actos

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Numero interno: 6688-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

administrativos que reconocieron una pensión y se encontraban en curso a 16
de julio de 2024, día de promulgación de la comentada ley.

No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser
aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la
implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios consagradas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es
cierto que las normas de derecho procesal son de orden público y «[…]
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a
regir», también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».

Por tanto, se concluye que, el término de caducidad establecido por la Ley
2381 de 2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas
después de su promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de
1887, no resulta viable superponer a los procesos en curso un término que no
existía en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además, se
acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política.

En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en
«[…] la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 plantea la eventual configuración de la caducidad de la
acción en procesos como el que nos ocupa, la Subsección considera
pertinente inaplicar, para este caso concreto, la acotada modificación procesal,
tal como será dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los principios
y prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva.

En ese orden de ideas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró probada la caducidad de la acción
dando aplicación a lo dispuesto en la citada Ley 2381 de 2024.

Sumado a lo anterior, debe precisarse que, sí bien en casos como el que nos
ocupa, lo propio sería que, se emitiera una decisión de fondo de segunda
instancia, se considera que aquello no es posible en aras de garantizar los
principios de acceso material a la administración de justicia, doble instancia y
debido proceso, como se pasa a exponer:

Tanto en la demanda como en su contestación las partes expusieron los
argumentos de defensa en aras de que salieran avante sus pretensiones, por
la parte actora que se declarara la nulidad del acto acusado que reconoció una
pensión a la demandada y se establezca el monto de la mesada pensional;
por parte del demandado y vinculado se solicita denegar tal solicitud.

El análisis de tales pretensiones no se surtió por parte del tribunal, dado su
decisión de dar aplicación a las disposiciones del artículo 86 de la Ley 2381
de 2024 y, en consecuencia, declarar probada la excepción de caducidad.

Ante ello, en aplicación de los principios de acceso material a la administración
de justicia, doble instancia y debido proceso, estima la Sala necesario que el
expediente retorne a la referida autoridad, a fin de que se analicen de fondo
los argumentos expuestos por las partes, así como sus pretensiones y
excepciones propuestas; lo anterior, dado que de emitir un pronunciamiento
de fondo por parte de esta instancia solo se podrían analizar los argumentos
expuestos por el recurrente – en aplicación a lo dispuesto en el artículo del 328 CGP-,
lo cual conllevaría a no tener en cuenta los argumentos de la parte pasiva y

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Numero interno: 6688-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

vinculada-no recurrentes-, lesionado con ello su derecho de defensa; cuando lo
pertinente es que se haga, por parte de la autoridad judicial, un análisis integral
de todo lo expuesto por los sujetos procesales.

Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia ha
sido aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencia
del 25 de mayo de 20239 y en más reciente pronunciamiento del 10 de abril de
202510, en la que dispuso revocar el fallo inhibitorio proferido en primera
instancia y, en su lugar, que el a quo se pronunciara de fondo; en la primera
providencia en cita se indicó:

«Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo,
correspondería examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante,
se encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre los reproches de
nulidad presentados por la parte actora, habida cuenta que aquellos no fueron
analizados por el Tribunal de primera instancia, autoridad a la que le
correspondía adelantar dicho examen.

Efectivamente en el caso sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para
que estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo
la controversia en segunda instancia, equivaldría a convertirla en única
instancia, privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho
fundamental de ejercer legítimamente su defensa y contradicción, íntimamente
ligado al debido proceso y al acceso a la administración de justicia».

Entonces, en aras de garantizar los principios de acceso material a la
administración de justicia, doble instancia y debido proceso, a pesar que se
revoca la sentencia recurrida, en los términos antes indicados, se dispondrá la
devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que
dicte una nueva sentencia donde se analicen los argumentos expuestos por
las partes y se profiera la decisión que en derecho corresponda.

Adicionalmente a todo lo expuesto, la Sala precisa que, teniendo en cuenta
que, el presente asunto se devolverá al Tribunal de Antioquia para que
conozca de fondo las pretensiones de la demanda, no es procedente abordar

9
Expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00002-01. M.P. Cesár Palomino Cortés.
10
Expediente núm. 05001-23-33-000-2021-01187-02 (6687-2024) M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera
.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

el cargo de apelación presentado por la entidad demandante orientado a
discutir si en el presente asunto, sobre el acto demandado es posible o no
declarar la caducidad por no tratarse de un acto que reconozca un derecho
pensional, puesto que, como se expuso en los párrafos precedentes, en el sub
lite se inaplica el artículo artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, lo que significa
que el juez de primera instancia deberá conocer de fondo, satisfaciéndose de
esta manera la pretensión presentada en la alzada por la entidad apelante,
esto es que, se conociera de fondo su demanda sin que se aplicara el
fenómeno de caducidad.

2.2.4. Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.

En el caso concreto, no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la
defensa propia de sus intereses por parte de los intervinientes, por
consiguiente, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA
PRIMERO: INAPLICAR el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

13

Numero interno: 6688-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Jairo Vélez Ramírez

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 1° de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró probada la excepción
de caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024, y en su lugar,
ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo en el presente
asunto.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen para lo
de su cargo.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA

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