Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01464-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01464-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-01464-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Diecinueve (19) de Junio de Dos mil Veintiséis (2026)
Radicado : 05001-23-33-000-2018-01464-02 (0516-2026)1
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado : Elías Arce Botero
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento pensión de vejez
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia de Veintiocho (28) de febrero de Dos mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta, que declaró probada la excepción de
caducidad, conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones2
1. La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), por intermedio
de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó
la nulidad de la Resolución ISS 9341 del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Dos (2002),
proferida por el Instituto de los Seguros Sociales -ISS-, mediante la cual, se reconoció
una pensión de vejez a favor del señor Elías Arce Botero, con fecha de efectividad a
partir de Primero (1) de julio de Dos Mil Dos (2002), en cuantía de Seiscientos Treinta y
Cinco Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos ($635.147), y, en aplicación del Decreto 758 de
1990; en razón a que, se tomaron tiempos que, ya se habían tenido en cuenta para la
pensión de vejez reconocida por Pensiones de Antioquia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que, se declare que, el señor Elías
Arce Botero, no es beneficiario del régimen de transición y no puede causar su derecho
1 Expediente híbrido
2 Expediente híbrido, archivo One Drive- demanda, folio 4-5
2
Número interno: 0516-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Elías Arce Botero
pensional con Colpensiones, pues, no es beneficiario del régimen de transición de
acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y al Acto Legislativo 01 de 2005,
tampoco, cumple con los requisitos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
3. Asimismo, solicitó: i) ordenar al señor Elías Arce Botero, la devolución de lo
pagado por concepto del reconocimiento de la pensión de vejez, a partir de la fecha de
inclusión en nómina de pensionados del acto administrativo Resolución ISS 9341 de
Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Dos (2002), hasta que, se ordene la suspensión
provisional o se declare su nulidad ii) la indexación de las sumas reconocidas, iii) el pago
de intereses y iv) se le condene en costas y gastos del proceso.
1.2. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes3.
4. Se afirma que, el señor Elías Arce Botero, nació el Veintiocho (28) de abril de Mil
Novecientos Treinta y Siete (1937).
5. Señala que, a la fecha del Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y
Cuatro (1994), el señor Elías Arce Botero tenía 56 años, y cero (0) semanas de
cotización.
6. Mediante Resolución No. 3341 del Veinte (20) de noviembre de Mil Novecientos
Noventa y Cinco (1995), Pensiones de Antioquia, resolvió reconocer una pensión de vejez
a favor del señor Elías Arce Botero, tomando en cuenta el período comprendido entre el
Treinta y Uno (31) de marzo de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), a Primero (1)
de junio de Mil Novecientos Ochenta (1980).
7. Aduce que, el demandado acreditaba 367 semanas de cotización al Veinticinco (25)
de julio de Dos Mil Cinco (2005) y, el Catorce (14) de diciembre de Dos Mil (2000), solicitó
al Instituto de Seguros Sociales -ISS- hoy Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES), el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual, le fue otorgada por
medio de la Resolución ISS 9341 del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Dos (2002), con
fecha de efectividad a partir del Primero (1) de julio de Dos Mil Dos (2002), en cuantía de
Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Siete pesos ($635.147), en aplicación
del Decreto 758 de 1990.
8. Informa que, por medio de la Resolución No. SUB-15601 del Dieciocho (18) de
enero de Dos Mil Dieciocho (2018), solicitó al señor Elías Arce Botero, consentimiento para
revocar la Resolución No. ISS 9341 del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Dos (2002), no
3 Expediente hibrido, archivo One Drive- demanda, folio 5-6
3
Número interno: 0516-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Elías Arce Botero
obstante, vencido el término de treinta (30) días establecido en la Ley 1437 de 2011,
resolvió por medio de la Resolución No. SUB-101634 del Diecisiete (17) de abril de Dos
Mil Dieciocho (2018), remitir el caso a la dirección de procesos judiciales.
1.3. Normas violadas y concepto de violación4
9. La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- expresó que, el
acto administrativo objeto de censura, incurre en violación directa de la Ley o el
quebrantamiento de las normas en que debió fundarse, pues, infringe la Constitución
Política, artículo 128, el Decreto 758 de 1990, Ley 43 de 1992, artículo 19, Ley 100 de
1993, Ley 797 de 2003, Acto Legislativo 01 de 2005.
10. Respecto de la ilegalidad del acto administrativo demandado, adujo que, la
percepción simultánea de una pensión de jubilación y una de vejez, solo estaría
permitida cuando la pensión de vejez se conforma con aportes privados, pues, si la
pensión de vejez tiene tiempos o cotizaciones provenientes del sector público, aquella
sería incompatible con la pensión de jubilación.
11. En el caso concreto, el Instituto de los Seguros Sociales -ISS- hoy Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- al tomar para el reconocimiento de la
pensión de vejez como base, el mismo período de tiempo desde el Treinta y Uno (31)
de marzo de Mil Noviembre Setenta y Siete (1977) a Primero (01) de junio de Mil
Novecientos Ochenta (1980), tenido en cuenta para el reconocimiento de la de vejez
por Pensiones Antioquia a favor del señor Elías Arce Botero y por tratarse de dos
entidades de naturaleza pública, resultan incompatibles estas dos prestaciones, lo que,
por contera afecta al erario.
12. Expone que, los tiempos tomados por Pensiones Antioquia, correspondientes a
la entidad Municipios Asociados, están comprendidos: Treinta y Uno (31) de marzo de
Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), a Treinta (30) de junio de Mil Novecientos
Setenta y Siete (1977), Primero (1) de julio de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977),
a Treinta y Uno (31) de agosto de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), del Primero
(1) de septiembre de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), a Primero (1) de junio de
Mil Novecientos Ochenta (1980).
13. Precisa que, los tiempos tomados por el Instituto de los Seguros Sociales -ISS-
hoy Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- fueron:
4 Expediente hibrido, archivo One Drive- demanda, folio 6-17
4
Número interno: 0516-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Elías Arce Botero
• Municipios Asociados, corresponden a: Treinta y Uno (31) de marzo de Mil
Novecientos Setenta y Siete (1977), a Treinta (30) de junio de Mil Novecientos
Setenta y Siete (1977), Primero (1) de julio de Mil Novecientos Setenta y Siete
(1977), a Treinta y Uno (31) de junio de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977),
Primero (1) de septiembre de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), a Primero
(1) de junio de Mil Novecientos Ochenta (1980).
• Clínica San Juan de Dios La Ceja, del Primero (1) de enero de Mil Novecientos
Noventa y Cinco (1995), a Treinta de junio de Dos Mil Dos (2002).
• Valencia Galvis y CIA SCS del Nueve (9) de agosto de Mil Novecientos Noventa
y Cinco (1995), a Tres (3) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998).
• Arce Botero Elías desde el Cinco (5) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Seis
(1996), a Treinta y Uno (31) de agosto de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999).
• Club Billares Universo del Siete (7) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Seis
(1996), a Dieciséis (16) de agosto de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997).
• Hernández Acevedo Juan CLU del Veinticinco (25) de junio de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996), a Treinta (30) de junio de Mil Novecientos Noventa y Seis
(1996).
14. Aduce que, realizado el estudio con los tiempos cotizados con posterioridad al
Primero (1) de junio de Mil Novecientos Ochenta (1980), esto es, en el período desde
Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), a Treinta (30) de junio
de Dos Mil Dos (2002), el señor Arce Botero Elías, únicamente cotizó 367 semanas, por
tanto, al efectuar el estudio de la prestación, evidencia que, no es beneficiario del
régimen de transición, como quiera que, al aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
y el Acto Legislativo 01 de 2005, al Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y
cuatro (1994), contaba con 56 años de edad, tenía cero (0) semanas de cotización y al
Veinticinco (25) de julio de Dos Mil Cinco (2005), solo acreditaba 367 semanas de
cotización.
15. Alega que, efectuado el estudio conforme a la Ley 797 de 2003, tampoco, causa
derecho pensional, toda vez que, si bien, los 62 años los cumplió en el año Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999), solo acredita 367 semanas, cuando lo exigido son
1300 semanas.
5
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Elías Arce Botero
1.4. Contestación de la demanda5
16. El señor Elías Arce Botero, actuando por medio de apoderada judicial, presentó
contestación, por medio de la cual, se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez
que, afirma, no es cierto que, se tomaran tiempos tenidos en cuenta por el departamento
de Antioquia para el reconocimiento de la jubilación, para luego, con base en el mismo
período el Instituto de los Seguros Sociales, por medio de la Resolución No. 03341 del
Veinte (20) de noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), reconociera derecho
pensional al demandado.
17. Sostiene que, percibió la jubilación de Antioquia, con ocasión de los más de 20 años
de servicios prestados al sector público y la pensión del Instituto de los Seguros Sociales,
por haber sido cotizante; sin embargo, en ningún momento, utilizó simultáneamente para
una y otra entidad los mismos tiempos como lo afirma la demandante y como se
comprueba con las Resoluciones que dictó el departamento.
18. Aduce que, la narrativa de los hechos de la demanda es imprecisa y contradictoria,
pues, no es cierto que, tenía cero (0) semanas cotizadas al Instituto de los Seguros
Sociales al Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), pues, en la
misma historia laboral del Instituto de los Seguros Sociales, aparecen cotizaciones desde
el año 1977 hasta el 1980; así, por medio de la Resolución No. 09341 de 2002, le reconoció
la pensión con un total de 915 semanas e igualmente, con la historia laboral aportada por
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), advierte que, cotizó un
total de 546.29 semanas.
19. En sintonía con lo antes expuesto, formuló las excepciones de: «ausencia de causa
para pedir, violación al principio de confianza legítima, caducidad, improcedencia del
restablecimiento del derecho, prescripción, legalidad y legitimidad de la pensión
reconocida al demandado, nadie puede alegar su propia torpeza»
1.5. Sentencia de primera instancia6
20. Mediante Sentencia del veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta, declaró probada la excepción de
caducidad, sin condena en costas. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente:
21. Resalta que, no se aprecia del material probatorio existente en el expediente
como, tampoco en su texto se avizora que, se hubiera planteado y probado la existencia
5 Expediente híbrido, archivo One Drive- contestación de la demanda, archivo 6.
6 Expediente híbrido - sentencia índice 23.
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Número interno: 0516-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Elías Arce Botero
de fraude o la ocurrencia de algún delito, por tanto, cobraba plena vigencia la previsión
reseñada del inciso 2º del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
22. Aduce que, el acto demandado, es la Resolución ISS 9341, de fecha Dieciséis
(16) de junio de Dos Mil Dos (2002), por medio de la cual, se reconoció una pensión de
vejez, y la demanda fue presentada a reparto el Veintiocho (28) de junio de Dos Mil
Dieciocho (2018), es decir, 16 años después, por tanto, concluyó que, era dable declarar
que el derecho a demandar caducó.
23. Anotó que, aun cuando, la parte actora alegó que, procedía la nulidad del acto
administrativo objeto de control de legalidad, por transgredir los artículos 128 de la
Constitución Política y artículo 19 de la Ley 4 de 1992, al señalar que, se reconoció la
pensión sin tener en cuenta que, al demandado ya le había sido reconocida una pensión
vitalicia de jubilación por parte de Pensiones de Antioquia, o que, no es beneficiario del
régimen de transición, o que, se debía aplicar el régimen pensional contenido en la Ley
797 de 2003, de ello, no logró inferir que la pensión fue reconocida con fraude o ante la
comisión del delito; única excepción a la regla establecida en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.
24. Concluyó que, se encontraba acreditada la excepción de caducidad, por tanto, la
declaró probada.
1.6. Recurso de apelación7
25. La apoderada judicial de la parte demandante, inconforme con la anterior
decisión, interpuso recurso de apelación y pide se revoque, por cuanto estimó que, el
fallo se basó en la aplicación de la caducidad, bajo el entendido de una aplicación
inmediata a la entrada en vigencia de Ley 2381 de 2024, la cual, fue promulgada el
Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024).
26. No obstante, aduce que, el A-quo omitió tener en cuenta que, a dicha norma aún
le falta el control Constitucional que, realiza la Corte Constitucional y que, en caso de no
ser aprobada no tendría asidero legal la postura del fallador.
27. Sostiene que, a la luz de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
en casos similares al sub examine, se deberá aplicar la caducidad a partir de la vigencia
de esta norma, es decir, no es una norma con efectos retroactivos, de sostenerse lo
contrario se decaería en un estado altamente peligroso de inseguridad jurídica.
7 Expediente hibrido - índice 26
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Número interno: 0516-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Elías Arce Botero
28. Colige que, al no encontrase vigente la norma aplicada por el fallador no tendría
procedencia la declaratoria de la caducidad, razón por la cual, considera que, debe
revocar la decisión de primera instancia.
29. Como consecuencia de lo anterior, solicita se declare la nulidad del acto
demandado, en razón a que, el Instituto de los Seguros Sociales hoy Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, tomó para el reconocimiento de la pensión
de vejez como base, el mismo período -desde Treinta y Uno (31) de marzo de Mil
Novecientos Setenta y Siete (1977) a Primero (01) de junio de Mil Novecientos Ochenta
(1980), tenido en cuenta, para el reconocimiento de la de vejez por Pensiones Antioquia,
a favor del señor Elías Arce Botero.
30. Aduce que, al tratarse de dos entidades de naturaleza pública, resultan
incompatibles las prestaciones y, causan afectación al erario, en razón a que, el
asegurado se encuentra percibiendo dos asignaciones provenientes del mismo,
además, de tratarse de tiempos públicos, lo cual, resultaría incompatible.
1.7. Trámite de segunda instancia
31. Por auto del Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante de
acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
32. A su vez, en dicha providencia, se negó el decreto de pruebas documentales
aportadas con la alzada y en su lugar, a la luz de lo establecido en el artículo 213 del
CPACA, se decretaron de oficio, se corrió traslado a los sujetos procesales y autorizó a
las partes la presentación de alegatos por escrito.
1.8. Concepto Ministerio Público9.
33. El señor agente del Ministerio Público, emitió concepto de fondo en el sentido de
solicitar se revoque la sentencia de primera instancia y se concedan las pretensiones de
la demanda.
34. Lo anterior, por cuanto señala que, la pensión de vejez reconocida al demandado
por el Fondo Prestacional del departamento de Antioquia se rige bajo las previsiones de
8 Expediente hibrido – Samai – índice - 006
9 Expediente hibrido – Samai – índice - 011
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Elías Arce Botero
la Ley 33 de 1985, al haber ostentado su calidad de empleado público al servicio de
diversas entidades estatales.
35. A pesar, que las prestaciones de vejez del señor Arce Botero, se encuentran
cobijadas con regímenes pensionales distintos, es dable predicar que, las dos son
provenientes del sector público, pues, la pensión de vejez otorgada por el Instituto de
Seguros Sociales – ISS, fue reconocida sin el cumplimiento de los requisitos de legales,
al tener en cuenta, tiempos laborados con el Estado, esto es, el período comprendido
desde el Treinta y Uno (31) de marzo de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977) al
Primero (1) de junio de Mil Novecientos Ochenta (1980), para reconocer una prestación
de vejez por parte de Pensiones de Antioquia, bajo las luces de la Ley 33 de 1985; y al
no tenerse las semanas necesarias cotizadas en lo privado, configura la
incompatibilidad.
36. Así las cosas, considera que el señor Arce Botero no tenía el total de semanas
para gozar de ese beneficio bajo la órbita jurídica del Decreto 758 de 1990, y, lo que, a
su vez, contraria el artículo 128 constitucional.
37. En conclusión, la señora agente del Ministerio Público encontró acreditado que,
el demandado no cumple con los parámetros exigidos para disfrutar de ambas
pensiones de vejez, en el sentido que, conforme a los lineamientos de compatibilidad
los presupuestos no se configuran y quebrantan el ordenamiento constitucional y jurídico
que regulan la materia, por lo tanto, considera que, el acto administrativo acusado
adolece de nulidad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
38. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso11, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
10 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
11 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación
de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Elías Arce Botero
2.2. Problema jurídico
39. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
¿Es aplicable o no al presente asunto el término de caducidad de 5 años establecido en
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, para ejercer acción contencioso-administrativa
contra la Resolución ISS 9341 del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Dos (2002),
proferida por el Instituto de los Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de
Pensiones, mediante la cual, se reconoció una pensión de vejez a favor del señor Elías
Arce Botero?
40. En el evento que la respuesta sea negativa, deberán analizarse las medidas que
debe adoptar la Sala, en aras de garantizar los principios de acceso material a la
administración de justicia, doble instancia y debido proceso, dado que, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, no emitió pronunciamiento de fondo.
41. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la caducidad según lo dispuesto en la Ley
2381 de 2024 y 2.4. Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto12.
42. Con el fin de resolver el primer problema jurídico planteado es necesario recordar
que, los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción,
están previstos en el artículo 164 del CPACA; no obstante, con posterioridad se expidió
la Ley 2381 de 2024 -suspendida su aplicación, según lo dispuesto por la Corte
Constitucional en el Auto 841 de 202513-, norma que establecía una restricción temporal
para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas relacionadas con
pensiones, de la siguiente manera:
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B,
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera, providencia del veintiséis (26) de junio de dos
mil veinticinco (2025) Radicado 05001233300020210211702 (6688-2024), Demandante Universidad de
Antioquia, Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho – lesividad.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda - Subsección B Consejero
Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026) Radicado: 25000-23-42-000-2020-01228-01 (1872-2025)
13 En el referido auto 841 de 2025 la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigencia de la
Ley 2381 de 2024 y devolverla a la Cámara de Representantes para que subsane un vicio de
procedimiento en el que se incurrió en el proceso de discusión y votación, por ende, una vez la Cámara
cumpla con lo ordenado por la Corte, esta se pronunciará definitivamente de fondo sobre la
constitucionalidad de dicha ley.
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Número interno: 0516-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Elías Arce Botero
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
43. La citada disposición comportó una modificación del régimen de oportunidad
contemplado por el artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata,
incluso para los procesos en los que se debatía la legalidad de actos administrativos
que reconocieron una pensión y se encontraban en trámite al 16 de julio de 2024, fecha
de promulgación de la comentada ley.
44. No obstante, esta Subsección, durante el tiempo en que dicha ley estuvo vigente,
de manera categórica dilucidó que, el artículo referenciado, no podía ser aplicado de
manera contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios consagradas en el artículo 40
de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto las normas de derecho procesal son de
orden público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir», también lo es que, «[…] los recursos interpuestos, la práctica de
pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones»14.
45. Por lo tanto, en casos análogos al presente15, la Subsección concluyó que, el
término de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024, solo resulta oponible
respecto de las demandas formuladas después de su promulgación, conforme al artículo
40 de la Ley 153 de 1887, sin que sea posible, imponer a los procesos judiciales en
trámite, un término que no existía en el momento en que fueron iniciados.
46. A tal conclusión arribó esta Sala, con el objetivo de garantizar el principio de
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 14 de noviembre de 2024;
expediente 76001-23-33-003-201701639-01 (3212-2024); consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
15 Entre otras, se puede consultar la sentencia del 19 de junio de 2025, radicado 25000-23-42-000-2017-
06078-01 (0187-2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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confianza legítima, así como, el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política.
2.4. Caso concreto.
47. En el presente asunto, la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), solicitó la nulidad de la Resolución ISS 9341 del Veintiséis (26) de junio
de Dos Mil Dos (2002), proferida por el extinto Instituto de los Seguros Sociales, mediante
la cual, se reconoció una pensión de vejez a favor del señor Elías Arce Botero, con fecha
de efectividad a partir de Primero (1) de julio de Dos Mil Dos (2002), en cuantía de
Seiscientos Treinta y Cinco Mil Cientos Cuarenta y Siete Pesos ($635.147), y, en
aplicación del Decreto 758 de 1990; en razón a que, se tomaron tiempos que, se habían
tenido en cuenta para la pensión de vejez reconocida por Pensiones de Antioquia.
48. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del Veintiocho (28) de
febrero de Dos mil Veinticinco (2025), declaró configurado el fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control, a la luz de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.
49. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación al considerar que, la caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, no debe aplicarse con efectos retroactivos, pues, ello, conllevaría a un estado
de inseguridad jurídica. En tal razón, sostiene que, al no estar vigente la norma en
mención, al momento en que radicó la demanda, no tendría procedencia la declaratoria
de la caducidad, motivo por el cual, solicita que, la decisión de primera instancia sea
revocada.
50. Establecido lo anterior, se precisa que la Ley 2381 de 2024, la cual debió regir a
partir de la fecha de su sanción [16 de julio de 2024]16 y que, de acuerdo con el
mencionado artículo 86, en los procesos judiciales en los que se discuta el
reconocimiento pensional que se encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia [de esa ley]», se considera que dicha figura procesal cuando se está
ante un tránsito legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues, no es dable superponer a los procesos en curso
un término que no existía en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión,
16 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y Muerte
de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1° de julio de
2025
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además, se acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
51. Así las cosas, es claro que, las normas que establecen el término de caducidad se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», razón por la cual, a la luz de lo establecido en el inciso segundo
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe atender aquellas disposiciones que, se
encontraban vigentes cuando empezaron a correr los términos.
52. De cara a lo antes expuesto, comoquiera que la demanda fue presentada el
Veintiocho (28) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018)17 y, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al sub examine, le resulta aplicable el
numeral 1, literal c), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que, al momento
de presentación de la demanda, esa era la norma que regía la oportunidad para el
ejercicio del medio de control.
53. En este orden de ideas, la declaratoria de caducidad dispuesta por el Tribunal
Administrativo de Antioquia deberá ser revocada, a efectos que se estudie el fondo de
la presente litis.
54. Ahora bien, al resolver el segundo problema jurídico planteado, y en aras de
garantizar los derechos al debido proceso, doble instancia y el acceso real y efectivo a
la administración de justicia, dado que las oportunidades para que las partes plantearan
sus argumentos de censura y defensa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia ya
fueron agotadas, la Sala considera necesario que, el expediente retorne a la referida
autoridad, a fin que se analicen de fondo los argumentos expuestos por las partes, así
como sus pretensiones y excepciones propuestas, si las hubiere.
55. Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia ha sido
aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencias del 25 de
mayo de 202318 y 10 de abril de 202519, en las que dispuso revocar el fallo inhibitorio
proferido en primera instancia y, en su lugar, que el A-quo se pronunciara de fondo; en
la primera providencia en cita se indicó:
«Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo,
correspondería examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante, se
encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre los reproches de
nulidad presentados por la parte actora, habida cuenta que aquellos no fueron
analizados por el Tribunal de primera instancia, autoridad a la que le correspondía
adelantar dicho examen.
17
Expediente hibrido, archivo One Drive- demanda, folio 23
18 Expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00002-01. M.P. Cesár Palomino Cortés.
19Expediente núm. 05001-23-33-000-2021-01187-02 (6687-2024) M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera
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Efectivamente en el caso sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para
que estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la
controversia en segunda instancia, equivaldría a convertirla en única instancia,
privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de
ejercer legítimamente su defensa y contradicción, íntimamente ligado al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia».
56. Finalmente, la Sala insiste en que, a través de Auto-841 de 17 de junio de 2025,
la Corte Constitucional dispuso suspender la entrada en vigor de las normas de la Ley
2381 de 2024 «[...] hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena [de esa
Corporación] decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo
que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada
ley», razón por la cual, es claro que la norma que sustentó la providencia impugnada
tampoco resulta aplicable en este momento.
57. Siendo, así las cosas, como garantías de los principios de acceso material a la
administración de justicia, doble instancia y debido proceso, aun cuando se revoca la
sentencia recurrida, en los términos antes indicados, se dispondrá la devolución del
expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que dicte una nueva sentencia
donde se analicen los argumentos expuestos por las partes y se profiera la decisión que
en derecho corresponda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Veintiocho (28) de febrero de Dos mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta, que declaró
probada la excepción de caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024, y en
su lugar, ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo en el presente asunto.
SEGUNDO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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