Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01228-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01228-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-01228-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 25000-23-42-000-2020-01228-01 (1872-2025)
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Demandado : Tomás Bernal Martínez
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Caducidad – Ley 2381 de 2024
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia de Dieciocho (18) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la
Subsección F, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
declaró probada la excepción de caducidad.
l. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones1
1. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a través de apoderado,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar
la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Resolución GNR 84567 de 24 de marzo de 2015 mediante la cual COLPENSIONES da
cumplimiento a fallo de tutela proferido por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTA – SALA CIVIL, mediante la cual se ordenó incluir unos tiempos
cotizados, sin embargo se negó pensión vejez por no acreditar lo requisitos legales.
Resolución GNR 181806 de 18 de junio de 2015, reliquidó la pensión de vejez del señor
BERNAL MARTÍNEZ TOMAS.
Resolución SUB 21894 del 29 de marzo de 2017 y DIR 3387 del 18 de abril de 2017
1
Samai, tribunal de origen, archivo 6_ED_ExpedienteOneDrive_03DemandaColpensiones.
2
Número interno: 1872-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Tomás Bernal Martínez
mediante el cual se resolvió recurso de reposición en subsidio Apelación en contra de la
Resolución GNR 260281 del 2 de septiembre de 2016, en el sentido confirmar en todas y
cada una de sus partes el aludido Acto Administrativo.
Resolución SUB 302010 del 1 de noviembre de 2019, mediante la cual se negó la
reliquidación de la pensión de vejez, solicitada por el señor BERNAL MARTÍNEZ TOMAS.
Resolución 195632 del 14 de septiembre de 2020, mediante el cual se negó reliquidación.
(Sic para toda la cita)
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que, «[…] se ORDENE al señor TOMAS
BERNAL MARTÍNEZ REINTEGRAR a favor de COLPENSIONES la suma aproximada de CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS
M/CTE ($157.404.614) por concepto de mesadas, recibidas de forma irregular con ocasión del
reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 1 de abril de 2015 y hasta cuando se profiera fallo dentro
del proceso» (Sic para toda la cita).
3. Asimismo, requirió la indexación de las sumas que resulten a su favor, el
reconocimiento de intereses moratorios y la condena en costas contra el accionado.
4. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, son los siguientes:
4.1. El 1° de julio de 1998, el señor Tomás Bernal Martínez, solicitó ante el entonces
Instituto de Seguros Sociales, el reconocimiento de una pensión de vejez.
4.2. Mediante resolución GNR 84567 de 24 de marzo de 2015, Colpensiones ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez a favor del demandado, en cumplimiento
de un fallo de tutela emitido por el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá (radicado 2014-149), confirmado por el Tribunal
Superior de Bogotá el 3 de octubre de 2024, en cuantía de $644.350, de acuerdo con el
Decreto 758 de 1993, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993.
4.3. Colpensiones reliquidó la prestación a través de Resoluciones (i) GNR 181816 de 18
de junio de 2015, en cuantía de $1.687.559, con base en 1015 semanas de cotización,
con un IBL de $2.250.078 con una tasa de reemplazo del 75%, de conformidad al Decreto
758 de 1990; y (ii) GNR 260281 de 2 de septiembre de 2016, elevando la cuantía a la
suma de $1.719.340, calculada con base en 1015 semanas de cotización y con un IBL
de $2.292.454. Este último acto administrativo fue confirmado con Resoluciones SUB
21894 del 29 de marzo de 2017 y DIR 3387 del 18 de abril de 2017.
3
Número interno: 1872-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Tomás Bernal Martínez
4.4. La entidad demandante realizó un nuevo estudio del expediente prestacional del
demandado, y encontró que no acreditó las 1000 semanas cotizadas dentro de los últimos
20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensión, razón por la cual,
conforme al Decreto 758 de 1990, no tenía derecho a la pensión de vejez.
4.5. El accionado tampoco cumple con el requisito de 1300 semanas cotizadas previsto en
la Ley 797 de 2003.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
5. Enlistó como trasgredidas, las siguientes normas:
5.1. Constitucionales: artículo 48.
5.2. Legales y reglamentarias: Ley 100 de 1993, artículo 36.
6. Al desarrollar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que, «[…] el acto
demandado, principalmente, la Resolución No. GNR 160422 del 8 de mayo de 2014, mediante la cual se
reconoció una pensión de sobreviviente [Sic] a favor del señor […] Tomas Bernal Martínez, viola de manera
ostensible la norma en que debió fundarse, esta es, el artículo 36 de la ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 4 de la Ley 860 de 2003».
7. Lo anterior, toda vez que el accionado no reúne la densidad de semanas requeridas
por el Decreto 758 de 1990, ni por la Ley 797 de 2003.
2. Contestación de la demanda.
8. Comoquiera que el demandado no pudo ser notificado de manera personal, previo
emplazamiento, mediante auto de 8 de abril de 20242 el Tribunal designó al abogado
Javier Pardo Pérez como curador ad litem, cargo que este aceptó expresamente3. No
obstante, no contestó la demanda.
3. Sentencia de primera instancia4
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del Dieciocho (18) de
2
Samai, tribunal de origen, archivo «138AUTOQUEDESIGN_V20201228DESIGNACURA».
3
Samai, tribunal de origen, «140_MemorialWeb_Otro-MEMORIALACEPTACION».
4
Samai, tribunal de origen, «archivo 154Sentencia_V20201228LESIVIDADpd».
4
Número interno: 1872-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Tomás Bernal Martínez
marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), declaró probada de oficio la excepción de caducidad,
sin condena en costas.
10. Lo anterior, al considerar que debía «[…] dar aplicación inmediata al inciso segundo del artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, por ser una norma de procedimiento que entró a regular este tipo de procesos
en el estado en que se encuentren».
11. En ese sentido, estableció que Colpensiones reconoció la pensión del señor Bernal
Martínez mediante Resolución GNR 84567 de 24 de marzo de 2015 y radicó la demanda
el 18 de diciembre de 2020, por lo tanto, «[…] como la fecha de reconocimiento es del 24 de marzo
de 2015 y la demanda se radicó el 18 de diciembre de 2020, es claro que la misma se presentó después
de cinco (5) años de haber sido reconocida la pensión de vejez, por lo que operó el fenómeno jurídico de
la caducidad del medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por Colpensiones,
y el hecho de estar en curso el proceso no es impedimento para el decreto de la excepción, pues así lo
dispuso el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024».
12. Finalmente, adujo que «[…] tampoco se evidencia que en el presente asunto se configure la
excepción consagrada en la norma, según la cual el término extintivo del medio de control no procede en
caso de “fraude o con ocurrencia de algún delito a las Pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan
iniciado acciones administrativas”, pues los argumentos que justifican el medio de control no hacen
referencia a ese tipo de conductas».
4. Recurso de apelación5.
13. Inconforme con la anterior decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación, en
el que manifestó que el fallo impugnado «[…] se basó en la aplicación de la caducidad bajo el
entendido de una aplicación inmediata a la entrada en vigencia de una norma procesal» , sin embargo,
«[…] omitió que aún le falta un último requisito que deben tener toda norma esto es la entra en vigencia en
nuestro ordenamiento legal, estamos refiriéndonos al control Constitucional que realiza la Corte
Constitucional y que en caso de no ser aprobada no tendría asidero legal».
14. Argumentó que el término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024 debe ser aplicado «[…] a partir de la vigencia de esta norma, es decir no es una norma con
efectos retroactivos, sino a partir de su entrada en vigencia» , y que, la demanda versa sobre una
prestación periódica que no está sujeta al término de caducidad de la acción.
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Samai, tribunal de origen, índice 71.
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Número interno: 1872-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Tomás Bernal Martínez
15. Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, acceder a
las pretensiones de la demanda.
5. Trámite del recurso
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16. Por auto del Catorce (14) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) , el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 3° del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
17. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Sin
embargo, en el caso que ambas partes apelen, el juez decidirá sin limitaciones.
2.2. Problema jurídico
18. La Sala deberá establecer, si en el presente asunto, procedía la aplicación del término
de caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra los
actos que reconocen pensiones, previsto en la Ley 2381 de 2024.
19. En el evento que la respuesta sea negativa, deberán analizarse las medidas que debe
adoptar la Sala, en aras de garantizar los principios de acceso material a la administración
de justicia, doble instancia y debido proceso, dado que, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, no emitió pronunciamiento de fondo.
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Samai, índice 5.
7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».
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Número interno: 1872-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Tomás Bernal Martínez
2.3. Caso concreto
20. Con el fin de resolver el primer problema jurídico planteado es necesario recordar que,
los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción, están
previstos en el artículo 164 del CPACA; no obstante, con posterioridad se expidió la Ley
2381 de 2024 -suspendida su aplicación, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en el
Auto 841 de 20258-, norma que establecía una restricción temporal para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la siguiente
manera:
Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del
reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción
y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén
en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso
Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la
vigencia de esta ley.
21. La citada disposición comportó una modificación del régimen de oportunidad
contemplado por el artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata,
incluso para los procesos en los que se debatía la legalidad de actos administrativos que
reconocieron una pensión y se encontraban en trámite al 16 de julio de 2024, fecha de
promulgación de la comentada ley.
22. No obstante, esta Subsección, durante el tiempo en que dicha ley estuvo vigente, de
manera categórica dilucidó que, el artículo referenciado, no podía ser aplicado de manera
contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios consagradas en el artículo 40
de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto las normas de derecho procesal son de
orden público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir»,
también lo es que, «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron
8
En el referido auto 841 de 2025 la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 y devolverla
a la Cámara de Representantes para que subsane un vicio de procedimiento en el que se incurrió en el proceso de discusión y
votación, por ende, una vez la Cámara cumpla con lo ordenado por la Corte, esta se pronunciará definitivamente de fondo sobre la
constitucionalidad de dicha ley.
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Número interno: 1872-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Tomás Bernal Martínez
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones» 9.
10, la Subsección concluyó que, el término
23. Por lo tanto, en casos análogos al presente
de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024, solo resulta oponible respecto de las
demandas formuladas después de su promulgación, conforme al artículo 40 de la Ley
153 de 1887, sin que sea posible, imponer a los procesos judiciales en trámite, un término
que no existía en el momento en que fueron iniciados.
24. A tal conclusión arribó esta Sala, con el objetivo de garantizar el principio de confianza
legítima, así como, el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política, y comprende la posibilidad de disponer la inaplicación de
la norma en cita.
25. En el presente asunto, es claro que la demanda fue presentada el 18 de diciembre de
202011, razón por la cual, tal como quedó dilucidado en precedencia, de conformidad con
el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al sub examine le resulta aplicable
el numeral 1, literal c), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que, al
momento de presentación de la demanda, esa era la norma que regía la oportunidad para
el ejercicio del medio de control.
26. En este orden de ideas, la declaratoria de caducidad dispuesta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca deberá ser revocada, a efectos que se estudie el fondo
de la presente litis.
27. Ahora bien, al resolver el segundo problema jurídico planteado, y en aras de garantizar
los derechos al debido proceso, doble instancia y el acceso real y efectivo a la
administración de justicia, dado que las oportunidades para que las partes plantearan sus
argumentos de censura y defensa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya
fueron agotadas, la Sala considera necesario que, el expediente retorne a la referida
autoridad, a fin que se analicen de fondo los argumentos de expuestos por las partes, así
como sus pretensiones y excepciones propuestas, si las hubiere.
28. Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia, ha sido
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 14 de noviembre de 2024; expediente 76001-23-33-003-2017-
01639-01 (3212-2024); consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
10
Entre otras, se puede consultar la sentencia del 19 de junio de 2025, radicado 25000-23-42-000-2017-06078-01 (0187-2025), C.P.
Jorge Edison Portocarrero Banguera.
11
Samai, tribunal de origen, índice 3, archivo 8_ED_ExpedienteOneDrive_07ActaRepartoTAC.pdf.
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Número interno: 1872-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Tomás Bernal Martínez
aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencias del Veinticinco
(25) de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023)12 y del Diez (10) de abril de Dos Mil Veinticinco
(2025)13, en la que dispuso revocar el fallo inhibitorio proferido en primera instancia y, en
su lugar, que el a quo se pronunciara de fondo; en la primera providencia en cita se
indicó:
Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo, correspondería
examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante, se encuentra que no es
posible emitir pronunciamiento sobre los reproches de nulidad presentados por la parte
actora, habida cuenta que aquellos no fueron analizados por el Tribunal de primera instancia,
autoridad a la que le correspondía adelantar dicho examen.
Efectivamente en el caso sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que estudie
los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda
instancia, equivaldría a convertirla en única instancia, privando de esta manera a la parte
desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa y
contradicción, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
29. Finalmente, la Sala insiste en que, a través de Auto-841 de 17 de junio de 2025, la
Corte Constitucional dispuso suspender la entrada en vigor de las normas de la Ley 2381
de 2024 «[...] hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena [de esa Corporación] decida
definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos
12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley», razón por la cual, es claro que la norma que
sustentó la providencia impugnada no resulta aplicable en este momento.
30. En conclusión, como garantías de los derechos y principios expuestos en precedencia,
se revocará la sentencia recurrida, en los términos antes indicados, y se ordenará la
devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que dicte
una nueva sentencia, donde se analicen los argumentos expuestos por los sujetos
procesales y se profiera la decisión que en derecho corresponda.
2.5 Condena en costas.
31. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto, toda vez
que, se revocará la decisión de instancia, no habrá condena en costas
en ambas instancias.
12
Expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00002-01. M.P. César Palomino Cortés.
13
Expediente núm. 05001-23-33-000-2021-01187-02 (6687-2024) M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Número interno: 1872-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Tomás Bernal Martínez
32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de Dieciocho (18) de marzo de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por la Subsección F, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que declaró probada la excepción de caducidad, conforme lo establecido
en la Ley 2381 de 2024 y, en su lugar, ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia
de fondo en el presente asunto por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su
cargo.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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