Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2020-01075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01075-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Nueve (9) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 76001-23-33-000-2020-01075-01 (1127-2026)
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Demandada : Dayra Atocha Preciado de Muñoz
Vinculada : Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE E.S.P.
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho (Lesividad)
Tema : Caducidad – Ley 2381 de 2024
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia de treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026), proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca1, que declaró probada la excepción de caducidad.
l. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones2
1. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a través de apoderada,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar
la nulidad de las Resoluciones No. 001617 del once (11) de febrero de dos mil once
(2011)3 y GNR 414700 del primero (1°) de diciembre de dos mil catorce (2014)4, mediante
las cuales se reliquidó una pensión de vejez de carácter compartida.
1
Sala de decisión conformada por los magistrados: Ronald Otto Cedeño Blume (ponente), Erick Chavez Bravo y Fernando Augusto
García Muñoz.
2
Samai, tribunal de origen, expediente digitalizado visible en el índice 0041.
3
Por la cual el Instituto de Seguro Social Reliquida la mesada pensional, efectiva a partir del 03 de enero de 2007, en cuantía inicial
de $ 4,472,194 y un retroactivo en cuantía de $59,758,456, a favor de la entidad jubilante, EMCALI EICE E.S.P.
4
Mediante la cual Colpensiones, reliquido una pensión de vejez de carácter compartida, a favor de la demandada y dejó en suspenso
el giro del retroactivo pensional en cuantía de $41.565.927 por presentarse controversia del mismo entre empelado y empleador.
2
Número interno: 1127-2026
Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que, «[…] se ORDENE a EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI […], REINTEGRAR el valor económico que resulte de la diferencia de las sumas
recibidas por concepto de retroactivo, desde el reconocimiento del derecho y la que verdaderamente le
corresponde por ley, hasta que se conceda la revocatoria de las resoluciones 001617 del 11 de febrero de
2011 y GNR No. 414700 del 01 de diciembre de 2014 […].»
3. Asimismo, requirió la indexación de las sumas que resulten a su favor, el
reconocimiento de los intereses a los que hubiere lugar y la condena en costas a la
demandada.
4. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:
5. Que, en la Resolución 0093 del catorce (14) de febrero de mil novecientos noventa y
cinco (1995), EMCALI EICE E.S.P. ordenó el reconocimiento y pagó una pensión de
jubilación a favor de la señora Dayra Atocha Preciado de Muñoz, a partir del treinta (30)
de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y, en cuantía inicial de un millón
trescientos sesenta y cuatro mil quinientos pesos ($1.364.500,00.).
6. Posteriormente, mediante la Resolución No. 07843 del veintiocho (28) de agosto de
dos mil uno (2001), el Instituto de Seguros Sociales- ISS, reconoció una pensión de vejez
de carácter compartido a la señora Preciado de Muñoz, a partir del veintinueve (29) de
agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), en cuantía inicial de un millón ciento
noventa y siete mil ochocientos sesenta pesos ($1.197.860), y un retroactivo por valor de
treinta millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos doce pesos ($30.471.412) a
favor de EMCALI EICE E.S.P.
7. Indicó que, el diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011), el jefe del Departamento
de Gestión Laboral de EMCALI EICE E.S.P., solicitó copia de la resolución de pensión
de la señora Dayra Atocha Preciado de Muñoz y esta fue remitida por parte del Instituto
de Seguros Sociales, mediante oficio TRD–24.200.33.
8. Que, las Empresas Municipales de Cali — EMCALI EICE E.S.P., el tres (3) de enero
de (2011), solicitó la revocatoria directa contra la Resolución No. 07843 de 2001.
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Número interno: 1127-2026
Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
9. Mediante la Resolución No. 001617 del once (11) de febrero de dos mil once (2011),
el Instituto de Seguros Sociales, al resolver la revocatoria directa, modificó la Resolución
No. 07843 de 2001 y reliquidó la mesada pensional a partir del (3) de enero de dos mil
siete (2007), fijando una mesada inicial de cuatro millones cuatrocientos setenta y dos
mil ciento noventa y cuatro pesos ($4.472.194) y reconociendo un retroactivo de
cincuenta y nueve millones setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y
seis pesos ($59.758.456) en favor de EMCALI EICE E.S.P.
10. Añadió que, la señora Dayra Atocha Preciado de Muñoz, solicitó el diecisiete (17) de
febrero de dos mil catorce (2014), la reliquidación de la pensión para que se tuviera como
base de liquidación (IBL) el registrado por el Seguro Social durante el período
comprendido entre el treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) y el
quince (15) de agosto de esa misma anualidad, fecha en la que cumplió los requisitos
para acceder a la pensión.
11. En atención a lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, en Resolución GNR No. 414700 del primero (1°) de diciembre de dos mil
catorce (2014), reliquidó una pensión de vejez de carácter compartido a favor de la
demandada, a partir del tres (3) de enero de dos mil siete (2007) y cuantía inicial de cuatro
millones ochocientos doce mil ciento dos pesos ($4.812.102), dejando en suspenso el
giro del retroactivo por cuarenta y un millones quinientos sesenta y cinco mil novecientos
veintisiete pesos ($41.565.927), debido a controversia entre empleado y empleador.
12. Que el Departamento de Gestión, Compensación y Beneficios de EMCALI EICE
E.S.P., solicitó el quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019), la revocatoria directa
de la Resolución GNR No. 414700 del primero (1°) de diciembre de dos mil catorce
(2014), para que se ordenara el pago del retroactivo dejado en suspenso por la pensión
de vejez compartida reconocida a favor de la señora Preciado.
13. Manifestó que, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en
atención a la petición presentada por EMCALI, practicó el estudio del caso en relación
con el reconocimiento y el retroactivo de la pensión de vejez compartida de la señora
Dayra Atocha Preciado y, en consecuencia, emitió el auto de pruebas APSUB No. 2040
del treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual, requirió a la
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Número interno: 1127-2026
Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
beneficiaria, para que aportara autorización para revocar la Resolución GNR No. 414700
del primero (1°) de diciembre de 2014, al considerarla no ajustada a derecho.
14. Del estudio de la situación de la demandada, evidenció que aquella acreditó un total
de 9.945 días laborados (1.420 semanas) y que nació el 15 de agosto de 1940. Por tanto,
concluyó que, las reliquidaciones ordenadas por la Resolución No. 001617 del 2011 y
por la Resolución GNR No. 414700 de 2014, en las cuales se incrementó la mesada
pensional, no estaban ajustadas a derecho, pues, en dichos estudios se consideraron la
totalidad de las cotizaciones, en lugar de limitarse a las registradas hasta la fecha de
estatus pensional (15 de agosto de 1995), incrementando la cantidad de semanas tenidas
en cuenta, respecto de las consideradas en el reconocimiento inicial.
15. En consecuencia, con auto de pruebas APSUB No. 3108 del diez (10) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones requirió a la señora Preciado de Muñoz para que, allegara autorización
para revocar las Resoluciones No. 001617 de 2011 y GNR No. 414700 de 2014.
16. Que la entidad demandante realizó las validaciones correspondientes en el
expediente pensional y constató que, la Resolución No. 001617 de 2011, que ordenó la
reliquidación de la mesada desde el tres (3) de enero de dos mil siete (2007), presenta
inconsistencias, pues, se sumaron un total de 1.368 semanas, abarcando hasta el
veintinueve (29) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), es decir, posterior
al estatus pensional de la demandada. Además, el IBL que debió aplicarse, concierne al
existente hasta la fecha de su estatus, es decir hasta 1995, el cual ascendía a un millón
seiscientos setenta y dos mil setecientos cincuenta pesos ($1.672.750,00).
17. Que, verificada la historia laboral advirtió que, el IBL correspondiente al año 1996 fue
de un millón novecientos noventa y ocho mil trescientos pesos ($1.998.300,00); por ello,
al tomarse en cuenta los periodos posteriores a la fecha de estatus (15 de agosto de
1995), se incrementó indebidamente la mesada pensional. En igual sentido, la Resolución
GNR No. 414700 del primero (1°) de diciembre de dos mil catorce (2014), que reliquidó
la mesada a partir del tres (3) de enero de dos mil siete (2007), también presenta
inconsistencias en las semanas consideradas, las cuales totalizaron 1.381 semanas.
5
Número interno: 1127-2026
Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
18. Como consecuencia de lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones volvió a practicar la liquidación de la prestación reconocida y concluyó que,
las reliquidaciones efectuadas mediante las Resoluciones No. 001617 de 2011 y GNR
No. 414700 de 2014 no se ajustan a derecho, por lo que profirió la Resolución SUB No.
299391 del veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual
requirió a la señora Preciado de Muñoz y a Empresas Municipales de Cali — EMCALI
EICE E.S.P., para que dentro del término de un mes allegaran autorización para la
revocatoria de aquellas.
19. Advirtió de la existencia de un proceso judicial promovido ante el Juzgado Séptimo
Laboral de Cali, radicado 76001310500720190049800, con demandante Empresas
Municipales de Cali — EMCALI EICE E.S.P. contra Colpensiones, en el que se reclama
el pago del retroactivo pensional señalado en las Resoluciones No. 001617 de 2011 y
GNR No. 414700 de 2014 y que, la consulta de la página web de la Rama Judicial muestra
sentencia absolutoria en primera instancia y la remisión del expediente a la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Cali, para surtir el grado jurisdiccional de consulta.
20. Finalmente señaló que, a través de la Resolución SUB No. 43359 del quince (15) de
febrero de dos mil veinte (2020), la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones declaró su pérdida de competencia y, remitió el acto administrativo a
Defensa Judicial para los trámites correspondientes a la acción de lesividad.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
21. Refirió como transgredido el artículo 18 del Decreto 758.
22. Al desarrollar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que, «[…] El
reconocimiento de los retroactivos de la pensión de vejez compartida a la señora DAYRA ATOCHA
PRECIADO DE MUÑOZ, no se ajusta a los requisitos de la normatividad aplicable a la materia, por lo que
su pago vulnera de forma directa el artículo 18 del decreto 758 de 1990 la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, las disposiciones de la Ley 100 de 1993
y todas las normas que la modifican y adicionan que correspondieron a su caso, por cuanto para dichos
estudios se tomaron en cuenta la totalidad de cotizaciones siendo lo correcto realizar el estudio con lo
cotizado hasta la fecha del status, […] por tal motivo se incrementaron las semanas en relación a las tenidas
en cuenta al momento de reconocimiento inicial, generando valores a favor de la pensionada».
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Número interno: 1127-2026
Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
23. Lo anterior, toda vez que el accionado no reúne la densidad de semanas requeridas
por el Decreto 758 de 1990, ni por la Ley 797 de 2003.
2. Contestación de la demanda.
24. La señora Dayra Atocha Preciado de Muñoz, comoquiera que no pudo ser
notificada de manera personal, previo emplazamiento, mediante auto de doce (12) de
junio de dos mil veinticuatro (2024),5 el Tribunal designó al abogado Erbin Hinestroza
Palacios como curador ad litem6, quien en su escrito de contestación indicó no constarle
los hechos de la demanda y que, en punto a las pretensiones, se atiene a lo que se
determine por el juzgador de instancia de la valoración racional y conjunta del acervo
probatorio.
25. No propuso excepciones de mérito, pero solicitó la aplicación de las que sean
procedentes, en atención al artículo 282 del Código General del Proceso.
26. A su turno, la vinculada Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE E.S.P, no
se pronunció frente a la demanda.
3. Sentencia de primera instancia7
27. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del treinta (30) de
enero de dos mil veintiséis (2026), declaró probada de oficio la excepción de caducidad,
sin condena en costas.
28. Lo anterior, al considerar que «[…] tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que la administración controvierte aquellos actos por medio de los cuales se han
reconocido pensiones en favor de los administrados, se advierte que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
fijó un término de 5 años, contados a partir del acto de reconocimiento, exceptuando aquellos eventos en
los que la prestación fue adquirida por medios fraudulentos».
5
Samai, tribunal de origen, índice 0060.
6
El abogado presentó la aceptación del cargo mediante escrito del 18 de junio de 2025, visible en Samai, tribunal de origen, índice
00064.
7
Samai, tribunal de origen, índice 0094.
7
Número interno: 1127-2026
Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
29. En ese sentido, estableció que, el último acto administrativo expedido por la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el que reliquidó la pensión
de la demandada, fue la Resolución No. GNR 414700 del primero (1°) de diciembre de
dos mil catorce (2014); sin embargo, el medio de control fue radicado el trece (13) de
agosto de dos mil veinte (2020), por lo tanto, «[…] la parte demandante tenía hasta el 2 de
diciembre de 2019 para iniciar el respectivo medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en
su modalidad de lesividad[…]Así pues, se procederá a declarar la caducidad del presente medio de control,
teniendo en cuenta que la Ley 2381 de 2024 se encuentra vigente desde la fecha de su promulgación, a
saber, el 16 de julio de 2024».
30. Finalmente, adujo que «[…] dicha disposición normativa estableció que el término anterior
resultaba aplicable a los procesos que se encontraran en curso, de manera que, al evidenciarse que el
caso bajo estudio no se enmarca en la excepción establecida por el legislador, es claro que éste se
encuentra sujeto al plazo establecido para demandar los actos de reconocimiento pensional, lo cual
también se hace extensivo a los actos que disponen la reliquidación de la prestación.».
4. Recurso de apelación8.
31. Inconforme con la anterior decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación, en
el que manifestó que el fallo impugnado «[…] fundamenta la declaratoria de caducidad en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, norma que, si bien fue promulgada el 16 de julio de 2024, no puede predicarse
como plenamente aplicable mientras cursa control de constitucionalidad ante la Corte Constitucional […].
La aplicación de una disposición cuya constitucionalidad se encuentra en estudio, implica anticipar efectos
jurídicos sin certeza sobre su validez.».
32. Argumentó que, la demanda fue radicada el trece (13) de agosto de dos mil veinte
(2020), esto es, cuatro años antes de la expedición de la Ley 2381 de 2024, por lo que
considera que «[…] el término de caducidad no podía ser analizado bajo una norma inexistente al
momento de ejercerse el derecho de acción. La Sala, al aplicar el inciso segundo del artículo 86 de la citada
ley a procesos en curso, incurre en una aplicación retroactiva desfavorable que afecta una situación jurídica
ya consolidada bajo el régimen anterior.», y que, la demanda no versa sobre el reconocimiento
inicial de la pensión, sino contra los actos de reliquidación cuya ilegalidad estima que se
encuentra plenamente sustentada y exige un pronunciamiento de fondo.
33. Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, se profiera
8
Samai, tribunal de origen, índice 0097.
8
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
una decisión ajustada al ordenamiento jurídico.
5. Trámite del recurso
34. Por auto del veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiséis (2026)9, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 3° del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
No obstante, mediante memorial del doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026) el
ministerio público emitió concepto10.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
35. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)11, el juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. Sin embargo, en el caso que ambas partes apelen, el juez decidirá sin
limitaciones.
2.2. Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
36.1.¿Procedía la aplicación del término de caducidad de 5 años para ejercer las
9
Samai, índice 0004.
10
El Procurador Delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de Estado consideró que: «[…]hay lugar a revocar la decisión
tomada en primera instancia, toda vez que, en la actualidad se encuentran suspendidos los efectos de la Ley 2381 de 2024, esto, por
mandato expreso de la Corte Constitucional mediante Auto 841 de 2025, lo cual abarca todo su entramado normativo, incluyendo la
norma de caducidad preceptuada en el artículo 86 ibidem.»
11
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».
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Número interno: 1127-2026
Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
acciones contencioso-administrativas contra los actos que reconocen pensiones, previsto
en la Ley 2381 de 2024?
36.2. En el evento que la respuesta sea negativa, ¿deberán analizarse las medidas que
debe adoptar la Sala, en aras de garantizar los principios de acceso material a la
administración de justicia, doble instancia y debido proceso, dado que, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, no emitió pronunciamiento de fondo?
2.3. Caso concreto
37. Con el fin de resolver el primer problema jurídico planteado es necesario recordar
que, los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción,
están previstos en el artículo 164 del CPACA; no obstante, con posterioridad se expidió
la Ley 2381 de 2024 -suspendida su aplicación, según lo dispuesto por la Corte Constitucional
en el Auto 841 de 202512-, norma que establecía una restricción temporal para el ejercicio
de las acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la siguiente
manera:
Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del
reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción
y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén
en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso
Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la
vigencia de esta ley.
38. La citada disposición comportó una modificación del régimen de oportunidad
contemplado por el artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata,
incluso para los procesos en los que se debatía la legalidad de actos administrativos que
reconocieron una pensión y se encontraban en trámite al dieciséis (16) de julio de dos mil
12
En el referido auto 841 de 2025 la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 y devolverla
a la Cámara de Representantes para que subsane un vicio de procedimiento en el que se incurrió en el proceso de discusión y
votación, por ende, una vez la Cámara cumpla con lo ordenado por la Corte, esta se pronunciará definitivamente de fondo sobre la
constitucionalidad de dicha ley.
10
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veinticuatro (2024), fecha de promulgación de la comentada ley.
39. No obstante, esta Subsección, durante el tiempo en que dicha ley estuvo vigente, de
manera categórica dilucidó que, el artículo referenciado, no podía ser aplicado de manera
contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios consagrados en el artículo 40
de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto las normas de derecho procesal son de
orden público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir»,
también lo es que, «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones» 13.
40. Por lo tanto, en casos análogos al presente14, la Sala concluyó que, el término de
caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024, solo resulta oponible respecto de las
demandas formuladas después de su promulgación, conforme al artículo 40 de la Ley
153 de 1887, sin que sea posible, imponer a los procesos judiciales en trámite, un término
que no existía en el momento en que fueron iniciados.
41. A tal conclusión se arribó, con el objetivo de garantizar el principio de confianza
legítima, así como, el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política, y comprende la posibilidad de disponer la inaplicación de
la norma en cita.
42. En el presente asunto, es claro que la demanda fue presentada el trece (13) de agosto
de dos mil veinte (2020)15, razón por la cual, tal como quedó dilucidado en precedencia,
de conformidad con el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al sub
examine le resulta aplicable el numeral 1, literal c), del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, comoquiera que, al momento de presentación de la demanda, esa era la norma
que regía la oportunidad para el ejercicio del medio de control.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 14 de noviembre de 2024; expediente 76001-23-33-003-2017-
01639-01 (3212-2024); consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
14
Entre otras, se puede consultar la sentencia del 19 de junio de 2025, radicado 25000-23-42-000-2017-06078-01 (0187-2025), C.P.
Jorge Edison Portocarrero Banguera y, la sentencia del 26 de febrero de 2026, radicado No. 2500023-42-000-2020-01228-01 (1872-
2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Samai, tribunal de origen, índice 0041. Expediente digitalizado.
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Número interno: 1127-2026
Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
43. En este orden de ideas, la declaratoria de caducidad dispuesta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca deberá ser revocada, a efectos que se estudie el fondo
de la presente litis.
44. Ahora bien, al resolver el segundo problema jurídico planteado, y en aras de
garantizar los derechos al debido proceso, doble instancia y el acceso real y efectivo a la
administración de justicia, dado que las oportunidades para que las partes plantearan sus
argumentos de censura y defensa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya
fueron agotadas, la Sala considera necesario que, el expediente retorne a la referida
autoridad, a fin que se analicen de fondo los argumentos expuestos por las partes, así
como sus pretensiones y excepciones propuestas, si las hubiere.
45. Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia, ha sido
aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencias del Veinticinco
(25) de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023)16 y del Diez (10) de abril de Dos Mil Veinticinco
(2025)17, en la que dispuso revocar el fallo inhibitorio proferido en primera instancia y, en
su lugar, que el A-quo se pronunciara de fondo; en la primera providencia en cita se
indicó:
Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo, correspondería
examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante, se encuentra que no es
posible emitir pronunciamiento sobre los reproches de nulidad presentados por la parte
actora, habida cuenta que aquellos no fueron analizados por el Tribunal de primera instancia,
autoridad a la que le correspondía adelantar dicho examen.
Efectivamente en el caso sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que estudie
los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda
instancia, equivaldría a convertirla en única instancia, privando de esta manera a la parte
desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa y
contradicción, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
46. Finalmente, la Sala insiste en que, a través de Auto-841 de 17 de junio de 2025, la
Corte Constitucional dispuso suspender la entrada en vigor de las normas de la Ley 2381
de 2024 «[...] hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena [de esa Corporación] decida
definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos
12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley», razón por la cual, es claro que la norma que
16
Expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00002-01. M.P. César Palomino Cortés.
17
Expediente núm. 05001-23-33-000-2021-01187-02 (6687-2024) M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Número interno: 1127-2026
Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
sustentó la providencia impugnada no resulta aplicable en este momento.
47. En conclusión, como garantías de los derechos y principios expuestos en
precedencia, se revocará la sentencia recurrida, en los términos antes indicados, y se
ordenará la devolución del expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para
que dicte una nueva sentencia, donde se analicen los argumentos expuestos por los
sujetos procesales y se profiera la decisión que en derecho corresponda.
2.5 Condena en costas.
48. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por lo
tanto, toda vez que, se revocará la decisión de instancia, no habrá condena en costas
en ambas instancias.
2.6. Conclusiones.
49. La Sala concluye que, no operó la caducidad del medio de control, toda vez que, la
demanda fue presentada con anterioridad a la expedición de la Ley 2381 de 2024 y esta
solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas después de su promulgación,
conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, máxime cuando la misma se encuentra
suspendida por la H. Corte Constitucional por Auto 841 de 17 de junio de 2025. En
consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se devolverá el expediente al Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca para que profiera una decisión de fondo.
50. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026),
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la
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Número interno: 1127-2026
Demandante: Colpensiones
Demandado: Dayra Atocha Preciado de Muñoz
excepción de caducidad, conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024 y, en su lugar,
ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo en el presente asunto por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su
cargo.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclaración de Voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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