Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01296-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01296-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01296-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2021-01296-02 (0909-2026)1
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Subrogación de obligación pensional
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia No. 11 del Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026),
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1 La demanda2
1.1.1 Pretensiones
1. La Universidad de Antioquia acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de
control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo -CPACA en lo sucesivo-, con el fin de obtener la
declaratoria de nulidad de la Resolución No. 493 del Veintitrés (23) de noviembre
de Dos Mil Cuatro (2004), expedida por esa entidad, por medio de la cual, se ordenó
reconocer y pagar al señor Ramiro Antonio Pérez Gómez, el valor resultante de
aplicar el ingreso base de liquidación consagrado en el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene al señor Vallejo
Rendón a restituir la totalidad de las sumas pagadas con fundamento en la
1 Expediente electrónico.
2 Consecutivo No. 001. Cuaderno de primera instancia. Expediente digitalizado: 05001233300020210129600.
Número Interno: 0909-2026
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
resolución cuya nulidad se impetra, comprendidas entre el Veintiocho (28) de junio
de Dos Mil Cuatro (2004) y el Treinta (31) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021),
que, ascienden a Doscientos Sesenta y Tres Millones Trescientos Cuarenta Mil
Setenta y Dos Pesos M/Cte. ($ 263.340.072), más los valores causados con
posterioridad a esa fecha y hasta que, la sentencia quede en firme, todo ello
debidamente indexado. Adicionalmente, solicitó la condena en costas.
1.1.2 Hechos relevantes
3. En la demanda se adujo que, antes de la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993
la Universidad de Antioquia, sin efectuar deducción alguna, reconocía las pensiones
de sus empleados con base en todo lo devengado, de conformidad con las leyes 6ª
de 1945 y 4ª de 1966 y los decretos 1743 de 1966 (reglamentario de la Ley 4 de
1966) y 1848 de 1969.
4. Con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la Universidad de Antioquia afilió
a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales- ISS y realizó los aportes
correspondientes. La entidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago
de las pensiones con el Decreto 2337 de 1996.
5. Consideró que, con la entrada en vigor del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
Instituto de Seguros Sociales debía liquidar su pensión de vejez, con inclusión de
todos los factores salariales devengados, entre ellos, las primas de navidad,
servicios y vacaciones, como excepción a la regla general prevista en el artículo 33
ibidem.
6. Mediante Resolución No. 12954 del Trece (13) de agosto de Dos Mil Cuatro
(2004), el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez a favor de
Ramiro Antonio Pérez Gómez, efectiva a partir del Veintiocho (28) de junio de Dos
Mil Cuatro (2004), por el valor mensual de Tres Millones Ciento Setenta y Dos Mil
Setecientos Ochenta y Dos Pesos M/Cte. ($ 3.172.782), sin incluir en su liquidación
las referidas primas.
7. La Universidad, con el propósito de concurrir en la financiación de la prestación y
compensar la exclusión de dichos factores, expidió la Resolución Rectoral No.
12094 del Cuatro (4) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999),
reglamentada por la Resolución Administrativa No. 16628 de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), mediante las cuales reconoció y ordenó el pago del mayor
valor del ingreso base de liquidación, pago que se hizo efectivo desde el Veintiocho
(28) de junio de Dos Mil Cuatro (2004), en virtud de la Resolución Administrativa No.
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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
493 del Veintitrés (23) de noviembre de ese mismo año.
8. La citada Resolución Rectoral fue derogada mediante Resolución No. 35823 del
Diecisiete (17) de octubre de Dos Mil Doce (2012). Según certificación expedida por
la Universidad de Antioquia el Tres (3) de junio de Dos Mil Veintiuno (2021), los
pagos efectuados al demandado por este concepto ascendían, con corte al
Treintaiuno (31) de ese año, a Doscientos Sesenta y Tres Millones Trescientos
Cuarenta Mil Setenta y Dos pesos M/Cte. ($ 263.340.072).
9. La legalidad del acto derogatorio fue controvertida por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia dentro del proceso radicado No. 2012-
00945, en el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del
Diecisiete (17) de octubre de Dos Mil Trece (2013), negó las pretensiones al concluir
que la Universidad actuó por mera liberalidad al asumir un pago que, no era
legalmente exigible, razón por la cual no estaba obligada a mantener dicho
reconocimiento.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
10. Alegó que, los actos administrativos enjuiciados violaron el artículo 48 de la
Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005; Ley 4 de 1992,
artículo 10; Ley 100 de 1993, artículos 18, 131 y 151, y Decreto 1158 de 1994,
artículo 1.
11. Sostuvo que, aunque, al momento de expedirse la Resolución Rectoral No.
12094 del Cuatro (4) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999),
reglamentada mediante la Resolución Administrativa No. 16628 del 25 de junio del
mismo año, aún no se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, por medio
del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, el contenido material
de dicho acto administrativo devino incompatible con el orden constitucional,
configurándose así una inconstitucionalidad sobreviniente.
12. Puntualizó que, si bien la interpretación inicialmente adoptada por la
Universidad respecto del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
distinguía entre los conceptos de «devengado» y «cotizado», con la entrada en vigor
del Acto Legislativo 01 de 2005, en armonía con lo dispuesto en el Decreto 1158 de
1994, quedó claramente definido que, la liquidación de las pensiones de vejez debía
efectuarse con fundamento exclusivo en los factores efectivamente cotizados, y no
sobre la totalidad de lo devengado por el afiliado.
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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
13. Indicó que, la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional,
particularmente la contenida en las sentencias C-258 de 2013, SU-427 de 2016 y
SU-210 de 2017, consolidó el criterio conforme al cual, para el reconocimiento de
pensiones de vejez o jubilación cobijadas por el régimen de transición, el ingreso
base de liquidación debe determinarse con estricta observancia de lo previsto en el
artículo 21 y en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
14. Sumado a lo anterior, explicó que, con la entrada en vigor del Sistema General
de Pensiones y la afiliación obligatoria de los servidores de la Universidad al Instituto
de Seguros Sociales- ISS desde el Primero (1º) de julio de Mil Novecientos Noventa
y Cinco (1995), la entidad perdió toda atribución para reconocer o asumir
obligaciones pensionales, función que- recayó exclusivamente en la administradora
que recibió las cotizaciones, conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993, al
Decreto 1068 de 1995 y al Decreto 2337 de 1996. En consecuencia, el señor Pérez
Gómez no se encontraba dentro de ninguno de los supuestos del artículo 4º del
Decreto 2337 de 1996 que- la habilitaban para asumir cargas pensionales, y
cualquier reconocimiento efectuado al margen de esa competencia legal carece de
sustento jurídico.
1.2 Contestación de la demanda3
15. El demandado se opuso a las pretensiones, para lo cual argumentó, que, la
Universidad de Antioquia efectuó las cotizaciones, previa aplicación de las
deducciones, antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones, dado que,
aun cuando el mismo empezó a regir antes del Treinta (30) de junio de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995) frente a los entes territoriales, el Consejo
Superior Universitario, mediante Resolución Superior 2035 de Veintiséis (26) de
enero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), obligó a sus servidores,- entre
ellos al señor Pérez Gómez-, a realizar aportes al mencionado sistema.
16. Precisó que, el ente universitario no trasladó los aportes al Instituto de Seguros
Sociales- ISS, antes del Treinta (30) de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco
(1995); aportes que realizó el demandado desde el primero (1°) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994), sobre la base de todo lo devengado,
incluyendo las prestaciones sociales, conforme lo establecido en el artículo 2 de la
Resolución Superior 2035 del Veintiséis (26) de enero de Mil Novecientos Noventa
y Cuatro (1994). Por el contrario, la Universidad conservó dichos recursos para
justificar el encargo fiduciario, con base en el cual se pagaba la subrogación a los
pensionados.
3 Consecutivo No. 010. Cuaderno de primera instancia. Expediente digitalizado: 05001233300020210129600.
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17. En suma, indicó que, la demandante actuó, considerando que, las pensiones
debían liquidarse teniendo en cuenta todo lo devengado, en los términos del inciso
3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicando la tesis anterior establecida por
el Consejo de Estado, argumento que sirvió de sustento al proferir la Resolución No.
12094 del Cuatro (4) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), que
constituyó el fundamento del acto demandado.
18. Precisó que, el acto demandado no está llamado a declararse nulo, puesto que
reconoce de derechos de carácter prestacional; se encuentra ajustado a la
normatividad superior; está en firme y produce efectos jurídicos en relación con
derechos de carácter prestacional para el demandado, quien, además, goza de
protección especial constitucional, comoquiera que, tiene más de setenta (70) años
y percibe dicha mesada, desde hace más de dieciocho (18) años, escenario en el
que, de accederse a las pretensiones de la demanda, derivaría en una afectación al
ingreso que permite garantizar el mínimo vital, mismo que percibe de buena fe.
19. Finalmente, propuso las excepciones denominadas: «indebida integración del
litisconsorcio», «temeridad», «justo título y buena fe por parte del demandado»,
«actuación del funcionario conforme a las exigencias de la Ley», «firmeza,
ejecutoriedad y obligatoriedad de los actos administrativos contenidos en la
Resolución Administrativa 493 del Veintitrés (23) de noviembre de Dos Mil Cuatro
(2004)», «presunción de legalidad del acto administrativo demandado»,
«incumplimiento del procedimiento señalado por la demandante el acto
administrativo demandado», «prescripción», «imposibilidad de condena en costas»,
y la « excepción genérica »,
1.3 De la resolución de excepciones previas 4
20. El A-quo, por medio del auto No. 152 de Veinte (20) de julio de Dos Mil Veintitrés
(2023), resolvió la excepción previa indebida integración del litisconsorcio, en el
sentido de declararla no probada, pues, concluyó que, si bien en los antecedentes
administrativos y en el acto demandado se hace alusión al antiguo Instituto de
Seguros Sociales- ISS, hoy Colpensiones, lo cierto es que, el acto demandado fue
expedido por la Universidad de Antioquia y se refiere específicamente a la
subrogación que asumió la Universidad en relación a la parte demandada, es decir,
en el evento en que se declare, o no, la nulidad del acto acusado, los efectos se
irradiarían solo respecto a la Universidad de Antioquia y a la parte demandada, lo
cual, no afectaría el reconocimiento pensional asumido por Colpensiones a favor
4 Consecutivo No. 012. Cuaderno de primera instancia. Expediente digitalizado: 05001233300020210129600.
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del señor Pérez Gómez; por ende, se tornaba innecesaria la vinculación de este
último.
1.3 Sentencia de primera instancia 5
21. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia No. 11 proferida el Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026),
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:
“Primero. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 493 del 23 de noviembre de
2004 expedida por la Universidad de Antioquia, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Tercero. Condenar en costas al señor Ramiro Antonio Pérez Gómez, conforme
se explicó en la parte motiva de esta providencia. […]”
22. De manera previa, la Sala de Decisión se pronunció frente a la solicitud de
declaratoria de caducidad que presentó el demandado6, en los términos del artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, en el sentido de negar la misma. Para el efecto, indicó,
que, dicha disposición fue suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional
en Auto No. 841 de 2025, y que, el artículo en mención no era aplicable,
considerando que, el objeto de discusión no radicaba en el reconocimiento de la
pensión, sino, en la obligación que asumió el ente universitario frente al pago de la
diferencia dineraria, por mayor valor de la prestación.
23. Al resolver el fondo del asunto, el A-quo empezó por advertir que, la Universidad
de Antioquia, mediante la Resolución Rectoral No. 12094 de 1999, asumió
transitoriamente el pago de la diferencia pensional derivada de la inclusión de
ciertos factores salariales no reconocidos por el Instituto de Seguros Sociales,
decisión posteriormente derogada por la Resolución No. 35823 de 2012.
24. Concluyó que dicho reconocimiento excedía las competencias legales de la
Universidad, pues, conforme a los artículos 14 del Decreto 692 de 1994, 2° del
Decreto 1068 de 1995 y 4° del Decreto 2337 de 1996, la competencia en relación
con el reconocimiento, reliquidación o incremento del derecho pensional,
correspondía a la administradora que percibía las cotizaciones. Así, el ente
universitario carecía de competencia, para asumir el pago de un mayor valor
5 Consecutivo No. 023. Cuaderno de primera instancia. Expediente digitalizado: 05001233300020210129600.
6 Consecutivo No. 022. Cuaderno de primera instancia. Expediente digitalizado: 05001233300020210129600.
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mensual, a título de complemento pensional, que, dispuso a través de la Resolución
No. 493 del Veintitrés (23) de noviembre de Dos Mil Cuatro (2004), por lo cual
declaró su nulidad.
25. Sostuvo que, pese a haberse declarado la nulidad del acto administrativo, no
resultaba procedente ordenar la restitución de las sumas percibidas por el
demandado, toda vez que, no se acreditó su actuación de mala fe y, fue la misma
entidad demandante la, que, en un acto de mera liberalidad, decidió asumir unos
costos que no le correspondían, bajo un acto revestido de legalidad derivado de un
error en el que aquella incurrió, el cual no le es atribuible al demandado.
26. Finalmente, dando aplicación a los artículos 188 del CPACA y 366 del CGP,
condenó en costas procesales al demandado, por resultar vencido en el proceso.
1.4 El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 7.
27. Manifestó su inconformidad con la decisión de primera instancia y solicitó que,
se revoque la misma, de acuerdo con los siguientes reparos concretos:
28. Sostuvo que, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, las acciones
contencioso- administrativas, encaminadas a controvertir las prestaciones
pensionales reconocidas, debían presentarse en los cinco (5) años siguientes a su
reconocimiento, pues de exceder dicho término, operaría la caducidad. Señaló,
además, que, esta regla es aplicable a los procesos judiciales en curso y cuya
consecuencia, en el caso concreto, es la declaratoria de caducidad del medio de
control, incluso de manera oficiosa, en el entendido que, la demandante acudió a la
jurisdicción veinte (20) años después del reconocimiento pensional, el cual fue
objeto de subrogación.
29. Precisó que, la Universidad de Antioquia era competente para reconocer la
pensión a favor del demandado, habida cuenta que, tenía el carácter de Fondo de
Previsión Social, subrogando, en ejercicio de dicha atribución, una obligación legal
que debía cumplir otra entidad. Por tanto, quedaba facultada para realizar el pago
en forma subrogada al conservar en su patrimonio los recursos correspondientes a
los aportes pensionales, respecto de las primas de servicios, navidad y vacaciones
frente a los empleados pensionados, en tanto, si dichos aportes se hubieren
destinado al Instituto de Seguros Sociales ISS, la Universidad habría perdido
competencia frente al pago que se generó bajo el acto administrativo demandado.
7 Consecutivo No. 025. Cuaderno de primera instancia. Expediente digitalizado: 05001233300020210129600.
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30. Precisó que, si bien la obligación de liquidar la pensión con el promedio de todo
lo devengado frente a los servidores públicos beneficiarios del régimen de
transición, constituye una competencia de la administradora de pensiones, la
Universidad, a partir de la Resolución No. 12094 de Mil Novecientos Noventa y
Nueve (1999), asumió, que, se trataba de una obligación compartida, lo cual
condujo, a determinar que, dicho pago se erigía como un deber que le era atribuible,
entre tanto, la administradora de pensiones lo hacía.
31. Estimó que, la Universidad no incurrió en error al subrogarse en la obligación
legal, puesto que, conforme se estableció en la resolución demandada y así lo
interpretó el Consejo de Estado por más de veinticinco años, la pensión de la que
gozaran los beneficiarios de la Ley 33 de 1985, debía liquidarse con el promedio de
todo lo devengado en el último año de servicios, para lo cual, las entidades públicas
debían pagar los aportes por los factores que no se hallaban contemplados, y las
entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida,
debían recibir los mismos, procediendo con la liquidación de las mesadas
pensionales que, a su vez, constituían un derecho adquirido del demandado.
32. Finalmente, manifestó, su inconformidad frente a la condena en costas
procesales impuesta en primera instancia. Al respecto, precisó que, si bien su
decisión se determinaba a partir de un criterio objetivo, el tribunal prescindió del
análisis valorativo que imponía el análisis de la conducta procesal de la parte
vencida.
1.5 Trámite de segunda instancia8
33. Por medio de auto del veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiséis (2026), el
consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el
artículo 247 del CPACA.
34. El Ministerio Público, pese a que fue notificado en debida forma, guardó silencio.
II. Consideraciones
2.1 Competencia
35. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150,
243 y 247 del CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).
8 Índice 00004. SAMAI. Consejo de Estado.
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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
2.2 Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
36.1. ¿Al tenor del artículo 187 del CPACA, debe declararse la caducidad del medio
de control, conforme lo establecido por el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024?
36.2. Ante la respuesta negativa al planteamiento anterior, se deberá determinar si:
¿carecía de competencia la Universidad de Antioquia para reconocer a favor del
demandado la diferencia resultante entre lo pagado por Colpensiones por concepto
de pensión de jubilación y lo que debió pagar por haber liquidado la prestación con
la totalidad de los factores salariales devengados por el empleado demandado?
36.3. ¿En aplicación del criterio valorativo, resultaba procedente condenar en costas
procesales al demandado en primera instancia?
2.3. Aplicación de la regla de caducidad establecida por el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.
37. La Ley 2381 de 16 de julio de 2024, a través de la cual, se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y
se dictan otras disposiciones, establece en el artículo 86 que, el término para efectos
de la interposición de acciones administrativas y contencioso administrativas,
respecto de pensiones reconocidas por las entidades respectivas, será de cinco (5)
años, contados desde el momento en que se reconoce la prestación, con excepción
de aquellos asuntos en que se advierta fraude o concurrencia de algún delito. Al
respecto la norma establece:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se
trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
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Demandante: Universidad de Antioquia
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38. En cuanto a la vigencia del artículo 86, la Ley 2381 de 2024, en sus artículos 94
y 94, estableció:
«ARTÍCULO 94. VIGENCIA. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor el
01 de julio de 2025.
ARTÍCULO 95. DEROGATORIAS. la presente ley rige a partir de su sanción y
deroga las disposiciones que le sean contrarios. '.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento de
expedirse esta ley.
Respecto de administradoras del Régimen de Prima Media, de las cuales versa el
artículo 52 de la ley 100 de 1993 existentes del sector público y/o privado que
subsisten y por tanto vienen administrando el régimen de prima media con
prestación definida, se les ordenará dar continuidad para que reconozcan la
prestación pensional de cada uno de los afiliados beneficiarios del régimen de
transición propuesto en el artículo 76 del presente proyecto de ley. »
39. La Corte Constitucional, mediante Auto A-841/259, suspendió la entrada en vigor
de la Ley 2381 de 2024, y dispuso lo siguiente:
«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia
de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la
cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley,
salvo lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76
de la citada ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo
correspondiente, podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de
la Ley 2381 de 2024».
40. Además, mientras ese artículo permaneció en vigor, esta Sala indicó que aquel
no puede ser aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la
implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
preceptuadas por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto que
las normas de derecho procesal son de orden público y «[…] prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir» , también lo es que «[…] los
recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos,
se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones» .
9 Auto A-841/25, Expediente D-15.989, M.P Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
41. Por tanto, esta Subsección10, ha concluido que, el término de caducidad
establecido por la Ley 2381 de 2024 solo resultaba oponible respecto de las
demandas formuladas después de su promulgación.
2.4. Marco normativo sobre la competencia para el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación de los servidores públicos en la Ley 100 de 1993
42. El Decreto 1848 de 1969 atribuía la obligación de reconocer y pagar la pensión
de jubilación de los servidores públicos en cabeza de la entidad de previsión a la
que se encontraba afiliado, o en su defecto, la última entidad pública empleadora.
43. Con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema General de
Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de afiliar a éste a todas las
personas vinculadas por contrato de trabajo o como servidores públicos. Para estos
últimos efectos, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994 dispuso incorporar a dicho
sistema a los siguientes servidores públicos:
«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la
Contraloría General de la República».
44. Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente para
el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del Sistema
General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de 1995 estableció
que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los dos regímenes
previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de cotización a pensión.
45. Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen general
para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial y ratificó lo
dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.
46. En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos debían
estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la
administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual ocurre el
siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación correspondiente, y
reconocerla o reliquidarla según sea el caso.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B Sentencia del 5 de junio de 2025, radicado 05001-23-
33-000-2021-02150-02 (0337-2025), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
2.4 Medios de prueba relevantes
47. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las siguientes:
i) Resolución Rectoral No. 12094 del Cuatro (4) de mayo de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), por medio de la cual, la Universidad de Antioquia
se subroga en una obligación a cargo del Instituto de Seguros Sociales 11.
ii) Resolución Administrativa No. 16628 del Once (11) de julio de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999), por medio de la cual, se reglamenta
la anterior resolución12.
iii) Copia del oficio del Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Uno (2001),
dirigido al Instituto de Seguros Sociales por parte de la Universidad de
Antioquia, para que, se reconociera y pagara a los empleados públicos
docentes y no docentes de la universidad la pensión en los términos del
artículo 36 de la Ley 100 de 199313.
iv) Copia del oficio del Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Dos (2002),
emitido por el Instituto de Seguros Sociales, en el que se da respuesta a
la solicitud del Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Uno (2001) 14.
v) Historia laboral del señor Ramiro Antonio Pérez Gómez, expedida por el
Instituto de Seguros Sociales, el Veintiuno (21) de octubre de Dos Mil Uno
(2001)15.
vi) Resolución Administrativa No. 173 [fecha y consecutivo, ilegibles], emitida
por la Universidad de Antioquia, por medio de la cual se reconoce y
autoriza el pago de un bono pensional al señor Ramiro Antonio Pérez
Gómez, por un valor de Cuatrocientos Sesenta y Nueve Millones
Ochocientos Setenta y Dos Mil Pesos M/Cte ($469.872.000)16.
11 Consecutivo No. 006. Archivo No. 008 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia. Expediente
digitalizado: 05001233300020210129600.
12Consecutivo No. 006. Archivo No. 009 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia. Expediente
digitalizado: 05001233300020210129600.
13 Consecutivo No. 006. Archivo No. 011 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia. Expediente
digitalizado: 05001233300020210129600.
14 Consecutivo No. 006. Archivo No. 012 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia. Expediente
digitalizado: 05001233300020210129600.
15 Folios 3 a 5. Consecutivo No. 006. Archivo No. 012 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia.
Expediente digitalizado: 05001233300020210129600.
16 Folios 6 a 8. Consecutivo No. 006. Archivo No. 012 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia.
Expediente digitalizado: 05001233300020210129600.
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Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
vii) Resolución No. 12954 del Trece (13) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004)
expedida por el Instituto de Seguros Sociales, mediante la cual reconoció
la pensión de vejez al señor Ramiro Antonio Pérez Gómez, en cuantía
mensual de Tres Millones Ciento Setenta y Dos Mil Setecientos Ochenta
y Dos Pesos M/Cte. ($ 3.172.782) a partir del Veintiocho (28) de junio de
Dos Mil Cuatro (2004)17.
viii) Resolución Administrativa No. 493 del Veintitrés (23) de noviembre de
Dos Mil Cuatro (2004), expedida por la Universidad de Antioquia 18, en la
cual se, dispuso el pago del valor que resultara de la aplicación del
ingreso base de liquidación, contenido en el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y que, no reconoció el Instituto de Seguros
Sociales, a favor del señor Ramiro Antonio Pérez Gómez, en cuantía de
Setecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos
M/Cte. ($ 757.349) mensuales, a partir del veintiocho (28) de junio de Dos
Mil Cuatro (2004), hasta que el Instituto de Seguros Sociales lo
reconociera, motu proprio o por orden judicial.
ix) Resolución Administrativa No. 025923 del Dieciocho (18) de septiembre
de Dos Mil Nueve (2009), emitida por la Universidad de Antioquia, en
virtud de la cual, modificó parcialmente la Resolución No. 012954 del
Trece de agosto de Dos Mil Cuatro (2004), «en el sentido de acatar lo resuelto
en la resolución No. 08907 del 30 de marzo de 2009, que reliquidara la prestación
económica del asegurado teniendo en cuenta el incremento salarial ordenado por el
Gobierno Nacional, para los años 2000, 2001 y 2002, los cuales fueron reportados por
el empleador UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, para una cuantía mensual de $
3.206.893.oo/ a partir del 28 de junio de 2004/ más los reajuste anuales según la
variación anual del índice de precios al consumidor certificada por el DANE,
generándose un retroactivo a favor del asegurado por concepto de mayor valor de la
pensión en la suma de $ 2.597.862.oo, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia» [sic]19.
x) Resolución Rectoral No. 35823 del Diecisiete (17) de octubre de Dos Mil
Doce (2012), mediante la cual se derogó la Resolución Rectoral No.
12094 del Cuatro (4) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999), por medio de la Universidad se subroga en una obligación del
Instituto de Seguros Sociales, para cumplir con lo dispuesto en el inciso
17Folios 9 a 11. Consecutivo No. 006. Archivo No. 012 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia.
Expediente digitalizado: 05001233300020210129600.
18 Folios 9 a 11. Consecutivo No. 006. Archivo No. 012 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia.
Expediente digitalizado: 05001233300020210129600.
19 Consecutivo No. 005. Archivo No. 012 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia. Expediente
digitalizado: 05001233300020210129600.
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Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 20.
xi) Solicitud del rector de la Universidad de Antioquia del Diecinueve (19) de
noviembre de Dos Mil Doce (2012), solicitando que se reliquidaran las
pensiones de los servidores públicos de la institución 21.
xii) Respuesta negativa de Colpensiones del Cuatro (4) de febrero de Dos Mil
Trece (2013), a la anterior solicitud de reliquidación 22.
xiii) Acta de reunión suscrita el Doce (12) de mayo de Dos Mil Quince (2015)
entre la Universidad de Antioquia y Colpensiones, sobre la reliquidación
de pensionados en régimen de transición23.
xiv) Certificado oficial del Tres (3) de junio de Dos Mil Veintiuno (2021),
expedido por el Gestor Administrativo de la División de Talento Humano
de la Universidad de Antioquia, en que, certifica que, el señor Pérez
Gómez “ha recibido por concepto de subrogación entre el 28 de junio de 2004 y el 31
de mayo de 2021, la suma total de: $ 263.340.072 e 2021 la suma de $260.569.550
Doscientos Sesenta y Tres Millones Trescientos Cuarenta Mil Setenta y Dos Pesos”
[sic]24.
2.5 Análisis del caso concreto
48. Una vez definido el marco jurídico aplicable y los aspectos que, resultaron
demostrados, la Sala procederá a decidir el asunto con base en la metodología
establecida en el problema jurídico.
2.5.1. De la configuración del término de caducidad.
49. El señor Ramiro Antonio Pérez Gómez, en el recurso de alzada, manifestó su
inconformidad, frente a la negativa del Tribunal en declarar la caducidad del medio
de control, en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, según adujo, que,
procedía de forma oficiosa en el asunto.
20 Consecutivo No. 010. Archivo No. 012 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia. Expediente
digitalizado: 05001233300020210129600.
21 Consecutivo No. 034. Archivo No. 012 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia. Expediente
digitalizado: 05001233300020210129600.
22 Consecutivo No. 037. Archivo No. 012 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia. Expediente
digitalizado: 05001233300020210129600.
23 Consecutivo No. 037. Archivo No. 014 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia. Expediente
digitalizado: 05001233300020210129600.
24 Consecutivo No. 006. Archivo No. 000 “AnexosDemanda”. Cuaderno de primera instancia. Expediente
digitalizado: 05001233300020210129600.
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50. Al respecto, se debe señalar, que esta Sala, en el periodo en que dicha ley
estuvo vigente, de forma directa, determinó que, el artículo 86 no podía ser aplicado
de manera contraria a los postulados que, rigen la implementación de las reglas de
sustanciación y ritualidad de los juicios contenidas en el artículo 40 de la Ley 153
de 1887, pues si bien, las normas procesales son de orden público y «[…] prevalecen
sobre las anteriores, desde el momento en que, empiezan a regir», tampoco es menos cierto,
que, «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas,
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, se regirían por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencia
o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones»25.
51. En tal sentido, en casos análogos al presente 26, la Sala ha concluido que, el
término de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024, solo resulta oponible
respecto de las demandas formuladas después de su promulgación, conforme al
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, sin que, sea posible, imponer a los procesos
judiciales en trámite, un término que, no existía en el momento en que fueron
iniciados. Esta conclusión, se soporta en la garantía del principio de confianza
legítima y en el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política.
52. Establecido lo anterior, se precisa que, la Ley 2381 de 202427, la cual debió regir
a partir de su fecha de sanción [16 de julio de 2024] 28 y que, de acuerdo con el
mencionado artículo 86, en los procesos judiciales en los que se discuta el
reconocimiento pensional que se encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia [de esa ley]», se considera, que dicha figura procesal cuando se está
ante un tránsito legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues, no es dable superponer a los procesos en
curso un término que no existía en el momento en que fueron iniciados.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 14 de noviembre de 2024; expediente
76001-23-33-003-201701639-01 (3212-2024); consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 14 de noviembre de 2024; expediente
76001-23-33-003-201701639-01 (3212-2024); consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera;
sentencia de 14 de mayo de 2026; expediente 05001-23-33-000-2021-02149-01 (0308-2025); consejero
ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
27 Conforme se indicó en los apartados que anteceden, la norma en cita fue suspendida mediante auto No.
841 de Diecisiete (17) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferido por la Corte Constitucional, con
ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
28 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y Muerte de
origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2025
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53. Así las cosas, es claro que, las normas que establecen el término de caducidad
se enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación
y ritualidad de los juicios», razón por la cual, a la luz de lo establecido en el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe atender aquellas
disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los
términos.
54. De cara a lo expuesto, considerando que, la demanda fue presentada el Primero
(1) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021) y, de conformidad con el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al sub examine le resulta aplicable el numeral 1°,
literal c), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que, al momento de
presentación de la demanda, esa era la norma que regía la oportunidad para el
ejercicio del medio de control.
55. Así las cosas, el reparo concreto que sobre la declaratoria de caducidad del
medio de control propuso el demandante, no está llamado a prosperar, teniendo en
cuenta que, en virtud de la norma procesal que estaba vigente, la Universidad de
Antioquia se encontraba facultada para demandar, en cualquier tiempo, la nulidad
de la Resolución No. 493 del Veintitrés (23) de noviembre de Dos Mil Cuatro (2004),
máxime, si se tiene en cuenta que el acto administrativo en mención, reconoció, en
favor del demandado, una fracción llamada a integrar la pensión de vejez de la cual
gozaba y, por tanto, constituye una prestación periódica.
2.5.2. De la competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación reconocida en favor del señor Ramiro Antonio Gómez Pérez.
56. La parte actora, esto es, la Universidad de Antioquia, solicitó la nulidad del acto
administrativo, por medio del cual ordenó pagarle al señor Ramiro Antonio Pérez
Gómez, el valor de la diferencia no reconocida por el Instituto de Seguros Sociales,
hoy Colpensiones, al determinar el ingreso base de liquidación de su pensión de
vejez, en aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
incluyendo todos los factores de salario devengados durante el último año de
servicios, a partir del Veintiocho (28) de junio de Dos Mil Cuatro (2004).
57. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del acto acusado, al
considerar que, el señor Ramiro Antonio Pérez Gómez, se afilió al Sistema General
de Pensiones, por lo que, la Universidad de Antioquia perdió competencia para
adoptar alguna decisión relacionada con el reconocimiento o la reliquidación de la
pensión de vejez que le fue otorgada, siendo el único competente para ello, el
extinto Instituto de Seguros Sociales- ISS, hoy Colpensiones, comoquiera que, fue
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que otorgó el derecho pensional y, de suyo, la que podía realizar el análisis sobre
la procedencia de la inclusión de las primas de servicios, de navidad y de
vacaciones en el IBL. No obstante, no ordenó el reintegro de las sumas pagadas al
demandado, toda vez que, no se desvirtuó la presunción de buena fe, la cual se
requiere para ordenar dicho reintegro.
58. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión
y pidió que se revoque la sentencia, alegando que la Universidad no excedió sus
competencias ni creó un régimen pensional propio, pues, únicamente asumió, de
forma temporal, mediante la figura de la subrogación pensional, el pago de la
diferencia pensional ante la indebida liquidación efectuada por el entonces Instituto
de Seguros Sociales- ISS. Aunado a ello, anotó que, era beneficiario del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que, su pensión debía
liquidarse con inclusión de todos los factores devengados, conforme a la Ley 33 de
1985 y a la jurisprudencia aplicable.
59. Conforme se probó en el proceso, por medio de la Resolución No. 12954 del
Trece (13) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004), el Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, le reconoció al demandado una pensión de vejez a partir de la fecha
del retiro del servicio. Por su parte, la Universidad de Antioquia estimó que el
Instituto de Seguros Sociales- ISS al calcular la mesada pensional del señor Ramiro
Antonio Pérez Gómez, no aplicó el ingreso base de liquidación establecido en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, no incluyó todos los
factores salariales. Ante ello, por medio del acto acusado se «subrogó»
temporalmente en dicha obligación y ordenó pagarle la diferencia al demandado
entre la pensión reconocida por el citado Instituto de Seguros Sociales- ISS, hoy
Colpensiones, y lo que se debió pagar de haber liquidado la prestación con el total
de los factores devengados durante el último año.
60. La Sala destaca que, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo segundo del
artículo 2° del Decreto 1068 de 1995, los servidores públicos en el orden
departamental, municipal y distrital y, por supuesto, el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior, debían estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el Treinta (30) de
junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), por lo que, a partir de esa fecha,
la entidad competente para el reconocimiento y pago de las pensiones y demás
prestaciones económicas establecidas en la Ley 100 de 1993, era la administradora
de pensiones que recibiera las cotizaciones de dichos servidores públicos.
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61. En ese orden de ideas, la Sala precisa que, el acto administrativo acusado tuvo
como fundamento lo dispuesto en la Resolución Rectoral No. 12094 de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999), expedida por la Universidad de Antioquia, a
través de la cual, el ente universitario se subrogó la obligación pensional del Instituto
de Seguros Sociales- ISS, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, a efectos, de ordenar el pago de la
pensión con todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios.
62. Dicho acto administrativo, si bien fue posteriormente derogado, en virtud de lo
dispuesto en la Resolución rectoral N° 35823 del Diecisiete (17) de octubre de Dos
Mil Doce (2012), durante el tiempo que estuvo en vigor produjo efectos y, en ese
sentido, se considera que, debe ser analizada su validez. Así las cosas, se observa
que, con la expedición de aquél, la demandante excedió su competencia,
desconoció las disposiciones del artículo 150 numeral 19, literal e), de la Carta
Política, que establece que es el Congreso de la República, quien tiene la
competencia de dictar normas generales en relación con la fijación de los regímenes
salariales y prestacionales de los servidores públicos, así como, lo consagrado en
el artículo 1029 y 1230 de la Ley 4ª de 1992, normas según las cuales el régimen
prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por
el Gobierno Nacional y que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones legales carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos.
63. La Sala, en un caso de contornos fácticos similares, consideró que, «[l]la
Resolución rectoral No. 12094 de 1999, durante su vigencia, fue inconstitucional»31; por tanto, se
dispondrá su inaplicación, en la parte resolutiva de esta providencia.
64. La Sala considera que, la Universidad de Antioquia carecía de competencia para
pronunciarse acerca del derecho pensional del señor Ramiro Antonio Pérez Gómez
y, específicamente, en lo relacionado con el reconocimiento del mayor valor en su
ingreso base de liquidación, por cuanto ello correspondía legalmente al Instituto de
29 C.P. ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones
contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma,
carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
30 C.P. ARTÍCULO 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El régimen prestacional de los
servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas,
criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. (…).
31 En ese mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B, Sentencias del 8 de mayo de
2025, con radicados: radicados 05001-23-33-000-2021-01262-02 (6797-2023); 05001-23-33-000-2021-01293-
01 (0079-2023), 05001-23-33-000-2021-01233-02 (7858-2023), consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.
En ese mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B Sentencia del 5 de junio de 2025,
radicado 05001-23-33-000-2021-02150-02 (0337-2025), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
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Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
Seguros Sociales- ISS, como entidad previsional o administradora de las
cotizaciones realizadas por ésta. Lo anterior, teniendo en cuenta que, tal fondo de
previsión fue el que le reconoció la pensión de vejez por medio de la Resolución No.
12954 del Trece (13) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004).
65. Por consiguiente, el demandado debió acudir ante el Instituto de Seguros
Sociales- ISS, hoy Colpensiones, para efectos de discutir o reclamar la aplicación
de su ingreso base de liquidación, en los términos señalados en el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que la Universidad de Antioquia pudiera
relevar a dicha entidad en el cumplimiento de la obligación.
66. Conforme lo expuesto, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia, en cuanto concluyó que el acto administrativo demandado fue
proferido sin competencia por parte de la entidad administrativa que lo expidió y, por
tanto, debe ser declarado nulo.
67. Siendo así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, salvo en el ordinal tercero
de la parte resolutiva que se revoca. Además, se adicionará un inciso al ordinal
primero de la misma, en el sentido de inaplicar por inconstitucional la Resolución
Rectoral No. 12094 de 1999, expedida por la Universidad de Antioquia, con base
en lo expuesto a lo largo de la presente providencia.
2.6 Condena en costas
68. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, la Sala no evidencia
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, por lo
que no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, para condenar al señor Gómez Pérez en costas procesales, en segunda
instancia.
69. Igual suerte corre lo relacionado con la condena en costas impuesta en primera
instancia, por cuanto el demandado, sin que se le haya demostrado mala fe en su
actuar, desarrolló actuaciones procesales encaminadas a la defensa de sus
intereses, por lo que en aplicación de la norma citada en el párrafo que antecede,
se revocará la condena impuesta en primera instancia.
70. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ramiro Antonio Pérez Gómez
FALLA:
PRIMERO. ADICIÓNESE un inciso al ordinal primero de la sentencia No. 11 del
Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por, la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia un inciso, el cual quedará así:
PRIMERO: Inaplicar por inconstitucional, para el caso concreto, la resolución rectoral
No. 12094 del 4 de mayo de 1999, expedida por la Universidad de Antioquia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 493 del 23 de noviembre de 2004
expedida por la Universidad de Antioquia, por medio de la cual se ordenó el pago de la
diferencia resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación consagrado en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con inclusión de las primas de
vacaciones, navidad y semestral, a favor del señor Ramiro Antonio Pérez Gómez,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada, salvo el ordinal
tercero de la parte resolutiva que se revoca, de conformidad con los motivos
expuestos en en este proveído.
TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias, conforme lo expuesto.
CUARTO. En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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