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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01293-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01293-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia. SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, en el sentido de inaplicar por inconstitucional la Resolución rectoral 12094 de 1999 expedida por la Universidad de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01293-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

8 de mayo de 2025

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01293-01 (0079-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Fabio Pineda Gutiérrez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01293-01 (0079-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Fabio Pineda Gutiérrez

Tema: subrogación parcial de la mesada pensional –reiteración jurisprudencial–. Subtema 1:
competencia para el reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación de los servidores públicos
de las universidades a partir de la implementación del Sistema General de Pensiones en el nivel
territorial. Subtema 2: acto administrativo por medio del cual la Universidad de Antioquia asumió la
diferencia por la inclusión de factores adicionales generada en el cálculo del IBL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, el 22 de
septiembre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Universidad de Antioquia solicitó la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales asumió el pago de la diferencia en la mesada
pensional reconocida por el Instituto de Seguros Sociales1 —en adelante ISS— al
demandado, generada por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y
semestral en el cálculo del IBL, mientras el beneficiario adelanta las actuaciones
administrativas y judiciales pertinentes para que la administración reliquide la pensión
teniendo en cuenta dichas prestaciones. Según indicó, la institución educativa no tiene
competencia para asumir una obligación pensional que, en este caso, fue subrogada
al ISS por la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones en el nivel territorial.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. La Universidad de Antioquia (en adelante la Universidad), mediante apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 Hoy COLPENSIONES.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Fabio Pineda Gutiérrez

restablecimiento del derecho en contra de la parte accionada, con las siguientes
pretensiones2:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución 466 del 23 de julio de 2001,
mediante la cual la Universidad ordenó pagarle al demandado el mayor valor de
la mesada pensional generada por la inclusión de las primas de navidad,
vacaciones y semestral en el cálculo del IBL pensional liquidado por el ISS al
reconocer la pensión de jubilación.

(ii) Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la parte demandada a restituir el pago de la diferencia de las
mesadas pensionales que la Universidad asumió desde el 26 de diciembre de
2000 y condenarla al pago de las costas procesales.

2.1.1. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la Universidad expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) El señor Fabio Pineda Gutiérrez estuvo vinculado como empleado público en la
Universidad de Antioquia desde el 23 de julio de 1979 hasta el 26 de diciembre de
2000, fecha a partir de la cual le fue aceptada la renuncia.

(ii) La Universidad, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, reconocía las
pensiones de sus empleados conforme a los regímenes dispuestos en las leyes 6 de
1945 y 4 de 1966, y los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969, con un ingreso base
de liquidación que incluía «todos los factores efectivamente devengados por el
servidor».

(iii) Con motivo de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones en el nivel
territorial previsto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 —30 de junio de 1995—, la
Universidad afilió a todos los servidores al ISS (hoy COLPENSIONES), entidad que desde
ese momento asumió la carga pensional subrogada del demandado.

(iv) La Universidad, mediante la Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999,
asumió el pago de una diferencia en la mesada pensional de sus servidores, causada
por la inclusión de factores adicionales a los tenidos en cuenta por el ISS en el cálculo
del IBL pensional, bajo la consideración de que la jurisprudencia permitía la inclusión
de todo lo devengado por el servidor. La institución educativa asumió el pago de esta
diferencia y continuaría «con las acciones administrativas y judiciales necesarias para
que el ISS reliquidara las pensiones con la inclusión de todo lo devengado por el
trabajador». Este acto general fue reglamentado por la Resolución 16628 del mismo
año, que estableció como destinatarios de la subrogación a los empleados públicos
docentes y no docentes de la Universidad.

(v) La Universidad de Antioquia reconoció y ordenó el pago de un bono pensional a
favor del accionado, a través de la Resolución 18070 del 14 de noviembre de 2000,
que correspondió a la institución educativa, y que a su vez consignó al ISS.

2 Samai, índice 02, ED_05001233300020210129(.zip) NroActua 2, documento 01Demanda.

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(vi) El ISS reconoció la pensión de vejez al señor Fabio Pineda Gutiérrez, mediante la
Resolución 01144 del 15 de febrero de 2001, en cuantía de $2.300.432 mensuales, a
partir del 26 de diciembre de 2000, sin incluir en el IBL las primas de navidad, de
vacaciones y semestral.

(vii) Mediante la Resolución 466 del 23 de julio de 2001, la Universidad ordenó pagar
al accionado la diferencia de la mesada pensional reconocida y pagada por el ISS,
generada por la inclusión de las primas de navidad, vacaciones y semestral en el
cálculo del IBL, mientras el citado Instituto asumía la obligación en sede administrativa
o judicial.

(viii) Por la Resolución 35823 del 17 de octubre del 2012, la Universidad derogó la
resolución rectoral por medio de la cual asumió el pago de la diferencia en la mesada
pensional de los empleados públicos del ente universitario, causada por la inclusión
de factores que, a su juicio, formaban parte del IBL pensional calculado por el ISS.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. La parte accionante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución
Política, artículo 48, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005; el artículo 10 de la
Ley 4 de 1992; los artículos 18 (inciso 3), 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; el artículo
5 del Decreto 1068 de 1995 y el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996.

4. En el concepto de violación, afirmó que la resolución acusada, por medio de la cual
la Universidad asumió el pago de la diferencia causada por la reliquidación de la
pensión de jubilación reconocida por el ISS, con la inclusión de todos los factores
devengados por el servidor, desconoció las normas constitucionales y legales que
imponen la obligación de liquidar las pensiones con los factores sobre los cuales se
realizaron cotizaciones. Además, puso de presente que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado precisa que el régimen de transición no incluye
entre sus beneficios la determinación del IBL, razón por la cual, la liquidación de la
pensión debe atender lo dispuesto en los artículos 21 —factores de cotización— y 36
de la Ley 100 de 1993 —régimen de transición—.

5. También adujo que el ISS es el único competente para reconocer, liquidar y pagar
las pensiones de los empleados de la Universidad, tal y como lo ha reiterado el Consejo
de Estado en las sentencias proferidas en asuntos con supuestos de hecho y de
derecho semejantes al presente.

2.2. Contestación de la demanda

6. La parte demandada propuso las excepciones de «conformación del
litisconsorcio», «derecho adquirido», «legalidad del acto impugnado», «falta de causa
para pedir», «falta de tipificación de las causales de nulidad», «inexistencia de la causa
invocada», «falta de interés», «buena fe del demandado», «mala fe del demandante»,
«violación del principio de progresividad» y «prescripción». Al sustentar la oposición a
las pretensiones, manifestó que la decisión controvertida es legal porque tuvo como
sustento la resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, por medio de la cual la
Universidad asumió la obligación de pago en atención a las normas y la jurisprudencia

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que regían la liquidación de las pensiones, que preveían la inclusión de todos los
factores devengados por el servidor en el cálculo del IBL pensional3.

7. Manifestó que la Universidad de Antioquia no argumentó ni probó la violación
de alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA)
y que la resolución acusada fue expedida por la autoridad competente y conforme al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece el régimen de transición pensional.

8. Sostuvo que, en cuanto al restablecimiento del derecho solicitado por la entidad
demandante, el demandado recibió el pago de las mesadas pensionales subrogadas,
estando amparado por la buena fe, de modo que la Universidad no tiene derecho a
recuperar las sumas de dinero correspondientes, de conformidad con el numeral 1,
literal c) del artículo 164 del CPACA.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia dictada el 22 de
septiembre de 2022, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda al considerar
que la Universidad de Antioquia carecía de competencia para asumir la obligación
derivada de la reliquidación de una pensión que fue reconocida, liquidada y pagada
por la entidad administradora de pensiones a la que se afiliaron los empleados de la
institución educativa por la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, que
en el nivel territorial tuvo como plazo máximo el 30 de junio de 19954.

10. Afirmó que el accionado no tiene un derecho adquirido, puesto que el
reconocimiento efectuado por la Universidad no tiene fundamento jurídico, todo lo
contrario, no existe facultad legal conferida a la institución educativa para realizar
reconocimientos de carácter pensional, ni establecer el régimen de pensiones a través
de actos administrativos.

11. Concluyó que el acto acusado mediante el cual la Universidad de Antioquia asumió
el pago de la diferencia en la mesada pensional causada por la inclusión de las primas
de navidad de vacaciones y semestral en el IBL, hasta que el ISS realizara la
reliquidación de la prestación con los factores mencionados, es nulo por falta de
competencia, pues la carga pensional de los servidores de la institución universitaria
recaía, únicamente, en el fondo de pensiones.

12.De otro lado, el Tribunal negó la pretensión de devolución de las sumas de dinero
pagadas al demandado, al considerar que no se desvirtuó la presunción de buena fe
que lo ampara; máxime cuando la Universidad efectuó los pagos de las mesadas de
manera libre y voluntaria.

13.Por último, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, decidió no condenar en
costas a las partes, toda vez que en el asunto se ventila un interés público.

3 Samai, índice 02, ED_05001233300020210129(.zip) NroActua 2, documento 25Contestacióndemanda.
4 Samai, índice 02, ED_05001233300020210129(.zip) NroActua 2, documento 45SentenciaPrimeraInstancia.

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2.4. Recurso de apelación

14. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia que
accedió parcialmente a las pretensiones, con el argumento de que no se configuró la
causal de nulidad por falta de competencia, pues, a su juicio, la diferencia en la mesada
pensional fue asumida por la Universidad de Antioquia de manera voluntaria y libre,
con el propósito de defender los derechos pensionales de los servidores frente a la
omisión del ISS de incluir los factores señalados en la Ley 33 de 1985, para calcular el
IBL5.

15. Indicó que el Tribunal no aceptó la validez de la figura de la subrogación que
proviene del derecho civil, la cual permite a quien tenga razones, el pago de la
obligación de un tercero. Al respecto, la Universidad nunca dijo tener competencia para
pagar las pensiones después del 1 de enero de 1994, ni tampoco que el pago de la
subrogación fuese una obligación suya, por lo tanto, fue consciente de sus
actuaciones, al margen de su autonomía.

16. Adujo que, a partir de la fecha antes señalada, el Consejo Superior de la
Universidad de Antioquia ordenó, a través de la Resolución 2035 de 1994, que la
institución educativa en calidad de empleadora, los empleados públicos (docentes y
no docentes), los trabajadores oficiales y los pensionados, cotizaran al Sistema de
Seguridad Social Integral en los términos de la Ley 100 de 1993; y que, si bien, de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, la Universidad efectuó las
cotizaciones de los factores salariales devengados por sus empleados, lo cierto es que
el ISS se negó a recibir las sumas correspondientes a «las primas» y por eso la
institución educativa «dejó de causarlas».

17. Manifestó que la Ley 33 de 1985 mantuvo los factores salariales objeto de
cotización del Decreto 691 de 1994, para los servidores públicos del orden nacional.
Luego, la Ley 100 de 1993 en el inciso 3 del artículo 36 estableció el régimen de
transición aplicable a los profesores y empleados de la Universidad de Antioquia; por
ende, antes de la entrada en vigor de dicha ley, jubilaba a sus empleados con todos
los factores salariales devengados en el último año de servicios, lo cual los
beneficiaba.

18. Afirmó que el 12 de julio de 2002 la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Departamento de Antioquia y la Universidad de Antioquia, suscribieron un
contrato interadministrativo de concurrencia para el pago del pasivo pensional de la
institución educativa en los términos del artículo 131 de la Ley 100 de 1993, el cual
demuestra que aquella ha cumplido con el deber de pagar de manera completa las
pensiones de vejez, mediante la figura de la subrogación. Además, de acuerdo con
referido contrato, la cuota parte pensional por «las primas» está a cargo del fondo del
pasivo pensional establecido en la Ley 100 de 1993.

19. Resaltó que en el mismo contrato se estableció la financiación de las
obligaciones correspondientes al reconocimiento de los factores salariales que
sirvieron de base de cotización, habiendo quedado distribuida en la siguiente

5 Samai, índice 02, ED_05001233300020210129(.zip) NroActua 2, documento 47ApelacionSentenciaDDO.

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proporción: 78,3% la Nación; 11,5% el departamento de Antioquia; y 10,2% la
Universidad de Antioquia. Así, el «21,7% (11,5% + 10,2%), se destina al pago de la
cuota de la pensión, correspondientes a las tres primas, ya que el Instituto de Seguros
Sociales solo lo hizo por las doce mesadas del año». Ello evidencia que la Universidad
sí es la pagadora de la cuota parte de las pensiones, como lo determinó en Resolución
12094 de 1999.

20. Sostuvo que la sentencia de primera instancia desconoció la normativa en
mención y el contrato interadministrativo de concurrencia, por lo que existe una
vulneración del derecho fundamental a la seguridad social del accionado.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

21. Mediante auto del 27 de abril de 2023, el despacho ponente admitió el recurso de
apelación interpuesto. Además, prescindió del periodo para correr traslado a las
partes, al afirmar que no existían pruebas por decretar en segunda instancia6.

22. En proveído del 12 de marzo de 2025, se saneó el proceso en ejercicio de la
facultad prevista en el artículo 207 del CPACA7 y, en consecuencia, se negó la solicitud
de pruebas realizada por la parte accionada en segunda instancia8.

2.6. Ministerio Público

23.La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se
confirme la sentencia de primera instancia por las siguientes razones9:

24. De conformidad con el precedente jurisprudencial pacífico de esta corporación, que
se ajusta a la normativa aplicable al tema, la Universidad de Antioquia no es
competente para reconocer la diferencia pensional por la no inclusión de las primas de
vacaciones, navidad y semestral al determinar el IBL pensional respectivo, subrogando
su pago.

25. Aseveró que el acto administrativo acusado está viciado de nulidad y correspondía
al ISS decidir sobre la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de
liquidación de la pensión que reconoció al demandado.

III. CONSIDERACIONES

3.1 . Competencia

26. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación

6 Samai, índice 04.
7 Debido a que el proceso pasó para fallo, aunque estaba pendiente la resolución de una petición probatoria en

segunda instancia.
8 Samai, índice 12. La solicitud de prueba consistió en tener en cuenta la Resolución 2035 del 26 de enero de 1994,

expedida por la Universidad de Antioquia y un contrato interadministrativo de concurrencia para el pago del pasivo
pensional de la misma Universidad, suscrito el 12 de julio de 2002; la solicitud fue negada por las razones que se
expondrán al resolverse el caso en concreto.
9 Samai, índice 09.

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interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Cuestión previa

27. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un nuevo
esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y las de
naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria, existen
dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: i) en cualquier
estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la
encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del CPACA
10); y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA11), oportunidad en la que el

juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre
probada12.

28. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley 2381
de 2024 se introdujo una significativa modificación, por la cual se establece un término
de caducidad frente a las demandas que la administración presenta contra sus propios
actos de reconocimiento pensional.

29. En tal sentido, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció
un término de caducidad de 5 años «para ejercer acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas», contado a partir
del reconocimiento de la referida prestación. Así se observa en el texto del citado
artículo 86 ibidem:

ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán
ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones
otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude
o con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan
iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5)
10 «ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […]
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
11 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […]

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».
12 Sobre este particular puede verse auto de Sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-

2019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró
que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la
causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos
en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado
del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no
pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se
declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral
tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o
demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las
pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA». [destacado fuera del texto]
7

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años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido
acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley. [destacado fuera del texto]

30. En este orden de ideas, le corresponde a la Sala en este momento procesal, dentro
del asunto, pronunciarse frente a la caducidad, comoquiera que el proceso se
encuentra al despacho para dictar sentencia. Esto, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 187 y 207 del CPACA, que prevén la facultad de resolver cualquier excepción
propuesta y las que el juez eventualmente encuentre probadas, entre ellas, la de
caducidad del medio de control y, a su vez, ejercer el control de legalidad y
saneamiento del proceso.

31. Ahora bien, en el presente asunto, la Universidad de Antioquia solicitó la nulidad
de la Resolución 446 del 23 de julio de 2001, mediante la cual ordenó pagarle al
accionado el mayor valor de la mesada pensional generada por la inclusión de las
primas de navidad vacaciones y semestral en el cálculo del IBL pensional liquidado
por el ISS al reconocerle la pensión de jubilación, por lo que es necesario establecer si
hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de vista las reglas
previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo, tratándose de
leyes que regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los juicios.

32.En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas», se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación, en el tránsito legislativo
anunciado, es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188713.

33. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

34. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a
cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación

13 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» (destacado fuera del texto).
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y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse
términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

35. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos
1, 2, 4, 5, 6 y 8314. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887
en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas
previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye a la
interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico vigente.

36. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del numeral 1, literal c, del artículo
164 del CPACA, dado que, al momento de su radicación, 6 de julio de 202115, era la
disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba
vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad
alguno.

37. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

38.En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que el titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

39. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia
C-1049 de 200416, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

40. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigor de

14 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado

que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
15
Samai, Gestión otros despachos, 05001233300020210129300, índice 01.
16 En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista

en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
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la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
ejercidas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

41. En estos términos, la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica17, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
Política18 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, se
continuará con el estudio del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia.

3.3. Problema jurídico

42. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala procede a resolver el
siguiente problema jurídico:

43. ¿La Universidad de Antioquia tenía competencia para asumir el pago de la
diferencia en la mesada pensional reconocida por el ISS al señor Fabio Pineda
Gutiérrez, generada por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y
semestral en el cálculo del IBL, que el ente educativo consideró procedente mientras
el beneficiario surtía las actuaciones administrativas y judiciales ante el Instituto
encargado del pago de la obligación?

44. Para resolver el interrogante anterior, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos; (ii) régimen de
transición de la Ley 100 de 1993; y (iii) subrogación asumida por la Universidad de
Antioquia.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial

3.4.1. Reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos

45.Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 199319, la obligación de reconocer y
de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos concernía a la entidad de
previsión a la que estuviesen afiliados, esto es, la última entidad pública empleadora,
según lo disponía el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969.

46.La Ley 100 de 1993 que creó el Sistema de Seguridad Social Integral, previó en el
numeral 1 del artículo 15, la obligatoriedad de afiliar a dicho sistema a todas las
personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.

17 En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso

debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política». (Destacado fuera
del texto)
18
«ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
19 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.

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Disposición en virtud de la cual se expidió el Decreto 691 de marzo 29 de 199420, que
incorporó (artículo 1) a estos últimos, clasificándolos así: a) los servidores públicos de
la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de
sus entidades descentralizadas; y b) los servidores públicos del Congreso de la
República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación,
la organización electoral y la Contraloría General de la República.

47. En cuanto a los efectos de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 21 precisó que el
responsable del pago de las pensiones sería la administradora que hubiese recibido o
le correspondiera recibir las cotizaciones del período en el cual ocurrió el siniestro o
hecho que dio lugar al pago de la pensión, y el Decreto 1068 del 23 de junio de 199522
fijó el límite temporal para que los servidores públicos del orden departamental,
municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliarían, esto es, prima media
con prestación definida o ahorro individual con solidaridad, señalando en el parágrafo
2 del artículo 2 que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley
100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995.

48. Posteriormente, se profirió el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 que tuvo
por objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de
naturaleza territorial. Esta normativa fue enfática en atender el límite temporal con que
contaban los servidores públicos para afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
establecidos en la Ley 100 de 1993, según el Decreto 1068 de 1995.

49. De acuerdo con lo anterior, se concluye que, para el 30 de junio de 1995, todos los
servidores públicos que prestaban sus servicios en las Universidades oficiales e
instituciones oficiales de educación superior debían estar afiliados al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, comoquiera que estos hacían parte de la categoría
de afiliados obligatorios en los términos del artículo 15 de la referida Ley 100 de 1993.

50. Así, y siguiendo los pronunciamientos de esta Sección sobre el tema23, se precisa
que después de la entrada en vigencia de los dos regímenes pensionales de la Ley
100 de 1993, las universidades de carácter oficial perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores y, en virtud de la afiliación obligatoria
de los servidores públicos al Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, es la
administradora de pensiones que hubiese recibido las cotizaciones quien debe
efectuar el reconocimiento respectivo o proceder a la reliquidación de ser el caso.

20 Por el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan otras disposiciones.
21
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
22 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en los niveles departamental,

municipal y distrital, la constitución de los Fondos de Pensiones del Nivel Territorial y la declaratoria de solvencia
de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21

de abril de 2017, Rad. 05001233300020140019401(0804-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia del 22
de octubre de 2018, Rad. 05001-23-33-000-2014-00063-02(1074-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia
del 29 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-00556-01(1601-19), M.P. César Palomino Cortés; Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2014-01418-02(5945-19), M.P.
William Hernández Gómez.
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3.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

51. El Sistema General de Pensiones, en virtud del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a pensionarse
mantener las condiciones previstas en el régimen anterior, siempre que reunieran los
requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la fecha de entrada en vigencia
de la nueva normativa, con la precisión de que los beneficios de esa transición solo
salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto o tasa de
reemplazo establecidos en la norma con la que el servidor tenía la expectativa de
pensionarse.

52. La norma citada establece que, para los beneficiarios del régimen de transición,
el ingreso base de liquidación será, si faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho a la pensión, (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

53. Al respecto, el Decreto 1158 de 1994, por medio del cual se modificó el Decreto
658 de 1994 que incorporó a los servidores públicos al Sistema General de Pensiones,
dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 1. Base de cotización. El salario mensual base para calcular las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos
incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de
salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados;

54. El Acto Legislativo 01 de 2005, al adicionar el artículo 48 de la Constitución
Política, determinó de manera expresa que «para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
cotizaciones», precepto que se encontraba incluido en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, conforme con el cual se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
«el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado».

55. En este orden, es válido afirmar que los beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tenían derecho al reconocimiento de
la pensión de acuerdo con los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto o tasa
de reemplazo prevista en el régimen anterior, sin incluir el IBL, pues este debe
calcularse con los factores salariales que sirvieron de base para los aportes,
devengados en el lapso fijado en la transición, esto es, durante los últimos 10 años de
servicio o todo el tiempo que le hiciera falta al beneficiario para pensionarse cuando
fuese inferior a este periodo.

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56. Ahora bien, la Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos
pensionales derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible
política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que
ordena dar especial protección al trabajo». En este marco, afirmó que la regla de
liquidación del IBL aplicable a los beneficiarios de la transición es el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para pensionarse, siempre que fuera
menor de diez años o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior;
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor24.
En sentencias posteriores de constitucionalidad, la Corte decidió estarse a lo resuelto
en la providencia que declaró parcialmente exequible el artículo 36 de la Ley 100 de
199325.

57. Por otra parte, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa
que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en el régimen pensional general anterior —Ley 33 de 1985—, con
la precisión de que el último elemento protegido por la transición (monto) incluía el
beneficio de calcular el IBL con los factores y el periodo de liquidación previstos en la
norma precedente, no con los señalados en el régimen general.

58. En este orden, la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido de que el «monto», salvaguardado en virtud
del cambio legislativo, constituía una unidad con el período de liquidación y los factores
enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior26.

59. En un segundo momento, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, por
medio de sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, replanteó la tesis aplicada
por las subsecciones de la Sección Segunda y, en su lugar, consideró que la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 solo preservó los presupuestos de edad,
tiempo de servicio y porcentaje o tasa de reemplazo dispuestos en el régimen anterior
para quienes estaban próximos a pensionarse, sin que se pueda entender que el último
elemento incluye la aplicación del periodo y factores previstos en ese régimen, por no
formar parte del beneficio de la transición. En el anterior fallo se indicó lo siguiente:

Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 199327.

60. La Sala Plena de esta corporación indicó en esta sentencia que las reglas de
unificación «son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía

24 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
25 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, exp. 0112-2009.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018, exp.

2012-00143-01.
13

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administrativa como judicial (…) De igual manera, debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley».

61. Sobre el particular, es oportuno precisar que el marco normativo y jurisprudencial
citado resultaba aplicable a los servidores de la Universidad de Antioquia, que por virtud
del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 fueron vinculados al Sistema General de
Pensiones a partir del 30 de junio de 1995, con la afiliación al ISS (actual COLPENSIONES),
entidad que asumió la obligación pensional con cargo al bono que expidió el ente
demandante en cada caso28. La competencia para reconocer y pagar las pensiones
de los servidores de la Universidad está a cargo del fondo de pensiones al que se
afiliaron en forma obligatoria desde esa fecha29.

62. En este orden, se observa que la parte demandante asumió el pago temporal de
la diferencia en la mesada pensional de sus servidores como tercero interviniente en
la obligación pensional que el ISS tenía a su cargo a partir de la afiliación de los
empleados del nivel territorial al régimen general de pensiones, arguyendo la
necesidad de «procurar la efectividad de los derechos y principios constitucionales»
de sus empleados y bajo la condición de que los pensionados surtieran las actuaciones
administrativas y judiciales necesarias para que el fondo de pensiones asumiera la
mesada por el valor que el ente demandante consideraba ajustado a la legalidad.

3.4.3. Subrogación asumida por la Universidad de Antioquia

63. La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución rectoral 1209 del 4 de mayo
de 1999, asumió el pago de la diferencia de la mesada pensional de los servidores
docentes y no docentes de la institución educativa, generada por la inclusión de las
primas de navidad, vacaciones y semestral que, a su juicio, formaban parte del IBL
pensional calculado por el ISS en el acto de reconocimiento por medio del cual ordenó
el pago de la prestación a su cargo, por motivo de la afiliación de los empleados del
orden territorial al Sistema General de Pensiones dispuesta en el artículo 151 de la
Ley 100 de 1993.

64.En las consideraciones del acto general, la Universidad afirmó que, si bien el ISS
asumió el reconocimiento y pago de las pensiones, aquella debía proteger los
derechos de sus servidores para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero

28 ARTICULO 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o
empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad
de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o
condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad
Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
También serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, y se
regirán por todas las disposiciones contenidas en esta ley para todos los efectos, los servidores públicos que
ingresen a Ecopetrol, a partir de la vigencia de la presente ley.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 21 de abril de 2017, exp. 05001233300020140019401

(0804-2016); del 27 de abril de 2017, exp. 05001233300020140157301(0802-2016) y 050012333000201500110
01 (2366-2016); del 31 de enero de 2018, exp. 05001-23-33-000-2014-00058-02 (0341-17), y del 23 de octubre de
2020, exp. 05001-23-33-000-2014-00061-01(1088-17).
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del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual el ingreso base de liquidación
de las pensiones de jubilación de los beneficiarios de la transición a quienes les faltaba
menos de diez (10) años para adquirir el derecho, debía computarse con el promedio
de «todo lo devengado» en ese periodo.

65. Para la Universidad, el ISS desconoció la norma referida al calcular el IBL pensional
con los factores sobre los cuales el pensionado hubiera realizado cotizaciones, dado
que, en su opinión, constituía «certeza jurídica» la fórmula de liquidación según la cual
el cálculo debía incluir todo lo devengado, inclusive, las primas de navidad, vacaciones
y semestral. Bajo esta consideración, la institución educativa afirmó que «no se podía
negar o complicar el acceso a los derechos conseguidos por servicios prestados al
Estado, más aún cuando la pensión era un salario diferido». Asimismo, afirmó que
realizó diferentes gestiones ante el ISS para que liquidara las pensiones según el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin lograr una respuesta positiva.

66. En este orden, la Universidad dispuso en el acto general de subrogación que debía
darle cumplimiento a la ley, en el sentido de cubrir la diferencia causada por motivo de
la liquidación de la pensión, mientras el ISS asumía esta obligación con la inclusión de
todos los factores devengados por el pensionado. Así, dispuso que se «subrogaría en
la cuota parte de la obligación» que el ISS no reconocía, para «procurar la efectividad
de los derechos y principios constitucionales de sus servidores».

67. Este acto fue reglamentado por la Resolución 16628 del 25 de junio de 1999, en el
sentido de determinar que los destinatarios de esta subrogación serían los empleados
públicos docentes y no docentes beneficiarios del régimen de transición, que les faltara
menos de diez años para adquirir el derecho al momento de entrar en vigor la Ley 100
de 1993. La Universidad pagaría a los jubilados la obligación de reliquidación que se
encontraba a cargo del ISS con las consecuencias previstas en el artículo 1670 del
Código Civil30. En este orden, asumió el pago de la diferencia que resultó de aplicar el
75% al promedio de todo lo devengado durante el último año de servicio y el valor de
la pensión que liquidó el ISS, solo por el tiempo que tardara el instituto en asumir la
obligación en el trámite administrativo o en cumplimiento de una orden judicial.

68. El acto de subrogación general fue derogado por la Resolución rectoral 35823 del
17 de octubre de 2012, al considerar que la Universidad partió del supuesto
equivocado de que existía certeza jurídica sobre el derecho a la reliquidación pensional
con la inclusión de todo lo devengado por sus servidores, sin tener en cuenta que la
obligación estaba a cargo del ISS, en forma exclusiva, y que la tesis referida fue objeto
de modificaciones jurisprudenciales que desvirtuaron esa afirmación.

69. El acto revocatorio de la «subrogación» puso de presente que el pago asumido por
la Universidad fue temporal, pues era el ISS el obligado a asumir la obligación
reclamada en las actuaciones administrativas y judiciales.

3.5. Análisis del caso concreto

70. El ISS reconoció una «pensión de vejez» al señor Fabio Pineda Gutiérrez,

30
«La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y
privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros,
obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda».
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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Fabio Pineda Gutiérrez

mediante la Resolución 01144 del 15 de febrero de 2001, en cuantía mensual de
$2.300.432, a partir del 26 de diciembre de 200031.

71. La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución 466 del 23 de julio de
200132, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo
de 199933, ordenó pagar a favor del demandado el valor del resultado de la aplicación
del IBL establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por la suma de $561.095
mensuales a partir del 26 de diciembre de 2000, y por $610.191 desde el 1 de enero
de 2001. Esto como consecuencia de considerar que las primas de navidad, de
vacaciones y semestral debían incluirse para calcular el monto de la pensión.

72. El cálculo de la diferencia pensional que la Universidad de Antioquia asumió de
manera temporal por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y semestral
devengadas por el demandado durante el periodo que le hacía falta para pensionarse
(6 años), fue realizado por la institución educativa conforme a lo previsto en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:

Acto de reconocimiento pensional Acto de subrogación
ISS Resolución 01144 del 15 de febrero Universidad de Antioquia – caso en
de 2001 concreto
Resolución 466 del 23 de julio de 2001
Semanas cotizadas: 1.055 Monto: 75%
Monto: 75% IBL: $748.127 (primas de navidad,
IBL: $3.067.242 (factores de cotización) vacaciones y semestral)

Cuantía de la prestación: Diferencia que se subrogó la
$2.300.432 (desde el 26 de diciembre de Universidad:
2000). $561.095 (desde el 26 de diciembre de
2000).
$610.191 (desde el 1 de enero de 2001).

73. Ahora bien, según se analizó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
sentencia, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, a
más tardar el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos, incluido el personal
de las universidades oficiales e instituciones de educación superior, debían estar
afiliados a uno de los dos regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993. Por
ende, a partir de esa fecha, la entidad competente para reconocer y pagar las
pensiones, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 692 de 1994 era la administradora
de pensiones que recibiera las cotizaciones de dichos servidores, ya fuera el ISS como
administrador del régimen de prima media o los fondos privados que hacían lo propio
con el régimen de ahorro individual.

74. En este orden de ideas, se advierte que la Universidad de Antioquia carecía de
competencia para pronunciarse acerca del reconocimiento del derecho pensional del

31 Samai, índice 02, ED_05001233300020210129(.zip) NroActua 2, documento 05HojadevidaFabioPineda, págs.

21 a 23.
32 Samai, índice 02, ED_05001233300020210129(.zip) NroActua 2, documento 05HojadevidaFabioPineda, págs. 7

a 8.
33 Samai, índice 02, ED_05001233300020210129(.zip) NroActua 2, carpeta 06Pruebas, documento 4.

RESOLUCION RECTORAL 12094 DE 1999.
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demandado y específicamente, en lo relacionado con el presunto derecho que le
asistía a una mesada mayor a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de
factores salariales devengados por el docente no computados por la administradora
de pensiones. Ello, en tanto la obligación concernía al ISS, como ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.

75. Al respecto, se destaca que esta última entidad fue la que reconoció a favor del
accionado una pensión de jubilación, a través de la Resolución 01144 del 15 de febrero
de 2001. Por consiguiente, era el ISS quien tenía la competencia para definir si al
demandado se le debía incluir en el IBL lo correspondiente a las primas de navidad,
de vacaciones y semestral, en los términos de la Ley 100 de 1993 y la normativa
anterior a esta, aplicable en virtud del régimen de transición del artículo 36 ibidem.

76. Por otra parte, en cuanto a los efectos de la Resolución rectoral 12094 de 1999
expedida por la Universidad de Antioquia, sobre la subrogación parcial en la obligación
pensional a cargo del ISS, y en la cual se fundamentó el acto acusado, se advierte que,
aun cuando esta no fue objeto de declaratoria de nulidad en el presente caso, así como
tampoco ha sido anulada por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, esta
Subsección en sentencia del 22 de octubre de 201834 decidió inaplicarla por
inconstitucional en un asunto similar, al señalar que:

[…] pese a que el acto administrativo, que aquí se demanda, tuvo además como
fundamento la Resolución rectoral 12094 de 4 de mayo de 1999 de la misma Universidad
de Antioquia, la cual, como lo aduce el accionado, no fue objeto del presente medio de
control ni ha sido anulada por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cierto
es que en virtud de la excepción de inconstitucionalidad resulta dable inaplicarla para el
caso concreto, conforme al artículo 4º superior, («En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»), comoquiera que la función de establecer el régimen prestacional de
los servidores públicos está reservada al Congreso de la República y al Gobierno
Nacional, pero este último bajo los lineamientos del legislador, por lo que el ente
universitario carecía de atribución para asumir una obligación de carácter pensional motu
proprio, sin que mediara norma emitida por la autoridad constitucionalmente competente
frente a la materia, que así lo determinara. […].

77. Sobre el punto, la Constitución Política de 1991 prevé en el artículo 150 numeral
19, literal e, que el Congreso de la República tiene la competencia de dictar normas
generales en relación con la fijación de los regímenes salariales y prestacionales de
los servidores públicos, entre otros, y en ejercicio de dicha potestad expidió la Ley 4
de 199235, que reglamentó en sus artículos 10 y 12 lo siguiente:

ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo
las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22

de octubre de 2018, Rad. 05001233300020140006302 (1074-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
35 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen Salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
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ARTÍCULO 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y
objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.

PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.

78. Por su parte, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la
última norma —artículo 12—, «[…] siempre que se entienda que las facultades
conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen
prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo
de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados
públicos de las entidades territoriales […]»36.

79. Conforme lo expuesto, se considera que la Resolución rectoral 12094 de 1999
emitida por la Universidad de Antioquia es inconstitucional, por cuanto se expidió con
desconocimiento de las competencias que la Constitución Política le confiere al
Congreso de la República y al Gobierno nacional en materia de prestaciones sociales
de los servidores públicos del orden territorial. Por tal motivo, al haberse expedido en
contravía de lo dispuesto en la Carta Política, resulta procedente su inaplicación.

80. La anterior precisión es relevante en la medida que cuando se profirió el acto
acusado la referida resolución rectoral que era su fundamento estaba vigente, pues
solo fue derogada en el año 2012, como se expuso en el marco normativo de esta
providencia.

81. Por último, en cuanto al argumento de la parte recurrente, respecto a que el
Tribunal desconoció el contrato interadministrativo de concurrencia para el pago del
pasivo pensional de la Universidad de Antioquia suscrito el 12 de julio de 2002, entre
la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Antioquia y
la Universidad, el cual allegó junto con el escrito de apelación, se recuerda que en auto
dictado por el despacho sustanciador el 12 de marzo de 2025, se definió que tal prueba
documental no cumple con los requisitos establecidos en el inciso cuarto del artículo
212 del CPACA, para incorporarse al proceso en el trámite de segunda instancia.

82. Lo expuesto, al estimarse que el contrato no fue pedido de común acuerdo entre
las partes; no se solicitó en las etapas legalmente previstas y, por ende, la prueba no
fue negada por el Tribunal; no versa sobre hechos ocurridos después de fenecida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia; y no se explicó circunstancia
alguna de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte que justifique tenerla
como elemento de juicio en segunda instancia.

83. Además, sobre el particular, se resalta que las actuaciones que pudo adelantar
la Universidad con el fin de justificar y/o asumir obligaciones pensionales que no le
correspondía después de entrar en vigor la Ley 100 de 1993, por ejemplo, la
Resolución 2035 de 1994, el aludido contrato y otros actos en los que haya participado,

36 Sentencia C-315 de 1995.

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distintos a la decisión cuya nulidad se solicita, no son objeto de control judicial en esta
oportunidad; y en todo caso, que sin perjuicio de lo que se decida sobre estos en los
escenarios correspondientes, no puede considerarse que tienen la virtualidad de
asignarle facultades a la Universidad en un asunto que por voluntad de legislador le
concierne a otras entidades o personas y, mucho menos, de subsanar o rectificar la
decisión de asumir el pago de prestaciones respecto de las cuales carece de
competencia.

84. Lo anterior, toda vez que la potestad para reconocer y pagar la pensión en el
caso particular era del ISS, en calidad de administradora de pensiones que recibió las
cotizaciones del accionado, por virtud de la Ley 100 de 1993, conforme se estudió en
párrafos precedentes.

85. Así las cosas, le asiste razón al Tribunal al haber declarado la nulidad del acto
acusado, toda vez que se profirió sin competencia, comoquiera que, la Universidad de
Antioquia no tenía la facultad legal ni constitucional para reconocer, en todo o en parte,
pensión alguna a sus empleados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, ni asumir obligación alguna en forma de subrogación; máxime cuando adoptó
tal decisión con sustento en un acto administrativo contrario a la Constitución Política,
como se ha indicado, por esta Sala, en anteriores oportunidades.

3.6. Conclusión de la decisión

86. A partir del régimen pensional de los servidores públicos con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se concluye que la Universidad de Antioquia
carecía de competencia para asumir el pago de las diferencias de las mesadas
pensionales a favor del accionado, entre lo que consideraba la institución de educación
superior debía pagarse al pensionado de incluirse todos los factores salariales
devengados en el IBL, y lo que pagaba el ISS por dicho concepto.

87. Por tal motivo se confirmará la sentencia que acertadamente accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, aunque aquella se adicionará en el
sentido de inaplicar por inconstitucional la Resolución rectoral 12094 de 1999 expedida
por la Universidad de Antioquia, debido a que el Tribunal no efectuó un
pronunciamiento expreso sobre el particular.

3.7. Costas

88. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario37 de la

37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
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Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

89. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en
curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones
expuestas en las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, en el sentido de
inaplicar por inconstitucional la Resolución rectoral 12094 de 1999 expedida por la
Universidad de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Demandado: Fabio Pineda Gutiérrez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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