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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00293-02

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00293-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. ADICIONAR el ordinal primero de la sentencia proferida el Veintidós (22) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por la Universidad de Antioquia, la cual quedará así: PRIMERO. Inaplicar por inconstitucional la Resolución rectoral 12094 de 1999, expedida por la Universidad de Antioquia, por las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia. Declarar la nulidad de la Resolución Administrativa 024 del 28 de enero de 2005, en la que se ordenó pagarle al señor Humberto Ramírez Gómez el valor que resulta de la aplicación del ingreso base de liquidación consagrado en artículo 36, inciso 3 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo expuesto en el presente proveído. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, el Veintidós (22) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Sin condena en costas, en la instancia. CUARTO. En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 18 Número Interno: 3702-2024 Demandante: Universidad de Antioquia Demandado: Humberto Ramírez Gómez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-00293-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 05001-23-33-000-2019-00293-02 (3702-2024)1
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Subrogación de obligación
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés
(2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. La Universidad de Antioquia, por medio de apoderado judicial, acudió a la

jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y solicitó la nulidad

1
Expediente electrónico.
2
Samai, índice 00002; archivo 5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240702zip(.zip) NroActua 2, subcarpeta cd folio 40,
documento DEMANDA UDEA VS HUMBERTO RAMÍREZ GÓMEZ (Final).pdf. El Magistrado integrante de la Sala,
doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, mediante escrito del 31 de enero de 2019, se declaró impedido para conocer del
asunto de la referencia. Posteriormente, en auto del 12 de febrero de 2019, el Magistrado Ponente, doctor John Jairo
Alzate López, aceptó su impedimento propuesto y admitió la demanda en auto del 19 de marzo del mismo año.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

de la Resolución 24 del Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Cinco (2005),
mediante la cual se ordenó pagar al señor Humberto Ramírez Gómez, el valor
que resulta de la aplicación del ingreso base de liquidación que consagra el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) la restitución de las sumas

pagadas con base en la Resolución 24 del Veintiocho (28) de enero de Dos
Mil Cinco (2005), desde el Cinco (5) de noviembre de Dos Mil Tres (2003)
hasta el Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), más los
valores generados con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre en
firme; y ii) la condena en costas al demandado.

1.1.2 Hechos

3. Manifestó que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 la

Universidad de Antioquia, sin efectuar deducción alguna, reconocía las
pensiones de sus empleados con base en todo lo devengado, teniendo como
referentes normativos las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los Decretos 1743
de 1966 (reglamentario de la Ley 4 de 1966) y 1848 de 1969.

4. Con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la Universidad de Antioquia

afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales, entre ellos, al
señor Humberto Ramírez Gómez, por quien realizó los aportes
correspondientes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

5. Señaló que, el señor Ramírez Gómez estuvo vinculado con la Universidad

de Antioquia, a quien, al cumplir los requisitos para acceder a la pensión le fue
reconocida la pensión de vejez por parte del ISS mediante la Resolución 18001
del Trece (13) de octubre de Dos Mil Cuatro (2004), en cuantía mensual Tres
Millones Seiscientos Once Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos
($3.611.995), a partir del Cinco (5) de noviembre de Dos Mil Tres (2003), sin
tener en cuenta las primas de navidad, servicios y vacaciones.

6. Adujo que, con el objeto de participar en la financiación de la pensión de

vejez del señor Humberto Ramírez Gómez a cargo del ISS, ahora
Colpensiones, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

bono pensional a su nombre mediante la Resolución 568 del Veintiséis (26)
de noviembre de Dos Mil Tres (2003), por valor de Cuatrocientos Sesenta y
Seis Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil pesos ($466.953.00), del cual
le correspondió pagar a la Universidad la suma de Cuatrocientos Cuarenta
Millones Quinientos Setenta y Un Mil pesos ($440.571.000), monto que fue
consignado a favor de la citada entidad.

7. Indicó que, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral

12094 de 1999, reglamentada por la Resolución Administrativa 16628 de
1999, la cual, tuvo como destinatarios a los empleados públicos docentes y
no docentes de la universidad que, al momento de entrar en vigencia el
Sistema General de Pensiones, les faltaba menos de diez (10) años para
adquirir el derecho a la pensión y que la pensión no les fuera reconocida
teniendo en cuenta el promedio de todo lo devengado.

8. Con fundamento en los dos actos administrativos citados, manifestó que la

Universidad de Antioquia emitió la Resolución Administrativa 24 del Veintiocho
(28) de enero de Dos Mil Cinco (2005), por medio de la cual, ordenó pagar
temporalmente a favor del demandado el valor que resulta de la aplicación del
Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y no reconoce el ISS, a partir del Cinco (5) de noviembre
de Dos Mil Tres (2003); en virtud de lo dispuesto en el citado acto
administrativo le ha pagado al demandado la suma de Doscientos Cuarenta y
Tres Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Cuarenta y Cinco pesos
($243.581.045).

9. Finalmente, expuso que la Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue derogada

por la Resolución Rectoral 35823 del Diecisiete (17) de octubre de Dos Mil
Doce (2012), acto administrativo que fue demandado ante la jurisdicción
contenciosa administrativa quien negó las pretensiones.

1.1.3. Concepto de violación.

10. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

10.1. Constitucionales: artículo 48 de la Constitución Política,
adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005.

4

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Demandado: Humberto Ramírez Gómez

10.2. Legales y reglamentarias: Ley 4 de 1992, artículo 10; Ley 100

de 1993, artículos 18, 131 y 151, y Decreto 1158 de 1994, artículo
1.

11. Expuso que, la Resolución rectoral 12094 de Mil Novecientos Noventa y

Nueve (1999), reglamentada a través de la Resolución administrativa 16628
de 1999, si bien fue expedida antes del Acto Legislativo 01 de 2005, una vez
entrado en vigencia aquel, se configuró una inconstitucionalidad sobreviniente,
comoquiera que, lo dispuesto en tales actos administrativos se contraponen
con el texto constitucional.

12. Sostuvo que, conforme al precedente constitucional vigente, entre otros lo

dispuesto en las sentencias C-258 de 2012, SU 427 de 2016 y SU 210 de
2017; así como lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), el
régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 no incluye el Ingreso
Base de Liquidación.

13. En ese sentido, señaló que, por esa razón la liquidación de la pensión del

demandado, a pesar de ser beneficiario del citado régimen de transición, debía
efectuarse conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 o, excepcionalmente
y de cumplirse con los supuestos allí establecidos, el inciso tercero del artículo
36 de la misma Ley 100 de 1993, en virtud del cual tal liquidación se efectúa
teniendo como base el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
hubiese cotizado el afiliado en los últimos diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión; ante ello, el acto cuya nulidad se demanda no
se ajusta a la interpretación que actualmente rige respecto las normas
superiores en que debían fundarse.

14. Indicó que, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2337 del Veinticuatro (24)

de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), todos los servidores
que tenían vínculo laboral con el ente universitario fueron afiliados al sistema
general de pensiones desde el Primero (1) de julio de Mil Novecientos Noventa
y Cico (1995); quedando la entidad solo a cargo de las pensiones de aquellas
personas vinculadas a la entidad y que a corte Treinta y Uno (31) de diciembre

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Demandado: Humberto Ramírez Gómez

de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) hubieran cumplido tanto edad como
el tiempo de servicios, o que a dicha fecha se encontraran desvinculados de
la entidad habiendo cumplido el tiempo de servicios y estuvieran a la espera
de llegar a la edad exigida para gozar de la pensión de vejez; supuestos en
los cuales no estaba el demandado, quien fue afiliado al ISS desde el Primero
(1) de julio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), por ello, no existía
obligación pensional por parte de la universidad.

15. En consecuencia, afirmó que, han sido diversos los pronunciamientos de la

jurisdicción contenciosa administrativa que han establecido que la universidad
no está obligada a cubrir parte alguna de la pensión de sus exservidores que
fueron pensionados por el ISS, y por ende, está legitimada para demandar la
nulidad de la resolución administrativa que ordenó pagar temporalmente el
valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que
consagra el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993, como aquí
ocurre.

1.2. Contestación de la demanda3

16. La parte demandada, se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo

que, la Universidad de Antioquia actuó correctamente al asumir de manera
temporal el pago de la diferencia pensional, porque el ISS no estaba
reconociendo adecuadamente la pensión de vejez de los beneficiarios del
régimen de transición.

17. Por lo anterior, afirmó que la Universidad no creó un régimen pensional

propio ni se atribuyó competencia, sino que aplicó la figura de la subrogación
para proteger el derecho pensional de sus exservidores, apoyándose en la Ley
100 de 1993, el régimen de transición, la jurisprudencia de la Corte y el
Consejo de Estado y la Resolución Rectoral 12094 de 1999.

18. Finalmente, propuso las excepciones que denominó «conformación del
litisconsorcio»4; «derecho adquirido»; «legalidad del acto impugnado»; «falta de causa para
pedir»; «falta de tipificación de las causales de nulidad»; «inexistencia de la causa invocada»;

3
Samai, índice 00002; archivo 5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240702zip(.zip) NroActua 2, documento
001ProcesoEscaneado.pdf, folios 83 a 99
4
Mediante auto del 27 de octubre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad, se declaró no probada la excepción denominada «conformación del litisconsorcio».

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«falta de interés»; «buena fe del demandado»; «mala fe del demandante»; «violación al
principio de progresividad en materia laboral»; «violación al derecho fundamental a la
seguridad social»; y «prescripción».

1.3. La sentencia de primera instancia5.

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión,
mediante sentencia proferida el Veintidós (22) de noviembre de Dos Mil
Veintitrés (2023), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas, de la siguiente manera:

PRIMERO. Declarar la nulidad de la Resolución Administrativa 024 del 28 de
enero de 2005, en la que se ordenó pagarle al señor Humberto Ramírez Gómez
el valor que resulta de la aplicación del ingreso base de liquidación consagrado
en artículo 36, inciso 3 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo expuesto
en el presente proveído.

SEGUNDO. Negar la devolución de los dineros percibidos durante el término de
vigencia del acto administrativo demandado y frente al cual se declaró la nulidad
en esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas, en consonancia con la parte motiva.

CUARTO. Notifíquese por la Secretaría de la Corporación la presente sentencia,
de conformidad con el artículo 203 del CPACA.

QUINTO. De no ser apelada la presente providencia, archívese el expediente.

20. El Tribunal indicó que, «[m]ediante la Resolución Administrativa 024 del 28 de enero
de 2005, la Universidad de Antioquia dispuso pagar al señor Humberto Ramírez Gómez
temporalmente la diferencia resultante de la pensión reconocida por el ISS y la aplicación del
ingreso base de liquidación consagrado en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, el cual no había sido reconocido por el Instituto de Seguros Sociales. El referido acto
administrativo, es acusado de nulidad por la misma entidad que lo expidió».

21. Resaltó que, «[…] la Ley 100 de 1993, los Decretos 691 y 692 de 1994, y el Decreto
1068 de 1995 los empleados del nivel departamental, municipal y distrital y sus entidades
descentralizadas para el 30 de junio de 1995 debían estar afiliados al sistema general de
pensiones y, en concreto, los servidores públicos de las universidades oficiales en
consonancia con el artículo 2 del Decreto 1068 de 1995 debían encontrarse afiliados en la
mencionada fecha, por lo cual, sin lugar a dudas las universidades oficiales perdieron la
competencia para decidir todo lo relacionado con el reconocimiento y pago de las pensiones
así como demás prestaciones económicas y, a su turno, la competencia para resolver sobre
el particular se radicó en la administradora de pensiones correspondiente, esto es, aquella por
la cual optó el afiliado y que percibió las cotizaciones de los mencionados servidores públicos».

5
Samai, índice 00002; archivo 5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240702zip(.zip) NroActua 2, documento
012Sentencia.pdf

7

Número Interno: 3702-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

22. Sostuvo que, «[…] la Universidad de Antioquia que es la entidad demandante carecía
de la competencia para decidir respecto del derecho pensional y en cuanto al ingreso base de
liquidación y, (sic) le correspondía al Instituto de Seguros Sociales definir lo relativo a la
pensión del demandado, como quiera que a dicha entidad administradora realizaba las
cotizaciones el demandado».

23. En ese sentido precisó que, «[…] al señor Humberto Ramírez Gómez mediante
Resolución N° 18001 del 13 de octubre de 2004 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció
la pensión de vejez y señaló que había cotizado a la entidad desde el 1° de julio de 1995 y,
era esta la entidad llamada a definir lo relativo a su derecho pensional y la que debía establecer
lo pertinente en cuanto al ingreso base de liquidación». Asimismo, advirtió que, «[…] el
caso no encuadraba en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 4.° del Decreto 2337
de 1996 que habilitaran a la universidad oficial para pronunciarse sobre el reconocimiento
pensional del demandante».

24. Por lo expuesto el Tribunal concluyó que, el acto administrativo demandado

estaba viciado por falta de competencia de la entidad que lo expidió, razón por
la cual procedía su nulidad. No obstante, frente a la solicitud de devolución de
dinero, señaló que, no es posible recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe.

1.4. El recurso de apelación6.

25. El apoderado judicial de la parte demandada interpuso recurso de
apelación, al considerar que, «[e]n este caso, no se trata de la creación de un régimen
pensional ni mucho menos de una regulación que se exceda en sus competencias, pero
tampoco puede decirse que, con la figura de la subrogación, que tiene como fin tutelar los
derechos pensionales de quienes fueron sus servidores, cuando a ellos se les afecta por la
conducta irracional de quien tiene, pero no acata el deber legal de cumplir las leyes, tal
proceder es irregular. No alcanza a configurarse la conducta que predica la sentencia».

26. Sostuvo que, «[l]a Universidad de Antioquia sí es pagadora de la cuota parte de las
pensiones, por las primas, de quienes fueron sus empleados y en régimen de transición,
quienes cotizaron para ese fin, desde el 1 de julio de 1995, como lo dispuso la Ley 100 de
1993. Por eso, la Universidad de Antioquia lo ha hecho mediante la Resolución Rectoral 12094
de 1999, con la llamada subrogación, porque alguien tenía que hacerlo».

6
Samai, índice 00002; archivo 5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240702zip(.zip) NroActua 2, documento
014RecursoApelacionDdo.pdf

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Número Interno: 3702-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

1.5. Trámite de segunda instancia.

27. Por medio de auto del Doce (12) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el

consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en
el artículo 247 del CPACA; además, difirió el estudio de la aplicación del
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, solicitado por el apoderado del
demandado8 para el momento en el que el proceso ingresara para fallo.
Igualmente, señaló que la petición de levantamiento de la suspensión
provisional, debía ser resuelta por el juez de primera instancia, conforme al
artículo 323 del CGP, razón por la cual ordenó remitir el memorial al Tribunal
Administrativo de Antioquia para lo pertinente. Finalmente, al no existir
pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho
para fallo.

28. La parte demandante, solicitó negar la caducidad invocada con
fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, al sostener que dicha
norma no era aplicable al caso, pues, la controversia no recaía sobre un acto
de reconocimiento pensional, el cual fue expedido por el ISS, sino sobre la
subrogación temporal de un pago respecto del cual la Universidad carecía de
competencia9.

29. El Ministerio Público emitió concepto10, por medio del cual manifestó que,

la Universidad de Antioquia no tenía competencia administrativa para expedir
la Resolución Administrativa 024 del Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Cinco
(2005), pues no existía norma constitucional ni legal que lo autorizara.
Además, señaló que el pensionado no tenía derecho a incluir primas
semestrales, de navidad o vacaciones dentro del ingreso base de liquidación,
asunto que correspondía resolver al ISS.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

30. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia

este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243

7
Samai, índice 00007.
8
Samai, índice 00004.
9
Samai, índice 00006.
10
Samai, índice 00013

9

Número Interno: 3702-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

y 247 del CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).

2.2. Asunto preliminar.

31. Previo a abordar el fondo de la controversia, la Sala advierte que, el

apoderado del señor Humberto Ramírez Gómez, solicitó dar aplicación al
artículo 86 de la Ley 2381 de 202411, que consagró el fenómeno de la
caducidad de esta clase de acciones, otorgando el plazo de cinco (5) años
para poder ser demandada, contados desde el momento en que se reconoce
la prestación.

32. No obstante, la Corte Constitucional, mediante Auto A-841/2512, suspendió

la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024, y dispuso lo siguiente:

«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en
vigencia de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la
fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad
de dicha ley, salvo lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo
transitorio y 76 de la citada ley. El Congreso de la República, en el marco del
trámite legislativo correspondiente, podrá definir un nuevo término de entrada en
vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».

33. Además, mientras ese artículo permaneció en vigor, esta Sala indicó que

aquel no puede ser aplicado de manera contraria a los postulados esenciales
que rigen la implementación de reglas concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios preceptuadas por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
pues si bien es cierto que las normas de derecho procesal son de orden público
y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir» ,
también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a
correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron
las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones».

11
Samai, índice 00004.
12
Auto A-841/25, Expediente D-15.989, M.P Jorge Enrique Ibáñez Najar.

10

Número Interno: 3702-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

34. Por tanto, esta Subsección13, ha concluido que, el término de caducidad

establecido por la Ley 2381 de 2024 solo resultaba oponible respecto de las
demandas formuladas después de su promulgación.

2.3. Problema Jurídico.

35. El problema jurídico que ocupa el sub examine, conforme al alcance del

recurso de apelación, se contrae a establecer, lo siguiente:

35.1. ¿La Universidad de Antioquia carecía de competencia para reconocer

en favor del demandado la diferencia resultante entre lo pagado por
Colpensiones por concepto de pensión de jubilación, y lo que se debió
pagar de haber liquidado la prestación con la totalidad de los factores
salariales devengados por el trabajador demandado?

2.4. Marco normativo sobre la competencia para el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación de los servidores públicos en la Ley 100
de 1993

36. El Decreto 1848 de 1969 radicaba la obligación de reconocer y pagar la

pensión de jubilación a los servidores públicos en cabeza de la entidad de
previsión a la que se encontraba afiliada la servidora o, en su defecto, la última
entidad pública empleadora.

37. Más adelante, con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 se creó el

Sistema General de Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de
afiliar a este a todas las personas vinculadas por contrato de trabajo o como
servidores públicos. Para estos últimos efectos, el Decreto 691 del 29 de
marzo de 1994 dispuso incorporar al Sistema General de Pensiones a los
siguientes servidores públicos:

«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la
Contraloría General de la República».

13
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B Sentencia del 5 de junio de 2025, radicado 05001-23-33-000-
2021-02150-02 (0337-2025), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

11

Número Interno: 3702-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

38. Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente

para el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del
Sistema General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de
1995 estableció que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos
del orden departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de
cotización a pensión.

39. Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen

general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial y ratificó lo dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.

40. En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos

debían estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la
administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación
correspondiente, y reconocerla o reliquidarla según sea el caso.

2.5 Pruebas recaudadas

41. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las

siguientes:

• Resolución Rectoral No. 12094 del Cuatro (4) de mayo de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999), por medio de la cual, la
Universidad de Antioquia se subroga en una obligación a cargo del
Instituto de Seguros Sociales14.

• Resolución Administrativa No. 16628 del Once (11) de julio de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999), por medio de la cual, se
reglamenta la anterior resolución15.

14
Expediente Carpeta OneDrive, subcarpeta cd folio 40, 1. PRUEBAS GENERALES, documento: 1. RESOLUCION
RECTORAL 12094 DE 1999.pdf
15
Expediente Carpeta OneDrive, subcarpeta cd folio 40, 1. PRUEBAS GENERALES, documento: 2. RESOLUCION
RECTORAL 16628 DE 1999.pdf

12

Número Interno: 3702-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

• Copia del oficio del Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Uno (2001),
dirigido al Instituto de Seguros Sociales por parte de la Universidad de
Antioquia, para que se reconociera y pagara a los empleados públicos
docentes y no docentes de la universidad la pensión en los términos del
artículo 36 de la Ley 100 de 199316.

• Copia del oficio del Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Dos (2002),
emitido por el Instituto de Seguros Sociales, en el que se da respuesta a
la solicitud del Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Uno (2001)17.

• Solicitud de vinculación y afiliación al Seguro Social del señor Humberto
Ramírez Gómez18.

• Resolución Administrativa No. 568 del Veintiséis (26) de noviembre de
Dos Mil tres (2003), emitida por la Universidad de Antioquia, por medio
de la cual se reconoce y autoriza el pago de un bono pensional al señor
Humberto Ramírez Gómez, por un valor de Cuatrocientos Sesenta y Seis
Millones Novecientos Cincuenta y Tres pesos ($466.953.000)19.

• Resolución No. 18001 del Trece (13) de octubre de Dos Mil Cuatro (2004)
del Instituto de Seguros Sociales, mediante la cual reconoció la pensión
de vejez al señor Humberto Ramírez Gómez en cuantía mensual de Tres
Millones Seiscientos Once Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos
($3.611.995) a partir del Cinco (5) de noviembre de Dos Mil Tres (2003)20.

• Resolución Administrativa No. 024 del Veintiocho (28) de enero de Dos
Mil Cinco (2005), emitida por la Universidad de Antioquia, en la que
resolvió reliquidar la pensión del demandado21.

• Resolución Rectoral No. 35823 del Diecisiete (17) de octubre de Dos Mil
Doce (2012), mediante la cual se derogó la Resolución Rectoral No.

16
Expediente Carpeta OneDrive, subcarpeta cd folio 40, 1. PRUEBAS GENERALES, documento: 9. PETICION UDEA
AL ISS DEL 21-08-2001.pdf
17
Expediente Carpeta OneDrive, subcarpeta cd folio 40, 1. PRUEBAS GENERALES, documento: 10. RESPUESTA
ISS DEL 25-02-2002.pdf
18
Samai, índice 00002; archivo 5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240702zip(.zip) NroActua 2, subcarpeta cd folio 40,
documento Hoja de vida Humberto Ramírez Gómez.pdf folio 1
19
Samai, índice 00002; archivo 5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240702zip(.zip) NroActua 2, subcarpeta cd folio 40,
documento Hoja de vida Humberto Ramírez Gómez.pdf folios 21 y 22
20
Samai, índice 00002; archivo 5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240702zip(.zip) NroActua 2, subcarpeta cd folio 40,
documento Hoja de vida Humberto Ramírez Gómez.pdf folios 28 a 33
21
Samai, índice 00002; archivo 5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240702zip(.zip) NroActua 2, subcarpeta cd folio 40,
documento Hoja de vida Humberto Ramírez Gómez.pdf folios 34 y 35

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Número Interno: 3702-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

12094 del Cuatro (4) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999), por la cual la Universidad se subroga en una obligación del
Instituto de Seguros Sociales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 199322.

• Solicitud del rector de la Universidad de Antioquia del Diecinueve (19) de
noviembre de Dos Mil Doce (2012), solicitando que se reliquidaran las
pensiones de los servidores públicos de la institución 23.

• Respuesta negativa de Colpensiones del Cuatro (4) de febrero de Dos
Mil Trece (2013), a la anterior solicitud de reliquidación24.

• Acta de reunión suscrita el Doce (12) de mayo de Dos Mil Quince (2015)
entre la Universidad de Antioquia y Colpensiones, sobre la reliquidación
de pensionados en régimen de transición25.

• Certificado oficial del Once (11) de diciembre de Dos Mil Dieciocho
(2018), emitido por el gestor administrativo de gestión de la información
laboral de la división de talento humano, sobre lo percibido por el
demandado por concepto de subrogación pensional 26:

2.6. Caso en concreto.

42. La parte actora solicita la nulidad del acto administrativo por medio del cual

ordenó pagarle al señor Humberto Ramírez Gómez el valor de la diferencia no
reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, al determinar el ingreso base de
liquidación de su pensión de vejez en aplicación del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, incluyendo todos los factores de salario devengados
durante el último año de servicios, a partir del Cinco (5) de noviembre de Dos
Mil Tres (2003).

22
Expediente Carpeta OneDrive, subcarpeta cd folio 40, 1. PRUEBAS GENERALES, documento: 3. RESOLUCION
RECTORAL 35823 DE 2012.pdf
23
Expediente Carpeta OneDrive, subcarpeta cd folio 40, 1. PRUEBAS GENERALES, documento: 13. SOLICITUD
UDEA - COLPENSIONES NOV 2012.pdf
24
Expediente Carpeta OneDrive, subcarpeta cd folio 40, 1. PRUEBAS GENERALES, documento: 14. RESPUESTA
DE COLPENSIONES DEL 4 FEB 2013.pdf
25
Expediente Carpeta OneDrive, subcarpeta cd folio 40, 1. PRUEBAS GENERALES, documento: 15. ACTA
SUSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2015 ENTRE LA UNIVERSIDAD Y COLPENSIONES.pdf
26
Samai, índice 00002; archivo 5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240702zip(.zip) NroActua 2, subcarpeta cd folio 40,
documento Certificado de pagos Humberto Ramírez Gómez.pdf

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Número Interno: 3702-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

43. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del acto acusado,

al considerar que, el señor Humberto Ramírez Gómez se afilió al Sistema
General de Pensiones, por lo que la Universidad de Antioquia perdió
competencia para adoptar alguna decisión relacionada con el reconocimiento
o la reliquidación de la pensión de vejez que le fue otorgada; siendo el único
competente para ello el extinto ISS, hoy Colpensiones, comoquiera que, fue
quien otorgó el derecho pensional y quien podía realizar el análisis sobre la
procedencia de la inclusión de las primas de servicios, de navidad y de
vacaciones en el IBL; no obstante, indicó que, no habrá lugar al reintegro de
las sumas pagadas al demandado, toda vez que, no se desvirtuó la presunción
de buena fe, la cual se requiere para ordenar dicho reintegro.

44. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior

decisión y pidió que se revoque la sentencia, alegando que la universidad, «[s]í
es pagadora de la cuota parte de las pensiones, por las primas, de quienes fueron sus
empleados y en régimen de transición, quienes cotizaron para ese fin, desde el 1 de julio de
1995, como lo dispuso la Ley 100 de 1993. Por eso, la Universidad de Antioquia lo ha hecho
mediante la Resolución Rectoral 12094 de 1999, con la llamada subrogación, porque alguien
tenía que hacerlo».

45. Conforme se probó en el proceso, por medio de la Resolución No. 18001

del Trece (13) de octubre de Dos Mil Cuatro (2004), el ISS, hoy Colpensiones,
le reconoció al demandado una pensión de vejez a partir de la fecha del retiro
del servicio; por su parte, la Universidad de Antioquia estimó que el ISS al
calcular la mesada pensional del señor Humberto Ramírez Gómez no dio cabal
aplicación al ingreso base de liquidación establecido en el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, no incluyó todos los factores
salariales; ante ello, por medio del acto acusado se «subrogó» temporalmente
en dicha obligación y ordenó pagarle la diferencia al demandado entre la
pensión reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, y lo que se debió pagar de
haber liquidado la prestación con el total de los factores devengados durante
el último año.

46. Ahora bien, la Sala destaca que, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo

segundo del artículo 2° del Decreto 1068 de 1995, los servidores públicos en
el orden departamental, municipal y distrital y, por supuesto, el personal
docente de las universidades oficiales e instituciones oficiales de educación

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Número Interno: 3702-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

superior, debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más
tardar el Treinta (30) de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995); por
lo que, a partir de esa fecha, la entidad competente del reconocimiento y pago
de las pensiones y demás prestaciones económicas establecidas en la Ley
100 de 1993, era la administradora de pensiones que recibiera las cotizaciones
de dichos servidores públicos.

47. En ese orden de ideas, la Sala precisa que, el acto administrativo acusado

tuvo como fundamento lo dispuesto en la Resolución rectoral No. 12094 de
1999 expedida por la Universidad de Antioquia, a través de la cual el ente
universitario se subrogó la obligación pensional del Instituto de Seguros
Sociales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, esto es, según su entender, ordenar el pago de la
pensión con todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios.

48. Dicho acto administrativo si bien fue posteriormente revocado, en virtud de

lo dispuesto en la Resolución rectoral N° 35823 del Diecisiete (17) de octubre
de Dos Mil Doce (2012); durante el tiempo que estuvo en vigencia, se
considera, debe ser analizada su validez, encontrándose que en la expedición
de aquél, el demandado excedió su competencia, desconoció las
disposiciones del artículo 150 numeral 19, literal e), que establece que es el
Congreso de la República quien tiene la competencia de dictar normas
generales en relación con la fijación de los regímenes salariales y
prestacionales de los servidores públicos; así como, lo consagrado en el
artículo 1027 y 1228 de la ley 4 de 1992, normas según las cuales el régimen
prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado
por el Gobierno Nacional y, todo régimen salarial o prestacional que se
establezca contraviniendo las disposiciones legales carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos.

27
C.P. ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones
contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá
de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
28
C.P. ARTÍCULO 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El régimen prestacional de los servidores
públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos
contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. (…)

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Número Interno: 3702-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

49. Ante ello, esta Sala, en un caso de contornos fácticos similares, consideró

que, «[l]la Resolución rectoral No. 12094 de 1999, durante su vigencia, fue
inconstitucional»29; por tanto, se declarará su inaplicación, para este caso, en la

parte resolutiva de esta providencia.

50. Aclarado lo anterior, retomando al caso en concreto, la Sala considera que,

la Universidad de Antioquia carecía de competencia para pronunciarse acerca
del derecho pensional del señor Humberto Ramírez Gómez y,
específicamente, en lo relacionado con el reconocimiento del mayor valor en
su ingreso base de liquidación, por cuanto ello correspondía legalmente al ISS,
como entidad previsional o administradora de las cotizaciones realizadas por
ésta. Lo anterior, teniendo en cuenta que, tal fondo de previsión fue el que le
reconoció la pensión de vejez por medio de la Resolución No. 18001 del Trece
(13) de octubre de Dos Mil Cuatro (2004).

51. Por consiguiente, el demandado debió acudir ante el ISS, hoy
Colpensiones, para efectos de discutir o reclamar la aplicación de su ingreso
base de liquidación, en los términos señalados en el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, sin que la Universidad de Antioquia pudiera subrogar
a dicha entidad en el cumplimiento de la obligación.

52. Siendo así las cosas, la Sala comparte la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en cuanto concluyó que el acto administrativo
demandado fue proferido sin competencia por parte de la entidad
administrativa que lo expidió y, por tanto, debe ser declarado nulo.

53. Como conclusión de todo lo expuesto en esta sentencia, y comoquiera

que, el recurso de apelación no prosperó, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda; adicionando el ordinal primero de la misma en el sentido de
inaplicar por inconstitucional la Resolución rectoral No. 12094 de 1999,
expedida por la Universidad de Antioquia.

29
En ese mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B, Sentencias del 8 de mayo de 2025,
con radicados: radicados 05001-23-33-000-2021-01262-02 (6797-2023); 05001-23-33-000-2021-01293-01 (0079-
2023), 05001-23-33-000-2021-01233-02 (7858-2023), consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo. En ese mismo
sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B Sentencia del 5 de junio de 2025, radicado 05001-23-
33-000-2021-02150-02 (0337-2025), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

17

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Demandado: Humberto Ramírez Gómez

2.7. Condena en costas.

54. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la

Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. ADICIONAR el ordinal primero de la sentencia proferida el Veintidós
(22) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), por la Sala Séptima de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda formulada por la Universidad de Antioquia, la cual
quedará así:

PRIMERO. Inaplicar por inconstitucional la Resolución rectoral 12094 de 1999,
expedida por la Universidad de Antioquia, por las razones expuestas en las
consideraciones de esta sentencia.

Declarar la nulidad de la Resolución Administrativa 024 del 28 de enero de 2005,
en la que se ordenó pagarle al señor Humberto Ramírez Gómez el valor que
resulta de la aplicación del ingreso base de liquidación consagrado en artículo
36, inciso 3 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo expuesto en el presente
proveído.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida por la Sala
Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, el Veintidós (22)
de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas, en la instancia.

CUARTO. En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Humberto Ramírez Gómez

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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