Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02150-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 05001-23-33-000-2021-02150-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02150-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-02150-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 05001-23-33-000-2021-02150-02 (0337-2025) 1
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : María Nubiola Pineda Gutiérrez
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho - lesividad
Tema : Subrogación de obligación
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y
apelación adhesiva propuesto por la entidad demandante2, contra la sentencia
del 29 de noviembre de 20243, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda4
1.1.1 Pretensiones
La Universidad de Antioquia, mediante apoderada judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), para solicitar la nulidad de la Resolución 261 de 23 junio de 2005,
por medio de la cual se ordenó pagar a la demandada el valor que resulta de
la aplicación del Ingreso Base de Liquidación (IBL), que consagra el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta tanto fuera reconocido por
el ISS.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
accionada: i) restituir las sumas pagadas con ocasión del reconocimiento
efectuado a través del acto administrativo demandado desde el 12 de julio de
1
Expediente digital - puede ser consultado en el aplicativo Samai.
2
Expediente digital - Samai – índice 008 - presentado el día 2 de mayo de 2025.
3
Sala conformada por los magistrados: Susana Nelly Acosta Prada, Jhon Jairo Álzate López (ausente con permiso)
y Jorge León Arango Franco.
4
Expediente digital - OneDrive – archivo 01.
2
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
2004 en adelante, calculadas hasta el 31 de octubre de 2021 en la suma de
$229.261.682; y (ii) se le condene en costas procesales.
1.1.2 Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
Manifestó que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 la
Universidad de Antioquia, sin efectuar deducción alguna, reconocía las
pensiones de sus empleados con base en todo lo devengado, teniendo
como referentes normativos las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los
Decretos 1743 de 1966 (reglamentario de la Ley 4 de 1966) y 1848 de 1969.
Con la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones -Ley 100 de
1993, la Universidad de Antioquia afilió a todos sus empleados al Instituto de
Seguros Sociales, entre ellos, a la señora María Nubiola Pineda Gutiérrez, por
quien realizó los aportes correspondientes a la mencionada entidad por los
riesgos de invalidez, vejez y muerte. Así mismo, en virtud del Decreto 2337 de
1996, la entidad perdió competencia para reconocer y pagar pensiones.
Señaló que la señora María Nubiola Pineda Gutiérrez estuvo vinculada con la
Universidad de Antioquia, a quien, al cumplir los requisitos para acceder a la
pensión le fue reconocida la pensión por parte del ISS mediante la Resolución
No. 00349 del 13 de enero de 2005, en cuantía mensual $2.794.459, a partir
del 12 de julio de 2004, sin tener en cuenta las primas de navidad, servicios y
vacaciones.
Aduce que con el objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez
de la señora María Nubiola Pineda Gutiérrez a cargo del ISS, ahora
Colpensiones, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del
bono pensional a su nombre mediante la Resolución No. 463 del 29 de octubre
de 2004 por valor de $ 377.608.000, del cual le correspondió pagar a la
Universidad la suma de $366.572.000, monto que fue consignado a favor de
la citada entidad.
Que la Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral No. 12094
de 1999, reglamentada por la Resolución Administrativa No. 16628 de 1999,
la cual tuvo como destinatarios a los empleados públicos docente y no
3
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
docentes de la universidad que al momento de entrar en vigencia el Sistema
General de Pensiones les faltaba menos de diez años para adquirir el
derecho a la pensión y que la pensión no les fuera reconocida teniendo en
cuenta el promedio de todo lo devengado, conforme lo ordena el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Con fundamento en los dos actos administrativos citados, la Universidad de
Antioquia emitió la Resolución Administrativa No. 261 del 23 de junio de 2005,
por medio de la cual ordenó pagar temporalmente a favor de la demandada el
valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que
consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce
el ISS, a partir del 12 de julio de 2004; en virtud de lo dispuesto en el citado
acto administrativo la demandada ha pagado a la llamada a juicio la suma de
$229.261.682.
La Resolución Rectoral No. 12094 de 1999 fue derogada por la Resolución
Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, acto administrativo que fue
demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa quien negó las
pretensiones.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:
Constitución Política: artículo 48, adicionado por el Acto Legislativo 01 de
2005; Ley 4ª de 1992 artículo 10; Ley 100 de 1993 artículo 18, inciso 3º, articulo
131 en concordancia con el artículo 4° del Decreto 2337 del 1996; artículo 151
concordante con el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995; Decreto 1158 de 1994
artículo 1°.
Que la Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, reglamentada a
través de la Resolución administrativa 16628 del 25 de junio de 1999, si bien
fueron expedidas antes del Acto Legislativo 01 de 2005, una vez entrado en
vigencia aquel, se configuró una inconstitucionalidad sobreviniente, como
quiera que lo dispuesto en tales actos administrativos se contraponen con el
texto constitucional.
4
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
Sostuvo que, conforme al precedente constitucional vigente, entre otros lo
dispuesto en las sentencias C 258 de 2012, SU 427 de 2016 y SU 210 de
2017; así como lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, el régimen de transición contemplado en
la Ley 100 de 1993 no incluye el Ingreso Base de Liquidación, razón por la cual
la liquidación de la pensión de la demandada, a pesar de ser beneficiaria del
citado régimen de transición, debía efectuarse conforme al artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 – o, excepcionalmente y de cumplirse con los supuestos allí
establecidos, el inciso tercero del artículo 36 de la misma Ley 100 de 1993-,
en virtud del cual tal liquidación se efectúa teniendo como base el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales hubiese cotizado el afiliado en los
último diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión; ante ello, el
acto cuya nulidad se demanda no se ajusta a la interpretación que actualmente
rige respecto las normas superiores en que debían fundarse.
Señaló que, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2337 del 24 de diciembre
de 1996, todos los servidores que tenían vínculo laboral con el ente
universitario fueron afiliados al sistema general de pensiones desde el 1º de
julio de 1995; quedando la entidad solo a cargo de las pensiones de aquellas
personas vinculadas a la entidad y que a corte 31 de diciembre de 1996
hubieran cumplido tanto edad como el tiempo de servicios, o que a dicha fecha
se encontraran desvinculados de la entidad habiendo cumplido el tiempo de
servicios y estuvieran a la espera de llegar a la edad exigida para gozar de la
pensión de vejez; supuestos en los cuales no estaba la demandada, quien fue
afiliada al ISS desde el 1º de julio de 1995, por ello, no existía obligación
pensional por parte de la universidad.
Afirma que han sido diversos los pronunciamientos de la jurisdicción
contenciosa administrativa que han establecido que la universidad no está
obligada a cubrir parte alguna de la pensión de sus ex servidores que fueron
pensionados por el ISS, y por ende, está legitimada para demandar la nulidad
de la resolución administrativa que ordenó pagar temporalmente el valor que
resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso
tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993, como aquí ocurre.
5
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
1.2 Contestación de la demanda5
La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestó
que el acto demandado decidió reconocerle y pagarle a la demandada la cuota
parte pensional que no le concedió el ISS cuando le otorgó la pensión de vejez,
al haber liquidado su pensión en la aplicación del IBL que consagra el artículo
36 de la Ley 100 de 1993; actuación que está ajustada a derecho no siendo
viable su nulidad, como tampoco que se ordene devolver suma de dinero
alguna dado que su actuar ha estado investido de buena fe.
Indicó que el acto demandado no está incurso en ninguna causal de nulidad
toda vez que:
Fue expedido por autoridad competente, su fundamento legal fue el artículo
36 de la Ley 100 de 1993; el ISS al momento de liquidar su pensión tuvo una
conducta omisiva y arbitraria y no dio cabal aplicación a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo en consecuencia
deber de la universidad proteger a sus empleados, el cual fue cumplido a
través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, expedida antes
de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; por tanto, la citada
resolución no contrarió normatividad alguna y generó a su favor un derecho
adquirido que permitió que su pensión fuera reconocida a conformidad,
teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados.
Propuso como excepciones: demanda improcedente, conformación del
litisconsorcio, derecho adquirido, legalidad del acto impugnado, inexistencia
de la causal invocada, buena fe de la demandada, violación al derecho
fundamental a la seguridad social y prescripción.
1.3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 29 de
noviembre de 2024, resolvió:
5
Archivo 56.
6
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
«[…]
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución N° 261 del 23 de junio
de 2005 mediante la cual se ordenó un pago en favor de María Nubiola Pineda
Gutiérrez, conforme las consideraciones de esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. […]»
Sostuvo que la Universidad de Antioquia no tenía competencia para expedir el
acto administrativo de reconocimiento pensional en favor de la demandada,
señalando que con la entrada en vigencia de la 100 de 1993 se creó el sistema
general de pensiones con el fin de unificar los diferentes regímenes
pensionales existentes, normatividad con base en la cual las universidades
adquirieron varias obligaciones a saber: i) debían afiliar a sus empleados al
régimen de ahorro individual o al régimen de prima media, según elección de
aquellos, ii) debían crear un fondo de pasivo pensional para aquellos casos
expresamente previstos en el Decreto 2337 de 1996 y iii) debían contribuir con
la emisión de bonos pensionales en los reconocimientos pensionales que se
efectuaran a partir de la aplicación de la Ley 100 de 1993.
Que en el caso de la demandante, una vez afiliada al ISS en virtud de lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993, la universidad quedó subrogada en su
obligación de efectuar el reconocimiento pensional por la entidad a la cual
aquella quedó afiliada, en este caso el ISS, prestación a la cual solo debía
contribuir mediante la emisión del correspondiente bono pensional, a través
del cual se efectúa el reconocimiento de los tiempos servidos con anterioridad
a la existencia de aquel régimen.
Señaló que, el régimen prestacional de los empleados de las universidades
públicas corresponde al que determine el Gobierno Nacional y el Congreso de
la República, razón por la que al disponer a su cargo una subrogación
pensional con base en una interpretación sobre la forma en que correspondía
reconocer las pensiones a su personal, constituye sin duda una actuación que
excede su competencia, acreditándose entonces que el acto administrativo
demandado adolece de nulidad, por resultar contrario a las normas superiores
relativas a la determinación de la competencia para el reconocimiento de la
pensión sobre la que versa la subrogación dispuesta por la demandante.
7
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
Que con la expedición de aquel lo que hizo la universidad fue interferir en
asuntos que no resultaban de su competencia, disponiendo una interpretación
respecto del régimen pensional a que tenía derecho la demandada que no le
correspondía por no tener a su cargo el reconocimiento pensional, de forma
que, no es dable mantener dicho reconocimiento en el tiempo bajo la teoría de
los derechos adquiridos.
Sin embargo, en cuanto al reintegro de dineros deprecados afirmó que la parte
demandante tenía la carga de demostrar que la parte pasiva había incurrido
en conductas de mala fe para lograr la obtención del pago de beneficios
prestacionales, situación que no se demostró; por tanto, no es procedente el
reintegro pedido.
Finalmente, no condenó en costas al haber prosperado parcialmente la
demanda.
1.4 Recursos de apelación6
1.4.1. La parte demandada presentó recurso de apelación al considerar que
la entidad demandante al expedir la resolución rectoral, que otorga el derecho
a que se le pagara a sus ex servidores el monto de la pensión no reconocida
por el ISS, no actuó por mera libertad ni con desconocimiento de las normas
que regulan el régimen pensional de sus empleados, simplemente cumplió
con un deber legal consistente en reconocer a sus empleados el monto de la
pensión no reconocido por la entidad de pensiones.
Que no se debió anular el acto administrativo, por el contrario, debió ser
convalidado puesto que, fue emitido con el cumplimento de todos los
requisitos legales, por un funcionario plenamente competente para ello, sin
engaño, fraude, fuerza o dolo.
Por último, manifestó que, si los anteriores argumentos no tienen vocación de
prosperidad, se aplique la figura de la caducidad del medio de control que
consagró la Ley 2381 de 2024, comoquiera que el medio de control de
6
Expediente digital – OneDrive archivo 52 y 54
8
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
lesividad fue presentado por la universidad 16 años aproximadamente
después de la fecha del reconocimiento pensional y de la subrogación.
Normatividad que, si bien no fue usada en la contestación de la demanda, ello
obedeció a que, para ese momento, no había sido expedida, pero, en la
actualidad ya se encuentra vigente, por lo que, debe ser aplicada.
1.5.2. La parte demandante7
La parte demandante presentó recurso de apelación adhesiva contra la
sentencia de instancia, inconforme con la decisión de negar el restablecimiento
del derecho, esto es, el reintegro de los valores pagadas en virtud del acto
anulado.
Aduce que, contrario a lo decidido en la sentencia de primera instancia, dicha
restitución es procedente comoquiera que la resolución anulada establecía
que el reconocimiento de la diferencia pensional se efectuaba de forma
temporal, quedando sujeto a que el ISS reconociera por voluntad propia o
decisión judicial el monto total de la pensión; estando entonces en cabeza de
la parte demandada hacer los trámites respectivos para lograr la reliquidación
pensional, los cuales no llevó a cabo, demostrando con ello que su actuar no
estuvo investido de buena fe.
1.6 Trámite de segunda instancia
Con auto de 1 de abril de 20258, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080
de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia,
se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
7
Expediente digital - Samai – índice 008 - Presentado el día 2 de mayo de 2025.
8
Índice 004 SAMAI.
9
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
1.7 Concepto Ministerio Público9
La Procuraduría Delegada sugirió que se confirme la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, señalando que
es acertado concluir que la Universidad de Antioquia no tenía competencia
para asumir el pago de la diferencia pensional a favor de la demandada; así
como, al no evidenciarse mala fe es ajustado a derecho el no ordenar
devolución alguna de lo pagado a favor de la demandada.
Referente a la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 manifestó que no es
posible en este caso pues la demanda fue incoada antes de su entrada en
vigencia, precisando que las leyes rigen hacia el futuro.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
De igual forma, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 328 del
Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar: (i) si la Universidad de
Antioquia carecía de competencia para reconocer en favor de la demandada
la diferencia resultante entre lo pagado por Colpensiones por concepto de
pensión de jubilación y lo que se debió pagar de haber tenido en cuenta en el
ingreso base de liquidación pensional la totalidad de los factores salariales
devengados por la trabajadora demandada; ii) Determinar si es procedente la
9
SAMAI - Índice 0011
10
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
aplicación de la excepción de caducidad de conformidad con la Ley 2381 de
2024; iii) si, con fundamento en la apelación adhesiva, debe ordenarse el
reintegro de lo pagado por la entidad demandante a favor de la llamada a juicio
por la diferencia pensional.
Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos
2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Solución
al caso concreto.
2.3. Marco normativo
2.3.1. Competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de los servidores públicos en la Ley 100 de 1993
El Decreto 1848 de 1969 radicaba la obligación de reconocer y pagar la
pensión de jubilación a los servidores públicos en cabeza de la entidad de
previsión a la que se encontraba afiliada la servidora o, en su defecto, la última
entidad pública empleadora.
Más adelante, con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema
General de Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de afiliar a este
a todas las personas vinculadas por contrato de trabajo o como servidores
públicos. Para estos últimos efectos, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994
dispuso incorporar al Sistema General de Pensiones a los siguientes
servidores públicos:
«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la
Contraloría General de la República».
Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente
para el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del
Sistema General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de
1995 estableció que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos
del orden departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de
cotización a pensión.
11
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen
general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial y ratificó lo dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.
En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos debían
estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la
administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación
correspondiente, y reconocerla o reliquidarla según sea el caso.
2.4. Pruebas10
Se aportó el expediente administrativo de la demandada11, en el que reposa
«Resolución n.° 00349 de 2005 que reconoció la pensión a la demandada por el ISS, cédula
de ciudadanía de la señora María Nubiola Pineda Gutiérrez, historia laboral y nómina mensual
de la demandante con destino al ISS reportado por la Universidad, liquidación del bono
pensional, Resolución n.° 463 por la cual se emite y autoriza el pago de un bono pensional».
Adicionalmente, al plenario se allegaron los siguientes documentos que
resultan relevantes para decidir:
Resolución No. 261 del 23 de junio de 2005, que resolvió reliquidar la pensión
de la demandada12.
Certificación expedida por la División de Talento Humano de la Universidad de
Antioquia sobre lo percibido por la demandada por concepto de subrogación
pensional13.
Resolución rectoral No. 12094 del 4 de mayo de 199914 «Por la cual la Universidad
se subroga en una obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.»
10
OneDrive – carpeta PRUEBAS.
11
Archivo 04 expediente digital
12
Archivo 01 expediente digital
13
Archivo 02 y 03 expediente digital
14
Archivo 05 expediente digitaL
12
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
Resolución administrativa No. 16628 del 25 de junio de 199915 «Por la cual se
reglamenta la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999.»
Resolución rectoral No. 35823 del 17 de octubre de 201216 «Por la cual se deroga
la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999.»
Petición presentada por la UDEA ante el ISS el 21-08-200117 con el fin que se
reconociera y pagara a los empleados públicos docentes y no docentes de la
universidad la pensión en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Respuesta del ISS a la petición radicada por la UDEA18, mediante oficio No.
DNC 01148 del 25 de febrero de 2002, «REF: INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE
APORTES Y DE PRESTACIONES ECONÓMICAS RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN Y
COMPENSACIÓN».
Solicitud del 19 de noviembre de 2012 suscrita por el director de la universidad
a Colpensiones, solicitando que se reliquidaran las pensiones de los
servidores públicos de la institución19.
Respuesta negativa otorgada por Colpensiones a la universidad sobre la
solicitud de reliquidación de pensiones a los funcionarios de la entidad, de
fecha 4 de febrero de 201320.
Acta suscrita el 12 de mayo de 2015 entre la rectoría de la universidad y la
gerencia de Colpensiones21, con el fin de definir la reliquidación de las
pensiones del personal de la universidad que se encontraba en régimen de
transición y le hacía falta menos de 10 años para pensionarse.
2.5. Caso en concreto
La parte actora solicita la nulidad del acto administrativo por medio del cual
ordenó pagarle a la señora María Nubiola Pineda Gutiérrez el valor de la
15
Archivo 06 expediente digital
16
Archivo 07 expediente digital
17
Archivo 08 expediente digital
18
Archivo 09 expediente digital
19
Archivo 13 expediente digital
20
Archivo 14 expediente digital
21
Archivo 15 expediente digital
13
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
diferencia no reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, al determinar el ingreso
base de liquidación de su pensión de vejez en aplicación del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 12 de julio de 2004.
El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del acto acusado, al
considerar que María Nubiola Pineda Gutiérrez se afilió al Sistema General de
Pensiones, por lo que la Universidad de Antioquia perdió competencia para
adoptar alguna decisión relacionada con el reconocimiento o la reliquidación
de la pensión de vejez que le fue otorgada; siendo el único competente para
ello el extinto ISS, hoy Colpensiones, como quiera que fue quien otorgó el
derecho pensional y quien podía realizar el análisis sobre la procedencia de la
inclusión de las primas de servicios, de navidad y de vacaciones en el IBL; no
obstante, no habrá lugar al reintegro de las sumas pagadas a la demandada,
toda vez que, no se desvirtuó la presunción de buena fe, la cual se requiere
para ordenar dicho reintegro.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión
y pidió que se revoque la sentencia, alegando que la universidad sí tenía
competencia para expedir el acto acusado, el cual tenía como fin compensar
el desequilibrio pensional; así como, pidió que se declarara probada la
excepción de caducidad de la Ley 2381 de 2024. Por su parte, la demandante
presentó recurso de apelación adhesiva pidiendo que se ordene el
restablecimiento del derecho deprecado, comoquiera, que si hubo mala fe de
la demandada, quien debía realizar las gestiones ante el ISS para lograr la
reliquidación de su pensión.
Conforme se probó en el proceso, por medio de la Resolución 00349 del 13
de enero de 200522, el ISS, hoy Colpensiones, le reconoció a la demandada
una pensión de vejez a partir de la fecha del retiro del servicio; por su parte, la
Universidad de Antioquia estimó que el ISS al calcular la mesada pensional de
la señora Pineda Gutiérrez no dio cabal aplicación al ingreso base de
liquidación establecido en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993; ante ello, por medio del acto acusado se subrogó la obligación y ordenó
pagarle la diferencia a la demandada entre la pensión reconocida por el ISS,
22
OneDrive - Archivo 04 folios 02 H.V
14
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
hoy Colpensiones, y lo que se debió pagar de haber liquidado la prestación
con el total de los factores devengados durante el último año.
Ahora bien, la Sala destaca que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo
segundo del artículo 2° del Decreto 1068 de 1995, los servidores públicos en
el orden departamental, municipal y distrital y, por supuesto, el personal
docente de las universidades oficiales e instituciones oficiales de educación
superior, debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más
tardar el 30 de junio de 1995; por lo que, a partir de esa fecha, la entidad
competente del reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones
económicas establecidas en la Ley 100 de 1993, era la administradora de
pensiones que recibiera las cotizaciones de dichos servidores públicos.
En ese orden de ideas, debe primero que todo precisarse que, el acto
administrativo acusado tuvo como fundamento lo dispuesto en la Resolución
rectoral núm. 12094 de 1999 expedida por la Universidad de Antioquia, a
través de la cual el ente universitario se subrogó la obligación pensional del
Instituto de Seguros Sociales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, según su entender,
ordenar el pago de la pensión con todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios. Dicho acto administrativo si bien fue
posteriormente revocado, en virtud de lo dispuesto en la Resolución rectoral
No. 35823 del 17 de octubre de 2012; durante el tiempo que estuvo en vigencia,
se considera, debe de ser analizada su validez, encontrándose que en la
expedición de aquél, la demandada excedió su competencia, desconoció las
disposiciones del artículo 150 numeral 19, literal e), que establece que es el
Congreso de la República quien tiene la competencia de dictar normas
generales en relación con la fijación de los regímenes salariales y
prestacionales de los servidores públicos; así como, lo consagrado en el
artículo 1023 y 1224 de la ley 4 de 1992, normas según las cuales el régimen
prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado
23
C.P. ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones
contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá
de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
24
C.P. ARTÍCULO 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El régimen prestacional de los servidores
públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos
contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. (…)
15
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
por el Gobierno Nacional y, todo régimen salarial o prestacional que se
establezca contraviniendo las disposiciones legales carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos.
Ante ello, se considera que la Resolución rectoral núm. 12094 de 1999,
durante su vigencia, fue inconstitucional; por tanto, se declarará su inaplicación
en la parte resolutiva de esta providencia.
Aclarado lo anterior, retomando al caso en concreto, se considera que la
Universidad de Antioquia carecía de competencia para pronunciarse acerca
del derecho pensional de la señora María Nubiola Pineda Gutiérrez y,
específicamente, en lo relacionado con el reconocimiento del mayor valor en
su ingreso base de liquidación, por cuanto ello correspondía legalmente al ISS,
como entidad previsional o administradora de las cotizaciones realizadas por
ésta. Lo anterior, teniendo en cuenta que, tal fondo de previsión fue el que le
reconoció la pensión de vejez por medio de la Resolución 00349 del 13 de
enero de 2005.
Por consiguiente, la demandada debió acudir ante el ISS, hoy Colpensiones,
para efectos de discutir o reclamar la aplicación de su ingreso base de
liquidación, en los términos señalados en el inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, sin que la Universidad de Antioquia pudiera subrogar a dicha
entidad en el cumplimiento de la obligación.
En consecuencia, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia en cuanto a que el acto administrativo demandado fue proferido sin
competencia por parte de la entidad administrativa que lo expidió y, por tanto,
debe ser declarado nulo.
Ahora bien, la demandada alegó en el recurso de apelación que debe darse
aplicación a la Ley 2831 de 2024, específicamente a su artículo 86, que
consagró el fenómeno de la caducidad de esta clase de acciones, otorgando
el plazo de cinco años para poder ser demandada, contados desde el
16
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
momento en que se reconoce la prestación. Frente a ello, debe estarse a lo
resuelto por esta Subsección25:
«[…] de acuerdo a las normas que regulan presentar oportunamente las demandas ante
la jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en relación con el
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevé lo
siguiente:
Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir
del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según corresponda, so pena del suceso de la caducidad de la acción.
A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, o contra actos
producto del silencio administrativo, puede presentarse en cualquier tiempo.
Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del fenómeno
jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho,
solo resulta predicable respecto de las demandas adelantadas contra actos
administrativos expedidos de manera cierta y material por la administración que no
versen sobre el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas.
No obstante, recientemente el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024,
que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las acciones contencioso
administrativas relacionadas con pensiones, de la siguiente manera:
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir
del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a
excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido
reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia
de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley.»
En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición comporta
una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el artículo 164 del
CPACA, con vocación de aplicación inmediata, incluso para los procesos en los que se
debate la legalidad de actos administrativos que reconocieron una pensión y se
encontraban en curso a 16 de julio de 2024, día de promulgación de la comentada ley.
No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser aplicado de
manera contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios preceptuadas por el artículo
40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto que las normas de derecho procesal
son de orden público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir», también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica
de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
25
Sentencia 50001-23-33-000-2018-00402-01 (5596-2022) Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse
las notificaciones.
Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024
solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas después de su
promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no resulta viable
superponer a los procesos en curso un término que no existía en el momento en que
fueron iniciados. Dicha conclusión, además, se acompasa con los principios de
confianza legítima y legalidad y el derecho fundamental al debido proceso consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política.
En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en «[…] la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 plantea la
eventual configuración de la caducidad de la acción en procesos como el que nos
ocupa, la Subsección considera pertinente inaplicar, para este caso concreto, la acotada
modificación procesal, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de este fallo . ».
El anterior criterio es reiterado en esta providencia, insistiéndose en que el
término de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024 solo resulta
oponible respecto de las demandas formuladas después de su promulgación,
pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no resulta viable
superponer a los procesos en curso un término que no existía en el momento
en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además, se acompasa con los
principios de confianza legítima y legalidad y el derecho fundamental al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
Así las cosas, la caducidad en este evento debe ser analizada con fundamento
en las disposiciones del del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que consagra
que en estos casos la demanda se puede presentar en cualquier tiempo. Ante
ello, la Sala procederá a inaplicar en el presente asunto las disposiciones de
la Ley 2381 de 2024, y se concluye que no operó el fenómeno de la caducidad
dado que la demanda no tenía límite de tiempo para incoarse.
De otra parte, respecto a lo pretendido por la apelante adhesiva en cuanto a
que se ordene la devolución de sumas de dinero pagadas a la demandada
debe precisarse que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal c) del numeral 1
del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo «no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe». Por su parte, el artículo 83 de la Constitución Política
señala que «[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
18
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
aquellos adelanten ante éstas»; de suerte que, la buena fe a de presumirse en todas
las actuaciones judiciales o administrativos, tanto de las autoridades como de
los particulares.
De acuerdo a lo anterior, tal y como lo ha señalado esta Corporación 26, el
principio de la buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en
contrario, por lo que, le corresponde a quien alega una conducta contraria,
probar el actuar contrario a dicho postulado constitucional. En ese sentido,
cuando se trata del error de la administración al conceder una pretensión, la
entidad no puede alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe, por esta razón, le
corresponde a quien alega el actuar de mala fe, demostrar fehacientemente
una actitud del beneficiario por fuera de este postulado.
Así las cosas, se concluye que, para ordenar el reembolso de los montos
percibidos por la demandada a título de restablecimiento del derecho como
consecuencia de las órdenes contenidas en los actos demandados, la
Universidad de Antioquia debió acreditar la conducta fraudulenta o dolosa
dirigida a defraudar a la administración, lo cual no ocurrió, por cuanto lo que
se advierte es que el pago se realizó por disposición de la entidad. Por tanto,
no existen pruebas que evidencien la mala fe de la demandada.
2.6. Sobre la condena en costas
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en
el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
26
Sentencia del 1º de septiembre de 2014. Expediente 31301203 MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
19
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses, por consiguiente, no se condenará en costas.
III. DECISIÓN
Vistas las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia proferida
el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en lo referente a
ordenar la nulidad del acto acusado y negó el restablecimiento del derecho por
no evidenciarse mala fe; adicionando la misma en el sentido de inaplicar las
disposiciones de la Ley 2381 de 2024 y por inconstitucional la Resolución
rectoral núm. 12094 de 1999 expedida por la Universidad de Antioquia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de 29 de noviembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de la Universidad de Antioquia contra la señora
María Nubiola Pineda Gutiérrez, en el sentido de:
1. INAPLICAR el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 conforme las razones
expuestas en precedencia.
2. INAPLICAR por inconstitucionalidad por inconstitucional la Resolución
rectoral núm. 12094 de 1999 expedida por la Universidad de Antioquia,
por las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 29 de noviembre
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de la Universidad de Antioquia
20
Nº Interno: 0337-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Nubiola Pineda Gutiérrez
contra la señora María Nubiola Pineda Gutiérrez, por las razones expuestas
en las consideraciones de esta sentencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente en comisión Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-
2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.