Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00402-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00402-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2018-00402-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 50001-23-33-000-2018-00402-01 (5596-2022)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada: María Nery Hernández de López
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho Ley 1437 de
control: 2011
Tema: Lesividad- pensión gracia
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia 4 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de los siguientes actos:
i) Resolución 7658 del 7 de mayo de 1997, con la que Cajanal reconoció
la pensión de jubilación gracia a favor de la señora María Nery
Hernández de López.
ii) Resolución 26918 del 23 de septiembre de 2002, por medio de la cual
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Expediente digital, cargado en el aplicativo Samai, puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500012333000201800402011100103
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Folios 1 a 16
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Numero interno: 5596-2022
Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
se reliquida la pensión de jubilación reconocida por Resolución 7658 del
7 de mayo de 1997.
iii) Resolución 56201 de 27 de octubre de 2006, que negó la reliquidación
de la pensión por nuevos factores salariales.
iv) Resolución 56202 (fecha ilegible), expedida por Cajanal, en la que
dispuso «liquidar las diferencias de manera INDEXADA que resultaren de la pensión
reliquidada contra la resolución No 007658 del 7 de mayo de 1997(…)»
v) Resolución 22436 del 21 de abril de 2009 que modificó la Resolución
56202 del 27 de octubre de 2006, y
vi) RDP 053901 del 22 de noviembre de 2013, por la que se dispuso revocar
en todas sus partes la Resolución 56202 del 27 de octubre de 2006 y se
requirió a la señora María Nery Hernández para que «manifestara el
consentimiento expreso para proceder a la revocatoria del acto administrativo número
7658 del 7 de mayo de 1997 y 26918 del 23 de septiembre de 2002».
A título de restablecimiento del derecho, la parte demandante solicitó se
ordene a la demandada reintegrar la totalidad de las sumas pagadas por
concepto de pensión gracia, debidamente indexadas.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La entidad relató que la señora María Nery Hernández de López prestó sus
servicios como docente, en los siguientes tiempos:
Entidad Desde Hasta
Secretaría de 3 de febrero de 1966 19 de enero de 1969
Educación del
departamento del Meta, 1 de febrero de 1975
con vínculo 30 de diciembre de
departamental
1976
Secretaría de 1 de febrero de 1995 24 de octubre de 1995
Educación del
departamento del Meta,
con vinculación
nacional
Alcaldía de Bogotá 12 de abril de 1971 17 de febrero de 1975
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Numero interno: 5596-2022
Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
La UGPP precisó que el último cargo desempeñado por la accionada fue como
docente del colegio INEM Luis López de Mesa de Villavicencio.
La demandante manifestó que, mediante Resolución número 7658 del 7 de
mayo de 1997, Cajanal EICE reconoció una pensión gracia de jubilación a
favor de la señora María Nery Hernández de López, efectiva a partir del 26 de
mayo de 1995, en cuantía de $361.666,78.
Que a través de la Resolución número 26918 del 23 de septiembre de 2002
la extinta Cajanal reliquidó la pensión, por retiro definitivo del servicio, subió la
cuantía a $1.134.278.25, efectiva a partir del 1 de enero de 2002.
La parte demandante dijo que, en cumplimiento de una orden de tutela
proferida en sentencia del Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá, Cajanal,
mediante Resolución 56202 del 27 de octubre de 2006 reliquidó la pensión.
La accionante sostuvo que mediante Resolución 22436 del 21 de abril de 2009
Cajanal modificó la Resolución 56202 del 27 de octubre de 2006, sobre este
acto dijo lo siguiente:
La UGPP añadió que, a instancias de Cajanal, el 15 de agosto de 2018, el
departamento del Meta envió certificado laboral de la demandada en la que se
pudo dilucidar que la señora Hernández de López prestó sus servicios como
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Numero interno: 5596-2022
Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
docente de carácter nacional y que laboró en propiedad desde el 25 de enero
de 1977 hasta el 28 de diciembre de 2001, por igual, la entidad territorial aportó
la Resolución de nombramiento 282 de 1977 emanada del Ministerio de
Educación Nacional y la respectiva acta de posesión.
Por lo anterior solicitó la nulidad de los actos administrativos enunciados al ser
contrarios a las normas que regulan la prensión gracia, como una prestación
de carácter especial que no se puede otorgar a docentes nacionales.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
La entidad demandante invocó como disposiciones trasgredidas la Ley 114 de
1913, el artículo 1, la Ley 37 de 1933 el artículo 3, y Ley 91 de 1989.
Como concepto de violación adujo que con la expedición de los actos
administrativos demandados se incurrió en violación de las normas antes
mencionadas, al conceder una pensión gracia sin el cumplimiento de los
requisitos, pues la accionada no acreditó veinte años de servicio docente en
el nivel territorial y/o nacionalizado.
2. Contestación de la demanda3.
La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la señora
María Nery Hernández de López le fue reconocida una pensión gracia por
Resolución 7658 del 7 de mayo de 1997, al acreditar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos exigidos. (nació el 26 de mayo de 1945, cumplió 50
años de edad el 26 de mayo de 1995, acreditó más de 20 años de servicios con
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, y laboró con honestidad y buena
conducta).
3. La sentencia de primera instancia4.
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Folios 80 a 86
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Folios 129 a 139.
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Numero interno: 5596-2022
Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia proferida el 4 de
agosto de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (sin
condena en costas).
El A quo afirmó que para el reconocimiento de la pensión gracia es necesario
que el interesado acredite los siguientes requisitos: i) 50 años de edad, ii)
buena conducta, iii) una vinculación docente con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, y iv) 20 años de servicios como docente territorial o
nacionalizado.
Con respecto al cumplimiento de estos requisitos sostuvo que la demandada:
i) Cumplió 50 años de edad el 8 de noviembre de 1995, esto es, antes de
solicitar el reconocimiento de la pensión gracia (8 de noviembre de 1995).
ii) El requisito de buena conducta se acreditó con dos declaraciones extra juicio
que dan cuenta sobre su desempeño docente con idoneidad y honestidad,
además de acreditar la ausencia de sanciones disciplinarias.
iii) Tuvo una vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 (trabajó
desde el 3 de febrero de 1966 hasta el 19 de enero de 1969; y desde el 12 de
abril de 1971 hasta el 17 de febrero de 1975); pero, sin embargo,
iv) No acreditó los 20 años de servicios como docente territorial o
nacionalizado porque su vinculación docente desde el 1º de febrero de 1977
fue como docente nacional.
El juzgador explicó que la ausencia de este último requisito impedía el
reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandada; por esto es claro
que la Caja Nacional de Previsión Social erró al reconocerle la pensión a la
señora María Nery Hernández López, debido a que cuando esta solicitó el
reconocimiento prestacional se encontraba vinculada como docente de orden
nacional y no cumplía con la prestación del servicio docente de 20 años en
planteles educativos del orden municipal, distrital, departamental o
nacionalizado.
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
El Tribunal sostuvo que la regla de la pensión gracia, frente a los docentes del
orden nacional, es clara en el sentido que este tipo de docentes no tienen
derecho al reconocimiento de dicha prestación, y en este caso la entidad
demostró ampliamente que la mayor parte del tiempo como maestra fue como
nacional.
Finalmente, el A quo argumentó que aun cuando se prevé la posibilidad de la
demanda de lesividad, cuando la administración ataca sus propios actos, no
obstante, el legislador limitó la potestad de la entidad pública de recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe, salvo que se pruebe que el
beneficiario actuó de mala fe al solicitar el reconocimiento, de ahí que negó la
pretensión de la devolución de los dineros recibidos por la demandada.
4. Los recursos de apelación5.
La demandada manifestó que el periodo laborado por la accionada desde el
1º de febrero de 1977 también lo fue como docente territorial, porque el hecho
de la intervención de un delegado del Ministerio de Educación en la
elaboración del acto de nombramiento, no la convierte automáticamente en
docente nacional, por ello, este periodo que corrió desde el 1º de febrero de
1977 hasta el 31 de diciembre de 2001 también debe ser contabilizado para el
cómputo de la prestación y con ello se prueba que cumplió con todos los
requisitos que exige la ley.
La entidad demandante solicitó revocar los numerales 2 y 3 de la sentencia
de primera instancia en cuanto no condenó a la demandada al pago de las
sumas de dinero recibidas por concepto de pensión gracia.
5. Trámite de la apelación
Mediante auto del 6 de marzo de 20236 el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación y precisó que como el asunto del epígrafe se rige por la
Ley 2080 de 25 de enero de 2023, de acuerdo con el numeral 4 del artículo
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Expediente digital, Índice 2 aplicativo Samai
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Índice 004
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
247 del CPACA, modificado por la aludida ley; desde la notificación del auto
admisorio, hasta la ejecutoria de dicha providencia, las partes y el agente del
Ministerio Público podían pronunciarse sobre la alzada. En providencia del 21
de noviembre de 20237 se admitió la apelación adhesiva presentada por la
UGPP.
Las partes presentaron alegatos de conclusión y el Agente del Ministerio
Público delegado ante esta Corporación rindió informe:
Parte demandada.
Solicitó revocar la sentencia de primera instancia porque la señora María Nery
Hernández colmó la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión gracia
y que aun cuando en el acto de nombramiento como docente de la institución
educativa Luis López de Mesa participó un delegado del Ministerio de
Educación Nacional, lo cierto es que los salarios y las prestaciones sociales
fueron pagados con recursos del situado fiscal, por ello era una docente
territorial.
Parte demandante
Pidió que se revocaran los numerales 2 y 3 de la sentencia porque no se
condenó a la demandada a la devolución de todos los dineros pagados en
forma injustificada e irregular, habida cuenta que el reconocimiento realizado
a la demandada, por medio de los actos demandados, es inconstitucional e
ilegal, además de ir en contravía de los lineamientos jurisprudenciales del
Consejo de Estado.
Ministerio Público8
El señor Procurador Séptimo delegado ante esta Corporación, quien funge
como representante del Ministerio Público dentro del presente proceso, rindió
concepto, y solicitó que se confirme la sentencia cuestionada porque con el
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Índice 17 aplicativo Samai
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Índice 00013
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
material probatorio aportado al proceso, se demostró que la demandada
solamente ostentó el carácter de docente territorial hasta el 31 de enero de
1977 y a partir del 1º de febrero de 1977 laboró como docente nacional.
Por tanto, no logró acreditar los 20 años de servicios a la docencia como
territorial o nacionalizado.
Concluyó que los docentes nacionales se encuentran excluidos del
reconocimiento de la pensión gracia, en consecuencia, es procedente declarar
la nulidad de los actos demandados, como lo concluyó el A quo.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 9, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación. Sin embargo, en el caso que ambas
partes apelen, el juez decidirá sin limitaciones.
2. Cuestión preliminar
Términos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas – Sobre la caducidad
establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta
Jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en
relación con el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevé lo siguiente:
Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del
derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena
del suceso de la caducidad de la acción7.
A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas8, o contra
actos producto del silencio administrativo9, puede presentarse en cualquier
tiempo.
Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del
fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y
restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las
demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos de manera
cierta y material por la administración que no versen sobre el reconocimiento
y pago de prestaciones periódicas.
No obstante, recientemente el Congreso de la República expidió la Ley 2381
de 2024, que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la
siguiente manera:
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas
después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones
otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate
de fraude o con ocurrencia de algún delito.
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Demandante: UGPP
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A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición
comporta una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el
artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata, incluso para
los procesos en los que se debate la legalidad de actos administrativos que
reconocieron una pensión y se encontraban en curso a 16 de julio de 2024,
día de promulgación de la comentada ley.
No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser
aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la
implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios preceptuadas por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es
cierto que las normas de derecho procesal son de orden público y «[…]
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a
regir», también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».
Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley 2381
de 2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas después
de su promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no
resulta viable superponer a los procesos en curso un término que no existía
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además, se
acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política.
En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en
«[…] la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 plantea la eventual configuración de la caducidad de la
acción en procesos como el que nos ocupa, la Subsección considera
pertinente inaplicar, para este caso concreto, la acotada modificación procesal,
tal como será dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.
Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los principios
y prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva.
3. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación presentado por las partes, en esta
oportunidad la Sala deberá establecer si ¿la señora María Nery Hernández de
López acreditó el cumplimiento de todos los requisitos para obtener el
reconocimiento de una pensión gracia de jubilación? En caso negativo,¿
determinar si procede la devolución de las sumas percibidas por la señora
Maria Ney Ester López percibidas de buena fe?
Para desatar el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes
aspectos: 3.1 Marco normativo y jurisprudencial; 3.2 Hechos probados y 3.3
Caso concreto.
3.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.
La pensión gracia ha sido considera una prestación especial otorgada a los
docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo,
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Numero interno: 5596-2022
Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa
cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias.
El artículo 1º de la Ley 114 de 191310 consagró por primera vez la pensión
gracia:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de
jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.
Así mismo, el numeral 3° del artículo 4 de la citada Ley, determina que, para
gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «que
no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional ».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que percibían los docentes vinculados directamente con la
Nación; tal diferencia surgía porque, de acuerdo con la Ley 39 de 190311, la
educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 192812 amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos
que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el
cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas,
tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.»
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder
10
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
11
«[S]obre Instrucción Pública».
12
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual13.
La Ley 37 de 193314 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199815,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913,
que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber
recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional,
no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de
igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le
confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión,
incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y,
por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En
este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación
objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración
de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la
Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre
la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las
excepciones que sobre la materia establezca la ley.
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197516, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
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«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
14
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
15
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
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«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
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Demandado: Maria Nery Hernández López
Nación, porque, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y
secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de
esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos
docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o
parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2)
de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que
se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...]
con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total
o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia
quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional.
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su
propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el
proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en
el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a
docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que
indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También,
que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre
y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91
de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo
15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión,
pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales,
dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley» 17.
Recientemente, la Sección Segunda de esta Corporación dilucidó la
interpretación aplicable al literal a) del numeral 2° del artículo 15 de la
17
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.
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Demandado: Maria Nery Hernández López
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
[…]Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento. (Se destaca).
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202018, esa disposición dispuso que:
solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y
finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y
docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los
docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después
del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley. A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la
promulgación de la Ley 91 de 1989» (Se destaca).
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, en criterio de la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión
gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de
diciembre de 1989 [entrada en vigor de la Ley 91 de ese año], sirvió al sector
educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó
el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser
acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2°, literal b) de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero
de 1999, expuso:
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
18
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
17
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Demandado: Maria Nery Hernández López
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los
“docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la
educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo
de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen
anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no
subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales,
pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto
de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del
situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo
15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como
docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese
derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos
legales correspondientes.
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados
laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a
la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
“pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913.
Posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de
1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para
quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para
tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de
empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer
un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público.
Situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política
de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en
nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta
Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
18
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filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13
de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En
efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la
Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que
asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior,
puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como
efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya
preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los
maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se
conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º
de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa
fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no
afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de
adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente
por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador.
Pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera
particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de
quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del
1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles
no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de
la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al
expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que
legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto
de la acusación19 (se subraya y destaca).
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales
19
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero
de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de
1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
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o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
3.2. Hechos probados20.
i) De acuerdo con el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía, la
señora María Nery Hernández de López nació el 26 de mayo de 1945.
ii) Según certificado de tiempo servido, expedido por la Secretaría de
Educación de la gobernación del Meta, la señora María Nery Hernández laboró
como docente en el nivel de básica secundaria con vinculación en propiedad,
como docente nacional.
iii) El jefe de la sección de Kardex educativo de la Secretaría de Educación
del departamento del Meta certificó que la demandada prestó sus servicios
como maestra, en el colegio Francisco José de Caldas. Dice que laboró con
básica primaria desde el 3 de febrero de 1966 hasta el 19 de enero de 1969 y
con básica secundaria desde el 1º de febrero de 1975 hasta el 30 de diciembre
de 1975.
iv) De acuerdo con el certificado de la Secretaría de Educación de Santafé de
Bogotá, que evidencia que la señora María Nery Hernández de López prestó
sus servicios como profesora en primaria, así:
20
Expediente digital, anexos a la demanda. Índice 2 Samai
20
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v) El 24 de octubre de 1995, el representante de la Ministra de Educación
ante la entidad territorial del Meta certificó que la accionada prestó sus
servicios en el departamento del Meta, así:
21
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vi) El tesorero del Fondo Educativo Regional del Meta certificó el 18 de octubre
de 1995 que la accionada laboró al servicio del departamento del Meta como
educadora y recibió los siguientes conceptos:}
vii) Declaración extra juicio juramentada ante el Notario Tercero de
Villavicencio, del 23 de octubre de 1995 de la señora Margarita Shirley Cruz
Garzón, quien manifestó conocer a la señora María Nery Hernández de López,
por lo que le consta que sus actividades como docente las prestó con buena
conducta y honestidad.
viii) Declaración extrajuicio juramentada ante el Notario Tercero de
Villavicencio, del 23 de octubre de 1995, de la señora María Cristina
Castellanos Guevara, quien dijo conocer a la señora María Nery Hernández
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de López, por lo que le consta que sus actividades como docente las prestó
con buena conducta y honestidad.
ix) Certificado de tiempo servido del 23 de enero de 2002, expedido por la
Secretaría de Educación de la gobernación del Meta, en donde se evidenció
que la accionada prestó sus servicios como docente nacional en el INEM Luis
López de Mesa de Villavicencio, designada por Resolución 2821 del 25 de
enero de 1977, tomó posesión del cargo el 1 de febrero de 1977 y prestó sus
servicios hasta el 31 de diciembre de 2001.
x) Resolución 282, con fecha ilegible, por medio de la cual el Ministro de
Educación Nacional designó, entre otros, a la accionada como profesora del
departamento de español en el Instituto Nacional de Educación Media
Diversificada INEM Luis López de Mesa de Villavicencio.
21
A pesar de que en este certificado el numero de la resolución está incompleto y en la resolución que se aportó la
fecha es ilegible, se encuentra que se trata del mismo acto administrativo que designó a la accionada como docente
del INEM Luis López de Mesa, como se extrae del acta de posesión del 1º de febrero de 1977.
23
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xi) Diligencia del 1º de febrero de 1977, ante el Rector del INEM Luis López de
Mesa de Villavicencio, de la demandada para tomar posesión del cargo de
profesora II-B del Departamento de Español, designada por resolución 282 del
25 de enero de 1977.
xii) Certificado de la Directora Administrativa de Personal Docente de la
secretaría de Educación del Meta, así:
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xiii) Resolución 520 del 28 de diciembre de 2001, por medio de la cual el
Secretario de Educación del Meta aceptó la renuncia de la señora María Nery
Hernández de López.
xiv) Certificado de la Jefe de la Oficina de Personal Docente de la Secretaría
de Educación del Meta, en el que se indicó que la señora Hernández de López
prestó sus servicios como docente para el departamento del Meta y devengó
los siguientes factores salariales:
3.3. Caso concreto.
La UGPP demanda la nulidad de los actos administrativos a través de los
cuales se reconoció una pensión gracia de jubilación a favor de la señora María
Nery Hernández de López, pues según indica, la accionante no cumplió con la
totalidad de los requisitos para acceder a la pensión gracia.
El Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, porque está probado que la demandada no cumple con todos los
requisitos legales para acceder al reconocimiento de la prestación.
La parte demandada formuló alzada contra la anterior decisión porque, en su
sentir, sí cumple con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la
prestación. La entidad solicitó la revocatoria de los numerales 2 y 3 de la
25
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Demandado: Maria Nery Hernández López
sentencia porque no se ordenó la devolución de los dineros pagados con
ocasión del reconocimiento prestacional.
Pues bien, de las pruebas antes enunciadas se desprende que la accionada
nació el 26 de mayo de 1945, y prestó sus servicios para la educación oficial
así:
Nominador Acto de nombramiento
El certificado no especificó los actos de
Departamento del Meta
nombramiento
Secretaría de Educación de
Decreto 494 de 1971, e certificado no
Santafé de Bogotá
especificó la fecha exacta de este acto
Departamento del Meta El certificado no especificó los actos de
nombramiento
Ministerio de Educación Resolución 282 de 25 de enero de 1977
Nacional
El 20 de noviembre de 1995, la señora María Nery Hernández de López solicitó
el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación, Cajanal accedió
al reconocimiento.
En el sub lite se tiene que la accionada prestó sus servicios para la educación
oficial en el departamento del Meta, y para la Alcaldía Mayor de Santafé de
Bogotá con vinculaciones anteriores al 31 de diciembre de 1980, tiempos que
son de carácter territorial y, por lo mismo, aptos para el reconocimiento de la
prestación; no obstante, con estos periodos solamente sumó alrededor de 9
años como docente territorial.
Ahora bien, desde el 1º de febrero de 1977 la demanda prestó sus servicios
para la educación oficial, con ocasión de la designación que le hiciera el
Ministerio de Educación Nacional por Resolución 282 de 1977.
Al respecto, resulta oportuno aclarar que por medio de la Ley 43 de 1975, se
nacionalizó la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un
término de 5 años (artículo 341), esto es, hasta el 31 de diciembre de 1980,
26
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Demandado: Maria Nery Hernández López
de lo que se colige que con antelación a dicho trámite únicamente existían dos
categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales y territoriales. Posterior
a la referida nacionalización de la educación, se clasificaron en nacionales,
nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación quedó establecida en el
artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del
Gobierno nacional.
ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43
de 1975, y
iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de
entidad territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito del artículo 1042 de la Ley 43 de 1975.
La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: 1. los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y 2. los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).
Así las cosas, quedó demostrado que la señora María Nery Hernández López
tuvo una vinculación nacional desde el 1º de febrero de 1977 porque el
Ministerio de Educación Nacional la designó a través de la Resolución 282 de
1977, para ocupar una plaza del mismo nivel, hecho que además se evidencia
en el certificado de tiempo servido de la Secretaría de Educación del Meta; por
ello, no se encuentra acreditado el requisito de 20 años de servicios como
docente territorial.
No es cierto, como lo alegó la demandada en la alzada que solamente un
representante del ministerio suscribió la Resolución de nombramiento, lo que
quedó demostrado es que este nombramiento provino directamente del
Ministerio de Educación Nacional.
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
De modo que, está probado que en el presente asunto la señora María Nery
Hernandez López no alcanzó a completar 20 años de servicios como docente
distrital, municipal, departamental o nacionalizado, puesto que la mayor parte
del tiempo lo fue como nacional, sin que exista en el expediente medio
probatorio en contrario. Por ello, la demandante no colmó los requisitos para
acceder a la prestación solicitada.
Ahora bien, la Subsección pasa definir la procedencia de la solicitud del
restablecimiento del derecho en los términos propuestos en la apelación
adhesiva presentada por la parte demandante.
Sobre el particular, es preciso señalar que la consecuencia de la nulidad de
los actos particulares, por regla general, es retrotraer las cosas al estado
inicial, de manera que se entienda que la decisión extinguida del ordenamiento
positivo por ilegal o inconstitucional, nunca existió. Empero, en los casos en
los que se discuten prestaciones periódicas, y principalmente cuando la
pretensión de restablecimiento es la devolución de sumas de dinero pagadas
y no debidas, la ley se ha encargado de cualificar la manera en que ello es
posible.
Es así que el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determinó
que «no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Por
su parte el artículo 83 de la Constitución Política indicó que «[l]as actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas»; de suerte
que la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de las
autoridades, ello es base de las relaciones entre la administración y los
ciudadanos.
La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada, en el
entendido del principio de la buena fe como contrapeso de la posición de
superioridad de la cual gozan las autoridades públicas, con ocasión a las
prerrogativas propias de sus funciones.
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
Por ejemplo, en el caso de la presunción de legalidad de los actos
administrativos que estas profieren, de ahí que el texto constitucional delimite
el ámbito de aplicación de este principio y no incluya las relaciones jurídicas
entre particulares. Así entonces, este principio se equipará a una medida de
protección de las personas frente a las autoridades que implica la prohibición
de exigir en los trámites y procedimientos administrativos, declaraciones
juramentadas o documentos autenticados ya que de esto le adjudicaría la
carga de demostrar el buen proceder en su gestión22
De acuerdo a lo anterior, tal y como lo ha señalado esta Corporación 23, el
principio de la buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en
contrario por lo que le corresponde a quien alega una conducta contraria,
probar el actuar de mala fe. En ese sentido, cuando se trata del error de la
administración al conceder una pretensión, la entidad no puede alegar a su
favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por
una persona de buena fe, le corresponde a esta demostrar fehacientemente
una actitud del beneficiario por fuera de estos postulados.
De lo expuesto se concluye que, para ordenar el reembolso de los montos
percibidos por María Nery Hernández a título de restablecimiento del derecho
como consecuencia de las órdenes contenidas en los actos demandados, la
UGPP debió acreditar la conducta fraudulenta o dolosa dirigida a defraudar a
la administración, lo cual no ocurrió, por cuanto lo que se advierte es que el
pago se realizó por disposición de la entidad.
Así las cosas, como en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala
fe de la pensionada, resulta improcedente ordenar la devolución de las sumas
pagadas a su favor.
2.4 Condena en costas.
22
Sentencia C-255 de 2017, C-527 de 2013 y C- 1194 de 2008
23
Sentencia del 1º de septiembre de 2014. Expediente 31301203 MP Gustavo Eduardo Gomez Aranguren
29
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en
el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses, por consiguiente, no se condenará en costas en esta instancia.
En resumen, de lo expuesto se confirmará en su integridad la sentencia
apelada
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta, que accedió a las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: INAPLICAR el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 conforme las
razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta que accedió a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
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Demandante: UGPP
Demandado: Maria Nery Hernández López
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. AV Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
Sigue leyendo
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