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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01262-02

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01262-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia. SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, en el sentido de inaplicar por inconstitucional la Resolución rectoral 12094 de 1999 expedida por la Universidad de Antioquia, por las razones expuesta en esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01262-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

8 de mayo de 2025

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01262-02 (6797-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Lucía Margarita Restrepo Cuartas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01262-02 (6797-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Lucía Margarita Restrepo Cuartas

Tema: subrogación parcial de la mesada pensional –reiteración jurisprudencial–. Subtema 1:
competencia para el reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación de los servidores públicos
de las universidades, a partir de la implementación del Sistema General de Pensiones en el nivel
territorial. Subtema 2: acto administrativo por medio del cual la Universidad de Antioquia asumió la
diferencia por la inclusión de factores adicionales generada en el cálculo del IBL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, el 18 de
septiembre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Universidad de Antioquia solicitó la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales asumió el pago de la diferencia en la mesada
pensional reconocida por el Instituto de Seguros Sociales1 —en adelante ISS— a la
demandada, generada por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y
semestral en el cálculo del IBL, mientras la beneficiaria adelanta las actuaciones
administrativas y judiciales pertinentes para que la administración reliquide la pensión
teniendo en cuenta dichas prestaciones. Según indicó, la institución educativa no tiene
competencia para asumir una obligación pensional que, en este caso, fue subrogada
al ISS por la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones en el nivel territorial.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. La Universidad de Antioquia (en adelante la Universidad), mediante apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la parte accionada, con las siguientes

1 Hoy COLPENSIONES.

1

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01262-02 (6797-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Lucía Margarita Restrepo Cuartas

pretensiones2:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución 046 del 24 de febrero de 2004,
mediante la cual la Universidad ordenó pagarle a la demandada el mayor valor
de la mesada pensional generada por la inclusión de las primas de navidad,
vacaciones y semestral en el cálculo del IBL pensional liquidado por el ISS al
reconocer la pensión de jubilación; y de la Resolución 154 del 20 de abril de
2004, que reajustó el valor reconocido en la Resolución 046 de 2004.

(ii) Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la parte demandada a restituir el pago de la diferencia de las
mesadas pensionales que la Universidad asumió desde el 22 de diciembre de
2003 y condenarla al pago de las costas procesales.

2.1.1. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la Universidad expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) La señora Lucía Margarita Restrepo Cuartas estuvo vinculada como empleada
pública en la Universidad de Antioquia desde el 5 de julio de 1976 hasta el 21 de
diciembre de 2003, fecha a partir de la cual le fue aceptada la renuncia.

(ii) La Universidad, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, reconocía las
pensiones de sus empleados conforme a los regímenes dispuestos en las leyes 6 de
1945 y 4 de 1966, y los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969, con un ingreso base
de liquidación que incluía «todos los factores efectivamente devengados por el
servidor».

(iii) Con motivo de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones en el nivel
territorial previsto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 —30 de junio de 1995—, la
Universidad afilió a todos los servidores al ISS (hoy COLPENSIONES), entidad que desde
ese momento asumió la carga pensional subrogada de la demandada.

(iv) La Universidad, mediante la Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999,
asumió el pago de una diferencia en la mesada pensional de sus servidores, causada
por la inclusión de factores adicionales a los tenidos en cuenta por el ISS en el cálculo
del IBL pensional, bajo la consideración de que la jurisprudencia permitía la inclusión
de todo lo devengado por el servidor. La institución educativa asumió el pago de esta
diferencia y continuaría «con las acciones administrativas y judiciales necesarias para
que el ISS reliquidara las pensiones con la inclusión de todo lo devengado por el
trabajador». Este acto general fue reglamentado por la Resolución 16628 del mismo
año, que estableció como destinatarios de la subrogación a los empleados públicos
docentes y no docentes de la Universidad.

(v) La Universidad de Antioquia reconoció y ordenó el pago de un bono pensional a
favor de la accionada, a través de la Resolución 434 del 25 de agosto de 2001, por la

2 Samai, índice 02, ED_05001233300020210126(.zip) NroActua 2, carpeta 01Demanda, documento DEMANDA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
2

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Lucía Margarita Restrepo Cuartas

suma de $320.148.000, de los cuales correspondió a aquella el valor de $304.949.000,
que consignó al ISS.

(vi) El ISS reconoció la pensión de jubilación a la señora Lucía Margarita Restrepo
Cuartas mediante la Resolución 016223 del 11 de diciembre de 2003, en cuantía de
$2.709.582 mensuales, a partir del 22 de diciembre de 2003, sin incluir en el IBL las
primas de navidad, de vacaciones y semestral.

(vii) Mediante la Resolución 046 del 24 de febrero de 2004, la Universidad ordenó
pagar a la accionada la diferencia de la mesada pensional reconocida y pagada por el
ISS, generada por la inclusión de las primas de navidad, vacaciones y semestral en el
cálculo del IBL, mientras el citado Instituto asumía la obligación en sede administrativa
o judicial. El valor reconocido fue reajustado a través de la Resolución 154 del 20 de
abril de 2004.

(viii) Por Resolución 35823 del 17 de octubre del 2012, la Universidad derogó la
resolución rectoral por medio de la cual asumió el pago de la diferencia en la mesada
pensional de los empleados públicos del ente universitario, causada por la inclusión
de factores que, a su juicio, formaban parte del IBL pensional calculado por el ISS.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. La parte accionante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución
Política, artículo 48, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005; el artículo 10 de la
Ley 4 de 1992; los artículos 18 (inciso 3), 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; el artículo
5 del Decreto 1068 de 1995 y el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996.

4. En el concepto de violación, afirmó que la resolución acusada, por medio de la cual
la Universidad asumió el pago de la diferencia causada por la reliquidación de la
pensión de jubilación reconocida por el ISS, con la inclusión de todos los factores
devengados por el servidor, desconoció las normas constitucionales y legales que
imponen la obligación de liquidar las pensiones con los factores sobre los cuales se
realizaron cotizaciones. Además, puso de presente que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado precisa que el régimen de transición no incluye
entre sus beneficios la determinación del IBL, razón por la cual, la liquidación de la
pensión debe atender lo dispuesto en los artículos 21 —factores de cotización— y 36
de la Ley 100 de 1993 —régimen de transición—.

5. También adujo que el ISS es el único competente para reconocer, liquidar y pagar
las pensiones de los empleados de la Universidad, tal y como lo ha reiterado el Consejo
de Estado en las sentencias proferidas en asuntos con supuestos de hecho y de
derecho semejantes al presente.

2.2. Contestación de la demanda

6. La parte demandada propuso las excepciones de «indebida integración del
litisconsorcio», «temeridad», «justo título y buena fe», «actuación de funcionario
conforme las exigencias de la ley», «firmeza, ejecutoriedad y obligatoriedad de la
resolución administrativa 046 del 24 de febrero de 2004», «inexistencia de
fundamentos jurídicos que soporten la nulidad del acto administrativo demandado»,
3

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«presunción de legalidad» de este, «incumplimiento del procedimiento señalado por la
demandante en el acto» acusado, «prescripción», «imposibilidad de condena en
costas» y «excepción genérica». Al sustentar la oposición a las pretensiones,
manifestó que la decisión controvertida es legal, porque tuvo como sustento la
resolución rectoral por medio de la cual la Universidad asumió la obligación de pago
en atención a las normas y la jurisprudencia que regían la liquidación de las pensiones,
que preveían la inclusión de todos los factores devengados por el servidor en el cálculo
del IBL pensional3.

7. Afirmó que aun cuando dicha resolución fue derogada, los actos administrativos
particulares proferidos mientras estuvo vigente, como los acusados, gozan de firmeza
y son de obligatorio cumplimiento, lo que impide que pueda afectarse el derecho
adquirido de la accionada.

8. Sostuvo, en cuanto al restablecimiento del derecho solicitado por la entidad
demandante, que la demandada recibió el pago de las mesadas pensionales
subrogadas, estando amparada por la buena fe, el justo título y la confianza legítima,
de modo que la Universidad no tiene derecho a recuperar las sumas de dinero
correspondientes, de conformidad con el numeral 1, literal c) del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA).

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia dictada el 18 de
septiembre de 2023, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda al considerar
que la Universidad de Antioquia carecía de competencia para asumir la obligación
derivada de la reliquidación de una pensión que fue reconocida, liquidada y pagada
por la entidad administradora de pensiones a la que se afiliaron los empleados de la
institución educativa por la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, que
en el nivel territorial tuvo como plazo máximo el 30 de junio de 19954.

10. Así, afirmó que la obligación de reconocimiento, liquidación y pago de la pensión
se encontraba a cargo del ISS, que asumió la prestación mediante la Resolución
016223 del 11 de diciembre de 2003, al encontrar demostrado que la demandada
prestó servicios como empleada pública desde el 5 de julio de 1976 hasta el 21 de
diciembre de 2003.

11. Concluyó que los actos mediante los cuales la Universidad de Antioquia asumió el
pago de la diferencia en la mesada pensional causada por la inclusión de las «primas
de servicios, de navidad y de vacaciones» en el IBL, hasta que el ISS realizara la
reliquidación de la prestación con los factores mencionados, son nulos por falta de
competencia, pues la carga pensional de los servidores de la institución universitaria
recaía, únicamente, en el fondo de pensiones.

12.De otro lado, el Tribunal negó la pretensión de devolución de las sumas de dinero
pagadas a la parte demandada, al considerar que no medió una conducta fraudulenta
o engañosa para obtener el pago, que desvirtuara la presunción de buena fe que la
3 Samai, índice 02, ED_05001233300020210126(.zip) NroActua 2, documento 09ContestacionDemanda.
4 Samai, índice 02, ED_05001233300020210126(.zip) NroActua 2, documento 25SentenciaPrimeraInstancia.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Lucía Margarita Restrepo Cuartas

ampara.

13.Por último, decidió no condenar en costas a las partes, atendiendo al criterio de
que solo hay lugar a estas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación, con fundamento en el artículo 188 del CPACA y el numeral
8 del artículo 365 del Código General del Proceso.

2.4. Recurso de apelación

14. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia que
accedió parcialmente a las pretensiones, con el argumento de que no se configuró la
causal de nulidad por falta de competencia, pues, a su juicio, la diferencia en la mesada
pensional fue asumida por la Universidad de manera voluntaria y libre, con el propósito
de defender los derechos pensionales de los servidores frente a la omisión del ISS de
incluir los factores señalados en la Ley 33 de 1985, para calcular el IBL compuesto por
«las primas de servicios, de navidad y de vacaciones»5.

15. Indicó que la Universidad de Antioquia profirió los actos acusados basándose
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en la interpretación progresiva del Consejo
de Estado durante más de 25 años. Argumentó que la institución educativa actuó
conforme a la ley y a los precedentes jurisprudenciales al subrogarse en el pago de la
pensión.

16. Afirmó que los actos acusados no vulneran el Acto Legislativo 01 de 2005,
comoquiera que este último al establecer que para la liquidación de las pensiones solo
se tendrían en cuenta los factores sobre lo que se hubiesen efectuado aportes al
Sistema General de Pensiones, dispuso el respeto por las situaciones jurídicas
consolidadas con anterioridad a su vigencia.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

17.Esta corporación, mediante auto del 29 de febrero de 2024, admitió el recurso de
apelación presentado por la parte actora y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia6.

2.6. Ministerio Público

18. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto7.

III. CONSIDERACIONES

3.1 . Competencia

19.Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero

5 Samai, índice 02, ED_05001233300020210126(.zip) NroActua 2, carpeta 27RecursoDeApelación-
ParteDemandado, documento RECURSO APELACIÓN SENTENCIA.
6 Samai, índice 04.
7 Samai, índice 09.

5

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Lucía Margarita Restrepo Cuartas

del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Cuestión previa

20. La apoderada de la parte demandada allegó memorial8 en el que solicitó que se
declare la caducidad del presente medio de control, toda vez que la Universidad
demandó a la señora Lucía Margarita Restrepo Cuartas 17 años después de haberle
reconocido la subrogación pensional a través de los actos acusados, lo cual excede el
término de 5 años establecido por el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 para ejercer
acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de pensiones
reconocidas.

21. La parte accionada argumentó que, de acuerdo con la mencionada ley, las
acciones judiciales deben interponerse dentro de los 5 años siguientes al
reconocimiento de la pensión, salvo en casos de fraude o delito, lo cual no aplica en
este caso. Además, citó jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo de Antioquia que respalda la aplicación de la caducidad de manera
oficiosa en situaciones similares.

22.Ahora bien, con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador
adoptó un nuevo esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente
previas y las de naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción
perentoria, existen dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a
saber: i) en cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre
que el juzgador la encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A,
numeral 3 del CPACA9); y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA10),
oportunidad en la que el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada11.

8 Samai, índice 11.
9 «ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […]
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
10 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […]

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».
11 Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-

2019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que
las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa
y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el
numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del
proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no
pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se
declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral
tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o
demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las
pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA». [destacado fuera del texto]
6

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23. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley 2381
de 2024 se introdujo una significativa modificación, por la cual se establece un término
de caducidad frente a las demandas que la administración presenta contra sus propios
actos de reconocimiento pensional.

24. En tal sentido, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció
un término de caducidad de 5 años «para ejercer acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas», contado a partir
del reconocimiento de la referida prestación. Así se observa en el texto del citado
artículo 86 ibidem:

ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán
ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones
otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude
o con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan
iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5)
años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido
acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley. [destacado fuera del texto]

25. En este orden de ideas, le corresponde a la Sala en este momento procesal,
pronunciarse frente a la caducidad, comoquiera que el proceso se encuentra al
despacho para dictar sentencia. Esto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 187
y 207 del CPACA, que prevén la facultad de resolver cualquier excepción propuesta y
las que el juez eventualmente encuentre probadas, entre ellas, la de caducidad del
medio de control y, a su vez, ejercer el control de legalidad y saneamiento del proceso.

26. Ahora bien, en el presente asunto, la Universidad de Antioquia solicitó la nulidad
de las resoluciones 046 del 24 de febrero de 2004 y 154 del 20 de abril de 2004,
mediante las cuales ordenó pagarle a la accionada el mayor valor de la mesada
pensional generada por la inclusión de las primas de navidad vacaciones y semestral
en el cálculo del IBL pensional liquidado por el ISS al reconocerle la pensión de
jubilación, por lo que es necesario establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo
término de caducidad, sin perder de vista las reglas previstas en el ordenamiento
jurídico, en materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que regulan la
sustanciación y las ritualidades propias de los juicios.

27.En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas», se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación, en el tránsito legislativo
anunciado, es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188712.
12 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
7

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28. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

29. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a
cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse
términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

30. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos
1, 2, 4, 5, 6 y 8313. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887
en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas
previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye a la
interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico vigente.

31. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del numeral 1, literal c, del artículo
164 del CPACA, dado que, al momento de su radicación, 2 de julio de 202114, era la
disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba
vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad
alguno.

32. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» (destacado fuera del texto).
13 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado

que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
14 Samai, Gestión otros despachos, 05001233300020210126200, índice 01.

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33.En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

34. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia
C-1049 de 200415, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

35. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigor de
la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
ejercidas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

36. En estos términos, la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica16, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
Política17 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, se
continuará con el estudio del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia.

3.3. Problema jurídico

37. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala procede a resolver el
siguiente problema jurídico:

38. ¿La Universidad de Antioquia tenía competencia para asumir el pago de la
diferencia en la mesada pensional reconocida por el ISS a la señora Lucía Margarita
Restrepo Cuartas, generada por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones
y semestral en el cálculo del IBL, que el ente educativo consideró procedente mientras
la beneficiaria surtía las actuaciones administrativas y judiciales ante el Instituto

15
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista
en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
16 En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso

debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política». (Destacado fuera
del texto)
17 «ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la

ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
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encargado del pago de la obligación?

39. Para resolver el interrogante anterior, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos; (ii) régimen de
transición de la Ley 100 de 1993; y (iii) subrogación asumida por la Universidad de
Antioquia.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial

3.4.1. Reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos

40.Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 199318, la obligación de reconocer y
de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos concernía a la entidad de
previsión a la que estuviesen afiliados, esto es, la última entidad pública empleadora,
según lo disponía el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969.

41. La Ley 100 de 1993 que creó el Sistema de Seguridad Social Integral, previó en el
numeral 1 del artículo 15, la obligatoriedad de afiliar a dicho sistema a todas las
personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.
Disposición en virtud de la cual se expidió el Decreto 691 de marzo 29 de 199419, que
incorporó (artículo 1) a estos últimos, clasificándolos así: a) los servidores públicos de
la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de
sus entidades descentralizadas; y b) los servidores públicos del Congreso de la
República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación,
la organización electoral y la Contraloría General de la República.

42. En cuanto a los efectos de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 199420 precisó que el
responsable del pago de las pensiones sería la administradora que hubiese recibido o
le correspondiera recibir las cotizaciones del período en el cual ocurrió el siniestro o
hecho que dio lugar al pago de la pensión, y el Decreto 1068 del 23 de junio de 199521
fijó el límite temporal para que los servidores públicos del orden departamental,
municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliarían, esto es, prima media
con prestación definida o ahorro individual con solidaridad, señalando en el parágrafo
2 del artículo 2 que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley
100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995.

43. Posteriormente, se profirió el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 que tuvo
por objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de
naturaleza territorial. Esta normativa fue enfática en atender el límite temporal con que
contaban los servidores públicos para afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
establecidos en la Ley 100 de 1993, según el Decreto 1068 de 1995.

18 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.

19 Por el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan otras
disposiciones.
20 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
21
Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en los niveles departamental,
municipal y distrital, la constitución de los Fondos de Pensiones del Nivel Territorial y la declaratoria de solvencia
de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial.
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44. De acuerdo con lo anterior, se concluye que, para el 30 de junio de 1995, todos los
servidores públicos que prestaban sus servicios en las universidades oficiales e
instituciones oficiales de educación superior debían estar afiliados al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, comoquiera que estos hacían parte de la categoría
de afiliados obligatorios en los términos del artículo 15 de la referida Ley 100 de 1993.

45. Así, y siguiendo los pronunciamientos de esta Sección sobre el tema22, se precisa
que después de la entrada en vigencia de los dos regímenes pensionales de la Ley
100 de 1993, las Universidades de carácter oficial perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores y, en virtud de la afiliación obligatoria
de los servidores públicos al Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, es la
administradora de pensiones que hubiese recibido las cotizaciones quien debe
efectuar el reconocimiento respectivo o proceder a la reliquidación de ser el caso.

3.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

46. El Sistema General de Pensiones, en virtud del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a pensionarse
mantener las condiciones previstas en el régimen anterior, siempre que reunieran los
requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la fecha de entrada en vigencia
de la nueva normativa, con la precisión de que los beneficios de esa transición solo
salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto o tasa de
reemplazo establecidos en la norma con la que el servidor tenía la expectativa de
pensionarse.

47. La norma citada establece que, para los beneficiarios del régimen de transición,
el ingreso base de liquidación será, si faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho a la pensión, (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

48. Al respecto, el Decreto 1158 de 1994, por medio del cual se modificó el Decreto
658 de 1994 que incorporó a los servidores públicos al Sistema General de Pensiones,
dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 1. Base de cotización. El salario mensual base para calcular las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos
incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21

de abril de 2017, Rad. 05001233300020140019401(0804-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia del 22
de octubre de 2018, Rad. 05001-23-33-000-2014-00063-02(1074-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia
del 29 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-00556-01(1601-19), M.P. César Palomino Cortés; Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2014-01418-02(5945-19), M.P.
William Hernández Gómez.
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d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de
salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados;

49. El Acto Legislativo 01 de 2005, al adicionar el artículo 48 de la Constitución
Política, determinó de manera expresa que «para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
cotizaciones», precepto que se encontraba incluido en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, conforme con el cual se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
«el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado».

50. En este orden, es válido afirmar que los beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tenían derecho al reconocimiento de
la pensión de acuerdo con los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto o tasa
de reemplazo prevista en el régimen anterior, sin incluir el IBL, pues este debe
calcularse con los factores salariales que sirvieron de base para los aportes,
devengados en el lapso fijado en la transición, esto es, durante los últimos 10 años de
servicio o todo el tiempo que le hiciera falta al beneficiario para pensionarse cuando
fuese inferior a este periodo.

51. Ahora bien, la Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos
pensionales derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible
política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que
ordena dar especial protección al trabajo». En este marco, afirmó que la regla de
liquidación del IBL aplicable a los beneficiarios de la transición es el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para pensionarse, siempre que fuera
menor de diez años o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior;
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor23.
En sentencias posteriores de constitucionalidad, la Corte decidió estarse a lo resuelto
en la providencia que declaró parcialmente exequible el artículo 36 de la Ley 100 de
199324.

52. Por otra parte, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa
que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en el régimen pensional general anterior —Ley 33 de 1985—, con
la precisión de que el último elemento protegido por la transición (monto) incluía el
beneficio de calcular el IBL con los factores y el periodo de liquidación previstos en la
norma precedente, no con los señalados en el régimen general.

53. En este orden, la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido de que el «monto», salvaguardado en virtud

23 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
24 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.

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del cambio legislativo, constituía una unidad con el período de liquidación y los factores
enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior25.

54. En un segundo momento, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, por
medio de sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, replanteó la tesis aplicada
por las subsecciones de la Sección Segunda y, en su lugar, consideró que la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 solo preservó los presupuestos de edad,
tiempo de servicio y porcentaje o tasa de reemplazo dispuestos en el régimen anterior
para quienes estaban próximos a pensionarse, sin que se pueda entender que el último
elemento incluye la aplicación del periodo y factores previstos en ese régimen, por no
formar parte del beneficio de la transición. En el anterior fallo se indicó lo siguiente:

Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 199326.

55. La Sala Plena de esta corporación indicó en esta sentencia que las reglas de
unificación «son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial (…) De igual manera, debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley».

56. Sobre el particular, es oportuno precisar que el marco normativo y jurisprudencial
citado resultaba aplicable a los servidores de la Universidad de Antioquia, que por virtud
del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 fueron vinculados al Sistema General de
Pensiones a partir del 30 de junio de 1995, con la afiliación al ISS (actual COLPENSIONES),
entidad que asumió la obligación pensional con cargo al bono que expidió el ente
demandante en cada caso27. La competencia para reconocer y pagar las pensiones
de los servidores de la Universidad está a cargo del fondo de pensiones al que se
afiliaron en forma obligatoria desde esa fecha28.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, exp. 0112-2009.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018,

exp. 2012-00143-01.
27 ARTICULO 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o
empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad
de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o
condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad
Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
También serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, y se
regirán por todas las disposiciones contenidas en esta ley para todos los efectos, los servidores públicos que
ingresen a Ecopetrol, a partir de la vigencia de la presente ley.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 21 de abril de 2017, exp. 05001233300020140019401

(0804-2016); del 27 de abril de 2017, exp. 05001233300020140157301(0802-2016) y 050012333000201500110
01 (2366-2016); del 31 de enero de 2018, exp. 05001-23-33-000-2014-00058-02 (0341-17), y del 23 de octubre de
2020, exp. 05001-23-33-000-2014-00061-01(1088-17).
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57. En este orden, se observa que la parte demandante asumió el pago temporal de
la diferencia en la mesada pensional de sus servidores como tercero interviniente en
la obligación pensional que el ISS tenía a su cargo a partir de la afiliación de los
empleados del nivel territorial al régimen general de pensiones, arguyendo la
necesidad de «procurar la efectividad de los derechos y principios constitucionales»
de sus empleados y bajo la condición de que los pensionados surtieran las actuaciones
administrativas y judiciales necesarias para que el fondo de pensiones asumiera la
mesada por el valor que el ente demandante consideraba ajustado a la legalidad.

3.4.3. Subrogación asumida por la Universidad de Antioquia

58. La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución rectoral 1209 del 4 de mayo
de 1999, asumió el pago de la diferencia de la mesada pensional de los servidores
docentes y no docentes de la institución educativa, generada por la inclusión de las
primas de navidad, vacaciones y semestral que, a su juicio, formaban parte del IBL
pensional calculado por el ISS en el acto de reconocimiento por medio del cual ordenó
el pago de la prestación a su cargo, por motivo de la afiliación de los empleados del
orden territorial al Sistema General de Pensiones dispuesta en el artículo 151 de la
Ley 100 de 1993.

59. En las consideraciones del acto general, la Universidad afirmó que, si bien el ISS
asumió el reconocimiento y pago de las pensiones, aquella debía proteger los
derechos de sus servidores para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual el ingreso base de liquidación
de las pensiones de jubilación de los beneficiarios de la transición a quienes les faltaba
menos de diez (10) años para adquirir el derecho, debía computarse con el promedio
de «todo lo devengado» en ese periodo.

60. Para la Universidad, el ISS desconoció la norma referida al calcular el IBL pensional
con los factores sobre los cuales el pensionado hubiera realizado cotizaciones, dado
que, en su opinión, constituía «certeza jurídica» la fórmula de liquidación según la cual
el cálculo debía incluir todo lo devengado, inclusive, las primas de navidad, vacaciones
y semestral. Bajo esta consideración, la institución educativa afirmó que «no se podía
negar o complicar el acceso a los derechos conseguidos por servicios prestados al
Estado, más aún cuando la pensión era un salario diferido». Asimismo, afirmó que
realizó diferentes gestiones ante el ISS para que liquidara las pensiones según el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin lograr una respuesta positiva.

61. En este orden, la Universidad dispuso en el acto general de subrogación que debía
darle cumplimiento a la ley, en el sentido de cubrir la diferencia causada por motivo de
la liquidación de la pensión, mientras el ISS asumía esta obligación con la inclusión de
todos los factores devengados por el pensionado. Así, dispuso que se «subrogaría en
la cuota parte de la obligación» que el ISS no reconocía, para «procurar la efectividad
de los derechos y principios constitucionales de sus servidores».

62.Este acto fue reglamentado por la Resolución 16628 del 25 de junio de 1999, en el
sentido de determinar que los destinatarios de esta subrogación serían los empleados
públicos docentes y no docentes beneficiarios del régimen de transición, que les faltara
menos de diez años para adquirir el derecho al momento de entrar en vigor la Ley 100
de 1993. La Universidad pagaría a los jubilados la obligación de reliquidación que se
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encontraba a cargo del ISS con las consecuencias previstas en el artículo 1670 del
Código Civil29. En este orden, asumió el pago de la diferencia que resultó de aplicar el
75% al promedio de todo lo devengado durante el último año de servicio y el valor de
la pensión que liquidó el ISS, solo por el tiempo que tardara el instituto en asumir la
obligación en el trámite administrativo o en cumplimiento de una orden judicial.

63. El acto de subrogación general fue derogado por la Resolución rectoral 35823 del
17 de octubre de 2012, al considerar que la Universidad partió del supuesto
equivocado de que existía certeza jurídica sobre el derecho a la reliquidación pensional
con la inclusión de todo lo devengado por sus servidores, sin tener en cuenta que la
obligación estaba a cargo del ISS, en forma exclusiva, y que la tesis referida fue objeto
de modificaciones jurisprudenciales que desvirtuaron esa afirmación.

64. El acto revocatorio de la «subrogación» puso de presente que el pago asumido por
la Universidad fue temporal, pues era el ISS el obligado a asumir la obligación
reclamada en las actuaciones administrativas y judiciales.

3.5. Análisis del caso concreto

65. El ISS reconoció una «pensión de vejez» a la señora Lucía Margarita Restrepo
Cuartas, mediante la Resolución 016223 del 11 de diciembre de 2003, en cuantía
mensual de $2.709.582, a partir del 22 de diciembre de 2003, financiada con el bono
pensional expedido por la Universidad de Antioquia y con las cotizaciones realizadas
al ISS a partir de la afiliación de los servidores al sistema de pensiones30.

66. La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución 046 del 24 de febrero de
200431, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo
de 199932, ordenó pagar a favor de la demandada el valor del resultado de la aplicación
del IBL establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por la suma de $618.551
mensuales a partir del 22 de diciembre de 2003, y por el valor de $658.695 desde el 1
de enero de 2004. Esto como consecuencia de considerar que las primas de navidad,
de vacaciones y semestral debían incluirse para calcular el monto de la pensión.

67. A través de la Resolución 154 del 20 de abril de 2004, la institución educativa
reajustó el valor de la subrogación reconocida en la Resolución 046 de 2004, a partir
del 22 de diciembre de 2003, en la suma de $34.916, para un total de $653.467 y
desde el 1 de enero de 2004, por valor de $37.1872, para un total de $695.87733.

68. El cálculo de la diferencia pensional que la Universidad de Antioquia asumió de
manera temporal por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y semestral
devengadas por la demandada durante el periodo que le hacía falta para pensionarse
29 «La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y

privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros,
obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda».
30 Samai, índice 02, ED_05001233300020210126(.zip) NroActua 2, carpeta 01Demanda, carpeta 1. Lo enunciado

en el acápite de pruebas, documento 3. Apartes de la hoja de vida, págs. 7 a 10.
31 Samai, índice 02, ED_05001233300020210126(.zip) NroActua 2, carpeta 01Demanda, carpeta 1. Lo enunciado

en el acápite de pruebas, documento 3. Apartes de la hoja de vida, págs. 13 a 14.
32 Samai, índice 02, ED_05001233300020210126(.zip) NroActua 2, carpeta 01Demanda, carpeta RELACIÓN DE

PRUEBAS, documento 4. RESOLUCION RECTORAL 12094 DE 1999.
33 Samai, índice 02, ED_05001233300020210126(.zip) NroActua 2, carpeta 01Demanda, carpeta 1. Lo enunciado

en el acápite de pruebas, documento 3. Apartes de la hoja de vida, págs. 15 a 16.
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(8 años), fue realizado por la institución educativa conforme a lo previsto en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:

Acto de reconocimiento pensional Actos de subrogación
ISS Resolución 016223 del 11 de Universidad de Antioquia – caso en
diciembre de 2003 concreto
Resolución 046 del 24 de febrero de 2004
y Resolución 154 del 20 de abril de 2004
Semanas cotizadas: 1.463,43 Monto: 85%
Monto: 85% IBL: $727.707 (primas de navidad,
IBL: $3.187.744 (factores de cotización) vacaciones y semestral)

Cuantía de la prestación: Diferencia que se subrogó la
$2.709.582 (desde el 22 de diciembre de Universidad:
2003). $653.467 (desde el 22 de diciembre de
2003).
$695.877 (desde el 1 de enero de 2004).

69. Ahora bien, según se analizó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
sentencia, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, a
más tardar el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos, incluido el personal
de las universidades oficiales e instituciones de educación superior, debían estar
afiliados a uno de los dos regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993. Por
ende, a partir de esa fecha, la entidad competente para reconocer y pagar las
pensiones, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 692 de 1994 era la administradora
de pensiones que recibiera las cotizaciones de dichos servidores, ya fuera el ISS como
administrador del régimen de prima media o los fondos privados que hacían lo propio
con el régimen de ahorro individual.

70. En este orden de ideas, se advierte que la Universidad de Antioquia carecía de
competencia para pronunciarse acerca del reconocimiento del derecho pensional de
la demandada y específicamente, en lo relacionado con el presunto derecho que le
asistía a una mesada mayor a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de
factores salariales devengados por la docente no computados por la administradora
de pensiones. Ello, en tanto la obligación concernía al ISS, como ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.

71. Al respecto, se destaca que esta última entidad fue la que reconoció a favor de
la accionada una pensión de jubilación, a través de la Resolución 016223 del 11 de
diciembre de 2003. Por consiguiente, era el ISS quien tenía la competencia para definir
si a la demandada se le debía incluir en el IBL lo correspondiente a las primas de
navidad, de vacaciones y semestral, en los términos de la Ley 100 de 1993 y la
normativa anterior a esta, aplicable en virtud del régimen de transición del artículo 36
ibidem.

72. Por otra parte, en cuanto a los efectos de la Resolución rectoral 12094 de 1999
expedida por la Universidad de Antioquia, sobre la subrogación parcial en la obligación
pensional a cargo del ISS, y en la cual se fundamentaron los actos acusados, se
advierte que, aun cuando esta no fue objeto de declaratoria de nulidad en el presente
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caso, así como tampoco ha sido anulada por la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, esta Subsección en sentencia del 22 de octubre de 201834 decidió
inaplicarla por inconstitucional en un asunto similar, al señalar que:

[…] pese a que el acto administrativo, que aquí se demanda, tuvo además como
fundamento la Resolución rectoral 12094 de 4 de mayo de 1999 de la misma Universidad
de Antioquia, la cual, como lo aduce el accionado, no fue objeto del presente medio de
control ni ha sido anulada por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cierto
es que en virtud de la excepción de inconstitucionalidad resulta dable inaplicarla para el
caso concreto, conforme al artículo 4º superior, («En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»), comoquiera que la función de establecer el régimen prestacional de
los servidores públicos está reservada al Congreso de la República y al Gobierno
Nacional, pero este último bajo los lineamientos del legislador, por lo que el ente
universitario carecía de atribución para asumir una obligación de carácter pensional motu
proprio, sin que mediara norma emitida por la autoridad constitucionalmente competente
frente a la materia, que así lo determinara. […].

73. Sobre el punto, la Constitución Política de 1991 prevé en el artículo 150 numeral
19, literal e, que el Congreso de la República tiene la competencia de dictar normas
generales en relación con la fijación de los regímenes salariales y prestacionales de
los servidores públicos, entre otros, y en ejercicio de dicha potestad expidió la Ley 4
de 199235, que reglamentó en sus artículos 10 y 12 lo siguiente:

ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo
las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.

ARTÍCULO 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y
objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.

PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.

74. Por su parte, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la
última norma —artículo 12—, «[…] siempre que se entienda que las facultades
conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen
prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo
de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados
públicos de las entidades territoriales […]»36.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22

de octubre de 2018, Rad. 05001233300020140006302 (1074-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
35 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
36 Sentencia C-315 de 1995.

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75. Conforme lo expuesto, se considera que la Resolución rectoral 12094 de 1999
emitida por la Universidad de Antioquia es inconstitucional, por cuanto se expidió con
desconocimiento de las competencias que la Constitución Política le confiere al
Congreso de la República y al Gobierno nacional en materia de prestaciones sociales
de los servidores públicos del orden territorial. Por tal motivo, al haberse expedido en
contravía de lo dispuesto en la Carta Política, resulta procedente su inaplicación.

76. La anterior precisión es relevante en la medida que cuando se profirió el acto
acusado la referida resolución rectoral que era su fundamento estaba vigente, pues
solo fue derogada en el año 2012, como se expuso en el marco normativo de esta
providencia.

77. Así las cosas, le asiste razón al Tribunal al haber declarado la nulidad de los
actos acusados, toda vez que se profirieron sin competencia, comoquiera que, la
Universidad de Antioquia no tenía la facultad legal ni constitucional para reconocer, en
todo o en parte, pensión alguna a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, ni asumir obligación alguna en forma de subrogación;
máxime cuando adoptó tal decisión con sustento en un acto administrativo contrario a
la Constitución Política, como se ha indicado en anteriores oportunidades.

3.6. Conclusión de la decisión

78. A partir del régimen pensional de los servidores públicos con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se concluye que la Universidad de Antioquia
carecía de competencia para asumir el pago de las diferencias de las mesadas
pensionales a favor de la accionada, entre lo que consideraba la institución de
educación superior debía pagarse a la pensionada de incluirse todos los factores
salariales devengados en el IBL, y lo que pagaba el ISS por dicho concepto.

79. Por tal motivo se confirmará la sentencia que acertadamente accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, aunque aquella se adicionará en el
sentido de inaplicar por inconstitucional la Resolución rectoral 12094 de 1999 expedida
por la Universidad de Antioquia, debido a que el Tribunal no efectuó un
pronunciamiento expreso sobre el particular.

3.7. Costas

80. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario37 de la

37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
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Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

81. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en
curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones
expuestas en las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, en el sentido de inaplicar
por inconstitucional la Resolución rectoral 12094 de 1999 expedida por la Universidad
de Antioquia, por las razones expuesta en esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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