Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00200-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00200-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2022-00200-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
28 de abril de 2022
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Radicado: 05001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Gloria María Ortiz Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Gloria María Ortiz Gómez
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y otros
Temas: Tutela para impedir provisión del empleo por lista de elegibles y/o
lograr la reubicación en un cargo por existencia de una estabilidad
laboral reforzada.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala las impugnaciones presentadas contra la sentencia de tutela del 16 de
febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que amparó
los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la
seguridad social de la accionante.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 Constitucional, la señora
Gloria María Ortiz Gómez, quien actúa en nombre propio, promovió demanda contra
el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Medellín y Antioquia, en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la
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Demandante: Gloria María Ortiz Gómez
estabilidad laboral reforzada, a su condición de prepensionada, al trabajo, a la vida
digna, a la seguridad social, al mínimo vital y al perjuicio irremediable, y como
consecuencia de lo anterior, que se ordene lo siguiente:
Se ordene a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, y al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, dirigido por el
doctor Germán Jaramillo Londoño, en calidad de juez coordinador, abstenerse de
efectuar nombramiento alguno para ocupar el cargo de asistente administrativo del
Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Medellín y Antioquia, o en caso de que hubiere realizado algún nombramiento para
proveer dicho empleo, con base a la lista de elegibles, suspenda los efectos del acto
administrativo citado y las actuaciones que como consecuencia de esta determinación
se suspendan del mismo, tales como: comunicaciones, aceptación, posesión,
nombramientos, etc., y mantener vigente mi vinculación laboral con la Rama judicial,
en las condiciones actuales hasta tanto sea incluida en nómina de pensionados o me
ubiquen en un cargo de igual jerarquía.
Se ordene la vinculación al presente trámite, a los integrantes de la lista de elegibles
indicados en Acuerdo No. CSJANTA22-4 de enero 7 de 2022, comenzando con William
Felipe Ángulo Bechara y culminando con Juan David Ricaurte Tobón para proveer el
cargo de asistente administrativo del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, para que tengan
conocimiento de la presenta acción constitucional e intervengan en el mismo.
[…] Con base en lo anterior, solicito como medida provisional suspender los efectos
del acto administrativo antes citado y las actuaciones que como consecuencia de esta
determinación se deriven del mismo, tales como: comunicaciones, aceptación,
posesión etc. Lo anterior, en caso de que hubiere realizado algún nombramiento para
proveer dicho empleo, con base a la lista de elegibles, hasta tanto haya un
pronunciamiento de fondo, por el juez constitucional.
Posteriormente, en escrito de adición a la acción de tutela, solicitó lo siguiente:
[…] Vista la situación en la que me encuentro y dado que mi única intención es laborar
como empleada en la Rama Judicial del poder público, solicito se vincule a la Litis al
director de dicha entidad y al Consejo Superior de la Judicatura, ya que la pretensión
que enarbolaré es continuar vinculada a la entidad en cualquier cargo de igual o
mejores condiciones, teniendo en cuenta que cumplo con los requisitos para ser
reubicada, incluso en un cargo superior, por ser abogada titulada con más de 20 años
de experiencia, en caso de considerarse que no puedo continuar en el cargo que
actualmente ocupo, dado el avance del concurso de méritos que se encuentra vigente.
[…] Solicito se ordene a la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial o a la Presidencia
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o a la Presidencia de la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia o, en última
instancia, al funcionario competente, reconocer mi condición de pre pensionada (sic) y,
como consecuencia de lo anterior, decretar mi estabilidad laboral reforzada, a fin de
que se evite la remoción del cargo que actualmente desempeño.
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Demandante: Gloria María Ortiz Gómez
Como pretensión subsidiaria solicito se ordene a los antes mencionad[os], reubicarme
de manera inmediata en uno de los cargos, en igual o superiores condiciones laborales
que estén disponibles para ser provistos en provisionalidad en la Rama Judicial, ya
que, reitero, por ser abogada titulada y contar con más de 20 años de experiencia
relacionada, puedo ocupar cualquier vacante como empleada.
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Desde el 1 de mayo de 2000, se encuentra vinculada a la Rama Judicial del Poder
Público como empleada, en provisionalidad, en distintos cargos adscritos a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquía).
ii) Actualmente, se encuentra desempeñando el cargo de asistente administrativo del
Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Medellín y Antioquia, con apoyo al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín.
iii) La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín se
encuentra adelantando el concurso público de méritos para proveer los cargos,
según convocatoria Seccional n°. 4.
iv) Ha cotizado 1.154.57 semanas y tiene 56 años de edad, por lo que se encuentra
dentro del denominado retén social.
v) Además, es madre cabeza de familia, pues tiene a cargo a su compañero
permanente Jhonny Oswaldo Estrada Quiceno, persona de 55 años de edad y
desempleado y que, por tanto, no aporta a la manutención del hogar, ni cotiza a
pensión; también a sus dos hijas, María Fernanda y María Camila Estrada Ortiz,
quienes cursan estudios universitarios y que no cuentan con recursos propios para
sus gastos; y, además, a su señora madre, Lucila Gómez Estrada, con la que ha
convivido toda la vida, persona de 87 años de edad, quien siempre fue ama de casa,
nunca ha cotizado a pensión, afiliada al régimen subsidiado en salud, y que sufre de
«cardiopatía isquémica con fevi desconocida, Osteoporosis e hipotiroidismo»,
afecciones que requieren de cuidado especial y del suministro de medicamentos y
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Demandante: Gloria María Ortiz Gómez
servicios médicos que en algunas oportunidades debe costear, dada la ineficiencia
del sistema de salud, pues cada tres meses debe ser valorada por médico internista
y por cardiología.
vi) Dado que no cuenta con otro mecanismo para buscar la protección de sus
derechos fundamentales, acude a la acción de tutela como mecanismo excepcional y
a fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
1.1.3.1. La accionante presentó como fundamentos jurídicos de tutela, los siguientes:
i) Para resolver el asunto, deben tenerse en cuenta las sentencias de la Corte
Constitucional C-991 de 2004 y T-802 de 2012, en las que se ha mantenido el criterio
de que la protección del retén social se extiende hasta la liquidación definitiva de la
entidad, así como la sentencia SU-897 de 2012, en la que se conocieron varias
sentencias de tutela en torno a las personas próximas a pensionarse, teniendo como
referencia el artículo 12 de la Ley 790 de 2002.
ii) En diferente jurisprudencia, la Corte ha precisado que tiene la condición de
prepensionado el servidor público «al cual le falten tres (3) o menos años para reunir
los requisitos de edad o tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el
disfrute de la pensión de jubilación o vejez» y que, tal evento, lo convierte en sujeto
de especial protección, en lo que hace relación con la permanencia y estabilidad en
el empleo, siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en la ley.
iii) También ha señalado que la protección especial a los prepensionados no se
circunscribe exclusivamente al retén social, o sea a aquellos casos en que la entidad
pública en donde labora el prepensionado es objeto de reestructuración, fusión o
liquidación en virtud del programa de modernización de la administración pública,
sino que también comprende los casos en que el servidor público se halla nombrado
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Demandante: Gloria María Ortiz Gómez
en provisionalidad en un cargo de carrera, comoquiera que el artículo 121 del
Acuerdo 121 de 2009 estableció la condición suspensiva en que queda sometida la
posibilidad de ofrecer en un concurso de méritos un cargo ocupado en
provisionalidad por un prepensionado.
iv) Y es que tanto el Decreto 3905 de 2009 como el Acuerdo 121 del mismo año,
tienen entre sus propósitos que aquellos empleos que estén siendo desempeñados
por funcionarios provisionales nombrados antes del 24 de septiembre de 2004 y que
tengan la condición de prepensionados, puedan ser identificados y excluidos del
concurso de méritos por estar sometidos a una condición suspensiva, en la medida
en que sólo serán ofertados por la CNSC una vez el servidor cause su respectivo
derecho pensional. Para ello, deberá seguirse el procedimiento previsto para reportar
ante la CNSC los empleos vacantes en forma definitiva provistos de manera
provisional con prepensionados, que señala el artículo 2 del Acuerdo 121 de 2009.
1.1.3.2. En escrito de adición a la demanda de tutela, la accionante presentó los
siguientes argumentos:
i) En el evento de argumentarse por los accionados que la solicitud debió
interponerse antes de la emisión de la lista de elegibles, lo cierto es que la protección
la invoca, justamente, por haberse efectuado el nombramiento en propiedad del
cargo que ostenta, por ser el momento en el que se materializó un perjuicio real,
inminente e inmediato.
ii) En todo caso, es de indicar que ya comunicó su condición a su empleador, Rama
Judicial, que tiene a su cargo la emisión de la decisión de fondo frente a la solicitud
de acoger su derecho a la estabilidad laboral reforzada (reten social).
1.2. Actuación Procesal
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Los empleos reportados ante la CNSC desempeñados por servidores provisionales en condición de
prepensionados que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 3905 de 2009, estarán
sometidos a una condición suspensiva, en la medida en que sólo serán ofertados por la CNSC una vez
el servidor cause su respectivo derecho pensional.
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Demandante: Gloria María Ortiz Gómez
Mediante auto del 4 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya,
admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada, vinculó al trámite
al Consejo Superior de la Judicatura y a las personas que conforman la lista de
candidatos para proveer cargos de asistente administrativo de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, grado 6, código 260101, en la Rama
Judicial Seccional Antioquia (Convocatoria 4, Acuerdo CSJANTA22-4 del 7 de enero de
2022, emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia); ordenó
notificar a la accionante, a los accionados, y a los vinculados; y dispuso oficiar al
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que, en el término de 2 días,
contados a partir de la notificación del proveído, informara si los cargos de asistente
administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad,
grado 6, código 260101, en la Rama Judicial Seccional Antioquia, se encontraban
ocupados en propiedad o en provisionalidad.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, por intermedio de la directora Claudia M. Granados R., solicitó
desvincular a la entidad del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva y
rechazar por improcedente la acción de tutela o negar el amparo deprecado.
Argumentó lo siguiente:
i) La especial protección denominada retén social fue reglamentada por el Gobierno
Nacional mediante la Ley 790 de 2002, en el proceso de modernización de las
entidades que integran la Rama Ejecutiva del poder público; situación fáctica y
jurídica diferente al caso que nos ocupa, puesto que, en este, se trata de un cargo
correspondiente a la Rama Judicial que no se encuentra en un proceso de
modernización o reestructuración, sino en el desarrollo normal de su provisión por los
mecanismos legalmente provistos.
ii) Tal como lo expresó la Corte Constitucional, al declarar la inexequibilidad parcial
del artículo 193 de la ley 270 de 1996, la designación en provisionalidad, sin importar
el tiempo de duración en dicha calidad, no origina derecho alguno frente a quien
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concursó y ocupó el primer lugar. Por tanto, el hecho de que la accionante esté
ocupando en provisionalidad el cargo de asistente administrativo del Centro de
Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín y Antioquia no le otorga derechos de carrera sobre este cargo.
iii) De conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la Ley 270 de 1996 y el
Acuerdo PSAA08-4856 de 2008, corresponde a los Consejos Seccionales de la
Judicatura, como administradores de la carrera judicial en su respectivo distrito,
publicar las vacantes que reportan los nominadores e integrar la lista de elegibles de
los cargos de empleados que deben proveerse por el sistema de carrera judicial; y,
conforme al artículo 131-8 de la Ley 270 de 1996, compete al nominador, decidir si
procede a nombrar en propiedad al primero de la lista de elegibles o conceder
protección laboral reforzada de un servidor nombrado en provisionalidad y su término
de duración, si se dan las condiciones para ello.
1.3.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por intermedio del
presidente, Francisco Rafael Arcieri Saldarriaga, solicitó negar las pretensiones de
tutela, en atención a lo siguiente:
i) La corporación no ha vulnerado ningún derecho fundamental, puesto que no ha
intervenido ni ha emitido ningún acto administrativo frente al nombramiento y/o
desvinculación de la señora Gloria María Ortiz Gómez.
ii) El Consejo Seccional de la Judicatura no es nominador de los empleados de los
despachos judiciales y, por tanto, carece de competencias frente a las gestiones
administrativas adelantadas ante estos. Es al nominador a quien le compete resolver
sobre el reconocimiento a la estabilidad laboral reforzada de un empleado.
1.3.3. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, a través del juez
coordinador Germán Jaramillo Londoño, solicitó no acceder a lo pretendido por la
accionante y vincular al trámite a la totalidad de los jueces de ejecución de penas de
Medellín y Antioquia, en su calidad de nominadores de los empleados del Centro de
Servicios, dado lo siguiente:
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i) El 17 de enero de 2022, se allegó al Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, el
Acuerdo CSJANTA22-4 del 7 de enero hogaño, mediante el cual el Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia conformó la lista de elegibles para proveer los cargos
de asistente administrativo, grado 6.
ii) El 31 de enero de 2022, en reunión plenaria de los jueces de ejecución de penas y
medidas de seguridad de Medellín y Antioquia, a la que también compareció el
presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, se procedió al
nombramiento de los integrantes de la lista de aspirantes al cargo de asistente
administrativo, grado 6, de acuerdo con el orden establecido en el listado de
elegibles y a las vacantes existentes en la dependencia.
iii) El 1 de febrero de 2022, la señora Gloria María Ortiz Gómez presentó derecho de
petición en el que solicitó su inclusión en el retén social, así como su estabilidad
laboral reforzada, hasta tanto Colpensiones emitiera la resolución para el pago de su
pensión de vejez. Conviene advertir que el Centro de Servicios aún se encuentra
dentro del término legal para dar respuesta a la petición.
iv) Para la fecha del nombramiento de los aspirantes al cargo de asistente
administrativo del Centro de Servicios no se conocía de impedimento, situación o
condición que llevara a suspender tal actuación, con lo cual se evidencia que el
actuar de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín y
Antioquia se encuentra ajustado a derecho.
v) Se desconoce la calidad de madre cabeza de familia que afirma tener la señora
Gloria María Ortíz Gómez en el escrito de adición a la tutela, ni tampoco se tiene
certeza, más allá de lo afirmado por esta, del cumplimiento de los requisitos para
estar amparada por la figura del retén social y del tiempo que le falta para acceder a
la pensión de vejez.
vi) En su condición de juez coordinador del Centro de Servicios, considera que la
pretensión elevada por la señora Gloria María Ortiz Gómez debió dirigirse ante el
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Consejo Seccional de la Judicatura, previo a la expedición del Acuerdo CSJANTA22-4,
por ser el encargado del concurso de méritos y proveedor de la lista de aspirantes.
1.3.4. Uver A. Marín González, en calidad de candidato que optó por sede para ser
nombrado en el cargo de asistente administrativo, grado 6, en el Centro de Servicios
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia, rindió informe en los siguientes términos:
i) El 1 de diciembre de 2021, luego de quedar en firme la lista de elegibles para el
cargo, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia presentó a los elegibles las
opciones de sede disponibles para la escogencia del puesto.
ii) El 2 de diciembre de 2021, a través del correo electrónico habilitado para ello,
presentó como opciones de sede el Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Antioquia y el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia. En el primero, quedó en la
posición 1, y en el segundo, en la posición 11.
iii) El 7 de enero de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura emitió el Acuerdo
CSJANTA22-4, en el que se estableció el orden de la lista para que los nominadores
procedieren a nombrar en propiedad a los candidatos que ganaron el concurso y
optaron, en el término establecido para ello, por las sedes ofertadas.
iv) Al momento en que se optó por las sedes vacantes en la Secretaría del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y Antioquia desconocía que existía, en esa oficina, un sujeto
de especial protección constitucional, ya que si hubiera tenido conocimiento de ello,
habría optado por otra sede donde no se enarbolara este argumento.
v) Los hechos narrados por la actora no le constan, por lo que deben ser analizados,
a fin de determinar si en su caso procede o no el denominado reten social. En todo
caso, si la accionante cumple con los requisitos de ley para ser considerada como
prepensionada y madre cabeza de familia, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia debe garantizar su permanencia en la Rama Judicial en un puesto similar o
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equivalente del que venía ocupando, hasta que ingrese a nómina de pensionados,
mas no en los cargos que ya se ofertaron, más aun, cuando de manera informal, ya
se conoce que los jueces hicieron el respectivo nombramiento en esos puestos, los
cuales están en proceso de comunicación a los candidatos.
1.4. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 16 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, amparó los derechos fundamentales al
trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social invocados por la señora Gloria
María Ortiz Gómez y, en consecuencia, ordenó al Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín y Antioquia, a través del juez coordinador, analizar la situación en concreto
de la señora Gloria María Ortiz Gómez y, de contar con un margen de maniobra, sea
esta la última en ser removida del cargo de asistente administrativo, grado 6, siempre
que no exista otra persona que en consideración de los nominadores acredite un
mayor grado de vulnerabilidad y necesidad de protección de sus derechos en el
Centro de Servicios; y advirtió que la señora Ortiz Gómez cuenta con estabilidad
laboral relativa, razón por la cual no goza de un derecho indefinido a permanecer en
el cargo de carrera. Argumentó lo siguiente:
i) Conforme a lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-003 de
2018, la condición de prepensionable la acreditan las personas vinculadas
laboralmente al sector público o privado, que dentro de los 3 años siguientes están
próximas acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez y
consolidar su derecho a la pensión.
ii) Dado lo anterior, la accionante se encuentra bajo amparo de protección
constitucional, en calidad de prepensionada, por cuanto adquirirá su estatus
pensional dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que fue ofertado el cargo que
viene desempeñando como asistente administrativa, grado 6, del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín Antioquia, esto es, el 7 de enero de 2022.
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iii) De otro lado, se tiene que los servidores públicos que ocupan en provisionalidad
un cargo de carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa, por lo tanto, su
desvinculación, por provisión de la plaza con una persona que ganó el concurso, no
desconoce sus derechos, pues precisamente la estabilidad laboral relativa cede
frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron el concurso de méritos.
iv) Comoquiera que en el caso existe una colisión de derechos fundamentales, esto
es, la estabilidad laboral reforzada de la accionante como empleada prepensionada,
y el derecho de acceso por carrera de las personas que conforman el registro de
elegibles para proveer el cargo, debe aplicarse lo previsto por la Corte Constitucional
en la sentencia T-595 de 2016, esto es, realizarse una interpretación armónica entre
los derechos de los servidores públicos próximos a pensionarse y las reglas de la
carrera administrativa, a fin de generar medios que permitan proteger a las personas
en condiciones especiales, en orden a ser las últimas en ser desvinculadas.
v) Así las cosas, con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos
fundamentales de la actora, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, dirigido por el juez
coordinador, debe otorgarle un trato preferencial antes de realizar el nombramiento
de quienes son titulares de la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos,
con el propósito de que sea la última en ser desvinculada de su cargo, siempre que
no exista una persona con mejor derecho o que se acrediten condiciones de mayor
vulnerabilidad que ameriten protección constitucional, por cuanto no gozan de un
derecho indefinido a permanecer en el cargo de carrera.
1.5. Impugnación
1.5.1. La accionante, señora Gloria María Ortiz Gómez, impugnó la decisión de
primera instancia, en orden a que se revoque y, en su lugar, se extienda la orden
judicial a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia, y se ordene a los jueces de ejecución de penas y medidas
de seguridad que no continúen haciendo nombramientos en el cargo que
actualmente ostenta, hasta tanto obtenga su pensión de vejez. Para dichos efectos
argumenta lo siguiente:
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i) Si bien es cierto en la sentencia se concedió el amparo de los derechos
fundamentales vulnerados, lo allí consignado no se concatena con las pretensiones
elevadas en el libelo y, además, la orden emanada fue ambigua y propensa a
interpretaciones que pueden resultarle desfavorable.
ii) En el escrito de ampliación de tutela se estableció la necesidad de vincular al
trámite al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y a los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín y Antioquia, por
ser su empleador, la Rama Judicial del Poder Público.
iii) El a quo no valoró lo atinente a la vinculación que se debía hacer a los entes
enunciados, los cuales podrían ser destinatarios directos de una orden de protección
de mayor efectividad, por disponer de los medios para brindar la protección que
demanda frente a su calidad de trabajadora prepensionada. Al Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia, para que no publique como vacante a elegir el cargo que
a la fecha ocupa en provisionalidad, mientras cumple con el tiempo necesario para
acceder a su pensión de vejez, y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
para que, en caso de ser separada de su actual cargo, realice las gestiones
necesarias para su reubicación inmediata en uno de iguales o mejores condiciones
dentro de la Rama Judicial.
iv) Frente a la provisión de cargos de la lista de elegibles y la protección especial de
las personas en condiciones de estabilidad laboral reforzada, como sería su caso, la
Corte Constitucional en sentencia T-373 de 2017 reafirmó que los servidores
públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera gozan de una estabilidad
laboral relativa, lo que implica que, únicamente, pueden ser removidos por causas
legales que obran como razones objetivas, que deben expresarse claramente en el
acto de desvinculación, dentro de las que se encuentra la provisión del cargo que
ocupaban con una persona de la lista de elegibles.
v) Por lo anterior, antes de procederse al nombramiento de quienes superaron el
concurso de méritos, las personas en condiciones de estabilidad laboral reforzada
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han de ser las últimas en removerse y, en todo caso, en la medida de las
posibilidades, deberán vincularse nuevamente en forma provisional en cargos
vacantes de igual jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando, siempre y
cuando demuestren una de esas condiciones especiales al momento de su
desvinculación y del posible nombramiento.
vi) En ese orden, al no extenderse la orden ni al Consejo Superior de la Judicatura, ni
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ni al Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, se le negó la posibilidad de acceder a una eventual
reubicación, ya que en el evento de que los jueces de ejecución de penas no cuenten
con un margen de maniobra que haga extensiva su permanencia en el cargo, el
amparo fenece en dicho punto.
vii) Es difícil interpretar la orden dada a los jueces de ejecución de penas, en lo que
respecta a realizar maniobras de protección, de modo tal que sea la última persona
en salir del cargo, pues no se les indicó la manera en que lo deberían hacer. Al no
emitir una medida protectora real, eficiente y extendida a la totalidad de los entes
accionados, quienes son los que realmente manejan las vacantes que surgen en la
entidad y vigilan la provisión de cargos por parte de los nominadores, no se advierten
realmente protegidos sus derechos fundamentales.
1.5.2. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, solicitó la nulidad de lo actuado en
el proceso y también impugnó la decisión de primera instancia. Indicó lo siguiente:
i) Se solicita la nulidad de lo actuado en el trámite, al no vincularse a la acción a la
totalidad de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín y
Antioquia, en su calidad de nominadores de los empleados del Centro de Servicios.
ii) Ahora, frente a los hechos que dan lugar a la impugnación, se advierte que, en el
trámite de nominación y posesión de los empleados enlistados en el Acuerdo
CSJANTA22-4 del 7 de enero de 2022, para el cargo de asistente administrativo, grado
6, el Centro de Servicios Administrativos ha actuado conforme a la ley y en estricto
cumplimiento de los términos procesales.
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iii) El día 31 de enero 2022, se emitió el Acto Administrativo 026, mediante el cual se
nombró, en el orden que prevé el Acuerdo CSJANTA22-4, a los diez empleados que
ocuparon igual número de vacantes en el Centro de Servicios, estando, a la fecha,
todos notificados y, algunos, ya posesionados. Cabe advertir, que en el citado acto
administrativo y para una mayor claridad se indicó de manera precisa cómo se
asignarían los cargos, señalando el empleado saliente.
iv) Comoquiera que la situación descrita fue anterior a la interposición de la acción de
tutela, que ocurrió el 2 de febrero de 2022, no existe margen de maniobra para el
Centro de Servicios, ya que los términos procesales ahora corren en favor de los
interesados, sin que sea posible limitar, condicionar o suspender el derecho de
quienes ganaron el concurso y se encuentran inscritos en la lista de elegibles.
v) El fallo que se profiera dentro del presente trámite deberá hacerse extensivo al
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, como encargado de proveer las
listas de aspirantes, toda vez que el citado órgano administrativo sí cuenta con
capacidad de maniobra para mantener la estabilidad laboral de la accionante.
1.6. Otros trámites
1.6.1. Mediante auto del 23 de febrero del 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Decisión de Oralidad, negó la solicitud de nulidad
propuesta por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, bajo el sustento de que,
si bien, en la decisión de efectuar los nombramientos de los empleados del Centro de
Servicios concurren diversas voluntades, en este caso, la de todos los jueces que se
beneficiarían de los cargos que se nombran, dicha voluntad se manifiesta a través de
actos administrativos firmados por el juez coordinador en representación del Centro
de Servicios, el cual se encuentra facultado para actuar en la acción de tutela,
comoquiera que el nombramiento recayó en empleados de dicho Centro, aunque
eventualmente puedan adscribirse a un determinado despacho por efectos de
organización del trabajo, de forma que, en el asunto, no se encontraba afectada
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ninguna garantía procesal; y, asimismo, concedió la impugnación interpuesta tanto
por la accionante como por la accionada contra la sentencia de primera instancia.
1.6.2. Mediante auto del 28 de marzo de 2022, el despacho del consejero Rafael
Francisco Suárez Vargas requirió al Centro de Servicios Administrativos para los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia
para que i) remitiera copia de la respuesta dada a la petición del 1 de febrero de
2022, presentada por la señora Gloria María Ortiz Gómez en la que solicitó el
reconocimiento de su calidad de prepensionada y por tanto, su estabilidad laboral
reforzada en el cargo que ocupa, hasta tanto Colpensiones emitiera la resolución
para el pago de su pensión de vejez; e ii) informara si, actualmente, la señora Gloria
María Ortiz Gómez se encontraba vinculada o desvinculada del cargo de asistente
administrativo, grado 6, del Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, con apoyo al
Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, o si
había sido reubicada en otro cargo de igual o superior categoría.
De igual forma, requirió al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que
i) informara si el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia le comunicó de la
condición de prepensionada de la señora Gloria María Ortiz Gómez, y con ello, le
solicitó su reubicación en otro cargo de igual o superior categoría al que desempeña,
caso en el cual debería dar cuenta del trámite dado a la solicitud; y ii) si la accionante
realizó alguna petición ante su despacho, en orden a lograr su reubicación en otro
cargo de igual o superior categoría al que desempeña, atendiendo a su condición de
prepensionada, caso en el cual debería aportar copia de la respuesta ofrecida.
1.6.3. El 8 de abril de 2022, el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia remitió copia
de la respuesta dada a la petición del 1 de febrero de 2022 e informó que la
accionante se encontraba vinculada al cargo de asistente administrativo, grado 6, en
el Centro de Servicios; que se han expedido las Resoluciones 61 A del 01/03/2022, y
101 del 06/04/2022, a efectos de que la mencionada sea la última persona en ser
desplazada del cargo; y que, en la actualidad, un asistente administrativo, grado 6,
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del Centro de Servicios, que ostentaba el cargo en propiedad, presentó la renuncia al
empleo, manifestación que fue aceptada mediante Resolución 099 del 5 de abril de
2022, la cual es susceptible de ser recurrida hasta el 21 de abril de 2022, inclusive,
por lo que, hasta el momento, el puesto se encuentraba cesante y quedaría vacante
a partir de la firmeza de la resolución administrativa que aceptó la renuncia.
1.6.4. El 8 de abril de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
certificó que revisado el sistema de gestión de correspondencia, utilizado por los
Consejos Seccionales de la Judicatura, no se encontró registro que el Centro de
Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y Antioquia haya comunicado a la corporación de la condición
de prepensionada de la señora Gloria María Ortiz Gómez, y con ello, haya solicitado
su reubicación en otro cargo de igual o superior categoría al que desempeña, ni
tampoco se encontró registro de petición de la señora Gloria María Ortiz Gómez, en
condición de prepensionada, dirigida a la corporación, en orden a lograr su
reubicación en otro cargo de igual o superior categoría al que desempeña.
1.6.5. El 8 de abril de 2022, la señora Gloria María Ortiz Gómez informó que,
actualmente, se encuentra desempeñando el cargo de asistente administrativo,
grado 6, en el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Medellín y Antioquia; que, aunque en el Centro de Servicios se han
dado vacantes definitivas de escribiente y citador, dado que empleados han
renunciado a la propiedad o han solicitado traslado horizontal para tomarlas en otros
despachos en cargos superiores u otra especialidad, no la han tenido en cuenta para
reubicarla en esos puestos, sino que han nombrado a otras personas que no cuentan
con estabilidad laboral reforzada, ni tampoco con condiciones de mayor
vulnerabilidad, desconociendo así, la posibilidad de maniobra para reubicarla y
garantizar su estabilidad laboral hasta tanto Colpensiones le notifique sobre la
resolución de pensión. Asimismo, reiteró que su pretensión siempre ha sido la de
lograr su reubicación en el mismo cargo u en otro de mayor jerarquía, por contar con
los requisitos de ley.
2. Consideraciones
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2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente» esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Unitaria de Decisión de Oralidad.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, si en el caso es procedente amparar los derechos
fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social de la señora
Gloria María Ortiz Gómez, en atención a su condición de prepensionada, y así
impedir la provisión del empleo que desempeña en provisionalidad u ordenar su
reubicación en un cargo con iguales características, hasta tanto le sea reconocida su
pensión de vejez.
2.3. De la procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y que
se caracteriza por ser residual y subsidiaria, ya que el ordenamiento jurídico ha
establecido diversas acciones ordinarias encaminadas, igualmente, a la defensa de
derechos que no se pueden pasar por alto.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1.º, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que: «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando estrictamente el
carácter subsidiario y residual de la acción.2
Quiere decir lo anterior que la acción de amparo solo tiene lugar cuando dentro de
los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado, o cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.
De no tenerse en cuenta dichos parámetros el juez constitucional desconocería el
principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del
ordenamiento jurídico.
2.4. Sobre la estabilidad laboral reforzada o retén social 3
Con la expedición de la Ley 790 de 20024 se buscó renovar y modernizar la
estructura de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y por ello se ordenó la
liquidación o fusión de algunas entidades públicas, situación que ocasionó el retiro de
servidores públicos por razón de la modificación de las plantas de personal de las
distintas entidades. Por tal razón, la norma creó una «protección especial» para
aquellos que se encontraran en una situación diferencial. Esto señaló:
Artículo 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el
Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de
Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa
económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los
servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para
disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a
partir de la promulgación de la presente ley.5
2
Sentencias T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006, T-074 de 2009, T-954
de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 2011, T-890 de 2011, T-205 de 2012 y T-030 de 2015, entre otras.
3
Marco normativo y jurisprudencial tomado de la sentencia del 16 de septiembre de 2021, proferida
por Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Rafael Francisco Suárez
Vargas, dentro del expediente radicado 25000-23-42-000-2018-00347-01 (2590-20).
4
«Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración
pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República».
5
Texto subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-044 de 2004,
en el entendido de que la protección debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma
situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que
pertenecen.
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Bajo tal panorama, los servidores públicos que cumplieran con la totalidad de los
requisitos para acceder a la pensión de vejez dentro de los 3 años siguientes a su
promulgación, no podían ser retirados del servicio, puesto que debía protegerse su
derecho pensional, evitando que quedaran cesantes laboralmente.
Aunque, en principio, el retén social fue concebido exclusivamente para casos en los
que las entidades públicas se encontraban en reestructuración, la jurisprudencia 6 ha
manifestado que esta es solo una de las situaciones en las que debe ser aplicado,
puesto que la prerrogativa en cuestión no se origina en un mandato legal sino que
tiene su fundamento en la Constitución Política de 1991. Al respecto, expresó: 7
Bajo tal entendimiento, la Corte Constitucional ha precisado que el fundamento del
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los «prepensionados» no es un
asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene
raigambre constitucional, es decir, «opera para la satisfacción de los derechos
fundamentales de estos grupos poblacionales que se verían gravemente interferidos por
el retiro del empleo público»; así las cosas, sostuvo que la mencionada estabilidad no
solo es aplicable en los casos que el retiro del cargo se sustenta en su supresión
ante la liquidación de la entidad, o en el marco de los procesos de restructuración
de la Administración Pública (retén social), siendo estos casos, apenas una especie
de mecanismo, dentro de los múltiples que pueden considerarse para garantizar los
derechos fundamentales involucrados por la permanencia en el empleo público de
los servidores próximos a pensionarse. [Resalta la Sala].
Asimismo, la Corte Constitucional afirmó que esta garantía cubre, no solo a los
empleados en carrera administrativa o en provisionalidad, sino también a quienes
ocupan empleos de libre nombramiento y remoción, lo que se fundamentó en la
obligación de brindar un tratamiento igual a aquellos que conforman un grupo de
especial protección como los prepensionados, toda vez que por el tipo de vinculación
no se pierde esta calidad. 8
2.5. Hechos probados
6
Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, radicado
05001 23 33 000 2012 00285 01 (3685-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
8
Sentencia T-862 de 2009.
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De los documentos obrantes en el expediente digital de tutela, la Sala establece lo
siguiente:
i) Mediante el Acuerdo CSJANTA22-4 del 7 de enero de 2022, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia emitió la lista de candidatos para el cargo de asistente
administrativo, grado 6, código 260101, en el Centro de Servicios Administrativos
para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia.
ii) Por Resolución 026 del 31 de enero de 2022, el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín y Antioquia, realizó el nombramiento, en propiedad, de diez personas de la
lista de candidatos establecida para el cargo de asistente administrativo, grado 6,
código 260101, en el Centro de Servicios Administrativos, desplazando en el empleo,
entre otras, a la señora Gloria María Ortiz Gómez, aquí accionante.
iii) La señora Gloria María Ortiz Gómez nació el 16 de agosto de 1965, por lo que,
actualmente, tiene 56 años de edad; y, de acuerdo con el reporte de semanas
cotizadas, emitido por Colpensiones el 24 de octubre de 2021, a la fecha del reporte
había cotizado un total de 1154 semanas.
iv) Según constancia de fecha 1 de febrero de 2022, proferida por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la señora Gloria María Ortiz Gómez ha laborado
con la Rama Judicial, desde el 1 de mayo de 2000 y hasta la fecha de expedición de
la constancia, en calidad de provisional.
2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto
Se impugna en el caso la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, en la que en protección de los derechos fundamentales al
trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social de la señora Gloria María Ortiz
Gómez, ordenó al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, a través del juez
coordinador, analizar la situación de la actora, en orden a que, de contar con un
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margen de maniobra, y siempre que no existiera otra persona que en consideración
de los nominadores acreditara un mayor grado de vulnerabilidad y/o necesidad de
protección de sus derechos, fuera la última persona en ser removida del cargo de
asistente administrativo, grado 6, en el Centro de Servicios.
Alega la accionante, en su impugnación, que la referida orden no protege en forma
efectiva sus derechos fundamentales, puesto que, en el evento de que los jueces de
Ejecución de Penas no cuenten con un margen de maniobra que haga extensiva su
permanencia en el cargo, el amparo fenece en dicho punto; y que, por tanto, debió
extenderse la orden de amparo al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, por ser las autoridades que disponen de los medios para proteger su
calidad de trabajadora prepensionada, ya sea, ordenando la no publicación de la
vacante que ocupa en provisionalidad, mientras cumple con el tiempo necesario para
acceder a su pensión de vejez, o realizando las gestiones necesarias para su
reubicación inmediata en uno de iguales o mejores condiciones dentro de la Rama
Judicial, en caso de ser separada de su actual cargo.
Y, por su parte, el juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia,
que también impugnó la decisión, advierte que, comoquiera que la acción de tutela
fue interpuesta con posterioridad al acto administrativo que nombró a los candidatos
en las 10 vacancias del cargo, no existe margen de maniobra para que el Centro de
Servicios pueda resolver sobre la situación de la accionante, esto es, de que fuera la
última persona en ser removida del cargo; y que, en tal sentido, el fallo proferido
debía hacerse extensivo al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, como
encargado de proveer las listas de aspirantes, por ser el órgano administrativo que
cuenta con la capacidad de maniobra para mantener la estabilidad laboral reforzada
de la señora Gloria María Ortiz Gómez.
Pues bien, sea lo primero advertir que en términos del artículo 86 de la Constitución
Política, la acción de tutela es de naturaleza residual y subsidiaria, lo que quiere decir
que solo procede cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno
resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado, o
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cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el
cual deberá probarse.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1.º, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la acción de tutela que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable», parámetro frente al que el juez constitucional debe
estar muy atento, pues de lo contrario, desconocería el principio de subsidiariedad de
la acción y actuaría en contravía del ordenamiento jurídico.
Sin embargo, entratándose de pretensiones derivadas de una relación laboral,
aunque la Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la acción de
tutela no es el mecanismo judicial adecuado para dirimir tales conflictos, pues la
competencia de ello está radicada en la jurisdicción ordinaria laboral o de lo
contencioso administrativo, según el caso,9 también ha precisado, a modo de
excepción, que a pesar de la existencia de otros medios ordinarios de defensa
judicial, la acción de tutela resulta procedente para reclamar la protección de
personas en condiciones especiales de vulnerabilidad, a saber, «personas que son
madres o padres cabeza de familia, disminuidos físicos y mentales o [aquellos] que
están próximos a pensionarse»;10 por cuanto se estaría ante la configuración de un
perjuicio irremediable o de afección al mínimo vital. 11
Así, con el ánimo de verificar la titularidad del estatus de prepensionada de la
accionante, se torna pertinente recordar que éste se adquiere cuando, al trabajador
le resten tres o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de
servicio o semanas de cotización que lo llevarían a obtener su pensión de
jubilación o vejez.
En ese sentido, estando la accionante vinculada al régimen de prima media con
prestación definida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, a partir del año 2014 el
9
Sentencia T-034 de 2010
10
Sentencia SU-389 de 2005.
11
Sentencia T-223 de 2014
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requisito de edad para acceder a la pensión de vejez corresponde a 57 años para las
mujeres y 62 para los hombres. Asimismo, con base en esa disposición normativa, la
condición del tiempo de cotización a partir del año 2015 se encuentra establecida en
1300 semanas.
De manera que para que a una persona le sea reconocido el beneficio de la
estabilidad laboral por encontrarse próxima a pensionarse, su rango de edad debe
estar entre los 57 años, si es mujer, y entre los 62 años, si es hombre, e incluso
puede ser mayor, pero además, le deben faltar solamente 156 semanas por cotizar,
que corresponden a 3 años.
En el sub judice se observa que la señora Gloria María Ortiz Gómez nació el 16 de
agosto de 1965, por lo que aún no reúne el requisito de edad, ya que actualmente
tiene 56 años de edad, y que para la fecha en la cual Colpensiones emitió el reporte
de semanas cotizadas, 24 de octubre de 2021, registraba 1.154 semanas, esto es, le
faltaban 146 semanas por cotizar. En tal sentido, se tiene que a la accionante le
asiste la condición temporal para acceder a la titularidad de la prepensión y que, en
consecuencia, la ampara la estabilidad laboral que alega.
Ahora bien, la Corte Constitucional al analizar el caso específico de prepensionados,
ha sostenido que se deben proteger los derechos de estas personas cuando su
desvinculación suponga la afectación de su mínimo vital, derivada del hecho de que
su salario y eventual pensión son la fuente de su sustento económico;12 evento que
se satisface en el asunto, pues en el supuesto de que la actora sea desvinculada del
cargo que ocupa en provisionalidad, se estaría vulnerando el derecho al mínimo vital
no solo de ella, al ser su trabajo su única fuente de ingresos, sino el de su señora
madre, persona de 87 años de edad, sin derecho a pensión y afiliada al régimen
subsidiado en salud, por la cual responde económicamente.
Con todo, lo anterior no implica el desconocimiento de los derechos de quienes
participando en el concurso de méritos quedaron en la lista de elegibles. La Corte al
analizar la tensión que se puede presentar entre los derechos fundamentales de un
12
Sentencia T-357 de 2016.
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sujeto con protección de prepensionado y uno con derechos adquiridos mediante un
concurso de méritos ha propendido por una interpretación armónica entre los
derechos de los servidores públicos próximos a pensionarse que ocupan en
provisionalidad un cargo ofertado en un concurso de méritos y las reglas de la
carrera administrativa.
Así, ha señalado que en aquellos casos en los que la administración cuente con un
margen de maniobra en la provisión de empleos en razón de la diferencia entre las
plazas ofertadas y aquellas provistas mediante la lista de elegibles correspondiente,
surge la obligación de garantizar la estabilidad laboral tanto del servidor público
prepensionado como del aspirante al concurso, sin que exista una preferencia
absoluta o incondicionada de los derechos fundamentales de unos sobre los otros. 13
Además, ha referido que en aquellos eventos en los que la administración no posea
margen de maniobra, debe generar medios que permitan proteger a las personas en
condiciones especiales, como los prepensionados, con el propósito de que sean las
últimas en ser desvinculadas de sus cargos, esto, por cuanto no gozan de un
derecho indefinido a permanecer en el cargo de carrera;14 y que, además, procede la
reincorporación en provisionalidad de los servidores públicos próximos a pensionarse
—a un cargo con funciones similares o equivalentes al que ocupaban antes de que la
persona que ganó el concurso de méritos asumiera ese cargo— hasta que adquiera
el estatus de pensionado y sea incorporado de manera efectiva en la nómina de los
pensionados, y solo en caso de existir un cargo vacante en esas condiciones para la
fecha de expedición de la sentencia de tutela.
Se advierte que, a partir del referido criterio, el juez de tutela de primera instancia
amparó el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la accionante,
ordenando al nominador analizar la situación en orden a que de contar con un
margen de maniobra, y siempre que no existiera otra persona que en consideración
de los nominadores acreditara un mayor grado de vulnerabilidad y/o necesidad de
protección de sus derechos, fuera la última persona en ser removida del cargo de
asistente administrativo, grado 6, en el Centro de Servicios.
13
Sentencia T-595 de 2016.
14
Ibidem
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Radicado: 05001-23-33-000-2022-00200-01
Demandante: Gloria María Ortiz Gómez
Tal decisión se hace perfectamente viable y ponderada con la situación de la
accionante, pues su objeto fue la de proteger no solo su estabilidad laboral reforzada,
sino el derecho de quien participó en el concurso de méritos e integró la lista de
elegibles para ser nombrado en el cargo, ello, si se tiene en cuenta que el juez
constitucional no puede limitar y/o impedir la provisión de un empleo por lista de
elegibles; sin embargo, también es cierto que, como lo narra la actora, la orden no
protege en forma efectiva sus derechos, en caso de que el nominador no cuente con
el margen de maniobra para hacer extensiva su permanencia en el cargo.
De hecho ese fue el argumento con el cual el nominador también impugnó la
decisión de primera instancia, ya que, según alega, dado que la acción de tutela fue
interpuesta con posterioridad al acto administrativo que nombró a los candidatos en
las 10 vacancias del cargo, no existe margen de maniobra para que la accionante
fuera la última persona en ser removida del cargo; y que, en tal sentido, la orden
debía hacerse extensiva al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por ser
el órgano administrativo que puede mantener la estabilidad laboral reforzada de la
señora Gloria María Ortiz Gómez.
Pues bien, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 131-8 de la Ley
270 de 1996, el nominador, para el caso de los juzgados, es el respectivo juez, y
que, en esos términos, era obligación de la accionante, al momento de publicarse la
vacante, poner en consideración del titular del despacho judicial su condición de
prepensionada, para que fuera este quien analizara, en primer término, y de acuerdo
con los lineamientos señalados por la Corte Constitucional, la procedencia del
reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada en el asunto.
Sin embargo, lo anterior solo procedió a efectuarlo a través de petición del 1 de
febrero de 2022, esto es, con posterioridad a los nombramientos de los elegibles
para el cargo, lo cual ocurrió mediante la Resolución 026 del 31 de enero de 2022,
cuando el nominador no tenía margen de maniobra, pues como este advirtió en la
impugnación, no les es posible limitar, condicionar o suspender el derecho de
quienes ganaron el concurso y se encuentran inscritos en la lista de elegibles, en
tanto los términos procesales ahora corren en favor de estos.
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Demandante: Gloria María Ortiz Gómez
Con todo, se encuentra que con ocasión del requerimiento efectuado por esta
instancia judicial, en orden a que el nominador diera cuenta de la respuesta dada a la
petición de reconocimiento de la calidad de prepensionada presentada por la
accionante el 1 de febrero de 2020, el Centro de Servicios Administrativos para los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia
informó que la petición se inadmitió por extemporánea, al haberse interpuesto con
posterioridad al nombramiento en propiedad de las personas que superaron el
concurso de méritos y que optaron por ese cargo y sede; pero que, no obstante, en
cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia, se han expedido las
Resoluciones 61A del 1 de marzo de 2022 y 101 del 6 de abril hogaño a efectos de
que la accionante fuera la última persona en ser desplazada del cargo de asistente
administrativo, grado 6, del Centro de Servicios.
A su turno, también dio a conocer que, en la actualidad, un asistente administrativo
grado 6°, que ostentaba el cargo en propiedad, presentó la renuncia al empleo y que
esta le fue aceptada mediante la Resolución 099 del 5 de abril de 2022, por lo que,
en el momento, el puesto se encontraba cesante y quedaría vacante a partir de la
firmeza de la resolución administrativa que aceptó la renuncia.
Entonces, es claro que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, cuando el
nominador es enterado de la situación de prepensionable de uno de sus
colaboradores, debe realizar medidas afirmativas en aras de precaver la protección
del derecho que se le reclama, pues, como se dijo, en términos de lo dispuesto por el
artículo 131-8 de la Ley 270 de 1996, es al nominador a quien le corresponde
reconocer la estabilidad laboral reforzada en el asunto.
De manera que no le asiste razón al nominador al no reconocerle la calidad de
prepensionable a la accionante, pues era de su obligación hacerlo y, en caso de que
no existiera margen de maniobra para mantener la estabilidad laboral, informar de
ello al Consejo Seccional de la Judicatura a efectos de que este adoptara las
gestiones pertinentes para precaver la protección, en aras de que se ordenara su
reubicación en un cargo con iguales características al desempeñado en
provisionalidad, evento que tampoco procedió a realizar.
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Sin embargo, teniendo en cuenta que, según se informa, existe una vacante en el
cargo de asistente administrativo, grado 6°, en el Centro de Servicios Administrativos
para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia, por renuncia de quien ostentaba el cargo en propiedad, debe el Centro de
Servicios, a través del juez coordinador, proceder a reconocer la calidad de
prepensionada de la accionante y a nombrarla en el referido cargo, debiendo reportar
la novedad al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que este proceda
a anotar que sobre la vacancia existe una situación de prepensionada.
Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo del 1 del Acuerdo PCSJA17-
10643 del 14 de febrero de 2017, 15 en el que se prevé que los Consejos Seccionales
de la Judicatura tienen a su cargo adelantar los actos preparatorios, concomitantes y
consiguientes para llevar a cabo los procesos de selección, a saber, la revisión de los
cargos de carrera que deben ser convocados a concurso, la determinación de los
requisitos y perfiles de los cargos, 16 así como la expedición de la respectiva
convocatoria.
Ahora bien, no debe obviarse que el objeto de la protección especial de la
prepensión es logar que ciertamente los sujetos acogidos con esta figura logren
percibir la pensión de vejez a la que tienen derecho, y esto solo se acredita o
perfecciona con la inclusión en nómina pensional, por lo que el amparo debe
extenderse hasta ese momento. Por esta razón, la accionante debe iniciar los
trámites para comenzar a devengar su pensión inmediatamente acredite ambos
requisitos.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala confirmará la sentencia impugnada que
amparó los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral y a la
15
Mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura ordenó a los Consejos Seccionales de la
Judicatura adelantar los procesos de selección para la provisión de los cargos de empleados de
carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios.
16
Previo concepto de Unidad de Administración de la Carrera Judicial y aprobación el Consejo
Superior de la Judicatura
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seguridad social de la accionante y, en consecuencia, de un lado, ordenó al Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y Antioquia, a través del juez coordinador, analizar la situación
en concreto de la señora Gloria María Ortiz Gómez y, de contar con un margen de
maniobra, ser la última en ser removida del cargo de asistente administrativo, grado
6, siempre que no exista otra persona que acredite un mayor grado de vulnerabilidad
y necesidad de protección de sus derechos en el Centro de Servicios; y, de otro lado,
advirtió que la señora Ortiz Gómez cuenta con estabilidad laboral relativa, razón por
la cual no goza de un derecho indefinido a permanecer en el cargo de carrera.
A su turno, adicionará la orden en el sentido de ordenar al nominador proceder a
reconocer la calidad de prepensionable de la actora y a nombrarla en el cargo de
asistente administrativo, grado 6, actualmente vacante, debiendo reportar la novedad
al Consejo Seccional para que este proceda a anotar que sobre la vacancia existe
una situación de prepensionada; y conminar a la accionante, para que una vez
acredite los requisitos exigidos para que sea reconocida su pensión de vejez,
proceda a iniciar de manera inmediata los trámites correspondientes para comenzar
a devengarla, es decir, para estar incluida en nómina de pensionados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 16 de febrero de 2022, por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, de acuerdo con lo
expuesto en este proveído.
Segundo. Adicionar la sentencia del 16 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, en el siguiente sentido:
ordenar al Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, a través del juez
coordinador, que en el término de 48 horas, proceda a reconocer la calidad de
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prepensionada de la señora Gloria María Ortiz Gómez y a nombrarla en el cargo de
asistente administrativo, grado 6, actualmente vacante, debiendo reportar la novedad
al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que este proceda a anotar
que sobre la vacancia existe una situación de prepensionada; y conminar a la
señora Gloria María Ortiz Gómez para que una vez acredite los requisitos exigidos
para que sea reconocida su pensión de vejez, proceda a iniciar de manera inmediata
los trámites correspondientes para comenzar a devengarla, es decir, para estar
incluida en nómina de pensionados.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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