RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2013-05097-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05097-02

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05097-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 42 Al respecto ver providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2017. Exp. 25000-23-42-000-2012-00828-01 (0595-2014). C.P. William Hernández Gómez. En esta se afirmó que: «[…] [sobre la extinción de la protección en el tiempo para los servidores de libre nombramiento y remoción], es decir el lapso durante el cual es posible mantener la protección de estabilidad reforzada para las personas próximas a pensionarse, la jurisprudencia ha desarrollado un criterio uniforme aplicable a todos los grupos protegidos por la Ley 790 de 2002 (madres y padres cabeza de familia, discapacitados y prepensionados), consistente en que dicha protección solamente puede ser sostenida durante el tiempo por el cual se prolongue el proceso de liquidación, y hasta la extinción material y jurídica de la entidad sometida a dicho proceso [...]» (Líneas intencionales). 43 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020) PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual negó las pretensiones. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la parte recurrente según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como apoderada del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones a la abogada Luisa Fernanda Cuellar Cogollo, portadora de la tarjeta profesional 338.864, de conformidad con el poder que obra en el índice 38 de SAMAI. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como apoderado del Fondo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones al abogado Carlos David Pérez Moreno, portador de la tarjeta profesional 256.170, de conformidad con el poder que obra en el índice 32 de SAMAI. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-05097-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)
Demandante: José Enoc Cano Mora
Demandadas: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones –
Fondo de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, Departamento Administrativo de la
Presidencia (DAPRE) Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. (Fiduagraria S.A.) en representación del
Patrimonio Autónomo de Remanentes de la extinta Comisión
Nacional de Televisión, Patrimonio Autónomo de Remanentes
de la Autoridad Nacional de Televisión Liquidada (ANTV),
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Agencia
Nacional del Espectro (ANE), y Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC).

Temas: Supresión de un empleo de la CNTV por liquidación de la
entidad. Los servidores de libre nombramiento y remoción, por
regla general no tienen estabilidad laboral reforzada. Fuero de
salud y prepensionado solo aplica de manera excepcional hasta
la fecha que confluya una causa objetiva para el retiro como la
fecha de terminación del proceso de liquidación. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual negó las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor José Enoc Cano Mora instauró demanda,1 entre otros, contra la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria S.A.), en representación del

1 Folios 47 a 62, C1.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

Patrimonio Autónomo de Remanentes –PAR- de la extinta Comisión Nacional de
Televisión, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 985
del 15 de febrero de 2013, por medio de la cual la entonces Comisión Nacional de
Televisión (CNTV) declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de
asesor II, grado 15 de su planta de personal; y ii) Resolución 1088 del 7 de marzo
de 2013 con la que se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto
contra la anterior decisión.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se reintegre al accionante al empleo
que ocupaba, o a otro de igual o superior categoría en cualquiera de las entidades
que asumieron las funciones de la mencionada autoridad liquidada, donde exista
identidad de plazas o funciones a las desempeñadas por este.

Que reconozcan y paguen de manera indexada los salarios y prestaciones dejados
de percibir desde el día en que fue retirado del servicio hasta el de su reintegro, y
que durante tal período se considere que no hubo solución de continuidad.

Que, subsidiariamente, en el evento en que el reclamante no pueda reincorporarse
a alguna de las entidades demandadas, se le pague una indemnización por
concepto de perjuicios materiales, morales y de vida de relación causados, junto
con el reconocimiento de los intereses bancarios a la tasa más alta del mercado.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor José Enoc Cano Mora fue nombrado por la extinta Comisión Nacional
de Televisión, en virtud de la Resolución 223 del 26 de junio de 1997, en el cargo
de jefe de división de asuntos internacionales, grado 18. Que, esta posición la ocupó
hasta el 8 de octubre de 1998 cuando la entidad le indicó que se había suprimido
dicha plaza.

Que interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicha
decisión, la cual fue tramitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el
proceso con radicado 1999-1975, quien a través de sentencia del 29 de enero de
2004 ordenó a la mencionada autoridad reintegrarlo, lo cual cumplió mediante la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

Resolución 396 del 17 de abril de 2008 cuando lo designó asesor II de la
Subdirección de Recursos Humanos.

Que con la Resolución 980 del 13 de agosto de 2008 fue trasladado al cargo de
asesor II de la Oficina de Regulación de la Competencia, donde cumplió funciones
relativas al asesoramiento en temas de la industria de la televisión para el
fortalecimiento de su consolidación, así como para recomendar al jefe de la oficina
de regulación sobre las sanciones a imponer o los archivos a decretar en las
investigaciones administrativas sancionatorias bajo su conocimiento.

Que la CNTV fue liquidada y sus funciones y responsabilidades fueron asumidas
por entidades como la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones – Fondo de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, por el Departamento
Administrativo de la Presidencia (DAPRE), la Autoridad Nacional de Televisión
(ANTV), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Agencia Nacional
del Espectro (ANE), y por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Que, durante el proceso de liquidación de la mencionada comisión, el accionante
informó que padecía de glaucoma crónico de ángulo abierto en ambos ojos, para lo
cual aportó el diagnóstico del médico oftalmólogo de su EPS, razón por la cual fue
incluido en el retén social de la institución.

Que, además, tenía la calidad de prepensionado, ya que había acumulado más de
33 años de servicio y ya contaba con la edad para obtener la pensión de jubilación.

Que, en virtud de la Resolución 985 del 15 de febrero de 2013, el liquidador de la
Comisión Nacional de Televisión declaró insubsistente el nombramiento del
reclamante en el cargo de asesor II, grado 15, con efectividad a partir del 10 de abril
del mismo año.

Que el demandante interpuso recurso de reposición contra dicha decisión al
asegurar que su plaza no era de libre nombramiento y remoción, sino que era un
cargo de carrera administrativa según el artículo 15 de la Ley 182 de 1995. Que
mediante Resolución 1088 del 7 de marzo de 2013 se confirmó el acto inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 1, 2,
4, 13, 23, 25, 29, 39, 53, 54, 55, 58, 77, 83, 90, 113, 123, 124, 125, 189 y 209 de la
Constitución Política; así como las Leyes 361 de 1997, 909 de 2004, 1444 de 2011
y 1507 de 2012.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

Que no hay evidencia con la que se demuestre que previamente a la supresión del
cargo que ocupaba el accionante, se haya adelantado algún trámite por parte de la
entidad empleadora a fin de conseguir su incorporación en alguno de los empleos
necesarios para culminar el proceso liquidatorio. Que tampoco se observa que se
haya trabajado coordinadamente durante el empalme con las entidades que
asumieron las funciones de la CNTV, para propiciar la designación del actor en sus
plantas de personal, las cuales debían crearse o adaptarse para asumir las nuevas
competencias que les correspondía.

Que en el caso del reclamante ha habido total indiferencia de los responsables de
la reubicación y de la protección de su estabilidad laboral, a pesar de existir
evidentes similitudes que colocan su situación en estado de igualdad frente a los
funcionarios de carrera, e incluso en mejores condiciones de derecho que las de los
servidores de libre nombramiento y remoción que fueron protegidos en los procesos
de liquidación de la entonces Comisión Nacional de Televisión.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 24 de enero de 2014 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a las diferentes
entidades de la parte accionada.

La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público3 señaló que, de acuerdo
con las pruebas que obran dentro del expediente, se concluye que esta cartera no
tuvo ningún tipo de relación con el demandante, y que, por ende, no participó en la
expedición de los actos administrativos expedidos por la CNTV en liquidación. Que
la vinculación de esta autoridad se dio por una indebida interpretación que hace el
actor de la Ley 1507 de 2012, respecto de la cual, con motivo de la terminación de
la mencionada comisión, este derivó una solidaridad o una obligación exigible que
no consagró la citada norma.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva por inexistencia de relación entre el demandante y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, (ii) inexistencia de obligación, (iii) falta de agotamiento
de la vía gubernativa respecto de este ministerio, (iv) falta de competencia del
ministerio desde el punto de vista presupuestal para responder por las pretensiones
de la demanda, (v) prescripción, y (vi) genérica.

La Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República4
manifestó que, no fue esta autoridad la que suprimió el empleo del reclamante, ni
llevó a cabo su desvinculación de la planta de personal de la extinta CNTV, razón

2 Folios 76 a 77, C1
3 Folios 113 a 121, C1.
4 Folios 122 a 125, C1.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

por la cual no se le podría obligar al reintegro al ejercicio de sus funciones, en el
hipotético caso de que prosperaran sus pretensiones.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) ineptitud sustantiva de la
demanda por falta de legitimación por pasiva, (ii) ineptitud sustantiva de la demanda
por indebida representación, e (iii) inexistencia de responsabilidad legal.

La Autoridad Nacional de Televisión5 afirmó que del material probatorio se
desprende que los actos administrativos expedidos por la Comisión Nacional de
Televisión gozan de plena validez, pues tales decisiones obedecieron al
procedimiento de desvinculación surtido conforme a derecho, destacándose que el
demandante ocupaba un cargo de "libre nombramiento y remoción", por lo que no
operaba la incorporación por tratarse de un derecho aplicable exclusivamente para
los empleados de carrera administrativa. Que, en todo caso, quien asumió las
obligaciones de dicha entidad fue el Patrimonio Autónomo de Remanentes
administrado por Fiduagraria S.A.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva, (ii) caducidad, (iii) potestad discrecional autorizada para desvincular
empleados de libre nombramiento y remoción, (iv) ausencia de ilegalidad de los
actos acusados, y (v) genérica.

La Agencia Nacional del Espectro6 aseguró que no puede establecerse
responsabilidad alguna en dicha agencia, ni de manera solidaria entre todas las
autoridades demandadas porque, si se pretende el pago de una indemnización, esta
solo debe ser asumida por la CNTV En Liquidación, y, en todo caso, tampoco se
puede esperar que las entidades accionadas hagan un "nombramiento conjunto" o
exclusivamente de una de ellas, pues para el efecto debe seguirse el procedimiento
previsto en el Decreto 760 de 2005 a fin de determinar cuál sería la institución que
la CNSC advierta que cumple el mismo perfil del actor.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) indebido agotamiento de la vía
gubernativa, (ii) caducidad de la acción, y (iii) falta de legitimación en la causa por
pasiva.

La Superintendencia de Industria y Comercio7 argumentó que el trámite de
reincorporación es competencia del organismo en el cual fueron suprimidos los
cargos, para lo cual este debe poner en conocimiento de la Comisión Nacional de
Servicio Civil la decisión del empleado de optar por el derecho de ser nombrado en
un empleo igual o equivalente, y, luego esta última autoridad es quien debe iniciar

5 Folios 128 a 137, C1.
6 Folios 148 a 156, C1.
7 Folios 158 a 164, C1.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

los trámites ante los entes respectivos de acuerdo con el orden establecido en el
Artículo 28 del Decreto 760 de 2005.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación por pasiva,
(ii) falta de competencia de la SIC para ordenar la reincorporación de un
exempleado de la CNTV, (iii) legalidad de los actos administrativos, (iv) falsa
motivación y violación de la ley como causales de nulidad.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones8 adujo que no puede ser hallada
como responsable del restablecimiento de los derechos invocados en la demanda,
ya que esta no fue la entidad responsable de la desvinculación del accionante, en
la medida en que no hay una relación de causalidad entre el evento dañino y alguna
actuación u omisión de la CRC.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad, (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, (iii) caducidad de
la acción, (iv) inexistencia de relación legal y material de la CRC con el acto
administrativo demandado, (v) la reincorporación es una carga de la CNSC y no de
la CRC, (vi) el demandante no era un funcionario de carrera administrativa, y (vii) la
CRC no incurrió en violación de la Constitución Política como causal de nulidad.

La Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones9 indicó que es una entidad distinta e independiente de la CNTV
y de la ANTV y no tiene entre sus funciones el dar cumplimiento a las pretensiones
formuladas por el actor, toda vez que no hay norma que le asigne solidaridad con
estas. Que mediante la Ley 1507 de 2012 se creó la ANTV como una agencia estatal
con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, presupuestal y
técnica, la cual, aunque forma parte del sector de las TICS, no está sujeta a control
jerárquico o de tutela alguno pues sus actos son independientes y susceptibles de
control directo ante la jurisdicción competente.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva, (ii) inexistencia de las obligaciones, y (iii) genérica.

Fiduagraria S.A. en representación del Patrimonio Autónomo de Remanentes
de la extinta Comisión Nacional de Televisión10 sostuvo que, como el cargo que
ostentaba el accionante no era de carrera o provisional, sino, de libre nombramiento
y remoción, no resulta procedente la incorporación en la Comisión Nacional de
Televisión en Liquidación, pues únicamente los empleados públicos con derechos
de carrera eran quienes ante la supresión de sus plazas podían optar entre ser
reincorporados a plazas equivalentes, o bien indemnizados conforme a lo
8 Folios 169 a 180, C1.
9 Folios 191 a 194, C1.
10 Folios 196 a 236, C1.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

consagrado en el artículo 20 de la Ley 1507 de 2012, el articulo 44 y siguientes de
la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Reglamentario 1227 de 2005, con sujeción al
procedimiento establecido en el artículo 28 y siguientes del Decreto Ley 760 de
2005.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) ausencia de ilegalidad de los
actos acusados, y (ii) genérica.

El 30 de julio de 201511 se celebró audiencia inicial en la que se declararon no
probadas todas las excepciones previas formuladas por las entidades accionadas,
a excepción de las de falta de legitimación en la causa por pasiva invocadas por la
Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como
por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a quienes
desvinculó de la actuación.

Frente a esta decisión, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia
Nacional del Espectro, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión
de Regulación de Comunicaciones interpusieron recursos de apelación en lo que
respecta a la negativa de declarar probadas sus excepciones de falta de
legitimación, falta de agotamiento de la vía gubernativa y caducidad.

Seguidamente, en esta diligencia se fijó el litigio, se indicó que no había ánimo
conciliatorio y se decretaron las pruebas solicitadas.

El 30 de abril de 201912 el Consejo de Estado confirmó el auto que declaró no
probados los medios exceptivos de algunas de las autoridades demandadas
apelantes.

El 5 de septiembre de 201913 se llevó a cabo la audiencia de pruebas en la que se
recaudaron y practicaron los medios de convicción allegados a la actuación, y, al
prescindir del desarrollo de la audiencia de juzgamiento, corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
conceptuara si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN14

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 30 de octubre
de 2019 negó las pretensiones.

11 Folios 287 a 295, C1.
12 Folios 428 a 435, C1.
13 Folios 503 a 508, C2.
14 Folios 560 a 583, C2.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

Que la parte demandante consideró que tiene derecho a ser reincorporado o
indemnizado, porque en su criterio laboraba en un cargo de carrera administrativa,
ello de conformidad con la Ley 182 de 1995, aduciendo que en la extinta Comisión
Nacional de Televisión únicamente se establecieron dos clases de empleos, los de
carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, siendo estos últimos los
cargos de dirección o manejo.

Que tal afirmación es errada, pues, si bien el artículo 15 de la Ley 182 de 1995
previó que serían empleados de libre nombramiento y remoción aquellos adscritos
al nivel directivo o quienes desempeñaran cargos de dirección y confianza, ello sin
precisar cuáles de las plazas serían consideradas como tal, lo cierto es que
mediante Resolución 185 de 13 de agosto de 1996 se especificó que serían
servidores de dicha naturaleza entre otros, los asesores, lo cual concuerda con lo
prescrito en el artículo 5.° numeral 2.°, literal b) de la Ley 909 de 2004, que dio tal
esencia a las posiciones cuyo ejercicio implica especial confianza o que tengan
asignadas funciones de asesoría institucional como lo fue el actor.

Que, con fundamento en lo anterior, el reclamante no es beneficiario de las
garantías que le asisten en caso de supresión a los empleados que están inscritos
en el escalafón de la carrera administrativa al tenor de lo establecido por la Ley 909
de 2004, lo que conlleva que el acto de insubsistencia no debía contener una
motivación expresa, razón por la cual, las decisiones reprochadas se encuentran
ajustadas a derecho, más aún si se tiene en cuenta que su justificación fue objetiva,
basada en la liquidación definitiva de la CNTV.

Que de la amplia jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
se concluye que la estabilidad laboral reforzada para personas susceptibles de
especial protección, debe ser valorada y ponderada tomando como parámetros la
protección de derechos fundamentales y la satisfacción del interés general, razón
por la cual dichas autoridades judiciales han asegurado que el fuero que otorga el
denominado retén social se extiende hasta la terminación definitiva del proceso
liquidatorio de la entidad, o hasta que cesen las condiciones que originan ese
tratamiento diferencial.

Que, según las pruebas practicadas se evidencia que el accionante además de
ostentar un cargo de libre nombramiento y remoción, fue beneficiado por el aludido
retén social en el proceso de liquidación de la CNTV debido a su limitación visual,
pues consta que la Dirección de Recursos Humanos de la entidad elaboró y
presentó un estudio técnico que posteriormente fue aprobado, en el cual se
indicaron los funcionarios protegidos por dicho retén, entre ellos el demandante,
quienes continuaron prestando el servicio hasta la culminación del proceso
liquidatorio que finalizó el 10 de abril de 2013, de acuerdo con el artículo 20 de la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

Ley 1507 de 2012, lo cual se ajusta a derecho y convalida la consecuente
desvinculación del demandante.

RECURSO DE APELACIÓN15

La parte demandante interpuso recurso de apelación afirmando que el tribunal de
origen debió tener en cuenta la especial protección de la que gozaba como servidor
público en la CNTV al momento de la extinción de esta, ello conforme lo previsto en
el artículo 20 de la Ley 1507 de 2012 y parágrafo 3.° del artículo 18 de la Ley 1444
de 2011. Que, en virtud de esta normativa, tuvo que ser reubicado en cualquiera de
las entidades demandadas que asumieron las funciones de la que fue liquidada.

Que el tribunal de origen no advirtió que en el proceso quedó demostrado que el
actor fue un servidor de la CNTV cobijado con derechos de carrera administrativa y
amparado por el retén social debido a un fuero de salud y de prepensionado.

Que la inobservancia de tales preceptos por parte de la mencionada autoridad
empleadora, quien fue la que lideró y coordinó las labores de empalme derivadas
de la cesión de sus competencias, resulta vulneratoria de los derechos del
accionante, ya que no se logró demostrar con la suficiencia técnica que exige la ley,
que su desvinculación obedeció a fuertes e inaplazables razones de interés general,
lo cual resulta incompatible con la Ley 1507 de 2012, la cual había garantizado su
derecho preferencial de permanencia en el empleo público, respaldado por el marco
jurídico general de carrera administrativa.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 21 de septiembre de 202016 se admitió el recurso de apelación. El 10 de diciembre
de 202017 se prescindió de la celebración de la audiencia de juzgamiento, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
conceptuar.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones18 aseguró que la
reincorporación no es una carga legal que tenga esta entidad como lo solicita el
demandante, pues esta nunca intervino en la expedición del acto del cual se solicita
la nulidad, y, en todo caso, con base en las normas de la función pública, es la
Comisión Nacional del Servicio Civil quien debía determinar la viabilidad del
eventual reintegro del accionante a alguna de las plantas de personal de las
instituciones que asumieron las responsabilidades de la CNTV.

15 Folios 589 a 598, C2.
16 Ver índice 11 de SAMAI.
17 Ver índice 16 de SAMAI.
18 Ver índice 17 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

La Agencia Nacional del Espectro19 manifestó que no es posible vincular al
reclamante dentro de su estructura funcional, pues no existe cargo igual, similar o
equivalente a aquel en el que estaba nombrado. Que, adicionalmente, debe tenerse
en cuenta que este no ostentaba un cargo de carrera ni en provisionalidad, sino un
cargo de libre nombramiento y remoción, el cual no se encuentra amparado por la
Ley 909 de 2004 ni el Decreto 760 de 2005, ni ninguna otra norma vigente.

La Superintendencia de Industria y Comercio20 afirmó que el cargo
desempeñado por el señor José Enoc Cano Mora, es de aquellos denominados de
libre nombramiento y remoción, razón por la cual no era obligación su incorporación
a alguna de las entidades receptoras, pues dichas garantías están previstas solo
para servidores con derechos de carrera.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público21 señaló que el actor sí fue
beneficiado de la protección que se deriva del retén social, por ello, aún dentro del
proceso de liquidación de la CNTV fue cobijado con los beneficios propios de una
estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, el límite de esa protección es el propio
interés general, de manera que no sería procedente considerar que aún una vez
terminado el proceso liquidatario debía seguir siendo beneficiado por esta figura.

La parte demandante22 reiteró los argumentos expuestos en su recurso de
apelación.

Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta etapa.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si el demandante tiene derecho a ser reincorporado
a un cargo igual o superior al que desempeñaba al interior de la Comisión Nacional
de Televisión (Liquidada), en calidad de asesor II, grado 15.

Para el efecto se analizará si los actos demandados están viciados de nulidad por
falsa motivación, al no tener en cuenta que, supuestamente, su empleo era de
carrera administrativa y que, por tanto, debía ser incorporado en alguna de las
entidades que asumieron las funciones de la institución extinguida, más aún debido
a su situación de salud y su calidad de prepensionado.

19 Ver índice 19 de SAMAI.
20 Ver índice 23 de SAMAI.
21 Ver índice 24 de SAMAI.
22 Ver índice 28 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

Marco normativo y jurisprudencial

Sobre el régimen de las plantas de personal y las supresiones de cargos por
liquidación de las entidades del Estado (en particular, de la CNTV)

El artículo 125 de la Constitución Política23 estableció una cláusula general acerca
del sistema de carrera administrativa, entendido como la base de la estructura
organizacional del Estado sustentada en el mérito y en la legalidad como principios
fundamentales.

Al respecto, la norma aplicable de manera general en materia organizacional dentro
de las diferentes instituciones de la Rama Ejecutiva del nivel nacional y
descentralizado es la Ley 909 de 2004,24 la cual especialmente en sus artículos 41,
44 y 46 consagró las previsiones sobre las causales de retiro del servicio para
empleados de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, así como
los derechos de los primeros ante la supresión de sus cargos y las consecuencias
legales para estos ante los procesos de reforma de las plantas de personal.

Sobre este punto, el Decreto 1227 de 200525 contempló que, los empleados públicos
con derechos de carrera que fueran retirados del servicio por supresión de sus
plazas tendrían como garantía la de ser incorporados en un empleo igual o
equivalente en la nueva planta, o bien optar por ser reincorporados en la estructura
funcional de una entidad que asuma las funciones de la extinguida, o incluso percibir
una indemnización conforme a las reglas del Decreto 760 de 2005.26

Por su parte, el Decreto Ley 254 de 200027 (modificado por la Ley 1105 de 2006),
fue el que consagró los parámetros que regirían los diferentes procesos de
liquidación de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional, así
como las consecuencias en materia prestacional para los empleados sometidos a
esta situación jurídica.

23 «ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de

elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán
nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. […]».
24 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se

dictan otras disposiciones.
25 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998»
26 «Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil

para el cumplimiento de sus funciones.»
27 «Por el cual se expidió el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

Con la expedición de la Ley 1444 de 2011, se observa que el Legislador le confirió
facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar la estructura
de la administración pública, al punto de que en el artículo 18, parágrafo 3.º se
estableció una protección integral de las garantías laborales de los servidores
vinculados a los distintos organismos del Estado que hayan sido sometidos a
reestructuraciones, liquidaciones, escisiones, fusiones o supresiones, bajo el
entendido de que: «[…] los afectados serán reubicados o reincorporados, de conformidad
con las leyes vigentes […]», las cuales evidentemente corresponden a la regulación
general enunciada previamente.

Ahora, en lo que respecta a la extinta Comisión Nacional de Televisión, debe
advertirse que el entonces artículo 77 de la Constitución Política28 disponía que este
medio de comunicación se gestionaría y regularía a través de un ente autónomo del
orden nacional cobijado por un régimen propio, el cual se desarrolló mediante la Ley
182 de 1995, que creó la mencionada autoridad como una persona jurídica de
derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica y con
independencia funcional.

Acerca de la planta de personal de dicha institución, el artículo 15 de la norma en
mención indicó lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 15. FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
TELEVISIÓN. Los empleados de la Comisión Nacional de Televisión tendrán la
calidad de empleados públicos, y como tales estarán sometidos al correspondiente
régimen constitucional y legal de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y
responsabilidades.

Son empleados de libre nombramiento y remoción aquellos que estén adscritos al
nivel directivo de la Comisión, o que no perteneciendo a éste desempeñen cargos
de dirección o confianza. Los demás empleados serán de carrera administrativa.
[…]» (Subrayado intencional).

Pues bien, en el año 2011 fue expedido el Acto Legislativo 02 con el que se
derogaron los artículos 76 y 77 de la Constitución Política, previendo que, dentro de
los seis meses siguientes a su entrada de vigencia, el Congreso de la República
tendría que emitir las normas sobre la distribución de funciones y responsabilidades
del servicio de televisión entre las diferentes entidades públicas.

En atención a este precepto constitucional, la Ley 1507 de 2012 materializó dicha
orden, para lo cual, en su artículo 2029 ordenó la liquidación de la CNTV, y, a su vez,

28 «Artículo derogado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2011»
29 «[…] ARTÍCULO 20. LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. De conformidad con el

Acto Legislativo número 02 de 2011 artículo tercero, una vez quede conformada la Junta Nacional de Televisión,
las entidades del Estado a las cuales se han distribuido competencias, según la presente ley, asumirán e
iniciarán el ejercicio de las mismas y la Comisión Nacional de Televisión entrará en proceso de liquidación y
utilizará para todos los efectos la denominación Comisión Nacional de Televisión – en Liquidación.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

en el artículo 2.º dispuso en su lugar la creación de la Autoridad Nacional de
Televisión (ANTV).

Como se observa, esta normativa general y especial, incluida la que consagró la
liquidación de la CNTV, estipuló concretamente que la garantía de protección laboral
de los servidores desvinculados de organismos, entre otros, liquidados, a efectos
de ser reubicados o reincorporados en plantas de personal de otras entidades que
asumieran funciones del ente suprimido, solo es predicable para aquellos
empleados con derechos de carrera administrativa o en provisionalidad.

En tal sentido, el marco jurídico aplicable al presente caso evidencia que, para los
funcionarios de libre nombramiento y remoción (incluidos los de la entonces CNTV),
no existe una regulación de protección a la estabilidad laboral. Precisamente, el
artículo 41, literal a) y su parágrafo 2.º de la Ley 909 de 200430 previeron que el
retiro de aquellos se daría por parte del nominador de manera espontánea o
autónoma, y mediante acto administrativo que no requiere ningún tipo de motivación
o fundamento consignado explícitamente.

Lo expuesto permite concluir que, quienes ostenten dicha clase de posiciones
basadas en la confianza personal y profesional generada al empleador, tendrán una
permanencia en el empleo frágil o precaria,31 toda vez que esa naturaleza jurídica
hace que la potestad para terminar el vínculo legal y reglamentario siempre se
concrete a través de una manifestación discrecional que puede ser subjetiva en
función del mejoramiento del servicio,32 u objetiva como sería simplemente la
liquidación de la entidad y la consecuente supresión del empleo.

El régimen de liquidación será el determinado por el Decreto-ley 254 de 2000 y las normas que lo modifiquen o
adicionen, salvo lo que fuera incompatible con la presente ley.

[…] Los servidores públicos de la Comisión Nacional de Televisión – en Liquidación, deberán ser amparados
bajo las normas legales laborales vigentes.

Los funcionarios de carrera administrativa y provisionales, recibirán el tratamiento que se establece en el
parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 y sus decretos reglamentarios. […]» (Líneas de la Sala).
30 «[…] ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando

empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción;

[…] PARÁGRAFO 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se
efectuará mediante acto no motivado. […]»
31 Este planteamiento también fue expuesto por esta misma Subsección en sentencia del 1.º de febrero de 2024.

Exp. 13001-23-33-000-2018-00279-01 (3247-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
32 Al respecto ver providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, Sentencia del 15 de febrero de 2018, Expediente No. 76001-23-31-000-2010-01828-01(1615-
16).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

Aun así, esta corporación ha señalado que la mencionada facultad discrecional de
la administración no es absoluta, sino que tiene como límite la racionalidad, la
proporcionalidad y la razonabilidad, pues aquella es «[…] un poder en el derecho y
conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de
límites justos y ponderados.»33

Incluso, también se ha considerado que, de manera completamente excepcional
frente a la regla general relativa a que los empleados de libre nombramiento y
remoción no tienen una estabilidad laboral reforzada, el Consejo de Estado aseguró
que en virtud del derecho a la igualdad, aquellos servidores que se encuentren
cubiertos por alguna clase de fuero, podrán gozar de la especial protección
constitucional, pero en todo caso limitada hasta el momento en que se configure
alguna causal objetiva que concilie esta garantía con la facultad discrecional de
retiro.34

Resolución del caso concreto

Inicialmente, el actor sostuvo en su apelación que el tribunal de origen estimó de
manera errada que era un empleado de libre nombramiento y remoción, cuando en
realidad era un servidor con derechos de carrera administrativa por disposición del
artículo 15, inciso 2.º de Ley 182 de 1995, en la medida en que sus funciones no
eran propias del nivel directivo de la planta de personal de la liquidada CNTV, lo que
lo ubicada en la regla general y supletoria contenida en esa norma.

Con fundamento en esta posición, aseguró que su extinta entidad empleadora debió
efectuar los trámites para reincorporarlo a la planta de personal de cualquiera de las
instituciones que asumieron las funciones de la mencionada comisión, esto en virtud
del artículo 20 de la Ley 1507 de 2012 y del artículo 18, parágrafo 3.º de la Ley 1444
de 2011.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

24 de noviembre de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2018-00567-01 (2900-2020), y Exp. 63001-23-000-
2010-00192-01 (2743-16). Al respecto se precisó: «[…] Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada
jurisprudencia, la regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el
sistema de la carrera según el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en
los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la
trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

[…] Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el
desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro,
incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la
remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en
tal sentido, se han identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir
una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe
ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le
sirven de causa. […]».
34 Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 28 de

abril de 2022, Exp. 05001-23-33-000-2022-00200-01. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de febrero
de 2018 Exp. 250002325000201201184 01 (2130-2016).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

Ahora, pese a esta afirmación, lo cierto es que, al revisar la normativa interna de la
entonces CNTV, la Sala concuerda con el juez de primera instancia al asegurar que
el accionante fue vinculado legal y reglamentariamente como un servidor de libre
nombramiento y remoción.

Sobre el particular, se advierte que la Resolución 185 del 13 de agosto de 199635
consagró en su artículo 38 lo siguiente respecto de la clase de cargos al interior de
dicho organismo:

«[…] ARTÍCULO 38. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS. Los empleados de la
Comisión Nacional de Televisión, son de libre nombramiento y remoción y de
carrera.

Son empleos de libre nombramiento y remoción, el de Secretario General,
Secretario de Junta Directiva, los Jefes de Oficina, Subdirectores, Asesores, Jefes
de División y los empleos adscritos al Despacho de los Comisionados, al del
Secretario General, Secretario de Junta Directiva, al de los Jefes de Oficina, y
Subdirectores.

Son de carrera los demás empleos. […]» (Líneas fuera de texto).

Lo propio se derivó del artículo 12, literal g) de la Ley 182 de 1995 que estableció
que serían cargos de dirección y confianza: «[…] los de Jefe de Oficina y
Subdirector, así como los que la Comisión adscriba a estos por ser de asesoría
directa de los miembros de la Junta, del Secretario General y de los Jefes y
Subdirectores de la entidad. […]». (Subrayado de la Subsección).

De hecho, esto fue ratificado mediante las Resoluciones 642 y 643 del 15 de
septiembre de 2005 y por la 972 del 6 de agosto de 2008,36 por medio de las cuales
se concretaron y actualizaron los manuales específicos de funciones y
competencias al interior de la comisión, en los que expresamente se señaló que el
cargo de asesor II, grado 15 sería de libre nombramiento y remoción.

En lo que respecta a la situación del reclamante, se observa que este había sido
vinculado a la CNTV en el cargo de jefe de división desde el 8 de julio de 1997,37 el
cual ocupó hasta el momento en que fue suprimida esta plaza, pero siendo
reintegrado en virtud de un fallo judicial, esta vez en la posición de asesor II, grado
1538 desde el 7 de mayo de 2008 en la Subdirección de Recursos Humanos, y luego

35 Esta norma se encuentra para consulta pública en el siguiente link:
https://normograma.crcom.gov.co/crc/compilacion/docs/resolucion_cntv_0185_1996.htm Se destaca que la
misma fue puesta en conocimiento de la parte demandante en la Resolución 1088 del 7 de marzo de 2013,
donde se le indicó esta norma como fundamento jurídico para negar su reincorporación.
36 Ibid. Adicionalmente se observan algunos extractos del Manual de Funciones obrante en el CD obrante en el

folio 146 del cuaderno 1.
37 Folios 3 a 5, C1.
38 Folios 6 a 13, C1.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

trasladado bajo esa misma plaza a la Oficina de Regulación de la Competencia
hasta el 10 de abril de 2013 cuando fue declarado insubsistente su nombramiento. 39

Verificado lo anterior, se concluye con exactitud que el demandante desde su
primera vinculación como jefe de división y después como asesor II, siempre
desempeñó plazas de libre nombramiento y remoción al tenor de la regulación
citada previamente, pues ejerció funciones de dirección, confianza, manejo u
orientación institucional, lo que se ajusta plenamente a la esencia de esta clase de
empleos, según la misma definición que consagra sobre el particular la Ley 909 de
2004 en su artículo 5, numeral 2, literal b).40

Lo expuesto significa que no es cierto que haya tenido derechos de carrera
administrativa, ni por nombramiento en propiedad ni en provisionalidad, lo que hacía
improcedente que la entidad empleadora liquidada hubiese tenido que garantizarle
una reincorporación a alguna de las plantas de personal de las instituciones que
asumieron sus funciones, ya que los beneficios del artículo 20 de la Ley 1507 de
2012 y del artículo 18, parágrafo 3.º de la Ley 1444 de 2011, únicamente son
aplicables a los funcionarios bajo la clasificación aludida.

Con todo, lo cierto es que el 15 de mayo de 2012,41 el actor demostró ante el agente
liquidador de la CNTV que padecía de una enfermedad incapacitante diagnosticada
como glaucoma crónico de ángulo abierto en ambos ojos, y que, además, era
beneficiario del fuero de prepensionado al estar próximo a adquirir tal derecho
prestacional.

Tal situación fue conocida por dicha autoridad durante el proceso liquidatorio, razón
por la cual esta misma estimó que el accionante era beneficiario de una protección
constitucional derivada del retén social, lo que implicó que mantuviera su
nombramiento en un cargo como el que ocupaba hasta el día en que se terminó el
proceso de supresión del organismo, esto es, hasta el 10 de abril de 2013 según la
última prórroga del Decreto 2090 de 2012.

Esta situación lo único que corrobora es que el extinto ente público siempre ajustó
su actuar a derecho, ya que, con motivo de la excepcionalidad a la regla general de
inexistencia de una estabilidad laboral reforzada para los empleados de libre
nombramiento y remoción, decidió conservar la relación legal y reglamentaria del

39 Folios 14 a 18, C1.
40 «[…] ARTÍCULO 5. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por

la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

[…] 2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:

[…] b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría
institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los siguientes funcionarios,
siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos […]»
41 Folios 39 a 41, C1.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

demandante hasta que ocurriera una causa objetiva que avalara su potestad
discrecional de retiro, la cual no es otra de más peso que la propia liquidación de la
institución que conlleva la supresión de los empleos de su planta de personal.

Es decir, pese a ser cierto que el actor consolidó una protección laboral de orden
constitucional de manera excepcional, esta fue respetada por su empleador hasta
que confluyó una causa proporcional, racional y razonable como lo exige la
jurisprudencia para que proceda la desvinculación, lo cual se encuentra justificado
en las liquidaciones institucionales cuando se concreta este proceso, tal como esta
corporación ya lo expuso en un caso similar al presente.42

Como se advierte de lo expuesto, no existe responsabilidad alguna de las entidades
demandadas respecto del actuar de la Comisión Nacional de Televisión Liquidada
con la expedición de los actos demandados, de manera que las anteriores razones
son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202143 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

42 Al respecto ver providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de

mayo de 2017. Exp. 25000-23-42-000-2012-00828-01 (0595-2014). C.P. William Hernández Gómez. En esta
se afirmó que: «[…] [sobre la extinción de la protección en el tiempo para los servidores de libre nombramiento
y remoción], es decir el lapso durante el cual es posible mantener la protección de estabilidad reforzada para
las personas próximas a pensionarse, la jurisprudencia ha desarrollado un criterio uniforme aplicable a todos
los grupos protegidos por la Ley 790 de 2002 (madres y padres cabeza de familia, discapacitados y
prepensionados), consistente en que dicha protección solamente puede ser sostenida durante el tiempo por el
cual se prolongue el proceso de liquidación, y hasta la extinción material y jurídica de la entidad sometida a
dicho proceso [...]» (Líneas intencionales).
43 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Radicado: 25000-23-42-000-2013-05097-02 (1971-2020)

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual negó las pretensiones.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la parte
recurrente según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como apoderada del Ministerio de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones a la abogada Luisa
Fernanda Cuellar Cogollo, portadora de la tarjeta profesional 338.864, de
conformidad con el poder que obra en el índice 38 de SAMAI.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como apoderado del Fondo de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones al abogado Carlos David
Pérez Moreno, portador de la tarjeta profesional 256.170, de conformidad con el
poder que obra en el índice 32 de SAMAI.

QUINTO: RECONOCER PERSONERÍA como apoderada de la Superintendencia
de Industria y Comercio a la abogada Sandra Viviana Méndez Quevedo, portadora
de la tarjeta profesional 184.781, de conformidad con el poder que obra en el índice
23 de SAMAI.

SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.