Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2022-00321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2022-00321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2022-00321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2022-00321-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
29 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00321-01 (3669-2024)1
Demandante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Demandado: ESE Hospital la Estrella
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 2080 de
control: 2021
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 17 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Jenni Paola Carvajalino Fonseca, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [en adelante
CPACA], con el fin de solicitar la nulidad de la comunicación del 23 de julio de 2021,
por medio del cual la demandada no autorizó el pago de las prestaciones sociales
definitivas y no reconoció la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo
del Trabajo y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
1
Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000202200321011100103
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la parte
demandada a pagar: (i) las prestaciones sociales definitivas; (ii) la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las prestaciones, hasta el 16 de noviembre de 2021; y
(iii) al pago de costas y agencias en derecho.
1.2. Hechos.
Los hechos en los que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante informó que prestó sus servicios para la ESE2 Hospital la Estrella
desde el 6 de mayo de 2015 hasta el 15 de septiembre de 2018.
Sostuvo que, en varias ocasiones, solicitó el pago de las prestaciones sociales
definitivas y del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en la
consignación de estas acreencias.
Aseveró que hubo retardo en el pago de las prestaciones definitivas y, por
consiguiente, la demandada debe reconocer y pagar una sanción moratoria en los
términos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
1.3. Normas violadas y concepto de violación.
La demandante manifestó que la parte accionada quebrantó las siguientes
disposiciones:
De la Constitución Nacional el artículo 13
Del Código Sustantivo del Trabajo los artículos 65 y 249
Sostuvo que tiene el derecho a que le sean reconocidas las prestaciones sociales
consagradas en las normas laborales, dado que entre ella y la demandada existió
un contrato de trabajo a término indefinido y la empleadora no canceló los dineros
correspondientes.
2 Empresa Social del Estado
2
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
2. Contestación de la demanda.
La Empresa Social del Estado ESE Hospital La Estrella3 se opuso a la prosperidad
de las pretensiones.
Manifestó que con la Resolución No. 169 de 27 de abril de 2022, pagó las
prestaciones sociales definitivas en favor de la señora Carvajalino Fonseca, por
valor de $4.286.976; acto administrativo que le fue notificado en debida forma a la
accionante el 27 de abril de 2022.
Argumentó que, de acuerdo con la Ley 1071 de 2006, la entidad pública pagadora
tiene un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público.
Alegó que no hay lugar al pago de la sanción moratoria que reclamó la actora porque
la demandada siempre actuó de buena fe, además adelantó un plan de mejoramiento
fiscal y financiero con el fin de restablecer la solidez económica y financiera del
hospital, a través de medidas de reorganización administrativa.
Añadió que, si hubo mora en el pago de las prestaciones sociales, esto obedeció a las
dificultades financieras que atravesó la entidad a raíz de la ausencia de pagos de las
EPS4 e IPS5. Pero que en la actualidad se encuentra a paz y salvo con la señora Jenni
Paola Carvajalino.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia6 proferida el 17 de abril
de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas7.
3
Índice 2 aplicativo Samai,
4
Entidad promotora de salud
5
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
6
Salvamento de voto
7
Expediente digital.
3
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
Consideró que la sanción por mora en el pago de las cesantías a los empleados
públicos, se encuentra consagrada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de
1995, adicionado por el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006.
En relación con las prestaciones sociales solicitadas por la parte demandante, dijo
que, tiene derecho a su reconocimiento dada su vinculación como supernumeraria
desde el 6 de mayo de 2015 hasta el 15 de septiembre de 2018.
Refirió que, mediante la Resolución N° 169 del 27 de abril de 2022, la ESE Hospital
La Estrella dispuso el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de la
demandante, en un valor de $4.532.066, el cual tuvo ocurrencia antes de admitirse
la demanda el 6 de julio de 2022.
Señaló que la demandante fue notificada de la citada Resolución el 27 de abril de
2022, por ello, conoció del reconocimiento de las prestaciones sociales, las cuales
fueron pagadas el 18 de mayo de 2022, fecha previa a la admisión de la demanda,
por lo que dichos emolumentos fueron reconocidos y pagados antes de la admisión
de la demanda. Por consiguiente, restringió el pronunciamiento a la sanción por
mora por el pago tardío de las cesantías.
Refirió que el 25 de junio de 2021, la demandante solicitó el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales, por tanto, los 15 días hábiles para la expedición del
acto de liquidación se cumplieron el 19 de julio de 2021, este acto quedó
ejecutoriado luego de 10 días, el 4 de agosto de 2021. Los 45 días hábiles con los
que contaba la entidad demandada para pagar la prestación se cumplieron el 6 de
octubre de 2021. Por lo anterior, la sanción prevista en el artículo 2 de la Ley 1071
se aplica desde el 7 de octubre de 2021 y hasta el 17 de mayo de 2022, porque el
pago de las cesantías se produjo el 18 de mayo de 2022.
4. El recurso de apelación.
4
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
La parte demandada solicitó revocar la sentencia de primer grado8, y argumentó
que la sentencia carece de congruencia puesto que el problema jurídico que se
planteó estaba encaminado determinar si había lugar a declarar la nulidad del acto
administrativo contenido en oficio de 23 de julio de 2021, mediante el cual la E.S.E.
demandada negó el pago de las prestaciones sociales definitivas y no se reconocen
las sanciones previstas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Por el contrario, la condena impuesta no tiene correspondencia, ni con los hechos,
ni con las pretensiones de la demanda porque el tribunal resolvió sobre la
indemnización de que trata la Ley 244 de 1995, que «en un principio debió ser el
fundamento de las pretensiones de la demanda, puesto que el reconocimiento las sanciones
previstas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
son del arbitrio de la jurisdicción ordinaria laboral».
Señaló que, con este proceder, se vulneró el principio de congruencia de la
sentencia, según el cual el juez solamente se ha de pronunciar sobre lo discutido
en el proceso y no puede fallar ni extra, ni ultra petita, dado que la demanda se
decide conforme con las pretensiones y excepciones probadas con lo que, además,
se garantiza el derecho de defensa de las partes.
Adicionalmente dijo que no se acreditó que hubo mala fe para el pago de las
acreencias adeudadas, como lo reconoció el tribunal.
5. Alegatos de conclusión
En auto del 29 de julio de 20249, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5. ° del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de
2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.
II. CONSIDERACIONES
8
Expediente digital
9
Índice 4
5
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Es importante destacar que, de acuerdo con el artículo 328 del Código General del
Proceso (CGP)10, el análisis en esta instancia se limitará a analizar los reparos
señalados por el apelante único.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la
Sala debe determinar si en este caso existe incongruencia de la sentencia, por
haber fallado sobre un supuesto legal que no se pidió en la demanda, ni fue objeto
de pronunciamiento ante la demandada.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Facultades del juez en el proceso contencioso administrativo y la
congruencia de la sentencia; 2.2. Hechos probados; 2.3. Análisis del caso concreto;
y 2.4. Condena en costas.
2.1. Sobre las facultades del juez en el proceso contencioso y la congruencia
de la sentencia
Lo primero que ha de tenerse en cuenta en las actuaciones judiciales ante la
jurisdicción contencioso administrativa, es que el proceso se desarrolla bajo el
10
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia»
6
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
amparo de la justicia rogada y solo, por excepción, cuando la ley lo permite, o
cuando estamos ante la franca vulneración de garantías constitucionales que
impulsen una protección inmediata, dada la prevalencia de las mismas; es posible
apartarse de este lineamiento.
De este modo, los medios de control diseñados para verificar la legalidad de las
distintas manifestaciones de la administración pública han de promoverse y
desarrollarse bajo los supuestos facticos y jurídicos que fije la parte actora o
afectada, sin necesidad de agravar las circunstancias del Estado, toda vez que se
presume la legalidad de sus actuaciones.
Así las cosas, quien alega la vulneración de sus derechos y pretende el consecuente
restablecimiento de estos debe pedir con claridad y precisión el reconocimiento
del derecho que invoca. Estos postulados encuentran soporte constitucional en la
garantía al debido proceso y los derechos que de él emanan de defensa y
contradicción, de esta manera no es posible sorprender a ninguna de las partes con
decisiones que las afecten cuando el asunto no ha sido objeto del debate judicial, ni
administrativo.
De este modo, estas precisiones están alineadas con el principio procesal de
congruencia. Sobre el particular, esta Sala11, precisó que:
«[…] el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos,
pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir
una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes
(extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá
fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá
explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún
pedimento, por ello, el principio de congruencia de la sentencia garantiza el oportuno
uso del derecho de defensa por las partes, puesto que les permite hacer uso de cada
una de las herramientas establecidas en la ley para tal propósito.».
11
Expediente: 66001-23-33-000-2012-00161-01 (3605-14).
7
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
Por su parte, el artículo 281 del Código General del Proceso (CGP) prevé:
«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que
este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio.
PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita,
cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o
adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir
controversias futuras de la misma índole.
PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial
teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena
realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales
del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las
relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.
En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez
de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o
probado, aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el
objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de
derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan
y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.
En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el
derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los
8
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades
civiles indígenas.».
Ahora bien, existe la excepción a la regla, contemplada legalmente, por ello se
previó la facultad ultra y extra petita, las cuales implican que el juez podría fallar más
allá o por fuera de lo pedido, pero esta potestad se presenta en asuntos concretos.
En ese sentido, el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social también consagró aquella posibilidad, así:
«ARTICULO 50. EXTRA Y ULTRA PETITA. El Juez podrá ordenar el pago de salarios,
prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los
originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o
condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto,
cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de
conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas.».
Sobre este asunto, esta Subsección ha fijado una posición restrictiva sobre su uso,
para garantizar el principio de congruencia como fundamento esencial de protección
del debido proceso en el contexto de esta jurisdicción. En sentencia del 7 de octubre
de 201912 se precisó que:
«Le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que el fallo de primera instancia es
incongruente porque (i) lo solicitado en vía gubernativa (ii) las pretensiones de la
demanda (iii) los argumentos del concepto de violación y (iv) la defensa de la entidad
demandada, no corresponden con lo que se decidió, esto es, el reconocimiento y pago
de horas extras En otros términos, nos encontramos ante la presencia de una sentencia
extra petita, que si bien en materia laboral es procedente, dado que el juez puede
pronunciarse sobre el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los
pedidos, con fundamento en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo; lo cierto, es
que el ejercicio de dicha facultad procede siempre y cuando los hechos que los originen
hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, circunstancia que
no ocurrió en el sub judice, como se evidenció. En conclusión y toda vez que en la
providencia apelada se concedió un derecho que no fue reclamado en la vía judicial, la
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de octubre de
2019. Radicado: 66001-23-31-000-2012-00065-01 (3706-14).
9
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
Sala de Subsección está de acuerdo en afirmar que vulneró los derechos al debido
proceso, audiencia y defensa de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira.».
De esta manera no es factible decidir sobre asuntos no discutidos en vía
administrativa y que tampoco fueron planteados en la demanda al punto de haberse
incluido en el litigio con opción de pronunciamiento por la contraparte, a menos que
se encuentre en las excepciones referidas en precedencia.
2.2. Hechos probados13.
En los términos del recurso de apelación, la Sala deberá determinar si la sentencia
vulneró el principio de congruencia, para lo cual, del material probatorio allegado al
expediente se encontró que:
La señora Jenni Paola Carvajalino, por escrito del 25 de junio de 2021 solicitó a la
demandada lo siguiente:
La ESE Hospital La Estrella, por escrito del 23 de julio de 2021, respondió lo
siguiente:
13
Expediente digital.
10
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
La Señora Jenni Paola Carvajalino acudió a la jurisdicción y solicitó: «declarar el pago
de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, correspondiente
hasta el 16 de noviembre de 2021 que son 38 meses en mora, por valor de $162.905.088(ciento
sesenta y dos millones novecientos cinco mil ochenta y ocho pesos) y los que se causen hasta el
momento de proferir decisión en este proceso […]» sic para toda la cita
Las normas sustantivas que se invocó fueron los artículos 65 y 249 del Código
Sustantivo del Trabajo.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en la audiencia inicial llevada a cabo el 23
de junio de 2023 sobre el problema jurídico concluyó que:
11
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
«Según las pretensiones de la demanda, esta Sala de Decisión, al momento de proferir
sentencia, deberá determinar si procede la declaratoria de la nulidad del acto
administrativo contenido en la comunicación del 23 de julio de 2021, por medio de la
cual se niega el pago de las prestaciones sociales definitivas y no se reconocen las
sanciones previstas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 99
de la Ley 50 de 1990[…]»
En la sentencia cuestionada, del 17 de abril de 2024, como problema jurídico
planteó lo siguiente:
«El problema jurídico radica en establecer si la parte demandante tiene derecho al
reconocimiento de sus prestaciones sociales, sumado a la sanción por mora ante el
pago tardía de las cesantías»
Acto seguido expuso:
«2. De la normativa relacionada con la reclamación de cesantías de los servidores
públicos y el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
La sanción por mora en el pago no oportuno de las cesantías a los empleados públicos,
se encuentra consagrada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995,
adicionado por el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, que dispuso: […]
[…]
Del contenido de las normas ab initio transcritas, se evidencia la alusión exclusiva
respecto a los servidores públicos como beneficiarios de la sanción moratoria derivada
del no pago oportuno de las cesantías parciales o definitivas reconocidas por la entidad
pagadora, situación que fue definida por el artículo 2° del Decreto 1071 de 2006,
respecto a su ámbito de aplicación en el siguiente sentido:
“ART. 2º— Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de
las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a
los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en
forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la
República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.” (Negrilla
de la Sala).
En el presente caso, resultan aplicables las Leyes 244 y 1071 de 1995, por cuanto la
trabajadora se encuentra desvinculada del servicio, ello teniendo en cuenta que si bien,
tienen derecho al reconocimiento y pago de cesantías anualizadas, al estar
desvinculada la demandante la sanción se genera por el no pago de las cesantías al
momento del retiro del servicio.
[…]»
2.3. Análisis del caso concreto.
12
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
Como se expuso en líneas anteriores el principio de congruencia, como salvaguarda
del debido proceso y del derecho de defesa, determina que la sentencia debe
encontrarse en armonía con las pretensiones, los hechos y las excepciones
alegados por las partes, en las distintas etapas del proceso.
De los documentos mencionados en el acápite anterior se encuentra probado que
la actora solicitó a la demandada el reconocimiento de una sanción y unas
prestaciones sociales en los términos establecidos en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo y la Ley 50 de 1990, así mismo, el escrito introductorio del
proceso solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria de acuerdo con las
previsiones de dicha norma.
En la audiencia inicial, el litigio se fijó para determinar la configuración de una
sanción moratoria a favor de la accionante al amparo del artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo y la Ley 50 de 1994; por el contrario, en la sentencia que
decidió el fondo del asunto, el tribunal realizó el reconocimiento de la sanción
moratoria, por el presunto retardo en el pago de las cesantías, bajo los postulados
de la Ley 244 de 1995, aun cuando no se solicitó ni en la vía administrativa, ni el
proceso.
En este contexto, al haber realizado el reconocimiento de la sanción moratoria
relacionada con una norma, pero sin que esta hubiese sido pedida o sometida a la
discusión, comporta que el fallo impugnado excedió lo que constituía el objeto de la
decisión, además, la situación del caso concreto no encuadra en los supuestos
excepcionales contemplados para obtener un pronunciamiento extra petita.
En tal sentido, para esta Subsección, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
desconoció los principios de congruencia y justicia rogada que rigen el proceso en
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según los cuales el juez debe
estudiar el litigio de acuerdo con lo pedido y lo probado, por ello, el fallo de primera
instancia deberá revocarse.
13
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
De otra parte, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, para lo cual invocó el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 50 de 1994
Sobre el particular, recuerda la Sala que la Ley 50 de 1990, modificó el sistema de
liquidación, reconocimiento y pago de cesantías en el sector privado y el artículo 99.
señaló las características de este régimen anualizado.
Ahora bien, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 extendió la liquidación anual de
cesantías a todas las personas que presten servicios a las entidades del Estado,
así:
«sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la ley 91 de 1989 a
partir de la publicación de la presente ley, las personas que se vinculen a los órganos
y entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: literal a) El 31 de
diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o
por fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente
por la terminación de la relación laboral.».
Por su parte, el del Decreto reglamentario 1582 de 1998 introdujo la sanción
moratoria prevista en el art. 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable a los servidores
públicos vinculados a las entidades del orden territorial, a partir de la entrada en
vigencia del mismo.14
Entonces, a 31 de diciembre de cada año el empleador debe hacer una liquidación
definitiva de la cesantía por la anualidad o por la fracción correspondiente, valor que
debe ser consignado antes del 15 de febrero del año siguiente en la cuenta
individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías que el mismo elija.
Por su parte, el numeral 3º del art. 99 de la Ley 50 de 1990 dispuso que el valor
liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año
siguiente, en la cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
14
10 de agosto de 1998
14
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
que el mismo elija y, el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un
día de salario por cada día de retardo.
De ahí que la sanción moratoria implica que se debe reconocer un día de salario
por cada día de retardo cuando el empleador no consigne las cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, antes del 15 de febrero del año
siguiente en el fondo que el trabajador eligió. Por ello, para que se configure esta
sanción el empleado debe estar vinculado y con la relación laboral vigente.
Bien lo dijo esta Subsección15:
En otras palabras, en caso del no pago de cesantías cuando se retira un trabajador la
sanción que debe pagarse es la contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, porque es definitiva.
Justamente en lo que se refiere a las cesantías definitivas, la sentencia de unificación
de SUJ- 034 - CE-S2 -2023, dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023),
referencia: nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
080012333000201200200-02 (2459-2014), demandante: Walberto Ayala Goenaga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Contraloría
Distrital de Barranquilla, dijo:
“Tal como se dijo en párrafos anteriores, el pago oportuno de las cesantías definitivas
tiene como finalidad proporcionarle al empleado o trabajador y a los integrantes de su
núcleo familiar, un respaldo económico que les permita atender sus necesidades,
mientras aquél permanece cesante como consecuencia de la terminación de la relación
laboral.
51. El legislador, inspirado en el propósito de asegurar el pago oportuno de las
cesantías definitivas en un plazo razonable, promulgó las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006 estableciendo el término perentorio de 15 días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas, para expedir
la resolución correspondiente, y le impuso al empleador el deber de pagar la prestación
en un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías del servidor público.
52. De la normativa puede inferirse que, en los casos en los que el empleador de forma
oficiosa no reconoce y paga las cesantías definitivas, el empleado debe formular una
solicitud en tal sentido, la cual resulta determinante para empezar a contabilizar el
término de los 45 días hábiles con los que cuenta el empleador para pagar las
cesantías.”
Por todo lo anterior, contrario a lo ordenado por el a-quo, en este caso no existía la
obligación por parte de la entidad liquidada de consignarle las cesantías al accionante
al Fondo respectivo, en atención al finiquito de la relación laboral.
15
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), radicado: 76001 23
33 009-2015-00750- 01 (4905-2022), Demandante: Germán Alonso Velásquez Londoño, Demandada: Municipio de Cartago
• Instituto de Tránsito y Transporte del Cartago en liquidación.
15
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
Así las cosas, en el sub-lite, se tiene acreditado que la accionante Jenni Paola
Carvajalino Fonseca se desvinculó el 18 de septiembre de 2018 de la ESE Hospital
la Estrella; por consiguiente, el pago de cesantías a las que tenía derecho son las
definitivas, por lo tanto, no hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria bajo
los términos de la Ley 50 de 1990, luego que esta penalidad se justifica cuando la
relación laboral esta vigente.
La otra pretensión, esto es, el reconocimiento de la indemnización contemplada en
el artículo16 65 del Código Sustantivo del Trabajo se negará toda vez que su
aplicación es para los trabajadores oficiales y la accionante, según la prueba que
obra en el plenario digital, es una empleada pública lo cual impide que la cobije.
Este razonamiento ha sido sostenido por la Subsección A y de la cual compartimos
lo siguiente17:
“El Tribunal consideró que la indemnización moratoria del artículo 65 del CST no
podía ser aplicada al caso del demandante por haber ostentado la calidad de
empleado público, razón por la cual negó las pretensiones de la demanda.
Por su parte, el demandante recurrió la sentencia y para el efecto argumentó que
se le discrimina al no tener en cuenta las disposiciones legales y constitucionales
que protegen a los empleados del sector público y privado; en consecuencia,
16
INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO.
<Ver Notas del Editor> <Texto original del inciso 1o. del Artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, vigente para los
trabajadores que devenguen un (1) salario mínimo mensual vigente:>
1. Si a la terminación del contrato, el {empleador} no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos
de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma
igual al último salario diario por cada día de retardo.
1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE. Para los trabajadores que devenguen menos de un (1) salario mínimo mensual vigente,
continúa vigente el texto que puede leerse en los párrafos anteriores, para los demás casos el nuevo texto es el siguiente:>
Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de
retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual
al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el
período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador
no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el
empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por
la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.
Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones
en dinero.
2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus
obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que
confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia.
PARÁGRAFO 1o. <Ver Notas del Editor> Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64
del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada,
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de Seguridad
Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los
comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del
contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes,
con los intereses de mora.
PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en el inciso 1o. de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un
(1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código
Sustantivo de Trabajo vigente.
17
C.P.: William Hernández Gómez, veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018), radicación número: 44001-23-33-
000-2014-00032-01(1815-15), Actor: Neiro Alfonso Mejía Duarte, Demandado: Ese Hospital San José de Maicao y otro
16
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
insistió en que debe ser indemnizado por la mora en que incurrió la entidad en el
pago de sus prestaciones sociales al momento de finalizar la relación laboral, en
atención al artículo 65 del CST.
Para esta Subsección resulta claro que la existencia de regímenes diferenciados
para los empleados públicos y trabajadores oficiales, no implica per se una forma
de discriminación. Como es sabido, la vinculación del empleado público y del
trabajador oficial es diferente; el primero, se ata a la administración mediante una
modalidad legal o reglamentaria que involucra un régimen previamente
establecido en la ley y que regula el ingreso, la permanencia, el ascenso y el
retiro, lo cual se concreta con el nombramiento y la posesión.
El trabajador oficial por su parte se vincula mediante un contrato de trabajo que
se regula a través de sus cláusulas convencionales y su existencia se define
según la necesidad del servicio en la rama ejecutiva, vale decir, a la actividad
que deban cumplir de acuerdo con los fines estatales.
En efecto, la naturaleza de uno y otro es disímil razón suficiente para justificar el
trato diferente, sin que la normatividad que el legislador fijó tanto para los
empleados públicos como para los trabajadores oficiales se traduzca en un modo
de discriminación.
De los documentos que obran en el plenario, resulta claro que el señor Neiro
Alfonso Mejía Duarte cuando estuvo vinculado a la ESE hospital San José de
Maicao en el cargo de tesorero, lo hizo bajo la modalidad de empleado público,
situación frente a la cual no existe discusión alguna en el presente asunto.
Ahora, en atención al artículo 3 del CST, se concluye sin mayores argumentos
que las relaciones que regula, no son las de los empleados públicos, sino que
está ligada al derecho laboral individual, cuya base estructural es el contrato de
trabajo.
En atención a lo anterior a los trabajadores oficiales, incluso quienes laboran con
entidades públicas, se les aplica el CST y su vinculación es a través del contrato
de trabajo, en el cual concurren las voluntades de ambas partes para acordar las
condiciones de la prestación del servicio.
Por el contrario, el empleado público tiene una vinculación legal y reglamentaria,
en la cual no tiene la posibilidad legal de acordar con la administración la manera
de prestar el servicio, es decir, el régimen al cual quedan sometidos está
previamente determinado en la ley.
De acuerdo con lo planteado, resulta claro que cada régimen tiene sus notas
características las cuales no pueden desconocerse y menos aún entrar
reconocer los derechos consagrados en una norma que claramente no se debe
aplicar. “
Por lo expuesto, se comparte que no hay lugar al reconocimiento de la
indemnización contemplada en el articulo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
En estas condiciones, se niegan las pretensiones de la demanda.
Siguiendo el discurso planteado se impone revocar la sentencia apelada y en su
lugar se niegan las pretensiones de la demanda.
2.4. Condena en costas.
17
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación […]». Por consiguiente, teniendo en cuenta
que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar
temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo
de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y en su
lugar se niegan las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 17 de abril de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en
su lugar:
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
18
Número interno: 3669-2024
Solicitante: Jenni Paola Carvajalino Fonseca
Convocada: ESE Hospital la Estrella
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.