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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00391-01

Fecha
19 de mayo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00391-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el fallo de 29 de marzo de 2022 de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la improcedencia de la acción para en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Cristian Alberto Ciro Daza, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 27 Ver entre otras las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Sentencia 21.02.14, Rad. 2013-02744-00; Sección Quinta, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Sentencia 22.09.14, Rad. 2014-01528-00; M.P. Susana Buitrago Valencia, Sentencia 29.01.15, Rad. 2014-01236-01, y; Sección Tercera, Subsección “A”, M.P. María Adriana Marín, Sentencia 28.03.19, Rad. 2019-00016-01. 28 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Cristian Alberto Ciro Daza Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín Rad: 05001-23-33-000-2022-00391-01 SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los autos de 26 de julio de 2021, 6 de diciembre de 2021, 31 de enero de 2022 y 14 de febrero de 2022 proferidos por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el radicado N.º 05001-33-33-007-2021-00210-00. TERCERO: ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera un auto de reemplazo en el que decida sobre la admisión de la demanda instaurada por el señor Ciro Daza, entendiendo que la acumulación subjetiva de pretensiones si procede en el sub judice, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. CUARTO: EXTENDER los efectos de esta sentencia a los 9 agentes de tránsito que, junto con el señor Ciro Daza presentaron la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-00391-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

19 de mayo de 2022

Demandante: Cristian Alberto Ciro Daza
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín
Rad: 05001-23-33-000-2022-00391-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 05001-23-33-000-2022-00391-01
Demandante: CRISTIAN ALBERTO CIRO DAZA
Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto procedimental
absoluto – Revoca la decisión para amparar

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por el señor Cristian Alberto Ciro
Daza contra la sentencia del 29 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró la improcedencia de la petición de
amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito enviado por correo electrónico el 14 de marzo de 2022 al
buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva
de la Administración Judicial, el señor Cristian Alberto Ciro Daza, mediante
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Cristian Alberto Ciro Daza
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín
Rad: 05001-23-33-000-2022-00391-01

2. Tales garantías las consideró vulneradas con ocasión de las siguientes
providencias proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín: (i) auto interlocutorio N.º 541 de 26 de julio de 2021 que
inadmitió la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho1, (ii) decisión N.º 927 de 6 de diciembre de 2021
mediante el cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición
interpuesto contra el anterior, (iii) proveído N.º 048 de 31 de enero de 2022 por
medio del cual se admitió la demanda únicamente frente al señor Jesús
Antonio Ortiz Gómez y no el resto de accionantes, y (iv) auto de 14 de febrero
de 2022 a través del cual se negó la solicitud de aclaración respecto a la
situación de los otros sujetos procesales.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“ (…)

4.2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ORDENAR al JUZGADO
SEPTIMO (sic) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
MEDELLÍN – JUEZ JAVIER CAMARGO ARTEAGA, que en un término no
mayor a cuarenta y ocho (48) horas, REVOQUE los efectos de los autos del 26
de julio de 2021 (interlocutorio Nº 541), 06 de diciembre de 2021 (interlocutorio
927), 31 de enero de 2022 (interlocutorio 048), y 14 de febrero de 2022,
proferidos dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que
conoce bajo radicado Nº 050013333007 – 2021 – 00210 – 00 y en
consecuencia realice el estudio de admisión de la demanda radicada en junio
23 de 202, bajo los parámetros de la acumulación subjetiva de pretensiones,
que comprende a 10 demandantes.

4.3. De no llegar a decretarse la medida cautelar, pero posteriormente
resolverse de manera favorable al extremo actor esta tutela (bien sea en
primera o segunda instancia), DISPONER se tenga como cumplida la eventual
providencia favorable, únicamente cuando el JUZGADO SEPTIMO (sic)
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN – JUEZ
JAVIER CAMARGO ARTEAGA, haya por su cuenta reunificado en un solo
expediente el proceso con los 10 demandantes originales.

1
Demanda interpuesta por Miryam Gabriela Duque Ceballos, Keily Karina Gallego Giraldo,
Daniel Fernando Gómez Llano, Francisco Nelson López Duque, Jesús Antonio Ortiz Gómez,
Maicol Yesid Ortiz Zapata, Sebastián Quintero Vergara, Orlando Antonio Restrepo Ospina y
Elizabeth Cristina Villegas Jiménez contra el Municipio de Marinilla, Antioquia e identificada con
radicado N.º 05001-33-33-007-2021-00210-00.

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Demandante: Cristian Alberto Ciro Daza
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín
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4.4. Como consecuencia de lo anterior, se sirva EXTENDER los efectos
positivos de la sentencia a todas las demás personas que junto con el aquí
tutelante presentaron la demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho contra el Municipio de Marinilla, dentro del
proceso con radicado Nº 050013333007 – 2021 – 00210 – 00, que se tramita a
instancias del Despacho del Juez Javier Camargo Arteaga – Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín”.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente
sentencia:

4. En junio de 2021, el señor Cristian Alberto Ciro Daza y 9 personas2 más
presentaron por medio de apoderado judicial demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de
Marinilla, Antioquia, solicitando la nulidad de las resoluciones 0547 de 18 de
febrero de 2021 y 0929 de 16 de marzo de 2021 y el reconocimiento,
liquidación y pago, en forma retroactiva, de los recargos por haber laborado
horas extras en favor de cada uno de los demandantes en el desempeño de
sus funciones como agentes de tránsito.

5. En el contenido de la demanda se alegaba que las pretensiones de cada uno
de los demandantes provenían de una misma causa, versaban sobre el mismo
objeto, existía un problema jurídico idéntico y por ello, con el fin de asegurar la
coherencia entre fallos, la igualdad y la seguridad jurídica, se presentaba una
sola demanda con acumulación subjetiva de pretensiones.

6. Dicho proceso3 fue conocido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín, que mediante providencia de 26 de julio de 20214
inadmitió la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 170 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por
no darse cumplimiento a los requisitos relativos a la acumulación de demandas.

2
Miryam Gabriela Duque Ceballos, Keily Karina Gallego Giraldo, Daniel Fernando Gómez
Llano, Francisco Nelson López Duque, Jesús Antonio Ortiz Gómez, Maicol Yesid Ortiz Zapata,
Sebastián Quintero Vergara, Orlando Antonio Restrepo Ospina y Elizabeth Cristina Villegas
Jiménez.
3
Identificado con el radicado N.º 05001-33-33-007-2021-00210-00.
4
Notificada el 26 de julio de 2021.

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7. Además, se solicitó presentar las demandas de cada accionante en escritos
separados para realizar el correspondiente reparto de estas y se advirtió que
una vez allegados, solo se asumiría la demanda del señor Jesús Antonio Ortiz
Gómez.

8. Frente a dicha decisión, los demandantes presentaron recurso de reposición
pidiendo la admisión de la demanda. En un primer momento, a través de auto
de 20 de septiembre de 2021 fue rechazado por extemporáneo, sin embargo,
en providencia de 6 de diciembre del mismo año5, se advirtió una irregularidad
en la notificación del auto recurrido y se resolvió desfavorablemente el recurso.

9. A pesar de no realizar la subsanación, por medio de auto de 31 de enero de
20226, el juzgado admitió la demanda solamente respecto del señor Jesús
Antonio Ortiz Gómez y remitió para desacumulación y reparto de las demandas
de los demás accionantes.

10. En atención a que el juzgado no se pronunció sobre los otros 9
demandantes, solicitaron la adición de la providencia. No obstante, el 14 de
febrero de 20227, no se accedió a la solicitud, indicando que las demandas de
los otros sujetos procesales ya habían sido sometidas a reparto.

11. El escrito de demanda ordinaria desacumulado del señor Cristian Alberto
Ciro Daza, le correspondió al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, identificado con radicado N.º 05001-33-33-012-2022-
00037-00, el cual fue inadmitido por falta de requisitos mediante auto de 7 de
febrero de 2022 y posteriormente rechazada a través de providencia de 28 del
mismo mes y año, por falta de subsanación.

12. Frente a dichas decisiones, el señor Ciro Daza no presentó recurso alguno.

1.4. Fundamentos de la vulneración

13. El accionante expresó que respecto de las providencias recurridas de 26 de
julio y 6 de diciembre de 2021, se había configurado el defecto sustantivo y en

5
Notificada el 6 de diciembre de 2021.
6
Notificado el 31 de enero de 2022.
7
Notificado el 14 de febrero de 2022.

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lo referente a las del 31 de enero y 14 de febrero de 2022, la autoridad judicial
accionada había incurrido en defecto procedimental absoluto.

14. En lo referente a la providencia de 26 de julio de 2021, la parte actora
indicó que su motivación evidenciaba una falta total de cuidado en la lectura de
la demanda, esto en virtud de que el juez argumentó que no se cumplían con
los requisitos para que procediera la “acumulación de demandas”, sin embargo,
en el escrito los demandantes propusieron la “acumulación subjetiva de
pretensiones”, lo cual era distinto.

15. En atención a que los demandantes del ordinario argumentaron la
acumulación subjetiva de pretensiones de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 88 del Código General del Proceso8, el accionante adujo que el
juzgado debió hacer lo mismo para fundamentar las razones por las cuales a
su juicio el caso no se ajustaba a ninguno de los cuatro casos planteados en la
norma.

16. Asimismo manifestó que la inadmisión de la demanda y el conocimiento
únicamente respecto del señor Jesús Antonio Ortiz Gómez, significaba un
desgaste para la administración de justicia además de transgredir los principios
de celeridad, economía procesal y seguridad jurídica de acuerdo con lo
indicado por la Corte Constitucional en la sentencia T-1017 de 19999, ya que se
debían tramitar 10 demandas, audiencias de pruebas y fallos idénticos.

17. Frente al auto de 6 de diciembre de 2021, el actor señaló que la autoridad
judicial accionada no aplicó correctamente la norma procedente en el caso, es
decir, el artículo 88 del Código General del Proceso, en tanto este estipula que

8
“(…) También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes
o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en
cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando provengan de la misma causa.
b) Cuando versen sobre el mismo objeto.
c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.
d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas”.
9
En esta se señaló que: “(…) si un número plural de procesos puede ser resuelto por un
mismo funcionario judicial, a partir de la solución de un idéntico problema jurídico, nada justifica
el hecho de que los procesos no puedan acumularse. Toda vez que la acumulación de
pretensiones de distintos demandantes tiende a asegurar la coherencia entre los distintos fallos
y a evitar la existencia de sentencias contradictorias, promoviendo sin duda, la igualdad y la
seguridad jurídica”

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para que pueda darse la acumulación de pretensiones se debe cumplir alguno
de los cuatro casos que nombra.

18. En ese sentido, el señor Ciro Daza señaló la forma en que se cumplen los
cuatro casos en la demanda ejercida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho:

• Que las pretensiones provengan de la misma causa: la motivación de la
demanda fueron las resoluciones N.º 0547 de febrero 18 de 2021 y la
N.º 0929 de marzo 16 de 2021, por medio de las cuales se les negó el
reconocimiento de derechos laborales a los demandantes.

• Que las pretensiones versen sobre el mismo objeto: la finalidad
perseguida por los demandantes es la nulidad de los actos
administrativos y el reconocimiento de sus derechos laborales. Además,
se debía revisar si el Decreto Ley 1042 de 1978 era aplicable en el caso
de todos.

• Que las pretensiones se hallen entre sí en relación de dependencia:
todos buscaban que se les pagaran las horas extras de trabajo que
hicieron, por lo tanto, todos los fallos debían ser en el mismo sentido.

• Que las pretensiones deban servirse específicamente de unas mismas
pruebas, aunque el interés sea distinto: las pruebas comunes eran los
actos administrativos, el oficio petitorio mediante el cual los
demandantes agotaron la “vía gubernativa” y “las pruebas documentales
solicitadas tanto en vía gubernativa como en el escrito de demanda”.

19. Sobre el auto de 31 de enero de 2022, el tutelante argumentó que el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín había
pretermitido una etapa en el procedimiento establecido en el CPACA, en tanto,
no tuvo la oportunidad de apelar el auto que ordenó la desacumulación de la
demanda, ya que lo procedente era rechazarla para poder interponer el
recurso.

20. De igual forma, frente al auto de 14 de febrero de 2022, indicó que el hecho
de que la autoridad judicial accionada hubiese resuelto la solicitud de
aclaración el mismo día en que se remitió a la oficina de apoyo judicial la

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demanda con el fin de que fuera repartida a otros despachos, era una decisión
arbitraria “(…) con que se pretermite una etapa del procedimiento establecido por la
norma y que ni siquiera se encontraba ejecutoriado o se había notificado a los
extremos procesales (…)”.

21. Igualmente, se citaron las siguientes providencias de tutela proferidas por el
Consejo de Estado en las que se presentaron casos similares y se falló a favor
de los accionantes:

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Sentencia 27.02.20,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00377-00.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección “A”, M.P. María Adriana Marín, Sentencia 28.03.19,
Rad. 17001-23-33-000-2019-00016-01.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 30.07.20, Rad. 25000-23-
15-000-2020-02274-01.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, M.P. María Elizabeth García González, Sentencia 12.02.15,
Rad. 11001-03-15-000-2014-02439-00.

• Tribunal Administrativo del Tolima, M.P. Jaime Alberto Galeano Garzón,
Sentencia 28.10.13.

1.5. Trámite de la acción de tutela

22. Mediante auto del 15 de marzo de 2022, el magistrado ponente de la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte demandante y al
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín.
Además, negó la solicitud de medida provisional.

23. Por medio de providencia de 22 de marzo del año en curso, se vincularon
como terceros interesados a los señores Miryam Gabriela Duque Ceballos,

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Keily Karina Gallego Giraldo, Daniel Fernando Gómez Llano, Francisco Nelson
López Duque, Jesús Antonio Ortiz Gómez, Maicol Yesid Ortiz Zapata,
Sebastián Quintero Vergara, Orlando Antonio Restrepo Ospina y Elizabeth
Cristina Villegas Jiménez, al municipio de Marinilla, Antioquia y a los siguientes
juzgados administrativos orales del circuito judicial de Medellín: primero,
tercero, octavo, doce, catorce, dieciocho, veinticuatro y treinta.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Municipio de Marinilla, Antioquia

24. Mediante escrito remitido el 25 de marzo de 2022, el alcalde indicó que no
existe ningún perjuicio irremediable, pues el municipio fue notificado de todas
las actuaciones del proceso, lo cual evidenciaba que el apoderado de la parte
actora no estuvo lo suficientemente atento a las decisiones.

25. Además, señaló que si el señor Ciro Daza se quedaba “sin una demanda
efectiva” era un tema que debía resolver el apoderado y que el medio idóneo
para ello no era la acción de tutela, por lo que solicitó que se negara el amparo.

1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín

26. A través de documento allegado el 25 de marzo del año en curso, el juez
mencionó que la acción de tutela resultaba improcedente teniendo en cuenta
que el proceso ordinario se encontraba en trámite. Además, indicó que el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín como director del
proceso no tomó ninguna decisión de fondo, sino que dispuso la adecuación
del trámite, lo cual no generaba vulneración a los derechos fundamentales del
accionante.

27. Puso de presente que el tema de la acumulación subjetiva de pretensiones
ni siquiera venía al caso, en tanto el asunto carecía de relevancia
constitucional, por cuanto no existía vulneración de los derechos invocados y
existían otros mecanismos para debatir la inconformidad del actor.

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28. De igual forma argumentó que si se encontraban cumplidos los requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencia judicial, se debía negar
el amparo por no configurarse ninguno de los defectos alegados.

1.6.3. Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín

29. Con escrito de 23 de marzo de 2022, el juez solicitó que no se profiriera
sentencia en contra de su despacho judicial, toda vez que las decisiones
dictadas por este respetaron y garantizaron el debido proceso en todas las
actuaciones procesales.

1.6.4. Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín

30. Por medio de documento enviado el 25 de marzo de 2022, la jueza expresó
que el 2 de febrero del mismo año se recibió el acta de reparto de la demanda
ejercida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el señor Sebastián Quintero Vergara contra el municipio de
Marinilla y se le asignó el radicado N.º 05001-33-33-014-2022-00030-00, la
cual se encontraba en estudio de los requisitos para su admisión.

1.6.5. Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín

31. Con escrito de 24 de marzo de 2022, la jueza adujo que el 17 de febrero de
2022 admitió la demanda instaurada por Elizabeth Cristina Villegas Jiménez
contra el municipio de Marinilla. Asimismo, solicitó que se negara la presente
acción tutelar en atención que la autoridad judicial accionada no había
vulnerado los derechos fundamentales del señor Ciro Daza.

32. Los demás vinculados, pese a que se notificaron en debida forma, no
allegaron contestación alguna.

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1.7. Fallo impugnado

33. Mediante sentencia de 29 de marzo de 2022, la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional tras encontrar que no se superaba el requisito de
procedibilidad adjetiva de relevancia constitucional , en tanto “(…) la Sala tendría
que examinar nuevamente los argumentos expuestos en el recurso de reposición que
se interpuso contra la decisión del 26 de julio de 2021 que declaró la improcedencia de
la acumulación subjetiva de pretensiones en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, los cuales ya fueron resueltos por el Juzgado accionado
mediante el auto del 6 de diciembre de 2021”.

34. Adujo que las decisiones cuestionadas no conllevaban a una afectación
directa de los derechos fundamentales invocados por el tutelante, dado que lo
referente a la acumulación de pretensiones fue analizado en la decisión del 26
de julio de 2021 mediante una argumentación razonable y de acuerdo con la
normativa aplicable a la materia, lo cual fue reiterado en el proveído de 6 de
diciembre de 2021.

35. Adicionalmente, señaló que a pesar de la inadmisión de la demanda, la
autoridad judicial accionada remitió la demanda para reparto y
desacumulación, por lo cual no había lugar a predicar los defectos sustantivo o
procedimental, pues se garantizaron los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de todos los accionantes,
que tenían a su disposición mecanismos de defensa judicial (reposición y
adición) y se les concedió la posibilidad de continuar por separado el medio de
control.

36. Por otra parte, puso de presente que la demanda del señor Ciro Daza
correspondió por reparto el 2 de febrero de 2022 al Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, con radicado N.º 05001-
33-33-012-2022-00037-00, la cual fue inadmitida por falta de requisitos
mediante auto de 7 de febrero de 2022 y posteriormente rechazada por medio
de providencia de 28 del mismo mes y año, por falta de subsanación de los
mismos, y por ello no se cumplía con el requisito de procedencia de la acción
de tutela, ya que no se habían agotado todos los medios de defensa judicial al
alcance.

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1.8. Impugnación

37. La parte actora impugnó el fallo de tutela10 mediante escrito radicado el 6
de abril de 2022, argumentó en primer lugar que la acción de tutela sí era
procedente puesto que se cuestionaba la razonabilidad de los autos dictados
por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín del
26 de julio, 20 de septiembre y 6 de diciembre de 2021 y 14 de febrero de
2022.

38. Resaltó que el objetivo de la presente acción de tutela radicaba en revocar
los efectos de los autos dictados por el despacho accionado y que, en
consecuencia, se le ordenara realizar el estudio de admisión de la demanda
bajo los parámetros de la acumulación subjetiva de pretensiones y, de esa
manera, proferir una decisión judicial que se ajuste a derecho y comprenda la
totalidad de demandantes.

39. Expresó que, la autoridad judicial accionada se había apartado del
procedimiento legalmente establecido, ya que lo que procedía en derecho a su
juicio, era rechazar toda la demanda incoada, no solo respecto de unos
accionantes y admitir frente a uno solo, es decir que se había configurado un
defecto procedimental absoluto. Además, reiteró que “(…) en el presupuesto que
al admitir la demanda respecto a un solo sujeto procesal y omitir pronunciarse sobre
los demás, deja sin posibilidad alguna el hacer uso del recurso de apelación
establecido en el artículo 243 del C.P.A.C.A., dado que el auto que admite la demanda
no es susceptible de este recurso, como si lo es, el que rechaza la demanda, auto que
debió proferir el accionado debido a la no subsanación de la demanda en el término
por el establecido”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

40. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
señor Cristian Alberto Ciro Daza contra la sentencia proferida por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de

10
El fallo de tutela fue notificado el 1º de abril de 2022.

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2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 2º del Acuerdo 80
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

41. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la
providencia de 29 de marzo de 2022, dictada por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la acción de tutela del vocativo de
la referencia, instaurada por la parte actora con el fin de reclamar el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

42. En ese sentido, se debe resolver si ¿la autoridad judicial accionada incurrió
en un defecto procedimental absoluto, al no conocer de la demanda ejercida en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por
todos los accionantes, sino solo respecto de uno y en lugar de remitirla para
reparto y desacumulación, debió rechazarla para que los actores pudieran
interponer los mecanismos judiciales idóneos?

43. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes asuntos: i)
criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii)
generalidades del defecto procedimental absoluto; iv) de la acumulación de
pretensiones en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y; v) análisis del caso
concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
201211, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P.
María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.

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sobre el tema12. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por
cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en
la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales13. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación
simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

45. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos
por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que
la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por
ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas
características.

46. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia16 a
unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de
tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de
amparo – procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente
adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva -.

47. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate
de tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los
recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez.
De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos

12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
13
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia”
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
15
Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.

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presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

48. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

49. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional

50. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra
superado por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad
de las providencias del 26 de julio, 20 de septiembre y 6 de diciembre de 2021
y 14 de febrero de 2022, dictadas por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín pues en su sentir, se apartó del procedimiento
legalmente establecido.

51. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que
el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de
indefensión, pues en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales, por cuanto la autoridad judicial accionada decidió (i) inadmitir la
demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, (ii) resolver desfavorablemente el recurso de
reposición, (iii) admitir la demanda únicamente frente al señor Jesús Antonio
Ortiz Gómez, y (iv) negar la solicitud de aclaración de sentencia.

52. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados

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erróneamente por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y
aplicación de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, y omitiendo el deber del juez ordinario de actuar
tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.

53. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o
amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su
protección, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado
como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

54. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación,
para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

2.3.2.2. Tutela contra decisión de tutela

55. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una
tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues las providencias
cuestionadas fueron proferidas en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con radicado N.º 05001-33-33-007-
2021-00210-00, instaurado por Miryam Gabriela Duque Ceballos, Keily Karina
Gallego Giraldo, Daniel Fernando Gómez Llano, Francisco Nelson López
Duque, Jesús Antonio Ortiz Gómez, Maicol Yesid Ortiz Zapata, Sebastián
Quintero Vergara, Orlando Antonio Restrepo Ospina Cristian Alberto Ciro Daza
y Elizabeth Cristina Villegas Jiménez contra el municipio de Marinilla, Antioquia.

2.3.2.3. Inmediatez

56. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en atención que todos los autos recurridos se encuentran
concatenados. Así, la última providencia atacada, fue proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el 14 de febrero de
2022 y la solicitud de amparo fue presentada el 14 de marzo siguiente, por lo
que, sin tener en cuenta el término de ejecutoria, se advierte que la misma fue

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presentada dentro del término que la Sala ha considerado razonable para el
uso del mecanismo excepcional, es decir, menos de 6 meses.

57. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de
201417, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 200518, para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el
término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

2.3.2.4. Subsidiariedad

58. Este requisito se encuentra superado, pues la providencia de 6 de
diciembre de 2021 mediante la cual el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín resolvió el recurso de reposición, proveído contra
el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 del CPACA no
procede el recurso de apelación.

59. Asimismo, se tiene que contra el auto de 14 de febrero de 2022 a través del
cual se negó la solicitud de aclaración respecto a la situación de los otros
sujetos procesales, no procede ningún recurso. En ese sentido, se advierte que
en el caso sub examine sí se agotaron los recursos ordinarios.

60. Así mismo, frente a los argumentos del actor, se tiene que no le aplican los
recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, pues los
motivos que los sustentan no encuadran en los requisitos y causales que
hacen procedente los recursos extraordinarios mencionados.

61. De igual forma, es procedente señalar que no se estudiará sobre lo resuelto
por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, dado

17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P:
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
18
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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que las decisiones recurridas solo son las proferidas por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín. La anterior aclaración se
hace en atención a que el a quo indicó la falta de cumplimiento del presente
requisito de procedibilidad.

62. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido
superados, motivo por el cual se realizará el estudio del caso concreto.

2.4. Generalidades del defecto procedimental absoluto

63. La Corte Constitucional19 precisó que se incurre defecto procedimental
cuando la autoridad judicial se aparta por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, y establece las
siguientes posibilidades para la configuración del cargo en mención: i) el juez
se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente, esto es, desvía el
cauce del asunto; ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido
legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las
partes del proceso; (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en
todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o
su contestación.

64. Para que resulte procedente el amparo en sede de tutela de este defecto,
la jurisprudencia constitucional20 ha precisado que deberán concurrir los
siguientes elementos: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por
ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela;
(ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa
de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad
haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido
imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que
como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales.

19
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia del 09.09.13., M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
20
Ibidem.

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2.5. De la acumulación de pretensiones en vigencia de la Ley 1437 de 2011

65. Con la entrada en vigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el control judicial de la administración cambió, en
el sentido que antes cada acción tenía su correspondiente pretensión mientras
que, actualmente, a través de un único medio de control se pueden reclamar
tantas pretensiones como estén autorizadas.

66. En sentencia del 29 de enero de 2015, esta Sección de la Corporación
explicó que “el cambio de sistema tiene como fin evitar la excepción de indebida
acumulación de pretensiones o indebida acumulación de acciones generada (que no solo
limitaba el derecho de acceso a la administración de justicia, sino que desconocía el principio
de economía procesal), como se dice en la ponencia transcrita [ponencia para el primer debate
del proyecto del CPACA], por equivocaciones de los usuarios de la administración de justicia.
De hecho, en el articulado del proyecto de ley primigenio existía una norma que expresamente
prohibía la excepción de indebida acumulación (…)21”.

67. Si bien en los debates correspondientes el mencionado artículo fue
eliminado, conviene precisar que ello ocurrió por razones de técnica legislativa
y no por cuestiones de fondo, toda vez que la acumulación de pretensiones
estaba regulada por otra norma, a saber, el artículo 165 ibidem. Lo anterior
indica que el objetivo de evitar la excepción de indebida acumulación de
pretensiones se mantuvo en el texto que finalmente fue aprobado por el
legislador.

68. En ese contexto, si cambiar el sistema conforme al cual cada acción tenía
su propia pretensión, a uno que permitiera tramitar todas las pretensiones a
través de un mismo procedimiento tenía como finalidad garantizar el acceso a
la administración de justicia, resulta desacertado afirmar que en el proceso de
lo contencioso administrativo no procede la acumulación subjetiva de
pretensiones.

69. En ese sentido, esta Sala de Decisión considera pertinente citar el artículo
165 de la Ley 1437 de 2011:

“ARTÍCULO 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la demanda se
podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. María
Adriana Marín, Sentencia 29.01.2015, Rad. 2014-01236-00; posición que luego fue reiterada
por la Subsección “A” de la Sección Tercera de la Corporación en sentencia del 28.3.2019.

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derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas
y concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se
acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente
para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme
que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y
de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción
Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y
resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como
principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento”.

70. Así las cosas, esta Colegiatura observa que el mencionado artículo permite
que en una demanda se agrupen pretensiones de nulidad, de nulidad y
restablecimiento del derecho, las relativas a contratos y de reparación directa.
Ahora, si bien no se refirió a la figura de acumulación subjetiva de
pretensiones, lo cierto es que tampoco la prohibió, de hecho, se observa que
prevé la posibilidad de acumular frente a una entidad pública o un particular,
cuando el daño sea imputable simultáneamente a una y a otro. Por esa razón,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 306 ibidem, debe acudirse a lo
regulado en el tema por el Código General del Proceso22.

71. Dicho cuerpo normativo establece en su artículo 88 lo siguiente:

“ARTÍCULO 88. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. El demandante podrá
acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado,
aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la
cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como
principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

4. En la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene
al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella
y el cumplimiento de la sentencia definitiva.

22
“ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”.

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También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios
demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés
de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando provengan de la misma causa.

b) Cuando versen sobre el mismo objeto.

c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.

d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias
personas que persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del demandado”.
(Negrillas de la Sala).

72. En ese sentido, se observa que la citada norma regula tanto la acumulación
objetiva como la subjetiva, motivo por el cual, es dable concluir que la figura
que aquí nos interesa sí procede en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

2.6. Caso concreto

73. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
el aquí tutelante y otras 9 personas, por intermedio de apoderado judicial,
demandaron al municipio de Marinilla con el fin de que se reconociera, liquidara
y pagara en forma retroactiva los recargos por haber laborado horas extras en
favor de cada uno de los demandantes en el desempeño de sus funciones
como agentes de tránsito.

74. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín que, mediante auto de 26 de julio de
2021, inadmitió la demanda presentada para que el profesional del derecho la
individualizara respecto de cada uno de los accionantes. Lo anterior, por
considerar que:

“De las normas transcritas se desprende que, en el presente evento, no se da
cumplimiento a los requisitos para la acumulación de pretensiones o
demandas, por cuanto si bien el origen de la demanda se desprende de dos
actos administrativos y como consecuencia solicita el reajuste de salarios, ello
por sí solo no implica en los términos de las normas señaladas, una identidad
de causa, toda vez que no todos los demandantes cumplen el mismo horario
y/o mismos turnos.

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Ello por cuanto no se puede dejar de lado, que los horarios, turnos y fechas en
las que laboran los demandantes son idénticas, como tampoco se puede
afirmar que laboraron el mismo número de horas nocturnas y/o días
dominicales de ahí que es necesario hacer un análisis puntual para cada
demandante, por lo que no se cumplen con los presupuestos para que proceda
la acumulación de demandadas”.

75. La parte actora interpuso recurso de reposición contra el auto de 26 de julio
del mismo año al argumentar que “(…)i) la indudable aplicación del artículo 88 del
CGP al caso particular, ii) la exactitud de la norma, iii) que en efecto a pesar de no ser
necesario se cumplen todos los presupuestos de dicha norma, y iv) el precedente que
ha aprobado la acumulación subjetiva de pretensiones en infinidad de casos con
supuestos fácticos y jurídicos análogos, tan solo resta solicitar de forma respetuosa al
Despacho se reponga la providencia recurrida y en su lugar se disponga la admisión
de la demanda de la referencia bajo los par metros de la acumulación subjetiva de
pretensiones para la totalidad de demandantes”.

76. Mediante proveído de 20 de septiembre de 2021, el juzgado tutelado indicó
que el recurso de reposición se había presentado de forma extemporánea, sin
embargo, en atención al memorial allegado por la parte actora señalando la
indebida notificación, por medio de auto de 6 de diciembre de 2021 resolvió
“NO REPONER, la decisión adoptada en auto del 21 (sic) de septiembre de 2020”.
Como fundamento de su decisión, adujo que:

“De las normas transcritas se desprende que, en el presente evento, no se da
cumplimiento a los requisitos para la acumulación de pretensiones o
demandas, por cuanto si bien el origen de la demanda se desprende de un
mismo acto ficto o presunto y como consecuencia solicita el reajuste de
salarios, ello por sí solo no implica en los términos de las normas señaladas,
una identidad de causa, toda vez que no todos los demandantes cumplen el
mismo horario y/o mismos turnos”.

77. A pesar de no subsanar la demanda en el sentido de desacumularla y
presentarla por separado cada uno de los accionantes, el 31 de enero de
2022, el juzgado accionado la admitió solamente respecto del señor Jesús
Antonio Ortiz Gómez y remitió para desacumulación y reparto las demás. Por
ello y con ocasión de que la autoridad judicial accionada no se refirió sobre los
otros accionantes, estos solicitaron la adición de la providencia, petición que
fue negada el 14 de febrero de 2022.

78. En atención a lo anterior, el señor Ciro Daza acudió al mecanismo de tutela
alegando la configuración de los defectos sustantivo y procedimental absoluto

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en las 4 providencias señaladas. Por un lado, el primero iba dirigido a
cuestionar la correcta aplicación e interpretación del artículo 88 del Código
General del Proceso sobre la debida acumulación de pretensiones y, en un
segundo momento, se argumentaba la pretermisión de una etapa del
procedimiento establecido en el CPACA, en tanto, al no encontrar el juez
subsanación por parte de los demandantes en el proceso ordinario debió
rechazar la demanda en lugar de admitirla solo respecto de un accionante y
ordenar la desacumulación y reparto sobre el resto.

79. A pesar de que el tutelante solo fundamentó su impugnación reiterando la
argumentación sobre el defecto procedimental absoluto, esta Sala de Decisión
encuentra que en los cuatro proveídos recurridos está implicada la
acumulación subjetiva de pretensiones, por lo que es necesario hacer unas
precisiones en torno a ello.

80. Como se refirió en el acápite anterior, al revisarse el Código de
Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, se observa
que esta normativa solo reguló la acumulación objetiva en su artículo 165, pero
nada dispuso cuando se presenta la subjetiva, motivo por el cual, con
fundamento en el artículo 306, se acude a lo regulado en el tema por el Código
General del Proceso.

81. Dicho compendio procesal establece en su artículo 88, lo siguiente:

“El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones
contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los
siguientes requisitos:

(…)

También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios
demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el
interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando provengan de la misma causa.

b) Cuando versen sobre el mismo objeto,

c) Cuando se hallen entre si en relación de dependencia.

d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.

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Medellín
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(…)”.

82. Pues bien, como se observa de su lectura, dicha normativa regula dos
aspectos, por un lado, la acumulación objetiva y, por el otro, la subjetiva, que
es la que interesa frente al problema constitucional que estudia la Sala.

83. La anterior disposición es clara en indicar que podrán formularse en una
demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios
demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera
de los casos allí indicados y, es ese adjetivo el que debe definir el conflicto que
se ha presentado entre el señor Cristian Alberto Ciro Daza y el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, de cara a las
providencias cuestionadas.

84. Pues bien, la Real Academia de la Lengua, en su tercera acepción, define
cualquiera, en los siguientes términos: “3. adj. indef Uno u otro, sea el que sea. U.
pospuesto a sustantivos (…)”.

85. Ahora bien, el artículo 28 del Código Civil, establece que las palabras de la
ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las
mismas palabras.

86. Así las cosas, le asiste razón al tutelante, respecto de la argumentación
utilizada en todos los recursos interpuestos en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues cuando el Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín en las providencias cuestionadas, exigió́
el cumplimiento acumulativo de los casos establecidos por el artículo 88 del
Código General del Proceso23, realizó una interpretación irrazonable pues le
otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene.

87. Pues se insiste, que al establecer dicha norma que en cualquiera de esos
casos opera la acumulación subjetiva de pretensiones, es decir, “uno u otro, sea
el que sea”, con darse uno de dichos supuestos, es posible dicha acumulación.

88. En el presente asunto, se observa que frente a las pretensiones planteadas
es que se debe analizar los casos contemplados en el artículo 88 del CGP, y
23
Como son cuando las pretensiones a) provengan de la misma causa, b) versen sobre el
mismo objeto, c) se hallen entre sí en relación de dependencia y d) deban servirse de unas
mismas pruebas

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como lo explicó el apoderado de la tutelante y lo observa este juez
constitucional, frente a los 9 ciudadanos que presentaron la demanda ordinaria
que, con las providencias cuestionadas ordenó su desglose en demandas
independientes, se evidencia, lo siguiente:

• A). Cuando provengan de la misma causa: lo que motivó la demanda
fueron las resoluciones N.º 0547 de febrero 18 de 2021 y la N.º 0929 de
marzo 16 de 2021, por medio de las cuales se les negó el
reconocimiento de derechos laborales a los demandantes.

• B). Cuando versen sobre el mismo objeto: lo perseguido por los
demandantes es la nulidad de los actos administrativos y el
reconocimiento de sus derechos laborales.

• C). Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia: todos los
accionantes buscaban que se les pagaran las horas extras que
laboraron, es decir que las pretensiones eran las mismas, por lo tanto,
todos los fallos debían ser en el mismo sentido.

• D). Cuando deban servirse de unas mismas pruebas: las pruebas
comunes eran los actos administrativos, el oficio petitorio mediante el
cual los demandantes agotaron la “vía gubernativa” y “las pruebas
documentales solicitadas tanto en vía gubernativa como en el escrito de
demanda”.

89. Otra cosa distinta, es si se declara la nulidad del acto, caso en el cual el
restablecimiento será diferente frente a cada uno de los accionantes,
dependiendo de las horas extras laboradas por cada uno ellos, pero dicho
supuesto no lo consagra el artículo 88 del CGP, para poder admitir una
demanda con acumulación subjetiva de pretensiones.

90. Por otro lado, la Corte Constitucional en la sentencia T-1017 de 199924, que
esta Sala toma como un criterio auxiliar, frente a la acumulación de procesos y
pretensiones subjetivas, expuso:

"En efecto, una interpretación de las normas procesales que facilite la
acumulación promueve el principio de economía procesal según el cual todos

24
Corte Constitucional, Sentencia T-1017 de 13.12.99, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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los agentes involucrados en el proceso de administración de justicia, deben
intentar obtener el mejor resultado, tanto para las partes como en términos
globales, con el menor costo en tiempo y recursos. Ciertamente, si un número
plural de procesos puede ser resuelto por un mismo funcionario judicial, a partir
de la solución de un idéntico problema jurídico, nada justifica el hecho de que
los procesos no puedan acumularse.

Adicionalmente, la acumulación de pretensiones de distintos demandantes
tiende a asegurar la coherencia entre los distintos fallos y a evitar la existencia
de sentencias contradictorias. Este comportamiento promueve, sin duda, la
igualdad y la seguridad jurídica”.

91. Lo anterior tiene sustento en claros principios de raigambre constitucional
como son los de eficacia, economía y celeridad; y al aceptarse la acumulación
subjetiva25 de pretensiones permitirá́ que el mismo juez resuelva en la misma
cuerda procesal estos casos, impidiendo con ello que se profieran decisiones
contradictorias ante un mismo problema jurídico, garantizando así la igualdad y
la seguridad jurídica entre ellos.

92. Ahora, en lo concerniente al defecto procedimental absoluto, se evidencia
que en el auto de 26 de julio de 2021 que inadmitió la demanda y ordenó su
subsanación en el sentido de que cada accionante debía presentar la demanda
en escritos separados, ello sujeto a lo previsto en el artículo 170 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, so pena de
rechazo, además indicó: “Cumplido lo anterior, el Despacho asumir el conocimiento
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del señor JESUS ANTONIO
ORTIZ”.

93. Sin embargo, a pesar de que los demandantes no subsanaron la demanda,
mediante providencia de 31 de enero de 2022, el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín admitió la demanda
solamente respecto del señor Jesús Antonio Ortiz y ordenó la desacumulación
y reparto frente a los otros.

25
Sobre casos como el presente se pueden ver los siguientes fallos de tutela proferidos por la
Corporación: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Sentencia 30.07.20, Rad. 25000-23-15-000-2020-02274-01, Sección
Tercera, Subsección “A”, M.P. María Adriana Marín, Sentencia 28.03.19, Rad. 17001- 23-33-
000-2019-00016-01; Sección Quinta, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Sentencia
27.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2020-00377-00; Sentencia 22.09.14, Rad. 11001-03-15-000-
2014-01528-00; Sección Segunda, Subsección “A”, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero,
Sentencia 21.02.14, Rad. 11001-03-15-000-2013-02744-00.

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94. El artículo 170 del CPACA consagra sobre la inadmisión de la demanda
que: “Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por
auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el
demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la
demanda”. (Subrayado propio)

95. Por ello, el artículo 169 ibidem indica sobre el rechazo de la demanda que:
“Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes
casos:

(…)

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la
oportunidad legalmente establecida (…)”.

96. La normativa referida indica que, ante la falta de subsanación el juez
coordinador debe rechazar de plano la demanda. Es por ello que se evidencia
que la autoridad judicial accionada se apartó por completo del procedimiento
establecido en el CPACA, admitiendo la demanda solamente frente a uno de
los accionantes y remitiendo para reparto frente a los demás a pesar de haber
inadmitido en un primer momento y no encontrar subsanación de cara a ello.

97. Así las cosas, esta Sala de Decisión encuentra configurado el defecto
procedimental alegado.

98. En virtud de lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada para, en
su lugar, conceder el amparo de las garantías constitucionales invocadas por la
parte actora, razón por la cual, habrá de ordenarse al Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín que, en el término de veinte
(20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera un
auto de reemplazo en el que decida sobre la admisión de la demanda
instaurada por el señor Ciro Daza, entendiendo que la acumulación subjetiva
de pretensiones sí procede en el sub judice y que se apartó de lo consagrado
en el procedimiento administrativo.

99. Ahora, comoquiera que la presente demanda de tutela se admitió
únicamente respecto del señor Cristian Alberto Ciro Daza, es evidente que los
efectos de esta sentencia deben cobijar igualmente a las otras 9 personas que
se vieron afectadas con los autos dictados por el Juzgado Séptimo

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Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, que se dejarán sin efectos
en esta instancia.

100. La Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación aseguró
que “cuando el juez constitucional advierta que la acción u omisión violatoria de los derechos
fundamentales invocados por los tutelantes también afecta garantías principales de otras
personas que no solicitaron el amparo, pero que se encuentran en las mismas circunstancias
de los primeros, le está permitido extender la tutela a estos, con miras a garantizar el derecho a
la igualdad”26.

101. Frente al punto, la Corte Constitucional en la sentencia T-987 de 2012,
posición que luego reiteró en la T-689 de 2013, estableció que:

“Este mecanismo ha sido utilizado por la Corte para extender el grado de
protección de los derechos fundamentales en aquellos asuntos en que se
advierta que varios sujetos están incursos en la misma situación de hecho que
dio lugar a la protección constitucional en sede jurisdiccional. La jurisprudencia
ha señalado que esta alternativa es excepcional y solo procede cuando se está
ante la evidencia de afectación de derechos fundamentales de sujetos que, si
bien no fueron parte en la acción de tutela, se encuentra en los mismos
supuestos fácticos que dieron lugar al amparo (...) Los requisitos para que
proceda una decisión con efectos inter comunis son los siguientes: (i) se
evidencia que si no se amparan las garantías superiores de quienes no
ejercieron directamente la acción de tutela y que pertenecen a la misma
comunidad afectada, existe un desconocimiento de su derecho a la igualdad; (ii)
se vislumbra que quienes no solicitaron directamente el amparo tutelar, se
encuentren en condiciones comunes frente al particular o entidades accionadas
a las de quienes presentaron la acción de tutela porque pertenecen a la misma
colectividad y; (iii) se acredita que la orden de protección otorgada por el juez
constitucional repercute -de manera directa e inmediata- en el desconocimiento
de los derechos fundamentales de los no tutelantes”.

102. En tal sentido, si bien por regla general las decisiones judiciales
adoptadas en el marco de las acciones de tutela tienen efectos inter partes, lo
cierto es que existen circunstancias que ameritan ampliar el margen de
protección de quienes no ostentaron la calidad de parte con el objetivo de
garantizar los derechos de aquellos que se encuentran en idéntica situación
fáctica y jurídica.

26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, M.P. María Adriana Marín, Sentencia
28.3.2019, Rad. 2019-00016-01.

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2.7. Conclusión

103. Así las cosas, se observa que en el caso que nos ocupa hay lugar a que
el amparo cobije a quienes no teniendo la calidad de tutelantes, sí fueron
demandantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicado 05001-33-33-007-2021-00210-00, razón
por la cual limitar los efectos al señor Ciro Daza desconocería que las otras 9
personas se vieron igualmente afectadas en sus derechos fundamentales del
debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de los
autos que esta instancia se atacan.

104. Por todo lo anterior, debe disponerse en la parte resolutiva de esta
providencia que se extenderá el amparo de los derechos deprecados a las 9
personas que, junto con el señor Ciro Daza presentaron la demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el municipio de Marinilla dentro del proceso radicado con el N.º 05001-33-33-
007-2021-00210-00, tal como lo ha hecho esta Corporación en casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares27.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de 29 de marzo de 2022 de la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la improcedencia
de la acción para en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Cristian
Alberto Ciro Daza, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

27
Ver entre otras las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero,
Sentencia 21.02.14, Rad. 2013-02744-00; Sección Quinta, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez Sentencia 22.09.14, Rad. 2014-01528-00; M.P. Susana Buitrago Valencia,
Sentencia 29.01.15, Rad. 2014-01236-01, y; Sección Tercera, Subsección “A”, M.P. María
Adriana Marín, Sentencia 28.03.19, Rad. 2019-00016-01.

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SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los autos de 26 de julio de 2021, 6 de
diciembre de 2021, 31 de enero de 2022 y 14 de febrero de 2022 proferidos por
el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín en el
marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada
con el radicado N.º 05001-33-33-007-2021-00210-00.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de
la notificación de esta providencia, profiera un auto de reemplazo en el que
decida sobre la admisión de la demanda instaurada por el señor Ciro Daza,
entendiendo que la acumulación subjetiva de pretensiones si procede en el sub
judice, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

CUARTO: EXTENDER los efectos de esta sentencia a los 9 agentes de
tránsito que, junto con el señor Ciro Daza presentaron la demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
municipio de Marinilla, dentro del proceso radicado con el N.º 05001-33-33-
007-2021-00210-00., que actualmente se tramita en el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoría del fallo, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín
Rad: 05001-23-33-000-2022-00391-01

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Ausente con permiso

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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