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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10827-01

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10827-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase el fallo del 22 de abril de 2022, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado, para en su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Aura Daliz Cortés Muñoz, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se deja sin efecto la providencia del 29 de octubre de 2021, por la cual la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver la apelación sobre el rechazo de la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-056- 2018-00527-00/01, declaró la improcedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones. Por tanto, se ordena a la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera un auto de reemplazo en el que atienda las consideraciones expuestas en este fallo relativas a la procedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones en la aludida causa ordinaria. SEGUNDO: Extiéndanse los efectos de esta sentencia a los demás integrantes de la parte demandante dentro del medio de control de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-056-2018-00527-00/01, que junto con la aquí accionante Aura Daliz Cortés Muñoz presentaron la demanda ordinaria, que se tramita en primera instancia en el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-10827-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

2 de junio de 2022

Demandante: Aura Daliz Cortés Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria de la Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2021-10827-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10827-01
Demandante: AURA DALIZ CORTÉS MUÑOZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SALA
TRANSITORIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca y
ampara.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 22 de abril de 2022, por medio de la cual la Sección Primera del
Consejo de Estado denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito recibido electrónicamente el 30 de noviembre de 2021, con
presentación de la demanda por «ventanilla virtual», la señora Aura Daliz
Cortés Muñoz, en nombre propio, ejerció acción de tutela en contra de la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

Para la parte actora sus garantías constitucionales se vulneraron con ocasión
de la providencia de 29 de octubre de 2021, dictada dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicación 11001-33-42-056-2018-00527-01, decisión a través de la que revocó
el rechazo de la demanda en primera instancia y, en su lugar, ordenó que se
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Demandante: Aura Daliz Cortés Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria de la Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2021-10827-01

continuara el trámite del proceso única y exclusivamente en lo que se refiere a
la señora María Victoria Abril Corzo.

En consecuencia, la parte demandante pretende:

«… se deje sin efectos el auto de fecha 29 de octubre de 2021 que resolvió la
apelación sobre el rechazo de la demanda del medio de control derecho No.
11001334205620180052701, en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, y se le ordene a la SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO a (sic) proferir otra providencia que respete los
artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política, el artículo 88 del Código
General del Proceso, y la jurisprudencia en vigor del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional relativa a la acumulación de pretensiones subjetiva.»

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvo que el 6 de diciembre de 2018 promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, junto con un grupo
de personas1, contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, con la finalidad
de que se declarara la bonificación judicial como factor salarial para el cálculo
de todas las prestaciones salariales a las que tienen derecho, en virtud de su
vinculación legal y reglamentaria con dicha entidad.

Señaló que dicho proceso se identificó con la radicación 11001-33-42-056-
2018-00527-01 y que correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual con auto del 23 de enero
de 2019, admitió la demanda únicamente respecto de la señora María Victoria
Abril Corzo (por ser la primera enlistada en la demanda) y, a su vez, ordenó el
desglose y retiro de los oficios y traslados de los demás demandantes, al
1
1) María Victoria Abril Corzo, 2) Yadira Andrea Alfaro Sáenz, 3) Pedro Nel Bonilla Angulo, 4)
Fanny Ardila Guerra, 5) José Ferney Ardila Vargas, 6) Hernando Rafael Bermúdez Benjumea,
7) Ana María Bonilla Cantillo, 8) Blanca Lilia Buitrago de Ruiz, 9) Cristina de Jesús Bustos
Porto, 10) Luz Estela Cagueñas Linares, 11) María Angélica Calderón Valbuena, 12) Rosa
Matilde Cordero Blanco, 13) Humberto Córdoba Bonilla, 14) Aura Daliz Cortés Muñoz, 15)
Hernán Felipe Cruz Rico, 16) Fanny Cecilia Del Rio Quintero, 17) Blanca Cecilia Díaz, 18)
Gloria Duque Ocampo, 19) Gloria Margarita Flórez Guevara, 20) Martha Stella Guerrero
Bermeo, 21) Clara Inés Hoyos Archila, 22) Martha de Jesús Hurtado Garavito, 23) Luis Alfredo
Jiménez Castellanos, 24) Olga Lucía Montenegro Sanabria, 25) Dora Nilse Montoya López, 26)
María Del Carmen Mora Palacios, 27) Graciela Munévar López, 28) Hilda María Muñoz Lara,
29) Julio Eduardo Muñoz Nieto, 30) Ángel Eduardo Navarrete Barreto, 31) María Fernanda
Peña Hernández, 32) Nohora Omaira Pérez Plazas, 33) Mario Enrique Pinzón Franco, 34)
Gloria Elvira Piñeros Niño, 35) Rodrigo Antonio Preciado Delgado, 36) Ingrid Maryori Querubín
Villegas, 37) Hilda María Ramírez Duarte, 38) Ana María Reyes Cruz, 39) Jairo Alirio Rodríguez
Herrera, 40) Juan Esteban Rojas Vera, 41) Astrid María Sánchez Reyes, 42) Orlando Sierra
Castellanos, 43) Yomar Elvira Silvano Castellanos, 44) Luis Carlos Terreros Rincón, 45) Iyen
Pierre Van Cleumput Bueno, 46) Luis Martín Vargas Ramos, 47) Mónica Sofía Vuelvas
Quintana y 48) Cesar Ramón Araque Rodríguez.

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Demandante: Aura Daliz Cortés Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria de la Sección Segunda
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considerar que los demás actores no cumplían los requisitos formales de
aquella, como lo es la acumulación subjetiva de pretensiones.

Añadió que su apoderado judicial presentó un recurso de reposición, el cual
resolvió el Juzgado con el proveído del 6 de marzo de 2019, por medio del cual
repuso parcialmente la decisión, para inadmitir la demanda y ordenar la
subsanación de la misma por indebida acumulación de pretensiones.

Afirmó que en el escrito de subsanación se precisó que el asunto se refiere a
una acumulación subjetiva de pretensiones en la cual todos los demandantes
buscan que se declare la bonificación judicial como factor salarial, a través del
mismo medio de control, contra igual entidad demanda, bajo los idénticos
cargos de inconstitucionalidad e ilegalidad, así como el mismo restablecimiento
del derecho.

Precisó que el aludido juzgado en providencia de 29 de mayo de 2019 admitió
la demanda únicamente respecto de la señora María Victoria Abril Corzo y la
rechazó frente a los demás demandantes, así:

«… PRIMERO. Rechazar la demanda con relación a los siguientes
demandantes…

Sin necesidad de desglose, devuélvase a la parte demandante los anexos que
en original acompañó con su líbelo y que correspondan a estos demandantes.

SEGUNDO. Admitir la demanda por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por María Victoria Abril Corzo
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 37.888.144 contra la NACIÓN –
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN…»

Mencionó que su apoderado presentó recurso de apelación en contra de la
decisión anterior, el cual correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria de la Sección Segunda que con providencia del
29 de octubre de 2021 consideró acertada la decisión del a quo en cuanto a la
improcedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones, pero revocó el
rechazo de la demanda y, en su lugar, ordenó que se continuara el trámite del
proceso única y exclusivamente en lo que se refiere a la señora María Victoria
Abril Corzo, con el desglose del expediente de todas las piezas procesales de
los demás demandantes con la finalidad de que se promovieran
individualmente. Y que se tendría como fecha de presentación del libelo
demandatorio para todos los actores el 6 de diciembre de 2018.

Agregó que el Tribunal en providencia de 29 de octubre de 2021 decidió
expresamente lo siguiente:

«… PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del auto proferido por el Juzgado
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Demandante: Aura Daliz Cortés Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria de la Sección Segunda
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Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el día 29 de mayo
de 2019, por las razones vertidas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: ORDÉNESE al juez de conocimiento que continúe con el trámite
correspondiente, ordenando desglosar del expediente las piezas procesales que
no sean relativas al caso de la señora MARIA VICTORIA ABRIL CORZO a fin
que el apoderado de la parte actora radique las correspondientes demandas de
los demás accionantes de forma individual, precisando que en todo caso y para
todos los efectos, mantendrá como fecha de presentación el 06 de diciembre de
2018, conforme lo expuesto en la parte motiva …»

3. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que con la providencia demandada se incurrió en lo
siguiente:

3.1. Defecto procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto

Adujo que el Tribunal demandado dejó de aplicar en debida forma lo dispuesto
en el artículo 88 del Código General del Proceso.

Sostuvo que la autoridad judicial cuestionada le dio prevalencia a lo formal
sobre lo sustancial, puesto que, a partir de una elección de la hermenéutica
jurídica más formalista posible, vulneró sus derechos fundamentales.

3.2. Defecto sustantivo

Señaló que se cumplen los presupuestos de acumulación de pretensiones
subjetiva, ya que se presentaron los siguientes supuestos: la misma i) causa –
la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial-, ii) único medio de
control y contra la misma entidad, iii) los demandantes ostentan misma
condición de uniformidad de facto y de derecho, esto es, ser servidores de la
Fiscalía General de la Nación y ser beneficiarios de la bonificación judicial, iv)
se plantean iguales cargos de inconstitucionalidad e ilegalidad y, v) se reclama
el mismo restablecimiento del derecho.

3.3. Desconocimiento del precedente

Indicó que con la providencia demandada se desconoció la línea jurisprudencial
de la Corte Constitucional, así como del Consejo de Estado, en las que se
dispuso la procedencia de la acumulación de pretensiones subjetivas. Al
respecto, citó los siguientes pronunciamientos:

«Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.

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Demandante: Aura Daliz Cortés Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 23 de febrero
de 2012, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente identificado con el
número único de radicación 05001-23-31-000-2000-02781-01(0317-08).

Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1º de octubre de 2014, C.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, expediente identificado con el número único
de radicación 2014-00755.

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de 29 de noviembre
de 2007, C.P. Alfonso Vargas Rincón, expediente identificado con el número
único de radicación 2006-03060-01.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 27 de marzo de
2014, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente identificado con el número único
de radicación 2012-00124-01.»

3.4. Violación directa de la Constitución

Manifestó que el Tribunal acusado al negar la acumulación subjetiva de
pretensiones, desconoció los derechos fundamentales invocados y los
principios rectores de la acción.

Añadió que, en virtud de los principios de economía procesal, eficacia de los
derechos de los asociados y la prevalencia del defecto sustancial sobre la
formalidad, resultaba válida la acumulación de pretensiones subjetiva.

4. Trámite en primera instancia

Una vez efectuado el reparto inicial, mediante auto del 9 de diciembre de 2021,
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, remitió el
expediente al despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón,
integrante de la Sección Primera de dicha Corporación, para que decidiera
sobre la posible acumulación de la acción de la referencia con la tutela con
radicado 11001-03-15-000-2021-10825-00.

Mediante providencia del 13 de enero de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado admitió la solicitud de tutela y, en consecuencia, ordenó la
notificación en calidad de demandados de los magistrados de la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

A su vez, dispuso la vinculación de la Fiscalía General de la Nación como parte
demandada, así como, a los señores que fungieron como parte demandante
dentro del proceso que dio origen a la presente acción. Asimismo, al Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que conoció en
primera instancia del proceso en cuestión.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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5. Contestaciones

5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria de la Sección
Segunda

La aludida autoridad pese a ser notificado en debida forma del presente trámite
constitucional, guardó silencio.

5.2. Fiscalía General de la Nación

Esta entidad solicitó que se deniegue lo pretendido pues no se cumplen las
causales generales ni específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

Agregó que la autoridad judicial acusada no incurrió en el defecto sustantivo
alegado, además que la decisión se ajustó a los criterios de razonabilidad, y se
respetaron las garantías procesales.

Afirmó que tampoco se configura el defecto procedimental absoluto, pues se
aplicó el procedimiento correspondiente, de conformidad con lo señalado en el
artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 88 del Código General del
Proceso, de manera que no se observa una interpretación errada de las normas
procesales.

5.3. Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Este despacho judicial indicó que la acción de tutela resulta improcedente
puesto que con la providencia demandada no se incurrió en los defectos
endilgados, ya que se analizaron las normas y el régimen jurídico aplicable,
exponiendo las razones de derecho que soportan la decisión.

Refirió que la inconformidad respecto de la interpretación jurídica sobre el
alcance de las disposiciones legales que rigen la acumulación de pretensiones,
no conlleva por sí mismo la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

5.4. Graciela Munévar López

En calidad de tercera con interés en el resultado del proceso, solicitó que se
accedan a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia y se ordene la
acumulación, con la finalidad de que se continúe con la demanda bajo un
mismo proceso para todos los actores.

Agregó que se oponía a lo decidido por la autoridad judicial cuestionada, ya que
a su juicio se cumplen los requisitos para una acumulación de pretensiones.
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5.5. Hilda María Muñoz Lara

La referida vinculada sostuvo que comparte las inconformidades expuestas por
la parte actora en el escrito de tutela, en tanto que el Tribunal demandado
vulneró los derechos fundamentales al proferir su decisión.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 22 de abril de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado denegó el amparo solicitado, por los siguientes motivos:

Sostuvo que la autoridad judicial accionada, al conocer del recurso de apelación
interpuesto contra el auto de 29 de mayo de 2019, encontró que no era
procedente la acumulación subjetiva de pretensiones, tal como lo consideró el
Juzgado, toda vez que la controversia puesta a conocimiento frente a todos los
demandantes, no proviene de la misma causa, esto es, comporta diferentes
cargos, niveles de servicios, circunstancias personales de prestación del
servicio y difieren las fechas de vinculación de cada actor, por lo que la
prosperidad o negativa de las pretensiones no se encuentra subordinada entre
sí.

Añadió que el Tribunal se fundamentó en el artículo 88 del Código General del
Proceso, de lo cual sostuvo que, en efecto, la acreditación del derecho que se
reclama es individual, por lo que no sirven las mismas pruebas, dadas las
circunstancias personales de prestación del servicio de cada reclamante.

Mencionó que, no se advertía que la interpretación que el Tribunal le dio a la
situación fáctica presentada en el proceso ordinario desbordara el marco de
juridicidad y de la hermenéutica jurídica razonable. Descartó que se haya
tratado de una actuación arbitraria que amerite la intervención del juez
constitucional para resolver el asunto, de tal forma que consideró que no se
configuró el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Resaltó que la actora fue enfática en afirmar que se dio una indebida aplicación
del artículo 88 del Código General del Proceso, toda vez que se cumplían los
presupuestos para la acumulación subjetiva de pretensiones en el asunto. Citó
el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, en materia de acumulación de
pretensiones.

Precisó que la norma precitada regula lo referente a la acumulación objetiva de
pretensiones, sin que de ella se desprenda el carácter subjetivo, como en efecto
lo estimó el Tribunal; de manera que, conforme la remisión prevista en el
artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, la norma aplicable en el asunto es la
dispuesta en el artículo 88 del Código General del Proceso, la cual citó.

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Manifestó que la acumulación subjetiva de pretensiones resulta procedente en
los casos que se formulan por varios demandantes o contra varios
demandados, siempre que provengan de la misma causa, versen sobre el
mismo objeto y se sirvan de las mismas pruebas.

Refirió que el Tribunal dando aplicación a la disposición contenida en el artículo
88 ibidem, advirtió que el caso de la actora, entre otros demandantes presenta
una causa distinta, en cuanto al cargo que desempeña, el tiempo de vinculación
y las circunstancias personales, por lo que concluyó que no resultaba
procedente la acumulación subjetiva de pretensiones, lo cual de ninguna
manera conlleva una interpretación errónea de la normativa dispuesta para el
asunto, descartándose así el defecto sustantivo endilgado.

Destacó que en cuanto al alegado desconocimiento del precedente judicial, se
observaba que tal inconformidad no tenía vocación de prosperidad, habida
cuenta que las sentencias presuntamente desconocidas, no guardan identidad
fáctica ni jurídica a la expuesta en el presente caso, o no exponen la teoría
expuesta por la actora, además, no gozan de la obligatoriedad de las
sentencias de unificación, ni se trata de una decisión constitucional o alguna en
la cual la Corte Constitucional haya fijado el alcance de derechos
fundamentales. Al respecto concluyó:

«En efecto, en la sentencia de 23 de febrero de 2012, alegada como
desconocida, la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación confirmó
la decisión del a quo, de denegar el amparo solicitado, al estimar que no se
acreditó que los demandantes se desempeñaran en la misma división y
ejerciendo las mismas funciones, por lo que no se encontraron cumplidos los
presupuestos para la acumulación subjetiva de pretensiones, criterio que difiere
al expuesto por la actora en el escrito de tutela.

En cuanto al auto de 29 de noviembre de 2007, se observa que si bien la
Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación ordenó la acumulación
de pretensiones, en ese asunto no se presentaban situaciones especiales de
carácter particular que hiciera imposible el estudio en conjunto, además, se
pretendía la nulidad de un mismo acto administrativo, situaciones que no se
presentan en el caso bajo examen.

Respecto de la sentencia de 1o. de octubre de 2014, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, tampoco se comparte identidad fáctica, pues allí
se cumplieron todos los presupuestos para la acumulación de pretensiones de
varios demandantes; en igual sentido, las providencias de 27 de marzo de 2014
y 1o. de abril de 2019, dictadas por la Sección Tercera de esta Corporación, las
cuales fueron proferidas en el marco de un proceso de reparación directa, medio
de control diferente al caso concreto.

Finalmente, en cuanto a la sentencia de 25 de septiembre de 2019, la Sala
observa que, si bien la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los
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derechos fundamentales, no se presenta identidad de hechos a los expuestos en
el presente trámite, pues en esa oportunidad se rechazó la demanda sin darle la
oportunidad a los actores de promover el medio de control nuevamente, diferente
al caso concreto, pues el Tribunal accionado, en procura de la defensa de los
derechos fundamentales de los demás demandantes, incluyendo la señora
CORTÉS MUÑOZ, ordenó desglosar del expediente todas las piezas procesales,
a fin de que el apoderado judicial proceda a promover el medio de control
individualmente, teniéndose como fecha para la presentación de la demanda el 6
de diciembre de 2018.

Ahora, en cuanto a la sentencia T-1017 de 13 de diciembre de 1999,
presuntamente desconocida por la actora, la Sala advierte que la Corte
Constitucional en esa oportunidad amparó los derechos fundamentales de los
allí accionantes porque se vulneró el ejercicio del derecho de acceso a la
administración de justicia con una sentencia inhibitoria, lo cual no ocurrió en el
presente caso, tal como se expuso en líneas anteriores, comoquiera que la
actora puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a presentar
individualmente la demanda, en la cual se tendrá como fecha de presentación
para el término de caducidad, el momento en el cual presentó la demanda en
conjunto.»

Sostuvo que, a juicio de la actora, también se incurrió en violación directa de la
Constitución, toda vez que el Tribunal al negar la acumulación de pretensiones,
desconoció los derechos fundamentales invocados y los principios rectores de
la acción.

Mencionó que la autoridad judicial demandada fundamentó su decisión en la
norma aplicable al asunto y expuso de forma razonada por qué no procedía la
acumulación subjetiva de pretensiones, lo cual debe ser respetado en virtud de
los principios de autonomía e independencia judicial; por lo que, descartó la
configuración del precitado defecto.

Indicó que ni el análisis ni la decisión contenida en la providencia controvertida,
resultan caprichosos o excedidos, sino que fueron adoptados a partir del
alcance dado a la situación fáctica de la demanda respectiva y a las fuentes
jurídicas aplicables al caso, de tal suerte que lo que se advierte es la
inconformidad de la actora con las razones de la providencia judicial acusada,
no así la configuración de las falencias que se alegan.

Precisó que, con anterioridad dicha Sala ya tuvo la oportunidad de analizar un
asunto con idénticas situaciones fácticas a las presentadas en la acción de
tutela de la referencia, mediante sentencia de 3 de febrero de 20222, en la cual

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3
de febrero de 2022, magistrada ponente. Nubia Margoth Peña Garzón, identificada con el
número único de radicación 11001-03-15-000-2021-10825-00.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria de la Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2021-10827-01

se resolvió denegar las pretensiones al estimar que la autoridad judicial
acusada no incurrió en los defectos endilgados, además, que no se impidió el
acceso a la administración de justicia, comoquiera ordenó el desglose de las
piezas procesales para que cada actor promueva individualmente la demanda,
teniendo como fecha de presentación el 6 de diciembre de 2018, momento en el
cual se promovió la demanda en conjunto.

7. Impugnación

Mediante escrito oportunamente allegado vía electrónica el 2 de mayo de 2022,
la parte accionante presentó impugnación en contra del fallo de primera
instancia, notificado electrónicamente el 28 de abril de la misma anualidad, bajo
lo siguiente:

Sostuvo que el a quo parte de un gran equívoco, en el sentido de sostener que
la interpretación del despacho accionado fue «razonable» para llegar a la
curiosa teoría que no se dan los presupuestos de la acumulación de
pretensiones subjetiva pretendida, pues basta con revisar serenamente las
razones constitucionales (artículos 29, 228 y 229), legales (artículo 165 de la
Ley 1437 de 2011 y artículo 88 del Código General del Proceso) y
jurisprudenciales (sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
que fueron invocadas) que en in extenso se plasmaron en el escrito de tutela, y
que dan cuenta de todo lo contrario.

Agregó que no era permitido bajo ese pretexto de supuesta «razonabilidad»
negar la posibilidad de la acumulación subjetiva de pretensiones por el simple
hecho de contar cada demandante con un cargo y salario diferente -que no es
lo mismo que la misma causa judicial, aspecto en el que evidentemente también
se confundió y equivocó el a-quo-.

Mencionó que el Consejo de Estado como órgano de cierre puede decir lo que
a bien tenga, pero, jamás podrá equiparar la razonabilidad con el
desconocimiento de la Constitución y la ley, tal como lo defiende la «sentencia
de tutela del 03 de febrero de 2022 (sic)». Argumento suficiente para dejar sin
efectos la equivocada providencia que hoy se ataca.

Refirió que también es falaz la argumentación del despacho en torno a que,
pese a que se invocaron diferentes defectos con su debida explicación a partir
de premisas «claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes», y en donde
de principio a fin, parece que el tribunal está haciendo las veces de defensor de
oficio del despacho accionado antes que de la Constitución y de la ley, dado
que sea cual sea la razón jurídica que se ofrezca, sale al paso una barrera [u]
obstáculo -por demás débil e insostenible- en sentido contrario, por ejemplo.

Solicitó a la segunda instancia de este amparo constitucional, revisar con
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detenimiento la forma como se justificó (ver folio 30 de la sentencia) la ausencia
de desconocimiento de precedente judicial, donde de manera vaporosa, caótica
y «torticera» se dijo que solo es precedente judicial aquel pronunciamiento de
unificación o aquella sentencia dictada por la Corte Constitucional en el que
haya fijado un alcance sobre derechos fundamentales -como en efecto ocurre
en esta oportunidad con la sentencia T-1017 de 1999, también citada-.

Señaló que nada importó que varias secciones del Consejo de Estado hayan
amparado la tesis defendida en esta acción constitucional sobre la acumulación
de pretensiones subjetiva de cara a los derechos fundamentales al debido
proceso, la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental y el
acceso a la administración de justicia.

Precisó que tampoco es relevante que la autoridad judicial demandada cuando
profirió el auto acusado no demostró los requisitos mínimos para apartarse de
los precedentes dictados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en
múltiples decisiones, para lo cual indicó: ver las sentencias T-292 de 2006 y C-
355 de 2008), apelando a su independencia judicial.

Resaltó que después de este tipo de fallos, resultará imposible invocar un
precedente judicial, al no ser importante la ratio decidendi o razón en derecho,
sino los aspectos secundarios que resultan de menos importancia en donde, a
partir de una religiosa concepción jurídica solo será precedente una sentencia
que tenga las mismas partes, los mismos hechos, y exactamente las mismas
características fácticas de la parte accionante, de lo contrario, será un simple
ejercicio académico sin obligatoriedad alguna, al menos, para conceder
pretensiones.

Aclaró que, en otras palabras, para el Consejo de Estado, resulta más
razonable congestionar el aparato judicial con 48 demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho por separado, que versan sobre una misma causa
-la bonificación judicial como factor salarial-, un mismo acto administrativo
general que dio origen a la controversia, igual contenido de los actos
administrativos particulares acusados.

Adujo que finalmente, nada se dijo sobre el principio pro-homine también
soslayado gravemente en esta oportunidad, bajo el entendido que si existen dos
teorías posibles para resolver este asunto: una la teoría «razonable» del
despacho acusado, y otra la propuesta en esta acción que garantiza en la
mayor medida posible los derechos fundamentales al debido proceso, la
prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental y el acceso a la
administración de justicia.

Pidió que se proceda a un nuevo análisis de los hechos, fundamentos y
pruebas que soportan el presente asunto constitucional, y en su lugar, se
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acceda a las pretensiones del amparo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de
2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme lo
planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, el Tribunal demandado vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora con la providencia
demandada que no aceptó la acumulación de pretensiones propuesta con la
demanda ordinaria.

3. Caso concreto

La parte actora cuestionó al Tribunal demandado, por proferir el auto del 29 de
octubre de 2021, en el que decidió lo siguiente:

«… PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del auto proferido por el Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el día 29 de mayo
de 2019, por las razones vertidas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: ORDÉNESE al juez de conocimiento que continúe con el trámite
correspondiente, ordenando desglosar del expediente las piezas procesales que
no sean relativas al caso de la señora MARIA VICTORIA ABRIL CORZO a fin
que el apoderado de la parte actora radique las correspondientes demandas de
los demás accionantes de forma individual, precisando que en todo caso y para
todos los efectos, mantendrá como fecha de presentación el 06 de diciembre de
2018, conforme lo expuesto en la parte motiva …»

3
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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La accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia al considerar que
no resulta acertado que el a quo para denegar el amparo asumiera como
razonable la decisión de la autoridad judicial demandada relativa a no aceptar la
acumulación de pretensiones subjetiva propuesta en la causa ordinaria, de ella
y de los otros demandantes. También cuestionó lo relativo al precedente y su
aplicación, así como la falta de pronunciamiento acerca del principio pro
homine. Pidió un nuevo análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos de la
acción de tutela, para que en se accediera a las pretensiones del amparo.

Para resolver, la Sala considera, en primer lugar y en lo atinente al defecto
sustantivo4, se debe indicar lo siguiente:

La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «…la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso
o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica». Puntualmente, lo
configuran los siguientes supuestos:

i. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente,
inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador.
ii. No se hace una interpretación razonable de la norma.
iii. La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
iv. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición.
v. La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
vi. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

En lo particular, se observa que con su impugnación la demandante insistió en
la procedencia de la acumulación subjetiva de las pretensiones, pues a su
juicio, se cumplen los siguientes elementos:

i) Causa –la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial-,
ii) medio de control y contra la misma entidad,
iii) los demandantes ostentan misma condición de uniformidad de facto y de
derecho, esto es, ser servidores de la Fiscalía General de la Nación y ser
beneficiarios de la bonificación judicial,
iv) se plantean iguales cargos de inconstitucionalidad e ilegalidad y,
v) se reclama el mismo restablecimiento del derecho.

4
El cual se relaciona con los demás defectos específicos alegados por la demandante.

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Por su parte, el Tribunal demandado consideró en la decisión demandada lo
siguiente:

« … El caso que nos ocupa dirimir gira en torno a la figura de la acumulación
subjetiva de pretensiones, aunado a lo anterior, si fue acertada la decisión
del a quo respecto del rechazo de la demanda por no subsanar ese yerro.

Pues bien, la figura de acumulación de pretensiones se encuentra señalada
en el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, que desarrolla la figura
jurídica en los siguientes términos:

‘ARTÍCUL0 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la demanda se
podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento
del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean
conexas y concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas…
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

De la norma transcrita se infiere únicamente la acumulación de pretensiones
propias de los distintos medios de control (objetiva) sin hacer referencia a la
acontecida en el caso concreto, esto es la acumulación subjetiva la cual
tiene lugar cuando una demanda contiene pretensiones de varios
demandantes contra un demandado.

Al respecto, el H. Consejo de Estado en sentencia de 7 de abril de 2016, C.
P. Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, radicado No. 70001-23-33-000-
2013- 00324-01, indicó:

‘De conformidad con el artículo 165 del CPACA existe la posibilidad de
acumular pretensiones en los siguientes eventos:

…Dicho precepto regula lo que se denomina acumulación objetiva, en la
medida de que se trata de acumulación de distintas pretensiones,
circunstancia diferente a la acumulación subjetiva que consiste en la
acumulación de varios sujetos en una misma parte.

Esta acumulación subjetiva no encuentra regulación en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sino que
debe acudirse al artículo 88 del Código General del Proceso por remisión
normativa del artículo 267 del CPACA”.

En consonancia con lo anterior, se encuentra que el art. 88 del C. G. P.
dispone: …

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Descendiendo al caso concreto, no se encuentra cumplido alguno de los
eventos expuesto por la ley para la procedencia de la acumulación subjetiva
de pretensiones. La controversia respecto de todos los demandantes no
proviene de la misma causa, pues se difiere tanto en los cargos ocupados
por cada uno de ellos (nótese que el escrito de la demanda se relacionan los
distintos cargos ejercidos por los demandantes, entre los que se pueden
apreciar que existen funcionarios y empleados de la entidad demandada, así
como de distintos niveles de servicios), como por las circunstancias
personales de prestación del servicio y los periodos laborales reclamados
(las fechas de vinculación de los demandantes no son uniformes).

De otro lado, la prosperidad o negación de las pretensiones de cada
demandante no se encuentran subordinadas entre sí, pues la acreditación
del derecho reclamado es individual, de ahí que no sirvan las mismas
pruebas, por las circunstancias personales de prestación del servicio de
cada demandante. En consecuencia, para la Sala es acertada la posición de
la Juez de primera instancia expuesta en la providencia recurrida, en cuanto
a la improcedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones.

No obstante lo anterior, esta Corporación disiente del rechazo de la
demanda bajo el entendido de no haber subsanado lo relacionado a la
acumulación de las pretensiones. De este modo se lesionan los derechos de
los demandantes al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva. Por lo que esta Sala revocará lo atinente al rechazo de la
demanda de los accionantes que fueron perjudicados con esa decisión y en
su lugar ordenará que se continúe el trámite del proceso única y
exclusivamente en lo que se refiere a la señora MARIA VICTORIA ABRIL
CORZO, quien funge como primera accionante en el escrito demandatorio,
debiéndose desglosar del expediente todas las piezas procesales relativas a
los demás demandantes a fin de que el apoderado que los represente
radique individualmente las respectivas demandas. En todo caso y para
todos los efectos, se tendrá como fecha de presentación de la demanda
para los aquí demandantes el 06 de diciembre de 2018 (fl.573).

En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SALA TRANSITORIA - SECCIÓN SEGUNDA,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del auto proferido por el Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el día 29 de
mayo de 2019, por las razones vertidas en la parte considerativa de este
proveído.

SEGUNDO: ORDÉNESE al juez de conocimiento que continúe con el
trámite correspondiente, ordenando desglosar del expediente las piezas
procesales que no sean relativas al caso de la señora MARIA VICTORIA
ABRIL CORZO a fin que el apoderado de la parte actora radique las
correspondientes demandas de los demás accionantes de forma individual,
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precisando que en todo caso y para todos los efectos, mantendrá como
fecha de presentación el 06 de diciembre de 2018, conforme lo expuesto en
la parte motiva…»

De manera que, para el Tribunal demandado no se configuraban los elementos
para la acumulación subjetiva de pretensiones puesto que, la controversia no
provenía de la misma causa, en tanto que resultaba de diferentes cargos,
niveles de servicios, circunstancias personales de prestación del servicio y
difieren las fechas de vinculación de cada actor, por lo que la prosperidad o
negativa de las pretensiones no se encuentra subordinada entre sí.

No obstante, para la parte actora, la acumulación subjetiva de pretensiones sí
resultaba procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del
Código General del Proceso, norma aplicable por remisión de la Ley 1437 de
2011, que en su artículo 165 no reguló lo relativo a la acumulación en cuestión5.
El mencionado compendio procesal contempla lo siguiente:

«ARTÍCULO 88. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. El demandante
podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el
demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes
requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la
cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan
como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene
al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de
aquella y el cumplimiento de la sentencia definitiva.

También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios
demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el
interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando provengan de la misma causa.

b) Cuando versen sobre el mismo objeto.

5
«ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.»

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c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.

d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias
personas que persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del
demandado.» (subrayado fuera del texto original)

Al respecto, debe indicarse que la precitada norma contempla tanto la
acumulación objetiva como la subjetiva, motivo por el cual, es dable concluir
que la figura que aquí nos interesa sí procede en vigencia de la Ley 1437 de
2011, por remisión del artículo 306 ibidem.

Ahora bien, el Tribunal acusado en aplicación a la disposición contenida en el
artículo 88 ibidem, advirtió que el caso de la actora, entre otros demandantes,
presentaba una causa distinta, respecto del cargo que desempeña, el tiempo de
vinculación y las circunstancias personales.

No obstante, para la Sala la interpretación efectuada por la autoridad
cuestionada desconoce su sentido natural y obvio6 del artículo 88 del Código
General del Proceso, pues la aludida disposición es clara en indicar que podrán
formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o
contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y
otros, en cualquiera de los casos allí indicados.

Por lo que, a manera ilustrativa, se procederá a analizar los aludidos elementos
para la configuración para la acumulación subjetiva de pretensiones, de
conformidad con lo señalado en la providencia demandada y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 88 del Código General del Proceso, así:

a) Cuando provengan de la misma causa: «El día 06 de diciembre de 2018
se interpuso demanda a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de Nación para
que se declarara la nulidad de los actos administrativos que habían
negados las peticiones de los señores…»

b) Cuando versen sobre el mismo objeto: lo perseguido por la accionante y
los demás los demandantes del proceso ordinario es la nulidad de los
actos administrativos y el reconocimiento de sus derechos laborales y
prestacionales.

c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia: Tanto la aquí
accionante como los demás demandantes en dicho proceso ordinario

6
Artículo 28 del Código Civil.

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presentaron subsanación de la demanda en la cual insistieron que
«…demandan la no liquidación de la Bonificación Judicial como factor
salarial, a través del mismo medio de control, contra la misma entidad
accionada, planteando los mismos cargos de inconstitucionalidad e
ilegalidad; así como el mismo restablecimiento del derecho, al margen si
indistintamente ocuparen los mismos cargos; y apoya sus tesis en
diversos pronunciamientos del Consejo de Estado», por lo tanto, todos
los fallos debían ser en el mismo sentido.

d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas: las pruebas comunes
son los actos administrativos y demás aportadas por la parte
demandante en dicha causa ordinaria.

Por tanto, contrario a los motivos expuestos por el Tribunal demandado, esta
Sala advierte que se cumple con lo dispuesto en el artículo 88 del Código
General del Proceso, para la procedencia de la acumulación subjetiva de
pretensiones.

Adicionalmente, también debe precisarse que si se declara la nulidad de los
actos acusados, el restablecimiento será diferente frente a cada uno de los
integrantes de la parte actora del proceso ordinario, dependiendo de la situación
jurídico administrativa laboral y prestacional de cada uno ellos –sobre lo cual se
fundamentó la decisión acusada7-, pero dicho supuesto no lo consagra el
artículo 88 ibidem como presupuesto necesario para poder admitir una
demanda con acumulación subjetiva de pretensiones.

De manera que, para la Sala se configuró el defecto sustantivo reiterado por la
parte impugnante y, en tal sentido, se accederá al amparo por este cargo.

En segundo lugar, en relación con la aplicación del precedente, se precisa que
la Corte Constitucional se ha referido a este «… como el conjunto de sentencias
previas al caso que se habrá de resolver, el cual debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia, teniendo en cuenta su pertinencia para la resolución de un problema
jurídico. El precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende
aplicar y, además, debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos,
escenarios fácticos y normativos.»8

7
«… La controversia respecto de todos los demandantes no proviene de la misma causa, pues
se difiere tanto en los cargos ocupados por cada uno de ellos (nótese que el escrito de la
demanda se relacionan los distintos cargos ejercidos por los demandantes, entre los que se
pueden apreciar que existen funcionarios y empleados de la entidad demandada, así como de
distintos niveles de servicios), como por las circunstancias personales de prestación del servicio
y los periodos laborales reclamados (las fechas de vinculación de los demandantes no son
uniformes).»
8
Corte Constitucional. Sentencia T - 762 de 2011.

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Adicionalmente, debe indicarse que esta Sección en reiterados
pronunciamientos ha indicado que el concepto de precedente hace referencia a
la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido
específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de
decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una
regla o subregla de derecho.

Asimismo, se ha destacado que el carácter vinculante de las reglas o subreglas
de derecho creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la
jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la
garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la
coherencia del ordenamiento jurídico.

Por tanto, la parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial,
debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera
desatendida, ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia
de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

Así las cosas, solo podría corresponder a un precedente la sentencia que
contenga una regla o subregla de derecho o que fije el alcance de una
disposición normativa, proferida por los órganos de cierre como lo son: i) la
Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y iii) la Corte Suprema de
Justicia, las cuales deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, al
momento de resolver los casos concretos.

Por lo que, las sentencias de tutela (T) que dicta la Corte Constitucional o
cualquier otro Alto Tribunal no constituyen precedente, en tanto que, no
contienen una regla o subregla de decisión, en los términos antes expuestos.

En tal sentido, no resulta procedente lo indicado por la parte impugnante en
cuanto a la aplicación de la sentencia T-1017 de 1999 de la Corte
Constitucional.

En relación con lo señalado por la accionante en su impugnación acerca de la
«… sentencia de tutela del 03 de febrero de 2022 (sic)» y las providencias T-
292 de 2006 y C-355 de 2008 de la Corte Constitucional, se advierte que tales
argumentos son nuevos, es decir, no fueron planteados desde el escrito inicial
de tutela, por lo cual no pueden ser tenidos en cuenta para el estudio.

A su vez, se observa que en la impugnación la demandante indicó que sí
procede la acumulación subjetiva de pretensiones, pues basta con revisar las
razones «…jurisprudenciales (sentencias de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado que fueron invocadas) que en in extenso se plasmaron en
el escrito de tutela, y que dan cuenta de todo lo contrario…»
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Por tanto, se precisa que en la demanda de amparo inicial, la parte actora
como sustento del defecto por desconocimiento del precedente consistió en lo
siguiente:

«Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 23 de febrero
de 2012, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente identificado con el
número único de radicación 05001-23-31-000-2000-02781-01(0317-08).

Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1º de octubre de 2014, C.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, expediente identificado con el número único
de radicación 2014-00755.

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de 29 de noviembre
de 2007, C.P. Alfonso Vargas Rincón, expediente identificado con el número
único de radicación 2006-03060-01.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 27 de marzo de
2014, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente identificado con el número único
de radicación 2012-00124-01.»9

Al respecto, se encuentra que los pronunciamientos en cita no resultan
aplicables, por lo siguiente: 1) el expediente 11001-03-15-000-2019-03897-00
corresponde a una acción de tutela, de manera que, no constituye precedente,
2) al igual que la decisión proferida en el proceso 11001-03-15-000-2014-
00755-01; 3) el proceso 05001-23-33-000-2012-00124-01 corresponde a un
medio de control de reparación directa, medio de defensa distinto al que es
objeto de esta acción constitucional, 4) en el expediente 05001-23-31-000-
2006-03060-01 se cuestionó la nulidad de un mismo acto administrativo 10 y, 5)
en el proceso 05001-23-31-000-2000-02781-01, aunque se refirió a la indebida
acumulación de pretensiones11, lo que resolvió fue confirmar la sentencia de
primer grado al con sustento en el siguiente problema jurídico:

9
También citó a pie de página 2 del escrito de tutela, la siguiente: «…Cfr. Sentencia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 2019, 11001-03-15-000-2019-
03897-00(AC).»
10
«En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho Antonio José Echeverri y
otros, solicitan se declare la nulidad del Decreto Municipal 079 de 2006, por medio del cual
estableció la planta de personal. clasificó los empleos y fijó los grados de asignación, de los
oficios AM-167, AM-169, AM172, AM173, y AM 174, expedidos el 30 de diciembre de 2005, en
virtud de los cuales se suprimieron los cargos de los demandantes.»
11
«En el mismo sentido, esta Sala considera que a pesar de las particularidades que puedan
presentarse en cada una de las situaciones laborales de los demandantes, no hay lugar, como
lo hizo el a quo, a declarar la inhibición para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la
demanda; y, en consecuencia, bajo estas precisas condiciones no hay lugar a efectuar
modificación alguna a la parte resolutiva del fallo, pues se reitera, el Tribunal Administrativo de

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Demandante: Aura Daliz Cortés Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria de la Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2021-10827-01

«…debe precisarse que el problema jurídico por resolver se contrae a determinar
si la Resolución No. 538 de 15 de febrero de 2000, en cuanto suprimió los
cargos que venían desempeñando los señores Luís Palacio Florez (Técnico V
grado 23) Luis Carlos Silva (Técnico V grado 21) Juan Guillermo Velazquez
(Técnico V grado 21) Mariano Morales (Técnico V grado 19) y Alberto Echavarría
(Técnico IV grado 19), se encuentra ajustada a derecho, especialmente en
cuanto a la protección de sus derechos de carrera.»12

De manera que, en segunda instancia no es posible analizar argumentos que
no fueron expresamente señalados desde el escrito inicial de tutela,
puntualmente los referidos a las «… sentencia de tutela del 03 de febrero de
2022 (sic)» y las providencias T-292 de 2006 y C-355 de 2008 de la Corte
Constitucional, so pena de desconocer los derechos al debido proceso y de
defensa de la contraparte y demás intervinientes.

En tercer lugar, la Sala advierte que en lo atinente al principio pro homine que a
juicio de la impugnante no fue objeto de pronunciamiento por parte del a quo,
debe indicarse que este se sustenta en el mismo asunto que refuta la actora,
sobre la razonabilidad de la decisión demandada.

En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada que denegó el amparo
solicitado por la parte actora, en lo que respecta al defecto sustantivo y en
atención a las pretensiones de la solicitud de tutela13, puesto que, bajo el
análisis expuesto resultaba procedente la acumulación subjetiva de
pretensiones de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión de la Ley 1437 de 2011; lo cual
cobija a todas las personas que integraron la parte demandante de dicho
proceso ordinario14.

En virtud de lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada para, en su
lugar, conceder el amparo de las garantías constitucionales invocadas por la
parte actora, razón por la cual, habrá de ordenarse al Tribunal demandado que,

Antioquia no declaró la ocurrencia de inepta demanda por indebida acumulación de
pretensiones.»
12
Subrayado fuera del texto original.
13
«… se deje sin efectos el auto de fecha 29 de octubre de 2021 que resolvió la apelación
sobre el rechazo de la demanda del medio de control derecho No. 11001334205620180052701,
en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y se le ordene a la SUBSECCIÓN C DE
LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO a (sic) proferir otra providencia
que respete los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política, el artículo 88 del Código
General del Proceso, y la jurisprudencia en vigor del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional relativa a la acumulación de pretensiones subjetiva...» (subrayado fuera del texto
original)
14
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA. Radicación N.º: 05001-23-33-000-2022-00391-01.
Demandante: CRISTIAN ALBERTO CIRO DAZA. Demandado: JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN.
Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto procedimental absoluto – Revoca la decisión
para amparar

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Demandante: Aura Daliz Cortés Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria de la Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2021-10827-01

en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, profiera un auto de reemplazo en el que decida sobre el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el
Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 29
de mayo de 2019, que rechazó parcialmente la demanda de la referencia,
entendiendo que la acumulación subjetiva de pretensiones sí procede en el
caso concreto, lo cual cobija a todos los integrantes de la parte demandante del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001-33-42-
056-2018-00527-01.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase el fallo del 22 de abril de 2022, por medio de la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado, para en
su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la señora Aura Daliz Cortés Muñoz, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

En consecuencia, se deja sin efecto la providencia del 29 de octubre de 2021,
por la cual la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, al resolver la apelación sobre el rechazo de la demanda del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-056-
2018-00527-00/01, declaró la improcedencia de la acumulación subjetiva de
pretensiones. Por tanto, se ordena a la Sala Transitoria de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el término de veinte (20)
días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera un auto de
reemplazo en el que atienda las consideraciones expuestas en este fallo
relativas a la procedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones en la
aludida causa ordinaria.

SEGUNDO: Extiéndanse los efectos de esta sentencia a los demás integrantes
de la parte demandante dentro del medio de control de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-42-056-2018-00527-00/01, que junto
con la aquí accionante Aura Daliz Cortés Muñoz presentaron la demanda
ordinaria, que se tramita en primera instancia en el Juzgado Cincuenta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

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Demandante: Aura Daliz Cortés Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria de la Sección Segunda
Rad: 11001-03-15-000-2021-10827-01

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»

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