Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10825-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10825-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10825-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10825-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ
TESIS: DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS
ENDILGADOS; ADEMÁS, TAMPOCO SE IMPIDIÓ EL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ACTOR, COMOQUIERA QUE EL
TRIBUNAL ORDENÓ EL DESGLOSE DE LAS PIEZAS PROCESALES
PARA QUE PROMUEVA LA DEMANDA INDIVIDUALMENTE,
TENIÉNDOSE COMO FECHA DE PRESENTACIÓN EL 6 DE DICIEMBRE
DE 2018, MOMENTO EN EL CUAL SE PROMOVIÓ LA DEMANDA EN
CONJUNTO.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SALA TRANSITORIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
1 En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10825-00
Actor: CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por el Tribunal al proferir la providencia de 29 de
octubre de 2021, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 11001-33-42-056-2018-00527-01.
I.2. Hechos
Indicó que el 6 de diciembre de 2018, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, junto con un grupo de personas, contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación, a fin de que se declarara la
bonificación judicial como factor salarial para el cálculo de todas las
prestaciones salariales a las que tienen derecho, según su
vinculación legal y reglamentaria.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10825-00
Actor: CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ
Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2018-00527 y correspondió por reparto al Juzgado 56
Administrativo del Circuito de Bogotá2 que, en proveído de 23 de
enero de 2019, resolvió admitir la demanda únicamente respecto
de la señora MARÍA VICTORIA ABRIL CORZO, quien funge como
primera accionante en el escrito de demanda y ordenó el desglose y
retiro de los oficios y traslados de los demás demandantes, pues,
en su criterio, no cumplen los requisitos formales de la demanda,
como lo es la acumulación de pretensiones.
Relató que, inconforme con lo anterior, a través del apoderado
judicial del asunto, interpuso recurso de reposición, siendo
desatado por el Juzgado a través de auto de 6 de marzo de 2019,
por medio del cual repuso parcialmente la decisión, en el sentido de
inadmitir la demanda y ordenar la subsanación de la misma por
indebida acumulación de pretensiones.
Advirtió que, luego de presentarse el escrito de subsanación,
precisando que lo que se ventila en el caso es una acumulación
subjetiva de pretensiones en la cual todos los demandantes buscan
se declare la bonificación judicial como factor salarial, a través del
mismo medio de control, contra la misma entidad demanda,
planteando los mismos cargos de inconstitucionalidad e ilegalidad,
2 En adelante el Juzgado.
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Actor: CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ
así como el mismo restablecimiento del derecho, el Juzgado en
providencia de 29 de mayo de 2019, admitió la demanda
únicamente respecto de la señora MARÍA VICTORIA ABRIL
CORZO y la rechazó frente a los demás demandantes, como se
observa a continuación:
“[…] PRIMERO. Rechazar la demanda con relación a los
siguientes demandantes […]
Sin necesidad de desglose, devuélvase a la parte
demandante los anexos que en original acompañó con su
líbelo y que correspondan a estos demandantes.
SEGUNDO. Admitir la demanda por el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María
Victoria Abril Corzo identificado(a) con la cédula de
ciudadanía No. 37.888.144 contra la NACIÓN – FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN […]”.
Sostuvo que frente a lo anterior, el apoderado judicial interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal que, en
providencia de 29 de octubre de 2021, estimó que resultaba
acertada la posición del juez de primera instancia en cuanto a la
improcedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones, que no
obstante, no se encontraba de acuerdo con el rechazo de la
demanda comoquiera que ello lesionaría los derechos
fundamentales de los actores, por lo que revocó lo atinente al
rechazo de la demanda y, en su lugar, ordenó que se continúe el
trámite del proceso única y exclusivamente en lo que se refiere a la
señora MARÍA VICTORIA ABRIL CORZO, debiéndose desglosar
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Actor: CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ
del expediente todas las piezas procesales relativas a los demás
demandantes a fin de que el apoderado radique individualmente
cada demanda, para lo cual, en todo caso, se tendría como fecha de
presentación de la demanda para todos los accionantes el 6 de
diciembre de 2018.
Así las cosas, el Tribunal en providencia de 29 de octubre de 2021,
resolvió:
“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del auto
proferido por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá el día 29 de mayo de 2019, por
las razones vertidas en la parte considerativa de este
proveído.
SEGUNDO: ORDÉNESE al juez de conocimiento que
continúe con el trámite correspondiente, ordenando
desglosar del expediente las piezas procesales que no sean
relativas al caso de la señora MARIA VICTORIA ABRIL
CORZO a fin que el apoderado de la parte actora radique las
correspondientes demandas de los demás accionantes de
forma individual, precisando que en todo caso y para todos
los efectos, mantendrá como fecha de presentación el 06 de
diciembre de 2018, conforme lo expuesto en la parte motiva
[…]”.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, el Tribunal incurrió en defecto procedimental
absoluto al dejar de aplicar en debida forma lo dispuesto en el
artículo 88 del Código General del Proceso, alegando igualmente la
ocurrencia de un defecto sustantivo, pues, a su juicio, en el caso
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concreto, se cumplen los presupuestos de acumulación de
pretensiones subjetiva, esto es i) misma causa -la inclusión de la
bonificación judicial como factor salarial-, ii) mismo medio de
control y contra la misma entidad, iii) los demandantes ostentan
misma condición de uniformidad de facto y de derecho, esto es, ser
servidores de la Fiscalía General de la Nación y ser beneficiarios de
la bonificación judicial, iv) se plantean los mismos cargos de
inconstitucionalidad e ilegalidad y, v) se reclama el mismo
restablecimiento del derecho.
En igual sentido, añadió que el Tribunal le dio prevalencia a lo
formal sobre lo sustancial, incurriendo así en un exceso ritual
manifiesto, toda vez que a partir de una elección de la
hermenéutica jurídica más formalista posible, vulneró sus derechos
fundamentales.
Arguyó que la autoridad judicial accionada también incurrió en
desconocimiento del precedente dispuesto tanto por la Corte
Constitucional3 como por el Consejo de Estado4, en los que se
3 Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 23 de febrero de
2012, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente identificado con el número único de
radicación 05001-23-31-000-2000-02781-01(0317-08).
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1º de octubre de 2014, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, expediente identificado con el número único de radicación
2014-00755.
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Actor: CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ
dispuso la acumulación de pretensiones subjetivas, tal como ocurre
en el asunto sub examine.
Añadió que se incurrió en violación directa de la Constitución, toda
vez que el Tribunal al negar la acumulación de pretensiones,
desconoció los derechos fundamentales invocados y los principios
rectores de la acción.
Finalmente sostuvo que en virtud de los principios de economía
procesal, eficacia de los derechos de los asociados y la prevalencia
del defecto sustancial sobre la formalidad, resulta válida la
acumulación de pretensiones subjetiva.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, auto de 29 de noviembre de 2007,
C.P. Alfonso Vargas Rincón, expediente identificado con el número único de radicación
2006-03060-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 27 de marzo de 2014, C.P.
Ramiro Pazos Guerrero, expediente identificado con el número único de radicación 2012-
00124-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” auto de 1º de abril de 2019, C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico, expediente identificado con el número único de radicación
25000-23-36-000-2017-02052-02 (62396).
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de septiembre de 2019, C.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, expediente identificado con el número único de radicación 11001-
03-15-000-2019-03897-00.
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“[…] se deje sin efectos el auto de fecha 29 de octubre de 2021
que resolvió la apelación sobre el rechazo de la demanda del
medio de control derecho No. 11001334205620180052701, en
contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y se le ordene a
la SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO a proferir otra providencia que respete los
artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política, el artículo 88
del Código General del Proceso, y la jurisprudencia en vigor del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relativa a la
acumulación de pretensiones subjetiva […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El Tribunal pese a ser notificado en debida forma del
presente trámite constitucional, guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La Fiscalía General de la Nación solicitó que se
despachen desfavorablemente las pretensiones invocadas por el
actor, toda vez que no se cumplen las causales generales ni
específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Sostuvo que la decisión cuestionada no incurrió en el defecto
sustantivo endilgado, comoquiera que la misma está ajustada a la
normativa aplicable al asunto y a los criterios de razonabilidad,
máxime cuando la autoridad judicial accionada respetó cada una de
las garantías procesas, especialmente el debido proceso alegado.
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Advirtió que para cuestionar la providencia objeto de reproche, la
Ley 1437 de 2011 prevé diferentes recursos, no obstante, en el
escrito de tutela el actor no da cuenta de por qué, a pesar de existir
otro mecanismo de defensa judicial idóneo para ventilar la
controversia, no hizo uso del mismo, además, no se evidencia la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el
estudio de fondo.
Finalmente, indicó que lo pretendido por el accionante es crear una
instancia adicional dentro del proceso ordinario a través de este
mecanismo constitucional y subsidiario, lo cual no resulta de tal
validez.
I.6.2.- El Juzgado pese a ser notificado de la presente acción de
tutela, guardó silencio.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
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Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia
de la violación de derechos constitucionales fundamentales,
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
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de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 29 de octubre de 2021
proferida por el Tribunal, por medio de la cual resolvió que se
continúe el trámite del proceso única y exclusivamente en lo que se
refiere a la señora MARÍA VICTORIA ABRIL CORZO, debiéndose
desglosar del expediente todas las piezas relativas a los demás
demandantes, entre ellos el del señor ARAQUE RODRÍGUEZ, a fin
de que el apoderado radique individualmente las demás demandas,
decisión dictada dentro del medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2018-00527-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto procedimental absoluto al dejar de
aplicar en debida forma lo dispuesto en el artículo 88 del Código
General del Proceso, alegando en ese mismo sentido la ocurrencia
de un defecto sustantivo y procedimental por exceso ritual
manifiesto al darle prevalencia a lo formal sobre lo sustancial.
Añadió el actor que la autoridad judicial accionada también incurrió
en desconocimiento del precedente dispuesto tanto por la Corte
Constitucional5 como por el Consejo de Estado6, así como en
5 Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 23 de febrero de
2012, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente identificado con el número único de
radicación 0317-08.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1º de octubre de 2014, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, expediente identificado con el número único de radicación
2014-00755.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, auto de 29 de noviembre de 2007,
C.P. Alfonso Vargas Rincón, expediente identificado con el número único de radicación
2006-03060-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 27 de marzo de 2014, C.P.
Ramiro Pazos Guerrero, expediente identificado con el número único de radicación 2012-
00124-01.
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violación directa de la Constitución, toda vez que el Tribunal al
negar la acumulación de pretensiones, desconoció los derechos
fundamentales invocados y los principios rectores de la acción.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si el Tribunal
incurrió en los defectos alegados al proferir la providencia
cuestionada.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “auto de 1º de abril de 2019, C.P.
expediente identificado con el número único de radicación 25000-23-36-000-2017-02052-
02 (62396).
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de septiembre de 2019, C.P.
expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2019-03897-
00.
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Actor: CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra
la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable7 y, por último, la solicitud identifica los hechos y
derechos que se estiman lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, procedimental
por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución endilgados al proferir la
providencia de 29 de octubre de 2021, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2018-00527-01.
Del defecto sustantivo
La Corte Constitucional8 ha precisado que el defecto sustantivo se
presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente
7 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201,
Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
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inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 20099, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e)
a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión
judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional10 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa
ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión
“[…]no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
9 M.P Mauricio González Cuervo.
10 Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados por el
Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad entre
estos y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede
jurisdiccional […]”.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado 11 lo
siguiente:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos
de defectos procedimentales: el denominado defecto
procedimental absoluto y el llamado defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto. Se ha señalado que el defecto
procedimental absoluto se configura cuando “[…] el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento establecido
legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea
porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al
pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas
sustanciales del procedimiento establecido legalmente
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las
partes del proceso […]”12. De otra parte, se ha afirmado que
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
tiene lugar cuando el funcionario, por el apego excesivo
e irrestricto a las formas, termina generando un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en
consecuencia, sus actuaciones se convierten en una
clara denegación de justicia13. Se incurre en esta
modalidad cuando, entre varias interpretaciones
posibles, el juez prefiere aquella que no favorece el
principio pro homine e impide al ciudadano el acceso
efectivo a la administración de justicia […]”.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 7 de marzo de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación
11001031500020180402301.
[12] “Sentencia T-327 de 2011”.
[13] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.
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En ese mismo sentido, la Corte Constitucional discurrió sobre el
particular en sentencia T-398 de 201714, en la cual consideró:
“[…] El segundo se llama defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, y se configura cuando“(…) un funcionario utiliza o
concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia”; es decir, el funcionario judicial incurre en
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando “(i)
no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la
realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos
probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el
derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el
desconocimiento de derechos fundamentales”.
[…]
En esta medida, se puede entonces concluir que las formalidades
procesales son esenciales en los procesos judiciales para garantizar
el respeto de un debido proceso, a efectos de que las personas
puedan defender sus derechos conforme a un conjunto de etapas y
actos que lo que buscan es asegurar el funcionamiento de la
administración de justicia, la validez de las actuaciones de las
partes y la garantía de sus derechos. No obstante, estas no se
pueden convertir en fórmulas sacramentales y rigurosas que
sacrifiquen el goce efectivo de los derechos subjetivos, pues el fin
último del derecho procesal es precisamente contribuir a la
realización de la justicia material. De hecho, cuando se aplican de
manera taxativa las normas procesales en desmedro del amparo de
los derechos de las personas, se configura un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto que hace procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales […]”.
De acuerdo con la postura de la Sala, una de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela por defecto procedimental es el
exceso ritual manifiesto, en el cual el juez hace nugatoria la
prevalencia del derecho sustancial, al aplicar de manera rigurosa el
14Corte Constitucional, Sentencia T-398 de 23 de junio de 2017, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
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derecho procesal, afectando el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.
Desconocimiento del precedente judicial
Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del
precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el
poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla
general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca
el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la
Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y
concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de la
ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta
forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los
casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como
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límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto
por el precedente15”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela
cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las
partes. En especial, respecto del precedente vertical, la
Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener que
el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Constitución
Política, que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de
la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la
eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido
proceso judicial16.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)17.
15 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.
16 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
17 Ver sentencia T-292 de 2006.
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Violación directa de la Constitución
En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, es
menester advertir que la Corte Constitucional en su sentencia SU-
024 de 5 de abril de 201818, manifestó que:
« [...] Todas las causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales conllevan en sí mismas
un quebrantamiento de la Carta Fundamental; sin embargo,
esta Corte estableció una causal denominada violación directa
de la Constitución, originada en la obligación que le asiste
a todas las autoridades judiciales de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de
la Carta Política, según el cual “la Constitución es norma de
normas”. De manera que en caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales. […]» (Resaltado fuera de texto).
Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela se
estructura cuando el Juez adopta una decisión que desconoce la
Carta Política, ya sea porque: “(i) deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la Ley al
margen de los dictados de la Constitución”19.
En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede
la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución: (a) cuando en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
18 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012. Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto
Vargas Silva.
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precedente constitucional; (b) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y; (c) cuando el Juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta
el principio de interpretación conforme a la Constitución 20. En el
segundo caso, ha dicho esa Corporación que, en virtud del artículo
4º Superior, el Juez debe aplicar las disposiciones constitucionales
con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad, cuando advierta incompatibilidad entre
estas y aquellas.
Caso concreto
Encuentra la Sala que la inconformidad planteada por el actor
radica en que el Tribunal accionado, al conocer del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 11001-33-42-056-2018-00527-01,
incurrió en los yerros endilgados comoquiera que se cumplían los
presupuestos de acumulación de pretensiones subjetiva, esto es i)
misma causa -la inclusión de la bonificación judicial como factor
salariales-, ii) mismo medio de control y contra la misma entidad,
iii) los demandantes ostentan misma condición de uniformidad de
facto y de derecho, esto es, ser servidores de la Fiscalía General de
20 Ver entre otras, Sentencias T – 199 de 2005, Magistrado ponente: doctor Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009, Magistrado ponente: doctor Luís Ernesto Vargas
Silva y T-809 de 2010, Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Pérez.
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la Nación y ser beneficiarios de la bonificación judicial, iv) se
plantean los mismos cargos de inconstitucionalidad e ilegalidad y,
v) se reclama el mismo restablecimiento del derecho.
Para resolver los cargos planteados, es necesario traer a colación la
providencia cuestionada con el fin de verificar los fundamentos de
la decisión expuestos por la autoridad judicial accionada.
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
“[…] El caso que nos ocupa dirimir gira en torno a la figura de la
acumulación subjetiva de pretensiones, aunado a lo anterior, si
fue acertada la decisión del a quo respecto del rechazo de la
demanda por no subsanar ese yerro.
Pues bien, la figura de acumulación de pretensiones se encuentra
señalada en el artículo 165 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de
2011, que desarrolla la figura jurídica en los siguientes términos:
“ARTÍCUL0 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la
demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad
y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de
reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los
siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No
obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con
cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez
de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha
sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un
particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción
Contencioso Administrativa será competente para su
conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
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4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.
De la norma transcrita se infiere únicamente la acumulación de
pretensiones propias de los distintos medios de control (objetiva)
sin hacer referencia a la acontecida en el caso concreto, esto es la
acumulación subjetiva la cual tiene lugar cuando una demanda
contiene pretensiones de varios demandantes contra un
demandado.
Al respecto, el H. Consejo de Estado en sentencia de 7 de abril de
2016, C. P. Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, radicado No.
70001-23-33-000-2013- 00324-01, indicó:
“De conformidad con el artículo 165 del CPACA existe la
posibilidad de acumular pretensiones en los siguientes eventos:
(…)Dicho precepto regula lo que se denomina acumulación
objetiva, en la medida de que se trata de acumulación de
distintas pretensiones, circunstancia diferente a la acumulación
subjetiva que consiste en la acumulación de varios sujetos en una
misma parte.
Esta acumulación subjetiva no encuentra regulación en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo sino que debe acudirse al artículo 88 del Código
General del Proceso por remisión normativa del artículo 267 del
CPACA”.
En consonancia con lo anterior, se encuentra que el art. 88 del C.
G. P. dispone: […]
Descendiendo al caso concreto, no se encuentra cumplido alguno
de los eventos expuesto por la ley para la procedencia de la
acumulación subjetiva de pretensiones. La controversia respecto
de todos los demandantes no proviene de la misma causa, pues
se difiere tanto en los cargos ocupados por cada uno de ellos
(nótese que el escrito de la demanda se relacionan los distintos
cargos ejercidos por los demandantes, entre los que se pueden
apreciar que existen funcionarios y empleados de la entidad
demandada, así como de distintos niveles de servicios), como por
las circunstancias personales de prestación del servicio y los
periodos laborales reclamados (las fechas de vinculación de los
demandantes no son uniformes).
De otro lado, la prosperidad o negación de las pretensiones de
cada demandante no se encuentran subordinadas entre sí, pues
la acreditación del derecho reclamado es individual, de ahí que no
sirvan las mismas pruebas, por las circunstancias personales de
prestación del servicio de cada demandante. En consecuencia,
para la Sala es acertada la posición de la Juez de primera
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instancia expuesta en la providencia recurrida, en cuanto a la
improcedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones.
No obstante lo anterior, esta Corporación disiente del rechazo de
la demanda bajo el entendido de no haber subsanado lo
relacionado a la acumulación de las pretensiones. De este modo
se lesionan los derechos de los demandantes al acceso a la
administración de justicia y a una tutela judicial efectiva. Por lo
que esta Sala revocará lo atinente al rechazo de la demanda de
los accionantes que fueron perjudicados con esa decisión y en su
lugar ordenará que se continúe el trámite del proceso única y
exclusivamente en lo que se refiere a la señora MARIA VICTORIA
ABRIL CORZO, quien funge como primera accionante en el escrito
demandatorio, debiéndose desglosar del expediente todas las
piezas procesales relativas a los demás demandantes a fin de que
el apoderado que los represente radique individualmente las
respectivas demandas. En todo caso y para todos los efectos, se
tendrá como fecha de presentación de la demanda para los aquí
demandantes el 06 de diciembre de 2018 (fl.573).
En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SALA TRANSITORIA - SECCIÓN SEGUNDA,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del auto proferido por el
Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá el día 29 de mayo de 2019, por las razones vertidas en la
parte considerativa de este proveído.
SEGUNDO: ORDÉNESE al juez de conocimiento que continúe con
el trámite correspondiente, ordenando desglosar del expediente
las piezas procesales que no sean relativas al caso de la señora
MARIA VICTORIA ABRIL CORZO a fin que el apoderado de la
parte actora radique las correspondientes demandas de los demás
accionantes de forma individual, precisando que en todo caso y
para todos los efectos, mantendrá como fecha de presentación el
06 de diciembre de 2018, conforme lo expuesto en la parte
motiva […]”.
De lo anterior se infiere que la autoridad judicial accionada, al
conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto de 29
de mayo de 2019, encontró que no era procedente la acumulación
subjetiva de pretensiones, tal como lo consideró el Juzgado, toda
vez que la controversia puesta a conocimiento frente a todos los
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demandantes, no proviene de la misma causa, esto es, comporta
diferentes cargos, niveles de servicios, circunstancias personales de
prestación del servicio y difieren las fechas de vinculación de cada
actor, por lo que la prosperidad o negativa de las pretensiones no
se encuentra subordinada entre sí.
Para arribar a tal conclusión, el Tribunal se fundamentó en el
artículo 88 del CGP, de lo cual sostuvo que, en efecto, la
acreditación del derecho que se reclama es individual, por lo que no
sirven las mismas pruebas, dadas las circunstancias personales de
prestación del servicio de cada reclamante.
De lo descrito en precedencia, la Sala no advierte que la
interpretación que el Tribunal dio a la situación fáctica presentada
en el proceso ordinario desborde el marco de juridicidad y de la
hermenéutica jurídica razonable y, por ende, que se haya tratado
de una actuación arbitraria que amerite la intervención del juez
constitucional para resolver el asunto, de tal forma que se descarta
la configuración del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
Cabe resaltar que el actor fue enfático en afirmar que se dio una
indebida aplicación del artículo 88 del CGP, toda vez que se
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cumplían los presupuestos para la acumulación subjetiva de
pretensiones en el asunto.
Teniendo en cuenta la controversia planteada, es del caso advertir
que, en materia de acumulación de pretensiones, el artículo 165 del
CPACA, prevé lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la
demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad
y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de
reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los
siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No
obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con
cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez
de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha
sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un
particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción
Contencioso Administrativa será competente para su
conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento. […]”.
De lo transcrito anteriormente, se evidencia que el artículo 165 del
CPACA regula lo referente a la acumulación objetiva de
pretensiones, sin que de ella se desprenda el carácter subjetivo,
como en efecto lo estimó el Tribunal, de tal forma que, conforme la
remisión prevista en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, la
norma aplicable en el asunto es la dispuesta en el artículo 88 del
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CGP, la cual prevé:
“[…] Artículo 88. Acumulación de pretensiones. El demandante
podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones
contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que
concurran los siguientes requisitos: […]
También podrán formularse en una demanda pretensiones
de uno o varios demandantes o contra uno o varios
demandados, aunque sea diferente el interés de unos y
otros, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando provengan de la misma causa.
b) Cuando versen sobre el mismo objeto.
c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.
d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.
[…]”.
Así las cosas, la acumulación subjetiva de pretensiones resulta
procedente en los casos que se formulan por varios demandantes o
contra varios demandados, siempre provengan de la misma causa,
versen sobre el mismo objeto y se sirva de las mismas pruebas.
En efecto, el Tribunal dando aplicación a la disposición contenida en
el artículo 88 del CGP, advirtió que el caso del actor, entre otros
demandantes, presenta una causa distinta, en cuanto al cargo que
desempeña, el tiempo de vinculación y las circunstancias
personales, por lo que concluyó que no resultaba procedente la
acumulación subjetiva de pretensiones, lo cual de ninguna manera
conlleva una interpretación errónea de la normativa dispuesta para
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el asunto, descartándose así el defecto sustantivo endilgado.
Ahora, en cuanto al alegado desconocimiento del precedente
judicial, la Sala observa que tal inconformidad no tiene vocación de
prosperidad, habida cuenta que las sentencias presuntamente
desconocidas, no guardan identidad fáctica ni jurídica a la expuesta
en el presente caso, o no exponen la teoría expuesta por el actor,
además, no gozan de la obligatoriedad de las sentencias de
unificación, ni se trata de una decisión constitucional o alguna en la
cual la Corte Constitucional haya fijado el alcance de derechos
fundamentales.
En efecto, en la sentencia de 23 de febrero de 2012, alegada como
desconocida, la Sección Segunda, Subsección “A” de esta
Corporación confirmó la decisión del a quo, de denegar el amparo
solicitado, al estimar que no se acreditó que los demandantes se
desempeñaran en la misma división y ejerciendo las mismas
funciones, por lo que no se encontraron cumplidos los presupuestos
para la acumulación subjetiva de pretensiones, criterio que difiere
al expuesto por el actor en el escrito de tutela.
En cuanto al auto de 29 de noviembre de 2007, se observa que si
bien Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación ordenó
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la acumulación de pretensiones, en ese asunto no se presentaban
situaciones especiales de carácter particular que hiciera imposible el
estudio en conjunto, además, se pretendía la nulidad de un mismo
acto administrativo, situaciones que no se presentan en el caso
bajo examen.
Respecto de la sentencia de 1o. de octubre de 2014, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, tampoco se comparte
identidad fáctica, pues allí se cumplieron todos los presupuestos
para la acumulación de pretensiones de varios demandantes; en
igual sentido, las providencias de 27 de marzo de 2014 y 1o. de
abril de 2019, dictadas por la Sección Tercera de esta Corporación,
las cuales fueron proferidas en el marco de un proceso de
reparación directa, medio de control diferente al caso concreto.
Finalmente, en cuanto a la sentencia de 25 de septiembre de 2019,
la Sala observa que, si bien la Sección Quinta del Consejo de
Estado amparó los derechos fundamentales, no se presenta
identidad de hechos a los expuestos en el presente trámite, pues en
esa oportunidad se rechazó la demanda sin darle la oportunidad a
los actores de promover el medio de control nuevamente, diferente
al caso concreto, pues el Tribunal accionado, en procura de la
defensa de los derechos fundamentales de los demás demantaes,
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Actor: CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ
incluyendo al señor ARAQUE RODRÍGUEZ, ordenó desglosar del
expediente todas las piezas procesales, a fin de que el apoderado
judicial proceda a promover el medio de control individualmente,
teniéndose como fecha para la presentación de la demanda el 6 de
diciembre de 2018.
Ahora, en cuanto a la sentencia T-1017 de 13 de diciembre de
1999, presuntamente desconocida por el actor, la Sala advierte que
la Corte Constitucional en esa oportunidad amparó los derechos
fundamentales de los allí accionante porque se vulneró el ejercicio
del derecho de acceso a la administración de justicia con una
sentencia inhibitoria, lo cual no ocurrió en el presente caso, tal
como se expuso en líneas anteriores, comoquiera que el actor
puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a
presentar individualmente la demanda, en la cual se tendrá como
fecha de presentación para el término de caducidad, el momento en
el cual presentó la demanda en conjunto.
Finalmente, a juicio del actor, también se incurrió en violación
directa de la Constitución, toda vez que el Tribunal al negar la
acumulación de pretensiones, desconoció los derechos
fundamentales invocados y los principios rectores de la acción; sin
embargo, como ya se dijo antes, la autoridad judicial accionada
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Actor: CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ
fundamentó su decisión en la norma aplicable al asunto y expuso
de forma razonada por qué no procedía la acumulación subjetiva de
pretensiones, lo cual debe ser respetado en virtud de los principios
de autonomía e independencia judicial, de manera que tampoco se
configura la causal de violación directa de la Constitución.
Por lo anterior, para la Sala ni el análisis ni la decisión contenida en
la providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino
que fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica
de la demanda respectiva y a las fuentes jurídicas aplicables al
caso, de tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del
actor con las razones de la providencia judicial acusada, no así la
configuración de las falencias que se alegan.
Así las cosas, la Sala no vislumbra vulneración de los derechos
deprecados, razón por la cual se impone denegar el amparo
solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Actor: CÉSAR RAMÓN ARAQUE RODRÍGUEZ
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de febrero de
2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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