Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10829-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10829-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10829-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10829-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARTHA DE JESÚS HURTADO GARAVITO
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS
ENDILGADOS; ADEMÁS, TAMPOCO SE IMPIDIÓ EL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA ACTORA, COMOQUIERA QUE
EL TRIBUNAL ORDENÓ EL DESGLOSE DE LAS PIEZAS PROCESALES
PARA QUE PROMUEVA LA DEMANDA INDIVIDUALMENTE,
TENIÉNDOSE COMO FECHA DE PRESENTACIÓN EL 6 DE DICIEMBRE
DE 2018, MOMENTO EN EL CUAL SE PROMOVIÓ LA DEMANDA EN
CONJUNTO. -REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL-.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SALA TRANSITORIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
1 En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10829-00
Actora: MARTHA DE JESÚS HURTADO GARAVITO
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora MARTHA DE JESÚS HURTADO GARAVITO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados
por el Tribunal al proferir la providencia de 29 de octubre de 2021,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 11001-33-42-056-
2018-00527-01.
I.2. Hechos
Indicó que el 6 de diciembre de 2018, promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, junto
con un grupo de personas, contra la NACIÓN – FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN2, a fin de que se declarara la bonificación
judicial como factor salarial para el cálculo de todas las prestaciones
salariales a las que tienen derecho, según su vinculación legal y
reglamentaria.
2
En adelante Fiscalía.
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Actora: MARTHA DE JESÚS HURTADO GARAVITO
Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2018-00527 y le correspondió por reparto al JUZGADO
CICUENTA Y SEIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ3 que, en proveído de 23 de enero de 2019, admitió la
demanda únicamente respecto de la señora MARÍA VICTORIA
ABRIL CORZO, quien funge como primera accionante en el escrito
de demanda y ordenó el desglose y retiro de los oficios y traslados
de los demás demandantes, pues, en su criterio, no cumplen los
requisitos formales de la demanda, como lo es la acumulación de
pretensiones.
Relató que, inconforme con lo anterior, a través del apoderado
judicial del asunto, interpuso recurso de reposición, siendo desatado
por el Juzgado a través de auto de 6 de marzo de 2019, por medio
del cual repuso parcialmente la decisión, en el sentido de inadmitir
la demanda y ordenar la subsanación de la misma por indebida
acumulación de pretensiones.
Advirtió que, luego de presentarse el escrito de subsanación,
precisando que lo que se ventila en el caso es una acumulación
subjetiva de pretensiones en la cual todos los demandantes buscan
que se declare la bonificación judicial como factor salarial, a través
3 En adelante el Juzgado.
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del mismo medio de control, contra la misma entidad demanda,
planteando los mismos cargos de inconstitucionalidad e ilegalidad,
así como el mismo restablecimiento del derecho, el Juzgado en
providencia de 29 de mayo de 2019, admitió la demanda únicamente
respecto de la señora MARÍA VICTORIA ABRIL CORZO y la
rechazó frente a los demás demandantes, como se observa a
continuación:
“[…] PRIMERO. Rechazar la demanda con relación a los
siguientes demandantes […]
Sin necesidad de desglose, devuélvase a la parte demandante
los anexos que en original acompañó con su líbelo y que
correspondan a estos demandantes.
SEGUNDO. Admitir la demanda por el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María
Victoria Abril Corzo identificado(a) con la cédula de ciudadanía
No. 37.888.144 contra la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN […]”.
Sostuvo que frente a lo anterior, el apoderado judicial interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal que, en
providencia de 29 de octubre de 2021, estimó que resultaba acertada
la posición del juez de primera instancia en cuanto a la improcedencia
de la acumulación subjetiva de pretensiones, que no obstante, no se
encontraba de acuerdo con el rechazo de la demanda comoquiera
que ello lesionaría los derechos fundamentales de los actores, por lo
que revocó lo atinente al rechazo de la demanda y, en su lugar,
ordenó que se continúe el trámite del proceso única y exclusivamente
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en lo que se refiere a la señora MARÍA VICTORIA ABRIL CORZO,
debiéndose desglosar del expediente todas las piezas procesales
relativas a los demás demandantes a fin de que el apoderado radique
individualmente cada demanda, para lo cual, en todo caso, se tendría
como fecha de presentación de la demanda para todos los
accionantes el 6 de diciembre de 2018.
Así las cosas, el Tribunal en providencia de 29 de octubre de 2021,
resolvió:
“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del auto
proferido por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá el día 29 de mayo de 2019, por las
razones vertidas en la parte considerativa de este proveído.
SEGUNDO: ORDÉNESE al juez de conocimiento que continúe
con el trámite correspondiente, ordenando desglosar del
expediente las piezas procesales que no sean relativas al caso
de la señora MARIA VICTORIA ABRIL CORZO a fin que el
apoderado de la parte actora radique las correspondientes
demandas de los demás accionantes de forma individual,
precisando que en todo caso y para todos los efectos,
mantendrá como fecha de presentación el 06 de diciembre de
2018, conforme lo expuesto en la parte motiva […]”.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto procedimental absoluto al dejar de aplicar en debida forma
lo dispuesto en el artículo 88 del Código General del Proceso,
alegando igualmente la ocurrencia de un defecto sustantivo, pues, a
su juicio, en el caso concreto, se cumplen los presupuestos de
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acumulación de pretensiones subjetiva, esto es: i) misma causa -la
inclusión de la bonificación judicial como factor salarial-; ii) mismo
medio de control y contra la misma entidad; iii) los demandantes
ostentan misma condición de uniformidad de facto y de derecho, esto
es, ser servidores de la Fiscalía General de la Nación y ser
beneficiarios de la bonificación judicial; iv) se plantean los mismos
cargos de inconstitucionalidad e ilegalidad y; v) se reclama el mismo
restablecimiento del derecho.
Afirmó que el Tribunal le dio prevalencia a lo formal sobre lo
sustancial, incurriendo así en un exceso ritual manifiesto, toda vez
que a partir de una elección de la hermenéutica jurídica más
formalista posible, vulneró sus derechos fundamentales.
Arguyó que la autoridad judicial accionada también incurrió en
desconocimiento del precedente dispuesto tanto por la Corte
Constitucional4 como por el Consejo de Estado5, en los que se dispuso
4
Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 23 de febrero de 2012, C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero, expediente identificado con el número único de radicación 05001-23-31-000-
2000-02781-01(0317-08).
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1º de octubre de 2014, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, expediente identificado con el número único de radicación 2014-00755.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, auto de 29 de noviembre de 2007, C.P. Alfonso
Vargas Rincón, expediente identificado con el número único de radicación 2006-03060-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 27 de marzo de 2014, C.P. Ramiro Pazos
Guerrero, expediente identificado con el número único de radicación 2012-00124-01.
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la acumulación de pretensiones subjetivas, tal como ocurre en el
asunto sub examine.
Añadió que se incurrió en violación directa de la Constitución, toda
vez que el Tribunal al negar la acumulación de pretensiones,
desconoció los derechos fundamentales invocados y los principios
rectores de la acción.
Finalmente sostuvo que, en virtud de los principios de economía
procesal, eficacia de los derechos de los asociados y la prevalencia
del defecto sustancial sobre la formalidad, resulta válida la
acumulación de pretensiones subjetiva.
I.4. Pretensiones
La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] se deje sin efectos el auto de fecha 29 de octubre de 2021
que resolvió la apelación sobre el rechazo de la demanda del medio
de control derecho No. 11001334205620180052701, en contra de
la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y se le ordene a la
SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO a proferir otra providencia que respete los
artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política, el artículo 88 del
Código General del Proceso, y la jurisprudencia en vigor del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” auto de 1º de abril de 2019, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, expediente identificado con el número único de radicación 25000-23-36-000-2017-
02052-02 (62396).
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de septiembre de 2019, C.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2019-03897-00.
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Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relativa a la
acumulación de pretensiones subjetiva […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El Tribunal pese a ser notificado en debida forma del
presente trámite constitucional, guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La Fiscalía solicitó que se despachen desfavorablemente las
pretensiones invocadas por la actora, toda vez que no se cumplen
las causales generales ni específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
Sostuvo que la decisión cuestionada no incurrió en el defecto
sustantivo endilgado, comoquiera que la misma está ajustada a la
normativa aplicable al asunto y a los criterios de razonabilidad,
máxime cuando la autoridad judicial accionada respetó cada una de
las garantías procesales, especialmente el debido proceso alegado.
Adujo que al momento de que se profiriera la providencia censurada,
el Tribunal respetó cada una de las garantías de la actora, máxime si
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se tiene en cuenta que la intención fue la de garantizar el debido
proceso y que se presentara la demanda de manera individual.
I.6.2.- El Juzgado sostuvo que resulta improcedente la solicitud de
amparo, toda vez que la providencia objeto de censura no incurrió
en los defectos endilgados, pues en ella se analizaron las normas y
el régimen jurídico aplicable, exponiendo las razones de derecho que
soportan la decisión, por lo que el hecho de que la accionante no
comparta la interpretación jurídica sobre el alcance de las
disposiciones legales que rigen la acumulación de pretensiones, ello
no conlleva por sí mismo la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
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Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
Mediante providencia de 11 de febrero de 2022, la señora Consejera
ROCIÓ ARAUJO OÑATE remitió a este Despacho la acción
constitucional de la referencia para que se procediera al estudio de
una eventual acumulación a la solicitud de amparo identificada con
el número único de radicación 11001-03-15-000-2021-10829-
00, por considerar que compartian identidad de causa, objeto y parte
demandada.
Sobre el particular, es del caso precisar que el articulo 2.2.3.1.3.1.
del Decreto 1834 de 16 de septiembre de 20156, establece la regla
para el reparto de las acciones de tutela de manera masiva, en los
siguientes términos:
“[…] Artículo 2.2.3.1.3.3. Las acciones de tutela que persigan la
protección de los mismos derechos fundamentales,
presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma
acción u omisión de una autoridad pública o de un
particular se asignarán, todas, al despacho judicial que,
según las reglas de competencia, hubiese avocado en
primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.
6
“Por el cual se adiciona el Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de
Justicia y del Derecho, y se reglamenta parcialmente el artículo 37 del Decreto número 2591 de 1991,
en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela masivas”.
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A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales
características que con posterioridad se presenten,
incluso después del fallo de instancia”. (Resaltado fuera del
texto original)
Por su parte, el artículo 2.2.3.1.3.37 ibidem dispone que la
acumulación de procesos procede hasta antes de dictarse la
respectiva sentencia.
Como se puede apreciar de la normativa transcrita, las acciones de
tutela que tengan una misma causa, objeto y parte pasiva, serán
resueltas por el juez que, en primer lugar y de acuerdo con las reglas
de competencia, hubiere avocado el conocimiento de la primera de
ellas, incluso después de haberse proferido el respectivo fallo8.
Con fundamento en lo anterior, se advierte que si bien el proceso de
la referencia con el expediente 11001-03-15-000-2021-10825-00
guardan identidad de objeto, causa y parte demandada, la realidad
es que actualmente ya no resulta procedente ordenar su
acumulación, habida cuenta que en este último ya se dictó sentencia
el 3 de febrero de 2022, por lo que se denegara dicha solicitud y, en
su lugar, se avocara su conocimiento, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
7 […] El juez de tutela que reciba las acciones de tutela podrá acumular los procesos en virtud de la aplicación de
los artículos 2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.2 del presente decreto, hasta antes de dictar sentencia, para fallarlos todos
en la misma providencia […].
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente
identificado con el número único de radicación 2022-00403-00, Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 3 de marzo de 2022.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
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lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 29 de octubre de 2021
proferida por el Tribunal, por medio de la cual resolvió que se
continúe el trámite del proceso única y exclusivamente en lo que se
refiere a la señora MARÍA VICTORIA ABRIL CORZO, debiéndose
desglosar del expediente todas las piezas relativas a los demás
demandantes, entre ellos las de la señora MARTHA DE JESÚS
HURTADO GARAVITO a fin de que el apoderado radique
individualmente las demás demandas, decisión dictada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2018-00527-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
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formal, habida cuenta que, a juicio de la actora, la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto procedimental absoluto al dejar de
aplicar en debida forma lo dispuesto en el artículo 88 del Código
General del Proceso, alegando en ese mismo sentido la ocurrencia de
un defecto sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto al
darle prevalencia a lo formal sobre lo sustancial.
Añadió la actora que la autoridad judicial accionada también incurrió
en desconocimiento del precedente dispuesto tanto por la Corte
Constitucional9 como por el Consejo de Estado10, así como en
violación directa de la Constitución, toda vez que el Tribunal al negar
la acumulación de pretensiones, desconoció los derechos
fundamentales invocados y los principios rectores de la acción.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
9
Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 23 de febrero de 2012, C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero, expediente identificado con el número único de radicación 0317-08.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1º de octubre de 2014, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, expediente identificado con el número único de radicación 2014-00755.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, auto de 29 de noviembre de 2007, C.P. Alfonso
Vargas Rincón, expediente identificado con el número único de radicación 2006-03060-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 27 de marzo de 2014, C.P. Ramiro Pazos
Guerrero, expediente identificado con el número único de radicación 2012-00124-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “auto de 1º de abril de 2019, C.P. expediente
identificado con el número único de radicación 25000-23-36-000-2017-02052-02 (62396).
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de septiembre de 2019, C.P. expediente
identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2019-03897-00.
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presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si el Tribunal
incurrió en los defectos alegados al proferir la providencia
cuestionada.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra
la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable11 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos
11
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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que se estiman lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos sustantivo, procedimental por
exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución endilgados al proferir la providencia de 29
de octubre de 2021, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2018-00527-01.
Del defecto sustantivo
La Corte Constitucional12 ha precisado que el defecto sustantivo se
presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 200913, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13
M.P Mauricio González Cuervo.
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“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional14 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del grado de
convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados por el Juez
ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad entre estos
y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede
jurisdiccional […]”.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado 15 lo
14
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo
de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001031500020180402301.
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siguiente:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de
defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental
absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental
absoluto se configura cuando “[…] el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento establecido legalmente
para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe
a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce
del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento
establecido legalmente afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso […]”16. De otra
parte, se ha afirmado que el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto tiene lugar cuando el funcionario,
por el apego excesivo e irrestricto a las formas, termina
generando un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se
convierten en una clara denegación de justicia17. Se
incurre en esta modalidad cuando, entre varias
interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no
favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el
acceso efectivo a la administración de justicia […]”.
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional discurrió sobre el
particular en sentencia T-398 de 201718, en la cual consideró:
“[…] El segundo se llama defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, y se configura cuando“(…) un funcionario utiliza o concibe
los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia”; es decir, el funcionario judicial incurre en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando “(i) no
tiene presente que el derecho procesal es un medio para la
realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos
probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el
derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el
desconocimiento de derechos fundamentales”.
[…]
[16] “Sentencia T-327 de 2011”.
[17] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-398 de 23 de junio de 2017, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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En esta medida, se puede entonces concluir que las formalidades
procesales son esenciales en los procesos judiciales para garantizar
el respeto de un debido proceso, a efectos de que las personas
puedan defender sus derechos conforme a un conjunto de etapas y
actos que lo que buscan es asegurar el funcionamiento de la
administración de justicia, la validez de las actuaciones de las partes
y la garantía de sus derechos. No obstante, estas no se pueden
convertir en fórmulas sacramentales y rigurosas que sacrifiquen el
goce efectivo de los derechos subjetivos, pues el fin último del
derecho procesal es precisamente contribuir a la realización de la
justicia material. De hecho, cuando se aplican de manera taxativa
las normas procesales en desmedro del amparo de los derechos de
las personas, se configura un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto que hace procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales […]”.
De acuerdo con la postura de la Sala, una de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela por defecto procedimental es el
exceso ritual manifiesto, en el cual el juez hace nugatoria la
prevalencia del derecho sustancial, al aplicar de manera rigurosa el
derecho procesal, afectando el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.
Desconocimiento del precedente judicial
Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del
precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el
poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla
general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
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constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente19”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial20.
19
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
20
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)21.
Violación directa de la Constitución
En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, es
menester advertir que la Corte Constitucional en su sentencia SU-
024 de 5 de abril de 201822, manifestó que:
“[...] Todas las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales conllevan en sí mismas un
quebrantamiento de la Carta Fundamental; sin embargo, esta
Corte estableció una causal denominada violación directa de la
Constitución, originada en la obligación que le asiste a todas
las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del
mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual “la Constitución es norma de normas”. De
manera que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales. […]” (Resaltado fuera de texto).
Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela se
estructura cuando el Juez adopta una decisión que desconoce la
Carta Política, ya sea porque: “(i) deja de aplicar una disposición ius
21
Ver sentencia T-292 de 2006.
22
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la Ley al margen
de los dictados de la Constitución”23.
En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede
la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución: (a) cuando en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y; (c) cuando el Juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme a la Constitución 24. En el
segundo caso, ha dicho esa Corporación que, en virtud del artículo
4º Superior, el Juez debe aplicar las disposiciones constitucionales
con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad, cuando advierta incompatibilidad entre estas
y aquellas.
Caso concreto
Encuentra la Sala que la inconformidad planteada por la actora radica
en que el Tribunal accionado, al conocer del medio de control de
23
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012. Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto Vargas
Silva.
24
Ver entre otras, Sentencias T – 199 de 2005, Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-590 de 2009, Magistrado ponente: doctor Luís Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010,
Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Pérez.
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nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 11001-33-42-056-2018-00527-01, incurrió en
los yerros endilgados comoquiera que se cumplían los presupuestos
de acumulación de pretensiones subjetiva, esto es: i) misma causa -
la inclusión de la bonificación judicial como factor salariales-; ii)
mismo medio de control y contra la misma entidad; iii) los
demandantes ostentan misma condición de uniformidad de facto y
de derecho, esto es, ser servidores de la Fiscalía General de la Nación
y ser beneficiarios de la bonificación judicial; iv) se plantean los
mismos cargos de inconstitucionalidad e ilegalidad; y, v) se reclama
el mismo restablecimiento del derecho.
Para resolver los cargos planteados, es necesario traer a colación la
providencia cuestionada con el fin de verificar los fundamentos de la
decisión expuestos por la autoridad judicial accionada.
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
“[…] El caso que nos ocupa dirimir gira en torno a la figura de la
acumulación subjetiva de pretensiones, aunado a lo anterior, si fue
acertada la decisión del a quo respecto del rechazo de la demanda
por no subsanar ese yerro.
Pues bien, la figura de acumulación de pretensiones se encuentra
señalada en el artículo 165 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de
2011, que desarrolla la figura jurídica en los siguientes términos:
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“ARTÍCUL0 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la
demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad
y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de
reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los
siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante,
cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera
otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad.
Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por
la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán
acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso
Administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.
De la norma transcrita se infiere únicamente la acumulación de
pretensiones propias de los distintos medios de control (objetiva)
sin hacer referencia a la acontecida en el caso concreto, esto es la
acumulación subjetiva la cual tiene lugar cuando una demanda
contiene pretensiones de varios demandantes contra un
demandado.
Al respecto, el H. Consejo de Estado en sentencia de 7 de abril de
2016, C. P. Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, radicado No. 70001-
23-33-000-2013- 00324-01, indicó:
“De conformidad con el artículo 165 del CPACA existe la posibilidad
de acumular pretensiones en los siguientes eventos:
(…)Dicho precepto regula lo que se denomina acumulación
objetiva, en la medida de que se trata de acumulación de distintas
pretensiones, circunstancia diferente a la acumulación subjetiva
que consiste en la acumulación de varios sujetos en una misma
parte.
Esta acumulación subjetiva no encuentra regulación en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo sino que debe acudirse al artículo 88 del Código
General del Proceso por remisión normativa del artículo 267 del
CPACA”.
En consonancia con lo anterior, se encuentra que el art. 88 del C.
G. P. dispone: […]
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10829-00
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Descendiendo al caso concreto, no se encuentra cumplido alguno
de los eventos expuesto por la ley para la procedencia de la
acumulación subjetiva de pretensiones. La controversia respecto
de todos los demandantes no proviene de la misma causa, pues se
difiere tanto en los cargos ocupados por cada uno de ellos (nótese
que el escrito de la demanda se relacionan los distintos cargos
ejercidos por los demandantes, entre los que se pueden apreciar
que existen funcionarios y empleados de la entidad demandada,
así como de distintos niveles de servicios), como por las
circunstancias personales de prestación del servicio y los periodos
laborales reclamados (las fechas de vinculación de los
demandantes no son uniformes).
De otro lado, la prosperidad o negación de las pretensiones de cada
demandante no se encuentran subordinadas entre sí, pues la
acreditación del derecho reclamado es individual, de ahí que no
sirvan las mismas pruebas, por las circunstancias personales de
prestación del servicio de cada demandante. En consecuencia, para
la Sala es acertada la posición de la Juez de primera instancia
expuesta en la providencia recurrida, en cuanto a la improcedencia
de la acumulación subjetiva de pretensiones.
No obstante lo anterior, esta Corporación disiente del rechazo de
la demanda bajo el entendido de no haber subsanado lo
relacionado a la acumulación de las pretensiones. De este modo se
lesionan los derechos de los demandantes al acceso a la
administración de justicia y a una tutela judicial efectiva. Por lo que
esta Sala revocará lo atinente al rechazo de la demanda de los
accionantes que fueron perjudicados con esa decisión y en su lugar
ordenará que se continúe el trámite del proceso única y
exclusivamente en lo que se refiere a la señora MARIA VICTORIA
ABRIL CORZO, quien funge como primera accionante en el escrito
demandatorio, debiéndose desglosar del expediente todas las
piezas procesales relativas a los demás demandantes a fin de que
el apoderado que los represente radique individualmente las
respectivas demandas. En todo caso y para todos los efectos, se
tendrá como fecha de presentación de la demanda para los aquí
demandantes el 06 de diciembre de 2018 (fl.573).
En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SALA TRANSITORIA - SECCIÓN SEGUNDA,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del auto proferido por el
Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá el día 29 de mayo de 2019, por las razones vertidas en la
parte considerativa de este proveído.
SEGUNDO: ORDÉNESE al juez de conocimiento que continúe con el
trámite correspondiente, ordenando desglosar del expediente las
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piezas procesales que no sean relativas al caso de la señora MARIA
VICTORIA ABRIL CORZO a fin que el apoderado de la parte actora
radique las correspondientes demandas de los demás accionantes
de forma individual, precisando que en todo caso y para todos los
efectos, mantendrá como fecha de presentación el 06 de diciembre
de 2018, conforme lo expuesto en la parte motiva […]”.
De lo anterior se infiere que la autoridad judicial accionada, al
conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto de 29 de
mayo de 2019, encontró que no era procedente la acumulación
subjetiva de pretensiones, tal como lo consideró el Juzgado, toda vez
que la controversia puesta a conocimiento frente a todos los
demandantes, no proviene de la misma causa, esto es, comporta
diferentes cargos, niveles de servicios, circunstancias personales de
prestación del servicio y difieren las fechas de vinculación de cada
actor, por lo que la prosperidad o negativa de las pretensiones no se
encuentra subordinada entre sí.
Para arribar a tal conclusión, el Tribunal se fundamentó en el artículo
88 del CGP, de lo cual sostuvo que, en efecto, la acreditación del
derecho que se reclama es individual, por lo que no sirven las mismas
pruebas, dadas las circunstancias personales de prestación del
servicio de cada reclamante.
De lo descrito en precedencia, la Sala no advierte que la
interpretación que el Tribunal dio a la situación fáctica presentada en
el proceso ordinario desborde el marco de juridicidad y de la
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hermenéutica jurídica razonable y, por ende, que se haya tratado de
una actuación arbitraria que amerite la intervención del juez
constitucional para resolver el asunto, de tal forma que se descarta
la configuración del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
Cabe resaltar que la actora fue enfática en afirmar que se dio una
indebida aplicación del artículo 88 del CGP, toda vez que se cumplían
los presupuestos para la acumulación subjetiva de pretensiones en
el asunto.
Teniendo en cuenta la controversia planteada, es del caso advertir
que, en materia de acumulación de pretensiones, el artículo 165 del
CPACA, prevé lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la
demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad
y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de
reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los
siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante,
cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera
otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad.
Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por
la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán
acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso
Administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
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4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento. […]”.
De lo transcrito anteriormente, se evidencia que el artículo 165 del
CPACA regula lo referente a la acumulación objetiva de pretensiones,
sin que de ella se desprenda el carácter subjetivo, como en efecto lo
estimó el Tribunal, de tal forma que, conforme la remisión prevista
en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, la norma aplicable en el
asunto es la dispuesta en el artículo 88 del CGP, la cual prevé:
“[…] Artículo 88. Acumulación de pretensiones. El demandante
podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra
el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran
los siguientes requisitos: […]
También podrán formularse en una demanda pretensiones
de uno o varios demandantes o contra uno o varios
demandados, aunque sea diferente el interés de unos y
otros, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando provengan de la misma causa.
b) Cuando versen sobre el mismo objeto.
c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.
d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas […]”.
Así las cosas, la acumulación subjetiva de pretensiones resulta
procedente en los casos que se formulan por varios demandantes o
contra varios demandados, siempre que provengan de la misma
causa, versen sobre el mismo objeto y se sirva de las mismas
pruebas.
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En efecto, el Tribunal dando aplicación a la disposición contenida en
el artículo 88 del CGP, advirtió que el caso de la actora, entre otros
demandantes, presenta una causa distinta, en cuanto al cargo que
desempeña, el tiempo de vinculación y las circunstancias personales,
por lo que concluyó que no resultaba procedente la acumulación
subjetiva de pretensiones, lo cual de ninguna manera conlleva una
interpretación errónea de la normativa dispuesta para el asunto,
descartándose así el defecto sustantivo endilgado.
Ahora, en cuanto al alegado desconocimiento del precedente judicial,
la Sala observa que tal inconformidad no tiene vocación de
prosperidad, habida cuenta que las sentencias presuntamente
desconocidas, no guardan identidad fáctica ni jurídica a la expuesta
en el presente caso, o no exponen la teoría expuesta por la actora,
además, no gozan de la obligatoriedad de las sentencias de
unificación, ni se trata de una decisión constitucional o alguna en la
cual la Corte Constitucional haya fijado el alcance de derechos
fundamentales.
En efecto, en la sentencia de 23 de febrero de 2012, alegada como
desconocida, la Sección Segunda, Subsección “A” de esta
Corporación confirmó la decisión del a quo, de denegar el amparo
solicitado, al estimar que no se acreditó que los demandantes se
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desempeñaran en la misma división y ejerciendo las mismas
funciones, por lo que no se encontraron cumplidos los presupuestos
para la acumulación subjetiva de pretensiones, criterio que difiere al
expuesto por la actora en el escrito de tutela.
En cuanto al auto de 29 de noviembre de 2007, se observa que si
bien la Sección Segunda -Subsección “A”- de esta Corporación
ordenó la acumulación de pretensiones, en ese asunto no se
presentaban situaciones especiales de carácter particular que hiciera
imposible el estudio en conjunto, además, se pretendía la nulidad de
un mismo acto administrativo, situaciones que no se presentan en el
caso bajo examen.
Respecto de la sentencia de 1o. de octubre de 2014, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, tampoco se comparte
identidad fáctica, pues allí se cumplieron todos los presupuestos para
la acumulación de pretensiones de varios demandantes; en igual
sentido, las providencias de 27 de marzo de 2014 y 1o. de abril de
2019, dictadas por la Sección Tercera de esta Corporación, las cuales
fueron proferidas en el marco de un proceso de reparación directa,
medio de control diferente al caso concreto.
Finalmente, en cuanto a la sentencia de 25 de septiembre de 2019,
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la Sala observa que, si bien la Sección Quinta del Consejo de Estado
amparó los derechos fundamentales, no se presenta identidad de
hechos a los expuestos en el presente trámite, pues en esa
oportunidad se rechazó la demanda sin darle la oportunidad a los
actores de promover el medio de control nuevamente, diferente al
caso concreto, pues el Tribunal accionado, en procura de la defensa
de los derechos fundamentales de los demás demandantes,
incluyendo la señora HURTADO GARAVITO, ordenó desglosar del
expediente todas las piezas procesales, a fin de que el apoderado
judicial proceda a promover el medio de control individualmente,
teniéndose como fecha para la presentación de la demanda el 6 de
diciembre de 2018.
Ahora, en cuanto a la sentencia T-1017 de 13 de diciembre de 1999,
presuntamente desconocida por la actora, la Sala advierte que la
Corte Constitucional en esa oportunidad amparó los derechos
fundamentales de los allí accionante porque se vulneró el ejercicio
del derecho de acceso a la administración de justicia con una
sentencia inhibitoria, lo cual no ocurrió en el presente caso, tal como
se expuso en líneas anteriores, comoquiera que la actora puede
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a presentar
individualmente la demanda, en la cual se tendrá como fecha de
presentación para el término de caducidad, el momento en el cual
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presentó la demanda en conjunto.
Finalmente, a juicio de la actora, también se incurrió en violación
directa de la Constitución, toda vez que el Tribunal al negar la
acumulación de pretensiones, desconoció los derechos
fundamentales invocados y los principios rectores de la acción; sin
embargo, como ya se dijo antes, la autoridad judicial accionada
fundamentó su decisión en la norma aplicable al asunto y expuso de
forma razonada por qué no procedía la acumulación subjetiva de
pretensiones, lo cual debe ser respetado en virtud de los principios
de autonomía e independencia judicial, de manera que tampoco se
configura la causal de violación directa de la Constitución.
Por lo anterior, para la Sala ni el análisis ni la decisión contenida en
la providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino
que fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica
de la demanda respectiva y a las fuentes jurídicas aplicables al caso,
de tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la actora
con las razones de la providencia judicial acusada, no así la
configuración de las falencias que se alegan.
En este punto, es del caso destacar que la Sala ya tuvo la oportunidad
de analizar un asunto con idénticas situaciones fácticas a las
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presentadas en la acción de tutela de la referencia, mediante
sentencias de 3 de febrero y 22 de abril de 202225, en las cuales se
resolvió denegar las pretensiones al estimar que la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos endilgados, además, que no se
impidió el acceso a la administración de justicia, comoquiera que el
Tribunal ordenó el desglose de las piezas procesales para que cada
actor promueva individualmente la demanda, teniendo como fecha
de presentación el 6 de diciembre de 2018, momento en el cual se
promovió la demanda en conjunto.
Así las cosas, la Sala no vislumbra vulneración de los derechos
deprecados, razón por la cual se impone denegar el amparo
solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: DENEGAR la acumulación del expediente de la
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 3 de
febrero y 22 de abril de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, identificadas con los números únicos
de radicación 11001-03-15-000-2021-10825-00 y 11001-03-15-000-2021-10827-00.
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referencia al identificado con el número único de radicación al
proceso con radicado 11001-03-15-000-2021-10825-00 y, en su
lugar, se dispone: AVOCAR su conocimiento, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de julio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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