Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2022-00508-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2022-00508-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2022-00508-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
2 de junio de 2022
Demandante: Marda Marisel Tamayo Tabares
Demandado: Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00508-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00508-01
Demandante: MARDA MARISEL TAMAYO TABARES
Demandado: JUZGADO VEINTINUEVE (29) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN
Tema: Tutela contra providencia judicial – defecto procedimental –
revoca sentencia que declaró improcedente y, en su lugar,
niega el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Marda Marisel
Tamayo Tabares contra la sentencia del 4 de mayo de 2022, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Marda Marisel Tamayo Tabares, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela1 con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales “al Debido Proceso, Defensa, Acceso a la administración de Justicia, e
igualdad”.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas por el
Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito de Medellín que, en
providencia de 27 de enero de 2022, dispuso no reponer el auto de 11 de
noviembre de 2021, a través del cual resolvió agregar la contestación de la
demanda presentada por el Hospital General de Medellín - Luz Castro de
Gutiérrez, al proceso de nulidad y establecimiento del derecho, promovido por la
accionante, que se identificó con el radicado No. 05001-33-33-029-2020-00302-
00.
1.2. Pretensiones
La parte actora elevó las siguientes peticiones:
1 Con escrito presentado el 22 de abril de 2021, en el buzón electrónico
tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co.
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Demandante: Marda Marisel Tamayo Tabares
Demandado: Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00508-01
“Amparar los derechos fundamentales constitucionales al Debido Proceso,
Defensa, Acceso a la administración de Justicia, e igualdad, que le asisten a la
señora MARDA MARISEL TAMAYO TABARES y, en consecuencia, con todo
respeto, les solicito:
1. Revocar la decisión adoptada por el JUZGADO VEINTINUEVE
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN el 27 de enero de 2022,
que resolvió desfavorablemente el recurso de reposición y rechazo el de apelación
interpuestos contra el auto proferido el 11 de noviembre de 2021, por no estar
ajustada a derecho, en el proceso radicado 05 001 33 33 029 2020 00302 00.
2. O subsidiariamente, ordenarle al JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN que deje sin valor ni efectos jurídicos el auto
proferido el 27 de enero de 2022, por no estar ajustado a derecho, y en su lugar,
profiera decisión que de por no contestada la demanda, conforme lo solicitó la parte
demandante, en el proceso radicado 05 001 33 33 029 2020 00302 00.
3. O subsidiariamente, ordenarle al JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN que profiera decisión, motivada y ajustada a
derecho, que de por no contestada la demanda, conforme lo solicitó la parte
demandante, en el proceso radicado 05 001 33 33 029 2020 00302 00, siguiendo
las claras y precisas instrucciones que en tal sentido indique su Despacho como
Juez Constitucional”. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
La accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:
Señaló que el 2 de diciembre de 2020, presentó una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital
General de Medellín - Luz Castro de Gutiérrez, la cual correspondió por reparto al
Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín,
bajo el radicado número 05001-33-33-029-2020-00302-00.
Indicó que a través del auto interlocutorio No. 094 del 11 de febrero de 2021, la
autoridad judicial admitió el medio de control y ordenó correr traslado a la
contraparte. Luego, mediante auto del 29 de julio de 2021, requirió a la entidad
para que, dentro del término de ejecutoria otorgara en debida forma el poder, so
pena de tener por no contestada la demanda, comoquiera que no cumplía con los
requisitos establecidos en el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012, pues el
documento allegado no tenía nota de presentación personal o firma digital del
otorgante.
Alegó que el 23 de agosto de 2021, el Hospital General de Medellín - Luz Castro
de Gutiérrez allegó el poder requerido, es decir, 12 días después de haber vencido
el término judicial señalado en el auto de 29 de julio de 2021.
Manifestó que, no obstante lo anterior, por auto de 11 de noviembre de 2021, el
Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín
resolvió agregar al expediente la contestación allegada por el hospital y
reconocerle personería al apoderado que lo representaba.
Informó que contra dicha providencia interpuso recurso de reposición y, en
subsidio el de apelación, al considerar que la demanda se debió tener como no
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contestada, pues el Hospital General de Medellín - Luz Castro de Gutiérrez remitió
de manera extemporánea el poder requerido en el auto de 29 de julio de 2021.
Destacó que, mediante providencia del 27 de enero de 2022, el Juzgado
Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín resolvió no
reponer su decisión tras señalar que, si bien el documento fue allegado por fuera
del término otorgado por el despacho, de conformidad con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la falta de otorgamiento de poder en debida forma puede ser
subsanada en cualquier momento. Así mismo, rechazó por improcedente el
recurso de apelación.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La señora Marda Marisel Tamayo Tabares consideró vulnerados sus derechos
fundamentales “al Debido Proceso, Defensa, Acceso a la administración de Justicia, e
igualdad”, toda vez que, a su juicio, las consideraciones expuestas por el Juzgado
Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín en los autos
de 29 de julio de 2021 y 22 de enero de 2022, son contradictorias.
Al respecto, precisó que la autoridad judicial accionada pasó de considerar que el
documento adjuntado por la entidad demandada era un memorial sin firma y sin
presentación personal, enviado desde un canal digital diferente al institucional, a
simplemente resaltar que se trataba de un poder que no cumplía con los requisitos
legales.
Expuso que si el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín consideraba ajustado a derecho el poder allegado por el Hospital
General de Medellín - Luz Castro de Gutiérrez, debió reconocer únicamente
personería al abogado, pero no tener por contestada la demanda, comoquiera que
en la providencia de 29 de julio de 2021, se le dio un plazo a la entidad para
adjuntar el poder y como no cumplió dentro de dicho término, debió aplicarse la
consecuencia prevista en el citado auto.
Comentó que no es procedente que el juzgado accionado proteja a la parte
demandada, cuando esta ha tenido una conducta negligente, pasiva y omisiva, por
lo que no corresponde a la judicatura asumir ni corregir la defensa de la entidad,
pues ello trasgrede el derecho a la igualdad de las partes en el proceso.
Así las cosas, comoquiera que la actora no enlistó expresamente los defectos de
los que adolece las providencias objeto de cuestionamiento, la Sala en uso de las
facultades interpretativas de que goza, enmarca los reproches alegados, en el
defecto procedimental absoluto.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto de 22 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad admitió la tutela de la referencia y ordenó la notificación del
Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín,
como autoridad demandada. Así mismo, vinculó como tercero con interés en las
resultas del proceso, al Hospital General de Medellín - Luz Castro de Gutiérrez.
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1.6. Contestación
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín
Con escrito de 25 de abril de 2022, la titular de ese despacho judicial solicitó negar
el amparo deprecado por la accionante.
Al respecto, realizó un recuento sobre las actuaciones procesales adelantadas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No.
05001-33-33-029-2020-00302, y precisó que el Hospital General de Medellín - Luz
Castro de Gutiérrez presentó el escrito de contestación de la demanda dentro del
término legalmente otorgado, sin embargo, el poder aportado no cumplía los
requisitos establecidos en los artículos 74 de la Ley 1564 de 2012 o el 5° del
Decreto 806 de 2020, por lo que, por auto de 29 de julio de 2021, se requirió para
que este fuera allegado en debida forma, so pena de no tener por contestada la
demanda.
Agregó que, pese a que la referida carga procesal no fue cumplida dentro del
plazo establecido, por auto de 11 de noviembre de 2021, el despacho resolvió
agregar al expediente la contestación de la demanda presentada, luego de realizar
una ponderación de los derechos en pugna y concluir que las formalidades deben
ceder ante los principios y derechos de acceso a la administración de justicia, la
tutela efectiva, la defensa y la primacía del derecho sustancial sobre las formas.
Además, señaló que en el auto de 27 de enero de 2022, resolvió el recurso
presentado por la parte actora y le indicó que “la falta de cumplimiento de la totalidad
de los requisitos formales de un poder constituye una nulidad sanable en cualquier
tiempo, máxime cuando la línea general del Consejo de Estado ha sido dar prelación a
garantías de rango constitucional como el acceso a la administración de justicia, la tutela
efectiva judicial, el derecho a la defensa y la primacía del derecho sustancial sobre las
formas frente a excesos de formalismos”.
Manifestó que el Despacho que representa ha sido respetuoso del debido proceso
durante todo el trámite y ha dado aplicación al precedente del Consejo de Estado
frente a los asuntos que son objeto de debate.
Igualmente, puso de presente que en el caso de autos la acción de tutela se torna
improcedente porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en
cuenta que la parte actora no presentó el recurso de queja contra de decisión de
no conceder el recuro de apelación del auto de 11 de noviembre de 2021. De igual
modo, que omitió exponer las razones por las cuales los mecanismos ordinarios
establecidos para la protección de sus derechos son insuficientes y probar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Finalmente, concluyó que, sin en gracia de discusión se abordara el fondo del
asunto, el auto cuya revocatoria se solicita fue debidamente argumentado bajo la
normatividad vigente y pronunciamientos del Consejo de Estado.
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1.7. Sentencia de primera instancia
En providencia de 4 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Oralidad, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta
por la señora Marda Marisel Tamayo Tabares.
Como fundamento de la decisión, indicó que la accionante contaba con el recurso
de queja frente a la decisión que rechazó el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión del 27 de enero de 2022, a fin de que el superior determinara si
había sido bien denegado, pero que no hizo uso este, razón por la que no se
cumplió con el requisito de procedibilidad de la acción de tutela.
1.8. Impugnación2
A través de correo electrónico enviado el 6 de mayo de 20223, la señora Marda
Marisel Tamayo Tabares, por intermedio de su apoderado, impugnó la sentencia
de 4 de mayo de 2022.
De manera concreta, frente a la ratio decidendi del a quo constitucional adujo que
el recurso de queja puede ser interpuesto para que el superior lo conceda si fuere
procedente, situación que no discute, pues reconoce que, tras lo decidido por el
juez de conocimiento, es evidente que no procedía, por lo que mal haría en haber
presentado la queja, dado que ello constituiría un desgaste para la administración
de justicia. En ese sentido, precisó lo siguiente:
“Es un contrasentido lógico y jurídico, que el juzgado accionado en el auto proferido
el 27 de enero de 2022 niegue el recurso de reposición interpuesto como principal y
no conceda el de apelación, por estar expresamente prohibido por la ley, y, en la
presente acción constitucional afirme que no se cumple con el requisito de la
subsidiariedad, por cuanto no se interpuso el recurso de queja contra la decisión
que no concedió el recurso de apelación”.
Informó que de conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, la decisión enjuiciada solo
admitía el recurso de reposición, tal como lo dispuso el juzgado accionado.
En conclusión, consideró que el amparo constitucional debe ser concedido, pues
los medios de defensa judicial con los que contaba, previos a la presentación de la
acción de tutela, fueron agotados, hizo hincapié en que sus reproches no van
dirigidos a atacar la decisión que rechazó por improcedente el recurso de
apelación y, en consecuencia, contrario a lo indicado por el juzgador de primera
instancia, en el presente trámite sí se cumple con el requisito de subsidiariedad.
2 La impugnación se concedió a través de auto de 5 de agosto de 2021, el cual fue notificado el 28
de febrero de 2022. El expediente fue asignado en segunda instancia al magistrado Luis Alberto
Álvarez Parra e ingresó al despacho en la misma fecha.
3 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591
de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 7 de julio de 2021, a las
9:28 P.M., por lo que se entiende realizada al día hábil siguiente (8 de julio del mismo año) y el
recurso se interpuso el 12 de julio de 2021.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 4 de mayo de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, de conformidad con los artículos 32 del
Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 4 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, a través de la cual se declaró improcedente
la acción de tutela interpuesta por la parte actora.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades del
defecto invocado; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandado: Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín
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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, de defensa y a la igualdad.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados por la parte actora, en tanto se interpreta que la
autoridad judicial incurrió en el defecto procedimental absoluto, por lo que se
evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal.
2.4.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia
no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la
providencia judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No.
05001-33-33-029-2020-00302-00.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
que se cuestiona fue proferida el 27 de enero de 2022, por el Juzgado Veintinueve
(29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, mientras que la solicitud
de amparo se presentó el 22 de abril de 2022, de manera que, sin necesidad de
establecer la fecha de ejecutoria, se observa que su interposición se hizo en un
término que a juicio de la Sala es razonable, por cuanto fue antes de transcurridos
seis (6) meses de proferida providencia enjuiciada.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.4.4. Ahora bien, en lo que se refiere al agotamiento de los mecanismos
judiciales, esta Colegiatura encuentra que, en el caso concreto, la providencia
que se cuestiona es la proferida el 27 de enero de 2022, por el Juzgado
Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, mediante la
cual se dispuso no reponer el auto de 11 de noviembre de 2021, que resolvió
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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agregar la contestación a la demanda presentada por el Hospital General de
Medellín - Luz Castro de Gutiérrez, al proceso de nulidad y establecimiento del
derecho, promovido por la accionante, trámite que se identificó con el radicado No.
05001-33-33-029-2020-00302-00.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Marda
Marisel Tamayo Tabares, al considerar que no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, pues la accionante contaba con el recurso
de queja frente a la decisión que rechazó el recurso de apelación interpuesto
contra la providencia del 27 de enero de 2022, para que el superior determinara si
había sido bien denegado, pero esta no lo presentó.
Al respecto, esta Sala de Decisión considera que, en el caso de autos, el requisito
de agotamiento de los mecanismos judiciales sí se cumple, teniendo en cuenta
que contra el auto de 11 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado
Veintinueve (29) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, a través del
cual resolvió “agregar al expediente la contestación allegada por la entidad demandada y
reconocerle personería al apoderado que lo representaba”, no es de aquellos previstos
en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo10, contra los cuales procede el recurso de apelación, situación que
no es motivo de debate. Entonces, en este punto la Sala concluye que el tutelante
hizo lo propio al impetrar el recurso de reposición.
Sin embargo, comoquiera que la actora dentro del trámite ordinario interpuso
recurso de “reposición y en subsidio el de apelación”, lo que siguió fue que mediante
proveído 27 de enero de 2022, el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín resolvió sobre los dos recursos en el sentido de
denegar el de reposición y rechazar por improcedente el de apelación.
Al respecto, la Sala advierte que la línea argumentativa de la solicitud de amparo y
los ataques a la providencia de 27 de enero de 2022, se centran en lo decidido
frente al recurso de reposición, y de conformidad con el artículo 243A11 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no procede
reposición contra la reposición, luego el actor no cuenta con otro medio diferente a
la acción de tutela para insistir en sus reparos y la vulneración de sus garantías
constitucionales.
Con base en lo anterior, la Sección considera que se supera el requisito de la
subsidiariedad, máxime cuando en el actual trámite la parte actora no está
cuestionando la decisión de declarar improcedente el recurso de apelación, sino la
determinación de agregar al expediente ordinario una contestación que, a su
juicio, no debió ser tenida en cuenta por extemporánea, reproche frente al cual ya
no cuenta con otro medio de defensa judicial. Es decir que, contario a lo afirmado
por el a quo constitucional, la accionante no contaba con el recuso de queja.
10 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021.
11 ARTÍCULO 243A. PROVIDENCIAS NO SUSCEPTIBLES DE RECURSOS ORDINARIOS.
<Artículo adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> No
son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias: (…)
3. Las que decidan los recursos de reposición, salvo que contengan puntos no decididos en el auto
recurrido, caso en el cual podrán interponerse los recursos procedentes respecto de los puntos
nuevos.
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Demandado: Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00508-01
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial,
y la protección de derechos de terceros.
2.5. Generalidades del defecto procedimental absoluto
La Corte Constitucional12 precisó que se incurre defecto procedimental cuando la
autoridad judicial se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente
para el trámite de un asunto específico, y establece las siguientes posibilidades
para la configuración del cargo en mención: i) el juez se ciñe a un trámite
completamente ajeno al pertinente, esto es, desvía el cauce del asunto; ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, con lo cual afecta
el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso; y
(iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, con lo que
se vulnera el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no
permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación.
Para que resulte procedente el amparo en sede de tutela de este defecto, la
jurisprudencia constitucional13 ha precisado que deberán concurrir los siguientes
elementos: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra
vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el
defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de
acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia
de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales.
2.6. Caso concreto
Como se ha mencionado, la señora Tamayo Tabares alegó que la autoridad
judicial accionada incurrió en un error al decidir en providencia de 27 de enero de
2022, agregar la contestación de la demanda presentada por el Hospital General
de Medellín - Luz Castro de Gutiérrez, al proceso de nulidad y establecimiento del
derecho, promovido por la accionante, y que se identificó con el radicado No.
05001-33-33-029-2020-00302-00.
Para resolver, se resumen las actuaciones del proceso ordinario así:
El 2 de diciembre de 2019, le fue asignada por reparto al Juzgado Veintinueve (29)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, la demanda presentada por la
señora Marda Marisel Tamayo Tabares contra el Hospital General de Medellín -
Luz Castro de Gutiérrez.
La autoridad accionada la admitió por auto de 11 de febrero de 2021 y dispuso
correr el respectivo traslado a la contraparte por el término de 30 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011.
12 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia del 09.09.13., M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
13 Ibidem.
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Demandante: Marda Marisel Tamayo Tabares
Demandado: Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00508-01
Esta providencia fue notificada el 4 de marzo de 2021, por lo que el término
otorgado vencía el 20 de abril de 2021, mientras que el Hospital General de
Medellín - Luz Castro de Gutiérrez contestó la demanda el 9 de abril de 2021.
No obstante, por auto de 29 de julio de 202114, la autoridad judicial accionada
requirió al hospital demandado para que “dentro del término de ejecutoria del presente
auto otorgue el poder en debida forma, so pena de tener por no contestada la demanda y
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente auto”, bajo las
siguientes consideraciones:
“Revisado el proceso de la referencia encuentra el Despacho que la demandada
E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO GUTIÉRREZ, presentó
escrito de contestación a la demanda, sin embargo, revisado el mismo vislumbra el
Despacho que el poder aportado para la representación de esta entidad no cumple
con el lleno de los requisitos establecidos artículo 74 de la Ley 1564 de 2012 o el 5
del Decreto 806 de 2020, como se pasa a exponer a continuación.
Pues bien, el memorial poder corresponde a pdf sin nota de presentación personal
o firma digital del otorgante del poder, requisito necesario para predicar su
otorgamiento en debida forma a la luz de lo establecido en el artículo 74 de la Ley
1564 de 2012, el cual reza: (…)
Ahora bien, el poder especial también podrá ser conferido a través de mensaje de
datos sin firma manuscrita o digital, pero como quiera que para el caso que nos
ocupa este poder no fue remitido desde dicho canal tampoco es posible predicar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto 806 de
2020”.
Posteriormente, el 23 de agosto de 2021, el Hospital General de Medellín - Luz
Castro de Gutiérrez allegó el poder solicitado desde la dirección electrónica
procesosjudiciales@hgm.gov.co. En consecuencia, el Juzgado Veintinueve (29)
Administrativo Oral del Circuito de Medellín profirió el auto de 11 de noviembre de
ese mismo año, en el cual dispuso “Agréguese al expediente contestación a la
demanda allegada vía electrónica en fecha ocho (08) de abril de 2021, por la E.S.E.
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO GUTIÉRREZ, la cual consta de
doscientos veintiséis (226) folios contados sus anexos obrantes dentro del expediente
electrónico del presente proceso en pdf denominado “010ContestacionDemanda”.
Inconforme con esta decisión, el apoderado de la señora Tamayo Tabares
interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación, al considerar que el
hospital demandado no cumplió con la carga procesal que le fue impuesta en el
auto de 29 de julio de 2021, teniendo en cuenta que allegó al proceso el poder
requerido de manera extemporánea, es decir, por fuera del término de ejecutoria
de la citada providencia.
Finalmente, por auto de 27 de enero de 2022, el Juzgado Veintinueve (29)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín resolvió, en lo que interesa al
asunto, no reponer la decisión de 11 de noviembre de 2021, bajo el siguiente
análisis:
14 Esta providencia fue notificada por estado electrónico del 30 de julio de 2021.
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Demandante: Marda Marisel Tamayo Tabares
Demandado: Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00508-01
“Teniendo en cuenta lo manifestado por el recurrente y lo establecido dentro de las
consideraciones del presente proveído, encuentra esta agencia judicial que
ciertamente el cumplimiento de la carga procesal impuesta a la parte demandada
se realizó fuera del término otorgado por este Despacho; sin embargo, de la
jurisprudencia en cita se establece que la falta de otorgamiento de poder en debida
forma puede ser subsanada en cualquier momento.
Lo anterior, por cuanto el acceso a la administración de justicia, tutela efectiva y el
derecho a la defensa y la primacía del derecho sustancial sobre las formas priman
sobre meros formalismos.
En el presente asunto no se configuró la ausencia del poder, sino que el otorgado
no cumplió con las formalidades exigidas por la ley; en punto de lo anterior se
precisa que, si la falta absoluta de poder puede subsanarse en cualquier tiempo,
con mayor razón lo será aquel que habiéndose otorgado no cumple con la totalidad
de los requisitos legales.
De lo anterior se concluye que en garantía de principios de rango constitucional
como el acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y derecho a la
defensa es procedente mantener la decisión proferida por este Despacho mediante
auto fechado 11 de noviembre de 2021 en lo que concierte a tener por contestada
la demanda por parte de la E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN–LUZ
CASTRO DE GUTIÉRREZ y en esa medida ordenar su incorporación al procesó.
Así las cosas, es claro que no es procedente reponer el auto de fecha 11 de
noviembre de 2021, como quiera que las actuaciones del Despacho se apegaron a
la normatividad y jurisprudencia vigente”.
Para sustentar su decisión, el juzgado accionado también determinó que en
desarrollo de la Ley 1564 de 2012 y el Decreto 806 de 2020, era necesario conferir
los poderes con el lleno de los requisitos, pues el incumplimiento de estos
derivaba en una nulidad saneable, que puede ser subsanada en cualquier tiempo,
en garantía de los derechos de acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva, tal como lo ha determinado la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
Para el efecto, citó la sentencia de 17 de agosto de 2017, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado No. 25000-23-37-
000-2015-01877-01(23174), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y la decisión de
25 de marzo de 2015, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
expediente 76001-23-31-000-2003-00891-01(34276), M.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera.
Destacó que “no es lo mismo una ausencia de poder absoluta, al hecho de que el poder
haya sido conferido sin la totalidad de las formalidades exigidas, pues lo primero deriva en
una falta de representación absoluta y en la que no es clara la voluntad de ser
representado, mientras que en la segunda se evidencia el aspecto volitivo, solo que sin
apego a la totalidad de las ritualidades establecidas para el otorgamiento de poder”.
Por último, puso de presente que la postura general del Alto Tribunal de lo
Contencioso Administrativo ha sido establecer que, una vez ponderados los
derechos de rango constitucional, ceden los excesos de formalismos, por lo que
se establece la posibilidad de requerir el otorgamiento del poder en debida forma
en cualquier tiempo y su convalidación subsana la nulidad que pueda generarse
por la indebida representación.
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Demandado: Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00508-01
Pues bien, revisada la providencia enjuiciada y el expediente radicado No. 05001-
33-33-029-2020-00302-00, la Sala no observa la configuración del defecto que, en
uso de sus facultades interpretativas, fue enmarcado en el procedimental absoluto,
dado que la contestación de la demanda fue allegada el 9 de abril de 2021, es
decir, dentro del término de los 30 días que fue otorgado en el auto de 11 de
febrero de 2021, los cuales vencían el 20 de abril de ese mismo año.
Por lo tanto, la decisión de agregar la contestación dada por el Hospital General
de Medellín - Luz Castro de Gutiérrez, fue razonada y se fundamentó en la
jurisprudencia del Consejo de Estado citada por el Juzgado Veintinueve (29)
Administrativo Oral del Circuito de Medellín.
Ahora bien, en sentencia de 19 de agosto de 202115, la Sección Quinta del
Consejo de Estado analizó un caso en el que el Juzgado Cuarto (4°)
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo tuvo por no contestada una acción
popular interpuesta, entre otros, contra el municipio de Sincelejo, al considerar que
el poder allegado al proceso en formato PDF no tenía nota de presentación
personal de quien otorgaba el mandato y tampoco aportaba la constancia del
envío mediante correo electrónico.
En esa oportunidad, esta Sala sostuvo que tal decisión vulneró las garantías
constitucionales del ente territorial, pues incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y limitó el derecho de defensa, dado que la constancia de
envío del poder no podía ser tenido como un requisito de validez. Igualmente,
explicó que, si la autoridad judicial accionada se cuestionaba sobre la procedencia
del poder, pudo haber requerido a la apoderada para que allegara la respectiva
constancia de envió del documento:
“83. Por tanto, tal determinación limitó el ejercicio del derecho de defensa del
municipio de Sincelejo requerido dentro de la acción popular, vulnerando su
derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Adicionalmente, se debe precisar que dicho procedimiento tiene una connotación
constitucional de protección de derechos colectivos, pero que, debido a esto, el
procedimiento desplegado por la autoridad judicial que conozca del trámite también
debe estar enmarcado en la aplicación y estudio de la Constitución para todas las
partes intervinientes en el proceso, sin desconocer que estas fungen como iguales
en la gestión procesal.
84. En tal sentido, si la autoridad en cuestión tenía dudas respecto de si el poder
conferido provenía directamente de la entidad territorial, bien hubiera podido
solicitarle allegar al proceso la constancia de envío del poder a la abogada
designada para la defensa en la acción popular, y no cercenar de plano el ejercicio
del derecho de defensa del municipio de Sincelejo, por un requisito que, como ya se
mencionó, no es de validez para determinar la legalidad o no del poder otorgado”.
Así las cosas, esta Sección en el sub examine tampoco advierte que el juez
accionado haya impartido sus órdenes con la aplicación de un trámite ajeno al
correspondiente, ni que haya omitido alguna etapa sustancial dentro del
procedimiento establecido, ni mucho menos que haya pasado por alto efectuar
algún debate probatorio pertinente, razón por las cuales no es dable afirmar que
se encuentra configurado el defecto procedimental absoluto.
15 M.P. Roció Araujo Oñate, dentro del radicado 70001-23-33-000-2021-00095-01, actor municipio
de Sincelejo contra el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
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del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00508-01
Igualmente, para esta Colegiatura es importante resaltar que el papel del
funcionario de tutela en estos casos consiste en examinar si la autoridad judicial
incurrió en alguno de los presupuestos indicados en el numeral 2.5 de este fallo,
pero no de imponer un criterio propio acerca de cómo se debió interpretar una
norma, que si bien puede tener un sustento legal, no es de competencia del
funcionario que analiza la solicitud de amparo. Máxime cuando se privilegia la
autonomía juez natural y, en este caso, la interpretación realizada no es
caprichosa o flagrante vulneradora de derechos.
Lo anterior, porque el servidor judicial de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas
a un caso en específico16, es por ello por lo que no le corresponde a la autoridad
judicial constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la “correcta” o aquella
que más conviene en un asunto en concreto, pues se vulneraría la independencia
y autonomía con la que cuenta el juez que conoce el trámite ordinario.
Por lo tanto, la sala revocará la sentencia del 4 de mayo de 2022, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la tutelante, para en su lugar,
negar el amparo invocado por la ella.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 4 de mayo de 2022, proferida por la
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora y, en su lugar,
NEGAR el amparo invocado por la señora Marda Marisel Tamayo Tabares.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
16 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
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Demandante: Marda Marisel Tamayo Tabares
Demandado: Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00508-01
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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