Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2021-00095-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2021-00095-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 70001-23-33-000-2021-00095-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)
19 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara / ACCIÓN POPULAR / AUTO QUE NO RECONOCE CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y NIEGA RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA A LA APODERADA DE LA PARTE DEMANDADA / EXTRALIMITACIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN LA ACREDITACIÓN DEL MANDATO JUDICIAL - Al exigirse la nota de presentación personal y la constancia de envío del poderdante al apoderado / DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO - Configuración / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y A LA DEFENSA TÉCNICA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración
¿Vulneró el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo los derechos fundamentales invocados, por presuntamente incurrir en defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial al proferir el auto del 4 de marzo de 2021 mediante el cual no reconoció personería a la abogada [A.M.A.M.] como apoderada del municipio de Sincelejo, y tuvo como no contestada la acción popular instaurada por la Defensoría del Pueblo en contra del ente territorial mencionado y Colombia Móvil S.A. E.S.P., con radicado Nº 70001-33-33-004-2020-00087-00? (…) [P]ara esta Sala de Decisión es evidente, tal y como lo manifiesta la Corte Constitucional, que la finalidad del decreto [806 de 2020] es la eliminación de etapas procesales y requisitos formales que ralentizan el ejercicio de la administración de justicia. Así pues, la aplicación de esta disposición transitoria no puede volverse en contra de la finalidad definida por este, y mucho menos ejercer cargas excesivas que entorpecen el despliegue de actividades de la Rama Judicial. (…) [Así pues,] la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo que dio aplicación al decreto plurimencionado, resulta excesiva y desproporcionada, configurando el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto planteado por el extremo accionante, toda vez que, la constancia de envío del poder por parte del ente territorial a la abogada apoderada, no es un requisito de validez del poder en sí, ya que, como se evidenció de este, fue conferido con todas y cada una de las exigencias establecidas para dotarla con las facultades jurídicas necesarias para actuar al interior de la acción popular. Cumpliendo, adicionalmente, con la exigencia establecida por el artículo 5º del Decreto 806 de 2020, relacionada con la especificación del correo electrónico de la apoderada y que este coincida con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados. (…) Por tanto, tal determinación limitó el ejercicio del derecho de defensa del municipio de Sincelejo requerido dentro de la acción popular, vulnerando su derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Adicionalmente, se debe precisar que dicho procedimiento tiene una connotación constitucional de protección de derechos colectivos, pero que, debido a esto, el procedimiento desplegado por la autoridad judicial que conozca del trámite también debe estar enmarcado en la aplicación y estudio de la Constitución para todas las partes intervinientes en el proceso, sin desconocer que estas fungen como iguales en la gestión procesal. (…) Ahora bien, en cuanto al defecto por desconocimiento de precedente, este no tiene vocación de prosperar, toda vez que la sentencia T-1098 de 2005 proferida por la Corte Constitucional, que a juicio del accionante fue desconocida, no establece una regla de interpretación o de aplicación normativa aplicable al caso sub examine, siendo además una sentencia de tutela que no fue proferida por la Corte Constitucional en su Sala Plena como órgano de cierre, solo las Sentencias de Unificación y las de Constitucionalidad tienen esta naturaleza, razón por la cual se denegará la solicitud de amparo respecto de este tópico.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 74 / DECRETO 806 DE 2020 - ARTÍCULO 5
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 70001-23-33-000-2021-00095-01(AC)
Actor: MUNICIPIO DE SINCELEJO
Demandado: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el municipio de Sincelejo contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 3 de junio del 2021, mediante la cual negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado al correo electrónico al Tribunal Administrativo de Sucre, el municipio de Sincelejo, por intermedio de su apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo, con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2. El accionante consideró vulnerados los derechos invocados, con ocasión del auto proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo el 4 de marzo del 2021, al interior de la acción popular identificada con el No. 70001-33-33-004-2020-00087-00, promovida por la Defensoría del Pueblo Regional Sucre contra el municipio de Sincelejo y Colombia Móvil S.A. E.S.P., mediante el cual no se reconoció personería a la abogada Ana Margarita Almario Martínez, como apoderada del ente territorial demandado, al considerar que no cumplió con las exigencias establecidas en el artículo 74 del Código General del Proceso y el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, esto es, la nota de presentación personal y la constancia de envío del poderdante al apoderado; en consecuencia se tuvo por no contestada la demanda.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
3. El 30 de julio de 2020 la Defensoría del Pueblo Regional Sucre interpuso acción popular en contra del municipio de Sincelejo y Colombia Móvil S.A. E.S.P, la cual fue asignada por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
4. A través de auto del 4 de agosto de 2020, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, admitió la acción popular y notificó de esta al municipio de Sincelejo el 6 del mismo mes y año.
5. El 28 de septiembre de 2020, la abogada Ana Margarita Almario Martínez remitió correo electrónico al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, que contenía la contestación de la demanda y el poder otorgado con sus respectivos anexos, sin embargo, la abogada manifestó que debido a un “lapsus mentís” olvidó aportar la constancia (mensaje de datos o correo electrónico) mediante la cual el municipio de Sincelejo le otorgó el poder fechado el 11 de agosto de 2020.
6. El 4 de marzo de 2021 el Juzgado accionado expidió auto mediante el cual fijó fecha para la celebración de la audiencia especial de pacto de cumplimiento, e indicó que en los memoriales presentados por la abogada Almario Martínez, no reposa nota de presentación personal de quien otorgó el mandato, tal como lo establece el artículo 74 del Código General del Proceso, y tampoco se aportó constancia del envío mediante mensaje de datos o correo electrónico, razón por la cual no se reconoció personería para actuar en el proceso y se tuvo por no contestada la demanda.
7. El 10 de marzo de 2021, la abogada Almario Martínez interpuso recurso de reposición en contra del auto de 4 de marzo de 2021, argumentando que el poder fue concebido con anterioridad a la contestación de la demanda el 11 de agosto de 2020, hecho que a su juicio se encuentra demostrado mediante su correo electrónico, el cual coincide con el registrado en el SIRNA. Adicionalmente, reiteró que por un “lapsus mentís” al momento del envío no permitió que el juzgado tuviera dicha constancia, y considera que ello no es impedimento para que este requisito pueda ser subsanado y tener por contestada la demanda dando pleno ejercicio al derecho de defensa, ya que como se evidenció, el poder en su integridad cumplió con los requisitos establecidos para su otorgamiento.
8. El 6 de mayo de 2021 fue celebrada audiencia de pacto de cumplimiento virtualmente, mediante la cual la autoridad judicial resolvió la solicitud interpuesta y negó el recurso, argumentando que solo fue hasta la presentación del recurso de reposición que se pudo constatar el envío del mensaje de datos para el otorgamiento del poder, requisito necesario para actuar al interior de la acción popular; en tal sentido, se reconoció personería a la abogada Almario Martínez con la presentación del recurso antes descrito, decisión que tuvo efectos jurídicos luego de la ejecutoria de dicho proveído.
1.3. Pretensiones
9. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia pidió lo siguiente:
“(…) PRIMERO: Se TUTELE el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO con la finalidad de evitar un perjuicio irremediable al MUNICIPIO DE SINCELEJO.
SEGUNDO: En CONSECUENCIA, se ORDENE al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE SINCELEJO dar por contestada la demanda por parte del MUNICIPIO DE SINCELEJO.
TERCERO: Se ordenen las pruebas solicitadas por (sic) MUNICIPIO DE SINCELEJO en el memorial de la contestación de la demanda. (…)”
1.4. Sustento de la solicitud
10. El accionante precisó que, por medio de la providencia censurada, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al dar por no contestada la demanda, basado en un error de carácter procedimental que consecuentemente generó una vulneración a su derecho al debido proceso.
11. Manifestó que el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, establece “que los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.”
12. En tal sentido, precisó que el poder mediante el cual se le designó como abogada a Ana Margarita Almario Martínez, fue otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la contestación de la demanda, el 11 de agosto de 2020, mediante correo electrónico enviado a la dirección concordante con el registro SIRNA de la profesional en derecho.
13. Adujo que, el 28 de septiembre de 2020 mediante correo electrónico allegó el escrito de contestación de la demanda y la proposición de excepciones, junto con el poder y anexos respectivos, pero que, debido a un “lapsus mentís”, omitió adjuntar la constancia de envío del correo electrónico que remitió el poder enviado por el municipio de Sincelejo, a la profesional del derecho, situación que a juicio de la apoderada no es óbice para que no pudiera subsanarlo, toda vez que el poder cumple con todos los requisitos y exigencias legales necesarias.
14. Así pues, denotó que hubo una desproporcionalidad por parte del Juzgado de conocimiento, toda vez que al tener por no contestada la demanda por una deficiencia netamente procesal, es un sacrificio desproporcional para el derecho de contradicción e igualdad procesal. Al respecto citó la sentencia T-1098 de 2005 proferida por la Corte Constitucional, así:
“(…) Sin embargo, la jurisprudencia ha adoptado una posición distinta con fundamento en lo previsto en el artículo 5° del Código de Procedimiento Civil[20]. Así ha entendido que existe un plazo judicial para que el demandado pueda corregir las eventuales deficiencias procesales que se presenten en el escrito de contestación, a partir del reconocimiento de un vacío normativo en dicha materia que debe suplirse con la aplicación de las normas que regulan casos análogos, en específico, las referentes a la corrección de las demandas (C.P.C. art. 85). Para quienes participan de esta posición jurisprudencial, es necesario que el juez le confiera un término de cinco (5) días al demandado, para que éste pueda subsanar las defectos que adolezca su escrito de contestación. Conforme lo anterior, se ha concluido que tener por no contestada la demanda por una deficiencia netamente procesal, significa un sacrificio desproporcional para el derecho de contradicción y para la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P. arts. 29 y 228), que compromete la igualdad procesal reconocida en la Constitución Política (C.P. art. 13)”
15. En tal sentido, hizo una diferenciación entre la carencia de poder y su insuficiencia, lo cual genera consecuencias diferentes; lo anterior por cuanto el poder allegado mediante el memorial del 28 de septiembre de 2020, junto con la contestación de la demanda, reúne todos los requisitos exigidos, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso, el cual establece de manera clara y concreta que debe contener los asuntos materia del mandato, los nombres e identificaciones del poderdante y el apoderado, y el objeto de la gestión para la cual se confirió mandato relacionado con la posición jurídica que ostenta o pretende, requisitos que a su juicio fueron cumplidos.
16. Así pues, la falta de remisión de la constancia de envío del poder mediante correo electrónico, considera debe verse como un imprecisión, mas no como una insuficiencia, pues el poder, como ya se mencionó en el párrafo anterior, cumple con los requisitos exigidos por la norma, razón por la cual el juez puede proceder al saneamiento y no a la denegación, como sucedió en el presente caso.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Admisión de la demanda
17. Mediante auto del 24 de mayo de 2021, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Sucre admitió la acción de tutela. A su vez, ordenó lo siguiente: i) notificar a la autoridad judicial accionada y ii) la ofició para que esta adjunte los antecedentes que existan conforme a los hechos relatados por la parte accionante, especialmente el expediente digitalizado completo correspondiente al medio de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos - Acción Popular con radicado N° 70001333004-2020-00287-00, en el cual la parte demandante es la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, adelantado contra el municipio de Sincelejo y Colombia Móvil S.A. E.S.P.
1.5.2 Intervención del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
18. Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 27 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Sucre, el titular del despacho judicial luego de realizar un recuento de los hechos ocurridos al interior de la acción popular objeto de controversia, indicó que se realizó todo el procedimiento conforme a la normatividad vigente, consagrada dentro del Código General del Proceso y el Decreto 806 de 2020, este último además, estableció requisitos alternativos para el reconocimiento de personería, atendiendo las situaciones de salud pública actuales, requisitos mínimos que la abogada no cumplió en su momento. En tal sentido, advirtió que en el procedimiento de la acción popular, al igual que en el procedimiento contencioso administrativo, no procede la subsanación de la contestación de la demanda, tal y como lo pretende el extremo accionante.
19. Así pues, precisó que obviar dichos requisitos por parte del despacho, implicaría no observar el cumplimiento de la norma transitoria, ya que con esta se busca verificar de manera plena que el abogado que se presenta es efectivamente el apoderado de quien dice ser. Circunstancia que solo se evidenció con certeza cuando la apoderada del ente territorial presentó el recurso de reposición aportando los documentos faltantes.
20. Manifestó que los abogados deben tener pleno conocimiento de la normatividad vigente, en especial respecto a la presentación de poderes, siendo indispensable para su debida participación dentro de los procesos donde se vinculen, junto con los requisitos mínimos de presentación, los cuales deben ser acatados sin excepción, y que no pueden ser olvidados, tal y como lo hizo la abogada. Igualmente, no se puede solicitar su aceptación de manera retroactiva por el despacho alegando la presunta vulneración al acceso a la administración de justicia, hecho que recae exclusivamente en la responsabilidad de la abogada al olvidar su obligación de aportar los documentos necesarios para el reconocimiento de su personería.
21. Por tanto, para la autoridad accionada, la posible afectación en la defensa de la parte que representa la abogada Ana Margarita Almario Martínez, se originó directamente por su actuación y no por culpa del despacho judicial accionado.
22. Concluyó que si bien el derecho sustancial debe primar sobre el procedimental, existen requisitos mínimos que no pueden ser obviados, como lo es el caso de los documentos necesarios para el reconocimiento de la personería, pues este es el momento en que se le otorga la posibilidad al abogado de ser sujeto procesal, por lo que el cuidado en su presentación por parte del interesado y del reconocimiento por parte del Despacho resulta indispensable, para evitar futuras nulidades procesales por una indebida representación.
1.5.3. Fallo impugnado
23. Mediante sentencia del 3 de junio de 2021, notificada vía correo electrónico el 8 de junio del mismo año, el Tribunal Administrativo de Sucre negó el amparo solicitado por el accionante, toda vez que, de las pruebas aportadas y de las afirmaciones hechas, se logra concluir que el municipio de Sincelejo omitió anexar el mensaje de datos mediante el cual se otorgó poder para actuar en la acción popular con radicado Nº 70001-33-3300-4-2020-00087-00, hecho que no se discute y que por el contrario se encontró probado y aceptado por las partes, razón por la cual, la decisión tomada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo no fue irracional o caprichosa.
24. Por tal motivo, la providencia adoptada por la autoridad judicial accionada se encontró alineada con la legislación vigente que regula la contestación de la demanda y la acreditación del derecho de postulación para actuar en los procesos judiciales, sin que esta configure un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, como lo plantea el accionante.
25. Así pues, concluyó que la medida proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo no vulneró los derechos fundamentales invocados como trasgredidos por el accionante, razón por la cual no concedió el amparo constitucional.
1.5.4. Trámite de la Impugnación
1.5.4.1. El municipio de Sincelejo, a través de su apoderada, mediante escrito enviado el 11 de junio de 2021 al correo electrónico de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Sucre, impugnó la sentencia del 3 de junio del 2021, notificada el 8 del mismo mes y año.
26. La impugnación fue concedida por auto del 18 de junio de 2021, notificada a las partes y terceros intervinientes el 21 del mismo mes y año e ingresó al Despacho de la Magistrada que funge como ponente el 13 de julio de la misma anualidad.
27. El extremo accionante manifestó que el a quo omitió vincular a la Defensoría de Pueblo Regional Sucre, quien es el accionante dentro de la acción popular objeto de controversia, resaltando que es indispensable su participación en el trámite de la tutela; igualmente indicó que se debe vincular a Colombia Móvil S.A. E.S.P., quien funge como demandada en la acción de protección de derechos colectivos.
28. Posteriormente, el municipio accionante refirió los mismos argumentos planteados al interior del escrito de tutela, relativos a la contestación en tiempo de la acción popular, y la posibilidad de que el juzgado demandado abriera un término para subsanar la omisión de anexar el mensaje de datos mediante el cual se le otorgó el poder a la abogada asignada para el caso.
1.5.4.2. Previo a decidir la impugnación presentada por la parte accionante, mediante auto de 27 de julio de 2021, notificado el 29 de julio de 2021 a las partes, se ordenó vincular al presente trámite constitucional a la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, a Colombia Móvil S.A. E.S.P. y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
29. Sin embargo, aunque fueron notificados en debida forma de conformidad con la constancia de envío obrante en el índice 7 del aplicativo Samai, estos guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
30. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia del 3 de junio del 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2 Legitimación en la causa
31. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
32. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991, en los artículos 1°, 10º, 46 y 49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales.
33. Desde la expedición por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
34. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
35. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, la Corte Constitucional indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
36. En la sentencia T-435 de 2016, el Alto Tribunal Constitucional estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de las cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la sentencia SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
37. De esa manera, la Corte Constitucional en la sentencia T-697 de 2006, indicó que, de conformidad con su jurisprudencia y lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, se tiene que “un primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela es la exigencia de que quien solicite el amparo, se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. La legitimación “por activa” exige que el derecho cuya protección se invoca, sea un derecho fundamental radicado en cabeza del demandante y no, en principio, de otra persona”.
38. En relación con el caso de la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha establecido que, “Cuando la acción de tutela es interpuesta por intermedio de agente oficioso, la jurisprudencia constitucional ha señalado los siguientes elementos normativos: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando como tal; (ii) del escrito de tutela se debe poder inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer la acción de tutela, ya sea por circunstancias físicas o mentales; (iii) la informalidad de la agencia, pues esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y los agenciados; (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso.”
39. Finalmente, es importante recordar que, la mencionada Corte, en la Sentencia de Unificación SU-173 de 2015, estableció que, “La legitimación en la causa es un presupuesto procesal exigido en la acción de tutela, debido a que los derechos fundamentales son inherentes a las personas y, además, son intransferibles, aun tratándose de personas jurídicas o entidades territoriales (…) La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor de terceros es excepcional y por lo mismo sólo puede intentarse cuando el interesado demuestre que se ven afectados sus derechos fundamentales y que se halle imposibilitado para deprecar por sí mismo el amparo constitucional; así los interesados son aquellas personas a quienes la decisión afecte directamente en sus derechos fundamentales, esto es, las partes del litigio.”
40. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el municipio de Sincelejo es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que es la parte demandada en la acción popular en la cual se dictó la providencia censurada.
41. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.
42. Por otro lado, se advierte que el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo, está legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que profirió la decisión atacada a través de este mecanismo de amparo.
2.3. Problema jurídico
43. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia del 3 de junio de 2021, dictada en la acción de tutela del vocativo de la referencia, instaurada con el fin de reclamar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
44. En consecuencia, en lo atinente al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado, de los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el problema jurídico que subyace al caso concreto es el siguiente:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
45. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿Vulneró el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo los derechos fundamentales invocados, por presuntamente incurrir en defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial al proferir el auto del 4 de marzo de 2021 mediante el cual no reconoció personería a la abogada Ana Margarita Almario Martínez como apoderada del municipio de Sincelejo, y tuvo como no contestada la acción popular instaurada por la Defensoría del Pueblo en contra del ente territorial mencionado y Colombia Móvil S.A. E.S.P., con radicado Nº 70001-33-33-004-2020-00087-00?
46. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) defecto procedimental; iv) desconocimiento del precedente y; v) análisis del caso en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
48. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
49. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
50. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
51. En el sub judice se advierte que en lo que se refiere a la acción popular como medio para la protección de los derechos colectivos, el asunto es de relevancia constitucional, por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 4 de marzo de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo pues, en su sentir, incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente establecido en la sentencia T-1098 de 2005 proferida por la Corte Constitucional.
52. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, el accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, ya que la autoridad judicial accionada no reconoció personería a la abogada Ana María Almario Martínez como apoderada del municipio de Sincelejo y en consecuencia tuvo por no contestada la acción popular con radicado Nº 70001-33-33-004-2020-00087-00.
53. En ese sentido, los argumentos a juicio del tutelante eran desproporcionados, concretamente al dar por no contestada la demanda, basado en un error de carácter procedimental, que consecuentemente generó una vulneración a su debido proceso; ya que no aportó la constancia de envío del correo electrónico que remitió el poder enviado por el municipio de Sincelejo, a la profesional del derecho, situación que a juicio de la apoderada no es óbice para que no pudiera subsanarlo, toda vez que el poder cumple con todos los requisitos y exigencias legales necesarias.
54. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora frente a la razonabilidad de la decisión pues, en su criterio, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo limitó con su actuar el acceso a la justicia y violó su derecho fundamental al debido proceso.
55. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende el accionante, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.
56. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección.
57. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.
2.5.2. Tutela contra tutela
58. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue proferida en la acción popular con radicado Nº 70001-33-33-004-2020-00087-00, promovida por la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, contra el municipio de Sincelejo y Colombia Móvil S.A. E.S.P.
2.5.3. Subsidiariedad
59. Respecto de este requisito, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera causarle a sus derechos fundamentales; esto, toda vez que contra la providencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, no procede ningún recurso ordinario adicional, ya que el accionante ejerció recurso de reposición contra el auto que no reconoció personería a la abogada del municipio de Sincelejo y tuvo por no contestada la demanda, el cual fue resuelto por la autoridad accionada el 6 de mayo de 2021, contra el cual no procede recurso extraordinario alguno.
2.5.3. Inmediatez
60. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún reproche, en vista de que la providencia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, fue proferida el 4 de marzo de 2021 y notificada electrónicamente el 5 de marzo de 2021; dado que la accionante interpuso la tutela el 24 de mayo del 2021, la Sala considera que se presentó dentro de un término razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
61. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.6. Generalidades del defecto procedimental
62. Según lo establecido por la Corte Constitucional, se presenta cuando la autoridad judicial en el desarrollo del proceso (i) sigue un trámite completamente ajeno al establecido en la ley, (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento, afectando el derecho de defensa y contradicción de las partes, o (iii) incurre en un exceso ritual manifiesto. Atendiendo los derroteros de la demanda es relevante ahondar en la primera modalidad:
“[S]e presenta en los casos que el funcionario judicial competente actúa por fuera del trámite legalmente establecido, manifestado en grado absoluto y que, sin ninguna justificación válida, desencadena la afectación de prerrogativas previstas en la Constitución y la legislación vigente.
Aunque en este evento el ámbito de interferencia del juez de tutela está restringido, pues se entiende que la autoridad judicial responsable actúa en el marco de las competencias previstas por el Legislador, también ha indicado la Corte que cuando el operador desempeña sus funciones alejado de la normatividad aplicable, su decisión resulta incompatible con los preceptos que orientan el ordenamiento jurídico. Por esta razón, ha señalado que se admite la intervención excepcional del juez de tutela en eventos como los siguientes:
(i) Primero, cuando la autoridad judicial tramita el asunto que le corresponde resolver por un cauce completamente distinto al previsto en la ley o prescinde por su simple voluntad de la práctica de una o de varias etapas del proceso. Bajo este supuesto, no solo se ha decidido casos en los que el operador ha omitido, sin ninguna justificación razonable, el decreto y práctica de pruebas o la notificación de la actuación procesal que requiere de dicha formalidad, sino que también ha examinado la aplicación de términos judiciales, donde el juez opta, sin motivación, por prolongar o delimitar el tiempo con que cuentan las partes para intervenir en el proceso ordinario.
(ii) En segundo lugar, cuando en el proceso se presenta una demora injustificada que impide la adopción de la decisión judicial definitiva. Esto no quiere decir que sea posible cuestionar mediante tutela cualquier retraso, alegando de forma general la existencia de una mora judicial, pues lo que se cuestiona en este supuesto es la propia vulneración del derecho a un trámite judicial ágil y sin dilaciones injustificadas.
(iii) Finalmente, cuando el juez de la causa desconoce las garantías mínimas del debido proceso, en especial, en los casos que el operador judicial limita irrazonablemente los derechos a la defensa y contradicción de los sujetos procesales, presentándose por ello evidentes fallas en la defensa técnica que no pueden ser imputables a la persona y que, sin embargo, tienen un efecto decisivo en la resolución del asunto controvertido”.
2.7. Desconocimiento del precedente
63. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
64. Sin embargo, resulta necesario advertir que “…debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez” .
2.8. Caso concreto
65. La parte actora consideró que el Juzgado demandado incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente, al no conceder personería jurídica a la abogada Ana Margarita Almario Martínez como su apoderada, y en consecuencia tener como no contestada la acción popular con radicado Nº 70001-33-33-004-2020-00087-00, promovida por la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, contra el municipio de Sincelejo y Colombia Móvil S.A. E.S.P.
66. Específicamente, sostuvo que la referida autoridad incurrió en una ritualidad excesiva respecto del artículo 5 del Decreto 806 de 2020, toda vez que, el poder mediante el cual se le designó como abogada a Ana Margarita Almario Martínez, fue otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la contestación de la demanda, el 11 de agosto de 2020, mediante correo electrónico enviado a la dirección concordante con el registro SIRNA de la profesional en derecho; sin embargo, por un error procedimental, o como lo califica la apoderada del municipio de Sincelejo, un “lapsus mentis”, omitió adjuntar la constancia de envío del correo electrónico que remitió el poder enviado por el municipio de Sincelejo, a esta, situación que a juicio de la apoderada no es óbice para que no pudiera subsanarlo, toda vez que el poder cumple con todos los requisitos y exigencias legales necesarias.
67. Así pues, de la providencia atacada se logra evidenciar que el Juzgado demandado fundó su decisión en el artículo 74 del Código General del Proceso y el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, aplicando de manera taxativa las normas mencionadas indicando que:
“(…) en cuanto al poder otorgado para la contestación del municipio de Sincelejo, tenemos que en estos momentos existen dos formas de aportar los poderes especiales para que sean tenidos en cuenta dentro de un proceso judicial:
La primera es la consagrada en el artículo 74 del CGP, que establece que “(...) el poder para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario.”. En este caso se deberá aportar el poder digitalizado con la correspondiente nota de presentación personal.
La segunda forma es la establecida en el Decreto 806 de 2020, que en su artículo 5 señala que en materia de poderes judiciales los mismos “se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.”, en este evento se deberá aportar la constancia del envío del mensaje de datos, por lo general mediante correo electrónico, del poderdante al apoderado, es decir, mostrar la evidencia del envío de ese mensaje de datos, siendo esta la forma de convalidar el otorgamiento del poder respectivo.
Dentro de (sic) memoriales allegados al proceso por parte del municipio de Sincelejo, se observan el poder en formato PDF, sin embargo, no aparece nota de presentación personal de quien otorga el mandato, como lo establece el artículo 74 del CGP; tampoco se aporta la constancia del envío del mismo mediante mensaje de datos – correo electrónico, situación está (sic), que demostraría el haberse conferido el poder correspondiente, tal como ya se explicó, por ello se tendrá como no contestada la demanda y no se reconocerá personería tal y como fue anunciado.”
68. Posteriormente, en providencia del 6 de mayo de 2021, la autoridad accionada resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 4 de marzo de la misma anualidad, donde concluyó que:
“(…) se tiene que el recurso a resolver, fue presentado en forma oportuna, sin embargo, la inconformidad alegada no puede ser aceptada, por el hecho de que en el presente proceso la constatación del mensaje de datos para la concesión del poder solo fue allegada con el ejercicio del recurso de reposición, por lo que se negará el recurso interpuesto, y al allegarse los anexos del poder judicial concedido por el municipio de Sincelejo a la abogada ANA MARGARITA ALMARIO MARTÍNEZ, con la presentación del recursos (sic) de reposición, se procederá al reconocimiento de la personería, decisión que solo tendrá efectos una vez ejecutoriado este proveído.”
69. Ahora bien, esta Sala de Decisión analizará las normas citadas por la autoridad accionada para tomar su decisión, a fin de establecer si cometió o no el defecto procedimental aducido por el extremo accionante.
70. El artículo 74 del Código General del Proceso señala que:
“Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.
El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251.
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona.
Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.
Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio.”
71. En tal sentido, de la norma transcrita se puede extraer para el caso concreto, que respecto de los poderes especiales para actuar dentro de una actuación judicial deben contener: i) identificación del asunto claramente y; ii) presentación personal por el poderdante ante el juez, oficina judicial de apoyo o un notario.
72. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, se promulgó el Decreto 806 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, donde se estableció en su artículo 5 que:
“Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales.”
73. De la lectura al artículo transcrito, se logra evidenciar que eliminó el requisito establecido por el artículo 74 del Código General del Proceso, respecto a la presentación personal del poder, presumiéndose auténticos sin requerir ningún tipo de reconocimiento.
74. Por otra parte, adicionó como requisito para el reconocimiento de este, la inclusión del correo electrónico del apoderado y que este coincida con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados.
75. En tal sentido, vemos como de los documentos obrantes en el expediente y los relatos realizados por las partes sobre las actuaciones procesales, se evidencia que la abogada Ana Margarita Almario Martínez presentó el poder conferido por el municipio de Sincelejo, junto con los documentos de contestación de la acción popular tal y como se evidencia a continuación:
76. Sin embargo, la decisión del Juzgado accionado de tomar por no contestada la acción de protección de los derechos colectivos, por parte del municipio de Sincelejo, para esta Sala de Decisión resulta excesiva, tal y como se explicará a continuación.
77. Al respecto, la Corte Constitucional mediante sentencia C-420 de 2020 realizó el control de constitucionalidad del Decreto 806 de 2020, donde además analizó de manera detallada las modificaciones transitorias realizadas, no solo al artículo 74 del Código General de proceso, sino a todas las disposiciones de carácter procesal para el ejercicio de la administración de justicia, sin embargo, para la presente solicitud de amparo, centraremos el estudio en las modificaciones a las reglas ordinarias de otorgamiento de poderes especiales para procesos judiciales, establecidas en el artículo 5º del mencionado decreto.
78. Así pues, la Corte manifestó que el decreto analizado tiene diferentes ejes temáticos, entre los cuales se destaca el segundo, denominado «implementación de las TIC y flexibilización de actuaciones judiciales y actos procesales (arts. 5º a 15º)», y que, a su vez, las medidas previstas en estos artículos se subdividen en dos grupos «en función de las finalidades transitorias que persiguen. El primer grupo está compuesto por aquellas medidas que implementan el uso obligatorio y preferente de las TIC en el trámite de estos actos procesales y actuaciones judiciales con el objeto de: (i) “evitar la presencialidad en los despachos judiciales” y, de esa forma, prevenir el contagio; y (ii) reactivar las actividades económicas que dependen del funcionamiento de la Rama Judicial. El segundo grupo, por su parte, se integra por aquellas medidas que pretenden agilizar los procesos judiciales con el objeto de reducir la congestión judicial que causó la pandemia y que “se incrementará una vez se levanten la suspensión de términos judiciales”, y que serán exigibles durante la vigencia provisional del decreto. Como a continuación se indica, cada uno de los artículos que integra este segundo eje temático (arts. 5º a 15º) prevé medidas relacionadas con ambos grupos de finalidades.»
79. Descendiendo el asunto al caso sub examine, la Corte Constitucional individualizó los puntos que fueron modificados del artículo 74 del Código General del Proceso así:
“i. Modificaciones transitorias a las reglas ordinarias de otorgamiento de poderes especiales para procesos judiciales (art. 5º)
60. El artículo 74 del CGP prescribe que los poderes especiales para procesos judiciales “deberá[n] ser presentado[s] personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario”. Adicionalmente, dispone que “Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital” (inciso 5).
61. De manera temporal, el artículo 5º del Decreto sub examine establece que los poderes especiales “se presumirán auténticos” y, por tanto, no requerirán de “ninguna presentación personal o reconocimiento” (inciso 1 del art. 5º). Asimismo, prescribe que estos podrán otorgarse “mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma” (inciso 1 del art. 5º, resalto fuera del texto original). De otro lado, para garantizar un mínimo razonable de integridad y autenticidad prescribe que (i) en esos casos, el poderdante deberá indicar expresamente “la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados” (inciso 2 del art. 5º); y (ii) los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil “deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales” (inciso 3 del art. 5º).
80. Por tanto, la Corte concluyó respecto del segundo eje temático del Decreto 806 de 2020 que:
“126. En el caso sub judice, el juicio de conexidad material exige que las modificaciones a los estatutos procesales, con el propósito de contribuir a agilizar los procesos, sean únicamente aquellas directamente relacionadas con la afectación que la emergencia haya causado a la prestación del servicio de administración de justicia. En este caso, a diferencia de lo que afirman los intervinientes, la Sala Plena considera que todas las modificaciones a los estatutos procesales previstas en el segundo eje temático guardan una relación directa con las causas que dieron lugar a declarar la emergencia y buscan mitigar la agravación de sus efectos en la prestación del servicio público de administración de justicia. En efecto, los artículos 5º a 15º del Decreto sub examine únicamente eliminan etapas procesales o requisitos formales que ralentizaban el trámite de los procesos o que suponían la realización de trámites presenciales y, por tanto, implicaban un riesgo de contagio o un agravamiento de la congestión judicial. Por ello, satisfacen el juicio de conexidad material.
127. Con fundamento en estas consideraciones, la Corte concluye que el Decreto 806 de 2020 satisface el juicio de conexidad material.”
81. Ahora bien, para esta Sala de Decisión es evidente, tal y como lo manifiesta la Corte Constitucional, que la finalidad del decreto en comento es la eliminación de etapas procesales y requisitos formales que ralentizan el ejercicio de la administración de justicia. Así pues, la aplicación de esta disposición transitoria no puede volverse en contra de la finalidad definida por este, y mucho menos ejercer cargas excesivas que entorpecen el despliegue de actividades de la Rama Judicial.
82. En consecuencia, la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo que dio aplicación al decreto plurimencionado, resulta excesiva y desproporcionada, configurando el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto planteado por el extremo accionante, toda vez que, la constancia de envío del poder por parte del ente territorial a la abogada apoderada, no es un requisito de validez del poder en sí, ya que, como se evidenció de este, fue conferido con todas y cada una de las exigencias establecidas para dotarla con las facultades jurídicas necesarias para actuar al interior de la acción popular. Cumpliendo, adicionalmente, con la exigencia establecida por el artículo 5º del Decreto 806 de 2020, relacionada con la especificación del correo electrónico de la apoderada y que este coincida con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados, tal y como se expondrá a continuación:
83. Por tanto, tal determinación limitó el ejercicio del derecho de defensa del municipio de Sincelejo requerido dentro de la acción popular, vulnerando su derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Adicionalmente, se debe precisar que dicho procedimiento tiene una connotación constitucional de protección de derechos colectivos, pero que, debido a esto, el procedimiento desplegado por la autoridad judicial que conozca del trámite también debe estar enmarcado en la aplicación y estudio de la Constitución para todas las partes intervinientes en el proceso, sin desconocer que estas fungen como iguales en la gestión procesal.
84. En tal sentido, si la autoridad en cuestión tenía dudas respecto de si el poder conferido provenía directamente de la entidad territorial, bien hubiera podido solicitarle allegar al proceso la constancia de envío del poder a la abogada designada para la defensa en la acción popular, y no cercenar de plano el ejercicio del derecho de defensa del municipio de Sincelejo, por un requisito que, como ya se mencionó, no es de validez para determinar la legalidad o no del poder otorgado.
85. Ahora bien, en cuanto al defecto por desconocimiento de precedente, este no tiene vocación de prosperar, toda vez que la sentencia T-1098 de 2005 proferida por la Corte Constitucional, que a juicio del accionante fue desconocida, no establece una regla de interpretación o de aplicación normativa aplicable al caso sub examine, siendo además una sentencia de tutela que no fue proferida por la Corte Constitucional en su Sala Plena como órgano de cierre, solo las Sentencias de Unificación y las de Constitucionalidad tienen esta naturaleza, razón por la cual se denegará la solicitud de amparo respecto de este tópico.
2.9. Conclusión
86. Para la Sala, es claro que la autoridad judicial accionada, en el auto de 4 de marzo de 2021, incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al exigir un requisito excesivo para determinar la facultad para actuar de la abogada Ana Margarita Almario Martínez como apoderada del municipio de Sincelejo.
87. En tal sentido, se confirmará parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre respecto del defecto por desconocimiento del precedente planteado, y se revocará en el sentido de amparar los derechos fundamentales de la parte accionante por configuración del defecto procedimental alegado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia del 3 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre que negó el amparo respecto del defecto por desconocimiento del precedente planteado.
SEGUNDO: Revocar en el sentido de Amparar los derechos fundamentales incoados por el municipio de Sincelejo conforme al defecto procedimental alegado y lo consignado en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, dejar sin efectos el auto de 4 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
TERCERO: Ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que analice nuevamente los documentos aportados por el municipio de Sincelejo, esto es, la contestación aportada el 28 de septiembre de 2020 junto con todos los anexos obrantes en el expediente, con el fin de que sean tenidos en cuenta para el trámite de la acción popular con radicado Nº 70001-33-33-004-2020-00087-00, con base en los argumentos expuestos en la presente providencia dentro de los 15 días siguientes al recibo de la notificación de esta.
CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAUJO OÑATE (E)
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Lapsus mentis («resbalón de la mente»): olvidos (generalmente momentáneos) o equivocaciones al intentar recordar. HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/wiki/Lapsus" https://es.wikipedia.org/wiki/Lapsus
Sistema de Gestión Judicial del Consejo de Estado.
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 1983 de 2017 y el Decreto 333 de 2021.
Reglamento interno del Consejo de Estado.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM" \l "86" 86 de la Constitución Política”.
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Corte Constitucional, Sentencia T-004 del 11 de enero de 2013. M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo
Corte Constitucional, Sentencia SU-173 del 16 de abril de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
Corte Constitucional, sentencia SU 061 de 2018, M.P.
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad: 11001-03-15-000-2013-02690-01
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