Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2024-00295-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2024-00295-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2024-00295-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de octubre de 2024
Ra d ic a d o: 5 0 0 01- 2 3- 3 3- 0 0 0- 20 2 4- 0 0 29 5- 0 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 50001-23-33-000-2024-00295-01
Accionante: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.
Accionados: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio
Tema: Acción de tutela contra auto proferido en proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el que se tuvo por no contestada la demanda.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 19 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. promovió acción de tutela para
que se proteja su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera
vulnerado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, con
ocasión del auto del 8 de julio de 2024, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 50001-33-33-001-2022-00268-00.
HECHOS
La parte actora narró que el señor Hurley Moyano Bellizia instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, el cual correspondió por reparto
al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, el cual el 22 de
octubre de 2022, admitió la demanda, mediante auto notificado el 2 de febrero de
2023.
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Que el 2 de marzo de 2023, contestó la demanda y el 26 de junio de ese año el
Juzgado requirió a su apoderado judicial para que aportara el poder conferido
autenticado ante notario o con el mensaje de datos de la entidad, en los términos
del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, so pena de tener por no contestada la
demanda.
Que dentro del término concedido su apoderado cumplió con el requerimiento, por
lo cual se le reconoció personería, pero el 8 de julio de 2024, se tuvo por no
contestada la demanda porque el poder fue conferido el 30 de junio de 2023.
Considera que cuando se le requirió no se especificó la fecha en que debía enviarse
el mensaje de datos para el otorgamiento de aquel, por lo cual se creó un nuevo
requisito que no está establecido en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, que se
dilató el curso normal del proceso con actuaciones innecesarias y le generó una
grave consecuencia procesal, con lo cual se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso por exceso ritual manifiesto.
Que basta con cotejar el nombre del abogado que presentó la contestación en su
representación con el poder otorgado para darse cuenta de que es el mismo
profesional y el correo de envío de ese documento lo legitima para actuar en
defensa de sus intereses.
Que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional en diversas sentencias,
especialmente las de constitucionalidad del Decreto 806 de 2020, el objeto de esa
normativa era eliminar etapas que generan estancamientos procesales, a pesar de
lo cual está frente a una de ellas, lo cual también ha sido expuesto por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia del 19 de agosto de 2021, en el
proceso con radicado 70001-23-33-000-2021-00095-01.
PRETENSIONES
Solicitó ordenar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio tener
por contestada la demanda y ordenar la práctica de las pruebas oportunamente
solicitadas.
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ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
El 9 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la acción de
tutela de la referencia, mediante auto, en el que ordenó notificar al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Villavicencio, como accionado; y al señor Hurley
Moyano Bellizia, demandante del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, como tercero con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, por intermedio
de su titular, manifestó que ha actuado de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley 1437 de 2011, ha respetado las garantías procesales e incluso
efectuó un requerimiento previo no previsto en la norma para salvaguardar el
derecho de defensa del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., a quien
pudo habérsele tenido por no contestada la demanda desde el primer momento ante
la ausencia de poder, pero se le concedió un término judicial, de conformidad con
el artículo 177 del Código General del Proceso, no para que allegara un poder
concedido en la fecha en que se atendió el requerimiento judicial, sino el que sirvió
para contestar la demanda.
Que cuando se verificó que el abogado no contaba con el poder, la consecuencia
procesal indefectible era tener por no contestada la demanda, como se resolvió en
la providencia del 8 de julio de 2024, frente a lo cual no se interpuso recurso alguno.
Aludió a la sentencia de tutela del 17 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta en el proceso con radicado 50001-23-33-000-2023-00065-
00, en la cual concluyó que el otorgamiento del mandato debió demostrarse que fue
realizado para la época de presentación de la contestación dentro del término
señalado en el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011.
Concluyó que no incurrió en defecto procedimental absoluto o por exceso ritual
manifiesto ni en defecto material o sustantivo, por lo que solicitó negar las
pretensiones de la acción.
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POSICIÓN DEL VINCULADO
El señor Hurley Moyano Bellizia guardó silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 19 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta declaró
improcedente la acción porque consideró que no se cumplió el requisito de
subsidiariedad, dado que el accionante no interpuso recurso de reposición en contra
del auto del 8 de julio de 2024, el cual procedía, conforme al artículo 242 de la Ley
1437 de 2011, ni satisfizo la exigencia de la relevancia constitucional, ya que no
expuso una justificación debida y una carga argumentativa suficiente sobre esa
causal general de procedencia, sin que bastara la mera enunciación de los derechos
vulnerados.
Sostuvo que las actuaciones frente a la decisión del 8 de julio de 2024, solo se
dieron desde el 9 de septiembre de este año, cuando se otorgó poder para
representar a la accionante y se instauró esta acción, lo que evidencia que durante
la gestión del anterior profesional del derecho nada se dijo sobre el auto atacado y
se permitió que el proceso continuara por más de 2 meses.
Indicó que, si en gracia de discusión, se estudiara de fondo la tutela, tampoco
tendría vocación de prosperidad, pues el requerimiento judicial fue claro y pretendía
que se acreditara el derecho de postulación del abogado que suscribió la
contestación de la demanda para esa fecha.
Precisó que, si bien el 30 de junio de 2023, el apoderado aportó el mensaje de datos
de la misma fecha, en el que se otorgaba poder, no acreditó esa calidad para el 27
de febrero de 2023, cuando presentó la contestación de la demanda, por lo que la
tuvo por no contestada; sin que ello constituyera una exigencia excesiva ni arbitraria,
pues no se demostró el derecho de postulación a la fecha de la actuación.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual afirmó que
no es cierto que se esté tramitando una instancia adicional mediante este
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mecanismo, sino que se acudió a este por el rigorismo excesivo del juez de primera
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho consistente en
negar la contestación oportuna de la demanda, sin fundamento alguno.
Adujo que el asunto sí tiene relevancia constitucional, pues trasciende el ámbito
puramente legal para afectar sus derechos fundamentales, en tanto no fueron
aceptados los medios exceptivos ni la prueba testimonial solicitada con base en una
interpretación absolutamente rigorista de la trazabilidad de otorgamiento del poder,
que no solo fue enviado, sino que se trataba del mismo apoderado.
Expuso que no es posible que se exija un requisito al momento de presentar la
contestación y se rechace con fundamento en otro que no tiene asidero normativo.
Manifestó que en el auto en el que se solicitó el poder, se indicó que se requería el
mensaje de datos con el cual se enviaba en los términos del artículo 5 de la Ley
2213 de 2022, sin que se especificara la fecha del mismo, pese a lo cual se tuvo por
no contestada la demanda, generando una consecuencia procesal bastante grave
con base en un requisito nuevo, con lo que se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso por exceso ritual manifiesto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
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“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
En síntesis, en la impugnación, el accionante afirmó que el asunto sí supera el
requisito de relevancia constitucional y que su pretensión no es utilizar la acción de
tutela como instancia adicional al proceso ordinario, sino demostrar el rigorismo
excesivo de la autoridad judicial accionada por la decisión de tener por no
contestada la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de que
en el auto de requerimiento del poder no se especificó la fecha del mensaje de datos
de que trata el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.
Esta Subsección advierte que ciertamente se encuentra superado el requisito de
relevancia constitucional, en la medida que el accionante alegó la configuración de
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en el auto del 8 de julio de
2024, lo cual, a su juicio, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, sin que
se advierta que su intención sea desconocer la autonomía e independencia judicial
de los jueces ni crear una tercera instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con fundamento en un disenso meramente legal.
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Sin embargo, no ocurre lo mismo con el requisito de subsidiariedad, el cual exige
que el interesado haya agotado todos los medios o recursos de defensa judicial
idóneos y eficaces con los que cuenta antes de acudir a esta acción, salvo que se
utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de
conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 6 del Decreto 2591 de 1991.
En efecto, se observa que el auto discutido en esta sede, a través del cual el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio tuvo por no contestada
la demanda del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., fue proferido el 8 de
julio de 2024, y notificado por medio de fijación de estado al día siguiente, sin que
el accionante recurriera ese proveído mediante el recurso de reposición, el cual era
procedente en los términos del artículo 242 de la Ley 1437 de 2011.
Lo expuesto evidencia que el accionante dejó vencer la oportunidad con la que
contaba para discutir la decisión que ahora estima vulneradora de su derecho
fundamental al debido proceso, por lo cual no puede aceptarse que pretenda
subsanar esa omisión por medio de este mecanismo residual de protección, pues
ello lo desnaturalizaría.
Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el peticionario del
amparo no busca utilizar esta tutela como mecanismo transitorio ni justificó el por
qué no hizo uso del recurso de reposición con el que contaba, pese a que era idóneo
y eficaz para lograr la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso.
Se aclara que, ante el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, no resulta
factible continuar con el estudio de fondo del desacuerdo planteado, pues solo la
satisfacción de la totalidad de las exigencias generales de procedencia de la tutela
para discutir providencias judiciales habilita dicho análisis.
En consecuencia, se confirmará la sentencia del 19 de septiembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual declaró improcedente la
acción, pero por las razones aquí expuestas, esto es, ante la inobservancia del
requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
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nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 19 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual declaró improcedente la acción,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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