Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00595-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00595-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2022-00595-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
6 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 050012333000202200595-01
Actores: Gloria Elena Marulanda Montoya y otros1
Demandados: DEVIMED S.A. y Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
Coadyuvante: Personería Municipal de Rionegro - Antioquia
Tema: Derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y utilización y
defensa de los bienes de uso público; el acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública; la seguridad y salubridad públicas; y el derecho
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la señora Gloria Elena
Marulanda Montoya y otros, contra la sentencia del 2 de octubre de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia2.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Jhon Galvis Laverde, Johana Arboleda Guzmán, Mauricio Lenis Arango, Adria María Molina, Santiago Vélez Molina, Marta
Nubia Rendon, María Nohema Laverde, German Galvis Laverde, María Ocampo Galeano, Elizabeth Zapata, Viviana Valentina
Castrillón Zapata, Erick Santiago García Arboleda. Angie Facunda, Paula Sánchez, Angela Mora, Juliana Restrepo, Jesica
Grijalba, Camilo Osorio, Osorio, Luz Marina Ajuri Cañón, Manuel Fernando Bernal, Marta Liliana Cardona Loaiza, Diego
Alberto Quintero, Víctor Gómez, Edil Goyona, María Elena Giraldo, Iván David Marín García, Catalina Gil, Juan Gabriel
Herrera, Paola Andrea Monsalve, Marcela Delgado Martínez. Luis Elías Acevedo, Diana Taborda Correa, Lina Marcela Tapias
Urrego, Leidy Yohana Ríos Hernández, Sandra Milena Flórez, Estefanía Salazar Piedrahita, Felipe Gaviria Gutiérrez, Yudi
Montes Uribe, Sthefany Medina Alarcón, Arley Ocampo, Mariana Murillo Torres, Yoeidy Álvarez Zapata, Luz Marina
Saldarriaga, Yuliana Ríos Londoño, Isidro Rodríguez, Mariana Jaramillo, Andrés Morales Bedoya, Estefanía Zapata Gómez,
Adriana Paz Montealegre, Alexis Barrientos Buitrago, Diego Alberto Villa Gómez, Álvaro Echeverri Ceballos, Diana María
Sánchez Aguirre, Mónica Betancur, Christian García Betancur, Sara Giraldo Betancur, Laura Giraldo Cano, Estefanía Posada
Hernández, Fredy Andrés Osendo, Julián Andrés Montoya Hernández, Andrea Parra Rocha, Hugo Jurado Sánchez, Alfonso
León Murillo Marín, Anselmo Ocampo Osorio, Arcelio Miguel Guerra Otero, Ariel Ocampo Osorio, Bairon López Espinal,
Carlos Alberto Marín Acevedo, Carlos Ignacio Escobar Villegas, Dora Esther Olivera Castro, German Alonso Gallego García,
Gladys Amparo Aguirre Soto, Guillermo León Agudelo Alzate, Guillermo León Valencia Patiño, Guverney Quintero López,
Jean Carlos Bertel de la Ossa, Johan Alexis Quintero Valencia, Jonathan Martínez Cerpa, Jorge Henao Cardona, Jorge Iván
Gómez Aguirre, Jorge Luis Cano Diaz, José Armando Guerra Diaz, José David Ceballos Murillo, José Ignacio Castro Agudelo,
José Iván Osorio López, Laura Vanessa Rivera Cordero, Leidy Johana López, Leonardo Pérez Guillin, Luis Ángel Ocampo
Quintero, María Beatriz Guerra Diaz, María Berenice Estrada Ríos, María Elena Quintero García, María Fanny Giraldo
Valencia, María Yolanda Ocampo Osorio, Nathalia María León Gaviria, Nelson Adrián Ceballos Aristizábal, Nolberto Alzate
Osorio, Pablo Andrés Montoya Jaramillo, Silvia Nelly Rincón Loaiza, Wilberto Martínez López, Winder Arbey Mejía Carmona,
Xiomara Vásquez Giraldo, Yamile Duarte Tuberquia, Yuliana Morales Castrillón.
2
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_0002Fallo_ED_92_050012333000202P NroActua 2.
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Núm. único de radicación: 050012333000202200595-01
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La señora Gloria Elena Marulanda Montoya y otros, en adelante la parte actora,
presentaron3 demanda en ejercicio del respectivo medio de control, contra
DEVIMED S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, con el objeto de lograr
la protección de los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y
utilización y defensa de los bienes de uso público; el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública; la seguridad y salubridad públicas;
y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Se declare a DEVIMED S.A. (Concesionario vial) responsable del
desconocimiento de los derechos e intereses colectivos relativos a la vida e
integridad; a la igualdad; a la libre locomoción; al goce del espacio público y a la
utilización y defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y salubridad
públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; ,; (sic) el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.
SEGUNDA: Se ordene al DEVIMED S.A. (Concesionario vial), en aras del amparo
de los derechos colectivos a la seguridad vial y prevención de desastres previsibles
técnicamente, y del derecho a la igualdad, pedimos la construcción de dos (2) pasos
peatonales, entre la Tienda azul y Divina Pausa, equidistantes, estratégicos y
razonablemente ubicados acordes con la concentración de la población de la zona,
que le permita al peatón cruzar la vía de manera segura, evitando accidentes y
salvaguardando lo más preciado, como lo es la vida misma. Así el derecho a la
igualdad podría materializarse sin que prevalezca el de un solo actor vial.
TERCERA: Las señalizaciones por supuesto, también deberán acompañar dichas
obras, para que alerte con claridad a los conductores de la presencia de peatones
en la vía y la necesidad de tomar las precauciones del caso.
CUARTA: Adelantar de la manera que lo consideren, la campaña de seguridad vial
a lo largo de todo el corredor vial de Llanogrande, para que todos los actores viales
observemos con responsabilidad las normas establecidas en el Código Nacional de
tránsito, dentro de la armonía y el respeto, así haremos realidad el slogan de
DEVIMED: “LA VIA ES DE TODOS- Por una sana convivencia en la vía, todos
somos iguales”.
QUINTO: Mientras se decida por parte de la Autoridad competente respecto de
nuestras pretensiones, que se tomen las medidas cautelares de protección, con
instrumentos que reduzcan la velocidad de los conductores en la zona, y
señalización de espacios puntuales donde los peatones puedan cruzar sin
necesidad de escalar el separador central.
SEXTO: Condenar al DEVIMED S.A. (Concesionario vial), al pago de todas las
costas y gastos del proceso. [...]”4.
3
La demanda fue presentada 26 de abril de 2022.
4
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
002ED_03DEMANDAACCIONPOPP.
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Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1 Señaló que por medio del contrato de concesión núm. 0275 de 1996 se le
otorgó a DEVIMED S.A. la ejecución del proyecto “Desarrollo vial del Oriente de
Medellín y Valle de Rionegro y Conexión Puerto Triunfo”, que incluye la construcción
de la doble calzada de Llanogrande. Precisó que el separador central de la doble
calzada mide 60 cm de altura y existe una longitud aproximada de 2 Km entre los
puntos El Estanquillo La Tienda Azul y La Divina Pausa; únicos pasos peatonales
que permiten cruzar la vía de un lado a otro.
3.2 Por las anteriores circunstancias, algunas personas aledañas pidieron a los
ingenieros que desarrollaban la obra un pequeño separador para poder atravesar la
vía, teniendo en cuenta las largas distancias que debían cruzar hasta el paso
peatonal más próximo.
3.3 Mencionó que se reunieron con el concesionario quienes mencionaron que
la finalidad de la vía era mejorar la movilidad por lo cual debían reducir los pasos
peatonales al máximo y no se justifica la construcción de un paso frente a cada
callejón. La concesionaria respondió la petición elevada en el sentido de aclarar que
la construcción de los pasos peatonales debe tener el visto bueno de la autoridad
de tránsito porque la vía es de carácter nacional y de interacción comunitaria, por lo
que es necesario en su propia dinámica la relación entre ambos costados de la
calzada.
3.4 Resaltó que no se oponen al progreso pero que dejaron por fuera al peatón
y beneficiaron a los conductores de carros particulares. Los afectados son alrededor
de las 30 familias y habitantes que ocupan los predios ubicados en tres callejones
diferentes, con un total de 100 personas de todas las condiciones en especial de
adultos mayores, entre otras personas pertenecientes a establecimientos
comerciales que cruzan el separador de 60 cm ante “distancia absurda” más
cercana a un paso peatonal.
3.5 Indicó que la vía fue intervenida sin mediar un censo y la debida socialización
con la comunidad y que el paso peatonal del punto la Divina Pausa está siendo
subutilizado porque es un predio deshabitado en una amplia extensión.
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Contestaciones de la demanda
4. La sociedad DEVIMED S.A. fundamentó su contestación con base en los
siguientes argumentos:
4.1. En relación con los hechos de la demanda manifestó que: i) la zona en donde
afirman los actores corresponde es al kilómetro 9 y no al 7; ii) la distancia entre los
puntos El Estanquillo – Tienda Azul (paso peatonal A) y la Divina Pausa (Paso
peatonal B) no es de 2 kilómetros, sino de 740 metros; iii) de acuerdo con el contrato
de concesión núm. 0275 de 1996, en cumplimiento de las especificaciones técnicas
de la vía, los diseños obedecieron a los Manuales de Diseño Geométrico de
Carreteras y de Diseño de Pavimentos Asfalticos del INVIAS con el fin de que se
garanticen los niveles de servicio y calidad exigidos para el proyecto; iv) los pasos
peatonales que se definieron son seguros y se establecieron conjuntamente con la
autoridad de tránsito municipal; v) en cuanto a lo relacionado con el hecho de que
algunos usuarios pasan sobre el separador, es un riesgo realizado por parte de
algunas personas que exponen su vida por no hacer un recorrido que, en el peor de
los casos, puede tardar de 4 a 5 minutos; y vi) el sector dispone de señalización,
limitación de velocidad de operación de la vía a 30 Km/h, señalización sobre zona
de peatones, de paradero de buses, de cruce peatonal y proximidad.
4.2. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los derechos e intereses colectivos
que se alegan como vulnerados, aclaró que no tiene competencia en materia de
seguridad vial, que se atiene a lo definido en el contrato y que tampoco se
contemplan obras adicionales.
4.3. Argumentó que la ubicación de los pasos peatonales fue acordada con la
Subsecretaria de Movilidad del Municipio de Rionegro y son una buena solución
para la interacción entre ambos costados de la doble calzada. Aclaró que todas las
transformaciones y mejoramientos viales ocasionan la necesidad de acudir a
nuevas rutas y en todo proyecto vial es impredecible el riesgo de accidentalidad, lo
que debe hacerse es implementar ciertas medidas para minimizar la probabilidad
de ocurrencia de esos eventos.
4.4. Señaló que la vía pasó de tener una calzada de dos carriles, bidireccional en
los cuales se concentraba la gran cantidad de vehículos que transitaban por la zona,
volviéndose casi imposible atravesarla sin exponer su integridad, a contar con una
doble calzada con 4 carriles. Con la doble calzada se tienen sitios seguros,
debidamente señalizados.
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4.5. Propuso las excepciones que denominó: “Adecuación de la conducta de
DEVIMED S. A. a los principios de legalidad y seguridad jurídica”; “Inexistencia de
amenaza o vulneración de los derechos colectivos por parte de la Agencia Nacional
de Infraestructura”; “Falta de legitimación en la causa por pasiva”; “Inexistencia del
daño”; “Inexistencia de nexo causal”; “Falta de requisitos sustanciales para la
prosperidad de la pretensión”; y la excepción que denomina como “innominada”5.
5. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, presentó escrito en el que
se opuso a las pretensiones de la demanda de acuerdo con los siguientes
argumentos de defensa:
5.1. En relación con los hechos, aclaró que no existe una distancia de 2 Km entre
los puntos El Estanquillo La Tienda Azul (km8+910) y la Divina Pausa (km9+650) y
que no se cuente con la infraestructura adecuada para los peatones. La distancia
es de 740 m e indicó que la problemática surge, no tanto de la infraestructura
existente, sino del cumplimiento de las normas de tránsito de los peatones.
5.2. Propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación en la causa
por pasiva de la ANI”; “Inexistencia de violación o amenaza de violación de derechos
colectivos: existe la infraestructura suficiente alegada en la acción popular”; y la
“Inexistencia de violación o amenaza de violación de derechos colectivos: existe la
infraestructura suficiente alegada en la acción popular”6.
La audiencia de pacto de cumplimiento
6. El Tribunal, mediante audiencia de 2 de septiembre de 2022, llevó a cabo la
diligencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes7.
Sentencia proferida, en primera instancia
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 2 de octubre de
2023, en la que resolvió lo siguiente:
5 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
066ED_12CONTESTACIONDEMAND.
6 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
067ED_14CONTESTACIONDELADE.
7 En la audiencia de pacto de cumplimiento, el juez determinó que: “[…] Teniendo en cuenta que el extremo activo se encuentra
conformado por un grupo de aproximadamente 40 personas, en atención a lo previsto en el artículo 5º de la Ley 472 de 1998,
con el fin de impartirle celeridad, eficacia, eficiencia y por economía procesal en el transcurso de la diligencia, principios
rectores de la acción popular, se dará aplicación por analogía a lo previsto en el artículo 22 ibídem, de manera que se solicita
a los accionantes que designen a uno de ellos para su representación y participación dentro de la Audiencia, sin perjuicio de
que si alguno de los demandantes quiere exponer o complementar la intervención del representante, se le conceda el uso de
la palabra […]”. En ese sentido se escogió a la señora Gloria Elena Marulanda Montoya. Cfr. Cuaderno principal del Sistema
de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 042ED_33ACTAAUDIENCIAPACTO.
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“[…] PRIMERO: NEGAR la protección de los derechos e intereses colectivos
solicitada por la parte demandante, por lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, REMÍTASE copia de esta
providencia a la Defensoría del Pueblo, para que sea incluida en el registro público
centralizado de las acciones populares, previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de
1998.
CUARTO: En firme este proveído, en caso de no impugnarse, archívese la
actuación […]”8.
Consideraciones del Tribunal
8. El Tribunal estableció el marco normativo del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos como herramienta de protección cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, por la acción o la omisión de las
autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones
administrativas. Destacó los supuestos sustanciales para la procedencia de las
acciones populares y el marco normativo de los derechos colectivos invocados, a
saber: el goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso
público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; La seguridad y salubridad públicas; y el derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente.
8.1. El Tribunal determinó que la distancia entre los pasos peatonales El
Estanquillo La Tienda Azul y Divina Pausa no era de 2 km sino de 720 metros, de
acuerdo con lo probado en el proceso; que las fotografías allegadas al proceso por
sí solas no constituyen un instrumento eficaz para demostrar la causación del daño
y la vulneración o amenaza de los derechos invocados; que tampoco fue posible
determinar las condiciones de tiempo, modo y espacio del objeto fotografiado y que,
además, deben ser ratificadas por otros medios probatorios porque de manera
independiente no cuenta con suficiente valor probatorio.
8.2. El Tribunal consideró que respecto de los reportes de prensa en los que se
expresa por parte de los habitantes del sector Tres Puertas que están exponiendo
su integridad al cruzar la doble calzada, el demandado en su contestación diagramó
la distancia existente entre los dos pasos peatonales en cuestión y los puntos de
referencia aludidos en la demanda. De acuerdo con ello, se demostró que la
distancia máxima existente entre uno de los dos lugares de paso y los puntos
referenciados es de 610 metros pero que, sin embargo, al mismo sitio accediendo
8 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_0002Fallo_ED_92_050012333000202P NroActua 2.
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desde el otro cruce peatonal existe una distancia de tan solo 160 metros. Explicó
que esa distancia es recorrida por una persona a velocidad normal de 5 km/h en 9
minutos y desde un punto equidistante deberá recorrer solo la mitad.
8.3. El Tribunal consideró que del interrogatorio practicado se pudo concluir que
los residentes del Sector Sur, km. 7 Llanogrande se encuentran inconformes
porque, en su sentir, no fueron hechos partícipes de las decisiones adoptadas en
relación con la ubicación de los pasos peatonales instalados en la infraestructura de
la doble calzada construida por DEVIMED S.A. en cumplimiento de un contrato de
concesión y un Otrosí suscrito con la ANI.
8.4. A partir del análisis probatorio concluyó que: i) las entidades demandadas
han cumplido con las obligaciones a su cargo en relación con la doble calzada objeto
de discusión; ii) existen dos pasos peatonales, conocidos como El Estanquillo
Tienda Azul consistente en un pompeyano y Divina Pausa consistente en una cebra,
que el trayecto hacía ellos desde un punto equidistante son 370 metros en un tiempo
de 4 a 5 minutos; iii) la vía cuenta con su respectiva señalización; iv) es relevante el
tiempo que le toma a un determinado peatón llegar de un lugar a otro, pues bien, la
lejanía del punto de partida y del punto de destino con la doble calzada implicará un
tiempo adicional que ya no hace parte de la debida planificación de la infraestructura
vial, sino que corresponde en cada caso a las circunstancias propias del transeúnte.
8.5. El Tribunal consideró que este tipo de obras implica un trabajo de adaptación
por parte de la comunidad que puede ver afectado de alguna forma el giro ordinario
de su dinámica social. No obstante, explicó que es relevante tener en cuenta que
las obras buscan en últimas preservar el interés general sobre el particular, lo que
también redunda en una valorización de los predios aledaños.
8.6. El Tribunal concluyó que el cruce de la vía por los peatones en sitios distintos
a los destinados para ello, “saltando el separador”; y la desatención del límite de
velocidad de 30 Km/h por parte de los conductores de vehículos que hace riesgoso
tanto el cruce peatones, como el ingreso de vehículos de residentes a la vía, exigen
el ejercicio de vigilancia y control del cumplimiento de las normas de tránsito y la
concientización de la población acerca de la importancia y la necesidad de hacer un
uso correcto de la infraestructura diseñada para la seguridad vial. Sin embargo,
indicó que en este caso se trata de situaciones que se encuentran por fuera del
marco de las competencias de las entidades accionadas en tanto corresponde su
vigilancia y control a la autoridad de tránsito competente.
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Recurso de apelación presentado por el actor popular
9. La señora Gloria Elena Marulanda Montoya presentó escrito por medio del
cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes
argumentos:
9.1. Manifestó que no está de acuerdo con lo indicado por el demandado,
relacionado con el argumento que el incremento de los cruces peatonales haría
perder el objetivo de la doble calzada Llanogrande, el cual es mejorar la movilidad.
Expresó que algunos puntos donde se encuentran los pasos peatonales son
innecesarios por no tener la misma densidad de población en ese sector y tampoco
se tuvo en cuenta las condiciones en las que se encuentran los habitantes que
deben tomar los pasos peatonales lejanos, por ejemplo, personas de la tercera
edad, discapacitados y estudiantes con morrales y provisiones. Señaló que en el
trámite de primera instancia solicitó una inspección judicial la cual nunca se hizo y
desconoce las razones que fundamentaron la negativa.
9.2. Indicó que el fallo de primera instancia se fundamentó en pruebas técnicas
aportadas por el demandado sin tener en cuenta que se expuso la carencia de
recursos técnicos del actor popular, dándole relevancia a otros factores que
justificaron el actuar del demandado y reitera, sin tener en cuenta variables como la
edad, inclemencias del clima, el peso de las pertenencias y otros factores.
9.3. Argumentó que no es cierto que ahora la vía sea más segura, porque los
vehículos están desarrollando mayor velocidad y eso no ocurría antes al ser una
carretera veredal.
9.4. Indicó que no se tuvo en cuenta al peatón como actor de principal protección
en la vía y que se espera que se produzca una tragedia para tomar las decisiones
pertinentes. Informó que posterior a la demanda se construyó un puente peatonal
en frente de una escuela. Adujo que no tiene idea con que criterio determinaron la
ubicación de los pasos peatonales y que su último recurso es un fallo justo con
equidad y consideración9.
9 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
077ED_71RECURSODEAPELACION.
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Actuaciones en segunda instancia
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de octubre de 2023, admitió
el recurso de apelación presentado por el actor popular10. Dentro de la oportunidad
procesal se pronunció DEVIMED S.A. en el sentido de reiterar los argumentos
expuestos durante el proceso. La señora Gloria Elena Marulanda Montoya remitió
memorial informando un nuevo correo para notificaciones.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
11. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
e interés colectivo al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes
de uso público; v) el marco normativo y jurisprudencial del derecho e interés
colectivo a la seguridad y salubridad pública; vi) el marco normativo y jurisprudencial
del derecho e interés colectivo a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública; y vii) el marco normativo y jurisprudencial del derecho e interés
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y viii)
el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
12. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199811, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201912, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15013 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201114, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
13. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto contra la
10
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
079AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION
11
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
12 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
13 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
14
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Núm. único de radicación: 050012333000202200595-01
sentencia de 2 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con los artículos 32015 y 32816 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201217, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472.
El problema jurídico
14. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar si se encuentra o no probada la vulneración o amenaza de
los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y utilización y
defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y salubridad públicas; el acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y el derecho
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por la no
construcción de dos cruces peatonales entre los puntos denominados El Estanquillo
– La Tienda Azul en donde está ubicado un paso peatonal como pompeyano y La
Divina Pausa consistente en una cebra, teniendo en cuenta que la distancia entre
ambos puntos es de 740 metros, en el Kilómetro 7 del corredor vial Llanogrande-
Rionegro del Departamento de Antioquia.
15. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 2 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
16. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
17. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
15
“[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme
la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
16
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones […]”
17
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
18. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
19. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
20. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”18.
21. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de 2014; C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
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se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
22. Vistos: i) los artículos 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198919 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200220; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199821 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 200522, compilados en el Decreto 1077 de
26 de mayo de 201523, sobre el uso y goce del espacio público.
22.1. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.
22.2. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:
“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa
o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las
edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos
básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento
urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público
y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la
conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la
ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y
fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y
corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en
19
“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones […]”.
20
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
21
“[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
22
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
23
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.
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las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por
consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo […]".
22.3. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional24 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).
22.4. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
22.5. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.
22.6. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.
22.7. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.
22.8. En oportunidades anteriores, la Sala se ha referido a los elementos que
componen el espacio público y al deber que surge de los municipios de garantizar
la circulación libre y segura a nivel peatonal y vehicular, por lo cual, ha indicado lo
siguiente: “[…] tanto las calles, carreras, y en general las vías públicas, como los
andenes, constituyen espacio público, respecto del cual el Estado tiene la obligación
de resguardar, preservar al uso común, y mantener en óptimas condiciones, tarea
24
Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda Espinosa.
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que a nivel territorial compete a los municipios en pro de garantizar la libre y segura
circulación tanto peatonal como vehicular por las respectivas zonas, y su utilización
para los fines previstos, de conformidad con su particular reglamentación25 […]”.
22.9. Las calles y vías públicas hacen parte de los elementos constitutivos
artificiales o construidos del espacio público; son aquellos que facilitan las
actividades propias de los territorios porque permiten la integración de los sistemas
de circulación peatonal y vehicular. Lo que quiere decir que genera afectación o
vulneración del mencionado derecho colectivo su mal uso o descuido
22.10. En consecuencia, es oportuno señalar que el buen uso, el libre acceso y la
preservación del espacio público son aspectos que en una sociedad contribuyen a
mejorar la calidad de vida y a garantizar la existencia de un escenario de
convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones
de igualdad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad
y la salubridad pública en relación con la infraestructura pública vial o de
transporte terrestre
23. Vistos los artículos 2.º, 24.º y 82. º de la Constitución Política que indican
entre otros derechos colectivos, el de circular libremente por el territorio nacional; al
uso y goce de los bienes de uso público como las carreteras, así como la correlativa
obligación del Estado de garantizar la integridad del espacio público y su destinación
al uso común.
24. La Ley 105 de 30 de diciembre de 199326 dispone como principio el de la
seguridad27 como prioridad del sistema y del sector transporte. En tal virtud, es deber
de las autoridades impulsar el desarrollo económico y el progreso social, y para ello,
ejecutarán las obras públicas correspondientes, entre estas, las relacionadas con el
servicio público de transporte, el mantenimiento y la reconstrucción de la
infraestructura vial del país. En los artículos 19.º y 20.º se establece la obligación de
la Nación y de las Entidades Territoriales en la construcción y conservación de los
todos y cada uno de los componentes de la infraestructura de transporte.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González,
providencia de 7 de abril de 2011, núm. único de radicación 25000-23-25-000-2005-00458-01(AP).
26
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación
y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.
27
Artículo 2.°, literal e.
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25. La Ley 769 de 6 de agosto de 200028 establece en su artículo 1. º como
principios rectores los de seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad,
cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y
descentralización. El artículo 7. º de la misma norma resalta el deber que les asiste
a las autoridades de tránsito de velar “[…] por la seguridad de las personas y las
cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de
carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la
prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías […]”.
(Destacado fuera de texto)
26. Esta Sección se ha pronunciado en torno a las condiciones mínimas que debe
tener la infraestructura pública vial o de transporte terrestre a efectos de garantizar la
seguridad de los actores viales.
27. En sentencia de 26 de julio de 2007, se refirió a la importancia de que las vías
cumplan con las especificaciones técnicas de todos y cada uno de los componentes
que las integran para efectos de garantizar la seguridad de las personas, así:
“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la
Autopista Oriental, en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo
(Atlántico) no cumple con las especificaciones técnicas necesarias que
garanticen la seguridad de los usuarios de la misma.
En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía
hace parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera
categoría, debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona
utilizable, la cual no se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos
alcanza los 30 metros que como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que
las calzadas de la vía (dos en total, cada una con tres carriles) se encuentren en
algunos tramos a distancias muy próximas a las viviendas que se encuentran a lo
largo de su recorrido, con el consecuente riesgo para la seguridad de la
comunidad del sector, debido a la circulación permanente de vehículos que
desarrollan altas velocidades.
La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de
retiro y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en
cuanto se refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.
Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas condiciones
que permitan la utilización segura de la misma tanto para los conductores de
vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en general, condiciones
éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que atraviesa el
municipio de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales y
verticales en los que se informa sobre la proximidad del centro urbano y el
28
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
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deber de disminuir la velocidad en su paso por el mismo, dispositivos éstos
que resultan, en criterio de la Sala, insuficientes, cuando se trata de una vía
como la mencionada, calificada por el INVIAS como de primera categoría
debido a su importancia, no estando acreditado debidamente, de otro lado, que
haya adoptado las medidas para la regulación del tráfico vehicular que se anuncian
en el recurso de apelación […]”29 (Destacado fuera de texto).
28. Posteriormente, la Sección Primera, mediante sentencia de 31 de enero de
2008, destacó, en los siguientes términos, que la falta de señalización de las vías y la
ausencia del mobiliario correspondiente son factores que contribuyen con la
maximización del riesgo de accidentalidad y, por consiguiente, afectan los derechos
colectivos relacionados con la seguridad pública:
“[…] En el caso concreto el Tribunal consideró probada la vulneración efectiva a los
derechos cuya seguridad y garantía reclama el actor […].
Adujo que con posterioridad a la práctica de la diligencia señalada quedó en
evidencia la carencia de las condiciones necesarias que garanticen la segura
movilidad de los peatones a lo largo del sector, y, como agravante, resultó
demostrada además la ausencia de señalización vertical y horizontal,
circunstancia que maximiza el riesgo que corren los peatones al transitar por
el sector.
Agregó que aunque en la actualidad existen los espacios necesarios para el tránsito
de los peatones, no es menos cierto que el uso de los mismos, por demás riesgoso,
es consecuencia del cotidiano uso por parte de aquellos a falta de andenes
acondicionados para tal efecto, de lo cual se colige que en efecto, el sector requiere
de la señalización horizontal y vertical pertinente y de la construcción del
mobiliario que garantice la seguridad de los derechos vulnerados. […]
[E]s a todas luces inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que ponen
sus vidas los peatones que cotidianamente transitan el sector sobre el cual se
realizaron los correspondientes estudios, tanto por la falta del mobiliario urbano
que garantice la segura movilización de los transeúntes a cada lado de la vía,
como por la carencia de la señalización horizontal y vertical que maximiza el
riesgo de quienes además, transitan por el sector en vehículos automotores.
Anota la Sala el acierto del Tribunal al señalar el riesgo inminente para los
peatones que circulan y se desplazan por la Calle 5ª entre las Carreras 41 y 43, por
no estar plenamente acondicionado el espacio para la movilidad de los
transeúntes, teniendo en cuenta además que quienes a diario circulan por el
sector, en su mayoría son niños y jóvenes estudiantes. […]”30 (Destacado fuera
de texto).
29. Finalmente, la Sección, mediante sentencia de 18 de marzo de 201031, aludió
a las obligaciones que le corresponden al Invías en materia de señalización de vías
del orden nacional con el objeto de reducir los índices de accidentalidad y salvaguardar
el derecho colectivo a la seguridad pública:
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de julio de 2007, C.P. Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta; NUR 080012331000199902940-01.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de enero de 2008; C.P. Camilo
Arciniegas Andrade, NUR 190012331000200402748-01.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de marzo de 2010, C.P. (E) María
Claudia Rojas Lasso; NUR 41001-23-31-000-2004-001364-01.
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“[…] De las pruebas señaladas se constata que, la vía indicada en la demanda
forma parte de la Red Nacional de Carreteras a cargo del INVIAS, razón por la
cual el mantenimiento de la misma le corresponde a dicho instituto, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2056 de 2003 […].
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que es
responsabilidad de la Nación, por medio del Instituto Nacional de Vías, acometer las
obras de señalización necesarias para prevenir o reducir, por lo menos, los índices
de accidentalidad en las vías del orden nacional. […]
Para la Sala, la negligencia del recurrente frente al cumplimiento de su deber
legal de mantenimiento y señalización de las vías a su cargo, constituye, sin
lugar a duda alguna, una seria amenaza al derecho colectivo a la seguridad
pública, pues no es necesario demostrar el grado de accidentalidad para inferir
que la falta de señalización vial en carreteras comporta un riesgo para los
usuarios de la misma, por lo tanto, en el caso examinado, basta con demostrar
la negligencia de la autoridad obligada al mantenimiento de la vía, para concluir
que tal conducta omisiva amenaza el citado derecho colectivo […]” (Destacado
fuera de texto).
30. Para la Sala, la seguridad vial es una prioridad y una finalidad esencial del
Estado, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política. A su vez el artículo
24 ibidem establece el derecho a la libre circulación, pero ello supone que el Estado
debe intervenir y limitarlo, con miras a garantizar la seguridad y bienestar de los
habitantes del territorio. Por lo tanto, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas en los diseños y trazados de la vía, los cuales fueron objeto de
verificaciones técnicas y socialización con la comunidad, se traducen en una medida
idónea para la protección de los derechos e intereses colectivos en la medida en
que impactan en el bienestar general, el logro de los fines sociales del Estado32.
31. La Ley 1702 define la seguridad vial como: “[…] el conjunto de acciones y
políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de
lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados
o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que
intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la
vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las
infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los
elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de
conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los
usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional
hasta la atención a las víctimas […]”. (Destacado fuera de texto). Se puede concluir,
32
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 2010, NUR. 190012331000200501449-01, C.P. María
Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de febrero de 2024, NUR
080012333000201900729-01; sentencia del 15 de febrero de 2024, NUR 080012333000201800844-01, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.
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que la finalidad de la seguridad vial es la prevención, el control y la disminución de
accidentes que ocurran sobre las vías.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso
a una infraestructura de servicios y a que su prestación sea eficiente y
oportuna
32. Vistos los artículos 365 y 366 de la Constitución Política sobre el derecho
colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.
33. De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es su deber asegurar la
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Y le corresponde
proporcionarlos, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares; en todo caso, el Estado es quien regula, el control y la vigilancia de
dichos servicios.
34. Adicionalmente, el artículo 366 ibidem señala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
35. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantizan otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de
universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta,
por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se consideran un
asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público ante la
obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”33 (Destacado
fuera de texto).
33
Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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36. La Sección Primera recientemente34 consideró que la vulneración del
derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y
oportuna implica acciones u omisiones concretas de la demandada que pongan en
evidencia la falta de oportunidad en la prestación del servicio o la falta de eficiencia
en la administración de los recursos destinados a garantizar el servicio público.
37. En Colombia, la operación del transporte es un servicio público, inherente a
la finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la
participación del sector privado. La Ley en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo
24° de la constitución política, según el cual todo colombiano puede circular
libremente por el territorio nacional, define este servicio como “[…] una industria
encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de
vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo,
fluvial, férreo, masivo y terrestre), en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica […]”.
38. Las disposiciones legales que regulan el transporte, le otorgan el carácter de
servicio público esencial y resalta la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio
y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas
en la Constitución, la ley y los reglamentos. El mismo ordenamiento destaca que la
seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los
usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de
transporte, lo cual se ajusta al mandato constitucional contenido en los artículos 2,
11, 24, 365 y 366 que le impone al Estado el deber de proteger la vida e integridad
de todas las personas residentes en Colombia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
39. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política35.
34
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número
único de radicación: 170012333000201800493-01.
35
“[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”.
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40. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.
41. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.
42. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201236, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.
43. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación 37, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
44. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
36 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
37 Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación número: 13001-
23-31-000-2011-00315-01(AP)
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prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.
45. Ahora bien, el artículo 2.° de la Ley 105 de 30 de diciembre de 199338 define
los principios rectores del transporte y en específico el de la seguridad como “[…]
[l]a seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector
Transporte […]”.
45.1. De igual forma, el artículo 12 de la citada Ley define la constitución de la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación como “[…] aquella de su
propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de
producción y de consumo del país […]”. Incluye en la red nacional de carreteras
aquellas que “[…] unen las capitales de departamento con la red […]”.
45.2. Por lo tanto, las autoridades tienen el deber de garantizar la infraestructura
de transporte para otorgar la seguridad de las personas y ello es una prioridad para
el transporte e integración de las zonas de producción.
45.3. El Capitulo 5 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras39 del Instituto
Nacional de Vías sobre diseño de la Sección Transversal de la carretera, en relación
con separadores de calzada, indica que:
“[…] son por lo general zonas verdes o zonas duras colocadas paralelamente al eje
de la carretera, para separar direcciones opuestas de tránsito (separador central o
mediana) o para separar calzadas destinadas al mismo sentido del tránsito
(calzadas laterales). El separador está comprendido entre las cunetas interiores de
ambas calzadas. Aparte de su objeto principal, independizar la circulación de las
calzadas, el separador central puede contribuir a disminuir cualquier tipo de
interferencia como el deslumbramiento nocturno [...]”.
45.4. En el Capítulo 6 del mismo manual, sobre intersecciones a nivel y desnivel,
se indica que:
“[…] 6.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL DISEÑO DE UNA
INTERSECCIÓN VIAL
38
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación
y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.
39
Adoptado por la Resolución 744 de 2009 “Por la cual se actualiza el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras”.
Adicionado por la Resolución 20213040041135 del 13 de septiembre de 2021, “Por el cual se adiciona un numeral al capítulo
7 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, adoptado mediante Resolución No. 000744 del 04 de marzo de 2009 del
Ministerio de Transporte”.
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El enfoque general recomendado para atender el diseño geométrico de una
intersección presenta una serie de actividades secuenciales, así:
• Estudio de tránsito de la intersección y análisis de la situación existente,
utilizando, si se requieren, programas de computador apropiados.
• Formulación de alternativas de funcionamiento.
• Selección de la alternativa más conveniente.
• Diseño definitivo de la solución adoptada […]”.
45.5. Según el Manual de Señalización Vial de 2015 del Ministerio de Transporte
establece que, el cruce cebra es:
“[…] Esta demarcación se debe aplicar en cualquier situación donde un estudio de
ingeniería indica la necesidad de hacer más visible el cruce peatonal. En
intersecciones controladas por semáforos peatonales no es necesario la
demarcación con cebra, en estos casos se demarca con sendero. Estos cruces
pueden estar ubicados en tramos de la vía a no menos de 30 m de la intersección,
cumpliendo lo establecido en el capítulo 6. En los casos que el cruce en tramos de
vía no cuenten con semáforos se requiere la instalación de señales preventivas SP-
46A y SP-46B, estos cruces también pueden estar ubicados en el acceso y salida
de intersecciones.
[…]
3.16.9. Cruce Peatonal con Resalto Trapezoidal o Pompeyano
Este paso consiste de una plataforma elevada, ver Figura 3-36. Se pueden ubicar
en los accesos y salidas de vías que no cuenten con un semáforo. Se pueden
emplear en cruces peatonales a mitad de cuadra con semáforos o sin semáforos,
adecuando la entrada y salida del resalto mediante rampas para evitar tropezaderos.
La superficie del cruce podrá tener un color especial o una textura especial para
destacar su presencia. Requiere usar las señales preventivas PROXIMIDAD DE
CRUCE PEATONAL SP-46A, PROXIMIDAD A RESALTO SP-25 y UBICACIÓN DE
CRUCE PEATONAL SP-46B. Dado que se considera como un resalto, sus caras
inclinadas se deben marcar según la configuración mostrada en la Figura 3-37. Para
mayor información, ver sección 5.8.1 Resalto Pompeyano o Trapezoidal. En casos
excepcionales en los que se requiera que la via peatonal o la ciclorruta permanezcan
con el mismo nivel se podrá aumentar la altura máxima del resalto, garantizando
que las rampas de acceso de la calzada vehicular tengan una pendiente máxima de
15%. […]”.
46. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación40 en
relación con la importancia de que las vías cumplan con las especificaciones
técnicas de los elementos que las componen, con la finalidad de garantizar la
seguridad de las personas, se resalta que:
“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la
Autopista Oriental, en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo (Atlántico) no
cumple con las especificaciones técnicas necesarias que garanticen la seguridad de
los usuarios de la misma.
En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía
hace parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera
categoría, debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona utilizable, la
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta,
providencia de 26 de julio de 2007, NUR 080012331000199902940-01(AP).
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cual no se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos alcanza los 30
metros que como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que las calzadas
de la vía (dos en total, cada una con tres carriles) se encuentren en algunos tramos
a distancias muy próximas a las viviendas que se encuentran a lo largo de su
recorrido, con el consecuente riesgo para la seguridad de la comunidad del sector,
debido a la circulación permanente de vehículos que desarrollan altas velocidades.
La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de
retiro y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en
cuanto se refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.
Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas
condiciones que permitan la utilización segura de la misma tanto para los
conductores de vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en
general, condiciones éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que
atraviesa el municipio de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales
y verticales en los que se informa sobre la proximidad del centro urbano y el deber
de disminuir la velocidad en su paso por el mismo, dispositivos éstos que resultan,
en criterio de la Sala, insuficientes, cuando se trata de una vía como la mencionada,
calificada por el INVIAS como de primera categoría debido a su importancia, no
estando acreditado debidamente, de otro lado, que haya adoptado las medidas para
la regulación del tráfico vehicular que se anuncian en el recurso de apelación. […]”
(Destacado fuera de texto).
46.1. La jurisprudencia de esta Sección, ha considerado igualmente que:
“[…] es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que
resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los
que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de
situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando
ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la
realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la
efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros.
Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues
mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de
cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales [...]”41 (Destacado
fuera de texto).
46.2. De los anteriores recuentos normativo y jurisprudencial se puede concluir,
por un lado, que el derecho e interés colectivo relativo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, es transversal a otros derechos como los de seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público,
utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicos,
entre otros; y, por el otro, que se trata de un derecho e interés colectivo que se
sustenta en el principio de primacía del interés general.
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de marzo de 2015. C.P.
Guillermo Vargas Ayala. NUR 150012331000201100031- 01. Reiterada en sentencia del 18 de mayo
de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. NUR 130012331-000201100315-01.
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Marco normativo del principio de primacía del interés general
47. Vistos los artículos 1.° y 58 de la Constitución Política, por un lado, se
determinan los principios y valores constitucionales, entre ellos el de la prevalencia
del interés general; y, por el otro, constituyen garantía de la propiedad privada, con
la claridad de que “[…] [c]uando de la aplicación de una ley expedida por motivos
de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social […]”.
48. El alcance de este principio ha sido desarrollado por la Corte Constitucional
e implica que debe preferirse la realización de objetivos comunes respecto de
intereses particulares, a menos que se trate de derechos fundamentales
esenciales42.
Análisis del caso concreto
49. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.
50. El Tribunal determinó que se acreditó que la distancia máxima existente entre
uno de los dos lugares de paso y los puntos referenciados es de 610 metros; sin
embargo, al mismo sitio accediendo desde el otro cruce peatonal existe una
distancia de tan solo 160 metros. Ahora bien, sostuvieron tanto DEVIMED S.A.
como la ANI que los 740 metros existente entre los pasos peatonales El Estanquillo
Tienda Azul y Divina Pausa son recorridos por una persona a velocidad normal de
5 km/h, en 9 minutos y que, de encontrarse en un punto equidistante entre ambos
puntos, deberá recorrer solo la mitad, es decir, 370 metros. De manera que, para
pasar de un lado a otro de la doble calzada, sin exponerse a sí mismo ni a los demás
actores viales, habría que caminar en condiciones normales durante un lapso de 4
a 5 minutos.
51. En ese sentido, advirtió la existencia de dos pasos peatonales entre los
cuales existe una distancia de 740 metros, que una persona en condiciones
normales puede recorrer en 9 minutos a una velocidad promedio de 5 km/h, el cual
se ve disminuido si la persona sale de un punto equidistante.
42
Corte Constitucional; sentencia C-192 de 2016; M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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52. El Tribunal determinó que la vía cuenta con señalización, tanto con señales
verticales como horizontales y el separador central de 60 cm se ubicó por cuestiones
de seguridad para dividir el flujo vehicular. Que es relevante comparar el tiempo que
le toma al peatón cruzar el separador con el tiempo que le toma llegar de un lugar
a otro, la lejanía del punto de partida al punto de destino implica un tiempo adicional
que no le corresponde a la planificación de la estructura. Consideró que la obra de
infraestructura trae consigo un trabajo de adaptación por parte de la comunidad y
una valoración de sus predios. En el proceso se pusieron en conocimiento algunas
problemáticas que se presentan en la zona con ocasión de la doble calzada, pero
que atienden al ejercicio de una vigilancia y control del cumplimiento de las normas
de tránsito y la concientización de la población, asunto que, consideró, no es de
competencia del demandado.
53. En consecuencia, consideró que no se demostró la vulneración de derecho
colectivo alguno y se resaltó que la construcción de obras públicas debe ceñirse a
un proceso de contratación que implica una serie de pasos que incluyen estudios
técnicos, financieros, ambientales, sociales y de planificación.
54. En su recurso de apelación, la parte actora señaló que el aumento de cruces
no implica una reducción de velocidad y que no es cierto que el trazado haya
implicado que la vía sea más segura; que algunos pasos peatonales en el sector
son innecesarios; que no se tuvo en cuenta los efectos del trayecto en personas de
la tercera edad, discapacitados, estudiantes con morrales y provisiones ni las
variaciones del clima; que solicitó como prueba una inspección judicial que no se
decretó como prueba y que desconoce las razones que fundamentaron la negativa;
que no se tuvo en cuenta la carencia de recursos de la actora y que la sentencia se
fundamentó en estudios técnicos aportados por las demandadas y que el peatón es
el principal actor vial y que no tiene idea con qué criterio se determinó la ubicación
de los pasos peatonales.
55. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes43.
55.1. Copia de la manifestación realizada por las señoras Yuliana Ríos, Yoeidy
Álvarez y Joel Marinas ante la sociedad DEVIMED S.A., de fecha 30 de marzo de
2022, en el que indican que la afectación de las ventas de su marca debido a la falta
de retorno y pasos peatonales.
43
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: Índice
00INDICEELECTRONICO_05001233300020220059501
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55.2. Dos fotografías en las que se observan personas en una vía. Respecto de
las imágenes; una de ellas está borrosa y la otra tiene mejor resolución; sin
embargo, no es posible determinar las circunstancias temporales en que fueron
tomadas, ni los hechos que pretende demostrar. Es decir, no hay relación entre el
material probatorio con la controversia que propone mediante la narración de los
hechos. Esta Corporación44 en relación con el valor probatorio de las fotografías ha
indicado que por si solas no permiten definir la situación temporal de ocurrencia de
un suceso, sino que sólo dan cuenta del estado de hecho que existía en el momento
de ser tomadas y que se deben analizar y corroborar en conjunto con otras pruebas.
En el caso concreto, las fotografías no permiten establecer las circunstancias de
autenticidad y certeza de lo que se quiere representar y una de ellas al verse borrosa
no permite llegar a la conclusión que pretende el actor popular, el cual es demostrar
la vulneración de los derechos colectivos invocados.
55.3. Copia del Oficio núm. 2022-200-000114-1 de fecha 25 de enero de 2022
mediante el cual el director de Construcción de DEVIMED S.A. da respuesta a la
comunicación del señor Mauricio Lenis Arango, mediante la cual solicitó la
construcción de dos pasos peatonales entre La Tienda Azul y La Divina Pausa. Se
indicó que:
“[…] [N]os reunimos con representantes de la interventoría y la Subsecretaría de
Movilidad de Rionegro. En la citada reunión se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones al momento de tomar las decisiones:
1. La denominada vía de Llanogrande, hace parte del corredor nacional 56AN05
(Don Diego - Rionegro - Marinilla), carretera de carácter nacional de primer
orden concesionada a DEVIMED.
2. No obstante, la vía ser de carácter nacional, su infraestructura comunitaria
como los pasos peatonales, deben tener el visto bueno de la autoridad de
tránsito de la jurisdicción.
3. La construcción de dobles calzadas y su separador central, brindan mayor
seguridad a todos los actores viales, al separase físicamente los flujos y evitar
los giros izquierdos no controlados.
4. A DEVIMED ha llegado una gran cantidad de solicitudes de personas que
consideran que, frente a su propiedad o establecimiento de comercio, debe
existir un paso peatonal que, si se respondieran de manera positiva, alterarían
totalmente la funcionalidad y la operación de la doble calzada.
5. A pesar de tratarse de una zona rural, el corredor vial se encuentra altamente
intervenido y sobre él se asientan varios "Centros poblados" y concentraciones
comerciales y de servicios, lo que hace que por su propia dinámica se requiera
de la interacción entre ambos costados de la doble calzada.
Luego de analizar las anteriores consideraciones, se acordó que sobre el tramo vial
Harás Santalucía – Calle de La Madera, se dejarían los siguientes pasos peatonales:
44
Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo del 2000, exp. 12497. M.P: María Elena Giraldo Gómez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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[…]”.
55.4. Dos links que contienen reportes de prensa digital, uno de la página
Oriéntese que se titula “Imponiendo el desarrollo por encima de las personas” del 7
de febrero de 2022 y el otro del 24 de marzo de 2022 con el título “Habitantes de
Llanogrande se arriesgan al cruzar la doble calzada por falta de cruces” e
“Imponiendo el desarrollo por encima de las personas”. En relación con los artículos
de prensa y notas periodísticas aportadas, estas solamente dan cuenta de la
existencia de la noticia y no de la certeza sobre la información en ella contenida45.
55.5. Copia del Otrosí núm. 17 al contrato de concesión núm. 275 de 1996
celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Devimed S.A.
en el cual se acordó: “[…] PARÁGRAFO SEGUNDO: ACTIVIDADES DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS. EL CONCESIONARIO desarrollará las actividades objeto
de este otrosí, en lo que concierne a los estudios y diseños definitivos observando
lo dispuesto en los Manuales de Diseño Geométrico de carreteras y de Diseño de
pavimentos asfálticos (INVIAS) y demás normas técnicas pertinentes y aplicables
(Diseños estructurales, hidráulicos, estabilización de taludes) con el fin de que se
garanticen los niveles de servicio y calidad exigidos para el proyecto conforme al
Contrato de Concesión No. 0275 de 1996 […]”.
45
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, NUR 11001-03-
15-000-2011-01378-00; C.P. Susana Buitrago.
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55.6. Copia del acta de reunión de fecha 30 de mayo de 2019, que tuvo como
objetivo “[…] Definir los pasos peatonales del corredor vial Llanogrande – Rionegro”
entre la Subsecretaría de Movilidad del municipio de Rionegro, la Interventoría del
proyecto “Mejoramiento de la Conexión Vial Llanogrande” y Devimed, con el fin de
colocar en consideración y aprobación la ubicación de los pasos peatonales para la
segunda calzada desde el kilómetro 7 + 000 al 13 + 580 de la vía Don Diego –
Rionegro […]” y se determinó:
“[…] ✓ Se instalará en el sector de Haras Santa Lucía un pasavía en el cual se
informará a los usuarios de esta que ingresarán a un tramo de alto flujo peatonal
toda vez que se encontrarán con 14 pasos peatonales a lo largo de esta doble
calzada.
✓ En el tramo comprendido desde el centro comercial Jardines Llanogrande y el
Complex Llanogrande hasta El Estanquillo y la Tienda Azul, se limitará la velocidad
a 30 km/h, dado que los pasos peatonales están entre ellos a pocos metros de
distancia. En este tramo la señalización reglamentaria deberá indicar que la
velocidad máxima permitida es de 30 km/h. Así mismo, se deberá informar con la
señalización horizontal y vertical reglamentaria que, la señalización máxima
permitida en el resto del tramo es de 60km/h.
✓ Se deja constancia en esta reunión que, los pasos peatonales que quedan
registrados en esta acta son los únicos aprobados y que se construirán de acuerdo
con el tipo que se especifica en el cuadro relacionado en esta (pompeyano o cebra)
[…]”.
55.7. Interrogatorio de parte al señor Isidro Antonio Rodríguez Hernández
habitante de la vereda Tres Puerta ubicada al lado de Agrosavia, anteriormente
llamada Corpoica solicitado por la sociedad DEVIMED S.A., el cual será analizado
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta lo establecido por
esta Corporación46 y haciendo la claridad que el interrogatorio de parte no es
compatible en las acciones populares, por oponerse a la naturaleza, fines y
características de este instrumento constitucional, toda vez que el actor popular no
está facultado para confesar a nombre de toda la comunidad47.
55.7.1. En relación con los hechos de la demanda, indicó en líneas generales lo
siguiente: i) en relación con las condiciones de la vía antes de la doble calzada,
indicó que había congestión de vehículos por lo que agradece la obra pública; ii)
manifestó que al pasar por el separador no hay distancia suficiente para que se
pueda realizar la maniobra, porque es alto y como hay dos vías rápidas los vehículos
no se detienen, la maniobra consiste en saltar el separador central verificando que
46
Consejo de Estado; Sección Segunda, sentencia del 29 de agosto de 2019, NUR 08001-23-33-000-2014-01034-01(4422-
16), C.P. William Hernández Gómez.
47 Consejo de Estado; Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2008, NUR C.P 70001-23-31-000-2003-00618-01(AP),
Ruth Stella Correa Palacio.
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no vengan vehículo exponiéndose al peligro; iii) indica que el tiempo que demora de
un punto al cruce peatonal más cercano es de 15 a 20 minutos según su condición;
iv) se construyó un puente peatonal en un colegio que queda a 2 Km; v) indicó que
la comunidad no se reunió con la secretaría de movilidad del municipio; vi) las
señalización indica que la velocidad de la vía es de 30 Km; vii) indicó que no hay
controles de tránsito en la vía; viii) solicitó la construcción de dos paso peatonales
entre el Punto Azul y Divina Pausa; ix) indicó que uno de los pasos debe quedar a
20 metros desde su ubicación; y x) manifestó que con la obra aumentó la
siniestralidad en la vía.
55.7.2. Se dio la palabra a los demás intervinientes para que hicieran preguntas, el
Ministerio Público indagó en el problema que se evidencia, tiene que ver con
cuestiones sobre el tránsito, la velocidad y las imprudencias de los peatones y no
con el diseño de la obra.
56. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.
57. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito.
58. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado48, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010, NUR
150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010,
NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección Primera, sentencia de 22 de enero
de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de
abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de
julio de 2008, NUR 250002326000200500240-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
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“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:
“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.
En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el
juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e
intereses colectivos.”
En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”49
(Destacado fuera de texto).
59. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202050.
60. El actor popular manifiesta que no son suficientes los dos cruces peatonales
que se encuentran ubicados desde el punto de la Tienda Azul hasta el punto del
Estanquillo, teniendo en cuenta que según los actores la distancia entre un punto y
otro se calcula en 2 kilómetros. En relación con este argumento, se pone de
presente que el actor popular no cumplió con la carga probatoria y por el contrario
se probó en el proceso que la distancia entre los mencionados pasos peatonales es
de 740 metros, distancia que se recorre en aproximadamente 9 minutos a 5 Km/h,
y que se reduce a la mitad si no se encuentra de un extremo a otro como lo describe
la siguiente estadística aportada por DEVIMED S.A.51 y que no fue controvertida por
las partes, así:
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010, NUR
410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de
2020 NUR 150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
51 En la contestación de la demanda.
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60.1. Teniendo en cuenta lo anterior, según el artículo 58 del Código Nacional de
Tránsito, se determinan unas prohibiciones para los peatones; dentro de las cuales
se destacan: i) que no se puede cruzar una vía por sitios no permitidos; ii) actuar de
manera que ponga en peligro su integridad física; y iii) cruzar la vía atravesando el
tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales52.
61. Anudado a ello, se estableció en el proceso que, los pasos peatonales fueron
determinados por el concesionario en conjunto con la Subsecretaría de Movilidad
de Rionegro y la interventoría, los cuales fijaron la ubicación de los cruces
peatonales teniendo en cuenta las siguientes características:
“[…] 1. La denominada vía de Llanogrande, hace parte del corredor nacional
56AN05 (Don Diego - Rionegro - Marinilla), carretera de carácter nacional de
primer orden concesionada a DEVIMED.
2. No obstante, la vía ser de carácter nacional, su infraestructura comunitaria
como los pasos peatonales, deben tener el visto bueno de la autoridad de tránsito
de la jurisdicción.
3. La construcción de dobles calzadas y su separador central, brindan mayor
seguridad a todos los actores viales, al separase físicamente los flujos y evitar
los giros izquierdos no controlados.
4. A DEVIMED ha llegado una gran cantidad de solicitudes de personas que
consideran que, frente a su propiedad o establecimiento de comercio, debe existir
un paso peatonal que, si se respondieran de manera positiva, alterarían totalmente
la funcionalidad y la operación de la doble calzada.
5. A pesar de tratarse de una zona rural, el corredor vial se encuentra altamente
intervenido y sobre él se asientan varios "Centros poblados" y concentraciones
comerciales y de servicios, lo que hace que por su propia dinámica se requiera
de la interacción entre ambos costados de la doble calzada […]” (Resaltado
fuera de texto).
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero de 2024, NUR
080012333000201800844-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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62. En consecuencia, se establecieron los cruces peatonales conforme con el
principio de prevalencia del interés general que implica que debe preferirse la
realización de objetivos comunes respecto de intereses particulares y en que los
derechos e intereses colectivos son aquellos que no están radicados en cabeza de
ningún particular y, por tanto, carecen de titulares legitimados; es decir, son
intereses de representación difusa como lo ha determinado esta Sección, en la
medida que el titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que,
incluso pueden ser todos los que integran una comunidad. Ese interés colectivo es
el que pertenece a todos, pero a nadie en concreto, no se llega por el número de
personas que en determinadas circunstancias tengan intereses propios o
individuales, sino que se tiene tal calidad desde el inicio por tener interés toda la
comunidad53.
63. Adicionalmente se probó en el proceso que para garantizar la seguridad vial
y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del tramo por la interacción
comunitaria existente, se determinó que se instalaría un pasa-vía de información en
el que se indicaría que los vehículos ingresan a una zona de alto flujo peatonal por
encontrarse 14 pasos peatonales a lo largo de la doble calzada y en el tramo
comprendido “[…] desde el centro comercial Jardines Llanogrande y el Complex
Llanogrande hasta El Estanquillo y la Tienda Azul, se limitará la velocidad a 30 km/h,
dado que los pasos peatonales están entre ellos a pocos metros de distancia [...]”.
64. Para la Sala, la seguridad vial es una prioridad y una finalidad esencial del
Estado, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política. A su vez el artículo
24 ibidem establece el derecho a la libre circulación, pero ello supone que el Estado
debe intervenir y limitarlo, con miras a garantizar la seguridad y bienestar de los
habitantes del territorio54.
65. Por lo tanto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los diseños
y trazados de la vía, los cuales fueron objeto de verificaciones técnicas y teniendo
en cuenta las especificaciones y condiciones particulares de la vía, se traducen en
una medida idónea para la protección de los derechos e intereses colectivos en la
medida en que impactan en el bienestar general, el logro de los fines sociales del
Estado y, en especial, como se probó en este caso, mayor seguridad para los
transeúntes de la vía, de acuerdo con lo manifestado por el señor Isidro Rodríguez,
en cuanto que es mas benéfico realizar los cruces por los pasos peatonales
53 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de diciembre de 2014,
NUR 410012333000201200051-01(AP), C.P. Guillermo Vargas Ayala.
54 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 2010, NUR. 190012331000200501449-01, C.P. María
Elizabeth García González.
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establecidos que realizar la “maniobra” de traspasar el separador central de la doble
calzada, orientando sus argumentos en cuanto el comportamiento de los usuarios y
peatones de la vía, lo cual escapa del objeto de este proceso y lo discutido en el
trámite de primera instancia.
66. Adicionalmente, quedó demostrado que la vía cuenta con la señalización
correspondiente de acuerdo con el acta de reunión llevada a cabo el 30 de mayo de
2019, en la que se definieron los pasos peatonales del corredor vial objeto de la
demanda y en el que se dispuso limitar la velocidad en la zona a 30 Km/h y se
determinó que por medio de señalización horizontal y vertical se informaría tal
circunstancia, precisamente por la ubicación de pasos peatonales tan cercanos
unos de otros.
67. Adicionalmente, se encuentra probado que el trayecto entre El Estanquillo -
La Tienda Azul en donde está ubicado un paso peatonal y La Divina Pausa se puede
realizar en condiciones de seguridad en la medida en que se construyeron senderos
peatonales o andenes con el objeto de garantizar el tránsito exclusivo de los
peatones y, por ende, la protección de los mismos durante sus desplazamientos.
68. Por lo tanto, para la Sala, por una parte, no se cumplió con la carga probatoria
exigida la parte actora y apelante para determinar la existencia de vulneración o
amenaza de los derechos e intereses colectivos invocados; y, por la otra, es claro
que el concesionario en colaboración con las autoridades licenciante y de movilidad
determinaron los pasos peatonales de acuerdo con las circunstancias específicas
del tramo y los estudios técnicos realizados, en cuanto a su ubicación, velocidad e
interacción comunitaria con la vía; por ello, esta Sala considera que, en este caso,
se debe confirmar la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia.
69. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Conclusiones
70. La Sala considera que, en este caso concreto, no se encuentra probada la
existencia de vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos al goce
del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público; el acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la seguridad y
salubridad públicas; y el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente por la no construcción cruces peatonales adicionales entre
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los puntos denominados El Estanquillo - La Tienda Azul en donde está ubicado un
paso peatonal como pompeyano y La Divina Pausa, razón por la cual se confirmará
la sentencia 2 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de octubre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Antioquia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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