Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2022-01004-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2022-01004-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2022-01004-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 05001233300020220100401 (5374-2024)
Demandante : Antonio José Pérez Ortega
Demandada : Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Sanción de suspensión e inhabilidad de 8 meses
Decisión : Sentencia segunda instancia.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 8 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
Los demandantes, por conducto de apoderado, acuden a la jurisdicción en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), para solicitar lo siguiente:
1.1. Pretensiones.
Declarar la nulidad de los actos administrativos; (i) contenidos en el fallo disciplinario
de primera instancia de 3 de febrero de 2021, proferido por el jefe de la oficina de
control disciplinario y la decisión de segunda instancia de 9 de noviembre de 2021
del inspector delegado de la región seis (6º) por los que se sancionan al actor con
suspensión e inhabilidad por el término de 8 meses; y (ii) la Resolución 04155 de
Número Interno:5374-2024
Demandante: Antonio José Pérez Ortega
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
10 de diciembre por medio del cual se ejecuta la sanción expedida por el Director
General de la Policía.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) eliminar la sanción de los
registros de la Procuraduría; (ii) declarar que existió solución de continuidad en los
servicios prestados; (iii) condenar a la Policía Nacional a reconocer y pagar por
concepto de lucro cesante todos los salarios, vacaciones, primas, bonificaciones,
prestaciones legales y demás emolumentos inherentes a su calidad y grado Policial,
desde la fecha de suspensión hasta su finalización; y (iv) por daño moral pidió el
pago de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El Patrullero Antonio José Pérez Ortega se incorporó al servicio activo de la Policía
Nacional el 1° de octubre de 2015 y durante su trayectoria profesional cumplió con
las funciones y responsabilidades encomendadas, demostrando compromiso con el
servicio, profesionalismo y mística profesional, que se evidencia con
condecoraciones y felicitaciones.
El 10 de febrero de 2019, la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía Antioquia, inició indagación preliminar en su contra por
haberse presentado al servicio el día de 7 de enero de 2018 bajo el efecto de
bebidas embriagantes, según lo registrado por el patrullero Jesús Efrén Mellizo
Hidalgo en el libro de la población de la unidad y la práctica de la prueba
alcoholsensor que arrojó 40 mg/ 100ml (alcohol en sangre).
En el proceso disciplinario se tuvo en cuenta la prueba documental contenida en la
minuta de información, vigilancia y población, las declaraciones testimoniales de los
patrulleros Jesús Efrén Mellizo Hidalgo, Janey Hernández Barrera y Jorge Luis
Montes Romero, Intendente Juan Gabriel Ramírez Quintero y el subteniente Daniela
Ardila Jiménez.
Precisó el actor que, en diligencia de versión el día 23 de mayo de 2019, cuestionó
la credibilidad del testimonio del Patrullero Mellizo Hidalgo por falsedad en la
declaración cuando indicó que el disciplinado llegó a la Estación de Policía a las
4:00 am bajo el efecto de bebidas embriagantes.
Número Interno:5374-2024
Demandante: Antonio José Pérez Ortega
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
Explica que, el fallo de primera instancia del 29 de mayo de 2019, fue anulado por
la Inspección Delegada Regional debido a la falta de valoración integral de las
pruebas, específicamente las declaraciones bajo juramento de Juan Gabriel
Ramírez Quintero y Jorge Luis Montes Romero, por cuanto se limitó a solo
enunciarlas sin valorar cada acervo probatorio.
El 03 de febrero de 2021, la demandada emitió el nuevo fallo disciplinario de primera
instancia que declaró probado el cargo indilgado en su contra imponiéndole una
sanción de suspensión e inhabilidad especial por 8 meses.
Inconforme con la decisión el actor presentó recurso de apelación por el cual
cuestionó la falta de pruebas directas que acreditarán el estado alcohólico en el
lugar de trabajo y alegó que la prueba de embriaguez carece de validez debido a la
forma en que se practicó y finalmente, no se demostró la afectación de los deberes
funcionales, presentándose ausencia de ilicitud sustancial.
El 09 de noviembre de 2021, la Inspección Delegada Región Seis (6º) emitió el fallo
de segunda instancia y confirmó la sanción de suspensión por el término de ocho
(8) meses impuesta en la decisión de primera instancia.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículos; 1, 2, 4, 6, 13, 21, 25, 29, 31, 42, 48, 53, 83, 85, 90,
209, 216, 218, 220, 228, 229 у 230; Ley 1437 de 2011, artículos; 1, 40, 42 y 44, Ley
857 de 2003; artículos; 1 y 2 numerales 4 y 5, Decreto 1791 de 2000, artículos 5,
22, 55 y 62 Decreto 1800 de 2000; artículos 3, 39 Parágrafo único, 41, 42 Numerales
5 y 6, artículos 49, 50 51, 52, 53 y 54 Decreto 041 de 1994; artículos 50 y 52 del
Decreto 573 de 1995; artículo 12 de Ley 734 de 2002.
Asegura que los actos administrativos están viciados de nulidad por abuso de poder,
violación de normas superiores y falsa motivación.
Expone que los fallos sancionatorios vulneran el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, porque los operadores disciplinarios no valoraron
adecuadamente las pruebas incorporadas válidamente y fundamentaron la decisión
con elementos subjetivos.
Número Interno:5374-2024
Demandante: Antonio José Pérez Ortega
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Considera que se presentó violación de las garantías fundamentales con la
declaratoria de nulidad únicamente del fallo de primera instancia dentro de la
actuación disciplinaria, pues el auto de citación a audiencia también debía surtir
dicho efecto. Señala que las decisiones sancionatorias valoraron pruebas que
fueron desestimadas en la etapa de citación a la audiencia del procedimiento verbal,
y que, si la entidad demandada pretendía incorporar la prueba de alcohosensor y
los informes iniciales sobre la supuesta novedad, debió anular la actuación desde
el auto de citación a audiencia, y no únicamente desde el fallo.
Precisa que los testigos directos:
(i) La subteniente Daniela Ardila Jiménez aseguró que el actor tenía aliento
alcohólico y ojos vidriosos, pero no respaldó haber verificado directamente dicha
condición, ni describió otras alteraciones motrices;
(ii) La patrullera Janey Hernández Barrera indicó que le sintió aliento a alcohol, pero
la prueba de embriaguez fue irregular por falta de consentimiento y por haberse
realizado con prueba cero al aire;
(iii) El intendente Juan Gabriel Ramírez Quintero declaró que el uniformado no tenía
aliento a licor, sino a cañería, y que se encontraba en condiciones de prestar el
servicio.
Expone que la declaración bajo juramento del patrullero Jesús Efrén Mellizo Hidalgo
no puede ser considerada prueba directa, porque no presenció la llegada del
investigado a la instalación policial. Además, la subteniente Daniela Ardila Jiménez
desmintió haber recibido información sobre el estado del patrullero.
Enfatiza que en el proceso disciplinario se presentó un defecto procedimental que
afecta de nulidad la sanción impuesta, por desconocimiento del principio de
legalidad, al considerar informes de novedad y la prueba de alcoholemia que no
fueron introducidos en el auto de cargos.
Afirma que en la actuación disciplinaria se incurrió en desviación, ya que los actos
administrativos fueron motivados con hechos inexactos e inexistentes. Ello se
evidencia en la valoración de la prueba de alcoholemia y los informes sobre la
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supuesta novedad, los cuales fueron introducidos en el auto de cargos, cuando el
operador disciplinario solo debió limitarse al análisis de las pruebas decretadas en
esa etapa, las cuales también fueron avaladas por la segunda instancia, como la
prueba tomada con alcohosensor, que no hacía parte de la litis.
Finalmente, alega falsa motivación e inexistencia de pruebas, al no haberse
acreditado que se encontrara bajo los efectos del alcohol durante la prestación del
servicio, profiriéndose un fallo con base en supuestos y presunciones.
2. Contestación de la demanda.
Corrido el traslado de la demanda el Ministerio de Defensa – Policía Nacional
contestó en los siguientes términos:
Se opuso a las pretensiones de la demanda y refiere que la actuación administrativa
se realizó en total apego al ordenamiento jurídico legal y jurídico; se garantizó el
debido proceso, el derecho de defensa y contradicción en todas las etapas
procesales al disciplinado.
Argumenta que, el patrullero Pérez Ortega incumplió el deber funcional y afectó el
servicio y la imagen de la institución policial, al estar demostrado que se presentó al
servicio bajo los efectos de bebidas embriagantes, cumpliéndose los presupuestos
fácticos exigidos y legales para la sanción impuesta en la cual garantizó el derecho
de contradicción y defensa.
No se presentó desviación de poder en los fallos disciplinarios porque se realizó un
análisis ponderado de las pruebas, tampoco existe la falsa motivación pues la
conducta del disciplinado lesionó el bien jurídicamente tutelado por la ley 1015 de
2006.
Finalmente propuso excepciones de mérito: (i) presunción de legalidad de los actos
administrativos, (ii) inexistencia de vicios de nulidad y (iii) innominada o genérica.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 8 de agosto
de 2024: (i) se inhibió para decidir de la Resolución 4155 de 10 de diciembre de
2021 que ejecuta la sanción disciplinaria; (ii) declaró probadas las excepciones de
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presunción de legalidad e inexistencia de vicios de nulidad propuestas por la entidad
demandada; (iii) negó las pretensiones de nulidad de los fallos disciplinarios (sin
condena en costas) por cuanto:
El a quo se inhibió para resolver la solicitud de nulidad del acto de ejecución de la
sanción disciplinaria, por considerar que no es susceptible de control judicial, dado
que este tipo de actos que ejecutan la sanción no forman parte del acto
sancionatorio principal, ya que no crean, modifican o extinguen una situación
jurídica del disciplinado.
Frente al cargo de violación al debido proceso, estimó que en el auto de indagación
preliminar se valoraron todas las pruebas aportadas con la queja, entre ellas, la de
alcoholemia, la cual fue realizada previo consentimiento del patrullero. La experticia
arrojó, en un primer momento, un resultado de 43 mg/100 ml, y en la segunda
muestra, 40 mg/100 ml (alcohol en sangre).
Precisó que las actuaciones del proceso disciplinario fueron notificadas al
investigado, y que la decisión de comparecer e intervenir en las audiencias previas
era su responsabilidad. En el auto de indagación preliminar se convalidó la prueba
testimonial de la patrullera Hernández Barrera y la solicitud de documentos a la
estación de Policía de Andes.
Seguidamente, estudió el cargo de vulneración al debido proceso por la práctica de
la prueba de alcoholemia sin realizar la prueba cero. Determinó que el análisis
realizado en el fallo disciplinario de segunda instancia argumentó que la ausencia
de dicha prueba no invalida la experticia, conforme a la reglamentación vigente.
Aseguró que, independientemente de la prueba de alcoholemia, otros elementos
probatorios indicaban que el patrullero Pérez Ortega se presentó al servicio en
estado de alicoramiento, entre ellos: el reporte del patrullero Mellizo Hidalgo, quien
indicó haberle sentido aliento alcohólico y haber observado que el disciplinado
tambaleaba; la subteniente Ardila Jiménez, quien percibió aliento alcohólico y ojos
vidriosos en el sancionado; y la declaración de la patrullera Janey Hernández
Barrera, quien fue la encargada de practicar la prueba de alcoholemia e indicó que
percibió olor a alcohol, y que, al ser indagado sobre el consumo de bebidas
embriagantes, el patrullero admitió haberlo hecho.
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Demandante: Antonio José Pérez Ortega
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Concluyó que, el demandante se presentó al servicio bajo los efectos de bebidas
embriagantes y, por lo tanto, infringió el numeral 5 del artículo 35 de la Ley 1015 de
2006, considerando que no se presentó vulneración al debido proceso y, por el
contrario, contó con todas las garantías dentro del trámite disciplinario.
En cuanto al cargo de desviación de poder, precisó que los operadores disciplinarios
actuaron con competencia, bajo los parámetros establecidos por el legislador, e
impusieron la sanción con base en las pruebas que dieron certeza de la conducta
del patrullero Pérez Ortega. No obra en el expediente ningún medio de prueba que
permita inferir que la sanción fue producto de motivos distintos a los establecidos
por la ley, por lo que se concluye que la actuación disciplinaria cumplió con las
garantías y respetó el debido proceso.
Finalmente, al referirse al cargo relacionado con la prescripción de la acción
disciplinaria, el a quo consideró que no le asistía la razón al demandante, por cuanto
el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 —norma vigente al momento en que se
adelantó la actuación— dispone que dicha acción prescribirá en cinco años. La
fecha de ocurrencia de los hechos fue el 7 de enero de 2019; el fallo de primera
instancia fue notificado el 3 de febrero de 2021, y el de segunda instancia, el 11 de
noviembre de 2021. Por lo tanto, no había transcurrido el término que establece la
norma para que opere dicha figura jurídica, razón por la cual se concluyó que la
acción disciplinaria no se encontraba prescrita.
4. Recurso de apelación.
La parte demandante, en la oportunidad procesal correspondiente, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Solicita revocar la
decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y conceder las pretensiones de la
demanda, argumentando una indebida valoración probatoria y la falta de
proporcionalidad en la sanción impuesta.
Explica que, la prueba de alcoholemia no cumplió con los procedimientos técnicos
y documentales exigidos por la normativa vigente, dado que se presentó una
calibración incompleta del alcoholímetro, ausencia del acta de consentimiento, de
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los formatos requeridos, y deficiencias en las preguntas realizadas antes de la
prueba, lo cual compromete su validez como soporte de la sanción disciplinaria.
Aduce que el Tribunal de primera instancia no otorgó el valor probatorio adecuado
a la declaración de la perita encargada de la prueba, y que la sanción fue sustentada
en fundamentos insuficientes y sin el debido razonamiento. Asimismo, cuestiona
que no se haya trasladado correctamente al auto de cargos las pruebas recopiladas
durante la indagación preliminar, con lo cual se vulneraron los principios de
seguridad jurídica y publicidad de las pruebas.
Manifiesta que, la sanción impuesta resulta abiertamente excesiva frente a la
supuesta falta disciplinaria, toda vez que los hechos no generaron un perjuicio
significativo al servicio, ni representaron un riesgo para la seguridad o salud del
uniformado, sus compañeros o la comunidad. En ese sentido, sostiene que no hubo
afectación real al servicio policial, por lo cual la medida debió tener un carácter
correctivo más que punitivo.
Finalmente, señala que, existe incertidumbre en la prueba y en su valoración, por lo
que solicita la aplicación del principio de favorabilidad ante la existencia de duda
razonable a su favor.
3. Tramite segunda instancia.
En auto del 28 de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según
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el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)1, en esta instancia se emitirá
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problemas jurídicos.
Corresponde a la Sala establecer si revoca sentencia del 8 de agosto de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de
la demanda interpuesta por el señor Antonio José Pérez Arteaga en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para ello se estudiara lo
siguiente:
¿La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso por indebida valoración
probatoria en la actuación disciplinaria y sí se presenta duda razonable a su favor?
Para desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1.
Régimen disciplinario de la Policía Nacional; 2.2. Precedente de unificación de
control integral de los actos disciplinarios; 2.3. La actuación disciplinaria; y 2.4. Caso
concreto.
2.1. Régimen disciplinario de la Policía Nacional.
La Constitución Política establece que la fuerza pública está integrada por las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional (artículo 216). Posteriormente, define la
institución policial como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuyo fin
fundamental es la conservación del ejercicio de los derechos y libertades de los
habitantes en nuestro territorio nacional, por último, el (artículo 218) facultó al
legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de dichos
servidores del Estado.
En virtud de lo anterior, el legislador expidió la Ley 1015 de 2006 por medio de la
cual fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y en el artículo 23 estableció
1
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia”.
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que son destinatarios: «(…) el personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que
estén prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que
la falta se haya cometido en servicio activo»; el artículo 58 precisa que el procedimiento
aplicable a los sujetos pasivos del régimen disciplinario de la institución será el
establecido en la Ley 734 de 2002, o la norma que la modifique.
En conclusión, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, esta disposición rige como
normativa sustancial y la Ley 734 de 2002 corresponde al campo procesal.
2.2. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios.
Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 2016, estudió la legalidad de
las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación en
contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó postura de unificación
respecto a los actos proferidos por el ente de control disciplinario, en el sentido que
corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativo efectuar un
control integral de los actos sancionatorios, en el que precisó:
«[…]
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe
el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en
sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución
y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo
caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra
todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso
administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»
Con estos fundamentos, la Sala Plena de este órgano colegiado, estableció las
siguientes reglas:
«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos
proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en
los siguientes términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral [79] de
los actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción
disciplinaria regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
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2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el
recurso judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.»
Con fundamento en lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral
de los actos administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial de la
persona sancionada, siendo un postulado de la Constitución Política el respeto de
la dignidad humana, el trabajo, asegurando dentro los fines la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo.
2.3. La actuación disciplinaria.
2.3.1. Oficio 0030 del 9 de enero de 2019, realizado por la Comandante de la
Estación de Policía de los Andes, dirigida al Capitán del Distrito, mediante la cual
informa la novedad presentada con el patrullero José Pérez Ortega, en la que indicó:
“Respetuosamente me dirijo a mi capitán, con el fin de informarle la novedad presentada
con el señor patrullero Antonio José Pérez Ortega, identificado con CC 1,007.584.420,
placa policial 185666, el cual se encuentra de apoyo a plan cosecha en este municipio; el
día de ayer se retiró a descansar a las 21:00 horas una vez termino su servicio quedando
como personal disponible en el lugar donde se dispuso que pernotara el apoyo a plan
cosecha, siendo este las instalaciones del cuerpo de bomberos del municipio, y debiendo
hacer presentación el día 07 de enero de 2019 a las 08:00 horas para retomar su servicio
en el parque principal de esta municipalidad.
Pero de acuerdo a lo informado por el señor patrullero Jesús Efren Mellizo Hidalgo y quien
se desempeñaba como jefe de Información y Seguridad de Instalaciones Policiales, el día
7 de enero del 2018, y siendo aproximadamente las 4:00 am llega a las instalaciones
policiales el señor patrullero Antonio José Pérez Ortega al parecer bajo las sustancias
alcohólicas, ya que se le percibía aliento alcohólico, y dicha novedad quedó registrado en
el libro de población de la unidad como constancia en los folios (219 y 220).
Al momento de formar el personal para segundo turno se procede a verificar el estado
anímico y de salud a todos los funcionarios que iban a salir a servicio y posteriormente al
personal de apoyo, y como quiera que estaba el antecedente del señor patrullero Antonio
José Pérez Ortega quien llegó a las 4:00 am. a las instalaciones al parecer bajo las
sustancias alcohólicas, se pide su consentimiento para que se realice la prueba con
alcohosensor, quien accede y firma el formato establecido para realizar la prueba, y que
dicho procedimiento fue realizado por la señorita Patrullera Janerit Hernández Barrera de
la Dirección de Tránsito y Transporte Deant Cuadrante Vial 18 Ciudad Bolívar, inicialmente
se realiza prueba 1 #1131 arrojando 43 mg/100ml (alcohol en sangre), se esperan 4
minutos y se realiza prueba 2 # 1132 arrojando como resultado 40 mg/100ml (alcohol en
sangre).
Resultado positivo grado cero, motivo por el cual no es posible que el policial pueda salir
al servicio, se procede a retirarle el armamento y que se vaya a descansar, generando con
esto un traumatismo y afectación al servicio de Policía, ya dispuesto por este comando de
estación en la prestación del servicio debido a una unidad menos a los planes que se
desarrollan a diario en la estación de Policía Andes”.
2.3.2. El 10 de febrero de 2019, la Inspección Delegada Regional Seis, oficina de
control interno disciplinario interno del Departamento de Policía de Antioquia, inició
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indagación preliminar, por los hechos expuestos en el oficio 0030 del 9 de enero de
2019, realizado por la Comandante de la Estación de Policía de los Andes, el cual
informa la novedad presentada con el patrullero José Pérez Ortega, en la que se
indicó:
“PRIMERO. Abrir indagación preliminar en contra del señor Patrullero Antonio José Pérez
Ortega identificado con la cedula de ciudadanía 1.007.584.420; según se expuso en la
parte motiva del presente proveído.
SEGUNDO. Notificar al señor Patrullero Antonio José Pérez Ortega, sobre la presente
decisión haciéndole saber los derechos que le asisten conforme lo señala los artículos 17,
89, 90, y 92 de la Ley 734 de 2002. En el evento de no ser posible la notificación personal,
súrtase está conforme al artículo 1075 del código Disciplinario único, sin perjuicio de lo
señalado en el artículo 91%, inciso tercero de la norma ídem.
A solicitud del investigado, escuchar en diligencia de versión libre al policial identificado
Teniendo en cuenta lo previsto en la Sentencia C-621 del 98 (sin exhortarlo a decir la
verdad). De igual forma sin olvidar la juramentación en caso de señalamiento de
responsabilidad a otro funcionario. (Art. 92 numeral 3 de la ley 734 de 2002).
TERCERO. Para el esclarecimiento de los hechos puestos en conocimiento se practicarán
las siguientes pruebas y diligencias utilizando además los medios técnicos y tecnológicos?
con forme lo dispone la ley con el fin de dar total claridad al comportamiento desplegado
por los policiales investigados, así mismo practicar y solicitar las pruebas que resulten
pertinente conducentes y útiles dentro del proceso con el fin de esclarecer las
circunstancias de tiempo modo y lugar de la presunta conducta investigada.
Testimoniales
• Escuchar en ratificación de informe a la señorita Subteniente Daniela Ardila Jiménez.
• Escuchar en declaración al señor Intendente Hugo Sepúlveda Giraldo.
• Escuchar en declaración al señor Patrullero Jesús Efren Mellizo Hidalgo.
• Escuchar en declaración a la señorita Patrullera Janerit Hernández Barrera
Documentales
• Solicitar al comandante de estación de policia Andes copia de la minuta de población de los
folios 219 y 220.
• Solicitar copia de la minuta de vigilancia para el día 7 de enero del 2019 en segundo turno
de vigilancia.
CUARTO. Convalídese y otórguese plena validez a los documentos allegados a la queja.
QUINTO. De conformidad con el artículo 133 de la Ley 734 de 20028. para la práctica de
las anteriores diligencias y pruebas se comisiona al señor Patrullero Lenin Antonio
Valencia Marín; a quien se le conceden amplias facultades para que dentro del término de
180 días, lleve a cabo todas las pruebas ordenadas, así como aquellas pruebas que surjan
directamente de las que son objeto de comisión, siempre y cuando no se le haya prohibido
expresamente. Al igual para expedir las copias requeridas por el investigado, garantizando
en todo momento el derecho a la defensa y el debido proceso”.
2.3.3. En la etapa de indagación preliminar el operador disciplinario escuchó el
testimonio de la señora Subteniente Daniela Ardila Jiménez, quien dio respuesta a
las preguntas formuladas:
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Demandante: Antonio José Pérez Ortega
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"PREGUNTADO. Le pongo de presente el informe 0030 de fecha 09 de enero del 2019,
diga al despacho si se ratifica del mismo y si la firma que este en el documento es la suya
CONTESTO. Si me ratifico y si es mi firma. PREGUNTADO. Diga al despacho, si usted le
percibió al señor patrullero aliento alcohólico. CONTESTO. Si. PREGUNTADO. Diga al
despacho, que características físicas observó en el señor patrullero, para intuir que había
consumido bebidas embriagantes. CONTESTO. Los ojos estaban vidriosos.
PREGUNTADO. Diga al despacho quien más es testigo de este hecho. CONTESTO. No
sabría decirle. EN ESTE ESTADO DE LA DILIGENCIA LE CONCEDO LA PALABRA AL
SEÑOR PATRULLERO ANTONIO JOSÉ PEREZ ORTEGA, CON EL FIN EJERZA SU
DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN. PREGUNTADO. Usted le realizó la
prueba a los funcionarios que salían al servicio segundo turno. CONTESTO. No, solo a él.
PREGUNTADO. Diga al despacho a qué horas me retiró el armamento. CONTESTO.
Después que le hicieron la prueba de embriaguez. EN ESTE ESTADO DE LA DILIGENCIA
EL DESPACHO RETOMA LA MISMA. PREGUNTADO. Diga al despacho si tienes algo
más que agregar, corregir o emendar a la presente diligencia. CONTESTO. Lo que hay en
el informe”.
2.3.4. Se escuchó la declaración del patrullero Jesús Efrén Mellizo Hidalgo, en la
que depuso:
"PREGUNTADO. Diga al despacho si distingue al señor patrullero Antonio Pérez, en caso
afirmativo a razón de que.CONTESTO. Si, el trabajo como apoyo plan cosecha.
PREGUNTADO. Dice en el informe que el señor patrullero Antonio Pérez se presentó a la
estación de policía siendo a las 4 de la mañana y que usted le percibió aliento alcohólico
cuando fungía como jefe de información, diga al despacho, si es cierto esta manifestación,
en caso afirmativo que otro síntomas percibió en el. CONTESTO. Si llegó a las 4 de la
mañana y el patrullero se le sentía aliento alcohólico y se tambaleaba en ciertos
momentos. PREGUNTADO. Diga al despacho, porque sabe usted que era aliento
alcohólico. CONTESTO. Porque yo ya llevo trabajando bastante en la calle y por mi
experiencia laboral he tenido contacto con personas embriagadas. PREGUNTADO. Diga
al despacho quien es testigo de este hecho, CONTESTO. Solo yo. PREGUNTADO. Diga
al despacho si tiene conocimiento que le haya realizado alguna prueba de embriaguez al
patrullero Antonio. CONTESTO. Me entere a las 14 horas. EN ESTE ESTADO DE LA
DILIGENCIA LE CONCEDO LA PALABRA AL ABOGADO JAIME CRUZ CON EL FIN
EJERZA EL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL SEÑOR PATRULLERO
ANTONIO JOSÉ PÉREZ ORTEGA. PREGUNTADO. Diga al despacho que estudios en
medicina o toxicología tiene usted. CONTESTO. Ninguno. PREGUNTADO. Diga al
despacho a que distancia usted le percibió el aliento alcohólico al patrullero Pérez y de
igual manera este tambaleaba de un lado para el otro. CONTESTO. Para el aliento
alcohólico estaba a 40 centímetro y el tambaleo cuando se acercaba a las instalaciones
policiales. PREGUNTADO. Teniendo en cuenta sus respuestas anteriores. diga al
despacho toda vez que estaba a 40 centímetro, que indique al despacho si el pudo
describir que clase de licor habla consumido el patrullero Pérez. CONTESTO No. eso no
lo puedo determinar. PREGUNTADO. Diga al despacho cuantos policiales so encontraban
para el dia 7 de enero del 2019. cuando usted estaba prestando servicio. CONTESTO 10.
PREGUNTADO. De acuerdo a su respuesta anterior, diga al despacho si usted se tomó la
delicadeza de llamar al menos al comandante que esta de servicio para ese día, para fuera
testigo presencial y evidenciara el estado anímico del patrullero Pérez. CONTESTO. Yo
no llamé al comandante de esta a la Subteniente Daniela. PREGUNTADO. Diga al
despacho a que horas vio al patrullero Pérez en la estación de policía. CONTESTO. A las
4 de la mañana. PREGUNTADO. Ya que usted manifestó que le había sentido aliento
alcohólico y que el patrullero Pérez se tambaleaba para todos lados, indique al despacho
si con base en su conocimiento, nos puede indique que grado de alcoholemia tenía el
patrullero Pérez. CONTESTO. Yo eso no lo puedo determinar. PREGUNTADO. Diga al
despacho, si según su conocimiento cuando una persona se le siente aliento alcohólico y
este se tambalea de un lado para el otro, esto indica que ha consumido poco o mucho
licor. CONTESTO. Poco licor. PREGUNTADO. Diga al despacho, si es posible que una
persona que a las 4 de la mañana se le sintiera aliento alcohólico y se tambaleara de un
lado para el otro como explicar que la prueba de lico saliera CERO, toda vez que se realizó
a las 08:00 horas donde apenas había transcurrido 4 horas. CONTESTO. Yo lo que dije
es que al parecer se encontraba en estado de embriaguez a lo cual le informé al
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Demandante: Antonio José Pérez Ortega
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
comandante de estación para que realizara las acciones pertinentes. EN ESTE ESTADO
DE LA DILIGENCIA EL DESPACHO RETOMA LA MISMA. PREGUNTADO. Diga al
despacho, si tienes algo más que agregar, corregir o emendar a la presente diligencia.
CONTESTO. La parte donde se está afirmando de que yo dije de que estaba en estado
de embriaguez, yo manifestó por medio de la anotación que al parecer, ya la determinación
si ha ingerido licor o no lo determina la prueba”.
2.3.5. La señora Janey Hernández Barrera declaró lo siguiente:
PREGUNTADO. Diga al despacho que actividad realizó el día 7 de enero del 2019. CONTESTO. Me encontraba en la oficina. PREGUNTADO. Diga al despacho si usted para
el día 7 de Enero del 2019 se desplazó al municipio de andes, en caso afirmativo que
actividad realizo. CONTESTO. Fui a realizar una prueba de embriaguez. PREGUNTADO. De acuerdo a su respuesta anterior, indique al despacho que recuerda de dicho
procedimiento. CONTESTO. Fui de andes me le presente a la teniente que estaba de turno
no recuerdo el nombre la cual me hace esperar un rato mientras trae al uniformado que se
le iba a realzar la prueba de embriaguez, el cual le indico le procedimiento voy a realizar y
me autoriza a realizar la prueba de embriaguez, ya con el alcoholsensor del tramo vial 18,
la cual es de la concepción debimar 1, de serial 1031, al cual le realice dos pruebas de
embriaguez en la primera prueba le arrojó 43 y en la segunda prueba que de acuerdo al
protocolo arrojó 40, ya mirando en la tabla el protocolo hice la operación y arrojó positivo
para grado cero. PREGUNTADO. Diga al despacho, que características físicas observó
en el patrullero Pérez que pensara usted que estuviera en estado de embriaguez. CONTESTO. Solo en el alcoholsensor y al joven se le sentía el olor a alcohol. PREGUNTADO. Diga al despacho, si el patrullero Pérez firmó acta de consentimiento para
la realización de la prueba. CONTESTO. Si, no la encuentro. EN ESTE ESTADO DE LA
DILIGENCIA LE CONCEDO LA PALABRA AL ABOGADO JAIME CRUZ CON EL FIN
EJERZA EL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL SEÑOR PATRULLERO
ANTONIO JOSE PEREZ ORTEGA. PREGUNTADO. Diga al despacho, cuánto tiempo
lleva usted como funcionaria de SETRA. CONTESTO. Dos años. PREGUNTADO. Diga al
despacho, cuánto tiempo lleva usted practicando pruebas con el alcoholsensor. CONTESTO. Un año. PREGUNTADO. Diga al despacho si usted nos puede anexar el
certificado de la calibración del alcoholsensor con el cual usted hizo dicha prueba al
patrullero Pérez. CONTESTO. Si, para el doce de marzo del 2019. PREGUNTADO. Diga
al despacho, si usted nos puede anexar el certificado de medicina legal, donde usted
aprobó para ser perito y hacer los prueba con el alcoholsensor. CONTESTO. Si, para antes
del 12 de marzo del presente año. PREGUNTADO. Diga al despacho, si en el momento
que usted fue a practicar la prueba con el alcoholsensor le respetó los derechos
constitucionales al patrullero Pérez y nos explique con sus propias palabras cuales fueron
esos derechos y en que documentos se plasmaron y si nos puede regalar copia original
de la misma. CONTESTO. Si le respecte los derechos constitucionales, yo a él explique el
procedimiento en el cual antes de iniciar el proceso le pregunte si antes había consumido
bebida embriagante manifestó que si, que si había utilizado algún enjuague bucal, quien
manifestó que no, le preguntó que si tenía algún objeto dentro de la boca dulce y dijo que
no, al principio de la prueba le pregunte si aceptaba realizar al prueba de embriaguez y
dijo que si, lo anterior no se plasmó en ningún documento. PREGUNTADO. Diga al
despacho, si usted utilizó la prueba cero en el aire antes de realizar la prueba con el
alcoholsensor, en caso afirmativo nos puede regalar copia de la misma. CONTESTO. No
realice prueba cero en el aire. PREGUNTADO. De acuerdo a su respuesta anterior por
que no realizó la prueba cero, sabiendo que se debe realizar de acuerdo el protocolo para
poder hacer una prueba de embriaguez. CONTESTO. No se realizó ya que el protocolo
siempre se realiza a una persona que va conduciendo un vehículo. PREGUNTADO. De
acuerdo a su respuesta anterior cual es la diferencia de realizar prueba de embriaguez a
un conductor a la prueba con una persona en estado al parecer de embriaguez. CONTESTO. Existe un protocolo, no existe diferencia a cualquiera de los dos se debe
hacer el mismo procedimiento. PREGUNTADO.
Diga al despacho, si la prueba fue con el
mismo equipo por que en la primera arrojó 43 y la otra arrojo 40, toda vez que en las dos
debía arrojar el mismo puntaje. CONTESTO. Cuando no las dos pruebas no concuerdan
se suman y se dividen por 2 y el resultado se multiplica por 0.925 y ese resultado es el
grado de alcohol. EN ESTE ESTADO DE LA DILIGENCIA EL DESPACHO RETOMA LA
MISMA. PREGUNTADO. De acuerdo a su respuesta anterior, cuando manifiesta que solo
existe un solo protocolo y que no se le hizo prueba de aire al patrullero Pérez Ortega, se
podría manifestar que la prueba es irregular. CONTESTO. Si. PREGUNTADO. Diga al
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Demandante: Antonio José Pérez Ortega
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despacho, si tienes algo más que agregar, corregir o emendar a la presente diligencia.
CONTESTO. No.”
2.3.6. Mediante auto del 26 de abril de 2019, la oficina de control disciplinario
interno, decretó como prueba de oficio copia del acta que establezca la prohibición
del consumo de bebidas embriagantes cuando están en servicio o para presentarse
al mismo.
2.3.7. La Inspección General del Departamento de Antioquia, oficina de control
interno, mediante auto del 6 de mayo de 2019, se citó audiencia de procedimiento
al actor por encontrarse los requisitos establecidos en la Leyes 734 de 2002 y 1015
de 2006, que precisó:
LA DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA INVESTIGADA
Modo: El Policial investigado para la fecha de los hechos, se encontraba de servicio en el
municipio de Andes apoyando el servicio de plan cosecha, cuando siendo las 8 de la
mañana le verifican el estado de ánimo para el servicio y se percatan que al parecer estaba
bajo efectos de bebidas embriagantes.
Tiempo: Los hechos materia de estudio, al parecer ocurrieron el día 07 de enero del 2019,
por lo que la norma sustantiva a aplicar será la Ley 1015 de 2006, mientras que la
procedimental será la ley 734 de 2002, con las respectivas modificaciones de la ley 1474
de 2011; las cuales se encontraban vigentes a la fecha de ocurrencia de los hechos,
anotando de igual forma que el investigado se encontraba nombrado en su cargo como
servidor público para esa época.
Lugar: Los hechos habrían tenido ocurrencia en el municipio de Andes (Antioquia),
territorio que por jurisdicción Policial corresponde al Departamento de Policía Antioquia.
En consecuencia, es competente este despacho, para conocer de los mismos con
fundamento en el factor territorial Articulo 49 Ley 1015 de 2006.
(…)
LAS NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
• Normas presuntamente violadas.
Se le endilga al señor Patrullero Antonio José Pérez Ortega, presuntamente haber
vulnerado lo establecido en la Ley 1015 de 2006. Régimen Disciplinario para la Policía
Nacional, título VI, Capítulo I ARTICULO 35 FALTAS GRAVE, NUMERAL 5, que reza.
Presentarse al servicio bajo los efectos de bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia
que produzca dependencia física o psíquica.
Anotando que se predica la presunta vulneración normativa por parte del investigado
únicamente en lo que respecta a la parte subrayada y en negrillas, toda vez, que la
conducta desplegada se limita únicamente a; "Presentarse al servicio bajo los efectos de
bebidas embriagantes". Aclarando que se coloca la totalidad de la norma probablemente
infringida para evitar erróneas interpretaciones por posibles mutilaciones normativas, pero
que se considera al parecer vulnerada únicamente la parte resaltada con subrayas y en
negrillas.
VERBO RECTOR: Presentarse, según la lengua española significa.
1. prnl. Comparecer ante un jefe o autoridad de quien se depende.
• Concepto de la violación.
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Demandante: Antonio José Pérez Ortega
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Al parecer el investigado el día 7 de enero del 2019, cuando se encontraba de apoyo al
plan cosecha en la estación de policía Andes, se presenta al servicio bajo los efectos de
bebidas embriagantes, lo cual genero traumatismo en el servicio de policía, pues en tal
estado no se encontraba en condiciones óptimas para prestar el servicio de policía.
• Modalidad especifica de la conducta.
Con fundamento en el artículo 6º de la Carta Política, los servidores públicos no sólo son
responsables por violación de la Constitución y las leyes, sino también, por omisión o
extralimitación en ejercicio de sus funciones.
Así mismo se debe tener en cuenta el contenido del artículo 27 de la Ley 734 de 2002
"Código Único Disciplinario', que preceptúa: "Las Faltas disciplinarias se realizan por
acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, con
ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones".
Entendido como el modo de ser o manifestarse la conducta; la doctrina ha establecido que
la modalidad de la conducta es "El actuar positivo o negativo en la realización de la
conducta que transgrede el ordenamiento disciplinario, regularmente contraviene los
deberes propios del cargo o de la función que le fuera encomendada al destinatario de la
ley disciplinaria o también la contraviene cuando "con ocasión de ellos, así procede".En
este orden de ideas, el despacho considera que el investigado al parecer infringió la norma
descrita en este cargo por ACCIÓN en el ejercicio de sus funciones, ello en atención a que
el uniformado dirigió y encaminó sus movimientos corporales y su organismo a producir
un resultado evidenciado con el presunto comportamiento ya descrito.
ILICITUD SUSTANCIAL DEL COMPORTAMIENTO
Al parecer existe afectación al deber funcional, en la media que el señor Patrullero
investigado con su comportamiento fue en contravía de la normatividad disciplinaria
vigente, pues por encontrase bajo los efectos de bebidas embriagantes, no pudo prestar
el servicio policial, generando traumatismo y afectación al servicio de policia ya dispuesto.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LOS SUJETOS PROCESALES
A pesar que la indagación preliminar, le fue notificada, el señor patrullero no ha rendido
su versión libre.
LA EXPOSICIÓN FUNDADA DE LOS CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA
DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA
La falta presuntamente vulnerada se encuentra descrita taxativamente, en la Ley 1015
del 2006, Faltas leves en su Artículo 35 numeral 05 "Presentarse al servicio bajo los
efectos de bebidas embriagantes"
EL ANÁLISIS DE LA CULPABILIDAD
(…)
En cuanto a la conducta al parecer desplegada por el señor Patrullero investigado, este
despacho considera que al parecer se produjo a título de DOLO, pues el investigado era
conocedor de sus deberes y responsabilidades como funcionario público y garante de los
derechos de los colombianos, por lo que conocía plenamente que debía presentarse al
servicio en sano juicio y no al parecer bajo los efectos de bebidas embriagantes.
Es pues como basado en lo anterior y entendido el dolo como la representación mental del
resultado de un comportamiento típico y antijurídico, anotando que para su configuración
se hace importante analizar dos elementos básicos que a saber son: cognoscitivo,
elemento donde interviene el conocimiento de la persona con relación a los hechos y a la
conciencia de saber que ello es constitutivo de falta disciplinaria más sin embargo lo
ejecuta y un elemento volitivo que se refiere a la voluntad del acto que pese a saber que
su conducta atenta o contraviene contra disposiciones legales, ejecuta actos que para
materializarlos, lo que presuntamente pudo haber ocurrido en el sub iudice, como quiera
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Demandante: Antonio José Pérez Ortega
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que el investigado al parecer en ejercicio pleno de sus facultades y a pesar de tener un
previo conocimiento por su amplia experiencia y capacitación en su actividad policial,
habría incurrido en el ilícito disciplinario.
Al considerar que el anterior comportamiento estudiado a la luz de los diferentes hechos
que rodearon el caso en concreto contiene elementos característicos v que fundamentan
el dolo disciplinario, lo oportuno para este fallador es calificar provisionalmente el
comportamiento del investigado a título de DOLO.
RESPONSABILIDAD QUE SE ESTIMA LE PUEDE ASISTIR AL INVESTIGADO
Conforme a la calificación provisional de la falta imputada que para el presente caso es
Grave, como la calificación provisional de Dolo; el señor investigado puede estar
presuntamente incurso en responsabilidad disciplinaria al tenor de lo señalado en el
artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, numeral 5, lo cual le trae como consecuencia, para las
faltas gravísimas realizadas con culpa grave o graves dolosas, Suspensión e Inhabilidad
Especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a remuneración, ello con
fundamento en el artículo 39, numeral cuatro de la norma ibídem.
2.3.8. El 20 de mayo de 2019, La Inspección General del departamento de
Antioquia, oficina de control interno, realizó la continuación de la audiencia
disciplinaria en contra del actor, en que se escuchó en declaración a las siguientes
personas:
Testimonio del Intendente Juan Gabriel Ramírez Quintero, que manifestó:
PREGUNTADO. Diga al despacho si usted para el día 7 de enero del 2019, donde se
encontraba laborando. CONTESTO. En la estación de policía andes. PREGUNTADO.
Diga al despacho, cuál era su cargo y que funciona cumplía para ese día. CONTESTO.
Era control de Armerillo. PREGUNTADO. Diga al despacho, si usted formó el día 7 de
enero del 2019, con el personal que recibía segundo turno. CONTESTO. No señor.
PREGUNTADO. Diga al despacho, sin usted se dio cuenta de una novedad que se
presentó ese día con el señor patrullero Antonio José Pérez ortega, en caso afirmativo que
le consta. CONTESTO. Si, que al parecer había llegado en estado de alicoramiento, donde
me llaman para que sea testigo, yo llegue al sitio de formación y la señora Subteniente me
dijo que le sintiera el aliento al funcionario (Pérez), el accedió de manera voluntaria a
soplar, pero no le sentí ningún aliento alicorado, luego me regresé al Armerillo.
PREGUNTADO. Diga al despacho, teniendo en cuenta su respuesta anterior, indique al
despacho cual fue el procedimiento que le hizo al patrullero Pérez para sentirle el aliento
alcohólico. CONTESTO. Me paro al frente de él, el joven accede a soplar en mi nariz, luego
regresé al Armerillo y el patrullero quedó al mando de la subteniente. PREGUNTADO.
Diga al despacho, a que distancia estaba el patrullero Pérez de usted cuando Pérez le
sopla la nariz para que usted determinara si sentía aliento alcohólico. CONTESTO.
Aproximadamente 40 centímetros, a sea menos de medio metro. PREGUNTADO. De
acuerdo a lo que usted ha relatado, diga al despacho, si era viable que el patrullero Pérez
pudiera prestar ese servicio en horas de la mañana. CONTESTO. Si, el hombre se veía
trasnochado, pero con aliento alcohólico no. EN ESTE ESTADO DE LA DILIGENCIA EL
DESPACHO RETOMA LA MISMA PREGUNTADO. Diga al despacho, si el patrullero
Pérez estaba consumiendo algún producto al momento de soplar su nariz. CONTESTO.
No recuerdo, no me fijé en ese detalle. PREGUNTADO. Diga al despacho, como era el
estado de los ojos del patrullero Pérez CONTESTO. No sé, los vi normales, no los tenía
rojos. PREGUNTADO. Diga al despacho, quien había a su lado cuando el patrullero Pérez
le sopla en su nariz. CONTESTO. Nadie. EL ABOGADO SOLICITA LA PALABRA.
PREGUNTADO. Usted ha manifestado que cuando le sopla la nariz no recuerda que
estuviera consumiendo algo, diga al despacho, que aliento le sintió al patrullero Pérez
cuando le sopla la nariz. CONTESTO. Aliento a cañería. PREGUNTADO. Diga al
despacho, si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia.
CONTESTO. No.
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Demandante: Antonio José Pérez Ortega
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A continuación, en la diligencia se escuchó el testimonio del patrullero Jorge Luis
Montes Romero, quien indicó:
PREGUNTADO. Diga al despacho si usted para el día 7 de enero del 2019, donde se
encontraba laborando. CONTESTO. En la estación de policía andes. PREGUNTADO.
Diga al despacho, cuál era su cargo y que funciona cumplía para ese día. CONTESTO.
No recuerdo. PREGUNTADO. Diga al despacho, si usted formó el día 7 de enero del 2019,
con el personal que recibía segundo turno. CONTESTO. Si formé, a las 06:15.
PREGUNTADO. Diga al despacho, sin usted se dio cuenta de una novedad que se
presentó ese día con el señor patrullero Antonio José Pérez ortega, en caso afirmativo que
le consta. CONTESTO. Ese día yo hice segundo turno, la novedad fue en la madrugada.
PREGUNTADO. Diga al despacho, si el patrullero Pérez también recibía servicio de
segundo turno el día 7 de enero del presente año. CONTESTO. No recuerdo.
PREGUNTADO. Diga al despacho, si recuerda que el día 7 de enero del presente año le
habían solicitado que al patrullero Pérez se realizara la prueba de alcoholemia.
CONTESTO. Yo cuando recibí turno observé a la señorita subteniente Daniela con una
agente de tránsito realizando una prueba de alcoholemia al patrullero Pérez.
PREGUNTADO. Diga al despacho, si usted ese día en horas de la mañana había hablado
con el patrullero, y en caso afirmativo le percibió aliento alcohólico CONTESTO. No habló
con él, no había hablo con él. EN ESTE ESTADO DE LA DILIGENCIA EL DESPACHO
RETOMA LA MISMA. PREGUNTADO. Diga al despacho, si el patrullero Pérez si el
patrullero Pérez cuando le estaban realizando la prueba de alcoholemia tenía armamento.
CONTESTO. No tenía armamento, no alcanzó a reclamar. PREGUNTADO. Diga al
despacho, si usted observó que el señor intendente Ramírez quintero se le acercara con
el fin de verificar si el patrullero Pérez tenía aliento alcohólico. CONTESTO. Lo que
observé que la Subteniente Daniela le pidió el favor al señor intendente Ramírez que se
dejara soplar el ojo para saber si tenía alentó alcohólico o no, el patrullero lo hizo, que él
no le sentía aliento alcohólico. PREGUNTADO. Diga al despacho, si tiene algo más que
agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia. CONTESTO. No.
Finalmente, el operador disciplinario escuchó la declaración de la Subteniente
Daniela Ardila Jiménez, quien manifestó:
PREGUNTADO. Diga al despacho, si recuerda si el patrullero Monte Romero José Luis y
el señor intendente Ramírez Quintero se hubieran presentado el servicio del día 7 de enero
del presente año. CONTESTO. Si. PREGUNTADO. Diga al despacho, si recuerda que
servicio iba a prestar el patrullero monte romero y el intendente Ramírez Quintero.
CONTESTO. No recuerdo. PREGUNTADO. Diga al despacho, si usted recuerda haber
llamado al señor intendente Ramírez Quintero para que este le sirviera de testigo en el
procedimiento con al patrullero Pérez donde al parecer el patrullero tenía aliento
alcohólico. CONTESTO. Si. PREGUNTADO. Diga al despacho, si el señor Intendente
Ramírez quintero le pudo percibir aliento alcohólico al patrullero Pérez. CONTESTO.
Ramírez dijo que no le percibía olor. PREGUNTADO. De acuerdo con sus respuestas
anteriores, diga al despacho, porque eso que acaba de decir no lo plasmó en el informe
suscrito 9 de enero del presente año. CONTESTO. Pues yo no coloque nada de eso
porque solo coloque la prueba que se le realizó. PREGUNTADO. De acuerdo con su
respuesta anterior, usted se basó para pasar el informe según el resultado practicado por
la prueba con el alcoholsensor. CONTESTO. Claro, que me base en las pruebas, en el
resultado del alcoholsensor. PREGUNTADO. Diga al despacho, una vez conoce la prueba
con el alcoholsensor, usted observó si el patrullero Pérez fue llevado al hospital para que
allí le hicieran la prueba científica. CONTESTO. No, simplemente con el alcoholsensor.
PREGUNTADO. Diga al despacho, si una persona que tiene los ojos vidriosos quiere decir
que está borracho o en estado de embriaguez. CONTESTO. Yo soy como tal para decir
como tal, pero a mi concepto si, ya que el jefe de información me dio la novedad en la
madrugada. PREGUNTADO. De acuerdo a su respuesta anterior, diga al despacho, a qué
horas se enteró de la novedad y quien se la informó CONTESTO. No, recuerdo a qué
horas me la dio y fue el patrullero mellizo. EN ESTE ESTADO DE LA DILIGENCIA EL
DESPACHO RETOMA LA MISMA. PREGUNTADO. Diga al despacho, si tiene algo más
que agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia. CONTESTO. No.
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Demandante: Antonio José Pérez Ortega
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2.3.9. El 29 de mayo de 2019, la inspección general del departamento de Antioquia,
oficina de control interno, profirió fallo de primera instancia en el cual declaró
disciplinariamente responsable al actor y le impuso suspensión del cargo por el
término de ocho (8) meses.
2.3.10. El 2 de septiembre de 2020, la inspección delegada región seis (6) de la
Policía Nacional, desató el recurso de alzada interpuesto por el actor contra la
decisión de primera instancia, no obstante, al advertir que el fallo de primera no
valoró todos los testimonios, declaró la nulidad del fallo.
2.3.11. En cumplimiento a la decisión proferida por la inspección delegada seis (6),
la oficina de control disciplinario interno de Antioquia, profirió el fallo de primera
instancia mediante el cual declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado al
señor Patrullero ANTONIO JOSE PEREZ ORTEGA y consecuentemente
responsabilizó en materia disciplinaria, imponiéndole la sanción “SUSPENSIÓN E
INHABILIDAD ESPECIAL POR EL TÉRMINO DE OCHO (08) MESES, SIN DERECHO A
REMUNERACIÓN (Numeral 2 del Artículo 39 de la Ley 1015 de 2006). Por encontrarlo responsable,
de haber infringido la norma disciplinaria consagrada en la Ley 1015 de 2006; Numeral 05 del Artículo
35 a título de DOLO, como aparece demostrado, en la forma y términos expuestos en la parte motiva
de la presente decisión”.
2.3.12. El 9 de noviembre de 2021, la inspección delegada región seis (6) de la
Policía de Antioquia, decidió confirmar la decisión de primera instancia por medio
del cual declaró disciplinariamente responsable al actor y lo sancionó con
suspensión e inhabilidad especial por el término de ocho (8) meses.
2.4. Caso concreto.
Antonio José Pérez Arteaga, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho pretende la nulidad de los fallos disciplinarios
proferidos por la inspección general de la oficina de control disciplinario interno del
Departamento Antioquia y la inspección delegada región seis (6) de la Policía,
mediante los cuales le impuso sanción de suspensión e inhabilidad especial por el
término de ocho (8) meses sin derecho a remuneración, por hallarlo responsable de
la falta disciplinaria prevista en la Ley 1015 de 2006; numeral 05 del artículo 35
calificada a título de dolo.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, negó las pretensiones al estimar que, en la
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Demandante: Antonio José Pérez Ortega
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etapa de la indagación preliminar se valoró la prueba de alcoholemia que una
primera toma arrojó 43 mg/100ml y la segunda dio como resultado 40 mg/100 ml
(alcohol en sangre); además, existen otros elementos probatorios, entre ellos,
testimoniales en las que afirman que el actor se presentó al servicio en estado de
alicoramiento.
Inconforme con la decisión, el actor presenta recurso de apelación, manifestando
que, en la actuación disciplinaria se presentó violación al debido proceso por falta
de valoración integral de las pruebas que demuestran una duda razonable a su
favor.
Considera el actor que la prueba de alcoholemia no cumplió con los procedimientos
técnicos y documentales exigidos por las normas, dado que, se presentó ausencia
del acta de consentimiento, lo que compromete su validez como soporte de la
sanción disciplinaria y de los testimonios que declararon en su contra.
Es importante señalar que, la valoración probatoria decretada y practicada en el
proceso sancionatorio, es primordial con el fin de determinar o no la responsabilidad
en este caso del sancionado; por lo tanto, el estudio de las pruebas es imperioso
por parte del juez contencioso administrativo en el ejercicio del control integral,
conforme lo señaló está Corporación en sentencia del 16 de julio de 2020, que
dispuso:
«En la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, referida en el acápite de las cuestiones previas a resolver en esta
sentencia, se definió que la interpretación normativa y la valoración probatoria hechas
en sede disciplinaria son controlables judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
De esta manera, la integralidad que se predica del control de legalidad que ejerce esta
jurisdicción especializada, sobre las decisiones sancionatorias, debe entenderse en el
sentido de que el operador judicial se encuentra plenamente investido de la facultad de
evaluar la situación fáctica y jurídica sometida a su estudio, sin ninguna restricción, toda
vez que solo a partir de una ponderación objetiva y razonable de los medios de prueba
puede decirse que el acto administrativo de carácter disciplinario se encuentra
debidamente motivado.»
En ese orden de ideas, la Sala procederá a examinar los elementos de convicción
que obran en el expediente, con el fin de determinar si se encuentra demostrada
una vulneración al debido proceso probatorio, si existe duda razonable y si la
sanción impuesta resulta desproporcionada frente a la conducta atribuida.
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Demandante: Antonio José Pérez Ortega
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
En el proceso disciplinario se encuentra la copia de la minuta de la población de la
estación de los Andes, en la que quedo registrado en la anotación del 7 de enero
de 2019, lo siguiente:
“A esta hora y fecha se deja constancia de que hace presencia en las instalaciones
policiales el señor patrullero Pérez Antonio José Alberto, al apoyo plan cosecha en traje
de civil, al parecer en estado de embriaguez por tal motivo se le informa a la señorita
subteniente Daniela Ardila Jiménez y al señor capitán Franklin Antonio Salamanca
Pérez para el conocimiento en tiempo real sin novedad especial Pr Mellizo H Jesús se
le da información de la Estación de Policía Andes a esta hora y fecha el señor patrullero
Antonio José Pérez Ortega, identificado con número de cédula 1.007.584.420, placa
policial 185666, el cual se encontraba de apoyo a plan cosecha en este Municipio (…)
También obran las declaraciones recibidas en el proceso disciplinario que dan
cuenta que el actor se presentó al servicio policial en estado de embriaguez. De ello
podemos destacar lo atestado por la Subteniente Daniela Ardila Jiménez cuando
afirmó: “que le percibió al señor patrullero aliento alcohólico (…)” y que tenía los “ojos vidriosos”;
en ese mismo sentido, declaró el patrullero Jesús Efrén Mellizo Hidalgo, cuando
indicó que al patrullero demandante se le sentía aliento alcohólico y se tambaleaba
en ciertos momentos. Asimismo, la señora Janey Hernández Barrera, manifestó que
al joven se le sentía el olor a alcohol.
Ahora bien, el actor considera que con el solo testimonio del señor Juan Gabriel
Ramírez Quintero, quien indicó que no lo percibió en estado de alicoramiento, sin
embargo según se puede apreciar en el expediente existen tres declaraciones que
coinciden con lo contrario, aunado de la prueba documental contenida en la minuta
de la población de la estación de los Andes, documento auténtico que da certeza
de la persona que lo ha elaborado y de los hechos en el indicados sin que fuera lo
tachado de falso.
Igualmente, el recurrente centra su inconformidad con la valoración de la prueba del
alcohosensor que arrojó un resultado en su contra. Es así, que en la primera toma
el registro fue de 43 mg/100ml y en la segunda dio como resultado 40 mg/100 ml
(alcohol en sangre), empero sus reproches a esta prueba no pasan de simples
aseveraciones luego que no logró demostrar irregularidades en su práctica, por
cuanto cumplió con el consentimiento informado y las exigencias establecidas en el
reglamento establecido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
Número Interno:5374-2024
Demandante: Antonio José Pérez Ortega
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
En ese sentido, se resalta que, en el fallo disciplinario de segunda instancia, también
se refirió sobre esta inconformidad, así:
“(…) dado que la declarante da una apreciación errada al indicar que la prueba de
alcoholimetría tomada por ella es irregular por omitir un requisito previo, pero que como ya
advirtió este Despacho no es así, pues la reglamentación vigente permite demostrar que
la prueba cumplió con el lleno de los requisitos legales para su validez. En ese sentido, lo
que corresponde es tomar la parte del testimonio a la cual no se está faltando a la verdad
y desechar la parte con la cual se falta a ésta, lo cual no implica ninguna irregularidad en
la valoración de la prueba, tal y como lo ha citado la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia "De acuerdo con el sistema de valoración probatoria consagrado en la ley, el
deber del juzgador de apreciaren su totalidad el conjunto probatorio no puede oponerse a
la facultad que tiene de desestimar todo aquello que no le dé certeza de lo que en el
proceso se pretende probar.Por ello es completamente viable que en ese ejercicio tome
solo una porción del testimonio y deseche lo demás, sin que se puedan elevar a la
categoria de errores de apreciación probatoria los juicios del sentenciador a través de los
cuales establece el mérito de los elementos que sustentan el fallo, salvo que se preterida
demostrar que las conclusiones a las que llegó no son acordes a la sana crítica, único,
postulado al que está sometido para efectos de la apreciación probatoria".
Así las cosas, la prueba de alcoholimetría fue debidamente incorporada al proceso
y se reitera cumpliendo con las guías del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, de conformidad con lo previsto en la Ley 938 de 2004, tal como
indicó, el fallo de primera instancia.
En esas consideraciones, está debidamente acreditado - de acuerdo con las
declaraciones de sus superiores y compañeros de trabajo que estuvieron en el lugar
de los hechos, y con la prueba de alcoholemia debidamente constatada - que el
patrullero Pérez Ortega se presentó a prestar el servicio policial en estado de
embriaguez el día 7 de enero de 2019. De manera que no existe duda sobre la falta
por él cometida, sin que se evidencie violación alguna en la valoración probatoria ni
duda razonable a su favor. Por lo tanto, estos cargos serán despachados de forma
desfavorable.
Finalmente, el argumento expuesto en la alzada cuando señala que la sanción fue
desproporcionada y solo debió ser correctiva, no obstante, del análisis normativo de
la conducta realizada por el disciplinado, se tiene que, esta se encuentra regulada
en el artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, numeral 5, que establece por este tipo de
conductas tienen un reproche de suspensión e inhabilidad especial entre seis (6) y
doce (12) meses, sin derecho a remuneración. Así las cosas, el correctivo
disciplinario impuesto al actor fue de ocho (8) meses, el cual se encuentra dentro
del parámetro normativo y por ende cumplió el principio de proporcionalidad de la
sanción, razón suficiente para denegar este cargo y en su lugar, se procederá por
Número Interno:5374-2024
Demandante: Antonio José Pérez Ortega
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
la Sala a confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda.
2.4. Condena en costas.
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dichas
normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No
es suficiente el simple resultado adverso del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de la parte
accionante a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto,
se abstendrá de hacerlo en esta sede.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia del 8 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó
las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda del
señor Antonio José Pérez Ortega, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Número Interno:5374-2024
Demandante: Antonio José Pérez Ortega
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente en comisión Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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