Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2023-00297-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2023-00297-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2023-00297-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2023-00297-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00297-01 (5749-2024)
Demandante: Rosalba De Jesús Quiros De Buitrago y otra.
Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio-Municipio de Medellín-
Secretaría de Educación Municipal-Fiduprevisora.
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que declaró no probada
la excepción de pago propuesta por el Fomag y ordenó
continuar con la ejecución.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia. El Fomag no
acreditó el pago total de la obligación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se declararon no probadas las excepciones y se ordenó seguir adelante
con la ejecución conforme lo ordenado en el mandamiento de pago del 16 de enero de
2023.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se presentó demanda ejecutiva contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (Fomag) con el propósito de obtener el cumplimiento de las sentencias
proferidas el 19 de diciembre de 20161 y el 17 de junio de 2021, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado respectivamente, dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se solicitó el reconocimiento
y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de las demandantes con ocasión al
fallecimiento de Jesis Ángel Buitrago Muñoz.
2. Como pretensiones se solicitó el pago de: (i) $153.169.504 por el valor del retroactivo
resultante del reajuste; (ii) la indexación de valores adeudados; (iii) de los intereses
moratorios DTF y comercial generados a partir de la ejecutoria. Art. 192 CPACA.
1
Adicionada mediante providencia del 24 de abril de 2017.
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00297-01 (5749-2024)
Ejecutante: Rosalba De Jesús Quiros De Buitrago y otra.
3. Se indicó que el 26 de noviembre de 2021, solicitaron el pago de la pensión de
sobrevivientes, las agencias en derecho y la indexación de los intereses moratorios y que
la entidad demandada, mediante la Resolución No.202250012472 del 10 de febrero de
2022, ordenó el pago de la pensión reconocida mediante sentencia judicial. No obstante,
aseguran que la mesada pensional fue mal liquidada por lo que presentaron solicitud de
reliquidación de la asignación básica mensual, la cual, les fue negada.
Trámite en primera instancia
4. Mediante auto de 16 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia libró
mandamiento de pago a favor de las demandantes y en contra de las demandadas por
las siguientes sumas:
i) Por la suma de $ 2.115.856 por concepto de costas ordenadas en la sentencia
que constituye el título ejecutivo.
ii) Por los intereses comerciales moratorios causados desde el 29 de junio de
2021 y hasta el 29 de septiembre de 2021, reanudándose el conteo el 26 de
noviembre de 2021 y hasta el pago total de la obligación.
Contestación de la demanda
5. El Fomag formuló la excepción de pago y sostuvo que la obligación se extinguió porque
acató la sentencia base de ejecución mediante la expedición de acto administrativo de
cumplimiento y la realización del pago de la suma reconocida a la ejecutante.
6. Respecto al pago de costas, sostuvo que se realizó un pago inicial ordenado a través
de la Resolución No. 12472 del 10 de febrero de 2022, por un valor de $2.343.033 y que,
además, se efectuó un pago posterior por el valor de $1.367.229, también por concepto
de costas procesales a favor de la señora María Esperanza Bedoya Murillo, ordenado
mediante la Resolución No. 200006 del 25 de noviembre de 2022. Con ese argumento,
pidió declarar probada la excepción de pago total por satisfacción íntegra de lo debido, y
advirtió que un nuevo cobro incrementaría de forma injustificada erogaciones que
afectarían la sostenibilidad de los recursos de la entidad accionada.
7. También propuso la excepción de prescripción de la obligación y solicitó que el
despacho verificara si la acción ejecutiva se encontraba extinguida por el transcurso del
término legal, con fundamento en el artículo 2536 del Código Civil (modificado por el
artículo 8 de la Ley 791 de 2002), al señalar el término de cinco (5) años para la acción
ejecutiva.
8. Finalmente, planteó la excepción genérica o innominada y pidió que se declarara
probada cualquier excepción que resulte acreditada con el material probatorio y los
hechos demostrados en el proceso.
2
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00297-01 (5749-2024)
Ejecutante: Rosalba De Jesús Quiros De Buitrago y otra.
II. SENTENCIA APELADA
9. El Tribunal Administrativo de Antioquia precisó que, cuando se ejecutan obligaciones
contenidas en una providencia judicial, la parte ejecutada solo puede proponer las
excepciones taxativamente previstas para ese evento (artículo 442 del CGP), y, en el
caso concreto, delimitó su estudio a las excepciones de pago y prescripción formuladas
por el Fomag.
10. Para establecer el estado del crédito, la Sala contrastó los valores reconocidos y
pagados por la entidad con la liquidación obrante en el expediente y verificó los pagos
acreditados en el mandamiento de pago. En particular, constató que la entidad reportó
un pago de $146.231.598 y que, sin incluir costas, el capital e intereses ascendían a
$144.637.192; adicionalmente, revisó los rubros cancelados por costas y agencias en
derecho (entre ellos, el reconocimiento de $1.367.229 mediante Resolución 20006 del 25
de noviembre de 2022) y advirtió que, aun si se suman esos abonos, no se satisfizo la
totalidad de la obligación, por lo que subsistía un saldo de $2.115.856, el cual fue
detallado en el mandamiento de pago.
11. Con fundamento en esa verificación, el Tribunal concluyó que el pago acreditado por
la entidad fue insuficiente para extinguir la totalidad de la obligación, pues después de
imputar lo abonado permaneció el mencionado saldo a favor de las ejecutantes. En
consecuencia, declaró no próspera la excepción de pago, y también negó la prescripción
al considerar que la demanda ejecutiva se presentó dentro del término (exigibilidad a los
diez (10) meses del artículo 192 del CPACA y término de cinco (5) años del artículo 2536
del Código Civil y del artículo 164(k) del CPACA), dado que la ejecutoria fue el 29 de junio
de 2021, la exigibilidad se cumplía el 30 de abril de 2022 y la demanda se radicó el 6 de
marzo de 2023.
12. Finalmente, ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento
de pago del 16 de enero de 2023 y precisó que el saldo pendiente ascendía a $2.115.856.
Además, indicó que los intereses moratorios se causaban desde el 29 de junio hasta el
29 de septiembre de 2021, reanudándose desde el 26 de noviembre de 2021 y hasta el
pago total, ordenó presentar la liquidación actualizada del crédito dentro de los diez (10)
días siguientes (artículo 446 del CGP) y se abstuvo de condenar en costas a la entidad
ejecutada.
III. RECURSO DE APELACIÓN
13. La entidad ejecutada (Nación, Ministerio de Educación, Fomag) apeló la sentencia
del 30 de agosto de 2024 en cuanto (i) declaró no prósperas sus excepciones y (ii) ordenó
seguir adelante la ejecución conforme al mandamiento de pago del 16 de enero de 2023.
Reiteró que la providencia debía revocarse porque la obligación ya se encontraba
satisfecha y no existía saldo exigible.
14. Como eje del recurso, insistió en la excepción de pago y sostuvo que la entidad
cumplió su obligación mediante el acto administrativo de cumplimiento y el pago efectivo
de la suma reconocida a las ejecutantes. Afirmó que, según las pruebas obrantes, la
3
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00297-01 (5749-2024)
Ejecutante: Rosalba De Jesús Quiros De Buitrago y otra.
Resolución 12472 del 10 de febrero de 2022 fue incorporada en nómina (22 de abril de
2022) y pagada (25 de abril de 2022), por lo que la obligación principal se extinguió.
15. Señaló que, antes de librar el mandamiento de pago, el Tribunal remitió el expediente
a contador liquidador, quien rindió informe el 19 de diciembre de 2023 y concluyó que se
cubrieron las mesadas ordenadas, su indexación y los intereses, y quedó únicamente un
saldo por concepto de costas. Con base en ello, destacó que el propio mandamiento se
limitó a librarse por (a) $2.115.856 por costas y (b) intereses comerciales moratorios en
los periodos allí definidos, lo que, a su juicio, evidenciaba que no había discusión
pendiente sobre la liquidación de la mesada en sede ejecutiva.
16. Agregó que el Tribunal verificó el valor de la mesada y concluyó que la pensión fue
liquidada adecuadamente en la Resolución 12472 de 2022, de modo que, cualquier
inconformidad sobre factores o cuantificación debía ventilarse en un proceso diferente y
no en la ejecución. Además, indicó que se realizaron pagos por costas (incluyó referencia
a un pago inicial por $2.343.033 y a un pago posterior mediante la Resolución 20006 del
25 de noviembre de 2022, por un total de costas procesales de $1.367.229, discriminado
en agencias en derecho y gastos del proceso).
17. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
dictar una decisión que reconozca el cumplimiento y descarte la continuidad de la
ejecución.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. Mediante auto proferido el 13 de febrero de 2025, se admitió el recurso de apelación.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
19. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.
Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala determinar si, se debe declarar probada la excepción de pago
total de la obligación propuesta por la entidad ejecutada y, en consecuencia, revocar la
sentencia del 30 de agosto de 2024, o si, por el contrario, se encuentra acreditada la
4
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00297-01 (5749-2024)
Ejecutante: Rosalba De Jesús Quiros De Buitrago y otra.
subsistencia de un saldo pendiente (por costas procesales) que impone mantener la
decisión de seguir adelante la ejecución.
Análisis del problema jurídico
21. La Sala confirmará la decisión apelada, porque los argumentos de la apelación de la
entidad ejecutada (Fomag) no permiten desvirtuar el presupuesto central de la
providencia recurrida: la subsistencia de un saldo insoluto por concepto de costas,
establecido en primera instancia en el mandamiento de pago, el cual, delimitó la ejecución
al rubro de costas que se estimó pendiente, por un valor de $2.115.856.
22. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.2
23. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.
24. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.
25. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino también
los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas del
retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado que el pago
efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce efecto liberatorio
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-
23-42-000-2021-00111-01 (2853-2024)
5
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00297-01 (5749-2024)
Ejecutante: Rosalba De Jesús Quiros De Buitrago y otra.
si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no se tiene por
totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.3
26. En el caso concreto, el marco de la obligación quedó definido desde el mandamiento:
el Tribunal libró mandamiento de pago únicamente por costas, al establecer que (tras la
verificación contable y la imputación de abonos), subsistía un saldo a cargo de la
ejecutada y a favor de las ejecutantes. Esa delimitación definió el alcance del crédito
ejecutivo en esta fase y concentró la controversia en si ese saldo fue o no satisfecho.
27. Por ello, para que prosperara la excepción de pago y se revocara la decisión de seguir
adelante con la ejecución, el Fomag debía demostrar que el valor determinado como
insoluto por costas se extinguió íntegramente, esto, con un soporte que permitiera
confrontar, en términos de imputación y destinatarios, lo pagado frente a lo que el
mandamiento identificó como pendiente.
28. En la apelación, la ejecutada afirma, que se efectuaron pagos por costas en cuantías
que, a su juicio, cumplirían completamente con la obligación: alude a un pago por costas
a través de la Resolución 12472 de 10 de febrero de 2022 por $2.343.033 y a un pago
adicional mediante la Resolución 20006 de 25 de noviembre de 2022 por $1.367.229.
Con base en ello solicita revocar la sentencia.
29. No obstante, esa argumentación no se ocupa de refutar el presupuesto cuantitativo
del mandamiento y de la sentencia: la determinación del saldo por costas provino de una
comprobación contable con imputación de pagos y concluyó en la cifra concreta de
$2.115.856 como remanente. En consecuencia, el recurso no ofrece una demostración
puntual de por qué, bajo esa misma lógica de imputación, el saldo quedaría en cero.
30. La carga probatoria de la excepción de pago no se satisface con la sola referencia a
resoluciones o con afirmaciones genéricas de “cumplimiento”: se requiere acreditación
documental para establecer que el saldo por costas establecido en el mandamiento y
reiterado por la sentencia fue pagado en su totalidad. Al no cumplirse ese estándar, la
obligación permanece exigible en lo que respecta a ese saldo.
32. Al no prosperar la inconformidad de la ejecutada, la Sala confirmará la sentencia del
30 de agosto de 2024, mantendrá la declaratoria de no prosperidad de la excepción de
pago y conservará la orden de seguir adelante la ejecución por el saldo insoluto de costas
determinado en primera instancia, conforme al alcance dado en el mandamiento de pago.
Costas en segunda instancia
33. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
3 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp. 25000-
23-36-000-2019-00141-02.
6
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00297-01 (5749-2024)
Ejecutante: Rosalba De Jesús Quiros De Buitrago y otra.
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
34. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
35. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
30. En consecuencia, se impondrán costas al extremo ejecutado, por cuanto se negaron
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas al extremo ejecutado por las razones expuestas en
la presente providencia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
7
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00297-01 (5749-2024)
Ejecutante: Rosalba De Jesús Quiros De Buitrago y otra.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.