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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00822-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00822-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 4 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Oralidad, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.3.3. de la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 05001-23-33-000-2023-00822-01 Accionante: William Yeffer Vivas Lloreda Accionados: Ministerio de Defensa – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2023-00822-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

2 de noviembre de 2023

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00822-01
Accionante: William Yeffer Vivas Lloreda
Accionados: Ministerio de Defensa – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00822-01
Accionante: WILLIAM YEFFER VIVAS LLOREDA – PERSONERO
DISTRITAL DE MEDELLÍN
Accionados: MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÁ

Temas: Improcedencia de la acción de cumplimiento por existir
controversia en cuanto a la constitucionalidad y legalidad del
acto administrativo que contiene la disposición que se
pretende se ordene acatar

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor William Yeffer Vivas
Lloreda contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Quinta de Oralidad, el 4 de octubre de 2023, que declaró improcedente el
medio de control.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

1. El señor William Yeffer Vivas Lloreda, actuando en calidad de Personero
Distrital de Medellín, ejerció acción de cumplimiento contra el Ministerio de
Defensa – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con el fin de que se acate el
numeral tercero de la Orden de Policía N.º 478 del 14 de octubre de 2022,
expedida por los inspectores de Policía del Centro de Resolución de
Comparendos CRC del Distrito de Medellín.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: William Yeffer Vivas Lloreda
Accionados: Ministerio de Defensa – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Se ordene a la Policía Nacional MEVAL valle de aburra – cumpla la
orden 478 del 14 de octubre del año 2022, emitida por el Centro de Resolución
de Comparendos de Medellín: “por medio de la cual se declara el decaimiento de
unas medidas correctivas y se inaplican unas órdenes de comparecencia y no se
impone multa – radicado theta 2-26004-22 y ejecute las des anotaciones y cierres
en el RNMC – Registro Nacional de Medidas Correctivas”

SEGUNDO: Se exhorte a la institución renuente a que se abstenga de incurrir en
el desacato de lo ordenado, por las autoridades competentes en ejercicio de sus
funciones constitucionales y legales y cumpla de manera total lo ordenado para
todos los ciudadanos a los que hace mención la orden.1

1.2. Hechos probados y/o admitidos

3. Los inspectores de policía2 del Centro de Resolución de Comparendos
CRC del Distrito de Medellín expidieron la Orden de Policía N.º 478 del 14 de
octubre de 20223, que resolvió:

PRIMERO: NO IMPONER a los ciudadanos enunciados en el anexo 1
(descargado del Registro Nacional de Medidas Correctivas) que hace parte de
esta Orden de Policía, la multa general tipo 4 de que trata el artículo 35 numeral
2 de la ley 1801/2016, en razón a los comparendos con números de expediente
que aparecen en el referido anexo 1, por lo expresado en la parte motiva de esta
decisión.

SEGUNDO: Declarar la inexigibilidad de la medida correctiva de participación en
actividad pedagógica o comunitaria de convivencia del artículo 175 de la Ley
1801 de 2016, por decaimiento de las medidas correctivas impuestas en los actos
correccionales expedidos por el personal uniformado.

TERCERO: ORDENAR a la POLICIA NACIONAL que proceda a realizar el
descargue y la des anotación en la plataforma del Registro Nacional de
Medidas Correctivas de los comparendos impuestos a los ciudadanos
enunciados en el anexo 1 que hace parte de esta Orden de Policía, por lo
expresado en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: Esta decisión de notificará conforme al artículo 70 de la ley 1437 de
2011, mediante el registro en el Registro Nacional de Medidas Correctivas y se
Comunicará a la Policía Nacional y al Ministerio Público en los términos de ley.4
(Negrita propia del texto)

4. El 25 de noviembre de 2022, la Personería Distrital de Medellín elevó
petición ante la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con el fin de que:

1 Se transcribe textualmente incluso con errores.
2 Claudia Esledy Castrillón Ochoa, Lina María Agudelo Agudelo y César Arturo Arango Álzate.
3 Por medio de la cual se declara el decaimiento de unas medidas correctivas y se inaplican unas

órdenes de comparecencia y no se impone multa radicado theta 2-26004-22.
4
Se transcribe textualmente incluso con errores.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Por medio de la presente esta agencia del Ministerio Publico acude ante ustedes
muy comedidamente, con el fin de solicitarles que teniendo en ceunta la orden
de policía No. 478 del 14 de octubre de 2022 por medio de la cual se declaró el
decaimiento de unas medidas correctivas y se inaplican unas ordenes de
comparecencia y no se impone multa radicado THETA 2-26004-22. Por el
Inspector de Policía Urbano de Primera Categoría. Con base a lo ordenado en el
numeral tercero que dicta:

[…]

Se proceda con el cumplimiento de la orden emitida, descargando las medidas
correctivas de la plataforma de Registro Nacional a todos y cada uno de los
ciudadanos que fueron objeto de imposición de comparendos en el marco de la
pandemia Covid 19. Como también se permitan bajar del Sistema todos los
comparendos resueltos por los Inspectores de Policía. Lo anterior con
fundamento a las atribuciones otorgadas al Ministerio Publico Municipal y Distrital
Por el Artículo 211, de la Ley 1801 de 2016, así:5

5. El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante
Oficio GS-2022-283349-MEVAL del 5 de diciembre de 2022, contestó el
requerimiento, en los siguientes términos:

Con relación a la solicitud antes relacionado, de manera atenta y respetuosa me
permito informarle que, por parte de la Policía Nacional, mediante comunicación
oficial GS-2022-258673-MEVAL de fecha 01/11/2022, se realizó una solicitud
Revocatoria Directa sobre la orden de policía No 478 y solicitud de medida
cautelar del efecto suspensivo de la orden de policía, a la Alcaldía de Medellín,
quienes nos indicaron que el día 07/12/2022 nos brindarán respuesta con relación
a la solicitud de Revocatoria Directa presentada por esta entidad.

De acuerdo a la anterior, me permito indicarle que, por parte de la Policía
Nacional, no se procederá a realizar la descarga de las medidas correctivas del
Sistema de Registro Nacional RNMC, HASTA QUE NO SE TENGA UNA
RESPUESTA POR PARTE DE LA Alcaldía de Medellín, referente a la solicitud
de Revocatoria Directa con radicado GS-2022-258673-MEVAL.6

1.3. Actuaciones procesales relevantes

6. La togada sustanciadora del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Quinta de Oralidad, mediante auto del 29 de agosto de 2023, admitió la demanda
y ordenó notificar al Ministerio de Defensa – Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá y al Ministerio Público.

7. Además, requirió al demandante para que aportara la documentación para
acreditar su calidad de Personero Distrital de Medellín.

5 Se transcribe textualmente incluso con errores.
6 Se transcribe textualmente incluso con errores.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1.3.1. Contestación de la demanda

8. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de apoderada, se
opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que no ha trasgredido ninguna
garantía fundamental.

9. Expuso el marco normativo expedido con ocasión de la emergencia
sanitaria declarada por el contagio a gran escala del virus SARS-CoV-2 -Covid
19- y la facultad de los funcionarios de la Policía Nacional de imponer medidas
correctivas y multas, en ese momento.

10. Precisó que la «figura del decaimiento» consagrada en el artículo 91 de la
Ley 1437 de 2011 no era aplicable a la controversia, debido a que no se cumplía
con los presupuestos descritos en la referida norma.

11. Agregó que:

Incurre en un error el Señor Personero, lo mismo que quienes expidieron la Orden
de Policia 478 de 2022, pues si bien hoy NO SUBSISTEN LAS RAZONES DE
HECHO Y DE DERECHO que originaron la aplicación de las medidas correctivas,
si estaban vigentes al momento de su imposición, y que hoy no se esté en
pandemia, o no existan decretos que regulen conductas prohibitivas como las
adoptadas en dicha época, no hace que desaparezcan “las razones de hecho y
de derecho en que se fundamentaron las sanciones, y por sustracción de materia
NO HAY DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO y no converge la causal
invocada.

(…)

Sin embargo, dicho acto deviene abiertamente inconstitucional, por cuanto el
funcionario que profirió el mismo excedió sus competencias y por tanto la policia
Nacional está en la facultad de Inaplicar por Inconstitucional la orden impartida.7

12. Por otra parte, sostuvo que la acción de cumplimiento era improcedente,
debido a que no se aportó prueba de que se hubiera constituido en renuencia a
la entidad indicándole de manera expresa cuál era la norma que estaba llamada
a cumplir.

13. Además, sostuvo que en realidad lo que se buscaba era que se modificara
las situaciones jurídicas de carácter particular y concreto de las personas a las
que se les impuso medidas correctivas.

14. En ese sentido, consideró:

7
Se transcribe textualmente incluso con errores.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: William Yeffer Vivas Lloreda
Accionados: Ministerio de Defensa – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Bajo las anteriores premisas resulta claro no sólo que el documento que se refiere
como prueba de renuencia no determinó el acto administrativo que se alude
“incumplido”, pero además para el caso concreto tampoco converge la causal de
imposibilidad de que el afectado acuda a “instrumento judicial” para lograr el
efectivo cumplimiento del deber jurídico omitido, pues se trata en este caso de
situaciones administrativas que involucran a diferentes personas -infractores

15. Por último, manifestó que no existió un comportamiento irregular por parte
de los miembros de la Policía Nacional cuando se sancionó a los ciudadanos
infractores, toda vez que se garantizó su derecho fundamental al debido proceso
y las actuaciones de los servidores públicos estuvieron dirigidas a que se
cumplieran las medidas que se adoptaron para mitigar el contagio.

16. En cuanto a las pruebas, solicitó que se decretara el testimonio del señor
Juan David Palacio, en su calidad de coordinador de Región 6 de Policía, con el
fin que declarara «sobre los hechos de la presente acción y su contestación».

17. Así las cosas, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda.

1.3.2. Auto que decreta pruebas

18. La magistrada ponente de primera instancia, mediante auto del 18 de
septiembre de 2023, decretó e incorporó las pruebas documentales aportadas,
negó la práctica del testimonió solicitado y de oficio, dispuso:

El Despacho considera útil, pertinente y conducente, OFICIAR al CENTRO DE
RESOLUCION DE COMPARENDOS CRC de la Subsecretaria de Gobierno
Local y de Convivencia de Medellín para que dentro de los TRES (03) DÍAS
SIGUIENTES al oficio que para el efecto se le remita, allegue copia del Anexo 01
que hace parte de la Orden de Policía No. 478 del 14 de octubre de 2022, por
medio de la cual se declara el decaimiento de unas medidas correctivas y se
inaplican unas órdenes de comparecencia y no se impone multa radicado THETA
2-26004-22. (Negrita propia del texto)

1.3.3. Fallo de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Oralidad,
mediante sentencia del 4 de octubre de 20238, declaró improcedente la acción
de cumplimiento al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

Como se definió en acápite previo, la Orden de Policía No. 478 es un acto
administrativo de carácter particular, en el que se extingue o modifica la situación
jurídica de los infractores determinados en el Anexo No. 1, que hace parte del
acto administrativo, con respecto a la aplicación de las medidas correctivas
impuestas por la Policía Nacional.

8 La sentencia del 4 de octubre de 2023 se notificó por correo electrónico enviado ese mismo día

a las 4:35 p. m.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: William Yeffer Vivas Lloreda
Accionados: Ministerio de Defensa – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

La pretensión del presente medio de control está dirigida a que la Policía Nacional
actúe conforme al numeral tercero del acto administrativo, esto es, que proceda
a realizar la des anotación y descargue en la plataforma de Registro Nacional de
Medidas Correctivas de los comparendos impuestos a los ciudadanos enlistados
en el Anexo 1.

Así las cosas, es claro que, cada uno de los infractores que hacen parte del Anexo
1, quienes se benefician de la decisión adoptada mediante el acto administrativo
de carácter particular, pueden acudir a los medios de defensa administrativos o
judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico para hacer efectiva dicha
pretensión.

Adicionalmente, en este caso no se evidencia que, de no asegurarse la efectiva
ejecución de los actos particulares y concretos radicados en cada uno de ellos,
se pueda derivar en un “perjuicio grave e inminente”.

En consecuencia, la acción se debe declarar improcedente ante la posibilidad
que tienen los infractores contenidos en el Anexo 1 del acto administrativo
particular, de acudir a otros instrumentos judiciales para adelantar su pretensión,
sin que la Sala, además, advierta la existencia de un perjuicio irremediable que
permita superar esta exigencia de procedibilidad.9

1.3.3. Impugnación

20. El señor William Yeffer Vivas Lloreda10, se opuso al fallo de primera
instancia, al considerar que es «meramente técnico» e incurre en un «exceso
ritual manifiesto».

21. Precisó que no se analizó la competencia que le asignó la Constitución y
la Ley a los personeros y lo que la jurisprudencia ha determinado en cuanto al
alcance del artículo 4 de la Ley 393 de 1997.

22. Indicó que no se tuvieron en cuenta «los derechos en juego como el debido
proceso, el buen nombre, el mínimo vital y la confianza legítima» de las personas
que han sido objeto de «represión estatal» y las consecuencias de la vigencia de
las sanciones que se les impusieron, que finalmente resultaban lesivas para las
garantías superiores de los ciudadanos.

23. Manifestó que los personeros municipales están facultados para ejercer la
acción de cumplimiento y, en consecuencia, goza de legitimación en la causa por
activa, de conformidad con los artículos 275 de la Constitución, 169 y 178 de la
Ley 136 de 1994 y 211 de la Ley 1801 de 2016.

9
Se transcribe textualmente incluso con errores.
10 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 26 de la Ley 393 de

1997 -3 días siguientes a la notificación del fallo, comoquiera que la sentencia de primera
instancia se notificó electrónicamente el miércoles 5 de octubre de 2023 y el escrito de oposición
se radicó el lunes 9 de octubre de 2023.

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24. Transcribió apartes de la sentencia de la Corte Constitucional C-158 de
1998 relacionados con el alcance del artículo 4 de la Ley 393 de 1997, para
asegurar que «los Servidores Públicos pueden y deben ejercer la acción de
cumplimiento cuando están de por medio los derechos y garantías fundamentales
de los ciudadanos».

25. Sostuvo que no era «razonable enviar a miles de ciudadanos a que ejerzan
acciones ordinarias o de tutela» con el fin de que defendieran sus derechos y que
le correspondía al juez proteger las garantías superiores de las personas, sin
acudir a «miradas instrumentales o formalistas».

26. En ese orden de ideas, pidió que se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se reconociera que se constituyó en renuencia a la
entidad demandada, que el Ministerio Público está facultado para ejercer le
mecanismo constitucional de la referencia y que se debía dar cumplimiento a la
Orden de Policía N.º 478 del 14 de octubre de 2022.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para resolver la impugnación que presentó el
señor William Yeffer Vivas Lloreda contra el fallo dictado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Oralidad el 4 de octubre de 2023,
de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997,
125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 201111, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de
la Sección Quinta de la corporación para conocer de las «apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en lasacciones de cumplimiento».

2.2. Problemas jurídicos para resolver en la presente acción de
cumplimiento

28. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia proferida el 4 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Quinta de Oralidad, que declaró improcedente la acción de
cumplimiento. Para lo cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes
problemas jurídicos:

11 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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(i) ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad
encargada de acatar el numeral tercero de la Orden de Policía N.º 478
del 14 de octubre de 2022?

(ii) ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento?

29. De ser afirmativas las respuestas, se deberá resolver el siguiente
interrogante:

(iii) ¿Debe ordenarse al comandante de la Policía Metropolitana del Valle
de Aburra que cumpla con el numeral tercero de la Orden de Policía
N.º 478 del 14 de octubre de 2022?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

30. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará (i) la
naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) la renuencia; (ii) los requisitos de
procedencia; y, de superarse lo anterior, (iv) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

31. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la
Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir
ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un
actoadministrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido».

32. En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «Toda
persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer
efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

33. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines
esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo
2.° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.

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34. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento
adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen
funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas
con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

35. Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción
es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos,
la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo»12 (Subrayado fuera del
texto).

36. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (art. 1.º)13.

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por
acciónu omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de
este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente
peligro de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser
sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o
administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se
produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción,
circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que

12 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera
Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
13 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda
el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración
(art. 9.º).

2.3.2. Renuencia

37. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5.° del artículo 10 de ese mismo cuerpo normativo, estableció
como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la
demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a las entidades
accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el
cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por
aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará acreditada la renuencia de
la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de
cumplimiento.

38. Al respecto esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se
funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos [14] (Negrita fuera de texto).

14 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia

del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]

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Accionante: William Yeffer Vivas Lloreda
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39. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la
demanda.

40. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante
tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que, «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»15, ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando
la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

41. Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse
como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la
disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»16.

42. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se observa que la
pretensión del señor William Yeffer Vivas Lloreda se dirige a que se cumpla el
numeral tercero17 de la Orden de Policía N.º 478 del 14 de octubre de 2022.

43. Revisado el expediente, se encuentra que el 25 de noviembre de 2022 la
Personería Distrital de Medellín elevó petición ante la Policía Metropolitana del
Valle de Aburrá con el fin de que se acatara la referida orden.

44. El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante
Oficio GS-2022-283349-MEVAL del 5 de diciembre de 2022, contestó el
requerimiento, así:

Con relación a la solicitud antes relacionado, de manera atenta y respetuosa me
permito informarle que, por parte de la Policía Nacional, mediante comunicación
oficial GS-2022-258673-MEVAL de fecha 01/11/2022, se realizó una solicitud
Revocatoria Directa sobre la orden de policía No 478 y solicitud de medida
cautelar del efecto suspensivo de la orden de policía, a la Alcaldía de Medellín,

15 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio

Torres Cuervo.
16 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre

de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-
01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016,
radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.
17 «TERCERO: ORDENAR a la POLECIA NACIONAL que procesa a realizar el descargue y la

des anotación en la plataforma del Registro Nacional de Medidas Correctivas de los
comparendos impuestos a los ciudadanos enunciados en el anexo 1 que hace parte de esta
Orden de Policía, por lo expresado en la parte motiva de esta decisión.» (Negrita propia del texto)

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quienes nos indicaron que el día 07/12/2022 nos brindarán respuesta con relación
a la solicitud de Revocatoria Directa presentada por esta entidad.

De acuerdo a la anterior, me permito indicarle que, por parte de la Policía
Nacional, no se procederá a realizar la descarga de las medidas correctivas del
Sistema de Registro Nacional RNMC, HASTA QUE NO SE TENGA UNA
RESPUESTA POR PARTE DE LA Alcaldía de Medellín, referente a la solicitud
de Revocatoria Directa con radicado GS-2022-258673-MEVAL.18

45. De acuerdo con lo expuesto, es claro que el requisito de constitución en
renuencia, frente a la disposición reclamada en cumplimiento a través de este
mecanismo constitucional, operó de manera satisfactoria.

46. Lo anterior, por cuanto la petición que presentó el accionante fue clara en
solicitar el cumplimiento del numeral tercero de la Orden de Policía N.º 478 del
14 de octubre de 2022 y la respuesta dada por la autoridad accionada fue
contraria al querer del ciudadano.

2.3.3. Requisitos de procedencia

47. El señor William Yeffer Vivas Lloreda, en calidad de personero Distrital de
Medellín, pretende que se ordene a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
que cumpla con lo dispuesto en el numeral tercero de la Orden de Policía N.º 478
del 14 de octubre de 2022.

48. La referida dependencia ha sido renuente en acatar ello, por cuanto, a su
juicio, dicha decisión es «abiertamente inconstitucional» y por esa razón presentó
una solicitud de revocatoria directa ante la Alcaldía de Medellín.

49. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Oralidad,
mediante sentencia del 4 de octubre de 2023, declaró improcedente la acción de
cumplimiento, al concluir que:

Así las cosas, es claro que, cada uno de los infractores que hacen parte del Anexo
1, quienes se benefician de la decisión adoptada mediante acto administrativo de
carácter particular, pueden acudir a los medios de defensa administrativos o
judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico para hacer efectiva dicha
pretensión.

50. Inconforme con lo anterior, el accionante impugnó y precisó que tenía
legitimación en la causa por activa para promover el trámite del vocativo de la
referencia, por lo que se debían proteger los derechos fundamentales vulnerados
con ocasión de la omisión de la administración y ordenar que se acatara lo

18 Se transcribe textualmente incluso con errores.

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ordenado en el numeral tercero de la Orden de Policía N.º 478 del 14 de octubre
de 2022.

51. La Sala advierte que la acción de cumplimiento es improcedente, por las
razones que se exponen a continuación:

52. El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha insistido
en que la Orden de Policía N.º 478 del 14 de octubre de 2022 es contraria a la
Norma Superior, toda vez que considera que las autoridades que profirieron esa
decisión no tenían competencia para ello y, en consecuencia, puede inaplicar la
orden del numeral tercero por resultar «Inconstitucional».

53. Igualmente, precisó que se solicitó ante la Alcaldía de Medellín la
revocatoria directa de dicho «acto», pero a la fecha no se ha emitido algún
pronunciamiento. Sin embargo, el demandante le ha reiterado en varias
ocasiones que debe cumplir con dicha orden.

54. En este punto, conviene precisar que el señor William Yeffer Vivas Lloreda
considera que el numeral tercero de la Orden de Policía N.º 478 del 14 de octubre
de 2022 contiene un mandato claro, expreso y exigible; mientras que la autoridad
demandada estima que dicha disposición es inconstitucional e ilegal, al punto que
presentó una solicitud de revocatoria directa.

55. Lo anterior significa que existe controversia jurídica entre las partes en
cuanto a la constitucionalidad y legalidad de la decisión que se pretende hacer
cumplir, lo cual le corresponde resolver al juez natural de la causa a partir del
mecanismo judicial que a bien tengan ejercer las partes, según los intereses que
persigan.

56. Así, se concluye que en este caso no acreditaron los presupuestos de
procedencia del mecanismo constitucional del vocativo de la referencia.

57. Al respecto, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción
de cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante».

58. Igualmente, esa misma disposición establece que el mecanismo
establecido en el artículo 87 de la Constitución «no procederá para la protección
de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela», como
lo indicó expresamente el señor William Yeffer Vivas Lloreda en la demanda y en
la impugnación que presentó, cuando afirmó que el incumplimiento transgredía
garantías subjetivas superiores.

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59. Debe aclararse que, el demandante indicó que los derechos
fundamentales que resultaban lesionados por el incumplimiento alegado eran los
de las personas infractoras y no los de él, razón por la cual le correspondería a
cada uno de esos ciudadanos, si lo considerar, acudir al juez de tutela.

60. Además, también conviene precisar que las partes aceptaron que se
presentó una solicitud de revocatoria directa y no obra prueba de que se haya
resuelto, por lo que, ante una situación administrativa que no se ha consolidado,
le está vedado al juez de cumplimiento proferir algún pronunciamiento sobre el
fondo de la constitucionalidad y legalidad de la Orden de Policía N.º 478 del 14
de octubre de 2022.

61. Desde ese panorama, es evidente que la acción constitucional del vocativo
de la referencia resulta improcedente.

62. En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida el 4 de octubre
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Oralidad,
pero por las razones expuestas en esta providencia.

2.4. Conclusión

63. La acción de cumplimiento del vocativo de la referencia resulta
improcedente, comoquiera que existe controversia en cuanto a la
constitucionalidad y legalidad de la Orden de Policía N.º 478 del 14 de octubre
de 2022, se busca la protección de derechos fundamentales y, ante el trámite de
la revocatoria directa, la situación administrativa no se ha consolidado.

En mérito de lo expuesto, la Sala, en cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 4 de octubre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Oralidad, de
conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.3.3. de la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081».

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